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El clima en Paraná

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 26-06-2022 / 10:06
¿ES LA AHORA DEL SALARIO BÁSICO UNIVERSAL?

La verdadera historia de los planes sociales: De los piquetes a la economía popular

La verdadera historia de los planes sociales: De los piquetes a la economía popular
Se atraviesa una coyuntura con pasables niveles de empleo. Pero los ingresos fijos suelen ser insuficientes para llegar a fin de mes. Expandir la protección social a la masa trabajadora comprendida entre los 18 y los 65 años mediante una audaz política de ingresos pinta como una de las claves para mejorarle la vida a millones de compatriotas.
Habrá quien no lo recuerde porque era chico o porque la memoria corta es plaga en este suelo. Durante ¡una década! en la Argentina se mantuvo la paridad peso-dólar y no hubo inflación. Milagros de la Convertibilidad, el plan de estabilización exitoso que se volvió catastrófico al eternizarse. Unido al desguace estatal, a la venta a precio vil de empresas públicas, terminó dejando un tendal.
 
La entrega de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) transformó en fantasmas a poblaciones pujantes de provincias petroleras. Los pobladores de Cutral Có en el sur y de General Mosconi en el norte armaron sus protestas. Necesitaban trabajo, respeto... visibilidad como eslabón previo. Cortaron rutas nacionales, comenzaron una matriz de protesta. Los llamaron "piqueteros", nombre que perdura.
 
La metodología hizo escuela en los Conurbanos, con el bonaerense a la cabeza como suele acontecer. Muchedumbres cortaron calles o rutas en la zona Metropolitana. Igual método, impacto mayor. Los trabajadores sin patrones y sin fábricas enfilan la "lesividad", ora a los gobiernos, ora a la sociedad civil. La huelga no existe en su repertorio, por motivos evidentes.
 
El gobierno de Carlos Menem había lanzado antes los planes Trabajar, pioneros. Eran prestaciones dinerarias, poca plata, contados beneficiarios si se compara con las cifras actuales. Distribuidos a piacere por las autoridades. Discrecionalidad menemista, imagínense. Durante la gestión de Fernando de la Rúa se multiplicaron los planes Trabajar. Las organizaciones sociales se movilizaban al Ministerio de Trabajo donde descollaron dos "estadistas": primero Alberto Flamarique, luego Patricia Bullrich.
 
Pocos evocan así pero cuando amaneció la recuperación democrática se repartían cajas PAN con alimentos. Había necesidades. Es regla apostrofar sobre "las deudas de la democracia", la amnesia deja de lado que la democracia nació con deuda externa e interna, siderales. La dictadura diseñó un modelo neoliberal de país, remember.
 

 
La alianza de clases contra la Alianza: 
  
La Convertibilidad envejeció mal, pero tuvo larga existencia. La consigna "piquete y cacerola/ la lucha es una sola" nació promisoria durante una época atroz. La romántica alianza de clases contra la Alianza fue bella mientras duró. Duró poco.
 
La recuperación económica a partir de 2002 fisuró ese frente callejero. Hoy se cumplen 20 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en aquel trance ya se incubaban rechazos de sectores medios a la ocupación del espacio público.
 
El entonces presidente Eduardo Duhalde acababa de implementar el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (JJDH). Un ingreso básico para jefes de familia con, por lo menos, un hijo menor a cargo. Mensual, 150 pesos que ya no equivalían a 150 dólares. Requisitos sencillos para acceder. La inscripción rebasó las previsiones oficiales, se cerraron las ventanillas.
 
Las mujeres prevalecieron sobre los varones: más familias "monoparentales". O monomarentales, pongalé. Más avispadas las madres frente a la crisis. Se frenaron las inscripciones, se contradijo la universalidad, de todas maneras, se llegó a cerca de dos millones de beneficiarios.
 
Se discontinuaron otros planes, el Trabajar a la cabeza. El nombre perduró por error, a menudo como insulto. Se lo apodó "plan Descansar"... aunque se preveía alguna contraprestación laboral era complicado "inventar" tantas con recesión y un sistema productivo destartalado.
 
Hugo Moyano usó el mote peyorativo en un acto durante el mandato de Mauricio Macri. El propio "Mauricio" demostraba su ignorancia cuestionando a los Planes Trabajar en 2016, 13 años después de su remoción.
 
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Altas y bajas manipuladas, un precedente: 
  
Altos funcionarios duhaldistas mantenían relaciones con dirigentes de las organizaciones sociales (OS en adelante). Se reunían, negociaban cortes de rutas limitados a una mano, escuchaban, contenían. Cuando cesó de facto la inscripción al JJDH las OS pusieron el grito en el cielo. Se instrumentó entonces un nuevo Plan, que así llamaremos a los que no son universales o sujetos a requisitos objetivos, de fácil verificación. Discrecionales, pues. 
 
El Programa de Empleo Comunitario (PEC) comenzó a otorgar altas que se potenciaron tras la masacre de Avellaneda para distender el clima social. Las OS llevaban listas de potenciales beneficiarios, se las validaba de volea. En un momento se las facultó a entrar derechito al sistema del Ministerio de Trabajo, que comandaba la hoy diputada Graciela Camaño. Los dirigentes llevaban diskettes formateados con el software oficial (ustedes eran chicos, los diskettes eran etc..).
 
El PEC comenzó a ser nombrado por funcionarios como PLC (Piedra libre para todos los compañeros) porque cundía el descontrol. Parte de la dirigencia social, según se contó, abusó de sus potestades, manipulando altas y usando las bajas como mecanismo de control interno. Imposible tabular cuántos lo hicieron, poco serio sindicar quiénes. En todo caso, la metodología existió, sirve como remoto precedente de prácticas que se critican válidamente en 2022.
 
La maraña constituyó un desafío cuando llegó al poder Néstor Kirchner. "Ni palos ni planes", sintetizó el añorado presidente. No reprimir mientras se generaba trabajo genuino. Con un porcentaje de desocupados más alto que de votos el "pingüino" pensaba en un regreso al Estado benefactor, recalculado con los condicionantes de su tiempo. Tuvo que sostener los planes un tiempo, consiguió bajar la desocupación desde el 17,8 por ciento al 8 por ciento en cuatro años. Demoró más de dos en perforar el piso de dos dígitos. El empleo no registrado retrocedió del 49,1 por ciento al 37 por ciento.
 
Con criterio peronista y jauretcheano, Kirchner construyó su legitimidad de ejercicio mejorando la vida de los argentinos a toda velocidad. Un modo de construir consenso y gobernabilidad, de cimentar doce años de estabilidad política y paz social.
 
Habrá economistas ortodoxos que alerten contra recalentamientos... Pero el liderazgo democrático requiere apoyo masivo, cotidiano, elección tras elección. Economía política: "comprar" estabilidad y gobernanza. La alternancia actual, la inestabilidad de los gobiernos es un ejemplo inverso, usted escoja.
 
Kirchner tipificaba las políticas sociales como interinas, rueda de auxilio hasta lograr pleno empleo, un modelo laborista-neo desarrollista. No le "cabían" las propuestas de Ingreso ciudadano o Salario universal que ya se debatían en el Agora.
 
La Asignación Universal por Hijo (AUH), el gran salto de calidad de las políticas sociales K, fue decidida por Cristina Fernández de Kirchner en 2009 enfrentando a la crisis mundial desatada en 2008. Reparación para necesidades de los argentinos más humildes que el mercado de trabajo no alcanzaba a resolver.
 
Un programa universal, no supeditado a la digitación de los funcionarios. Derecho de los menores de 18 años que perciben las madres (mayoría absoluta entre las jefas de hogar). Acceso límpido, transparencia.
 
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La economía popular: 
  
Los rotundos avances de los doce años de gobiernos kirchneristas no consiguieron (ni hubieran podido conseguir) el retorno al Estado benefactor ni al pleno empleo. En ese sentido, este cronista opina (sin originalidad y muy bien acompañado) que ese pasado dichoso es irrepetible. Por eso piensa que cuando se habla de "transformar los planes en trabajo" se simplifica de más, fuera quien fuera quien lo diga.
 
El empleo privado formal es una de tantas de las variables de trabajo que coexisten en la Argentina y el mundo actual. El capitalismo global, con predominio del sector financiero, excluyente, se expande en todo el globo. El sociólogo Darío Capelli lo explica así en un artículo publicado en La Tecl@ Eñe  cuya lectura íntegra se aconseja:  "lxs trabajadorxs de la economía popular no sólo inventaron su propio trabajo en una etapa del capitalismo que los descarta sino que además han elaborado los marcos conceptuales para entenderse y entender cómo actuar sobre la realidad en un sentido transformador". 
 
Suponer que la economía popular se constriñe a las cooperativas reales (eventualmente "dibujadas") que se sostienen desde las políticas sociales públicas es un reduccionismo.
 
Es errado creer que en el fragmentado universo de la clase trabajadora todas y todos comparten como porvenir deseado el trabajo en relación de dependencia o alguna de sus variantes. Muchos laburan sin patrón y habría que ver cuántos lo prefieren. Seguramente muchos. 
 
Para dar un solo ejemplo, en esta nota que merecerá ampliaciones: la agricultura familiar es una realidad construida desde las bases, con camino recorrido, expandida en todo el territorio patrio. Hay alrededor de 250.000 establecimientos que involucran a alrededor de dos millones de personas. Es una actividad digna, mano de obra intensiva, que produce alimentos saludables y relativamente baratos, que fomenta el arraigo al suelo.
 
Claro que los trabajadores precisan cobertura médica, hacer aportes para jubilarse en su momento, crédito accesible para contar con capital de trabajo. Y políticas específicas del tipo del "compre nacional", la ley de góndolas, centros comunitarios de ventas cercanos a aquellos en que se produce. Más numerosos etcéteras. No son novedades, algunas ya existen (mejor o peor).
 
A los fines de esta columna de divulgación, solo se apunta a remarcar cuan surtidas son las realidades de la clase trabajadora. Más allá de los méritos o carencias de sus dirigentes o de los funcionarios políticos concernidos.
 
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Estigmas y ejemplos: 
  
Para la agresiva derecha nativa todo es sencillo, brutal, desde los orígenes que resumimos líneas arriba. Desprecio de clase, ninguneo, cuando no reclamos de represión.
 
El antropólogo Pablo Semán publicó en el portal Panamá hace seis años un artículo que parece escrito ayer. Va fragmento: "Tal vez ese sea uno de los grandes rasgos del pos-pos-neoliberalismo en la región. Las élites enfrentan la problemática social con agresividad y metonimia: allí donde hay un reclamo hay una ilegitimidad y un sujeto a denigrar. No hay protesta justa: la masa de excluidos puede ser descompuesta en un sinnúmero de sujetos despreciables sobre los que ninguna violencia es mucha: no sólo aparecieron nuevos rótulos negativos como mafiosos, terroristas o planeros; la mácula de la indignidad resignifica categorías sociales enteras: industrial textil, pobre o pibe ya llegaron a ser estigma".
 
Diferente, confrontativa, tiene que ser la mirada y la praxis de fuerzas nacional-populares o progresistas. El sector más humilde de la clase trabajadora viene prodigando templanza mientras labura muchísimo con escasa retribución. Fortaleció a la comunidad durante la pandemia, contribuyó a la paz social, prodigó solidaridad en tareas de cuidado.
 
La manipulación dirigencial de los recursos estatales debe ser cuestionada y evitada. El traspaso a esferas municipales o provinciales no es garantía absoluta contra la subjetividad o la arbitrariedad o el clientelismo. El punto da para más, se abordará en notas futuras.
 
Entre 2003 y 2015 el kirchnerismo construyó un inédito piso de protección social para los menores de 18 años y los mayores de 65 años. Una cobertura notable que el macrismo socavó, pero no pudo destruir plenamente.
  
Ahí radica la ventaja de las conquistas institucionales. No es sencillo derogarlas en una sociedad celosa de sus derechos, muy activa para movilizarse. Ese es el gran argumento a favor de los Programas regulados por ley no potestativos respecto de los planes en los que las mediaciones resuelven demasiado.
 
Se atraviesa una coyuntura con pasables niveles de empleo. Pero los ingresos fijos suelen ser insuficientes para llegar a fin de mes. Expandir la protección social a la masa trabajadora comprendida entre los 18 y los 65 años mediante una audaz política de ingresos pinta como una de las claves para mejorarle la vida a millones de compatriotas. El Salario Básico Universal, proyecto que se trata en Diputados significaría un paso adelante en ese camino.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
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