La Opinión Popular
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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 26-06-2022 / 10:06
¿ES LA AHORA DEL SALARIO BÁSICO UNIVERSAL?

La verdadera historia de los planes sociales: De los piquetes a la economía popular

La verdadera historia de los planes sociales: De los piquetes a la economía popular
Se atraviesa una coyuntura con pasables niveles de empleo. Pero los ingresos fijos suelen ser insuficientes para llegar a fin de mes. Expandir la protección social a la masa trabajadora comprendida entre los 18 y los 65 años mediante una audaz política de ingresos pinta como una de las claves para mejorarle la vida a millones de compatriotas.
Habrá quien no lo recuerde porque era chico o porque la memoria corta es plaga en este suelo. Durante ¡una década! en la Argentina se mantuvo la paridad peso-dólar y no hubo inflación. Milagros de la Convertibilidad, el plan de estabilización exitoso que se volvió catastrófico al eternizarse. Unido al desguace estatal, a la venta a precio vil de empresas públicas, terminó dejando un tendal.
 
La entrega de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) transformó en fantasmas a poblaciones pujantes de provincias petroleras. Los pobladores de Cutral Có en el sur y de General Mosconi en el norte armaron sus protestas. Necesitaban trabajo, respeto... visibilidad como eslabón previo. Cortaron rutas nacionales, comenzaron una matriz de protesta. Los llamaron "piqueteros", nombre que perdura.
 
La metodología hizo escuela en los Conurbanos, con el bonaerense a la cabeza como suele acontecer. Muchedumbres cortaron calles o rutas en la zona Metropolitana. Igual método, impacto mayor. Los trabajadores sin patrones y sin fábricas enfilan la "lesividad", ora a los gobiernos, ora a la sociedad civil. La huelga no existe en su repertorio, por motivos evidentes.
 
El gobierno de Carlos Menem había lanzado antes los planes Trabajar, pioneros. Eran prestaciones dinerarias, poca plata, contados beneficiarios si se compara con las cifras actuales. Distribuidos a piacere por las autoridades. Discrecionalidad menemista, imagínense. Durante la gestión de Fernando de la Rúa se multiplicaron los planes Trabajar. Las organizaciones sociales se movilizaban al Ministerio de Trabajo donde descollaron dos "estadistas": primero Alberto Flamarique, luego Patricia Bullrich.
 
Pocos evocan así pero cuando amaneció la recuperación democrática se repartían cajas PAN con alimentos. Había necesidades. Es regla apostrofar sobre "las deudas de la democracia", la amnesia deja de lado que la democracia nació con deuda externa e interna, siderales. La dictadura diseñó un modelo neoliberal de país, remember.
 

 
La alianza de clases contra la Alianza: 
  
La Convertibilidad envejeció mal, pero tuvo larga existencia. La consigna "piquete y cacerola/ la lucha es una sola" nació promisoria durante una época atroz. La romántica alianza de clases contra la Alianza fue bella mientras duró. Duró poco.
 
La recuperación económica a partir de 2002 fisuró ese frente callejero. Hoy se cumplen 20 años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, en aquel trance ya se incubaban rechazos de sectores medios a la ocupación del espacio público.
 
El entonces presidente Eduardo Duhalde acababa de implementar el Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados (JJDH). Un ingreso básico para jefes de familia con, por lo menos, un hijo menor a cargo. Mensual, 150 pesos que ya no equivalían a 150 dólares. Requisitos sencillos para acceder. La inscripción rebasó las previsiones oficiales, se cerraron las ventanillas.
 
Las mujeres prevalecieron sobre los varones: más familias "monoparentales". O monomarentales, pongalé. Más avispadas las madres frente a la crisis. Se frenaron las inscripciones, se contradijo la universalidad, de todas maneras, se llegó a cerca de dos millones de beneficiarios.
 
Se discontinuaron otros planes, el Trabajar a la cabeza. El nombre perduró por error, a menudo como insulto. Se lo apodó "plan Descansar"... aunque se preveía alguna contraprestación laboral era complicado "inventar" tantas con recesión y un sistema productivo destartalado.
 
Hugo Moyano usó el mote peyorativo en un acto durante el mandato de Mauricio Macri. El propio "Mauricio" demostraba su ignorancia cuestionando a los Planes Trabajar en 2016, 13 años después de su remoción.
 
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Altas y bajas manipuladas, un precedente: 
  
Altos funcionarios duhaldistas mantenían relaciones con dirigentes de las organizaciones sociales (OS en adelante). Se reunían, negociaban cortes de rutas limitados a una mano, escuchaban, contenían. Cuando cesó de facto la inscripción al JJDH las OS pusieron el grito en el cielo. Se instrumentó entonces un nuevo Plan, que así llamaremos a los que no son universales o sujetos a requisitos objetivos, de fácil verificación. Discrecionales, pues. 
 
El Programa de Empleo Comunitario (PEC) comenzó a otorgar altas que se potenciaron tras la masacre de Avellaneda para distender el clima social. Las OS llevaban listas de potenciales beneficiarios, se las validaba de volea. En un momento se las facultó a entrar derechito al sistema del Ministerio de Trabajo, que comandaba la hoy diputada Graciela Camaño. Los dirigentes llevaban diskettes formateados con el software oficial (ustedes eran chicos, los diskettes eran etc..).
 
El PEC comenzó a ser nombrado por funcionarios como PLC (Piedra libre para todos los compañeros) porque cundía el descontrol. Parte de la dirigencia social, según se contó, abusó de sus potestades, manipulando altas y usando las bajas como mecanismo de control interno. Imposible tabular cuántos lo hicieron, poco serio sindicar quiénes. En todo caso, la metodología existió, sirve como remoto precedente de prácticas que se critican válidamente en 2022.
 
La maraña constituyó un desafío cuando llegó al poder Néstor Kirchner. "Ni palos ni planes", sintetizó el añorado presidente. No reprimir mientras se generaba trabajo genuino. Con un porcentaje de desocupados más alto que de votos el "pingüino" pensaba en un regreso al Estado benefactor, recalculado con los condicionantes de su tiempo. Tuvo que sostener los planes un tiempo, consiguió bajar la desocupación desde el 17,8 por ciento al 8 por ciento en cuatro años. Demoró más de dos en perforar el piso de dos dígitos. El empleo no registrado retrocedió del 49,1 por ciento al 37 por ciento.
 
Con criterio peronista y jauretcheano, Kirchner construyó su legitimidad de ejercicio mejorando la vida de los argentinos a toda velocidad. Un modo de construir consenso y gobernabilidad, de cimentar doce años de estabilidad política y paz social.
 
Habrá economistas ortodoxos que alerten contra recalentamientos... Pero el liderazgo democrático requiere apoyo masivo, cotidiano, elección tras elección. Economía política: "comprar" estabilidad y gobernanza. La alternancia actual, la inestabilidad de los gobiernos es un ejemplo inverso, usted escoja.
 
Kirchner tipificaba las políticas sociales como interinas, rueda de auxilio hasta lograr pleno empleo, un modelo laborista-neo desarrollista. No le "cabían" las propuestas de Ingreso ciudadano o Salario universal que ya se debatían en el Agora.
 
La Asignación Universal por Hijo (AUH), el gran salto de calidad de las políticas sociales K, fue decidida por Cristina Fernández de Kirchner en 2009 enfrentando a la crisis mundial desatada en 2008. Reparación para necesidades de los argentinos más humildes que el mercado de trabajo no alcanzaba a resolver.
 
Un programa universal, no supeditado a la digitación de los funcionarios. Derecho de los menores de 18 años que perciben las madres (mayoría absoluta entre las jefas de hogar). Acceso límpido, transparencia.
 
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La economía popular: 
  
Los rotundos avances de los doce años de gobiernos kirchneristas no consiguieron (ni hubieran podido conseguir) el retorno al Estado benefactor ni al pleno empleo. En ese sentido, este cronista opina (sin originalidad y muy bien acompañado) que ese pasado dichoso es irrepetible. Por eso piensa que cuando se habla de "transformar los planes en trabajo" se simplifica de más, fuera quien fuera quien lo diga.
 
El empleo privado formal es una de tantas de las variables de trabajo que coexisten en la Argentina y el mundo actual. El capitalismo global, con predominio del sector financiero, excluyente, se expande en todo el globo. El sociólogo Darío Capelli lo explica así en un artículo publicado en La Tecl@ Eñe  cuya lectura íntegra se aconseja:  "lxs trabajadorxs de la economía popular no sólo inventaron su propio trabajo en una etapa del capitalismo que los descarta sino que además han elaborado los marcos conceptuales para entenderse y entender cómo actuar sobre la realidad en un sentido transformador". 
 
Suponer que la economía popular se constriñe a las cooperativas reales (eventualmente "dibujadas") que se sostienen desde las políticas sociales públicas es un reduccionismo.
 
Es errado creer que en el fragmentado universo de la clase trabajadora todas y todos comparten como porvenir deseado el trabajo en relación de dependencia o alguna de sus variantes. Muchos laburan sin patrón y habría que ver cuántos lo prefieren. Seguramente muchos. 
 
Para dar un solo ejemplo, en esta nota que merecerá ampliaciones: la agricultura familiar es una realidad construida desde las bases, con camino recorrido, expandida en todo el territorio patrio. Hay alrededor de 250.000 establecimientos que involucran a alrededor de dos millones de personas. Es una actividad digna, mano de obra intensiva, que produce alimentos saludables y relativamente baratos, que fomenta el arraigo al suelo.
 
Claro que los trabajadores precisan cobertura médica, hacer aportes para jubilarse en su momento, crédito accesible para contar con capital de trabajo. Y políticas específicas del tipo del "compre nacional", la ley de góndolas, centros comunitarios de ventas cercanos a aquellos en que se produce. Más numerosos etcéteras. No son novedades, algunas ya existen (mejor o peor).
 
A los fines de esta columna de divulgación, solo se apunta a remarcar cuan surtidas son las realidades de la clase trabajadora. Más allá de los méritos o carencias de sus dirigentes o de los funcionarios políticos concernidos.
 
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Estigmas y ejemplos: 
  
Para la agresiva derecha nativa todo es sencillo, brutal, desde los orígenes que resumimos líneas arriba. Desprecio de clase, ninguneo, cuando no reclamos de represión.
 
El antropólogo Pablo Semán publicó en el portal Panamá hace seis años un artículo que parece escrito ayer. Va fragmento: "Tal vez ese sea uno de los grandes rasgos del pos-pos-neoliberalismo en la región. Las élites enfrentan la problemática social con agresividad y metonimia: allí donde hay un reclamo hay una ilegitimidad y un sujeto a denigrar. No hay protesta justa: la masa de excluidos puede ser descompuesta en un sinnúmero de sujetos despreciables sobre los que ninguna violencia es mucha: no sólo aparecieron nuevos rótulos negativos como mafiosos, terroristas o planeros; la mácula de la indignidad resignifica categorías sociales enteras: industrial textil, pobre o pibe ya llegaron a ser estigma".
 
Diferente, confrontativa, tiene que ser la mirada y la praxis de fuerzas nacional-populares o progresistas. El sector más humilde de la clase trabajadora viene prodigando templanza mientras labura muchísimo con escasa retribución. Fortaleció a la comunidad durante la pandemia, contribuyó a la paz social, prodigó solidaridad en tareas de cuidado.
 
La manipulación dirigencial de los recursos estatales debe ser cuestionada y evitada. El traspaso a esferas municipales o provinciales no es garantía absoluta contra la subjetividad o la arbitrariedad o el clientelismo. El punto da para más, se abordará en notas futuras.
 
Entre 2003 y 2015 el kirchnerismo construyó un inédito piso de protección social para los menores de 18 años y los mayores de 65 años. Una cobertura notable que el macrismo socavó, pero no pudo destruir plenamente.
  
Ahí radica la ventaja de las conquistas institucionales. No es sencillo derogarlas en una sociedad celosa de sus derechos, muy activa para movilizarse. Ese es el gran argumento a favor de los Programas regulados por ley no potestativos respecto de los planes en los que las mediaciones resuelven demasiado.
 
Se atraviesa una coyuntura con pasables niveles de empleo. Pero los ingresos fijos suelen ser insuficientes para llegar a fin de mes. Expandir la protección social a la masa trabajadora comprendida entre los 18 y los 65 años mediante una audaz política de ingresos pinta como una de las claves para mejorarle la vida a millones de compatriotas. El Salario Básico Universal, proyecto que se trata en Diputados significaría un paso adelante en ese camino.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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