15:13 | Viernes 27 de Marzo de 2013 | Entre Ríos

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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 23-06-2022 / 10:06

EL EX JEFE DE VIALIDAD NACIONAL DURANTE LA GESTIÓN DE MACRI ESTÁ ACUSADO POR LOS DELITOS DE PERJUICIO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA

Procesan al macrista Iguacel por la operatoria con contratos vencidos de las concesiones de peajes de corredores viales

¡Está hasta las manos por concesiones irregulares e ilegales que beneficiaron a los "amigos" y perjudicaron al Estado! El Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 resolvió procesar al ex administrador general de Vialidad Nacional y actual intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, en una causa en la que se investiga la supuesta ampliación ilegal e irregular de los plazos de los contratos de concesión de siete corredores viales que pasan por un total de once provincias.

La causa se inició a raíz de una denuncia presentada por la secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, Ana María Graciela Aleña. En su presentación, remarcó que "a partir de determinados actos de funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de Transporte de la Nación, se habrían ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales Nro. 1 a 6 y 8 de forma ilegal e irregular".

Esa acción, según la denunciante, "no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación".

Aleña detalló que el vencimiento de los contratos en cuestión operaba el 21 de abril de 2016, pero se hizo uso de la prórroga de doce meses que los contratos preveían y cumplido este último término, sin haber "hecho nada en materia de licitaciones", se extendió la continuidad operacional a través de la Resolución DNV 811-17, dictada ad referéndum por Javier Iguacel, quien fuera por ese entonces titular de Vialidad.

Justamente al emitir esa resolución para extender los plazos, Iguacel omitió un decreto de 2016, el 1288, que ordenaba precisamente que esos corredores debían volver a licitarse. Por esta decisión, las concesionarias continuaron percibiendo tanto los montos de las tarifas de peaje como los vinculados a obras de mantenimiento y ampliación.

Al ratificar la denuncia, la titular del Sindicato de Trabajadores Viales añadió que presumía que "estos sucesivos decretos se crearon con la finalidad de poder aplicar la participación pública privada en beneficio de las empresas y en perjuicio del Estado".

Sus palabras fueron avaladas por la exjefa de Jurídicos de Vialidad, Julieta Ripoli, quien declaró en la causa como testigo y afirmó que el objetivo "oculto" de no haber enviado los pliegos de licitación a tiempo y prorrogar por simple vía administrativa, era acoger a los corredores bajo el cuestionado régimen de las PPP (contratos de Participación Público Privada).

Durante su descargo, el actual intendente de Capitán Sarmiento rechazó la acusación y descalificó las declaraciones testimoniales, incluida la de Ripoli, alegando que la exjefa de Jurídicos no podía ser veraz en sus dichos debido a que había sido apartada por graves falencias en el desempeño de su cargo en la órbita de la DNV.

Además, en relación con los Corredores Nacionales investigados, expresó que se dispuso la prórroga que estaba prevista en los contratos de concesión sin dejar de reforzar y poner en marcha los mecanismos de control sobre las empresas concesionarias, y manifestó que no había perseguido un beneficio indebido para las empresas que hasta ese momento tenían adjudicados los corredores dado que, si hubiera habido alguna pretensión de beneficiar a estas compañías, no se hubiera creado Corredores Viales SA ni se habrían mantenido las concesiones vencidas.

Tras la valoración de la prueba reunida y de la normativa vigente, el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 determinó que es posible afirmar que los contratos de concesión fueron prorrogados por fuera de lo estipulado normativamente, debido a que la extensión por decreto dispuesta por Vialidad contradice a la ley de obra pública, que solo se refiere a la posibilidad de prorrogar en caso de estar previsto en el contrato, y al decreto regulador de las contrataciones, que establece que no se pueden prorrogar los contratos plurianuales más allá del año adicional previsto en estos.

Al no estar prevista en el contrato ni permitida por la normativa vigente, se trataba de una nueva adjudicación, la que solamente podía disponer el Poder Ejecutivo por decreto, algo que no sucedió, por lo cual la prórroga ilegal fue dictada por un funcionario que no tenía competencia y cobró ejecutoriedad sin haber sido ratificada.

Además, el Juzgado remarcó que como justificación de la prórroga extracontractual se utilizó un fundamento falaz. "Según la Resolución 811/2017, la prórroga era necesaria en atención a la cercanía del vencimiento de los contratos y puesto que se encontraban en elaboración los pliegos de bases y condiciones generales, y demás documentación necesaria para la realización de la licitación, Ese fundamento era completamente falaz: el expediente administrativo referido no tuvo movimientos desde diciembre de 2016 hasta junio de 2017, por lo que no cuenta con ninguna actuación incorporada, ni con instrucción alguna para elaborar el pliego licitatorio", se especificó.

Finalmente, en relación con el trámite de licitación bajo la modalidad de participación público-privada, se determinó que no se justificó de manera objetiva la conveniencia de efectuar la contratación bajo este sistema.

"El artículo 1 de la Ley 27.328 prevé que los contratos de PPP podrán celebrarse cuando previamente se determine que esta modalidad de contratación permite cumplir con los objetivos de interés público tendientes a satisfacer. Sin embargo, del proyecto correspondiente surge una enumeración abstracta de las ventajas, sin estar respaldada con datos objetivos ni haber elaborado un estudio comparado respecto de las otras modalidades previstas en la normativa", se añadió.

Ante este panorama, Iguacel fue vinculado al proceso en carácter de autor de la maniobra, por ser quien adjudicó los tramos de los Corredores Viales 7 al 3, prorrogó extracontractualmente las concesiones de los Corredores viales 1 a 6 y 8, y convalidó el procedimiento licitatorio PPP.

"En esa línea, además de ejecutar dichos actos administrativos, coordinó las áreas pertinentes e impulsó y participó activamente del trámite de los expedientes administrativos que desembocaron en el resultado analizado", resaltaron desde el Juzgado al fundamentar la decisión de procesar sin prisión preventiva al exministro de Energía de Mauricio Macri.

Este miércoles, tras recibir la cédula de notificación de su procesamiento, Iguacel se manifestó vía Twitter. "Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP. Otra vez apelaremos con pruebas y testigos. Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando que se haga justicia. No somos todo lo mismo", escribió en su perfil en la red social.

Fuente: Página12

24-03-2026 / 13:03

Rodolfo Walsh tenía razón: De la "miseria planificada" al "plan motosierra"

A 50 años del golpe, parafraseando a Karl Marx, la historia se repite como tragedia y como farsa. Javier Milei no es un "outsider" anti casta, es el heredero directo del proyecto de Martínez de Hoz. La "miseria planificada" que denunció Rodolfo Walsh en su valiente carta de 1977 ha vuelto, esta vez con redes sociales y un discurso negacionista que busca garantizar la impunidad del saqueo económico actual.

Hace casi medio siglo, desde la clandestinidad y poco antes de ser acribillado, Rodolfo Walsh le enviaba a la Junta Militar su Carta Abierta. En ella, con una lucidez que todavía estremece, afirmaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no solo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".

Milei no inventó nada. Sus "novedades" económicas son los restos de la herencia que dejaron los Falcon verdes. El actual esquema de desregulación salvaje, apertura indiscriminada de importaciones y destrucción del salario real es un calco del programa iniciado el 2 de abril de 1976 por José Alfredo Martínez de Hoz.

Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, esas palabras cobran una vigencia aterradora. El negacionismo que emana de la Casa Rosada no es un capricho ideológico ni una "batalla cultural" inocente; es la herramienta política necesaria para aplicar, una vez más, un plan de hambre que solo cierra con represión y olvido.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 13:03

El negacionismo de Milei como combustible del ajuste y la impunidad

A medio siglo del golpe que instauró el terrorismo de Estado, la Argentina enfrenta un escenario inédito: un gobierno que no solo reivindica la metodología represiva, sino que utiliza el negacionismo como pantalla para aplicar el mismo programa económico que Martínez de Hoz. La batalla hoy es por la memoria, pero también por el futuro.

La conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar de 1976 no encuentra a la Argentina en un momento de reflexión institucional, sino en una trinchera. El gobierno de Javier Milei, escoltado por una Victoria Villarruel que ha hecho de la apología de la dictadura su plataforma política, ha decidido romper el pacto democrático de 1983. Ya no se trata de "matices" históricos; estamos ante una ofensiva sistemática para demoler la base ética sobre la cual se reconstruyó la nación.

De la Redacción de La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

Recordando a las Primeras Víctimas del Golpe Militar

Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.

Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.

La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.

Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular

24-03-2026 / 12:03

A 50 años del Golpe Cívico-Militar Genocida que estableció el Terrorismo de Estado

El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.

El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.

El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.

A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.

Carlos Morales para La Opinión Popular

23-03-2026 / 10:03

Se desploma la imagen de Javier Milei y la desaprobación trepa al 60%

La "luna de miel" que el gobierno de Javier Milei logró estirar artificialmente tras el respiro de las legislativas de 2025 parece haber llegado a un final abrupto y doloroso. Los datos no mienten: la realidad económica y los escándalos éticos han perforado el blindaje mediático del libertario, dejando al descubierto una gestión que hoy cosecha el rechazo de la mayoría de los argentinos.

Según el último informe de la consultora Zuban Córdoba, la desaprobación a la gestión presidencial se disparó en marzo al 58,7%, marcando un punto de quiebre que pulveriza el "empate técnico" de finales del año pasado.