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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 28-05-2022 / 07:05
FACTORES EN COMÚN PELIGROSOS PARA LA LIBERTAD Y LA VIGENCIA REPUBLICANA

Intrusión y abuso de poder unen a Estados Unidos con la Corte Suprema de Justicia

Intrusión y abuso de poder unen a Estados Unidos con la Corte Suprema de Justicia
El único sentido de este paralelismo es que durante la semana que pasó, esta imagen abusiva de los Estados Unidos y de la Corte, quedó expuesta por la reacción conjunta de varios presidentes latinoamericanos, en un caso, y en el otro por los 17 gobernadores del Frente de Todos.
Estados Unidos y la Corte Suprema argentina tienen en común, en el primer caso la tendencia a inmiscuirse en los asuntos internos de sus vecinos, y en el caso del alto tribunal, a rebasar los límites de sus funciones e inmiscuirse en atribuciones del Ejecutivo y el Legislativo. La intrusión y el abuso de poder son factores en común que reducen el ejercicio pleno de la democracia en países como la Argentina que recién está viviendo su período democrático ininterrumpido más largo en toda su existencia como entidad independiente.
 
En ambos casos están convencidos de que esa es su misión ya sea Estados Unidos como autodesignado guardián de la libertad o la Corte Suprema como guardiana de la República Argentina. La consecuencia que implican esos abusos, más que en guardianes los convierte en peligrosos para la libertad y la vigencia republicana.
 
El único sentido de este paralelismo es que durante la semana que pasó, esta imagen abusiva de los Estados Unidos y de la Corte, quedó expuesta por la reacción conjunta de varios presidentes latinoamericanos, en un caso, y en el otro por los 17 gobernadores del Frente de Todos.
 
La discusión puntual aborda temas de fondo como el recorte de soberanía nacional en un caso, y popular o ciudadana en el otro. En el caso de los Estados Unidos, lo que está en discusión es si tiene derecho o capacidad para decidir en forma inconsulta la exclusión de tres países en una reunión regional.
 

 
INTRUSIÓN Y ABUSO DE PODER
 
¿Qué une a Estados Unidos con la Corte Suprema de Justicia?
 
Con la convocatoria restringida a la Cumbre de las Américas, Estados Unidos retomó su costumbre de entrometerse en los asuntos internos de otros países. La Corte Suprema, se metió de lleno con las atribuciones del Legislativo y el Ejecutivo. Factores en común peligrosos para la libertad y la vigencia republicana.
 
El rechazo inicial del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, disparó la solidaridad de otros gobiernos, como los de Bolivia, Guatemala, Honduras y la mayoría de las naciones del Caribe. El presidente Alberto Fernández y su par chileno Gabriel Boric criticaron la decisión norteamericana, pero dijeron que iban a asistir. Esta semana arribó al país el enviado especial del presidente norteamericano Joe Biden, el exsenador Christofer Dodd. La misión del exsenador es convencer a los presidentes de la región para que asistan a la reunión de Los Ángeles, que debería comenzar el próximo 6 de junio.
 
Dodd ya convenció al presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien había dicho que no viajaría. Bolsonaro respalda a Donald Trump, --cuyo candidato en el Estado de Georgia acaba de perder en forma estrepitosa--, y es muy crítico con Biden. "Con Trump todo iba bien, hacíamos negocios, iban a venir a explotar el petróleo, pero con Biden no pasa nada", dijo el brasileño quien, de todos modos, le aseguró su asistencia al exsenador Dodd, quien ya había confirmado la presencia del chileno Boric en Los Ángeles.
 
El enviado de Biden se reunió con Alberto Fernández y con Gustavo Beliz. El comunicado oficial no aclara si el presidente asistirá a la reunión, pero subraya que le planteó al enviado norteamericano su rechazo a la exclusión de Nicaragua, Venezuela y Cuba.
 
Washington lleva la discusión a la situación interna en esos países. Pero lo que está en discusión es, por un lado, que se arrogó un derecho que no tiene al excluir a tres países. Y por el otro, las reuniones regionales con exclusiones dejan de ser regionales y se convierten en ideológicas. Y si, además las exclusiones son decididas por Washington, se trata de una ideología de subordinación a la potencia norteamericana.
 
Lo real es que después del fracaso del ALCA, Estados Unidos ya no tiene una propuesta para la región más que la de una subordinación ideológica de "patio trasero". Así funcionó el Grupo de Lima, al que adhirió el gobierno de Juntos por el Cambio durante la gestión de Trump.
 
En la semana, la Cámara de Casación Penal anuló la resolución que había confirmado el procesamiento en la causa llamada del "avión canillita", en la que Cristina Kirchner había sido denunciada y procesada por Claudio Bonadio porque, según lo que el mismo juez afirmaba sin testigos ni pruebas, se hacía llevar los diarios desde Buenos Aires al Calafate en vuelos especiales del avión presidencial Tango 01.
 
La Cámara anuló el procesamiento por el procedimiento irregular cometido por Bonadio. Es una pena que este personaje haya fallecido, porque si estuviera vivo debería afrontar los numerosos pedidos de juicio político que tenía su prontuario judicial. Todas las causas que armó este juez, tan aplaudido por los dirigentes macristas en las reuniones de la embajada norteamericana, se caen por falta de pruebas.
 
No les interesaba la justicia ni la corrupción, solamente buscaban proyectar hacia la sociedad esa imagen imperial de una presidenta usando como un capricho faraónico el avión presidencial para hacerse llevar los diarios a su mansión en el sur.
 
Estas arbitrariedades y las que se cometieron contra otros exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas configuraron la utilización del Poder Judicial con fines de persecución política. Y la Corte, no solamente dejó hacer, sino que también tuvo un rol en el lawfare.
 
Los cuatro magistrados de la Corte concentran un poder que los ha llevado a intervenir y superponerse al Poder Ejecutivo, al bloquear decretos y decisiones presidenciales y al Poder Legislativo, al anular leyes que habían sido aprobadas por el Parlamento e instalar otras que habían sido eliminadas.
 
Es también fuera de cualquier lógica para el funcionamiento separado de dos organismos, que el presidente de la Corte, sea también el presidente de la Magistratura, ya que por alguna razón se separaron las atribuciones de una y otra. Si cuando se creó la Magistratura, la idea era separar funciones, lo que han hecho ahora es volverlas a mezclar.
 
El proyecto oficial de aumentar la cantidad de miembros de la Corte fue enriquecido con la propuesta del senador por Río Negro Alberto Weretilnek, que incorporó el criterio federal y el de género para una composición verdaderamente funcional y democrática.
 
La reunión de los gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones esta semana, tras la cual emitieron esta propuesta para la conformación de una nueva Corte Suprema puede interpretarse como parte de una nueva estrategia del oficialismo con el fin de avanzar en sus iniciativas para una necesaria Reforma Judicial.
 
Sea parte de esa estrategia o no, la propuesta de los gobernadores incorporó estos dos elementos que están ausentes en la actual conformación y estaban también ausentes en el debate. Tiene lógica que la Corte aumente la cantidad de sus integrantes y tenga representación federal y de género.
 
Los cuatro jueces de la Corte resisten cualquier modificación. Pero estas iniciativas surgieron cuando el titular de la Corte, Horacio Rosatti, que llegó al cargo autovotándose para hacer después una movida enorme para sacar una legislación e imponer otra con la finalidad de autodesignarse presidente también de la Magistratura.
 
Si hubiera más jueces, esta movida personal tan rotunda que conmovió a todas las demás instituciones republicanas, sería mucho más difícil. El otro factor es la arbitrariedad con que Mauricio Macri favoreció a la ciudad de Buenos Aires cuando más que duplicó su coparticipación con la excusa de financiar el traspaso de la policía. Como Alberto Fernández retiró un punto de los dos y pico con que los había favorecido Macri, el tema ahora está en una Corte que además no oculta su cercanía con el macrismo.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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