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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 22-05-2022 / 10:05
DETRÁS DE LA REFORMA ELECTORAL ESTÁ LA ANTIPOLÍTICA, CON VÍNCULOS CON EL CAMPO Y LOS REPRESORES, QUE BUSCA TERMINAR CON EL PERONISMO

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única
El sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders. Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
El 28 de octubre de 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández presentó su proyecto de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Su característica más destacada era la implementación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que cada partido o frente político dirimiera sus candidaturas. El objetivo era "ordenar" (eufemismo para acotar, disminuir) la oferta electoral. El Senado sancionó la iniciativa, que había pasado con cambios por la cámara de Diputados, el 2 de diciembre, 35 días más tarde.
 
La oposición protestó: el trámite había sido demasiado rápido para una reforma electoral (un tratamiento express) y, por la gravedad del asunto, no era deseable que se hiciera sin acuerdo opositor. Tenían razón las dos veces. Seis elecciones más tarde los efectos y defectos colaterales del sistema son evidentes. El sector político que impulsó las PASO intentó evitarlas a toda costa y cuando tuvo que usarla, provincia de Buenos Aires en 2015, salió mal. Por otra parte, quienes se resistieron en un primer momento, supieron aprovecharlas mucho mejor y construir sobre ellas buenos resultados.
 
Pero los problemas van mucho más allá de eso. En principio: el objetivo con el que fueron diseñadas las primarias no se cumplió. Al contrario, desde que se implementaron por primera vez, en 2011, hasta 2019, la cantidad de partidos que participó de las elecciones en todo el país aumentó de 443 a 642, según advirtió el politólogo especializado en la materia Facundo Cruz en la última entrega de su excelente newsletter La gente vota. La distancia entre que la PASO anticipa el resultado y este se concreta, más de dos meses después, ha sido sustrato para escenarios de alta volatilidad política y económica.
 
Por desgracia, en lugar de adoptar ahora una actitud constructiva que permita discutir la mejor solución a los problemas de origen y de implementación de la normativa vigente para perfeccionar el sistema electoral, la oposición de derecha comete ahora el mismo error y, apoyada en una mayoría contingente, avanza con una reforma a los empujones. En este caso es todavía más grave, porque ni siquiera existe aún un proyecto. Hay cerca de una docena dando vueltas, que difieren en aspectos clave.
 

 
Esta semana se llevaron a cabo las primeras exposiciones de expertos en el marco del plenario de comisiones que discute la iniciativa en la cámara baja. Allí, Cruz destacó que "el sistema actual que administra las elecciones en la Argentina genera confianza", que "la Cámara Nacional Electoral nunca cuestionó una sola elección desde el retorno a la democracia hasta la fecha" y que, detalle no menor, en un país donde el descrédito a las instituciones es profundo y está arraigado y extendido, las elecciones son "una de las instituciones con mejor reconocimiento público".
 
Además, señaló algo que debería ser obvio: "Las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o se quiere mejorar algo". Al respecto, sostuvo que "actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación" y advirtió a continuación que "dadas las características de los proyectos presentados es posible que algunas cosas comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha". En concreto, dijo, "la implementación de la boleta única puede presentar efectos no esperados en la competencia política, como sucedió con las PASO".
 
A su turno, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, advirtió sobre el riesgo de avanzar con una reforma sin "un análisis de contexto". En concreto, dijo que "cualquier cambio en la normativa debe ser analizado y discutido basándose en evidencia". Fue una referencia velada a la falta de profundidad de los planteos reformistas. Con menos sutileza, el politólogo Tomás Aguerre dijo que "no alcanza con las sensaciones, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder" sino que es necesario "un diagnóstico amplio y bien documentado".
 
Las críticas al sistema de votación utilizado actualmente estuvieron representadas en el plenario por dirigentes políticos (como el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o el intendente de Rosario, Pablo Javkin), funcionarias (como la jefa de asesores del gobierno porteño, Julia Pomares) o representantes de ONGs vinculadas a los sectores más intransigentes de la derecha autóctona, como Ser Fiscal, Ficha Limpia, Transparencia Electoral y la Fundación RAP, un think tank que organiza viajes a Estados Unidos para políticos de primera línea de todos los partidos.
 
 
Los cuestionamientos se centraron alrededor de cuatro puntos:
 
1) Que el sistema de boleta única permite mayor transparencia y es menos permeable al fraude que el utilizado desde 1983 hasta ahora.
 
2) Que garantiza la oferta electoral eliminando la posibilidad de que falten boletas de uno o más partidos por robo intencional o limitaciones en la logística de los partidos pequeños.
 
3) Que, adicionalmente, beneficia también a los partidos pequeños porque reduce el peso de la fiscalización.
 
4) Que es un sistema más económico y permitiría un ahorro al Estado.
 
Ninguno de los oradores que expuso a favor de la reforma electoral pudo exhibir datos que ratificaran esos planteos. La falta de un proyecto concreto para discutir les ahorra tener que defenderlo más que a través de generalidades. No es un detalle menor: existe un consenso unánime y basado en evidencia de que el diseño de las papeletas, en los sistemas de boleta única, inciden en el resultado electoral en magnitudes significativas, capaces de volcar el resultado de una elección cerrada. No es lo mismo el sistema que se usa en Córdoba que el de Santa Fe. La oposición aún no tiene claro cuál quiere adoptar.
 
Los cuatro argumentos que justifican la reforma fueron rebatidos de manera contundente durante las exposiciones. "El fraude no es un problema significativo real en las elecciones argentinas", sostuvo el politólogo Santiago Alles, que además dijo que "no es más difícil" cometer fraude con la boleta única que con el sistema actual. Gandulfo recordó que "aún en procesos muy polarizados, como en 2015, cuando Mauricio Macri en un ballotage ganó tan solo por el 2,6 por ciento, nadie cuestionó el resultado" y que "situaciones como esta llevan al abismo a muchos países de la región", donde se usa la boleta única.
 
Existe un hecho indiscutible y es que con este método de votación la Argentina ha garantizado durante cuatro décadas la alternancia partidaria: de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, de Menem a De La Rúa, de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri y de Macri a Alberto Fernández. Todos ellos, excepto el líder del PRO, perdieron comicios de medio término siendo oficialismo. De las últimas ocho elecciones, notó Aguerre, cinco las ganó una fuerza opositora, a veces por márgenes muy estrechos, sin que eso pusiera en crisis el sistema. No es inteligente arreglar lo que no está roto.
 
Respecto al robo de boletas, las denuncias mediáticas jamás fueron documentadas ni avanzaron en sede judicial. Por el contrario, el estudio más completo al respecto, hecho por la ONG CIPPEC, insospechada de peronismo, durante las presidenciales de 2015 en el conurbano bonaerense, territorio que muchas veces decide el resultado y sobre el que la oposición vuelca sus peores sospechas de prácticas reñidas con la legalidad en materia electoral, corroboró que el 99 por ciento de las personas que buscaron su boleta en el cuarto oscuro el día de la elección, encontraron la del partido que tenían previsto votar.
 
Los expertos también echaron por tierra los argumentos que giran en torno a una menor necesidad de fiscalización para garantizar la transparencia de los comicios. "La boleta única no va a eliminar la necesidad de contar con fiscales", dijo Cruz, que advirtió que con ese sistema "una marca con birome puede anular un voto". Gandulfo, por su parte, señaló que, en la actualidad, cuando hay votos recurridos la justicia suele fallar a favor de la voluntad del votante, que es unívoca a partir de la elección de una boleta partidaria. Con la boleta única, no va a ser posible distinguir fácilmente cuál fue esa voluntad.
 
Además, agregó Cruz, plantear que esta reforma es "una solución al problema de los fiscales" es "desentenderse de la responsabilidad que le exige el Estado a cada partido político". El politólogo recordó que según la Constitución y las leyes vigentes, "los partidos políticos son garantes, junto con el Estado y el gobierno de turno, de la organización de todos los procesos electorales".
 
No es un asunto menor, porque el rol de los partidos políticos, es decir de las instancias institucionales que articulan las demandas de la sociedad, es el gran debate que está detrás del debate sobre la boleta única.
 
Los promotores de este sistema lo venden como una ventaja: al facilitar la participación electoral de los partidos más pequeños, la boleta única le brinda mayor "libertad" al ciudadano a la hora de elegir.
 
El primer efecto, describe Alles, es que "al reducir la centralidad de los partidos, los votantes se apoyan con mayor frecuencia en las características personales de los candidatos" por lo que "las figuras más conocidas se vuelven más relevantes y la competencia electoral tiende a volverse mucho más personalista", lo que a su vez impacta en los partidos, en un loop descendente.
 
Además, continúa el politólogo: "Algunos diseños de boleta única pueden tener efectos más pronunciados que otros pero todos están asociados a un mayor corte de boleta. Cuando es mayor el corte de boleta, es esperable que el Poder Ejecutivo tenga menos legisladores y por eso sea más difícil adoptar decisiones".
 
La fragmentación del sistema de partidos es funcional al status quo. Gandulfo puso ejemplos: en las últimas elecciones presidenciales en Perú hubo 24 candidatos, en Costa Rica 25 y en Ecuador 16. En todos los casos los ganadores quedaron en minoría y la gobernabilidad pende de un hilo.
 
Otro expositor, el también politólogo Andy Tow, explicó por qué, en sentido contrario, la boleta partidaria tal como se usó siempre "favorece la construcción de coaliciones entre distintos niveles de gobierno" lo que a su vez "fortalece los partidos políticos" y "tiene un rol ordenador de la oferta electoral.
 
Para Tow "El objetivo de convocar a elecciones simultáneas, además de reducir costos y optimizar la logística, es la posibilidad de unir y sumar fuerzas de varios niveles de gobierno mediante una oferta unificada con la razonable expectativa que esa oferta tenga un efecto favorable en la propia".
 
Para Tow, "la boleta única consolida la tendencia a desdoblar elecciones locales a fin de aplicar el sistema de votación que más le convenga a cada distrito, en función de los tiempos que le convengan", lo que "tiene como consecuencia un calendario extenso que fatiga y confunde el electorado, además de alimentar especulaciones sobre los efectos de los sucesivos resultados, incluso cuando no se dirime nada, como es frecuente en las primarias, alargando el proceso electoral y afectando la marcha de la gestión pública en general y de la política económica en especial".
 
En tanto, continúa, "las ofertas electorales multinivel" que propicia la boleta partidaria "fortalecen a los partidos porque conllevan la expectativa de que aquellos que las integran apoyen en sus ámbitos de acción los mismos programas y objetivos, y que las desviaciones e inconductas a estos propósitos sean vistos como afectaciones a la etiqueta partidaria".
 
Es decir, que el sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders.
 
Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
 
Llamó la atención, en ese sentido, la exposición del director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, Leandro Querido, que sentenció que "en Argentina el sistema de boleta partidaria ha encontrado límites" y ante la falta de evidencia para sustanciar esa afirmación acudió a una seguidilla de lugares comunes que abrevan en lo más rancio del clasismo.
 
Habló de "robo de boletas" a través de "maquinarias electorales muy aceitadas" que operan "a nivel nacional, provincial y municipal", aunque no pudo dar ejemplos concretos. Para Querido, "quizás una mesa de votación en la comuna 13 de la CABA no es del todo representativa" porque en otras partes "se vota en determinados contextos, en situaciones en algunos casos apremiantes".
 
Es una manera apenas elegante de decir que en el civilizado barrio de Palermo no hay fraude pero en el salvaje interior de la Argentina, gobernador por peronistas, sí.
 
Querido mencionó "denuncias con la circulación de boletas apócrifas que buscan confundir" pero reconoció que "la cámara nacional electoral tuvo que darlas como válidas". Y habló de "todo lo que tiene que ver (sic) con la compra de votos y el voto cadena", que según su criterio "no puede relativizarse" porque "existe", aunque también tuvo que admitir que "este tipo de situaciones quizás son imperceptibles cuando se analiza en conjunto una elección". Es decir, nada. Cero. Solamente sospechas teñidas de prejuicio. Excepto que haya algo más que no pueda decirse en el Congreso.
 
En un artículo publicado en octubre pasado, semanas antes de las elecciones legislativas, en Seúl, el house organ del macrismo recalcitrante, Querido, en confianza con su audiencia, reconoció que "no hay condiciones para un fraude electoral estructural a nivel nacional" y blanqueó su preocupación en las últimas líneas, donde escribió: "Argentina se encuentra entonces en una tensión: entre la seguridad que ostenta su sistema electoral nacional y la presión constante que genera sobre este una cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia."
 
El sistema, entonces, es seguro, y el verdadero problema, al parecer, no es el fraude sino la "cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia". Curiosamente, esa descripción le cabe al peronismo y no a quienes, como él, intentan reformar a empujones ese sistema que funciona. A la manera de los capítulos viejos de esa obra maestra de William Hannah y Joseph Barbera llamada Scooby Doo, cuando se deja en evidencia al villano de turno, debajo de la máscara siempre aparecen los mismos rostros.
 
El martes que viene continuarán las exposiciones en el plenario y está anotado para participar el titular de la Fundación Ficha Limpia, Gastón Marra. Esa organización, como su nombre lo indica, impulsa una legislación que impida la candidatura de cualquier persona condenada por un tribunal de primera instancia, una fórmula que en Brasil terminó por proscribir a Lula y pavimentó el camino para la llegada de Bolsonaro al poder y que en la Argentina viene ya con nombre de mujer y dos apellidos. Marra fue asesorado personalmente por Marlon Reis, el exjuez que fue autor de la ley brasileña.
 
Antes de preocuparse por los sistemas electorales, Marra (¡sorpresa!) dedicaba su compromiso a la causa rural: en julio de 2020, cuando varios medios y políticos opositores montaron una operación de prensa sobre el supuesto y nunca comprobado vandalismo contra silobolsas y otras propiedades en el campo, el lobbista, presentándose como "empleado oriundo de la localidad de Pehuajó", inició una campaña online para juntar firmas para exigirle al gobierno que "dé a conocer una política clara que ayude a investigar y encontrar a los responsables de este sistemático atropello a la propiedad privada".
 
Marra es socio en la Fundación Ficha Limpia del abogado Adalberto Russo y ambos, a su vez, son miembros del Consejo Consultivo de República Unida, "un grupo de ciudadanos auto convocados para adoptar acciones concretas en defensa de la República y del bienestar general", según definieron en su lanzamiento, en abril del año pasado.
 
Dicen "defender la independencia del Poder Judicial" y convocaron a marchas en apoyo a la Corte Suprema. También denunciaron (¡sorpresa!) que "las medidas por la pandemia" tuvieron el "fin político partidario" de "afectar discrecionalmente libertades individuales".
 
Su socio, Russo, declaró recientemente para favorecer a uno de los acusados por la masacre de la calle Corro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros durante la última dictadura militar. El relató de la periodista especializada en Derechos Humanos, Luciana Bertoia, es tan inverosímil que podría ser gracioso si no fuera trágico. Escribió Bertoia:
 
"Uno de los más interesados en despegarse de los hechos es Héctor Eduardo Godoy, a quienes exconscriptos señalaron como quien le disparó en la cabeza a uno de los cuatro oficiales montoneros o como quien le ordenó a uno de los soldados que tapara dos cuerpos que estaban en las inmediaciones de la calle ubicada en Corro al 105. Uno de los conscriptos lo describió como un sanguinario. Otro incluso relató que le dio una patada a un moisés pensando que tenía una bomba".
 
"En ese afán de mostrarse lejano al tiroteo, Godoy pidió que declarara Adalberto Carlos Russo, que se presenta como fundador de República Unida, un grupo que pide ponerle el cuerpo a la defensa de la Corte Suprema y retuitea mensajes de los halcones de Juntos por el Cambio. La declaración de Russo no tiene desperdicio. El abogado dijo que había conocido a Godoy el día del operativo de la calle Corro y que nunca más lo había vuelto a ver hasta que en junio o julio de 2017 lo encontró por casualidad en el registro del automotor de San Martín."
 
"¿Cómo dice que lo reconoció? Por la voz y por el apellido -que no es demasiado particular-. Allí, según el relato de Russo, le preguntó si era mismo Godoy, el militar que lo había retenido en las calles Yerbal y Cardozo, a metros de la casa donde estaban los cinco oficiales de Montoneros y los integrantes de la familia Mainer -que fueron secuestrados en ese operativo-. La coincidencia fue feliz y ambos supuestamente intercambiaron sus teléfonos celulares. Russo mostró no solo tener una memoria prodigiosa ese día en el registro automotor de San Martín, sino que hizo gala del mismo atributo este jueves ante Rafecas."
 
"El abogado republicano explicó que, por entonces, trabaja en la FIAT Argentina y había quedado supuestamente en encontrarse con un contador para ir a hacer juntos unos trámites. Para eso, debía pasar por donde los militares habían dispuesto un retén. Evidentemente por milagro no solo retuvo el apellido y la voz de Godoy, sino que además recordó con lujo de detalles ese momento que dice haber vivido: dijo que Godoy daba órdenes a un grupo de soldados, que jamás disparó y que alcanzó a ver tanquetas de la Gendarmería y patrulleros de la Policía Federal Argentina."
 
La cuarta y última ventaja que le ven estos republicanos a la boleta única respecto al sistema actual es que supuestamente representa un costo de logística menor para las arcas del Estado. Una vez más, los promotores de la reforma no pudieron presentar datos que den cuenta de ese ahorro eventual, por ejemplo en las provincias donde se aplica un sistema de boleta única desde hace años.
 
Independientemente de la magnitud que podría alcanzar ese ahorro eventual (spoiler: mínima), como dijo Aguerre para concluir su exposición y el plenario de comisiones, "si la democracia cuesta cara hay que pagarla todas las veces que haga falta."
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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