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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 22-05-2022 / 10:05
DETRÁS DE LA REFORMA ELECTORAL ESTÁ LA ANTIPOLÍTICA, CON VÍNCULOS CON EL CAMPO Y LOS REPRESORES, QUE BUSCA TERMINAR CON EL PERONISMO

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única
El sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders. Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
El 28 de octubre de 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández presentó su proyecto de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Su característica más destacada era la implementación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que cada partido o frente político dirimiera sus candidaturas. El objetivo era "ordenar" (eufemismo para acotar, disminuir) la oferta electoral. El Senado sancionó la iniciativa, que había pasado con cambios por la cámara de Diputados, el 2 de diciembre, 35 días más tarde.
 
La oposición protestó: el trámite había sido demasiado rápido para una reforma electoral (un tratamiento express) y, por la gravedad del asunto, no era deseable que se hiciera sin acuerdo opositor. Tenían razón las dos veces. Seis elecciones más tarde los efectos y defectos colaterales del sistema son evidentes. El sector político que impulsó las PASO intentó evitarlas a toda costa y cuando tuvo que usarla, provincia de Buenos Aires en 2015, salió mal. Por otra parte, quienes se resistieron en un primer momento, supieron aprovecharlas mucho mejor y construir sobre ellas buenos resultados.
 
Pero los problemas van mucho más allá de eso. En principio: el objetivo con el que fueron diseñadas las primarias no se cumplió. Al contrario, desde que se implementaron por primera vez, en 2011, hasta 2019, la cantidad de partidos que participó de las elecciones en todo el país aumentó de 443 a 642, según advirtió el politólogo especializado en la materia Facundo Cruz en la última entrega de su excelente newsletter La gente vota. La distancia entre que la PASO anticipa el resultado y este se concreta, más de dos meses después, ha sido sustrato para escenarios de alta volatilidad política y económica.
 
Por desgracia, en lugar de adoptar ahora una actitud constructiva que permita discutir la mejor solución a los problemas de origen y de implementación de la normativa vigente para perfeccionar el sistema electoral, la oposición de derecha comete ahora el mismo error y, apoyada en una mayoría contingente, avanza con una reforma a los empujones. En este caso es todavía más grave, porque ni siquiera existe aún un proyecto. Hay cerca de una docena dando vueltas, que difieren en aspectos clave.
 

 
Esta semana se llevaron a cabo las primeras exposiciones de expertos en el marco del plenario de comisiones que discute la iniciativa en la cámara baja. Allí, Cruz destacó que "el sistema actual que administra las elecciones en la Argentina genera confianza", que "la Cámara Nacional Electoral nunca cuestionó una sola elección desde el retorno a la democracia hasta la fecha" y que, detalle no menor, en un país donde el descrédito a las instituciones es profundo y está arraigado y extendido, las elecciones son "una de las instituciones con mejor reconocimiento público".
 
Además, señaló algo que debería ser obvio: "Las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o se quiere mejorar algo". Al respecto, sostuvo que "actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación" y advirtió a continuación que "dadas las características de los proyectos presentados es posible que algunas cosas comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha". En concreto, dijo, "la implementación de la boleta única puede presentar efectos no esperados en la competencia política, como sucedió con las PASO".
 
A su turno, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, advirtió sobre el riesgo de avanzar con una reforma sin "un análisis de contexto". En concreto, dijo que "cualquier cambio en la normativa debe ser analizado y discutido basándose en evidencia". Fue una referencia velada a la falta de profundidad de los planteos reformistas. Con menos sutileza, el politólogo Tomás Aguerre dijo que "no alcanza con las sensaciones, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder" sino que es necesario "un diagnóstico amplio y bien documentado".
 
Las críticas al sistema de votación utilizado actualmente estuvieron representadas en el plenario por dirigentes políticos (como el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o el intendente de Rosario, Pablo Javkin), funcionarias (como la jefa de asesores del gobierno porteño, Julia Pomares) o representantes de ONGs vinculadas a los sectores más intransigentes de la derecha autóctona, como Ser Fiscal, Ficha Limpia, Transparencia Electoral y la Fundación RAP, un think tank que organiza viajes a Estados Unidos para políticos de primera línea de todos los partidos.
 
 
Los cuestionamientos se centraron alrededor de cuatro puntos:
 
1) Que el sistema de boleta única permite mayor transparencia y es menos permeable al fraude que el utilizado desde 1983 hasta ahora.
 
2) Que garantiza la oferta electoral eliminando la posibilidad de que falten boletas de uno o más partidos por robo intencional o limitaciones en la logística de los partidos pequeños.
 
3) Que, adicionalmente, beneficia también a los partidos pequeños porque reduce el peso de la fiscalización.
 
4) Que es un sistema más económico y permitiría un ahorro al Estado.
 
Ninguno de los oradores que expuso a favor de la reforma electoral pudo exhibir datos que ratificaran esos planteos. La falta de un proyecto concreto para discutir les ahorra tener que defenderlo más que a través de generalidades. No es un detalle menor: existe un consenso unánime y basado en evidencia de que el diseño de las papeletas, en los sistemas de boleta única, inciden en el resultado electoral en magnitudes significativas, capaces de volcar el resultado de una elección cerrada. No es lo mismo el sistema que se usa en Córdoba que el de Santa Fe. La oposición aún no tiene claro cuál quiere adoptar.
 
Los cuatro argumentos que justifican la reforma fueron rebatidos de manera contundente durante las exposiciones. "El fraude no es un problema significativo real en las elecciones argentinas", sostuvo el politólogo Santiago Alles, que además dijo que "no es más difícil" cometer fraude con la boleta única que con el sistema actual. Gandulfo recordó que "aún en procesos muy polarizados, como en 2015, cuando Mauricio Macri en un ballotage ganó tan solo por el 2,6 por ciento, nadie cuestionó el resultado" y que "situaciones como esta llevan al abismo a muchos países de la región", donde se usa la boleta única.
 
Existe un hecho indiscutible y es que con este método de votación la Argentina ha garantizado durante cuatro décadas la alternancia partidaria: de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, de Menem a De La Rúa, de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri y de Macri a Alberto Fernández. Todos ellos, excepto el líder del PRO, perdieron comicios de medio término siendo oficialismo. De las últimas ocho elecciones, notó Aguerre, cinco las ganó una fuerza opositora, a veces por márgenes muy estrechos, sin que eso pusiera en crisis el sistema. No es inteligente arreglar lo que no está roto.
 
Respecto al robo de boletas, las denuncias mediáticas jamás fueron documentadas ni avanzaron en sede judicial. Por el contrario, el estudio más completo al respecto, hecho por la ONG CIPPEC, insospechada de peronismo, durante las presidenciales de 2015 en el conurbano bonaerense, territorio que muchas veces decide el resultado y sobre el que la oposición vuelca sus peores sospechas de prácticas reñidas con la legalidad en materia electoral, corroboró que el 99 por ciento de las personas que buscaron su boleta en el cuarto oscuro el día de la elección, encontraron la del partido que tenían previsto votar.
 
Los expertos también echaron por tierra los argumentos que giran en torno a una menor necesidad de fiscalización para garantizar la transparencia de los comicios. "La boleta única no va a eliminar la necesidad de contar con fiscales", dijo Cruz, que advirtió que con ese sistema "una marca con birome puede anular un voto". Gandulfo, por su parte, señaló que, en la actualidad, cuando hay votos recurridos la justicia suele fallar a favor de la voluntad del votante, que es unívoca a partir de la elección de una boleta partidaria. Con la boleta única, no va a ser posible distinguir fácilmente cuál fue esa voluntad.
 
Además, agregó Cruz, plantear que esta reforma es "una solución al problema de los fiscales" es "desentenderse de la responsabilidad que le exige el Estado a cada partido político". El politólogo recordó que según la Constitución y las leyes vigentes, "los partidos políticos son garantes, junto con el Estado y el gobierno de turno, de la organización de todos los procesos electorales".
 
No es un asunto menor, porque el rol de los partidos políticos, es decir de las instancias institucionales que articulan las demandas de la sociedad, es el gran debate que está detrás del debate sobre la boleta única.
 
Los promotores de este sistema lo venden como una ventaja: al facilitar la participación electoral de los partidos más pequeños, la boleta única le brinda mayor "libertad" al ciudadano a la hora de elegir.
 
El primer efecto, describe Alles, es que "al reducir la centralidad de los partidos, los votantes se apoyan con mayor frecuencia en las características personales de los candidatos" por lo que "las figuras más conocidas se vuelven más relevantes y la competencia electoral tiende a volverse mucho más personalista", lo que a su vez impacta en los partidos, en un loop descendente.
 
Además, continúa el politólogo: "Algunos diseños de boleta única pueden tener efectos más pronunciados que otros pero todos están asociados a un mayor corte de boleta. Cuando es mayor el corte de boleta, es esperable que el Poder Ejecutivo tenga menos legisladores y por eso sea más difícil adoptar decisiones".
 
La fragmentación del sistema de partidos es funcional al status quo. Gandulfo puso ejemplos: en las últimas elecciones presidenciales en Perú hubo 24 candidatos, en Costa Rica 25 y en Ecuador 16. En todos los casos los ganadores quedaron en minoría y la gobernabilidad pende de un hilo.
 
Otro expositor, el también politólogo Andy Tow, explicó por qué, en sentido contrario, la boleta partidaria tal como se usó siempre "favorece la construcción de coaliciones entre distintos niveles de gobierno" lo que a su vez "fortalece los partidos políticos" y "tiene un rol ordenador de la oferta electoral.
 
Para Tow "El objetivo de convocar a elecciones simultáneas, además de reducir costos y optimizar la logística, es la posibilidad de unir y sumar fuerzas de varios niveles de gobierno mediante una oferta unificada con la razonable expectativa que esa oferta tenga un efecto favorable en la propia".
 
Para Tow, "la boleta única consolida la tendencia a desdoblar elecciones locales a fin de aplicar el sistema de votación que más le convenga a cada distrito, en función de los tiempos que le convengan", lo que "tiene como consecuencia un calendario extenso que fatiga y confunde el electorado, además de alimentar especulaciones sobre los efectos de los sucesivos resultados, incluso cuando no se dirime nada, como es frecuente en las primarias, alargando el proceso electoral y afectando la marcha de la gestión pública en general y de la política económica en especial".
 
En tanto, continúa, "las ofertas electorales multinivel" que propicia la boleta partidaria "fortalecen a los partidos porque conllevan la expectativa de que aquellos que las integran apoyen en sus ámbitos de acción los mismos programas y objetivos, y que las desviaciones e inconductas a estos propósitos sean vistos como afectaciones a la etiqueta partidaria".
 
Es decir, que el sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders.
 
Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
 
Llamó la atención, en ese sentido, la exposición del director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, Leandro Querido, que sentenció que "en Argentina el sistema de boleta partidaria ha encontrado límites" y ante la falta de evidencia para sustanciar esa afirmación acudió a una seguidilla de lugares comunes que abrevan en lo más rancio del clasismo.
 
Habló de "robo de boletas" a través de "maquinarias electorales muy aceitadas" que operan "a nivel nacional, provincial y municipal", aunque no pudo dar ejemplos concretos. Para Querido, "quizás una mesa de votación en la comuna 13 de la CABA no es del todo representativa" porque en otras partes "se vota en determinados contextos, en situaciones en algunos casos apremiantes".
 
Es una manera apenas elegante de decir que en el civilizado barrio de Palermo no hay fraude pero en el salvaje interior de la Argentina, gobernador por peronistas, sí.
 
Querido mencionó "denuncias con la circulación de boletas apócrifas que buscan confundir" pero reconoció que "la cámara nacional electoral tuvo que darlas como válidas". Y habló de "todo lo que tiene que ver (sic) con la compra de votos y el voto cadena", que según su criterio "no puede relativizarse" porque "existe", aunque también tuvo que admitir que "este tipo de situaciones quizás son imperceptibles cuando se analiza en conjunto una elección". Es decir, nada. Cero. Solamente sospechas teñidas de prejuicio. Excepto que haya algo más que no pueda decirse en el Congreso.
 
En un artículo publicado en octubre pasado, semanas antes de las elecciones legislativas, en Seúl, el house organ del macrismo recalcitrante, Querido, en confianza con su audiencia, reconoció que "no hay condiciones para un fraude electoral estructural a nivel nacional" y blanqueó su preocupación en las últimas líneas, donde escribió: "Argentina se encuentra entonces en una tensión: entre la seguridad que ostenta su sistema electoral nacional y la presión constante que genera sobre este una cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia."
 
El sistema, entonces, es seguro, y el verdadero problema, al parecer, no es el fraude sino la "cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia". Curiosamente, esa descripción le cabe al peronismo y no a quienes, como él, intentan reformar a empujones ese sistema que funciona. A la manera de los capítulos viejos de esa obra maestra de William Hannah y Joseph Barbera llamada Scooby Doo, cuando se deja en evidencia al villano de turno, debajo de la máscara siempre aparecen los mismos rostros.
 
El martes que viene continuarán las exposiciones en el plenario y está anotado para participar el titular de la Fundación Ficha Limpia, Gastón Marra. Esa organización, como su nombre lo indica, impulsa una legislación que impida la candidatura de cualquier persona condenada por un tribunal de primera instancia, una fórmula que en Brasil terminó por proscribir a Lula y pavimentó el camino para la llegada de Bolsonaro al poder y que en la Argentina viene ya con nombre de mujer y dos apellidos. Marra fue asesorado personalmente por Marlon Reis, el exjuez que fue autor de la ley brasileña.
 
Antes de preocuparse por los sistemas electorales, Marra (¡sorpresa!) dedicaba su compromiso a la causa rural: en julio de 2020, cuando varios medios y políticos opositores montaron una operación de prensa sobre el supuesto y nunca comprobado vandalismo contra silobolsas y otras propiedades en el campo, el lobbista, presentándose como "empleado oriundo de la localidad de Pehuajó", inició una campaña online para juntar firmas para exigirle al gobierno que "dé a conocer una política clara que ayude a investigar y encontrar a los responsables de este sistemático atropello a la propiedad privada".
 
Marra es socio en la Fundación Ficha Limpia del abogado Adalberto Russo y ambos, a su vez, son miembros del Consejo Consultivo de República Unida, "un grupo de ciudadanos auto convocados para adoptar acciones concretas en defensa de la República y del bienestar general", según definieron en su lanzamiento, en abril del año pasado.
 
Dicen "defender la independencia del Poder Judicial" y convocaron a marchas en apoyo a la Corte Suprema. También denunciaron (¡sorpresa!) que "las medidas por la pandemia" tuvieron el "fin político partidario" de "afectar discrecionalmente libertades individuales".
 
Su socio, Russo, declaró recientemente para favorecer a uno de los acusados por la masacre de la calle Corro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros durante la última dictadura militar. El relató de la periodista especializada en Derechos Humanos, Luciana Bertoia, es tan inverosímil que podría ser gracioso si no fuera trágico. Escribió Bertoia:
 
"Uno de los más interesados en despegarse de los hechos es Héctor Eduardo Godoy, a quienes exconscriptos señalaron como quien le disparó en la cabeza a uno de los cuatro oficiales montoneros o como quien le ordenó a uno de los soldados que tapara dos cuerpos que estaban en las inmediaciones de la calle ubicada en Corro al 105. Uno de los conscriptos lo describió como un sanguinario. Otro incluso relató que le dio una patada a un moisés pensando que tenía una bomba".
 
"En ese afán de mostrarse lejano al tiroteo, Godoy pidió que declarara Adalberto Carlos Russo, que se presenta como fundador de República Unida, un grupo que pide ponerle el cuerpo a la defensa de la Corte Suprema y retuitea mensajes de los halcones de Juntos por el Cambio. La declaración de Russo no tiene desperdicio. El abogado dijo que había conocido a Godoy el día del operativo de la calle Corro y que nunca más lo había vuelto a ver hasta que en junio o julio de 2017 lo encontró por casualidad en el registro del automotor de San Martín."
 
"¿Cómo dice que lo reconoció? Por la voz y por el apellido -que no es demasiado particular-. Allí, según el relato de Russo, le preguntó si era mismo Godoy, el militar que lo había retenido en las calles Yerbal y Cardozo, a metros de la casa donde estaban los cinco oficiales de Montoneros y los integrantes de la familia Mainer -que fueron secuestrados en ese operativo-. La coincidencia fue feliz y ambos supuestamente intercambiaron sus teléfonos celulares. Russo mostró no solo tener una memoria prodigiosa ese día en el registro automotor de San Martín, sino que hizo gala del mismo atributo este jueves ante Rafecas."
 
"El abogado republicano explicó que, por entonces, trabaja en la FIAT Argentina y había quedado supuestamente en encontrarse con un contador para ir a hacer juntos unos trámites. Para eso, debía pasar por donde los militares habían dispuesto un retén. Evidentemente por milagro no solo retuvo el apellido y la voz de Godoy, sino que además recordó con lujo de detalles ese momento que dice haber vivido: dijo que Godoy daba órdenes a un grupo de soldados, que jamás disparó y que alcanzó a ver tanquetas de la Gendarmería y patrulleros de la Policía Federal Argentina."
 
La cuarta y última ventaja que le ven estos republicanos a la boleta única respecto al sistema actual es que supuestamente representa un costo de logística menor para las arcas del Estado. Una vez más, los promotores de la reforma no pudieron presentar datos que den cuenta de ese ahorro eventual, por ejemplo en las provincias donde se aplica un sistema de boleta única desde hace años.
 
Independientemente de la magnitud que podría alcanzar ese ahorro eventual (spoiler: mínima), como dijo Aguerre para concluir su exposición y el plenario de comisiones, "si la democracia cuesta cara hay que pagarla todas las veces que haga falta."
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular


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