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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 22-05-2022 / 10:05
DETRÁS DE LA REFORMA ELECTORAL ESTÁ LA ANTIPOLÍTICA, CON VÍNCULOS CON EL CAMPO Y LOS REPRESORES, QUE BUSCA TERMINAR CON EL PERONISMO

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única
El sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders. Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
El 28 de octubre de 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández presentó su proyecto de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Su característica más destacada era la implementación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que cada partido o frente político dirimiera sus candidaturas. El objetivo era "ordenar" (eufemismo para acotar, disminuir) la oferta electoral. El Senado sancionó la iniciativa, que había pasado con cambios por la cámara de Diputados, el 2 de diciembre, 35 días más tarde.
 
La oposición protestó: el trámite había sido demasiado rápido para una reforma electoral (un tratamiento express) y, por la gravedad del asunto, no era deseable que se hiciera sin acuerdo opositor. Tenían razón las dos veces. Seis elecciones más tarde los efectos y defectos colaterales del sistema son evidentes. El sector político que impulsó las PASO intentó evitarlas a toda costa y cuando tuvo que usarla, provincia de Buenos Aires en 2015, salió mal. Por otra parte, quienes se resistieron en un primer momento, supieron aprovecharlas mucho mejor y construir sobre ellas buenos resultados.
 
Pero los problemas van mucho más allá de eso. En principio: el objetivo con el que fueron diseñadas las primarias no se cumplió. Al contrario, desde que se implementaron por primera vez, en 2011, hasta 2019, la cantidad de partidos que participó de las elecciones en todo el país aumentó de 443 a 642, según advirtió el politólogo especializado en la materia Facundo Cruz en la última entrega de su excelente newsletter La gente vota. La distancia entre que la PASO anticipa el resultado y este se concreta, más de dos meses después, ha sido sustrato para escenarios de alta volatilidad política y económica.
 
Por desgracia, en lugar de adoptar ahora una actitud constructiva que permita discutir la mejor solución a los problemas de origen y de implementación de la normativa vigente para perfeccionar el sistema electoral, la oposición de derecha comete ahora el mismo error y, apoyada en una mayoría contingente, avanza con una reforma a los empujones. En este caso es todavía más grave, porque ni siquiera existe aún un proyecto. Hay cerca de una docena dando vueltas, que difieren en aspectos clave.
 

 
Esta semana se llevaron a cabo las primeras exposiciones de expertos en el marco del plenario de comisiones que discute la iniciativa en la cámara baja. Allí, Cruz destacó que "el sistema actual que administra las elecciones en la Argentina genera confianza", que "la Cámara Nacional Electoral nunca cuestionó una sola elección desde el retorno a la democracia hasta la fecha" y que, detalle no menor, en un país donde el descrédito a las instituciones es profundo y está arraigado y extendido, las elecciones son "una de las instituciones con mejor reconocimiento público".
 
Además, señaló algo que debería ser obvio: "Las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o se quiere mejorar algo". Al respecto, sostuvo que "actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación" y advirtió a continuación que "dadas las características de los proyectos presentados es posible que algunas cosas comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha". En concreto, dijo, "la implementación de la boleta única puede presentar efectos no esperados en la competencia política, como sucedió con las PASO".
 
A su turno, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, advirtió sobre el riesgo de avanzar con una reforma sin "un análisis de contexto". En concreto, dijo que "cualquier cambio en la normativa debe ser analizado y discutido basándose en evidencia". Fue una referencia velada a la falta de profundidad de los planteos reformistas. Con menos sutileza, el politólogo Tomás Aguerre dijo que "no alcanza con las sensaciones, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder" sino que es necesario "un diagnóstico amplio y bien documentado".
 
Las críticas al sistema de votación utilizado actualmente estuvieron representadas en el plenario por dirigentes políticos (como el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o el intendente de Rosario, Pablo Javkin), funcionarias (como la jefa de asesores del gobierno porteño, Julia Pomares) o representantes de ONGs vinculadas a los sectores más intransigentes de la derecha autóctona, como Ser Fiscal, Ficha Limpia, Transparencia Electoral y la Fundación RAP, un think tank que organiza viajes a Estados Unidos para políticos de primera línea de todos los partidos.
 
 
Los cuestionamientos se centraron alrededor de cuatro puntos:
 
1) Que el sistema de boleta única permite mayor transparencia y es menos permeable al fraude que el utilizado desde 1983 hasta ahora.
 
2) Que garantiza la oferta electoral eliminando la posibilidad de que falten boletas de uno o más partidos por robo intencional o limitaciones en la logística de los partidos pequeños.
 
3) Que, adicionalmente, beneficia también a los partidos pequeños porque reduce el peso de la fiscalización.
 
4) Que es un sistema más económico y permitiría un ahorro al Estado.
 
Ninguno de los oradores que expuso a favor de la reforma electoral pudo exhibir datos que ratificaran esos planteos. La falta de un proyecto concreto para discutir les ahorra tener que defenderlo más que a través de generalidades. No es un detalle menor: existe un consenso unánime y basado en evidencia de que el diseño de las papeletas, en los sistemas de boleta única, inciden en el resultado electoral en magnitudes significativas, capaces de volcar el resultado de una elección cerrada. No es lo mismo el sistema que se usa en Córdoba que el de Santa Fe. La oposición aún no tiene claro cuál quiere adoptar.
 
Los cuatro argumentos que justifican la reforma fueron rebatidos de manera contundente durante las exposiciones. "El fraude no es un problema significativo real en las elecciones argentinas", sostuvo el politólogo Santiago Alles, que además dijo que "no es más difícil" cometer fraude con la boleta única que con el sistema actual. Gandulfo recordó que "aún en procesos muy polarizados, como en 2015, cuando Mauricio Macri en un ballotage ganó tan solo por el 2,6 por ciento, nadie cuestionó el resultado" y que "situaciones como esta llevan al abismo a muchos países de la región", donde se usa la boleta única.
 
Existe un hecho indiscutible y es que con este método de votación la Argentina ha garantizado durante cuatro décadas la alternancia partidaria: de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, de Menem a De La Rúa, de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri y de Macri a Alberto Fernández. Todos ellos, excepto el líder del PRO, perdieron comicios de medio término siendo oficialismo. De las últimas ocho elecciones, notó Aguerre, cinco las ganó una fuerza opositora, a veces por márgenes muy estrechos, sin que eso pusiera en crisis el sistema. No es inteligente arreglar lo que no está roto.
 
Respecto al robo de boletas, las denuncias mediáticas jamás fueron documentadas ni avanzaron en sede judicial. Por el contrario, el estudio más completo al respecto, hecho por la ONG CIPPEC, insospechada de peronismo, durante las presidenciales de 2015 en el conurbano bonaerense, territorio que muchas veces decide el resultado y sobre el que la oposición vuelca sus peores sospechas de prácticas reñidas con la legalidad en materia electoral, corroboró que el 99 por ciento de las personas que buscaron su boleta en el cuarto oscuro el día de la elección, encontraron la del partido que tenían previsto votar.
 
Los expertos también echaron por tierra los argumentos que giran en torno a una menor necesidad de fiscalización para garantizar la transparencia de los comicios. "La boleta única no va a eliminar la necesidad de contar con fiscales", dijo Cruz, que advirtió que con ese sistema "una marca con birome puede anular un voto". Gandulfo, por su parte, señaló que, en la actualidad, cuando hay votos recurridos la justicia suele fallar a favor de la voluntad del votante, que es unívoca a partir de la elección de una boleta partidaria. Con la boleta única, no va a ser posible distinguir fácilmente cuál fue esa voluntad.
 
Además, agregó Cruz, plantear que esta reforma es "una solución al problema de los fiscales" es "desentenderse de la responsabilidad que le exige el Estado a cada partido político". El politólogo recordó que según la Constitución y las leyes vigentes, "los partidos políticos son garantes, junto con el Estado y el gobierno de turno, de la organización de todos los procesos electorales".
 
No es un asunto menor, porque el rol de los partidos políticos, es decir de las instancias institucionales que articulan las demandas de la sociedad, es el gran debate que está detrás del debate sobre la boleta única.
 
Los promotores de este sistema lo venden como una ventaja: al facilitar la participación electoral de los partidos más pequeños, la boleta única le brinda mayor "libertad" al ciudadano a la hora de elegir.
 
El primer efecto, describe Alles, es que "al reducir la centralidad de los partidos, los votantes se apoyan con mayor frecuencia en las características personales de los candidatos" por lo que "las figuras más conocidas se vuelven más relevantes y la competencia electoral tiende a volverse mucho más personalista", lo que a su vez impacta en los partidos, en un loop descendente.
 
Además, continúa el politólogo: "Algunos diseños de boleta única pueden tener efectos más pronunciados que otros pero todos están asociados a un mayor corte de boleta. Cuando es mayor el corte de boleta, es esperable que el Poder Ejecutivo tenga menos legisladores y por eso sea más difícil adoptar decisiones".
 
La fragmentación del sistema de partidos es funcional al status quo. Gandulfo puso ejemplos: en las últimas elecciones presidenciales en Perú hubo 24 candidatos, en Costa Rica 25 y en Ecuador 16. En todos los casos los ganadores quedaron en minoría y la gobernabilidad pende de un hilo.
 
Otro expositor, el también politólogo Andy Tow, explicó por qué, en sentido contrario, la boleta partidaria tal como se usó siempre "favorece la construcción de coaliciones entre distintos niveles de gobierno" lo que a su vez "fortalece los partidos políticos" y "tiene un rol ordenador de la oferta electoral.
 
Para Tow "El objetivo de convocar a elecciones simultáneas, además de reducir costos y optimizar la logística, es la posibilidad de unir y sumar fuerzas de varios niveles de gobierno mediante una oferta unificada con la razonable expectativa que esa oferta tenga un efecto favorable en la propia".
 
Para Tow, "la boleta única consolida la tendencia a desdoblar elecciones locales a fin de aplicar el sistema de votación que más le convenga a cada distrito, en función de los tiempos que le convengan", lo que "tiene como consecuencia un calendario extenso que fatiga y confunde el electorado, además de alimentar especulaciones sobre los efectos de los sucesivos resultados, incluso cuando no se dirime nada, como es frecuente en las primarias, alargando el proceso electoral y afectando la marcha de la gestión pública en general y de la política económica en especial".
 
En tanto, continúa, "las ofertas electorales multinivel" que propicia la boleta partidaria "fortalecen a los partidos porque conllevan la expectativa de que aquellos que las integran apoyen en sus ámbitos de acción los mismos programas y objetivos, y que las desviaciones e inconductas a estos propósitos sean vistos como afectaciones a la etiqueta partidaria".
 
Es decir, que el sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders.
 
Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
 
Llamó la atención, en ese sentido, la exposición del director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, Leandro Querido, que sentenció que "en Argentina el sistema de boleta partidaria ha encontrado límites" y ante la falta de evidencia para sustanciar esa afirmación acudió a una seguidilla de lugares comunes que abrevan en lo más rancio del clasismo.
 
Habló de "robo de boletas" a través de "maquinarias electorales muy aceitadas" que operan "a nivel nacional, provincial y municipal", aunque no pudo dar ejemplos concretos. Para Querido, "quizás una mesa de votación en la comuna 13 de la CABA no es del todo representativa" porque en otras partes "se vota en determinados contextos, en situaciones en algunos casos apremiantes".
 
Es una manera apenas elegante de decir que en el civilizado barrio de Palermo no hay fraude pero en el salvaje interior de la Argentina, gobernador por peronistas, sí.
 
Querido mencionó "denuncias con la circulación de boletas apócrifas que buscan confundir" pero reconoció que "la cámara nacional electoral tuvo que darlas como válidas". Y habló de "todo lo que tiene que ver (sic) con la compra de votos y el voto cadena", que según su criterio "no puede relativizarse" porque "existe", aunque también tuvo que admitir que "este tipo de situaciones quizás son imperceptibles cuando se analiza en conjunto una elección". Es decir, nada. Cero. Solamente sospechas teñidas de prejuicio. Excepto que haya algo más que no pueda decirse en el Congreso.
 
En un artículo publicado en octubre pasado, semanas antes de las elecciones legislativas, en Seúl, el house organ del macrismo recalcitrante, Querido, en confianza con su audiencia, reconoció que "no hay condiciones para un fraude electoral estructural a nivel nacional" y blanqueó su preocupación en las últimas líneas, donde escribió: "Argentina se encuentra entonces en una tensión: entre la seguridad que ostenta su sistema electoral nacional y la presión constante que genera sobre este una cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia."
 
El sistema, entonces, es seguro, y el verdadero problema, al parecer, no es el fraude sino la "cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia". Curiosamente, esa descripción le cabe al peronismo y no a quienes, como él, intentan reformar a empujones ese sistema que funciona. A la manera de los capítulos viejos de esa obra maestra de William Hannah y Joseph Barbera llamada Scooby Doo, cuando se deja en evidencia al villano de turno, debajo de la máscara siempre aparecen los mismos rostros.
 
El martes que viene continuarán las exposiciones en el plenario y está anotado para participar el titular de la Fundación Ficha Limpia, Gastón Marra. Esa organización, como su nombre lo indica, impulsa una legislación que impida la candidatura de cualquier persona condenada por un tribunal de primera instancia, una fórmula que en Brasil terminó por proscribir a Lula y pavimentó el camino para la llegada de Bolsonaro al poder y que en la Argentina viene ya con nombre de mujer y dos apellidos. Marra fue asesorado personalmente por Marlon Reis, el exjuez que fue autor de la ley brasileña.
 
Antes de preocuparse por los sistemas electorales, Marra (¡sorpresa!) dedicaba su compromiso a la causa rural: en julio de 2020, cuando varios medios y políticos opositores montaron una operación de prensa sobre el supuesto y nunca comprobado vandalismo contra silobolsas y otras propiedades en el campo, el lobbista, presentándose como "empleado oriundo de la localidad de Pehuajó", inició una campaña online para juntar firmas para exigirle al gobierno que "dé a conocer una política clara que ayude a investigar y encontrar a los responsables de este sistemático atropello a la propiedad privada".
 
Marra es socio en la Fundación Ficha Limpia del abogado Adalberto Russo y ambos, a su vez, son miembros del Consejo Consultivo de República Unida, "un grupo de ciudadanos auto convocados para adoptar acciones concretas en defensa de la República y del bienestar general", según definieron en su lanzamiento, en abril del año pasado.
 
Dicen "defender la independencia del Poder Judicial" y convocaron a marchas en apoyo a la Corte Suprema. También denunciaron (¡sorpresa!) que "las medidas por la pandemia" tuvieron el "fin político partidario" de "afectar discrecionalmente libertades individuales".
 
Su socio, Russo, declaró recientemente para favorecer a uno de los acusados por la masacre de la calle Corro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros durante la última dictadura militar. El relató de la periodista especializada en Derechos Humanos, Luciana Bertoia, es tan inverosímil que podría ser gracioso si no fuera trágico. Escribió Bertoia:
 
"Uno de los más interesados en despegarse de los hechos es Héctor Eduardo Godoy, a quienes exconscriptos señalaron como quien le disparó en la cabeza a uno de los cuatro oficiales montoneros o como quien le ordenó a uno de los soldados que tapara dos cuerpos que estaban en las inmediaciones de la calle ubicada en Corro al 105. Uno de los conscriptos lo describió como un sanguinario. Otro incluso relató que le dio una patada a un moisés pensando que tenía una bomba".
 
"En ese afán de mostrarse lejano al tiroteo, Godoy pidió que declarara Adalberto Carlos Russo, que se presenta como fundador de República Unida, un grupo que pide ponerle el cuerpo a la defensa de la Corte Suprema y retuitea mensajes de los halcones de Juntos por el Cambio. La declaración de Russo no tiene desperdicio. El abogado dijo que había conocido a Godoy el día del operativo de la calle Corro y que nunca más lo había vuelto a ver hasta que en junio o julio de 2017 lo encontró por casualidad en el registro del automotor de San Martín."
 
"¿Cómo dice que lo reconoció? Por la voz y por el apellido -que no es demasiado particular-. Allí, según el relato de Russo, le preguntó si era mismo Godoy, el militar que lo había retenido en las calles Yerbal y Cardozo, a metros de la casa donde estaban los cinco oficiales de Montoneros y los integrantes de la familia Mainer -que fueron secuestrados en ese operativo-. La coincidencia fue feliz y ambos supuestamente intercambiaron sus teléfonos celulares. Russo mostró no solo tener una memoria prodigiosa ese día en el registro automotor de San Martín, sino que hizo gala del mismo atributo este jueves ante Rafecas."
 
"El abogado republicano explicó que, por entonces, trabaja en la FIAT Argentina y había quedado supuestamente en encontrarse con un contador para ir a hacer juntos unos trámites. Para eso, debía pasar por donde los militares habían dispuesto un retén. Evidentemente por milagro no solo retuvo el apellido y la voz de Godoy, sino que además recordó con lujo de detalles ese momento que dice haber vivido: dijo que Godoy daba órdenes a un grupo de soldados, que jamás disparó y que alcanzó a ver tanquetas de la Gendarmería y patrulleros de la Policía Federal Argentina."
 
La cuarta y última ventaja que le ven estos republicanos a la boleta única respecto al sistema actual es que supuestamente representa un costo de logística menor para las arcas del Estado. Una vez más, los promotores de la reforma no pudieron presentar datos que den cuenta de ese ahorro eventual, por ejemplo en las provincias donde se aplica un sistema de boleta única desde hace años.
 
Independientemente de la magnitud que podría alcanzar ese ahorro eventual (spoiler: mínima), como dijo Aguerre para concluir su exposición y el plenario de comisiones, "si la democracia cuesta cara hay que pagarla todas las veces que haga falta."
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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