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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 22-05-2022 / 10:05
DETRÁS DE LA REFORMA ELECTORAL ESTÁ LA ANTIPOLÍTICA, CON VÍNCULOS CON EL CAMPO Y LOS REPRESORES, QUE BUSCA TERMINAR CON EL PERONISMO

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única
El sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders. Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
El 28 de octubre de 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández presentó su proyecto de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Su característica más destacada era la implementación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que cada partido o frente político dirimiera sus candidaturas. El objetivo era "ordenar" (eufemismo para acotar, disminuir) la oferta electoral. El Senado sancionó la iniciativa, que había pasado con cambios por la cámara de Diputados, el 2 de diciembre, 35 días más tarde.
 
La oposición protestó: el trámite había sido demasiado rápido para una reforma electoral (un tratamiento express) y, por la gravedad del asunto, no era deseable que se hiciera sin acuerdo opositor. Tenían razón las dos veces. Seis elecciones más tarde los efectos y defectos colaterales del sistema son evidentes. El sector político que impulsó las PASO intentó evitarlas a toda costa y cuando tuvo que usarla, provincia de Buenos Aires en 2015, salió mal. Por otra parte, quienes se resistieron en un primer momento, supieron aprovecharlas mucho mejor y construir sobre ellas buenos resultados.
 
Pero los problemas van mucho más allá de eso. En principio: el objetivo con el que fueron diseñadas las primarias no se cumplió. Al contrario, desde que se implementaron por primera vez, en 2011, hasta 2019, la cantidad de partidos que participó de las elecciones en todo el país aumentó de 443 a 642, según advirtió el politólogo especializado en la materia Facundo Cruz en la última entrega de su excelente newsletter La gente vota. La distancia entre que la PASO anticipa el resultado y este se concreta, más de dos meses después, ha sido sustrato para escenarios de alta volatilidad política y económica.
 
Por desgracia, en lugar de adoptar ahora una actitud constructiva que permita discutir la mejor solución a los problemas de origen y de implementación de la normativa vigente para perfeccionar el sistema electoral, la oposición de derecha comete ahora el mismo error y, apoyada en una mayoría contingente, avanza con una reforma a los empujones. En este caso es todavía más grave, porque ni siquiera existe aún un proyecto. Hay cerca de una docena dando vueltas, que difieren en aspectos clave.
 

 
Esta semana se llevaron a cabo las primeras exposiciones de expertos en el marco del plenario de comisiones que discute la iniciativa en la cámara baja. Allí, Cruz destacó que "el sistema actual que administra las elecciones en la Argentina genera confianza", que "la Cámara Nacional Electoral nunca cuestionó una sola elección desde el retorno a la democracia hasta la fecha" y que, detalle no menor, en un país donde el descrédito a las instituciones es profundo y está arraigado y extendido, las elecciones son "una de las instituciones con mejor reconocimiento público".
 
Además, señaló algo que debería ser obvio: "Las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o se quiere mejorar algo". Al respecto, sostuvo que "actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación" y advirtió a continuación que "dadas las características de los proyectos presentados es posible que algunas cosas comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha". En concreto, dijo, "la implementación de la boleta única puede presentar efectos no esperados en la competencia política, como sucedió con las PASO".
 
A su turno, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, advirtió sobre el riesgo de avanzar con una reforma sin "un análisis de contexto". En concreto, dijo que "cualquier cambio en la normativa debe ser analizado y discutido basándose en evidencia". Fue una referencia velada a la falta de profundidad de los planteos reformistas. Con menos sutileza, el politólogo Tomás Aguerre dijo que "no alcanza con las sensaciones, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder" sino que es necesario "un diagnóstico amplio y bien documentado".
 
Las críticas al sistema de votación utilizado actualmente estuvieron representadas en el plenario por dirigentes políticos (como el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o el intendente de Rosario, Pablo Javkin), funcionarias (como la jefa de asesores del gobierno porteño, Julia Pomares) o representantes de ONGs vinculadas a los sectores más intransigentes de la derecha autóctona, como Ser Fiscal, Ficha Limpia, Transparencia Electoral y la Fundación RAP, un think tank que organiza viajes a Estados Unidos para políticos de primera línea de todos los partidos.
 
 
Los cuestionamientos se centraron alrededor de cuatro puntos:
 
1) Que el sistema de boleta única permite mayor transparencia y es menos permeable al fraude que el utilizado desde 1983 hasta ahora.
 
2) Que garantiza la oferta electoral eliminando la posibilidad de que falten boletas de uno o más partidos por robo intencional o limitaciones en la logística de los partidos pequeños.
 
3) Que, adicionalmente, beneficia también a los partidos pequeños porque reduce el peso de la fiscalización.
 
4) Que es un sistema más económico y permitiría un ahorro al Estado.
 
Ninguno de los oradores que expuso a favor de la reforma electoral pudo exhibir datos que ratificaran esos planteos. La falta de un proyecto concreto para discutir les ahorra tener que defenderlo más que a través de generalidades. No es un detalle menor: existe un consenso unánime y basado en evidencia de que el diseño de las papeletas, en los sistemas de boleta única, inciden en el resultado electoral en magnitudes significativas, capaces de volcar el resultado de una elección cerrada. No es lo mismo el sistema que se usa en Córdoba que el de Santa Fe. La oposición aún no tiene claro cuál quiere adoptar.
 
Los cuatro argumentos que justifican la reforma fueron rebatidos de manera contundente durante las exposiciones. "El fraude no es un problema significativo real en las elecciones argentinas", sostuvo el politólogo Santiago Alles, que además dijo que "no es más difícil" cometer fraude con la boleta única que con el sistema actual. Gandulfo recordó que "aún en procesos muy polarizados, como en 2015, cuando Mauricio Macri en un ballotage ganó tan solo por el 2,6 por ciento, nadie cuestionó el resultado" y que "situaciones como esta llevan al abismo a muchos países de la región", donde se usa la boleta única.
 
Existe un hecho indiscutible y es que con este método de votación la Argentina ha garantizado durante cuatro décadas la alternancia partidaria: de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, de Menem a De La Rúa, de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri y de Macri a Alberto Fernández. Todos ellos, excepto el líder del PRO, perdieron comicios de medio término siendo oficialismo. De las últimas ocho elecciones, notó Aguerre, cinco las ganó una fuerza opositora, a veces por márgenes muy estrechos, sin que eso pusiera en crisis el sistema. No es inteligente arreglar lo que no está roto.
 
Respecto al robo de boletas, las denuncias mediáticas jamás fueron documentadas ni avanzaron en sede judicial. Por el contrario, el estudio más completo al respecto, hecho por la ONG CIPPEC, insospechada de peronismo, durante las presidenciales de 2015 en el conurbano bonaerense, territorio que muchas veces decide el resultado y sobre el que la oposición vuelca sus peores sospechas de prácticas reñidas con la legalidad en materia electoral, corroboró que el 99 por ciento de las personas que buscaron su boleta en el cuarto oscuro el día de la elección, encontraron la del partido que tenían previsto votar.
 
Los expertos también echaron por tierra los argumentos que giran en torno a una menor necesidad de fiscalización para garantizar la transparencia de los comicios. "La boleta única no va a eliminar la necesidad de contar con fiscales", dijo Cruz, que advirtió que con ese sistema "una marca con birome puede anular un voto". Gandulfo, por su parte, señaló que, en la actualidad, cuando hay votos recurridos la justicia suele fallar a favor de la voluntad del votante, que es unívoca a partir de la elección de una boleta partidaria. Con la boleta única, no va a ser posible distinguir fácilmente cuál fue esa voluntad.
 
Además, agregó Cruz, plantear que esta reforma es "una solución al problema de los fiscales" es "desentenderse de la responsabilidad que le exige el Estado a cada partido político". El politólogo recordó que según la Constitución y las leyes vigentes, "los partidos políticos son garantes, junto con el Estado y el gobierno de turno, de la organización de todos los procesos electorales".
 
No es un asunto menor, porque el rol de los partidos políticos, es decir de las instancias institucionales que articulan las demandas de la sociedad, es el gran debate que está detrás del debate sobre la boleta única.
 
Los promotores de este sistema lo venden como una ventaja: al facilitar la participación electoral de los partidos más pequeños, la boleta única le brinda mayor "libertad" al ciudadano a la hora de elegir.
 
El primer efecto, describe Alles, es que "al reducir la centralidad de los partidos, los votantes se apoyan con mayor frecuencia en las características personales de los candidatos" por lo que "las figuras más conocidas se vuelven más relevantes y la competencia electoral tiende a volverse mucho más personalista", lo que a su vez impacta en los partidos, en un loop descendente.
 
Además, continúa el politólogo: "Algunos diseños de boleta única pueden tener efectos más pronunciados que otros pero todos están asociados a un mayor corte de boleta. Cuando es mayor el corte de boleta, es esperable que el Poder Ejecutivo tenga menos legisladores y por eso sea más difícil adoptar decisiones".
 
La fragmentación del sistema de partidos es funcional al status quo. Gandulfo puso ejemplos: en las últimas elecciones presidenciales en Perú hubo 24 candidatos, en Costa Rica 25 y en Ecuador 16. En todos los casos los ganadores quedaron en minoría y la gobernabilidad pende de un hilo.
 
Otro expositor, el también politólogo Andy Tow, explicó por qué, en sentido contrario, la boleta partidaria tal como se usó siempre "favorece la construcción de coaliciones entre distintos niveles de gobierno" lo que a su vez "fortalece los partidos políticos" y "tiene un rol ordenador de la oferta electoral.
 
Para Tow "El objetivo de convocar a elecciones simultáneas, además de reducir costos y optimizar la logística, es la posibilidad de unir y sumar fuerzas de varios niveles de gobierno mediante una oferta unificada con la razonable expectativa que esa oferta tenga un efecto favorable en la propia".
 
Para Tow, "la boleta única consolida la tendencia a desdoblar elecciones locales a fin de aplicar el sistema de votación que más le convenga a cada distrito, en función de los tiempos que le convengan", lo que "tiene como consecuencia un calendario extenso que fatiga y confunde el electorado, además de alimentar especulaciones sobre los efectos de los sucesivos resultados, incluso cuando no se dirime nada, como es frecuente en las primarias, alargando el proceso electoral y afectando la marcha de la gestión pública en general y de la política económica en especial".
 
En tanto, continúa, "las ofertas electorales multinivel" que propicia la boleta partidaria "fortalecen a los partidos porque conllevan la expectativa de que aquellos que las integran apoyen en sus ámbitos de acción los mismos programas y objetivos, y que las desviaciones e inconductas a estos propósitos sean vistos como afectaciones a la etiqueta partidaria".
 
Es decir, que el sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders.
 
Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
 
Llamó la atención, en ese sentido, la exposición del director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, Leandro Querido, que sentenció que "en Argentina el sistema de boleta partidaria ha encontrado límites" y ante la falta de evidencia para sustanciar esa afirmación acudió a una seguidilla de lugares comunes que abrevan en lo más rancio del clasismo.
 
Habló de "robo de boletas" a través de "maquinarias electorales muy aceitadas" que operan "a nivel nacional, provincial y municipal", aunque no pudo dar ejemplos concretos. Para Querido, "quizás una mesa de votación en la comuna 13 de la CABA no es del todo representativa" porque en otras partes "se vota en determinados contextos, en situaciones en algunos casos apremiantes".
 
Es una manera apenas elegante de decir que en el civilizado barrio de Palermo no hay fraude pero en el salvaje interior de la Argentina, gobernador por peronistas, sí.
 
Querido mencionó "denuncias con la circulación de boletas apócrifas que buscan confundir" pero reconoció que "la cámara nacional electoral tuvo que darlas como válidas". Y habló de "todo lo que tiene que ver (sic) con la compra de votos y el voto cadena", que según su criterio "no puede relativizarse" porque "existe", aunque también tuvo que admitir que "este tipo de situaciones quizás son imperceptibles cuando se analiza en conjunto una elección". Es decir, nada. Cero. Solamente sospechas teñidas de prejuicio. Excepto que haya algo más que no pueda decirse en el Congreso.
 
En un artículo publicado en octubre pasado, semanas antes de las elecciones legislativas, en Seúl, el house organ del macrismo recalcitrante, Querido, en confianza con su audiencia, reconoció que "no hay condiciones para un fraude electoral estructural a nivel nacional" y blanqueó su preocupación en las últimas líneas, donde escribió: "Argentina se encuentra entonces en una tensión: entre la seguridad que ostenta su sistema electoral nacional y la presión constante que genera sobre este una cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia."
 
El sistema, entonces, es seguro, y el verdadero problema, al parecer, no es el fraude sino la "cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia". Curiosamente, esa descripción le cabe al peronismo y no a quienes, como él, intentan reformar a empujones ese sistema que funciona. A la manera de los capítulos viejos de esa obra maestra de William Hannah y Joseph Barbera llamada Scooby Doo, cuando se deja en evidencia al villano de turno, debajo de la máscara siempre aparecen los mismos rostros.
 
El martes que viene continuarán las exposiciones en el plenario y está anotado para participar el titular de la Fundación Ficha Limpia, Gastón Marra. Esa organización, como su nombre lo indica, impulsa una legislación que impida la candidatura de cualquier persona condenada por un tribunal de primera instancia, una fórmula que en Brasil terminó por proscribir a Lula y pavimentó el camino para la llegada de Bolsonaro al poder y que en la Argentina viene ya con nombre de mujer y dos apellidos. Marra fue asesorado personalmente por Marlon Reis, el exjuez que fue autor de la ley brasileña.
 
Antes de preocuparse por los sistemas electorales, Marra (¡sorpresa!) dedicaba su compromiso a la causa rural: en julio de 2020, cuando varios medios y políticos opositores montaron una operación de prensa sobre el supuesto y nunca comprobado vandalismo contra silobolsas y otras propiedades en el campo, el lobbista, presentándose como "empleado oriundo de la localidad de Pehuajó", inició una campaña online para juntar firmas para exigirle al gobierno que "dé a conocer una política clara que ayude a investigar y encontrar a los responsables de este sistemático atropello a la propiedad privada".
 
Marra es socio en la Fundación Ficha Limpia del abogado Adalberto Russo y ambos, a su vez, son miembros del Consejo Consultivo de República Unida, "un grupo de ciudadanos auto convocados para adoptar acciones concretas en defensa de la República y del bienestar general", según definieron en su lanzamiento, en abril del año pasado.
 
Dicen "defender la independencia del Poder Judicial" y convocaron a marchas en apoyo a la Corte Suprema. También denunciaron (¡sorpresa!) que "las medidas por la pandemia" tuvieron el "fin político partidario" de "afectar discrecionalmente libertades individuales".
 
Su socio, Russo, declaró recientemente para favorecer a uno de los acusados por la masacre de la calle Corro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros durante la última dictadura militar. El relató de la periodista especializada en Derechos Humanos, Luciana Bertoia, es tan inverosímil que podría ser gracioso si no fuera trágico. Escribió Bertoia:
 
"Uno de los más interesados en despegarse de los hechos es Héctor Eduardo Godoy, a quienes exconscriptos señalaron como quien le disparó en la cabeza a uno de los cuatro oficiales montoneros o como quien le ordenó a uno de los soldados que tapara dos cuerpos que estaban en las inmediaciones de la calle ubicada en Corro al 105. Uno de los conscriptos lo describió como un sanguinario. Otro incluso relató que le dio una patada a un moisés pensando que tenía una bomba".
 
"En ese afán de mostrarse lejano al tiroteo, Godoy pidió que declarara Adalberto Carlos Russo, que se presenta como fundador de República Unida, un grupo que pide ponerle el cuerpo a la defensa de la Corte Suprema y retuitea mensajes de los halcones de Juntos por el Cambio. La declaración de Russo no tiene desperdicio. El abogado dijo que había conocido a Godoy el día del operativo de la calle Corro y que nunca más lo había vuelto a ver hasta que en junio o julio de 2017 lo encontró por casualidad en el registro del automotor de San Martín."
 
"¿Cómo dice que lo reconoció? Por la voz y por el apellido -que no es demasiado particular-. Allí, según el relato de Russo, le preguntó si era mismo Godoy, el militar que lo había retenido en las calles Yerbal y Cardozo, a metros de la casa donde estaban los cinco oficiales de Montoneros y los integrantes de la familia Mainer -que fueron secuestrados en ese operativo-. La coincidencia fue feliz y ambos supuestamente intercambiaron sus teléfonos celulares. Russo mostró no solo tener una memoria prodigiosa ese día en el registro automotor de San Martín, sino que hizo gala del mismo atributo este jueves ante Rafecas."
 
"El abogado republicano explicó que, por entonces, trabaja en la FIAT Argentina y había quedado supuestamente en encontrarse con un contador para ir a hacer juntos unos trámites. Para eso, debía pasar por donde los militares habían dispuesto un retén. Evidentemente por milagro no solo retuvo el apellido y la voz de Godoy, sino que además recordó con lujo de detalles ese momento que dice haber vivido: dijo que Godoy daba órdenes a un grupo de soldados, que jamás disparó y que alcanzó a ver tanquetas de la Gendarmería y patrulleros de la Policía Federal Argentina."
 
La cuarta y última ventaja que le ven estos republicanos a la boleta única respecto al sistema actual es que supuestamente representa un costo de logística menor para las arcas del Estado. Una vez más, los promotores de la reforma no pudieron presentar datos que den cuenta de ese ahorro eventual, por ejemplo en las provincias donde se aplica un sistema de boleta única desde hace años.
 
Independientemente de la magnitud que podría alcanzar ese ahorro eventual (spoiler: mínima), como dijo Aguerre para concluir su exposición y el plenario de comisiones, "si la democracia cuesta cara hay que pagarla todas las veces que haga falta."
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
La Opinión Popular
 

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