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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona
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Nacionales - 22-05-2022 / 10:05
DETRÁS DE LA REFORMA ELECTORAL ESTÁ LA ANTIPOLÍTICA, CON VÍNCULOS CON EL CAMPO Y LOS REPRESORES, QUE BUSCA TERMINAR CON EL PERONISMO

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única

Peligros y deseos ocultos: por qué la derecha empuja la boleta única
El sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders. Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
El 28 de octubre de 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández presentó su proyecto de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Su característica más destacada era la implementación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que cada partido o frente político dirimiera sus candidaturas. El objetivo era "ordenar" (eufemismo para acotar, disminuir) la oferta electoral. El Senado sancionó la iniciativa, que había pasado con cambios por la cámara de Diputados, el 2 de diciembre, 35 días más tarde.
 
La oposición protestó: el trámite había sido demasiado rápido para una reforma electoral (un tratamiento express) y, por la gravedad del asunto, no era deseable que se hiciera sin acuerdo opositor. Tenían razón las dos veces. Seis elecciones más tarde los efectos y defectos colaterales del sistema son evidentes. El sector político que impulsó las PASO intentó evitarlas a toda costa y cuando tuvo que usarla, provincia de Buenos Aires en 2015, salió mal. Por otra parte, quienes se resistieron en un primer momento, supieron aprovecharlas mucho mejor y construir sobre ellas buenos resultados.
 
Pero los problemas van mucho más allá de eso. En principio: el objetivo con el que fueron diseñadas las primarias no se cumplió. Al contrario, desde que se implementaron por primera vez, en 2011, hasta 2019, la cantidad de partidos que participó de las elecciones en todo el país aumentó de 443 a 642, según advirtió el politólogo especializado en la materia Facundo Cruz en la última entrega de su excelente newsletter La gente vota. La distancia entre que la PASO anticipa el resultado y este se concreta, más de dos meses después, ha sido sustrato para escenarios de alta volatilidad política y económica.
 
Por desgracia, en lugar de adoptar ahora una actitud constructiva que permita discutir la mejor solución a los problemas de origen y de implementación de la normativa vigente para perfeccionar el sistema electoral, la oposición de derecha comete ahora el mismo error y, apoyada en una mayoría contingente, avanza con una reforma a los empujones. En este caso es todavía más grave, porque ni siquiera existe aún un proyecto. Hay cerca de una docena dando vueltas, que difieren en aspectos clave.
 

 
Esta semana se llevaron a cabo las primeras exposiciones de expertos en el marco del plenario de comisiones que discute la iniciativa en la cámara baja. Allí, Cruz destacó que "el sistema actual que administra las elecciones en la Argentina genera confianza", que "la Cámara Nacional Electoral nunca cuestionó una sola elección desde el retorno a la democracia hasta la fecha" y que, detalle no menor, en un país donde el descrédito a las instituciones es profundo y está arraigado y extendido, las elecciones son "una de las instituciones con mejor reconocimiento público".
 
Además, señaló algo que debería ser obvio: "Las reformas políticas se suelen implementar cuando algo está saliendo mal o se quiere mejorar algo". Al respecto, sostuvo que "actualmente no hay evidencia sistemática de que algo esté saliendo mal respecto al instrumento de votación" y advirtió a continuación que "dadas las características de los proyectos presentados es posible que algunas cosas comiencen a salir mal cuando se pongan en marcha". En concreto, dijo, "la implementación de la boleta única puede presentar efectos no esperados en la competencia política, como sucedió con las PASO".
 
A su turno, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la COPPPAL, advirtió sobre el riesgo de avanzar con una reforma sin "un análisis de contexto". En concreto, dijo que "cualquier cambio en la normativa debe ser analizado y discutido basándose en evidencia". Fue una referencia velada a la falta de profundidad de los planteos reformistas. Con menos sutileza, el politólogo Tomás Aguerre dijo que "no alcanza con las sensaciones, lo que nosotros pensamos, lo que potencialmente podría suceder" sino que es necesario "un diagnóstico amplio y bien documentado".
 
Las críticas al sistema de votación utilizado actualmente estuvieron representadas en el plenario por dirigentes políticos (como el exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, o el intendente de Rosario, Pablo Javkin), funcionarias (como la jefa de asesores del gobierno porteño, Julia Pomares) o representantes de ONGs vinculadas a los sectores más intransigentes de la derecha autóctona, como Ser Fiscal, Ficha Limpia, Transparencia Electoral y la Fundación RAP, un think tank que organiza viajes a Estados Unidos para políticos de primera línea de todos los partidos.
 
 
Los cuestionamientos se centraron alrededor de cuatro puntos:
 
1) Que el sistema de boleta única permite mayor transparencia y es menos permeable al fraude que el utilizado desde 1983 hasta ahora.
 
2) Que garantiza la oferta electoral eliminando la posibilidad de que falten boletas de uno o más partidos por robo intencional o limitaciones en la logística de los partidos pequeños.
 
3) Que, adicionalmente, beneficia también a los partidos pequeños porque reduce el peso de la fiscalización.
 
4) Que es un sistema más económico y permitiría un ahorro al Estado.
 
Ninguno de los oradores que expuso a favor de la reforma electoral pudo exhibir datos que ratificaran esos planteos. La falta de un proyecto concreto para discutir les ahorra tener que defenderlo más que a través de generalidades. No es un detalle menor: existe un consenso unánime y basado en evidencia de que el diseño de las papeletas, en los sistemas de boleta única, inciden en el resultado electoral en magnitudes significativas, capaces de volcar el resultado de una elección cerrada. No es lo mismo el sistema que se usa en Córdoba que el de Santa Fe. La oposición aún no tiene claro cuál quiere adoptar.
 
Los cuatro argumentos que justifican la reforma fueron rebatidos de manera contundente durante las exposiciones. "El fraude no es un problema significativo real en las elecciones argentinas", sostuvo el politólogo Santiago Alles, que además dijo que "no es más difícil" cometer fraude con la boleta única que con el sistema actual. Gandulfo recordó que "aún en procesos muy polarizados, como en 2015, cuando Mauricio Macri en un ballotage ganó tan solo por el 2,6 por ciento, nadie cuestionó el resultado" y que "situaciones como esta llevan al abismo a muchos países de la región", donde se usa la boleta única.
 
Existe un hecho indiscutible y es que con este método de votación la Argentina ha garantizado durante cuatro décadas la alternancia partidaria: de Raúl Alfonsín a Carlos Menem, de Menem a De La Rúa, de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri y de Macri a Alberto Fernández. Todos ellos, excepto el líder del PRO, perdieron comicios de medio término siendo oficialismo. De las últimas ocho elecciones, notó Aguerre, cinco las ganó una fuerza opositora, a veces por márgenes muy estrechos, sin que eso pusiera en crisis el sistema. No es inteligente arreglar lo que no está roto.
 
Respecto al robo de boletas, las denuncias mediáticas jamás fueron documentadas ni avanzaron en sede judicial. Por el contrario, el estudio más completo al respecto, hecho por la ONG CIPPEC, insospechada de peronismo, durante las presidenciales de 2015 en el conurbano bonaerense, territorio que muchas veces decide el resultado y sobre el que la oposición vuelca sus peores sospechas de prácticas reñidas con la legalidad en materia electoral, corroboró que el 99 por ciento de las personas que buscaron su boleta en el cuarto oscuro el día de la elección, encontraron la del partido que tenían previsto votar.
 
Los expertos también echaron por tierra los argumentos que giran en torno a una menor necesidad de fiscalización para garantizar la transparencia de los comicios. "La boleta única no va a eliminar la necesidad de contar con fiscales", dijo Cruz, que advirtió que con ese sistema "una marca con birome puede anular un voto". Gandulfo, por su parte, señaló que, en la actualidad, cuando hay votos recurridos la justicia suele fallar a favor de la voluntad del votante, que es unívoca a partir de la elección de una boleta partidaria. Con la boleta única, no va a ser posible distinguir fácilmente cuál fue esa voluntad.
 
Además, agregó Cruz, plantear que esta reforma es "una solución al problema de los fiscales" es "desentenderse de la responsabilidad que le exige el Estado a cada partido político". El politólogo recordó que según la Constitución y las leyes vigentes, "los partidos políticos son garantes, junto con el Estado y el gobierno de turno, de la organización de todos los procesos electorales".
 
No es un asunto menor, porque el rol de los partidos políticos, es decir de las instancias institucionales que articulan las demandas de la sociedad, es el gran debate que está detrás del debate sobre la boleta única.
 
Los promotores de este sistema lo venden como una ventaja: al facilitar la participación electoral de los partidos más pequeños, la boleta única le brinda mayor "libertad" al ciudadano a la hora de elegir.
 
El primer efecto, describe Alles, es que "al reducir la centralidad de los partidos, los votantes se apoyan con mayor frecuencia en las características personales de los candidatos" por lo que "las figuras más conocidas se vuelven más relevantes y la competencia electoral tiende a volverse mucho más personalista", lo que a su vez impacta en los partidos, en un loop descendente.
 
Además, continúa el politólogo: "Algunos diseños de boleta única pueden tener efectos más pronunciados que otros pero todos están asociados a un mayor corte de boleta. Cuando es mayor el corte de boleta, es esperable que el Poder Ejecutivo tenga menos legisladores y por eso sea más difícil adoptar decisiones".
 
La fragmentación del sistema de partidos es funcional al status quo. Gandulfo puso ejemplos: en las últimas elecciones presidenciales en Perú hubo 24 candidatos, en Costa Rica 25 y en Ecuador 16. En todos los casos los ganadores quedaron en minoría y la gobernabilidad pende de un hilo.
 
Otro expositor, el también politólogo Andy Tow, explicó por qué, en sentido contrario, la boleta partidaria tal como se usó siempre "favorece la construcción de coaliciones entre distintos niveles de gobierno" lo que a su vez "fortalece los partidos políticos" y "tiene un rol ordenador de la oferta electoral.
 
Para Tow "El objetivo de convocar a elecciones simultáneas, además de reducir costos y optimizar la logística, es la posibilidad de unir y sumar fuerzas de varios niveles de gobierno mediante una oferta unificada con la razonable expectativa que esa oferta tenga un efecto favorable en la propia".
 
Para Tow, "la boleta única consolida la tendencia a desdoblar elecciones locales a fin de aplicar el sistema de votación que más le convenga a cada distrito, en función de los tiempos que le convengan", lo que "tiene como consecuencia un calendario extenso que fatiga y confunde el electorado, además de alimentar especulaciones sobre los efectos de los sucesivos resultados, incluso cuando no se dirime nada, como es frecuente en las primarias, alargando el proceso electoral y afectando la marcha de la gestión pública en general y de la política económica en especial".
 
En tanto, continúa, "las ofertas electorales multinivel" que propicia la boleta partidaria "fortalecen a los partidos porque conllevan la expectativa de que aquellos que las integran apoyen en sus ámbitos de acción los mismos programas y objetivos, y que las desviaciones e inconductas a estos propósitos sean vistos como afectaciones a la etiqueta partidaria".
 
Es decir, que el sistema tradicional estimula la organicidad y la representación política mientras que la boleta única da cuerda a las aventuras unipersonales, los kioskos y los outsiders.
 
Cabe preguntarse si se trata de un error de cálculo de quienes impulsan la boleta única o si, por el contrario, la fragmentación del sistema de partidos y el debilitamiento de la autoridad política no es uno de los efectos premeditados de la reforma.
 
Llamó la atención, en ese sentido, la exposición del director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, Leandro Querido, que sentenció que "en Argentina el sistema de boleta partidaria ha encontrado límites" y ante la falta de evidencia para sustanciar esa afirmación acudió a una seguidilla de lugares comunes que abrevan en lo más rancio del clasismo.
 
Habló de "robo de boletas" a través de "maquinarias electorales muy aceitadas" que operan "a nivel nacional, provincial y municipal", aunque no pudo dar ejemplos concretos. Para Querido, "quizás una mesa de votación en la comuna 13 de la CABA no es del todo representativa" porque en otras partes "se vota en determinados contextos, en situaciones en algunos casos apremiantes".
 
Es una manera apenas elegante de decir que en el civilizado barrio de Palermo no hay fraude pero en el salvaje interior de la Argentina, gobernador por peronistas, sí.
 
Querido mencionó "denuncias con la circulación de boletas apócrifas que buscan confundir" pero reconoció que "la cámara nacional electoral tuvo que darlas como válidas". Y habló de "todo lo que tiene que ver (sic) con la compra de votos y el voto cadena", que según su criterio "no puede relativizarse" porque "existe", aunque también tuvo que admitir que "este tipo de situaciones quizás son imperceptibles cuando se analiza en conjunto una elección". Es decir, nada. Cero. Solamente sospechas teñidas de prejuicio. Excepto que haya algo más que no pueda decirse en el Congreso.
 
En un artículo publicado en octubre pasado, semanas antes de las elecciones legislativas, en Seúl, el house organ del macrismo recalcitrante, Querido, en confianza con su audiencia, reconoció que "no hay condiciones para un fraude electoral estructural a nivel nacional" y blanqueó su preocupación en las últimas líneas, donde escribió: "Argentina se encuentra entonces en una tensión: entre la seguridad que ostenta su sistema electoral nacional y la presión constante que genera sobre este una cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia."
 
El sistema, entonces, es seguro, y el verdadero problema, al parecer, no es el fraude sino la "cultura autoritaria decidida a debilitar o destruir la competitividad electoral y con ella la alternancia". Curiosamente, esa descripción le cabe al peronismo y no a quienes, como él, intentan reformar a empujones ese sistema que funciona. A la manera de los capítulos viejos de esa obra maestra de William Hannah y Joseph Barbera llamada Scooby Doo, cuando se deja en evidencia al villano de turno, debajo de la máscara siempre aparecen los mismos rostros.
 
El martes que viene continuarán las exposiciones en el plenario y está anotado para participar el titular de la Fundación Ficha Limpia, Gastón Marra. Esa organización, como su nombre lo indica, impulsa una legislación que impida la candidatura de cualquier persona condenada por un tribunal de primera instancia, una fórmula que en Brasil terminó por proscribir a Lula y pavimentó el camino para la llegada de Bolsonaro al poder y que en la Argentina viene ya con nombre de mujer y dos apellidos. Marra fue asesorado personalmente por Marlon Reis, el exjuez que fue autor de la ley brasileña.
 
Antes de preocuparse por los sistemas electorales, Marra (¡sorpresa!) dedicaba su compromiso a la causa rural: en julio de 2020, cuando varios medios y políticos opositores montaron una operación de prensa sobre el supuesto y nunca comprobado vandalismo contra silobolsas y otras propiedades en el campo, el lobbista, presentándose como "empleado oriundo de la localidad de Pehuajó", inició una campaña online para juntar firmas para exigirle al gobierno que "dé a conocer una política clara que ayude a investigar y encontrar a los responsables de este sistemático atropello a la propiedad privada".
 
Marra es socio en la Fundación Ficha Limpia del abogado Adalberto Russo y ambos, a su vez, son miembros del Consejo Consultivo de República Unida, "un grupo de ciudadanos auto convocados para adoptar acciones concretas en defensa de la República y del bienestar general", según definieron en su lanzamiento, en abril del año pasado.
 
Dicen "defender la independencia del Poder Judicial" y convocaron a marchas en apoyo a la Corte Suprema. También denunciaron (¡sorpresa!) que "las medidas por la pandemia" tuvieron el "fin político partidario" de "afectar discrecionalmente libertades individuales".
 
Su socio, Russo, declaró recientemente para favorecer a uno de los acusados por la masacre de la calle Corro, donde fueron asesinados cinco integrantes de Montoneros durante la última dictadura militar. El relató de la periodista especializada en Derechos Humanos, Luciana Bertoia, es tan inverosímil que podría ser gracioso si no fuera trágico. Escribió Bertoia:
 
"Uno de los más interesados en despegarse de los hechos es Héctor Eduardo Godoy, a quienes exconscriptos señalaron como quien le disparó en la cabeza a uno de los cuatro oficiales montoneros o como quien le ordenó a uno de los soldados que tapara dos cuerpos que estaban en las inmediaciones de la calle ubicada en Corro al 105. Uno de los conscriptos lo describió como un sanguinario. Otro incluso relató que le dio una patada a un moisés pensando que tenía una bomba".
 
"En ese afán de mostrarse lejano al tiroteo, Godoy pidió que declarara Adalberto Carlos Russo, que se presenta como fundador de República Unida, un grupo que pide ponerle el cuerpo a la defensa de la Corte Suprema y retuitea mensajes de los halcones de Juntos por el Cambio. La declaración de Russo no tiene desperdicio. El abogado dijo que había conocido a Godoy el día del operativo de la calle Corro y que nunca más lo había vuelto a ver hasta que en junio o julio de 2017 lo encontró por casualidad en el registro del automotor de San Martín."
 
"¿Cómo dice que lo reconoció? Por la voz y por el apellido -que no es demasiado particular-. Allí, según el relato de Russo, le preguntó si era mismo Godoy, el militar que lo había retenido en las calles Yerbal y Cardozo, a metros de la casa donde estaban los cinco oficiales de Montoneros y los integrantes de la familia Mainer -que fueron secuestrados en ese operativo-. La coincidencia fue feliz y ambos supuestamente intercambiaron sus teléfonos celulares. Russo mostró no solo tener una memoria prodigiosa ese día en el registro automotor de San Martín, sino que hizo gala del mismo atributo este jueves ante Rafecas."
 
"El abogado republicano explicó que, por entonces, trabaja en la FIAT Argentina y había quedado supuestamente en encontrarse con un contador para ir a hacer juntos unos trámites. Para eso, debía pasar por donde los militares habían dispuesto un retén. Evidentemente por milagro no solo retuvo el apellido y la voz de Godoy, sino que además recordó con lujo de detalles ese momento que dice haber vivido: dijo que Godoy daba órdenes a un grupo de soldados, que jamás disparó y que alcanzó a ver tanquetas de la Gendarmería y patrulleros de la Policía Federal Argentina."
 
La cuarta y última ventaja que le ven estos republicanos a la boleta única respecto al sistema actual es que supuestamente representa un costo de logística menor para las arcas del Estado. Una vez más, los promotores de la reforma no pudieron presentar datos que den cuenta de ese ahorro eventual, por ejemplo en las provincias donde se aplica un sistema de boleta única desde hace años.
 
Independientemente de la magnitud que podría alcanzar ese ahorro eventual (spoiler: mínima), como dijo Aguerre para concluir su exposición y el plenario de comisiones, "si la democracia cuesta cara hay que pagarla todas las veces que haga falta."
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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15-07-2025 / 08:07
Una vez más, el sistema judicial yanqui avanza como ariete de los fondos buitre contra la soberanía de nuestro país. La jueza Loretta Preska, que es incapaz de distinguir entre países y empresas, rechazó este lunes el pedido del gobierno de Javier Milei para frenar la ejecución de una sentencia que ordena la entrega del 51 por ciento de las acciones de YPF a los especuladores.
 
El fallo responde a una demanda impulsada por los fondos buitre: Burford Capital y Eton Park, quienes no son en realidad los "damnificados" por la expropiación de la petrolera estatal en 2012, sino capitales especulativos que "compraron" el derecho a litigar de los dueños originales. El cipayo Milei les dio la razón a los buitres.
 
La sentencia de Preska, quien durante todo el proceso ha mostrado sus vínculos con los buitres sin tapujo y que no ha tenido la menor consideración sobre el derecho de soberanía argentino, representa un ataque directo a la independencia política, jurídica y económica de nuestro país. Aunque el Gobierno de Milei ya presentó una apelación ante la Cámara del Segundo Circuito y se prepara para llegar, si es necesario, a la Corte Suprema de Estados Unidos, Preska dejó en claro que la presión económica no dará tregua.
 
Su decisión de no suspender el fallo permite avanzar con medidas que, en los hechos, significarían un vaciamiento del control estatal sobre la principal empresa energética del país. Todo esto, en nombre de una exorbitante "compensación" de más de 16 mil millones de dólares por una decisión soberana tomada por el Congreso argentino en 2012 con amplio respaldo legislativo.
 
La defensa argentina argumentó que se trata de un caso excepcional, sin antecedentes jurídicos claros, donde incluso el propio gobierno de Estados Unidos expresó reparos a la interpretación del tribunal. El temor en Washington no es menor: que una jurisprudencia tan agresiva siente un precedente peligroso, que habilite a otros países a embargar activos yanquis en futuros litigios. El fallo de Preska podría volverse un búmeran para el propio imperio que lo impulsa.
 
Además, los representantes legales de la Argentina advirtieron que ejecutar la sentencia implicaría violar la legislación nacional, ya que, según la ley de expropiación aprobada en 2012, las acciones de YPF no pueden transferirse sin una ley del Congreso votada por dos tercios. Preska estaría ordenando al Estado argentino a quebrantar su propio marco legal para cumplir con una orden foránea. Es una intromisión inadmisible en los asuntos internos de un país soberano.
 
A todo esto, se suma el hecho de que los demandantes no demostrarían un perjuicio inmediato si se posterga la ejecución, mientras que la afectación al interés público argentino sería mayúscula: pérdida de control estratégico sobre recursos energéticos, impacto en provincias accionistas y en bonistas internacionales, y la posibilidad de activar cláusulas contractuales perjudiciales para YPF.
 
Es evidente que la sentencia de Preska, lejos de hacer justicia, profundiza una lógica de subordinación colonial a los intereses del capital financiero internacional. En juego no está solo la propiedad de una empresa. Está la soberanía energética, el respeto a las decisiones democráticas y la dignidad de un país frente a tribunales que actúan como garantes del saqueo imperialista.
 
La Opinión Popular
 

14-07-2025 / 08:07
El presidente Javier "el Loco" Milei está preso de que un proyecto sin sustentos y eso quedó más que claro durante la semana que pasó. El entusiasmo mileísta, de a poco, abre paso a la resignación. Ahora resta saber si ese vacío de entusiasmo podrá ser llenado por un nuevo Nosotros.
 
No tiene mayor sentido detenerse en los aspectos técnicos, o de cálculos transeros, acerca de lo sucedido en el Congreso. Sí lo tiene comprender que la presunta aplanadora de las Fuerzas del Cielo comenzó a encontrar algunos límites.
 
Podrá acontecer que algunos favores presidenciales, a algunas provincias y aliados solícitos, alleguen votos para sostener vetos. Podrá ocurrir que nunca faltará un Kueider por acá, un símil por allá, dispuestos al qué pretende usted de mí. Podrán ofertar todas las Banelco de época que se quieran.
 
Pero ya no habría retorno, nodal, de que al Gobierno empezaron a entrarle las balas (propias). A uno no le gusta esa figura, y sobre todo cuando las guerrillas digitales del neofascismo convocan a la violencia. Se acepta por razones de imagen expresiva.
 
Es impactante la sucesión de errores y horrores ejecutivos que cometieron los adolescentes de Casa Rosada, tal vez porque se acumularon en una misma semana.
 
Puede admitirse, cómo no, que el capital de Javier Milei es permanecer como un intransigente disruptivo a toda costa. Pero de ahí a carecer de todo rasgo de inteligencia política, siquiera para tener fusibles que lo amparen, hay mucha distancia.
 
Podría mantener al personaje y dejar que por abajo negocien lo que fuere, a fines de salvar las papas en instancias determinadas. Por ejemplo, para haber evitado una derrota parlamentaria que se transformó -él transformó- en crisis de alcances inciertos.
 
Hubiera bastado con que no se sometiera al papelón de refugiarse en la niebla, para justificar su ausencia en Tucumán. Juntaba dos, tres, cuatro gobernadores, con algún caramelito de liberar fondos básicos, y prácticamente listo.
 
Pero Milei no sabe. No quiere. No entiende nada, porque siente que le sobra con que todo es cuestión de ganar en las redes, de que su hermana se cargue a quien viniere y de que un coro de bufones corporativos lo aplauda sin percibir que da vergüenza ajena.
 
Sin embargo, eso podría llevar a la conclusión de que el Presidente está preso de sí mismo. No. Eso es una mirada psicologista, que antes de válida es insuficiente. Está preso de que lo que encarna no tiene ni pies ni cabeza como proyecto sustentable. Y como incumbe a la Argentina, con su cultura bimonetaria, le saltó la ficha desde las perspectivas con el dólar.
 
El domingo pasado, bajo la pregunta de si se puede sostener el modelo cambiario, Hernán Letcher describe el panorama de los próximos meses con precisión quirúrgica. Comienza por la canchereada de Caputo Toto ("Si creés que está barato, agarrá los pesos y comprá dólares, campeón"). Fue apenas unos días antes de que el mismo Toto, con imagen desvencijada, apareciera de urgencia en uno de los programas de la televisión oficial.
 

13-07-2025 / 11:07
El presidente Javier "el Loco" Milei avanza contra el Congreso nacional y la democracia misma, opera para vaciar las instituciones y amenaza con cerrar el Legislativo si no logra imponer su voluntad; lejos de moderarse, su estrategia es profundizar la confrontación y tensar el sistema hasta forzar una ruptura o afianzarse en el poder absoluto.
 
Nadie podrá decir que no estaba prevenido. Milei avisó en campaña que las convicciones democráticas no eran parte de su repertorio. Una burda lectura del teorema de la imposibilidad de Arrow era la excusa en la que se refugiaba para no decir, con todas las letras, que su anarcocapitalismo ideal requiere de otras formas de gobierno, menos sensibles a las necesidades de las mayorías.
 
Para el presidente, el Poder Legislativo es un objetivo estratégico desde el primer día. Pero no a partir de la búsqueda de construcción de consensos para consolidar sus decisiones ejecutivas sino como un obstáculo a su poder que debía ser corrido o anulado. Esa escalada recrudeció este jueves, luego de sufrir una histórica paliza en el Senado, pero no es nueva, ni es casual, ni está fuera de libreto.
 
El 10 de diciembre de 2023 Milei asumió su cargo de espaldas al Congreso, rompiendo la tradición centenaria de inaugurar el mandato con una asamblea legislativa. Todavía era el presidente que venía a prender fuego el Banco Central y terminar con la casta. Hoy la imagen es muy distinta: el Central mantiene el dólar planchado y la casta finge demencia y se enriquece en medio de la destrucción.
 
Días más tarde anunciaba el DNU 70/23, con el que se adjudicó facultades legislativas en un espectro muy amplio, usurpando, de facto, el rol del Congreso. La ley de Bases, en tanto, con cientos de artículos, se trató en despachos exprés de sólo cuatro comisiones y, en el recinto, se votó por bloques para evitar que se cayeran los aspectos más escandalosos de la letra chica.
 
Durante el tratamiento de esa ley, que duró varios meses, Milei trató de ratas y de corruptos a los diputados y senadores mientras era el oficialismo el que cambiaba el sentido de algunos votos clave a partir de mecanismos nunca aclarados. Uno de ellos, el senador Eduardo Kueider, está detenido en Paraguay desde el año pasado. Lo encontraron tratando de cruzar la frontera con 200 mil dólares.
 
Cuando los aprietes y la corrupción no alcanzaban para frenar iniciativas contrarias a los intereses del gobierno, el presidente recurrió al veto. Para sostenerlo necesita un tercio de los votos en una de los dos cámaras. En el Senado siempre estuvo lejos. En la cámara baja pudo reunir 87 "héroes", con aliados radicales, del PRO y de algunas provincias, que le permitieron imponerse. Lo celebraron con un gran asado.
 
Esa pólvora está mojada. En la Casa Rosada admiten que no pueden garantizar el tercio que blinda las decisiones de Milei. Por eso recurren a otro recurso: bloquear el funcionamiento del Congreso, incluso mediante la violencia. Clausuran las comisiones para evitar dictámenes en proyectos que no quieren tratar e intentan levantar las sesiones por escándalo (esto es literal) para ahorrarse derrotas. Era una táctica con patas cortas. 
 

12-07-2025 / 09:07
Desde el "no fui por la neblina" de Javier "el Loco" Milei, hasta el hurto de fusibles del tablero del Senado, más tuiteros rentados, empleados por el gobierno, pidiendo que "saquen los tanques a la calle" y que "dinamiten el Congreso", todo fue mugriento y tosco. Fantino y JP Morgan empezaron la escalada que aisló al gobierno en sus limitaciones y vilezas destinadas a ahogar a las provincias, saquear a los jubilados y abandonar a enfermos, discapacitados y a víctimas de la tragedia de Bahía Blanca.
 
El desquiciado Milei decidió no concurrir al acto central por el 9 de Julio en Tucumán cuando se enteró que no irían los gobernadores. Pero como no podía confesarlo, dijo que no iba por la neblina. Hizo un día espectacular y para que se notara más, la vicepresidenta se tomó un avión y llegó con pleno sol.
 
Victoria Villarruel puso en evidencia a Milei -quien la considera una "traidora"- y puso en un aprieto al ubicuo gobernador tucumano, Osvaldo Jaldo, interesado en reclamar lo que incumplió el gobierno nacional, pero poco dispuesto a intervenir en la interna entre el presidente y su vice.
 
Lejos quedó la imagen de la doble fila de gobernadores serviciales que recibió a Milei en la Casa Histórica de Tucumán el año pasado. Le votaron poderes especiales, una inconstitucional ley bases y el RIGI que entrega riquezas. A cambio recibieron promesas de financiamientos e inversiones que nunca llegaron.
 
La rebelión de los gobernadores un año después de aquel acto de sumisión demostró la explosión de la crisis en sus provincias con descalabros en las economías regionales, en las rutas, la educación o la seguridad. Pero también fue un indicio de que las expectativas de la sociedad en el gobierno se redujeron con respecto al 2024.
 
Tras ganar las elecciones, las expectativas de la sociedad en el gobierno de Milei crecieron más que los votos con los que había ganado. Los gobernadores miden esos climas y por eso se sumaron al circo del año pasado. Ahora le dijeron que sin ellos no puede ganar porque esas ilusiones están a la baja.
 
Pero, horror, los gobernadores radicales y del PRO iban a coincidir con sus colegas del kirchnerismo, que resistieron desde el primer día el saqueo a los jubilados y la crueldad de desfinanciar el sistema de atención a la discapacidad o abandonar a las víctimas de tragedias como la de Bahía Blanca.
 
El acuerdo era dar quórum para iniciar la sesión. Los senadores kirchneristas informaron que además de la devolución de los ATN y de lo que les corresponde del impuesto a las naftas, iban a plantear el aumento a los jubilados, la declaración de emergencia en discapacidad y el rechazo del veto presidencial a la asistencia de las víctimas en Bahía Blanca. La noche previa, los gobernadores radicales y los del PRO dijeron que solamente aprobarían la devolución de los fondos a las provincias.
 
Como los puntos que le interesaban a estos gobernadores quedaron al final de la agenda porque serían tratados sobre tablas, sin pasar por comisión, los senadores que les respondían se quedaron hasta el final y algunos de ellos, incluso, votaron junto al kirchnerismo los temas sobre Bahía Blanca, jubilaciones y discapacidad. Este gobierno jugó al borde del precipicio desde que asumió. Zafó al principio con una devaluación que demolió salarios, después con un blanqueo exitoso y luego con la ayuda esclavizante del FMI. 
 

11-07-2025 / 09:07
Por paliza, Javier "el Loco" Milei sufrió una seguidilla de derrotas en el Congreso. Pese a las amenazas y las operaciones sucias, el Senado convirtió en ley por unanimidad el aumento a las jubilaciones y la emergencia en discapacidad y por amplia mayoría la moratoria previsional. Además, rechazó el veto al Fondo para Bahía Blanca, defendió las acciones de YPF y votó los proyectos impulsados por los gobernadores. Los oficialistas abandonaron la sesión y el Presidente, acorralado, ya adelantó que vetará las leyes sancionadas, en una nueva muestra de su autoritarismo y de su fanatismo con el ajuste fiscal a costa del hambre de los jubilados y la motosierra contra los sectores más vulnerables.
 
Enemistado con casi todos los espacios (en las últimas semanas se sumaron los gobernadores), Milei sufrió una derrota tras otra y su gobierno vivió una jornada negra en el Senado. El aumento para los jubilados y la emergencia en discapacidad se aprobaron por unanimidad. La moratoria, con amplia mayoría. Los mandatarios provinciales lograron darle media sanción a la modificación en el reparto de los ATN y en la coparticipación el Impuesto a los Combustibles.
 
La primera de las leyes aprobadas (contaba ya con media sanción en Diputados) fue el aumento de las jubilaciones y del bono para quienes cobran un haber mínimo, que está congelado en $70 mil desde marzo del 2024. De esta manera, la jubilación mínima pasa de $309 mil a $331 mil, y el bono escala a $110 mil. El aval del dictamen contó con 42 votos a favor, 17 en contra y tres abstenciones, mientras que para su aprobación final sumó 52 votos a favor y 4 abstenciones.
 
De acuerdo con el Gobierno, este proyecto rompe el equilibrio fiscal. Sin embargo, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto durante este año será de 0,37% del PBI y en 2026 del 0,71%, número inferior al 0,41% que representó la baja de Bienes Personales a los más ricos. Además, la nueva norma prevé cubrir el impacto fiscal mediante la eliminación de exenciones impositivas, la reasignación de partidas de la SIDE, y utilización de recursos provenientes de registros automotores.
 
La segunda de las leyes que aprobó el Senado es el retorno de la moratoria previsional, con 39 votos afirmativos, 14 negativos y una abstención. De esta forma, se restablece el mecanismo, que venció en marzo de este año, que permite el acceso a una jubilación para quienes no alcanzaron los 30 años de aportes. En tercer lugar, el Senado convirtió en ley por unanimidad la declaración de emergencia para la discapacidad. La propuesta establece la emergencia para el sector hasta diciembre del 2027, que garantiza partidas presupuestarias para incrementar el pago a los prestadores de servicios y saldar la deuda para enfermeros, acompañantes y transportistas. En simultáneo a su tratamiento, diferentes agrupaciones movilizaron al Congreso para presionar su aprobación.
 
Por otra parte, el Senado rechazó por unanimidad el veto de Milei a una ley que creaba un fondo de $200 millones para la restauración de Bahía Blanca tras la trágica inundación de marzo. Ahora dependerá de la Cámara de Diputados, que en su momento dio media sanción a la ley con 153 votos a favor y la única oposición de LLA. Otra de las derrotas del Gobierno fue la media sanción a los proyectos presentados por los 24 gobernadores, que plantean un nuevo reparto a las provincias de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles.
 
La Opinión Popular
 

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