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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 22-05-2022 / 09:05
EL CENSO, LOS DATOS, LOS AVANCES, LOS DEBERES, EL CONTEXTO

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los “populistas”. “Populistas” definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que “se creen con derecho” a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos. Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria. Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía tembleque, deuda externa record. Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus líderes reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales. Elisa Carrió, esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
Según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no es capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. La consideran una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la supuesta base de todo el progreso social.
 
Para los defensores de esta corriente, el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social. Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional-populares. 
 

 
PRIMERAS MEDICIONES, CRITICAS DESMEDIDAS, NOVEDADES Y POLÉMICAS
 
El Censo, los datos, los avances, los deberes, el contexto
 
Se trata de una política de Estado, tan reclamadas de boca para afuera y tan menoscabadas cuando se llevan a la práctica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad: sus datos sobre el Índice de Precios al Consumidor se repiten y propagan mes a mes sin reproches ni sospechas. "Nadie" los pone en tela de juicio. Consultoras privadas o dependientes de centros académicos hacen sus propios cálculos pero reconocen la primacía de la labor del Instituto.
 
Quedó atrás la peor política pública del kirchnerismo que fue la manipulación de los datos y la erosión de la confianza en un ente público estatal. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reconoció implícitamente durante su discurso en Resistencia al aludir a oscilaciones de la inflación en su segundo mandato, remitiéndose a cifras ajenas a la gestión del exsecretario Guillermo Moreno.
 
En ese contexto llueven diatribas sobre el Censo 2022. Bienvenidas las polémicas y los debates que suscitarán las cifras definitivas, su sistematización y las conclusiones. Los especialistas cruzarán pareceres, en buena hora. Todo esto asumido, las embestidas contra el Censo ostentan el color y los tonos de época. Demasiada furia, demasiado simplismo, indignación e ignorancia, combinadas en dosis altas.
 
Un Censo ¡cada diez años! motiva un feriado. Los militantes "anti infectadura" recogen el guante y denuncian algo parecido a una recesión dictatorial de 24 horas. Too much.
 
El Censo digital fue instrumentado por millones de argentinos. Breve y amigable, a ojo de buen cubero (quien les habla), dispensó a los ciudadanos de tener que evacuar consultas prolongadas.
 
La magnitud del Censo, la dimensión nacional, alude a tareas solo realizables por el Estado. El peso de la presencialidad realza una característica de la época, subrayada y resignificada tras la tragedia sanitaria.
 
Sin disfrazarse de todólogo, este cronista entiende que el Censo cumplió su primer objetivo: enlaza continuidad de políticas públicas. Añadió o mejoró preguntas sobre autopercepción, haciéndose cargo de movilizaciones y demandas de derechos, también de conquistas.
 
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Reseña veloz: 
  
Los censos anteriores más cercanos se sucedieron en 1980, 1990, 2001,2010. Escenarios diversos de la realidad argentina. Cambia, mucho cambia en el transcurso de cualquier década.
 
En 1980 se insinuaba el ocaso de la dictadura acentuado por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año anterior. Familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, con coraje colosal, reclamaban por la inclusión de detenidos desaparecidos en los padrones.
 
En 1990 convivían los pininos de la recuperación democrática con las frustraciones económicas de la "década perdida" (en esa otra faceta, se resalta). El neoconservadurismo venía arrasando, el socialismo real agonizaba. No era sencillo captar la magnitud de las mutaciones en ciernes.
 
El Censo 2001 arribó un año tarde. Sucedió entre las elecciones del voto bronca (letales para el oficialismo) y el estallido de diciembre. Estuvo a un tris de no hacerse. Huelgas docentes y de empleados públicos en casi todas las provincias amenazaban dejar sin personal al Censo. El Gobierno nacional temía carecer de plata para comprar los insumos necesarios, básicamente papelería y lápices (porque se usan lápices...). Se llegó con la lengua afuera.
 
La memoria del censo 2010 se eclipsa y ensombrece por el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner. La jornada tranqui, devino dolorosa, única. Activa para cientos de miles de argentinos que en todo el territorio patrio comenzaron a movilizarse para despedir agradecidos a ese mandatario que no conocían siete años antes.
 
El 2010 fue un año de crecimiento, de la jubilosa celebración popular del Bicentenario, de la visita de líderes políticos de la región que caminaron como si tal cosa por las calles porteñas. Un momento alto del kirchnerismo, combinado con la pérdida irreparable. Otro país, otro mapa político regional, otra estabilidad democrática, otra forma de vida, otros niveles de consumo... "Veinte años no es nada" predica sin convencer un tangazo. Doce años ¿es mucho o es poco?
 
Otra pregunta, abierta. ¿Qué y cuánto estará cambiando en la contingencia sin que nos estemos dando cuenta?
 
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47.327.407: 
  
El número preciso, transitorio, se reiteró en los medios tradicionales y en las redes sociales. Quizás haya sido timbeado de lo lindo en la quiniela.
 
El primer saldo, se acepta, es provisorio. Cambiará en cuestión de días cuando se agreguen mediciones pendientes de las que se encargarán 18.000 personas. De cualquier modo, arroja indicios. La población creció por encima de las proyecciones imaginadas, subió la expectativa de vida. Buenas nuevas.
 
Hará falta combinar datos duros e intérpretes agudos para procesar cuánto impactaron las víctimas fatales de la pandemia y cuánto ayudaron a (literalmente) sobrevivir las políticas sanitarias, las campañas de vacunación. Y muy especialmente, el efecto mitigador de la solidaridad popular y de las tareas de cuidado emprendidas por tantas argentinas y argentinos de a pie. Un registro así no cabe en planillas de cálculo pero ayudaría a "leer" mejor los comportamientos de la sociedad civil.
 
El ojímetro costumbrista interpreta que no hay éxodos masivos de población tal como sanatean la prensa dominante y la dirigencia opositora que le hace eco. Cuando decante la data, cuando se labure con minucia, se sabrá mejor.
 
Más mujeres que hombres en la Argentina.
 
Con más habitantes respecto de las estimaciones, las autoridades y los estudiosos deberán recalcular el PBI per cápita o la proporción de personas vacunadas entre decenas de variables Random.
 
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Autopercepción, discriminaciones, intolerancias: 
  
Las preguntas sobre autopercepción motivaron reacciones variadas, propias de una sociedad plural y diversa.
 
Los aportes recogen reclamos, sugerencias, reivindicaciones de minorías activas. Por inclinación profesional es factible que los expertos que diseñan las preguntas sean refractarios a agregar muchas de este tipo (va un ejemplo posible en el apartado siguiente).
 
Reconocer en un registro público la existencia de comunidades invisibilizadas y sometidas a través de la historia constituye un avance, un paso en el reconocimiento de derechos. Lo que vale para los pueblos originarios y los afrodescendientes.
 
Las preguntas referidas a autorreconocimiento étnico de pueblos originarios se universalizaron respecto del censo previo que las focalizaba. Un progreso cuanti y cualitativo.
 
Por primera vez se preguntó si la persona censada no se identifica con ninguno de los dos géneros y en especial con el que le fue asignado al nacer. Totalizaron 56.793. Un 0,12 por ciento del total. 
 
Los reflejos discriminadores motivaron propuestas delirantes: poner fin a las políticas contra las diferencias de género o hasta suprimir el lenguaje inclusivo. Traducción: los intolerantes decidieron que las personas no binarias o que no se identificaron como varón o mujer son pocos y desdeñables...
 
Se desconoce el parámetro que utilizaron, se sabe que no es sencillo autoidentificarse y estamparlo en un documento público aunque se proclame que es secreto... En fin.
 
Ya que estamos, muchos de quienes ningunean la supuestamente escasa cantidad de esta población, pusieron el grito en el cielo contra el tributo impuesto por única vez a magnates con grandes fortunas. Fueron menos de 15.000, los consideraban una minoría avasallada y necesitada de protección. No es la matemática, más vale... es la ideología.
 
Contabilizar es otra forma de reconocer, un paso hasta la inclusión... se aceptan divergencias, a condición de que respeten al otro.
 
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La religión, sin interrogantes: 
 
Ultra pertinente y enriquecedora, esa sí, la controversia acerca de la necesidad o pertinencia de más preguntas sobre opciones personales. Por ejemplo, la última vez que se preguntó en un censo sobre la adscripción religiosa fue en 1960. Antes había sido en 1947 cuando el porcentaje de católicos superaba el 90 por ciento.
 
Para el Censo actual integrantes del Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL- CONICET ) dialogaron con autoridades del gobierno anterior y del actual. Proponían insertar dos preguntas. "¿cree en Dios?" y (en su caso) "¿Cuál es su religión?". Las consideran valiosas para conocer la riqueza y diversidad del país, para proyectar políticas públicas de salud y educativas entre otras.
 
La idea se desechó, tal vez porque encarecía el Censo.
 
El tema interesa especialmente a grupos religiosos no católicos. A las iglesias evangélicas les importa que se vea reflejado el aumento del número de sus fieles, ascendente desde la década del 80. Por motivos simétricos la Jerarquía de la Iglesia Católica es refractaria al conteo. Su poder de lobby jamás es desdeñable.
 
Los cultos africanistas se interesaron también en que su existencia consiguiera registro oficial. La búsqueda de visibilización, una constante en la lucha para el reconocimiento de derechos.
 
El ejemplo es una muestra, hay otros.
 
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Agrandar la Cámara, respetar la Constitución: 
  
La Constitución impone adecuar el número de diputados nacionales de cada distrito después de cada Censo. Acontece a menudo que ciertas obligaciones constitucionales se traduzcan como expresiones de deseos, no imperativas. El juicio por jurados, la participación obrera en las ganancias de las empresas, otros preceptos del artículo 14 bis, nutridos etcéteras.
 
La cantidad de diputados no varía desde 1983. Como debe ser proporcional a la población hay distritos especialmente damnificados. Se recomienda una nota de María Cafferata publicada el jueves en este diario. Buenos Aires es la provincia más desajustada, para abajo. El politólogo Diego Reynoso calculó cuántos diputados "faltarían" en base al censo de 2010. Son 70 hoy en día, deberían trepar a 100. Se aconseja su cuenta de Twitter (@dgreynoso) para más referencias. Córdoba y Santa Fe tendrían que tener más bancas. La representación de la CABA es, en cambio, excesiva.
 
La imprescindible ley tendría que respetar un piso mínimo de representantes en la Cámara Baja para las provincias menos pobladas, opinamos que no inferior al actual.
 
Una reforma de ese calibre exige acuerdos interprovinciales, finura en la legislación, cautela para corregir. Pero, más que nada, precisa apego a la ley y respeto al derecho de los votantes.
 
La igualdad entre los distritos se refleja en la Cámara de Senadores con tres bancas para cada una de las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor equitativo del voto de cada ciudadano tiene que expresarse en la Cámara Baja en la que está representado el pueblo.
 
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Derecha y "populismos": 
  
Llevar la cuenta ayuda a comprender, desechar prejuicios, programar, proyectar. Desde luego es imprescindible saber que los cambios se asientan en una comunidad con historia, tradiciones, estructuras.
 
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos.
 
Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria, por decirlo con un eufemismo.
 
Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía trémula, deuda externa record.
 
Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus adalides reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales.
 
La exdiputada Elisa Carrió, en esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
En un texto reciente y sugestivo ("Democracia como emancipación. Miradas contrahegemónicas") los politólogos Luis Felipe Miguel y Gabriel Eduardo Vitullo describen: "según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no resulta capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. Se trataría de una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la base de todo el progreso social. Para los defensores de esta corriente el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social".
 
Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional populares. Estas historias continuarán.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

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