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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 22-05-2022 / 09:05
EL CENSO, LOS DATOS, LOS AVANCES, LOS DEBERES, EL CONTEXTO

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los “populistas”. “Populistas” definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que “se creen con derecho” a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos. Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria. Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía tembleque, deuda externa record. Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus líderes reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales. Elisa Carrió, esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
Según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no es capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. La consideran una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la supuesta base de todo el progreso social.
 
Para los defensores de esta corriente, el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social. Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional-populares. 
 

 
PRIMERAS MEDICIONES, CRITICAS DESMEDIDAS, NOVEDADES Y POLÉMICAS
 
El Censo, los datos, los avances, los deberes, el contexto
 
Se trata de una política de Estado, tan reclamadas de boca para afuera y tan menoscabadas cuando se llevan a la práctica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad: sus datos sobre el Índice de Precios al Consumidor se repiten y propagan mes a mes sin reproches ni sospechas. "Nadie" los pone en tela de juicio. Consultoras privadas o dependientes de centros académicos hacen sus propios cálculos pero reconocen la primacía de la labor del Instituto.
 
Quedó atrás la peor política pública del kirchnerismo que fue la manipulación de los datos y la erosión de la confianza en un ente público estatal. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reconoció implícitamente durante su discurso en Resistencia al aludir a oscilaciones de la inflación en su segundo mandato, remitiéndose a cifras ajenas a la gestión del exsecretario Guillermo Moreno.
 
En ese contexto llueven diatribas sobre el Censo 2022. Bienvenidas las polémicas y los debates que suscitarán las cifras definitivas, su sistematización y las conclusiones. Los especialistas cruzarán pareceres, en buena hora. Todo esto asumido, las embestidas contra el Censo ostentan el color y los tonos de época. Demasiada furia, demasiado simplismo, indignación e ignorancia, combinadas en dosis altas.
 
Un Censo ¡cada diez años! motiva un feriado. Los militantes "anti infectadura" recogen el guante y denuncian algo parecido a una recesión dictatorial de 24 horas. Too much.
 
El Censo digital fue instrumentado por millones de argentinos. Breve y amigable, a ojo de buen cubero (quien les habla), dispensó a los ciudadanos de tener que evacuar consultas prolongadas.
 
La magnitud del Censo, la dimensión nacional, alude a tareas solo realizables por el Estado. El peso de la presencialidad realza una característica de la época, subrayada y resignificada tras la tragedia sanitaria.
 
Sin disfrazarse de todólogo, este cronista entiende que el Censo cumplió su primer objetivo: enlaza continuidad de políticas públicas. Añadió o mejoró preguntas sobre autopercepción, haciéndose cargo de movilizaciones y demandas de derechos, también de conquistas.
 
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Reseña veloz: 
  
Los censos anteriores más cercanos se sucedieron en 1980, 1990, 2001,2010. Escenarios diversos de la realidad argentina. Cambia, mucho cambia en el transcurso de cualquier década.
 
En 1980 se insinuaba el ocaso de la dictadura acentuado por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año anterior. Familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, con coraje colosal, reclamaban por la inclusión de detenidos desaparecidos en los padrones.
 
En 1990 convivían los pininos de la recuperación democrática con las frustraciones económicas de la "década perdida" (en esa otra faceta, se resalta). El neoconservadurismo venía arrasando, el socialismo real agonizaba. No era sencillo captar la magnitud de las mutaciones en ciernes.
 
El Censo 2001 arribó un año tarde. Sucedió entre las elecciones del voto bronca (letales para el oficialismo) y el estallido de diciembre. Estuvo a un tris de no hacerse. Huelgas docentes y de empleados públicos en casi todas las provincias amenazaban dejar sin personal al Censo. El Gobierno nacional temía carecer de plata para comprar los insumos necesarios, básicamente papelería y lápices (porque se usan lápices...). Se llegó con la lengua afuera.
 
La memoria del censo 2010 se eclipsa y ensombrece por el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner. La jornada tranqui, devino dolorosa, única. Activa para cientos de miles de argentinos que en todo el territorio patrio comenzaron a movilizarse para despedir agradecidos a ese mandatario que no conocían siete años antes.
 
El 2010 fue un año de crecimiento, de la jubilosa celebración popular del Bicentenario, de la visita de líderes políticos de la región que caminaron como si tal cosa por las calles porteñas. Un momento alto del kirchnerismo, combinado con la pérdida irreparable. Otro país, otro mapa político regional, otra estabilidad democrática, otra forma de vida, otros niveles de consumo... "Veinte años no es nada" predica sin convencer un tangazo. Doce años ¿es mucho o es poco?
 
Otra pregunta, abierta. ¿Qué y cuánto estará cambiando en la contingencia sin que nos estemos dando cuenta?
 
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47.327.407: 
  
El número preciso, transitorio, se reiteró en los medios tradicionales y en las redes sociales. Quizás haya sido timbeado de lo lindo en la quiniela.
 
El primer saldo, se acepta, es provisorio. Cambiará en cuestión de días cuando se agreguen mediciones pendientes de las que se encargarán 18.000 personas. De cualquier modo, arroja indicios. La población creció por encima de las proyecciones imaginadas, subió la expectativa de vida. Buenas nuevas.
 
Hará falta combinar datos duros e intérpretes agudos para procesar cuánto impactaron las víctimas fatales de la pandemia y cuánto ayudaron a (literalmente) sobrevivir las políticas sanitarias, las campañas de vacunación. Y muy especialmente, el efecto mitigador de la solidaridad popular y de las tareas de cuidado emprendidas por tantas argentinas y argentinos de a pie. Un registro así no cabe en planillas de cálculo pero ayudaría a "leer" mejor los comportamientos de la sociedad civil.
 
El ojímetro costumbrista interpreta que no hay éxodos masivos de población tal como sanatean la prensa dominante y la dirigencia opositora que le hace eco. Cuando decante la data, cuando se labure con minucia, se sabrá mejor.
 
Más mujeres que hombres en la Argentina.
 
Con más habitantes respecto de las estimaciones, las autoridades y los estudiosos deberán recalcular el PBI per cápita o la proporción de personas vacunadas entre decenas de variables Random.
 
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Autopercepción, discriminaciones, intolerancias: 
  
Las preguntas sobre autopercepción motivaron reacciones variadas, propias de una sociedad plural y diversa.
 
Los aportes recogen reclamos, sugerencias, reivindicaciones de minorías activas. Por inclinación profesional es factible que los expertos que diseñan las preguntas sean refractarios a agregar muchas de este tipo (va un ejemplo posible en el apartado siguiente).
 
Reconocer en un registro público la existencia de comunidades invisibilizadas y sometidas a través de la historia constituye un avance, un paso en el reconocimiento de derechos. Lo que vale para los pueblos originarios y los afrodescendientes.
 
Las preguntas referidas a autorreconocimiento étnico de pueblos originarios se universalizaron respecto del censo previo que las focalizaba. Un progreso cuanti y cualitativo.
 
Por primera vez se preguntó si la persona censada no se identifica con ninguno de los dos géneros y en especial con el que le fue asignado al nacer. Totalizaron 56.793. Un 0,12 por ciento del total. 
 
Los reflejos discriminadores motivaron propuestas delirantes: poner fin a las políticas contra las diferencias de género o hasta suprimir el lenguaje inclusivo. Traducción: los intolerantes decidieron que las personas no binarias o que no se identificaron como varón o mujer son pocos y desdeñables...
 
Se desconoce el parámetro que utilizaron, se sabe que no es sencillo autoidentificarse y estamparlo en un documento público aunque se proclame que es secreto... En fin.
 
Ya que estamos, muchos de quienes ningunean la supuestamente escasa cantidad de esta población, pusieron el grito en el cielo contra el tributo impuesto por única vez a magnates con grandes fortunas. Fueron menos de 15.000, los consideraban una minoría avasallada y necesitada de protección. No es la matemática, más vale... es la ideología.
 
Contabilizar es otra forma de reconocer, un paso hasta la inclusión... se aceptan divergencias, a condición de que respeten al otro.
 
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La religión, sin interrogantes: 
 
Ultra pertinente y enriquecedora, esa sí, la controversia acerca de la necesidad o pertinencia de más preguntas sobre opciones personales. Por ejemplo, la última vez que se preguntó en un censo sobre la adscripción religiosa fue en 1960. Antes había sido en 1947 cuando el porcentaje de católicos superaba el 90 por ciento.
 
Para el Censo actual integrantes del Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL- CONICET ) dialogaron con autoridades del gobierno anterior y del actual. Proponían insertar dos preguntas. "¿cree en Dios?" y (en su caso) "¿Cuál es su religión?". Las consideran valiosas para conocer la riqueza y diversidad del país, para proyectar políticas públicas de salud y educativas entre otras.
 
La idea se desechó, tal vez porque encarecía el Censo.
 
El tema interesa especialmente a grupos religiosos no católicos. A las iglesias evangélicas les importa que se vea reflejado el aumento del número de sus fieles, ascendente desde la década del 80. Por motivos simétricos la Jerarquía de la Iglesia Católica es refractaria al conteo. Su poder de lobby jamás es desdeñable.
 
Los cultos africanistas se interesaron también en que su existencia consiguiera registro oficial. La búsqueda de visibilización, una constante en la lucha para el reconocimiento de derechos.
 
El ejemplo es una muestra, hay otros.
 
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Agrandar la Cámara, respetar la Constitución: 
  
La Constitución impone adecuar el número de diputados nacionales de cada distrito después de cada Censo. Acontece a menudo que ciertas obligaciones constitucionales se traduzcan como expresiones de deseos, no imperativas. El juicio por jurados, la participación obrera en las ganancias de las empresas, otros preceptos del artículo 14 bis, nutridos etcéteras.
 
La cantidad de diputados no varía desde 1983. Como debe ser proporcional a la población hay distritos especialmente damnificados. Se recomienda una nota de María Cafferata publicada el jueves en este diario. Buenos Aires es la provincia más desajustada, para abajo. El politólogo Diego Reynoso calculó cuántos diputados "faltarían" en base al censo de 2010. Son 70 hoy en día, deberían trepar a 100. Se aconseja su cuenta de Twitter (@dgreynoso) para más referencias. Córdoba y Santa Fe tendrían que tener más bancas. La representación de la CABA es, en cambio, excesiva.
 
La imprescindible ley tendría que respetar un piso mínimo de representantes en la Cámara Baja para las provincias menos pobladas, opinamos que no inferior al actual.
 
Una reforma de ese calibre exige acuerdos interprovinciales, finura en la legislación, cautela para corregir. Pero, más que nada, precisa apego a la ley y respeto al derecho de los votantes.
 
La igualdad entre los distritos se refleja en la Cámara de Senadores con tres bancas para cada una de las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor equitativo del voto de cada ciudadano tiene que expresarse en la Cámara Baja en la que está representado el pueblo.
 
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Derecha y "populismos": 
  
Llevar la cuenta ayuda a comprender, desechar prejuicios, programar, proyectar. Desde luego es imprescindible saber que los cambios se asientan en una comunidad con historia, tradiciones, estructuras.
 
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos.
 
Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria, por decirlo con un eufemismo.
 
Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía trémula, deuda externa record.
 
Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus adalides reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales.
 
La exdiputada Elisa Carrió, en esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
En un texto reciente y sugestivo ("Democracia como emancipación. Miradas contrahegemónicas") los politólogos Luis Felipe Miguel y Gabriel Eduardo Vitullo describen: "según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no resulta capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. Se trataría de una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la base de todo el progreso social. Para los defensores de esta corriente el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social".
 
Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional populares. Estas historias continuarán.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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