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“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Nacionales - 22-05-2022 / 09:05
EL CENSO, LOS DATOS, LOS AVANCES, LOS DEBERES, EL CONTEXTO

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los “populistas”. “Populistas” definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que “se creen con derecho” a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos. Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria. Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía tembleque, deuda externa record. Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus líderes reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales. Elisa Carrió, esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
Según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no es capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. La consideran una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la supuesta base de todo el progreso social.
 
Para los defensores de esta corriente, el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social. Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional-populares. 
 

 
PRIMERAS MEDICIONES, CRITICAS DESMEDIDAS, NOVEDADES Y POLÉMICAS
 
El Censo, los datos, los avances, los deberes, el contexto
 
Se trata de una política de Estado, tan reclamadas de boca para afuera y tan menoscabadas cuando se llevan a la práctica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad: sus datos sobre el Índice de Precios al Consumidor se repiten y propagan mes a mes sin reproches ni sospechas. "Nadie" los pone en tela de juicio. Consultoras privadas o dependientes de centros académicos hacen sus propios cálculos pero reconocen la primacía de la labor del Instituto.
 
Quedó atrás la peor política pública del kirchnerismo que fue la manipulación de los datos y la erosión de la confianza en un ente público estatal. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reconoció implícitamente durante su discurso en Resistencia al aludir a oscilaciones de la inflación en su segundo mandato, remitiéndose a cifras ajenas a la gestión del exsecretario Guillermo Moreno.
 
En ese contexto llueven diatribas sobre el Censo 2022. Bienvenidas las polémicas y los debates que suscitarán las cifras definitivas, su sistematización y las conclusiones. Los especialistas cruzarán pareceres, en buena hora. Todo esto asumido, las embestidas contra el Censo ostentan el color y los tonos de época. Demasiada furia, demasiado simplismo, indignación e ignorancia, combinadas en dosis altas.
 
Un Censo ¡cada diez años! motiva un feriado. Los militantes "anti infectadura" recogen el guante y denuncian algo parecido a una recesión dictatorial de 24 horas. Too much.
 
El Censo digital fue instrumentado por millones de argentinos. Breve y amigable, a ojo de buen cubero (quien les habla), dispensó a los ciudadanos de tener que evacuar consultas prolongadas.
 
La magnitud del Censo, la dimensión nacional, alude a tareas solo realizables por el Estado. El peso de la presencialidad realza una característica de la época, subrayada y resignificada tras la tragedia sanitaria.
 
Sin disfrazarse de todólogo, este cronista entiende que el Censo cumplió su primer objetivo: enlaza continuidad de políticas públicas. Añadió o mejoró preguntas sobre autopercepción, haciéndose cargo de movilizaciones y demandas de derechos, también de conquistas.
 
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Reseña veloz: 
  
Los censos anteriores más cercanos se sucedieron en 1980, 1990, 2001,2010. Escenarios diversos de la realidad argentina. Cambia, mucho cambia en el transcurso de cualquier década.
 
En 1980 se insinuaba el ocaso de la dictadura acentuado por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año anterior. Familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, con coraje colosal, reclamaban por la inclusión de detenidos desaparecidos en los padrones.
 
En 1990 convivían los pininos de la recuperación democrática con las frustraciones económicas de la "década perdida" (en esa otra faceta, se resalta). El neoconservadurismo venía arrasando, el socialismo real agonizaba. No era sencillo captar la magnitud de las mutaciones en ciernes.
 
El Censo 2001 arribó un año tarde. Sucedió entre las elecciones del voto bronca (letales para el oficialismo) y el estallido de diciembre. Estuvo a un tris de no hacerse. Huelgas docentes y de empleados públicos en casi todas las provincias amenazaban dejar sin personal al Censo. El Gobierno nacional temía carecer de plata para comprar los insumos necesarios, básicamente papelería y lápices (porque se usan lápices...). Se llegó con la lengua afuera.
 
La memoria del censo 2010 se eclipsa y ensombrece por el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner. La jornada tranqui, devino dolorosa, única. Activa para cientos de miles de argentinos que en todo el territorio patrio comenzaron a movilizarse para despedir agradecidos a ese mandatario que no conocían siete años antes.
 
El 2010 fue un año de crecimiento, de la jubilosa celebración popular del Bicentenario, de la visita de líderes políticos de la región que caminaron como si tal cosa por las calles porteñas. Un momento alto del kirchnerismo, combinado con la pérdida irreparable. Otro país, otro mapa político regional, otra estabilidad democrática, otra forma de vida, otros niveles de consumo... "Veinte años no es nada" predica sin convencer un tangazo. Doce años ¿es mucho o es poco?
 
Otra pregunta, abierta. ¿Qué y cuánto estará cambiando en la contingencia sin que nos estemos dando cuenta?
 
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47.327.407: 
  
El número preciso, transitorio, se reiteró en los medios tradicionales y en las redes sociales. Quizás haya sido timbeado de lo lindo en la quiniela.
 
El primer saldo, se acepta, es provisorio. Cambiará en cuestión de días cuando se agreguen mediciones pendientes de las que se encargarán 18.000 personas. De cualquier modo, arroja indicios. La población creció por encima de las proyecciones imaginadas, subió la expectativa de vida. Buenas nuevas.
 
Hará falta combinar datos duros e intérpretes agudos para procesar cuánto impactaron las víctimas fatales de la pandemia y cuánto ayudaron a (literalmente) sobrevivir las políticas sanitarias, las campañas de vacunación. Y muy especialmente, el efecto mitigador de la solidaridad popular y de las tareas de cuidado emprendidas por tantas argentinas y argentinos de a pie. Un registro así no cabe en planillas de cálculo pero ayudaría a "leer" mejor los comportamientos de la sociedad civil.
 
El ojímetro costumbrista interpreta que no hay éxodos masivos de población tal como sanatean la prensa dominante y la dirigencia opositora que le hace eco. Cuando decante la data, cuando se labure con minucia, se sabrá mejor.
 
Más mujeres que hombres en la Argentina.
 
Con más habitantes respecto de las estimaciones, las autoridades y los estudiosos deberán recalcular el PBI per cápita o la proporción de personas vacunadas entre decenas de variables Random.
 
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Autopercepción, discriminaciones, intolerancias: 
  
Las preguntas sobre autopercepción motivaron reacciones variadas, propias de una sociedad plural y diversa.
 
Los aportes recogen reclamos, sugerencias, reivindicaciones de minorías activas. Por inclinación profesional es factible que los expertos que diseñan las preguntas sean refractarios a agregar muchas de este tipo (va un ejemplo posible en el apartado siguiente).
 
Reconocer en un registro público la existencia de comunidades invisibilizadas y sometidas a través de la historia constituye un avance, un paso en el reconocimiento de derechos. Lo que vale para los pueblos originarios y los afrodescendientes.
 
Las preguntas referidas a autorreconocimiento étnico de pueblos originarios se universalizaron respecto del censo previo que las focalizaba. Un progreso cuanti y cualitativo.
 
Por primera vez se preguntó si la persona censada no se identifica con ninguno de los dos géneros y en especial con el que le fue asignado al nacer. Totalizaron 56.793. Un 0,12 por ciento del total. 
 
Los reflejos discriminadores motivaron propuestas delirantes: poner fin a las políticas contra las diferencias de género o hasta suprimir el lenguaje inclusivo. Traducción: los intolerantes decidieron que las personas no binarias o que no se identificaron como varón o mujer son pocos y desdeñables...
 
Se desconoce el parámetro que utilizaron, se sabe que no es sencillo autoidentificarse y estamparlo en un documento público aunque se proclame que es secreto... En fin.
 
Ya que estamos, muchos de quienes ningunean la supuestamente escasa cantidad de esta población, pusieron el grito en el cielo contra el tributo impuesto por única vez a magnates con grandes fortunas. Fueron menos de 15.000, los consideraban una minoría avasallada y necesitada de protección. No es la matemática, más vale... es la ideología.
 
Contabilizar es otra forma de reconocer, un paso hasta la inclusión... se aceptan divergencias, a condición de que respeten al otro.
 
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La religión, sin interrogantes: 
 
Ultra pertinente y enriquecedora, esa sí, la controversia acerca de la necesidad o pertinencia de más preguntas sobre opciones personales. Por ejemplo, la última vez que se preguntó en un censo sobre la adscripción religiosa fue en 1960. Antes había sido en 1947 cuando el porcentaje de católicos superaba el 90 por ciento.
 
Para el Censo actual integrantes del Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL- CONICET ) dialogaron con autoridades del gobierno anterior y del actual. Proponían insertar dos preguntas. "¿cree en Dios?" y (en su caso) "¿Cuál es su religión?". Las consideran valiosas para conocer la riqueza y diversidad del país, para proyectar políticas públicas de salud y educativas entre otras.
 
La idea se desechó, tal vez porque encarecía el Censo.
 
El tema interesa especialmente a grupos religiosos no católicos. A las iglesias evangélicas les importa que se vea reflejado el aumento del número de sus fieles, ascendente desde la década del 80. Por motivos simétricos la Jerarquía de la Iglesia Católica es refractaria al conteo. Su poder de lobby jamás es desdeñable.
 
Los cultos africanistas se interesaron también en que su existencia consiguiera registro oficial. La búsqueda de visibilización, una constante en la lucha para el reconocimiento de derechos.
 
El ejemplo es una muestra, hay otros.
 
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Agrandar la Cámara, respetar la Constitución: 
  
La Constitución impone adecuar el número de diputados nacionales de cada distrito después de cada Censo. Acontece a menudo que ciertas obligaciones constitucionales se traduzcan como expresiones de deseos, no imperativas. El juicio por jurados, la participación obrera en las ganancias de las empresas, otros preceptos del artículo 14 bis, nutridos etcéteras.
 
La cantidad de diputados no varía desde 1983. Como debe ser proporcional a la población hay distritos especialmente damnificados. Se recomienda una nota de María Cafferata publicada el jueves en este diario. Buenos Aires es la provincia más desajustada, para abajo. El politólogo Diego Reynoso calculó cuántos diputados "faltarían" en base al censo de 2010. Son 70 hoy en día, deberían trepar a 100. Se aconseja su cuenta de Twitter (@dgreynoso) para más referencias. Córdoba y Santa Fe tendrían que tener más bancas. La representación de la CABA es, en cambio, excesiva.
 
La imprescindible ley tendría que respetar un piso mínimo de representantes en la Cámara Baja para las provincias menos pobladas, opinamos que no inferior al actual.
 
Una reforma de ese calibre exige acuerdos interprovinciales, finura en la legislación, cautela para corregir. Pero, más que nada, precisa apego a la ley y respeto al derecho de los votantes.
 
La igualdad entre los distritos se refleja en la Cámara de Senadores con tres bancas para cada una de las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor equitativo del voto de cada ciudadano tiene que expresarse en la Cámara Baja en la que está representado el pueblo.
 
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Derecha y "populismos": 
  
Llevar la cuenta ayuda a comprender, desechar prejuicios, programar, proyectar. Desde luego es imprescindible saber que los cambios se asientan en una comunidad con historia, tradiciones, estructuras.
 
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos.
 
Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria, por decirlo con un eufemismo.
 
Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía trémula, deuda externa record.
 
Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus adalides reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales.
 
La exdiputada Elisa Carrió, en esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
En un texto reciente y sugestivo ("Democracia como emancipación. Miradas contrahegemónicas") los politólogos Luis Felipe Miguel y Gabriel Eduardo Vitullo describen: "según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no resulta capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. Se trataría de una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la base de todo el progreso social. Para los defensores de esta corriente el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social".
 
Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional populares. Estas historias continuarán.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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27-03-2024 / 10:03
El ministro de Defensa, Luis Petri, cerró un acuerdo con su par  de Dinamarca, Troels Lund Poulsen, por la compra de 24 aeronaves F-16 para la Fuerza Aérea. Poulsen firmó y posó para la foto con Petri en el Edificio Libertador, pero detrás de cámara estaban también presentes el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el embajador de los Estados Unidos, Marc Stanley.
 
Con la firma del acuerdo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei reafirma su alineamiento cipayo total con Estados Unidos, al concluir una reequipamiento que había quedado abierto desde la gestión de Alberto Fernández y que tenía como alternativa la compra de aviones de última generación  J-17 a China.
 
El ministro Petri no dejó dudas sobre el movimiento geopolítico al compartir en sus redes primero la comunicación oficial del Ministerio y luego una nota de Infobae con el título: "Con el apoyo de Estados Unidos, Argentina firmó una carta de intención con Dinamarca para comprar 24 aviones de combate F16".
 
El acuerdo se cerrará cuando Petri viaje a Copenhague a mediados de abril, donde se sellará el contrato para la adquisición de los 24 aviones F16, que el país aliado de la OTAN ya tiene en desuso para sus operaciones militares. Las naves fueron fabricadas por la empresa norteamericana Lockheed Martin y llegarían a la Argentina recién en diciembre, debido a que Dinamarca las entregará sin equipamiento ni armamento.
 
El reequipamiento de las naves quedará a cargo de Estados Unidos por un contrato de 40 millones de dólares, que será una donación de la administración Biden, según informaron desde Casa Rosada. Los aviones valen 300 millones y el armamento y la parte electrónica otros 300 millones, aunque Estados Unidos regala más o menos un 15 por ciento.
 
El acuerdo terminó de sellarse con la reciente visita del actual director de la CIA, William Burns, quien aterrizó en Buenos Aires la semana pasada para visitar la Casa Rosada y reunirse con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Silvestre Sívori; y el propio jefe de Gabinete. "Tenemos un problema a corto plazo, Rusia; pero un problema mayor, a largo plazo, China", dijo Burns en la reunión de la semana pasada.
 
Antes de ese reciente encuentro, el presidente Milei recibió al secretario de Estado Antony Blinken en la Casa Rosada y poco después logró un breve encuentro con el candidato republicano y ex presidente Donald Trump.
 
La alineación sistémica de la Casa Rosada con Estados Unidos queda marcada con este acuerdo que cierra las puertas a la propuesta hecha por China para la adquisición de 34 aviones de guerra F17, mucho más modernos y más baratos. De esta manera, las Fuerzas Aéreas adquirirán los aviones F-16 dinamarqueses que están camino al desuso, al punto de que Bélgica se negó a venderle los F-16 a su aliado, Ucrania, porque no los consideró aptos.
 
La Opinión Popular
 

26-03-2024 / 08:03
En medio de confusiones, que obligaron a sacar un decreto correctivo, el gobierno de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo estableció la nueva fórmula de movilidad de las jubilaciones por decreto sin pasar por el Congreso. Se actualizarán por la inflación de dos meses atrás, pero en el empalme quedará fijada la pérdida que provocó la mega devaluación de Milei, entre 25 y 30%, y seguirá congelada en ese piso histórico hacia el futuro. Con la jubilación mínima reducida a la mitad debido a la inflación (en febrero, comparada con el mismo mes del 2023 sin contar el bono), el Gobierno busca impedir cualquier tipo de recomposición limitando los aumentos solamente al índice de la inflación. Además la nueva fórmula de actualización no se aplicará a los bonos, dejando abierta la posibilidad de licuar aún más los magros ingresos de los jubilados.
 
Desde que asumió como presidente, Milei, viene utilizando los ingresos de los jubilados y jubiladas como el principal medio para llevar adelante su recorte del presupuesto nacional y reducir el déficit fiscal, pero ahora busca dejar asentado que los jubilados serán los garantes de su plan de ajuste. Este lunes el gobierno publicó un nuevo DNU cambiando la fórmula previsional para atar a los haberes a la inflación. El problema es que, en la actualidad, la jubilación mínima (que cobran la mayoría de los jubilados) no llega a cubrir ni el 30 % de la canasta básica de los adultos mayores y sin ningún mecanismo de recomposición no habría forma de revertirlo.
 
La modificación de la fórmula previsional era parte de la Ley Ómnibus, pero habiendo sido rechazada en el Congreso, desde el oficialismo decidieron realizarla por un nuevo DNU. La "urgencia" del gobierno se debe a que habiendo pasado el pico inflacionario de diciembre y enero, la fórmula vigente generaría aumentos mayores de los que están dispuestos a otorgar. Caputo, desde el Ministerio de Economía, viene aprovechando el método de actualización trimestral actual para licuar las jubilaciones y ahora pretende mantener el robo realizado con el cambio de la fórmula.
 
En medio de la polémica que se generó por el nuevo DNU, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, criticó al Gobierno de Milei, y a la medida. Según dijo el dirigente peronista, "es impresionante, la decisión de Milei es que el ajuste no recaiga en la casta sino en los jubilados" y agregó: "Es un atraco a los jubilados... Es consolidar una baja que ya se produjo, y ahora ir ajustándola en base a los precios cuando ya el guadañazo se lo dieron al bolsillo de ellos".
 
La propuesta es que las jubilaciones aumenten mensualmente por el IPC de dos meses atrás. Si bien a priori parecería superadora, el empalme provocará una profundización de la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados de, por lo menos, 25 por ciento. La verdadera trampa se encuentra en el empalme es decir en los meses de transición entre una fórmula a otra. Desde abril, el gobierno decidió comenzar a dar aumentos por IPC "a cuenta" del resultado de la próxima fórmula de movilidad vigente en junio.
 
Con la nueva fórmula jubilatoria, Milei sumó resistencias en la oposición dialoguista. Varios legisladores de ese sector se expresaron contra la nueva fórmula de movilidad, que se suponía que discutirían en el Congreso. El Ejecutivo suma contratiempos en la negociación por la nueva ley Bases que el ministro Guillermo Francos buscará recomponer en un encuentro con mandatarios del Norte Grande.
 
La Opinión Popular
 

25-03-2024 / 07:03
Con una movilización histórica, organismos de DDHH reivindicaron la cifra de 30.000 desaparecidos. La marcha del 24M, que congregó a una multitud en la Plaza de Mayo y en las principales ciudades del país, al cumplirse 48 años del último golpe cívico militar genocida, se convirtió en la tercera gran manifestación callejera contra el gobierno neoliberal anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei. El Presidente fue principal blanco de críticas de los organismos de Derechos Humanos, el peronismo, movimientos sociales y la CGT.
 
Como en la huelga general del 24 de enero, y la movilización del 8M, numerosas columnas de organizaciones y miles de personas auto convocadas se volcaron a las calles para repudiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar y reafirmar la consigna del Nunca Más. También ratificaron la cifra de 30 mil personas desaparecidas, número que el gobierno libertario puso en duda. En el documento final de la marcha, que leyó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, los organismos de derechos humanos reclamaron una ley contra el negacionismo de los crímenes de la dictadura.
 
Junto a esas consignas vinculadas a derechos humanos, la marcha estuvo atravesada por consignas contra las políticas del gobierno libertario y su siniestro plan de ajuste neoliberal. El 24M fue el tercer gran hito callejero contra el gobierno de ultraderecha. "Milei, basura, vos sos la dictadura", "El que no salta votó a Milei", "No se vende, la patria no se vende" y "Fueron 30 mil de verdad", concurrieron los canticos y las consignas que más se repitieron en la Plaza, donde además se colgaron banderas contra Victoria Villarruel, por su cercanía con los represores condenados por lesa humanidad.
 
El peronismo mostró un gran despliegue de movilización. Por Diagonal Sur, los gremios de la CGT y el Movimiento Evita coparon varias cuadras junto a la UTEP y apenas pudieron ingresar a la Plaza. Por Diagonal Norte, y después de caminar 13 kilómetros desde la ex ESMA, La Cámpora llegó pasado el mediodía en una columna encabezada por Máximo Kirchner. En tanto, el gobernador Axel Kicillof llegó junto a su gabinete y los intendentes del conurbano.
 
Fue una gran convocatoria que los medios hegemónicos tratarán de ignorar, y que respondió a la provocación del gobierno, que unió a la CGT, al peronismo, los movimientos sociales, agrupaciones estudiantiles y al movimiento de derechos humanos. La idea de derechos humanos encaja con la idea de justicia social, de país solidario, de trabajo y retribuciones justas, de protección a los niños, a los enfermos y a los ancianos, de hazañas científicas y culturales.
 
No encaja con la justificación de la dictadura, con el intento de que los jubilados crean que ganan poco por culpa de los de la moratoria y que los trabajadores se enfurezcan con los desocupados porque reciben un aporte sin trabajar. No encaja con el país donde los únicos que ganan son los ricos, como procuran las políticas de Milei. Los ricos son "héroes" para Milei y los beneficiarios de sus políticas.
 
Los cientos de miles que desbordaron la Plaza de Mayo, las diagonales y la Avenida de Mayo están enlazados, hermanados, con los miles que se movilizaron en otras ciudades del país, y con los miles y miles que desde sus casas confluyen en la angustia de la pobreza, la amenaza del desempleo y el hambre o la destrucción de comercios y empresas. Hay vías comunicantes por las que fluye una energía que alimenta resistencias, rebeldías y esperanzas.
 
La Opinión Popular


24-03-2024 / 08:03
Ya en marzo de 1977, al cumplirse un año de la última dictadura militar, estaba claro que el verdadero objetivo de los perpetradores, instigadores y sponsors del golpe de Estado era económico. Por trillado que resulte es esclarecedor volver a la Carta Abierta de Rodolfo Walsh, que por entonces indicaba que "en la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada".
 
Las cifras que exhibía Walsh resuenan hoy con una actualidad preocupante: "En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar", escribió en la carta que fue su testamento público. Los paralelismos con el proceso de concentración de riqueza que comenzó con la llegada al poder de Javier Milei son llamativos.
 
Sin embargo, lo más gravoso de la última dictadura no fue ese ajuste en sí sino el hecho de que dejó sentadas las condiciones para que eso nunca pudiera revertirse. De hecho, en ningún momento de los cuarenta años de democracia ininterrumpida el país estuvo ni siquiera cerca de recuperar las condiciones económicas y sociales que existían en la Argentina hasta marzo del 76. Hubo algo, en la matriz productiva pero también en el conjunto de ideales y valores de la sociedad, que se rompió y nunca pudo repararse.
 
El golpe del 24 de marzo irrumpió en un país en el que, dos décadas después de haber intentado suprimir al peronismo de la vida pública e incluso habiendo atravesado, unos meses antes, la experiencia hiperinflacionaria del Rodrigazo, todavía la pobreza alcanzaba a apenas al 4,4 por ciento de sus habitantes. En octubre de 1983, al recuperarse la democracia, esa cifra se había multiplicado por ocho: el 37,4 por ciento de los argentinos era pobre. Ocho veces más. Esa debacle jamás se pudo revertir.
 
Dicho de otra forma: al comenzar la dictadura, apenas cuatro de cada cien argentinos no alcanzaba a satisfacer sus necesidades básicas, pero cuando terminó, casi cuatro de cada diez habían caído por debajo de esa vara, y la profundidad del cambio fue tal que el país nunca pudo desandar ese camino. El riesgo más acuciante en estos días es que el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel complete esa tarea y eleve la pobreza estructural al punto en el que seis, siete u ocho de cada diez argentinos sea pobre para siempre.
 
Entre 1945 y 1976 existía una sociedad en el que la enorme mayoría era parte de una gran clase media: albañiles, docentes, policías, médicos, torneros, porteros, artistas, carpinteros, periodistas, abogados y científicos, empleados o cuentapropistas, comerciantes y profesionales, todos se ubicaban en algún lugar de un amplio arco que iba desde las humildes barriadas obreras suburbanas hasta los barrios céntricos en las ciudades. Con diversas realidades que coexistían, la Argentina era un país de clase media.
 
Después de la dictadura se convirtió en un país con clase media. Pero la pobreza estructural que en el 83 alcanzaba a 4 de cada 10 argentinos nunca pudo desarmarse. Tuvo momentos en los que cedió. Al final de los doce años de gobierno kirchnerista había retrocedido hasta ubicarse en torno al 25 por ciento. Y otros donde creció, en episodios de crisis, hasta llegar al 60 por ciento. Pero un cuarto, o un tercio o más de la población quedaron condenados a apenas subsistir, sin ninguna perspectiva de movilidad social ascendente.
 

23-03-2024 / 08:03
A pocos días de lo que se espera será el mayor acto de masas para repudiar al golpe del 24 de marzo de 1976, una hija de desaparecidos fue atacada en su domicilio, la editorial Marea, que publica libros sobre derechos humanos sufrió la embestida brutal de 800 mensajes de odio y Estela de Carlotto denunció que su teléfono estaba intervenido.
 
La defensora de la dictadura, Victoria Villarruel, apareció en una entrevista y el gobierno prepara un video con la tesis de los amigos de los genocidas: "Hubo una guerra donde se produjeron excesos".
 
Durante la semana que pasó circuló la versión de tanteos del gobierno en el ámbito judicial para indultar a los genocidas. Pero antes de que la versión se extendiera, la Cámara de Casación advirtió que, por ley, los delitos de lesa humanidad no se pueden indultar.
 
Aunque no haya indulto, la intención oficial quedó en evidencia. Fue también la confirmación de que este gobierno, además de coincidir con la dictadura en su propuesta económica neoliberal, también comparte el sesgo autoritario del golpismo, al justificarlo y querer perdonarlo.
 
El negacionismo y la idea de la "justicia tuerta" surgieron de la imposibilidad de negar las aberraciones cometidas por los represores durante la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976.
 
A esta altura son inocultables e indefendibles los secuestros, la tortura, la violación a mujeres indefensas, el botín de guerra que se sacaba a los prisioneros, la apropiación de sus hijos y el lanzamiento de personas vivas desde aviones, como parte de un plan sistemático. No pueden decir que eso no existió. Entonces discuten la cantidad, si nueve mil o 30 mil, cuando en realidad, el horror y la responsabilidad por esos crímenes no varían por su cantidad.
 
Un militar que se rebajó a torturar o a violar a una prisionera en la mesa de tortura tendría que ser una vergüenza para sus camaradas. El secuestro y el asesinato sin juicio no pueden ser aceptados por la sociedad. La apropiación de los hijos de los prisioneros que después serían desaparecidos constituyó un acto repugnante, que debería ser repudiado por los militares que no lo hicieron.
 
Y si querían juzgar a sus enemigos, deberían haberlo hecho en vez de asesinarlos y desaparecerlos sin darles el derecho a un juicio justo. Porque, a diferencia de lo que hicieron los genocidas, sus enemigos eran civiles que no actuaban usurpando el Estado y, por lo tanto, cualquier cosa que quieran juzgar ahora ya está prescripta para la ley.
 
Los que no prescriben son los delitos cometidos desde el poder político, ya sea una dictadura o un gobierno surgido de elecciones. Está planteado así porque es claro que --mientras no cambie-- el poder protegerá a los delincuentes y por lo tanto no hay plazos de prescripción.
 

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