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El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 22-05-2022 / 09:05
EL CENSO, LOS DATOS, LOS AVANCES, LOS DEBERES, EL CONTEXTO

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los “populistas”. “Populistas” definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que “se creen con derecho” a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos. Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria. Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía tembleque, deuda externa record. Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus líderes reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales. Elisa Carrió, esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
Según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no es capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. La consideran una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la supuesta base de todo el progreso social.
 
Para los defensores de esta corriente, el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social. Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional-populares. 
 

 
PRIMERAS MEDICIONES, CRITICAS DESMEDIDAS, NOVEDADES Y POLÉMICAS
 
El Censo, los datos, los avances, los deberes, el contexto
 
Se trata de una política de Estado, tan reclamadas de boca para afuera y tan menoscabadas cuando se llevan a la práctica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad: sus datos sobre el Índice de Precios al Consumidor se repiten y propagan mes a mes sin reproches ni sospechas. "Nadie" los pone en tela de juicio. Consultoras privadas o dependientes de centros académicos hacen sus propios cálculos pero reconocen la primacía de la labor del Instituto.
 
Quedó atrás la peor política pública del kirchnerismo que fue la manipulación de los datos y la erosión de la confianza en un ente público estatal. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reconoció implícitamente durante su discurso en Resistencia al aludir a oscilaciones de la inflación en su segundo mandato, remitiéndose a cifras ajenas a la gestión del exsecretario Guillermo Moreno.
 
En ese contexto llueven diatribas sobre el Censo 2022. Bienvenidas las polémicas y los debates que suscitarán las cifras definitivas, su sistematización y las conclusiones. Los especialistas cruzarán pareceres, en buena hora. Todo esto asumido, las embestidas contra el Censo ostentan el color y los tonos de época. Demasiada furia, demasiado simplismo, indignación e ignorancia, combinadas en dosis altas.
 
Un Censo ¡cada diez años! motiva un feriado. Los militantes "anti infectadura" recogen el guante y denuncian algo parecido a una recesión dictatorial de 24 horas. Too much.
 
El Censo digital fue instrumentado por millones de argentinos. Breve y amigable, a ojo de buen cubero (quien les habla), dispensó a los ciudadanos de tener que evacuar consultas prolongadas.
 
La magnitud del Censo, la dimensión nacional, alude a tareas solo realizables por el Estado. El peso de la presencialidad realza una característica de la época, subrayada y resignificada tras la tragedia sanitaria.
 
Sin disfrazarse de todólogo, este cronista entiende que el Censo cumplió su primer objetivo: enlaza continuidad de políticas públicas. Añadió o mejoró preguntas sobre autopercepción, haciéndose cargo de movilizaciones y demandas de derechos, también de conquistas.
 
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Reseña veloz: 
  
Los censos anteriores más cercanos se sucedieron en 1980, 1990, 2001,2010. Escenarios diversos de la realidad argentina. Cambia, mucho cambia en el transcurso de cualquier década.
 
En 1980 se insinuaba el ocaso de la dictadura acentuado por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año anterior. Familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, con coraje colosal, reclamaban por la inclusión de detenidos desaparecidos en los padrones.
 
En 1990 convivían los pininos de la recuperación democrática con las frustraciones económicas de la "década perdida" (en esa otra faceta, se resalta). El neoconservadurismo venía arrasando, el socialismo real agonizaba. No era sencillo captar la magnitud de las mutaciones en ciernes.
 
El Censo 2001 arribó un año tarde. Sucedió entre las elecciones del voto bronca (letales para el oficialismo) y el estallido de diciembre. Estuvo a un tris de no hacerse. Huelgas docentes y de empleados públicos en casi todas las provincias amenazaban dejar sin personal al Censo. El Gobierno nacional temía carecer de plata para comprar los insumos necesarios, básicamente papelería y lápices (porque se usan lápices...). Se llegó con la lengua afuera.
 
La memoria del censo 2010 se eclipsa y ensombrece por el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner. La jornada tranqui, devino dolorosa, única. Activa para cientos de miles de argentinos que en todo el territorio patrio comenzaron a movilizarse para despedir agradecidos a ese mandatario que no conocían siete años antes.
 
El 2010 fue un año de crecimiento, de la jubilosa celebración popular del Bicentenario, de la visita de líderes políticos de la región que caminaron como si tal cosa por las calles porteñas. Un momento alto del kirchnerismo, combinado con la pérdida irreparable. Otro país, otro mapa político regional, otra estabilidad democrática, otra forma de vida, otros niveles de consumo... "Veinte años no es nada" predica sin convencer un tangazo. Doce años ¿es mucho o es poco?
 
Otra pregunta, abierta. ¿Qué y cuánto estará cambiando en la contingencia sin que nos estemos dando cuenta?
 
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47.327.407: 
  
El número preciso, transitorio, se reiteró en los medios tradicionales y en las redes sociales. Quizás haya sido timbeado de lo lindo en la quiniela.
 
El primer saldo, se acepta, es provisorio. Cambiará en cuestión de días cuando se agreguen mediciones pendientes de las que se encargarán 18.000 personas. De cualquier modo, arroja indicios. La población creció por encima de las proyecciones imaginadas, subió la expectativa de vida. Buenas nuevas.
 
Hará falta combinar datos duros e intérpretes agudos para procesar cuánto impactaron las víctimas fatales de la pandemia y cuánto ayudaron a (literalmente) sobrevivir las políticas sanitarias, las campañas de vacunación. Y muy especialmente, el efecto mitigador de la solidaridad popular y de las tareas de cuidado emprendidas por tantas argentinas y argentinos de a pie. Un registro así no cabe en planillas de cálculo pero ayudaría a "leer" mejor los comportamientos de la sociedad civil.
 
El ojímetro costumbrista interpreta que no hay éxodos masivos de población tal como sanatean la prensa dominante y la dirigencia opositora que le hace eco. Cuando decante la data, cuando se labure con minucia, se sabrá mejor.
 
Más mujeres que hombres en la Argentina.
 
Con más habitantes respecto de las estimaciones, las autoridades y los estudiosos deberán recalcular el PBI per cápita o la proporción de personas vacunadas entre decenas de variables Random.
 
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Autopercepción, discriminaciones, intolerancias: 
  
Las preguntas sobre autopercepción motivaron reacciones variadas, propias de una sociedad plural y diversa.
 
Los aportes recogen reclamos, sugerencias, reivindicaciones de minorías activas. Por inclinación profesional es factible que los expertos que diseñan las preguntas sean refractarios a agregar muchas de este tipo (va un ejemplo posible en el apartado siguiente).
 
Reconocer en un registro público la existencia de comunidades invisibilizadas y sometidas a través de la historia constituye un avance, un paso en el reconocimiento de derechos. Lo que vale para los pueblos originarios y los afrodescendientes.
 
Las preguntas referidas a autorreconocimiento étnico de pueblos originarios se universalizaron respecto del censo previo que las focalizaba. Un progreso cuanti y cualitativo.
 
Por primera vez se preguntó si la persona censada no se identifica con ninguno de los dos géneros y en especial con el que le fue asignado al nacer. Totalizaron 56.793. Un 0,12 por ciento del total. 
 
Los reflejos discriminadores motivaron propuestas delirantes: poner fin a las políticas contra las diferencias de género o hasta suprimir el lenguaje inclusivo. Traducción: los intolerantes decidieron que las personas no binarias o que no se identificaron como varón o mujer son pocos y desdeñables...
 
Se desconoce el parámetro que utilizaron, se sabe que no es sencillo autoidentificarse y estamparlo en un documento público aunque se proclame que es secreto... En fin.
 
Ya que estamos, muchos de quienes ningunean la supuestamente escasa cantidad de esta población, pusieron el grito en el cielo contra el tributo impuesto por única vez a magnates con grandes fortunas. Fueron menos de 15.000, los consideraban una minoría avasallada y necesitada de protección. No es la matemática, más vale... es la ideología.
 
Contabilizar es otra forma de reconocer, un paso hasta la inclusión... se aceptan divergencias, a condición de que respeten al otro.
 
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La religión, sin interrogantes: 
 
Ultra pertinente y enriquecedora, esa sí, la controversia acerca de la necesidad o pertinencia de más preguntas sobre opciones personales. Por ejemplo, la última vez que se preguntó en un censo sobre la adscripción religiosa fue en 1960. Antes había sido en 1947 cuando el porcentaje de católicos superaba el 90 por ciento.
 
Para el Censo actual integrantes del Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL- CONICET ) dialogaron con autoridades del gobierno anterior y del actual. Proponían insertar dos preguntas. "¿cree en Dios?" y (en su caso) "¿Cuál es su religión?". Las consideran valiosas para conocer la riqueza y diversidad del país, para proyectar políticas públicas de salud y educativas entre otras.
 
La idea se desechó, tal vez porque encarecía el Censo.
 
El tema interesa especialmente a grupos religiosos no católicos. A las iglesias evangélicas les importa que se vea reflejado el aumento del número de sus fieles, ascendente desde la década del 80. Por motivos simétricos la Jerarquía de la Iglesia Católica es refractaria al conteo. Su poder de lobby jamás es desdeñable.
 
Los cultos africanistas se interesaron también en que su existencia consiguiera registro oficial. La búsqueda de visibilización, una constante en la lucha para el reconocimiento de derechos.
 
El ejemplo es una muestra, hay otros.
 
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Agrandar la Cámara, respetar la Constitución: 
  
La Constitución impone adecuar el número de diputados nacionales de cada distrito después de cada Censo. Acontece a menudo que ciertas obligaciones constitucionales se traduzcan como expresiones de deseos, no imperativas. El juicio por jurados, la participación obrera en las ganancias de las empresas, otros preceptos del artículo 14 bis, nutridos etcéteras.
 
La cantidad de diputados no varía desde 1983. Como debe ser proporcional a la población hay distritos especialmente damnificados. Se recomienda una nota de María Cafferata publicada el jueves en este diario. Buenos Aires es la provincia más desajustada, para abajo. El politólogo Diego Reynoso calculó cuántos diputados "faltarían" en base al censo de 2010. Son 70 hoy en día, deberían trepar a 100. Se aconseja su cuenta de Twitter (@dgreynoso) para más referencias. Córdoba y Santa Fe tendrían que tener más bancas. La representación de la CABA es, en cambio, excesiva.
 
La imprescindible ley tendría que respetar un piso mínimo de representantes en la Cámara Baja para las provincias menos pobladas, opinamos que no inferior al actual.
 
Una reforma de ese calibre exige acuerdos interprovinciales, finura en la legislación, cautela para corregir. Pero, más que nada, precisa apego a la ley y respeto al derecho de los votantes.
 
La igualdad entre los distritos se refleja en la Cámara de Senadores con tres bancas para cada una de las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor equitativo del voto de cada ciudadano tiene que expresarse en la Cámara Baja en la que está representado el pueblo.
 
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Derecha y "populismos": 
  
Llevar la cuenta ayuda a comprender, desechar prejuicios, programar, proyectar. Desde luego es imprescindible saber que los cambios se asientan en una comunidad con historia, tradiciones, estructuras.
 
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos.
 
Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria, por decirlo con un eufemismo.
 
Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía trémula, deuda externa record.
 
Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus adalides reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales.
 
La exdiputada Elisa Carrió, en esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
En un texto reciente y sugestivo ("Democracia como emancipación. Miradas contrahegemónicas") los politólogos Luis Felipe Miguel y Gabriel Eduardo Vitullo describen: "según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no resulta capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. Se trataría de una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la base de todo el progreso social. Para los defensores de esta corriente el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social".
 
Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional populares. Estas historias continuarán.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

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