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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau
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Nacionales - 22-05-2022 / 09:05
EL CENSO, LOS DATOS, LOS AVANCES, LOS DEBERES, EL CONTEXTO

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo

Las necesidades populares y las diatribas de derecha contra el peronismo
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los “populistas”. “Populistas” definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que “se creen con derecho” a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos. Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria. Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía tembleque, deuda externa record. Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus líderes reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales. Elisa Carrió, esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
Según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no es capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. La consideran una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la supuesta base de todo el progreso social.
 
Para los defensores de esta corriente, el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social. Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional-populares. 
 

 
PRIMERAS MEDICIONES, CRITICAS DESMEDIDAS, NOVEDADES Y POLÉMICAS
 
El Censo, los datos, los avances, los deberes, el contexto
 
Se trata de una política de Estado, tan reclamadas de boca para afuera y tan menoscabadas cuando se llevan a la práctica. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) recobró credibilidad: sus datos sobre el Índice de Precios al Consumidor se repiten y propagan mes a mes sin reproches ni sospechas. "Nadie" los pone en tela de juicio. Consultoras privadas o dependientes de centros académicos hacen sus propios cálculos pero reconocen la primacía de la labor del Instituto.
 
Quedó atrás la peor política pública del kirchnerismo que fue la manipulación de los datos y la erosión de la confianza en un ente público estatal. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reconoció implícitamente durante su discurso en Resistencia al aludir a oscilaciones de la inflación en su segundo mandato, remitiéndose a cifras ajenas a la gestión del exsecretario Guillermo Moreno.
 
En ese contexto llueven diatribas sobre el Censo 2022. Bienvenidas las polémicas y los debates que suscitarán las cifras definitivas, su sistematización y las conclusiones. Los especialistas cruzarán pareceres, en buena hora. Todo esto asumido, las embestidas contra el Censo ostentan el color y los tonos de época. Demasiada furia, demasiado simplismo, indignación e ignorancia, combinadas en dosis altas.
 
Un Censo ¡cada diez años! motiva un feriado. Los militantes "anti infectadura" recogen el guante y denuncian algo parecido a una recesión dictatorial de 24 horas. Too much.
 
El Censo digital fue instrumentado por millones de argentinos. Breve y amigable, a ojo de buen cubero (quien les habla), dispensó a los ciudadanos de tener que evacuar consultas prolongadas.
 
La magnitud del Censo, la dimensión nacional, alude a tareas solo realizables por el Estado. El peso de la presencialidad realza una característica de la época, subrayada y resignificada tras la tragedia sanitaria.
 
Sin disfrazarse de todólogo, este cronista entiende que el Censo cumplió su primer objetivo: enlaza continuidad de políticas públicas. Añadió o mejoró preguntas sobre autopercepción, haciéndose cargo de movilizaciones y demandas de derechos, también de conquistas.
 
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Reseña veloz: 
  
Los censos anteriores más cercanos se sucedieron en 1980, 1990, 2001,2010. Escenarios diversos de la realidad argentina. Cambia, mucho cambia en el transcurso de cualquier década.
 
En 1980 se insinuaba el ocaso de la dictadura acentuado por la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el año anterior. Familiares de víctimas y organismos de Derechos Humanos, con coraje colosal, reclamaban por la inclusión de detenidos desaparecidos en los padrones.
 
En 1990 convivían los pininos de la recuperación democrática con las frustraciones económicas de la "década perdida" (en esa otra faceta, se resalta). El neoconservadurismo venía arrasando, el socialismo real agonizaba. No era sencillo captar la magnitud de las mutaciones en ciernes.
 
El Censo 2001 arribó un año tarde. Sucedió entre las elecciones del voto bronca (letales para el oficialismo) y el estallido de diciembre. Estuvo a un tris de no hacerse. Huelgas docentes y de empleados públicos en casi todas las provincias amenazaban dejar sin personal al Censo. El Gobierno nacional temía carecer de plata para comprar los insumos necesarios, básicamente papelería y lápices (porque se usan lápices...). Se llegó con la lengua afuera.
 
La memoria del censo 2010 se eclipsa y ensombrece por el fallecimiento del presidente Néstor Kirchner. La jornada tranqui, devino dolorosa, única. Activa para cientos de miles de argentinos que en todo el territorio patrio comenzaron a movilizarse para despedir agradecidos a ese mandatario que no conocían siete años antes.
 
El 2010 fue un año de crecimiento, de la jubilosa celebración popular del Bicentenario, de la visita de líderes políticos de la región que caminaron como si tal cosa por las calles porteñas. Un momento alto del kirchnerismo, combinado con la pérdida irreparable. Otro país, otro mapa político regional, otra estabilidad democrática, otra forma de vida, otros niveles de consumo... "Veinte años no es nada" predica sin convencer un tangazo. Doce años ¿es mucho o es poco?
 
Otra pregunta, abierta. ¿Qué y cuánto estará cambiando en la contingencia sin que nos estemos dando cuenta?
 
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47.327.407: 
  
El número preciso, transitorio, se reiteró en los medios tradicionales y en las redes sociales. Quizás haya sido timbeado de lo lindo en la quiniela.
 
El primer saldo, se acepta, es provisorio. Cambiará en cuestión de días cuando se agreguen mediciones pendientes de las que se encargarán 18.000 personas. De cualquier modo, arroja indicios. La población creció por encima de las proyecciones imaginadas, subió la expectativa de vida. Buenas nuevas.
 
Hará falta combinar datos duros e intérpretes agudos para procesar cuánto impactaron las víctimas fatales de la pandemia y cuánto ayudaron a (literalmente) sobrevivir las políticas sanitarias, las campañas de vacunación. Y muy especialmente, el efecto mitigador de la solidaridad popular y de las tareas de cuidado emprendidas por tantas argentinas y argentinos de a pie. Un registro así no cabe en planillas de cálculo pero ayudaría a "leer" mejor los comportamientos de la sociedad civil.
 
El ojímetro costumbrista interpreta que no hay éxodos masivos de población tal como sanatean la prensa dominante y la dirigencia opositora que le hace eco. Cuando decante la data, cuando se labure con minucia, se sabrá mejor.
 
Más mujeres que hombres en la Argentina.
 
Con más habitantes respecto de las estimaciones, las autoridades y los estudiosos deberán recalcular el PBI per cápita o la proporción de personas vacunadas entre decenas de variables Random.
 
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Autopercepción, discriminaciones, intolerancias: 
  
Las preguntas sobre autopercepción motivaron reacciones variadas, propias de una sociedad plural y diversa.
 
Los aportes recogen reclamos, sugerencias, reivindicaciones de minorías activas. Por inclinación profesional es factible que los expertos que diseñan las preguntas sean refractarios a agregar muchas de este tipo (va un ejemplo posible en el apartado siguiente).
 
Reconocer en un registro público la existencia de comunidades invisibilizadas y sometidas a través de la historia constituye un avance, un paso en el reconocimiento de derechos. Lo que vale para los pueblos originarios y los afrodescendientes.
 
Las preguntas referidas a autorreconocimiento étnico de pueblos originarios se universalizaron respecto del censo previo que las focalizaba. Un progreso cuanti y cualitativo.
 
Por primera vez se preguntó si la persona censada no se identifica con ninguno de los dos géneros y en especial con el que le fue asignado al nacer. Totalizaron 56.793. Un 0,12 por ciento del total. 
 
Los reflejos discriminadores motivaron propuestas delirantes: poner fin a las políticas contra las diferencias de género o hasta suprimir el lenguaje inclusivo. Traducción: los intolerantes decidieron que las personas no binarias o que no se identificaron como varón o mujer son pocos y desdeñables...
 
Se desconoce el parámetro que utilizaron, se sabe que no es sencillo autoidentificarse y estamparlo en un documento público aunque se proclame que es secreto... En fin.
 
Ya que estamos, muchos de quienes ningunean la supuestamente escasa cantidad de esta población, pusieron el grito en el cielo contra el tributo impuesto por única vez a magnates con grandes fortunas. Fueron menos de 15.000, los consideraban una minoría avasallada y necesitada de protección. No es la matemática, más vale... es la ideología.
 
Contabilizar es otra forma de reconocer, un paso hasta la inclusión... se aceptan divergencias, a condición de que respeten al otro.
 
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La religión, sin interrogantes: 
 
Ultra pertinente y enriquecedora, esa sí, la controversia acerca de la necesidad o pertinencia de más preguntas sobre opciones personales. Por ejemplo, la última vez que se preguntó en un censo sobre la adscripción religiosa fue en 1960. Antes había sido en 1947 cuando el porcentaje de católicos superaba el 90 por ciento.
 
Para el Censo actual integrantes del Programa Sociedad, Cultura y Religión del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales (CEIL- CONICET ) dialogaron con autoridades del gobierno anterior y del actual. Proponían insertar dos preguntas. "¿cree en Dios?" y (en su caso) "¿Cuál es su religión?". Las consideran valiosas para conocer la riqueza y diversidad del país, para proyectar políticas públicas de salud y educativas entre otras.
 
La idea se desechó, tal vez porque encarecía el Censo.
 
El tema interesa especialmente a grupos religiosos no católicos. A las iglesias evangélicas les importa que se vea reflejado el aumento del número de sus fieles, ascendente desde la década del 80. Por motivos simétricos la Jerarquía de la Iglesia Católica es refractaria al conteo. Su poder de lobby jamás es desdeñable.
 
Los cultos africanistas se interesaron también en que su existencia consiguiera registro oficial. La búsqueda de visibilización, una constante en la lucha para el reconocimiento de derechos.
 
El ejemplo es una muestra, hay otros.
 
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Agrandar la Cámara, respetar la Constitución: 
  
La Constitución impone adecuar el número de diputados nacionales de cada distrito después de cada Censo. Acontece a menudo que ciertas obligaciones constitucionales se traduzcan como expresiones de deseos, no imperativas. El juicio por jurados, la participación obrera en las ganancias de las empresas, otros preceptos del artículo 14 bis, nutridos etcéteras.
 
La cantidad de diputados no varía desde 1983. Como debe ser proporcional a la población hay distritos especialmente damnificados. Se recomienda una nota de María Cafferata publicada el jueves en este diario. Buenos Aires es la provincia más desajustada, para abajo. El politólogo Diego Reynoso calculó cuántos diputados "faltarían" en base al censo de 2010. Son 70 hoy en día, deberían trepar a 100. Se aconseja su cuenta de Twitter (@dgreynoso) para más referencias. Córdoba y Santa Fe tendrían que tener más bancas. La representación de la CABA es, en cambio, excesiva.
 
La imprescindible ley tendría que respetar un piso mínimo de representantes en la Cámara Baja para las provincias menos pobladas, opinamos que no inferior al actual.
 
Una reforma de ese calibre exige acuerdos interprovinciales, finura en la legislación, cautela para corregir. Pero, más que nada, precisa apego a la ley y respeto al derecho de los votantes.
 
La igualdad entre los distritos se refleja en la Cámara de Senadores con tres bancas para cada una de las 23 provincias y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El valor equitativo del voto de cada ciudadano tiene que expresarse en la Cámara Baja en la que está representado el pueblo.
 
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Derecha y "populismos": 
  
Llevar la cuenta ayuda a comprender, desechar prejuicios, programar, proyectar. Desde luego es imprescindible saber que los cambios se asientan en una comunidad con historia, tradiciones, estructuras.
 
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos.
 
Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria, por decirlo con un eufemismo.
 
Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía trémula, deuda externa record.
 
Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus adalides reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales.
 
La exdiputada Elisa Carrió, en esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
En un texto reciente y sugestivo ("Democracia como emancipación. Miradas contrahegemónicas") los politólogos Luis Felipe Miguel y Gabriel Eduardo Vitullo describen: "según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no resulta capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. Se trataría de una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la base de todo el progreso social. Para los defensores de esta corriente el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social".
 
Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional populares. Estas historias continuarán.
 
Por Mario Wainfeld
 
Fuente: pagina12.com.ar
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
La Opinión Popular
 

03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
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