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Nacionales - 14-05-2022 / 10:05
PRESIDE UNA CORTE DESPRESTIGIADA QUE NO TIENE AUTORIDAD MORAL ALGUNA PARA JUZGAR AL PODER POLÍTICO

Rosatti se auto votó en la presidencia de la Corte y en el Consejo de la Magistratura, ¿ahora piensa en la política?

Rosatti se auto votó en la presidencia de la Corte y en el Consejo de la Magistratura, ¿ahora piensa en la política?
Horacio Rosatti se auto votó en la presidencia de la Corte y en la presidencia del Consejo de la Magistratura. Ahora fue el centro en la puesta en escena de los cuatro jueces del máximo tribunal jugando a la política en ante los jueces federales de todo el país. ¿Nace una nueva estrella política?
Horacio Rosatti se auto votó en la presidencia de la Corte y en la presidencia del Consejo de la Magistratura. Ahora fue el centro en la puesta en escena de los cuatro jueces del máximo tribunal jugando a la política en ante los jueces federales de todo el país. ¿Nace una nueva estrella política?
 
En medio de un circo mediático que inflaba declaraciones del presidente Alberto Fernández sobre una presunta candidatura para el 2023 y la interna por las candidaturas en Juntos por el Cambio, si éramos muchos, parió la partera y apareció otro candidato en el horizonte. Desde que aceptó llegar a la Corte por la ventana de un decreto, Rosatti ha sumado presidencias, lo que mostró su vena esencialmente política, más que judicial.
 
Su puesta en escena en Rosario con un discurso crítico del poder político fue una forma de ratificar su liderazgo en el ámbito del que la sociedad tiene la peor imagen. Pero resulta llamativo el acento social de sus palabras, cuando ha sido el Poder Judicial, aliado a los intereses corporativos del capital concentrado, el que frenó todas las medidas que apuntaron contra la desigualdad social.
 
Rosatti se equivocó: ante la sociedad, no habla desde el estrado de su Señoría, sino desde el banquillo de los acusados. Su discurso hace ruido por esa confusión de lugar. Y no podría haber elegido una forma peor para darle protagonismo a un Poder Judicial criticado por su complicidad con el lawfare durante el macrismo y por sus facetas corporativas. Que el presidente de la Corte critique al gobierno nacional ante un público de jueces es usar la corporación para hacer política, en medio de las acusaciones de complicidad con el lawfare macrista.
 

 
UN LANZAMIENTO EN ROSARIO ANTE LA CORPORACIÓN JUDICIAL
 
¿Horacio Rosatti ya piensa en el política? El presidente autovotado
 
"La decisión política no debe limitarse a brindar las herramientas para combatir el delito (...) Debe procurar la inclusión social, la cultura del trabajo y respeto por el prójimo". Es una de las frases políticas de un discurso muy político de un funcionario que en teoría debería hablar por sus fallos y no por la política.
 
El que no habló por sus fallos, sino en este discurso fue el presidente de la Corte Suprema --autovotado-- y presidente del Consejo de  la Magistratura --ídem--, Horacio Rosatti, el jueves en Rosario, acompañado por los otros tres miembros de la Corte y ante unos cien jueces federales de todo el país.
 
Como dijo Cristina Kirchner al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad del Chaco Austral, cada vez que el Poder Ejecutivo o el Legislativo afectan intereses corporativos, aparecen las famosas cautelares y los tribunales que les dan curso para proteger a esos intereses.
 
Pasó en la misma provincia de Santa Fe cuando un juez impidió que el Estado, como acreedor principal, interviniera en la quiebra fraudulenta de Vicentín. O el tribunal que congeló la declaración de internet y las telecomunicaciones como servicios de interés público. Pero también fue la Corte la que desmanteló la ley antimonopólica en el ámbito de la información.
 
Ni la Corte ni este sistema judicial han salido de un repollo y no tienen un solo antecedente, ni destacado ni mediano, en la lucha contra el narcotráfico. Es una Corte que no tiene autoridad moral para juzgar al poder político.
 
El ministro de Justicia, Martín Soria, les soltó que "es una caradurez mostrar ahora preocupación por lo que pasa en Santa Fe cuando en todos estos años no hicieron nada". "¿Dónde estaban estos jueces de la Corte y el procurador Eduardo Casal cuando el gobierno de Mauricio Macri suspendió la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal?", cuestionó. Esta norma les daba poder a los fiscales de todo el país para poder combatir la droga y el narcotráfico, que fue el motivo de la convocatoria en la que habló Rosatti.
 
Resulta bochornoso y hasta insultante que el presidente de la Corte hable de un tema sobre el cual no ha hecho nada y critique a los demás porque, según su opinión, tampoco lo hicieron. Soria recordó también que el procurador Eduardo Casal -que escuchó atentamente el discurso de Rosatti- era el que debía nombrar a los fiscales para afrontar el combate al narcotráfico y nunca los nombró. Y que la Corte no hizo nada tampoco en 2017 y 2018 cuando se denunció que cada 25 horas había un muerto en la provincia de Santa Fe por las peleas entre narcos. "Se los veía muy cómodos durante la gestión de Cambiemos", remató Soria.
 
El discurso de Rosatti en Rosario fue una puesta en escena que buscó consolidar su abordaje a la Magistratura y sostener al procurador interino Casal, un hombre de confianza del macrismo. Pero también fue una forma de ubicarse en el foco de la política en el comienzo de un año electoral. De todas maneras, el sector más corporativo del Poder Judicial ve con preocupación las iniciativas para democratizarlo que se empiezan a discutir en el Congreso.
 
En el Frente de Todos, el debate que no termina de perfilarse como debate o como pelea o disputa, provocó algunas desinteligencias cuando Alberto Fernández confirmó én España que se presentará en una interna para repetir en el 2023 y dos días después, en Francia, lo negó. Dijo que estaba más abocado a gobernar que a pensar en candidaturas.
 
La corporación de medios, que tiene un alineamiento ya probado, vio primero el anuncio de la candidatura de Alberto Fernández como un desafío contra Cristina Kirchner. Después, cuando el Presidente se retractó, la explicación fue que como su declaración no había suscitado apoyos en el peronismo, había preferido dar marcha atrás. No está claro que esa pelea, disputa o debate se resuelva ya por esa vía, aunque es una de las posibles. Todavía hay camino que recorrer, gestos y contactos.
 
El Senado dio media sanción al proyecto de multar a los capitales que fugaron al exterior sin declarar, y juntar lo recaudado en un fondo para el pago de la deuda con el FMI. El proyecto era impulsado por Cristina Kirchner. Al mismo tiempo, el Gobierno adelantó la vigencia del nuevo salario mínimo, que será de 45.240 pesos y se cobrará en junio. Esta era una propuesta de Máximo Kirchner.
 
En realidad, todos los debates tienen un poco de pelea o de disputa. En todo caso, lo que Cristina Kirchner quiso decir fue que no se trataba de romper el Frente de Todos, sino de dar un debate de contenidos y propuestas.
 
Pero los debates tienen su propia deriva y a veces toman la forma de disputa y de pelea, y la corporación mediática siempre lo presenta así, lo que genera mucho desgaste. En ese transcurso quedó claro que dentro del Frente de Todos hay diferentes ideas, a veces son matices y otras tienen que ver con políticas distributivas y el manejo del poder político. Pero, en un país que sobrelleva altos niveles de inflación, se corre el riesgo de que las disputas empiecen a percibirse como algo muy ajeno y cansador.
 
Juntos por el Cambio no tiene el sobrepeso que implica la gestión y se metió de cabeza en una interna con gran cantidad de aspirantes. Patricia Bullrich, Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales y Miguel Angel Picheto juegan por la misma candidatura. Según las encuestas, la que tiene más posibilidades en la interna es Patricia Bullrich, y Larreta sale tercero, pero es el que tiene más chances en la nacional. El que más respaldo tiene en la corporación de medios es Macri, que sale segundo en la interna y es el que tiene menos posibilidades en la nacional.
 
El intendente de Lanús, Néstor Grindetti, se retiró de la dirección de la alianza y advirtió que perderán si no suman aliados. Elisa Carrió salió furiosa contra Macri por sus reuniones con Ricardo Lorenzetti. Y cuando Larreta le ofreció a Macri su teléfono para que viera que no tiene contactos con el Gobierno, alguien le dijo que no se preocupe, que Macri ya sabía todo lo que tenía el celular. Pero al que Macri acusa de estar armando con Alberto Fernández es a Gerardo Morales, que también lo niega. Y Javier Milei les muerde los flancos mientras discuten.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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