03:42 | Jueves 13 de Noviembre de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Nacionales - 12-05-2022 / 10:05

EN LA CUESTION DE LA POLICÍA DE LA CABA, DECIDE LA CORTE MACRISTA, ACUSADA DE "INJERENCIA INDEBIDA" POR LOS GOBERNADORES

El macrismo porteño pretende seguir saqueando los fondos coparticipables del interior

"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan los gobernadores.

A pesar del esfuerzo del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires no se llegó a nada en torno a los fondos coparticipables correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña y ahora deberá decidir la Corte Suprema, en la que se advierte que muchas de sus decisiones están en clara sintonía con los intereses del macrismo, tanto por acción como por omisión. Por ello que fue acusada de "injerencia indebida" por parte de 17 gobernadores que exigen que la CABA devuelva el dinero que le fue aumentado indebidamente durante la gestión de Mauricio Macri.

La arbitraria transferencia de recursos para la Policía de la ciudad más rica de país que hizo en su momento Macri fue el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos del interior federal. Durante la gestión de Cambiemos, la Ciudad pasó de recibir de 1,4% de la coparticipación al 3,75%, aunque luego el propio Macri redujo esa cifra al 3,5%. Ahora Horacio Rodríguez Larreta espera con esos recursos financiar parte de su campaña presidencial.

Los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra. Por ello, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que "el federalismo no se negocia" y manifestó la "profunda preocupación por la injerencia indebida" por parte del máximo tribunal en la causa. "Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales.

En ese marco, los gobernadores advierten que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios". "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo", remarcaron el documento.

Asimismo, los gobernadores afirmaron: "Queremos que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos". "Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos", concluyeron.

La Opinión Popular

EL DEBATE POR LOS FONDOS COPARTICIPABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA PORTEÑA

El Gobierno nacional y el porteño no llegaron a un acuerdo y ahora define la Corte

Como se veía venir, no hubo acuerdo entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sobre los fondos coparticipables para el funcionamiento de la policía porteña y será la Corte Suprema la que tome una decisión sobre los planteos que llevó allí la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El disparador de la demanda, que data de septiembre de 2020, fue la reducción por decisión del gobierno de Alberto Fernández del 3,5 al 2,3 por ciento de los fondos que recibe el gobierno porteño para seguridad y que Mauricio Macri había triplicado en 2016 a través de un decreto con el argumento, que tampoco fue explicitado de entrada, del traspaso de la Policía Federal.

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"Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios", dijo el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro tras definirse el desenlace. Poco antes se conoció la carta de 17 gobernadores que plantearon que la CABA "pretende fondos que no le corresponden", que las provincias son discriminadas, y que les preocupa la "injerencia indebida de la Corte Suprema" en este tema. Piden ser admitidos como "amicus curiae" (amigos del tribunal).

La palabra suprema

En marzo, los supremos les dieron un ultimátum a ambos gobiernos para que intentaran ponerse de acuerdo en una salida, pero pareciera que la Ciudad apuesta a que la Corte defina con una sentencia. "Durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La ciudad rechazó esas propuestas", advirtió De Pedro.

También subrayó que el 5 de mayo se conoció un informe de la Comisión Federal de Impuestos que muestra que la transferencia que correspondía al año 2021 debía ser de 43 mil millones de pesos, que fue el monto que tuvo en cuenta el gobierno para su última propuesta. La Ciudad pedía 112 mil millones.

"Los recursos que están pidiendo superan a los de la Policía Federal en todo el territorio, que es de 70.000 millones de pesos para 32.000 agentes. En la Ciudad tienen 19.000 agentes y nadie explica cómo llegan al número de 112 mil millones", dijo Silvina Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior, en diálogo con la AM750.

"Ellos esperan con esos recursos financiar parte de la campaña presidencial", alertó. Recordó que Macri fue quien por primera vez en la historia modificó el criterio de la coparticipación, que lo hizo por decreto, y además sin aclarar que el motivo por el cual elevaba los fondos coparticipables de la CABA a 3,75 (luego los redujo a 3,50) era el traspaso de la Policía Federal, algo que se especificó mucho después. Batakis remarcó también que "todos los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra".

La respuesta del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, fue esta: "No podemos renunciar a los recursos que son necesarios para las seguridad de los ciudadanos en Buenos Aires". A su entender "el traspaso (de la policía) se hizo cumpliendo con todas las normas que establece la Constitución Nacional y con mucha rigurosidad para el cálculo de esos montos".

"Acá no se afectó ningún fondo coparticipable destinado a las provincias. Las provincias no se vieron afectadas ni en un peso. Si nos sacaron plata de una necesidad urgente y fundamental como era la seguridad, teníamos que compensarla con otra. Si íbamos a hacer un paso bajo nivel podía esperar un poco más que la seguridad", ejemplificó. Miguel fue uno de los presentes en la reunión de este martes junto con su ministro de Hacienda Martín Mura, donde también estuvieron Batakis, por el gobierno nacional, y algunos técnicos. Esta vez la reunión fue breve.

Según el Gobierno nacional, uno de los aspectos que la CABA no incluye en sus cálculos es que Nación siguió pagando los salarios de la policía una vez ya transferida la fuerza y que adeuda devoluciones. Ante la Corte los especialistas del Ministerio del Interior y de la Procuración del Tesoro mostraron también que la Ciudad hacía cálculos absurdos como incluir ítems que nada tienen que ver con la seguridad, como el Registro Civil.

Los supremos, como es habitual, no tienen plazos para resolver. En otras causas donde se discutieron cuestiones vinculadas a la coparticipación se tomaron años, como ocurrió con el reclamo por la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la Nación les quitaba a las provincias para financiar a la ANSES por una acuerdo federal de 1992.

Cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner declaró esa quita inconstitucional (en beneficio de San Luis, Santa Fe y Córdoba), un legado con el que en un comienzo tuvo que lidiar el gobierno de Mauricio Macri aunque todavía el año pasado seguía incumplido en algunos casos, como Santa Fe, para cuya ejecución la Corte sacó otra sentencia.

Pero hay que ver desde qué ángulo encaran el tema los supremos esta vez la cuestión, ya que la ciudad insiste en ser tratada como una provincia, y el tribunal ya en otra ocasión, cuando se discutía la presencialidad en las aulas por la pandemia, le dio la razón.

La queja de las provincias

A la mañana temprano de este miércoles, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció en su cuenta de Twitter, que 17 gobernadores había firmado un documento al que titularon "El federalismo no se negocia". Pusieron por escrito parte y más de lo que ya habían expresado en marzo. Estos son los ejes que plantean:

* Hablan de una "profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema" en el caso donde la CABA busca "la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden". Dicen que esperan un fallo "con preocupación" y que pedirán ser admitidos como "amicus curiae", esa figura que permite intervenir en un expediente a interesados vinculados con la temática en debate.

* "No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", advierten.

* Señalan que la Ciudad no puede ser equiparada una provincia. "Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes", marcan.

* "Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan.

* Además de pedir intervenir en este expediente anuncian que presentarán "todas las acciones judiciales complementarias" que decretos que "afectan la disponibilidad" de sus recursos.

* "El federalismo no se negocia" es una frase que le dedican a los supremos que, además, suelen decir que tiene un criterio federalista.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

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12-11-2025 / 11:11

Marcos Galperín no paga 350 millones de dólares al Estado mientras jubilados y trabajadores solventan la crisis

Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.

La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.

Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.

A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.

Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.

En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.

Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

La Opinión Popular

12-11-2025 / 10:11

Sospechosa opacidad libertaria frente a una operación de deuda pública con EE.UU.

Las últimas declaraciones del secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, acerca de la intervención del gobierno de Donald Trump en favor de Javier Milei para apuntalar el rendimiento electoral de los libertarios abren un nuevo abanico de sospechas y dudas acerca de las condiciones financieras de la operación y los favores prometidos a la potencia del Norte. Es más, fue Bessent quien habló de un swap activado, lo cual implica una operación de deuda de la que nadie en el gobierno argentino aporta un dato.

En medio del estruendoso silencio oficial, el secretario Bessent hizo público que Argentina activó el swap para devolverle inmediatamente a Estados Unidos su intervención para rescatar a Milei antes de las elecciones. Toto Caputo igual sigue sin decir palabra sobre los intereses que pagará el país por esa nueva deuda. Bessent confirmó que se activó el swap. Es decir, que Estados Unidos se garantizó una ganancia financiera contra el aumento de la deuda argentina. Ganancias de los yanquis y silencio del gobierno libertario.

En medio de la total falta de transparencia en torno a la operación, fuentes del mercado hablan de unos 2 mil millones de dólares por el rescate de octubre, a lo que se sumarían casi 800 millones que se pagaron al FMI en concepto de cancelación de vencimientos de deuda, lo cual acercaría la cifra a la banda de los 2700-3000 millones de dólares.

Cuestionado por la prensa norteamericana por el despilfarro de recursos que para muchos votantes de ese país supuso la ayuda a la Argentina, Bessent confirmó que Estados Unidos "hizo dinero" con la operación, es decir que "entró y salió" del mercado cambiario local y sugirió que, de no haber favorecido a Milei, el otro camino era derribar lanchas de narcotraficantes.

La operación Trump-Milei deja mucha tela para cortar. Por un lado, expuso como nunca la fragilidad de la economía argentina bajo la conducción libertaria y deja establecida una suerte de amenaza, bastante explícita, acerca de que, si se llegara a dar un cambio de signo político, el apoyo se esfuma y, por lo tanto, se desataría una crisis cambiaria fulminante.

En segundo lugar, hay un fuerte componente de opacidad respecto de en qué consiste la operación. ¿Cuáles fueron las condiciones financieras acordadas? ¿y cuáles las no financieras, asociadas a por ejemplo la reducción de la presencia de China en el país, algo que Bessent dijo con todas las letras?

El diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, lo aclaró: "1) Bessent trajo dólares. 2) Los cambió por pesos con una ¿tasa privilegiada del Gobierno? 3) Esos pesos los volvió a cambiar a dólares (después de las elecciones) que el país había pedido prestados (el swap). Resultado: Bessent no prestó plata, sólo hizo un cambio que nos dejó con más deuda en dólares", y le pidió al ministro Caputo que explique públicamente la operación.

11-11-2025 / 10:11

Ancla salarial: Además del dólar, del que todos hablan, son los bajos salarios, de los que nadie habla, la que ata la política oficial

Los salarios, muy lejos de su nivel pre Javier Milei. Consultoras de diferente perfil político y hasta la UBA reflejan que los ingresos siguen por debajo del 2023. El salario mínimo, además, está peor que en 2001. Aunque el Gobierno de LLA no lo oculta, el ancla inflacionaria del programa económico siguen siendo las mismas medidas del ajuste inicial: dólar intervenido y artificialmente barato, e ingresos a la baja o estancados.

El problema, ya muy visible, empezó a ser reflejado por consultoras de diferente tendencia política, que advierten que los sueldos siguen por debajo de noviembre del 2023. Inclusive, la Universidad de Buenos Aires (UBA) mostró que el Salario Mínimo tiene menor poder de compra que el del año 2001, la peor crisis de la historia.

Esta situación, que mantiene un Índice de Precios al Consumidor (IPC) sin grandes movimientos, es el mismo factor que garantiza el camino de una recesión sostenida y, además, expone niveles de consumo masivo históricamente bajos. El costo de tener los precios a raya es un panorama de familias que no llegan a fin de mes, aún con una inflación que es hasta 4 veces menor a la que había en noviembre del 2023. Todo este contexto lo reflejan firmas muy disímiles, lo que enriquece las herramientas para el análisis del problema.

Empiria, la consultora de Hernán Lacunza (ex ministro de Economía del PRO), precisó que el Ingreso Disponible -en base 100- estaba muy por encima del 100, más cerca del 105, en noviembre del 2023. Y hoy está por debajo del 99. En esa consultora, además, hicieron un trabajo en el que muestran cómo el aumento de los servicios y tarifas golpearon seriamente a las familias.

En esa misma línea, Vectorial, la consultora de Haroldo Montagú, ex viceministro de Economía de Martín Guzmán, precisó que "la quietud relativa en los ingresos de los trabajadores no solo termina siendo un ancla a los precios sino también a las cantidades. Así, los salarios registrados aún se encuentran, en promedio, un 4,7 por ciento por debajo de noviembre de 2023". La firma asegura que "esta caída sería del 10,8 por ciento si se deflacta por la inflación actualizada por la ENGHO más reciente".

¿Qué pasó con los sueldos estatales? "Los trabajadores públicos son quienes se llevan la peor parte del retraso salarial, con un 13,2 por ciento de pérdida y con un ascenso excesivamente lento. Tampoco se observa una mejora para el caso de los trabajadores registrados privados, que recién en agosto vuelven a tener niveles similares a los de noviembre de 2023, mientras que lo que va del 2025 se encuentran orbitando en un 1 por ciento por debajo de estos valores".

En esa línea, la consultora Equilibra, que comanda Martín Rapetti, publicó que, en los primeros dos años del gobierno de Milei, el poder de compra de los salarios formales se contrajo un 19 por ciento en relación al promedio enero a septiembre del 2023. La firma ejemplificó la crisis salarial con un número demoledor: si se mira en términos acumulados, los empleados y jubilados perdieron el equivalente a 2,1 meses de ingresos reales en los primeros 20 meses del gobierno libertario.

Todo el contexto antes mencionado es lo que los comerciantes apuntan como el principal causante de la crisis de consumo. Los grandes supermercadistas aducen que los salarios planchados son un golpe letal para las ventas, sobre todo porque se montan en un esquema de costos fijos de las familias que crecieron mucho en los últimos dos años. En paralelo, en el caso de los jubilados, la afectación es aún mayor dado que la pérdida de ingresos no contempla cuál es el margen de consumo que perdieron por el aumento del precio de los medicamentos.

10-11-2025 / 11:11

Congelan los activos de Hayden Davis y otros dos criptochantas, todos vinculados a Milei y la estafa $LIBRA

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi a cargo del expediente dictó una cautelar con la orden de no innovar para empezar a trazar la ruta del dinero. Se trata de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por Javier "el Estafador" Milei a través de su cuenta de X. La causa $LIBRA empieza a moverse. El juez ordenó este fin de semana el congelamiento de todos los bienes muebles e inmuebles del empresario cripto norteamericano Hayden Davis, quien ofició como el socio principal de la estafa de la que participó Javier Milei.

El juez dictó una medida de "no innovar" también sobre los activos financieros de Davis y de otros dos criptochantas vinculados al caso, uno colombiano (Favio Camilo Rodríguez Blanco) y otro argentino (Orlando Rodolfo Mellino), ambos presuntos titulares de billeteras virtuales que registraron movimientos millonarios previos y en las horas posteriores al lanzamiento del Token promocionado por el Presidente a través de su cuenta de X.

La medida del juez se basa en un informe del Ministerio Público Fiscal en el que se establece que, en los activos financieros de Davis, Rodríguez Blanco y Melino podría esconderse parte del botín estimado entre los 100 y 120 millones de dólares con que estafaron a través de $LIBRA a centenares de inversores cripto desprevenidos.

En ese marco, Davis es señalado como la figura central en la ruta del dinero del fraude: ya está en la mira de la justicia norteamericana, donde afronta una denuncia por estafa, al tiempo que se pudo reconstruir, tanto dentro de la causa como a través de la investigación de distintos especialistas del mundo cripto y de la Comisión de Diputados, que movilizó fondos a través de distintas billeteras para sus socios, intentando borrar la huella de las transferencias, algo que no pudo lograr. Rodríguez Blanco y Melino, en tanto, son señalados como posibles "intermediarios" en $LIBRA y otros negocios similares.

La misma medida que alcanzó a los bienes de Davis y los "intermediarios" Rodríguez Blanco y Melino ya había sido tomada por el juez para el caso de los lobbistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, ambos socios en el Tech Forum de octubre de 2024 de la que participó Milei y que registran varias visitas a Olivos y a la Casa Rosada en las semanas previas al lanzamiento de $LIBRA.

10-11-2025 / 10:11

El peronismo está frente a uno de los mayores desafíos de su historia

Un oficialismo ordenado, una oposición sumida en internas. El Gobierno de Javier "el Cipayo" Milei avanzará con sus reformas regresivas, mientras el principal partido de oposición sigue sin salir del shock que fue el resultado sorpresa de octubre para propios y extraños. Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado.

A apenas dos semanas de haber ido a votar, la sensación es de un escenario político planchado, sin novedades y a espera de algún acontecimiento que sacuda esa relativa tranquilidad otorgada al Gobierno libertario tras las elecciones. Semeja, cada vez con mayor intensidad, que las responsabilidades están en el campo opositor.

Habrá otra ofensiva profundizada contra los trabajadores, a través de los proyectos de reforma laboral que persiguen achicar más todavía a la clase media (¿cuánto más puede apretarse hacia abajo?). Tal vez no sea inminente, porque voces en off del Gobierno indican que son más bien "bombas de humo" para medir el humor social. Como fuere, el momento llegará y cabe seguir preguntándose si la dirigencia sindical mayoritaria persistirá en sus nubes de Úbeda.

El interrogante, por supuesto, se extiende al conjunto de referentes políticos opositores. Podría considerarse lógico que, al cabo de un resultado electoral que no esperaba ni el propio oficialismo, la oposición se encuentre en estado de shock. Sin embargo, hay el reparo de que, en esa franja, las dificultades e indecisiones vienen de antes. De bastante antes. El dictamen de las urnas sólo acentuó que la tierra barrida debajo de la alfombra volviera a exponerse.

Que no haya una dirección política unificada, o directamente que no haya conducción, es inescindible del presente fragmentado. Será más temprano que tarde cuando el peronismo, como única fuerza no testimonial en condiciones de disputar poder, o gobierno, deba resolver su situación indefinida. Y si no es mediante un consenso que pueda abroquelar de forma convincente, sería la oportunidad de hacerlo con elecciones internas.

¿Alguien tiene una fórmula más apta, si no se arriba a acuerdos básicos? De paso, o en primer término, reiteremos ciertas incógnitas.

¿Hablamos de diferencias programáticas y, luego, acerca de tácticas de alianzas que permitan un arco lo más amplio posible, como para enfrentar con éxito a un bloque dominante envalentonado? ¿Hablamos de disidencias respecto de las administraciones territoriales, que pudieran significar divisiones insalvables entre la gobernación bonaerense y La Cámpora? ¿O estamos hablando de disputas de figuración, por más antipático que resuene?

No pareciera que fuesen las dos primeras variantes, salvo habernos perdido algún aspecto sustancial. ¿Cuáles serían los enfrentamientos ideológicos marcados, e incluso secundarios, entre los idearios de Cristina y Kicillof o entre aquellos que responden a una y otro?

Si no los hay; si la respuesta es efectivamente negativa; si no rige algún cisma político profundo susceptible de ser arreglado entre cuatro paredes y como debería corresponder a gente grande, entonces resta la opción de que lo irresoluto pasa por razones de contienda individual. Y en esa alternativa, no cabría más que la ruptura.

Es decir: justo lo esperado por los libertaristas y sus socios para seguir comiendo pochoclo mientras Washington no les suelte la mano. Sería tristísimo y peligroso. Por eso es dable esperar que haya freno, si es que se llega al borde del abismo.