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Nacionales - 12-05-2022 / 10:05
EN LA CUESTION DE LA POLICÍA DE LA CABA, DECIDE LA CORTE MACRISTA, ACUSADA DE "INJERENCIA INDEBIDA" POR LOS GOBERNADORES

El macrismo porteño pretende seguir saqueando los fondos coparticipables del interior

El macrismo porteño pretende seguir saqueando los fondos coparticipables del interior
"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan los gobernadores.
A pesar del esfuerzo del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires no se llegó a nada en torno a los fondos coparticipables correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña y ahora deberá decidir la Corte Suprema, en la que se advierte que muchas de sus decisiones están en clara sintonía con los intereses del macrismo, tanto por acción como por omisión. Por ello que fue acusada de "injerencia indebida" por parte de 17 gobernadores que exigen que la CABA devuelva el dinero que le fue aumentado indebidamente durante la gestión de Mauricio Macri.

La arbitraria transferencia de recursos para la Policía de la ciudad más rica de país que hizo en su momento Macri fue el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos del interior federal. Durante la gestión de Cambiemos, la Ciudad pasó de recibir de 1,4% de la coparticipación al 3,75%, aunque luego el propio Macri redujo esa cifra al 3,5%. Ahora Horacio Rodríguez Larreta espera con esos recursos financiar parte de su campaña presidencial.

Los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra. Por ello, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que "el federalismo no se negocia" y manifestó la "profunda preocupación por la injerencia indebida" por parte del máximo tribunal en la causa. "Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales.


En ese marco, los gobernadores advierten que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios". "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo", remarcaron el documento.

Asimismo, los gobernadores afirmaron: "Queremos que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos". "Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos", concluyeron.

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EL DEBATE POR LOS FONDOS COPARTICIPABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA PORTEÑA
 
El Gobierno nacional y el porteño no llegaron a un acuerdo y ahora define la Corte
 
Como se veía venir, no hubo acuerdo entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sobre los fondos coparticipables para el funcionamiento de la policía porteña y será la Corte Suprema la que tome una decisión sobre los planteos que llevó allí la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
 
El disparador de la demanda, que data de septiembre de 2020, fue la reducción por decisión del gobierno de Alberto Fernández del 3,5 al 2,3 por ciento de los fondos que recibe el gobierno porteño para seguridad y que Mauricio Macri había triplicado en 2016 a través de un decreto con el argumento, que tampoco fue explicitado de entrada, del traspaso de la Policía Federal. 
 
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"Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios", dijo el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro tras definirse el desenlace. Poco antes se conoció la carta de 17 gobernadores que plantearon que la CABA "pretende fondos que no le corresponden", que las provincias son discriminadas, y que les preocupa la "injerencia indebida de la Corte Suprema" en este tema. Piden ser admitidos como "amicus curiae" (amigos del tribunal).
 
 
La palabra suprema
 
En marzo, los supremos les dieron un ultimátum a ambos gobiernos para que intentaran ponerse de acuerdo en una salida, pero pareciera que la Ciudad apuesta a que la Corte defina con una sentencia. "Durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de  los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La ciudad rechazó esas propuestas", advirtió De Pedro.
 
También subrayó que el 5 de mayo se conoció un informe de la Comisión Federal de Impuestos que muestra que la transferencia que correspondía al año 2021 debía ser de 43 mil millones de pesos, que fue el monto que tuvo en cuenta el gobierno para su última propuesta. La Ciudad pedía 112 mil millones
 
"Los recursos que están pidiendo superan a los de la Policía Federal en todo el territorio, que es de 70.000 millones de pesos para 32.000 agentes. En la Ciudad tienen 19.000 agentes y nadie explica cómo llegan al número de 112 mil millones", dijo Silvina Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior, en diálogo con la AM750.  
 
"Ellos esperan con esos recursos financiar parte de la campaña presidencial", alertó. Recordó que Macri fue quien por primera vez en la historia modificó el criterio de la coparticipación, que lo hizo por decreto, y además sin aclarar que el motivo por el cual elevaba los fondos coparticipables de la CABA a 3,75 (luego los redujo a 3,50) era el traspaso de la Policía Federal, algo que se especificó mucho después. Batakis remarcó también que "todos los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra". 
 
La respuesta del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, fue esta: "No podemos renunciar a los recursos que son necesarios para las seguridad de los ciudadanos en Buenos Aires". A su entender "el traspaso (de la policía) se hizo cumpliendo con todas las normas que establece la Constitución Nacional y con mucha rigurosidad para el cálculo de esos montos". 
 
"Acá no se afectó ningún fondo coparticipable destinado a las provincias. Las provincias no se vieron afectadas ni en un peso. Si nos sacaron plata de una necesidad urgente y fundamental como era la seguridad, teníamos que compensarla con otra. Si íbamos a hacer un paso bajo nivel podía esperar un poco más que la seguridad", ejemplificó. Miguel fue uno de los presentes en la reunión de este martes junto con su ministro de Hacienda Martín Mura, donde también estuvieron Batakis, por el gobierno nacional, y algunos técnicos. Esta vez la reunión fue breve. 
 
Según el Gobierno nacional, uno de los aspectos que la CABA no incluye en sus cálculos es que Nación siguió pagando los salarios de la policía una vez ya transferida la fuerza y que adeuda devoluciones. Ante la Corte los especialistas del Ministerio del Interior y de la Procuración del  Tesoro mostraron también que la Ciudad hacía cálculos absurdos como incluir ítems que nada tienen que ver con la seguridad, como el Registro Civil.
 
Los supremos, como es habitual, no tienen plazos para resolver. En otras causas donde se discutieron cuestiones vinculadas a la coparticipación se tomaron años, como ocurrió con el reclamo por la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la Nación les quitaba a las provincias para financiar a la ANSES por una acuerdo federal de 1992.
 
Cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner declaró esa quita inconstitucional (en beneficio de San Luis, Santa Fe y Córdoba), un legado con el que en un comienzo tuvo que lidiar el gobierno de Mauricio Macri aunque todavía el año pasado seguía incumplido en algunos casos, como Santa Fe, para cuya ejecución la Corte sacó otra sentencia.
 
Pero hay que ver desde qué ángulo encaran el tema los supremos esta vez la cuestión, ya que la ciudad insiste en ser tratada como una provincia, y el tribunal ya en otra ocasión, cuando se discutía la presencialidad en las aulas por la pandemia, le dio la razón. 
 
 
La queja de las provincias
 
A la mañana temprano de este miércoles, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció en su cuenta de Twitter, que 17 gobernadores había firmado un documento al que titularon "El federalismo no se negocia". Pusieron por escrito parte  y más de lo que ya habían expresado en marzo. Estos son los ejes que plantean: 
 
* Hablan de una "profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema" en el caso donde la CABA busca "la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden". Dicen que esperan un fallo "con preocupación" y que pedirán ser admitidos como "amicus curiae", esa figura que permite intervenir en un expediente a interesados vinculados con la temática en debate.
 
* "No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", advierten. 
 
Señalan que la Ciudad no puede ser equiparada una provincia. "Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes", marcan. 
 
"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan. 
 
* Además de pedir intervenir en este expediente anuncian que presentarán "todas las acciones judiciales complementarias" que decretos que "afectan la disponibilidad" de sus recursos. 
 
* "El federalismo no se negocia" es una frase que le dedican a los supremos que, además, suelen decir que tiene un criterio federalista. 
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 
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01-12-2025 / 09:12
En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.
 
Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.
 
Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.
 
¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?
 
Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?
 
La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.
 
Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.
 
Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.
 
Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.
 

30-11-2025 / 12:11
La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.
 
El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.
 
Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.
 
Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.
 
Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.
 
Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.
 
"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.
 
Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.
 
En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.
 
La Opinión Popular
 

29-11-2025 / 10:11
Con un señor en cueros haciendo equilibrio para que no se le caiga un pedazo de fierro que sostenía en sus grandes pectorales flácidos empezó en el Congreso la reunión antivacunas que convocó la diputada oficialista Marilú Quiroz.
 
El hombre quedó "imantado" por las vacunas, según denunciaron, mientras el Senado retrasaba, hasta que ingresen los nuevos senadores, la discusión sobre la incorporación de la rionegrina oficialista Lorena Villaverde, ya rechazada por la comisión de Asuntos Constitucionales por sus antecedentes vinculados con el narcotráfico.
 
El INDEC retocó los índices de crecimiento para ocultar que el país está en recesión desde principios de año. Pero cuando se habla con los industriales, parecen vacas que van al matadero al balbucear que igual respaldan a este gobierno "porque es el único que se preocupó por la macro".
 
La pobreza de pensamiento de la clase empresarial produce hasta molestia física. Cuestionan aspectos como los antivacunas o la corrupción del famoso tres por ciento, pero no pueden ver que se intenta cambiar la matriz productiva y que el primer paso es el industricidio.
 
Aplauden como focas un proyecto de reforma laboral que atrasa 200 años las relaciones de trabajo, mientras tienen que cerrar sus propias empresas. Esta semana Whirlpool cerró la fábrica de Pilar, que había inaugurado hace tres años con una inversión de 50 millones de dólares.
 
Desde noviembre de 2023, cerraron más de quince mil empresas. Las patronales del campo pensaban que tenían la vaca atada pero ahora, con un dólar barato, tienen que afrontar insumos inflacionados, rutas abandonadas e inundaciones y sequias sin asistencia.
 
"Unos 220 obreros quedaron en la calle por el cierre de Whirlpool" adujo el periodista. El economista oficialista Miguel Boggiano, hijo de un ex juez de la Corte menemista, explicó: "Pero ahora tenés a 850 mil que van a comprar más barato el lavarropa". Aplazado el economista Boggiano, porque los desocupados y los que tienen bajos salarios dejaran de comprar lavarropas, heladeras, televisores, bicicletas, motos, etc., etc. Sin comprar nada de eso, la mayoría de los argentinos no llega a fin de mes con lo que gana.
 
Con este proyecto de país, industriales y comerciantes se van al bombo o se ajustan y los patrones rurales se achican. En contrapartida, las tecnológicas, extremistas del discurso anti Estado, reciben subsidios. El capital concentrado trata de volcarse a la energía, la minería y la timba financiera, que son los únicos que crecieron realmente. Y el INDEC funciona como vaselina con dibujos de los índices de crecimiento, de inflación o de consumo, para que el infierno parezca paraíso.
 
El Gobierno que salió airoso de las elecciones de medio término, ahora se dirige a cobrar el premio. Un Consejo de Mayo inútil, que no resuelve nada, pensado para una foto mentirosa que quiera dar la imagen de "diálogo", anunció que antes de fin de año el gobierno enviará al Congreso un proyecto de Reforma Laboral, que no tuvo consenso ni fue aprobado por ese Consejo por el nivel esclavista que propone para los trabajadores.
 

28-11-2025 / 10:11
El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ricardo Diab, alertó por el cierre de empresas en Argentina, y entre las principales causas detalla la baja en el consumo y la apertura de importaciones que impulsa el gobierno de Javier "el Loco" Milei. Diab mencionó el reciente cierre de Whirlpool, que dejó a 220 personas sin trabajo, y el de la láctea La Suipachense señalando que estas no son "grandes empresas" pero si son significativas.
 
Vale recordar que la CAME tomó partido por Milei antes del balotaje con Sergio Massa, apoyó públicamente el mega DNU del presidente en diciembre de 2023 sobre la desregulación total de la economía y respaldó junto a otras cámaras de grandes empresas el endeudamiento de Luis Caputo ante el FMI.
 
En primer lugar, el presidente de CAME sostuvo que la baja en el consumo "hace que el comercio en sí mismo no demande a la industria producto por este mismo motivo. Nosotros solicitamos otras alternativas de incentivo al consumo, en lo que tenía que ver con los planes de cuota a largo plazo que dio en un momento facilidades en la forma de estirar el salario".
 
Sin embargo, indicó que no tuvo éxito porque el Estado no interviene en las cuestiones de los privados: "Si los bancos no acceden, no aceptan o las plataformas de tarjeta, es muy difícil llevarlo a cabo". A esto se le suma la apertura de importaciones: "Muchas empresas ven que no son competitivas con respecto a productos que vienen fundamentalmente de China". El empresario señaló que incluso en rubros como el alimenticio se observa un aumento de productos importados que compiten con los nacionales.
 
Aunque el comercio internacional es "imprescindible", para Diab en el crecimiento económico en tecnología y materias primas, ciertos sectores nacionales no logran ser competitivos, lo que "lleva al cierre". Observó, además, que la tendencia es "creciente", al punto que empresarios que no tenían entre sus proyectos ser importadores, ahora lo están analizando.
 
El dirigente también destacó el impacto de la carga tributaria en la competitividad de las empresas argentinas. "Si sabemos que automáticamente cualquiera de nuestros productos tiene un 50% de impuesto, ya partimos de una situación impositiva muy difícil de resolver", afirmó, y comparó la situación con otros países que tienen menores cargas o distintos estilos de producción.
 
En cuanto al mercado laboral, Diab fue contundente al señalar que "en línea genérica, no hay actividad que esté demandando empleo". Explicó que, aunque una adecuación de la legislación laboral es necesaria, no será suficiente "si no hay demanda productiva". El presidente de CAME reconoció que, si bien la gente no consume porque "no tiene salarios buenos", las propias empresas, en especial las PyMEs, están imposibilitadas de mejorar esos salarios sustancialmente debido a la falta de rentabilidad y la fragilidad del contexto económico.
 
La industria nacional, a contramano de los datos que promociona el Gobierno de Milei, sigue en un pozo del que no puede salir. "Estamos inmersos casi en un círculo negativo donde los mismos que declamamos no lo podemos llevar a cabo fácilmente", afirmó. Además, el dirigente mencionó que, si bien han dialogado con el Gobierno, "el Estado hoy no interviene absolutamente en nada que tenga que ver los privados".
 
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27-11-2025 / 10:11
El industricidio avanza gracias a las políticas neoliberales de Javier "el Loco" Milei y Luis "Toto" Caputo. Ya pasó un mes de aquellas elecciones legislativas donde Milei logró un triunfo que hizo crecer la soberbia de su gobierno, lo cual impulsa la reforma laboral que propone. No obstante, se enfrenta a un panorama complicado que lo desafía por completo.

A un mes de la "Argentina" violeta, se acumulan los despidos en fábricas ante la apertura de importaciones. Whirlpool cerró la planta de Pilar inaugurada en 2022 y despidió a sus 220 trabajadores. Asimismo, el consumo continúa en caída libre mientras que diciembre se avecina con nuevos aumentos que sigue golpeando más de un bolsillo. Por su parte, el salario continúa congelado y no hay sueldo que aguante.

Sin embargo, el Gobierno anarco capitalista hace vista ciega y avanza a fondo por la reforma laboral. Tal es así que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió este miércoles (26/11) en Casa Rosada a los miembros del Consejo de Mayo y, pese a la falta de consensos, anunció que la administración libertaria enviará el proyecto al Congreso el próximo 9 de diciembre.

Si los tiempos avanzan como pretende Milei, la reforma laboral se debatirá al filo o durante la Navidad y Año Nuevo anticipando semanas difíciles para aquellos trabajadores que perdieron su empleo, lo que se intensificó en los últimos días luego de la victoria electoral de La Libertad Avanza, donde nada cambió para la economía real pese al rescate del INDEC.

Las pálidas continúan y están a la vista de todos los argentinos. Sin ir más lejos, los datos del último informe de CEPA, que abarca hasta agosto, sostienen que desde que Milei inició su gestión, por día cierran 30 empresas y, en total, se destruyeron 276.000 puestos de trabajo registrados. "Creer o reventar", dice la frase.

Por su parte, el INDEC que conduce Marco Lavagna quedó en el centro de una nueva polémica por una sugestiva corrección de los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) para evitar que la economía entre en recesión técnica. El organismo que en septiembre la actividad económica tuvo un incremento de 0,5% en comparación con agosto, un dato mucho mejor que el estimado por las consultoras privadas que preveían una caída de entre 0,1% y 0,3%. Dibujando los números, el gobierno logró evitar ese título negativo pese que el tercer trimestre fue el más afectado por la inestabilidad económica consecuencia de las elecciones.

En tanto, los principales bancos y consultoras nacionales e internacionales recortaron sus previsiones de crecimiento para la economía argentina en 2026. Según el relevamiento de FocusEconomics, el Producto Bruto Interno se expandirá menos de la estimación previa. El ajuste refleja un escenario menos optimista y expone el desgaste del discurso libertario, que hasta ahora muestra más promesas que resultados.

El relato libertario remacha que la economía empieza a mostrar signos de recuperación, pero la realidad en las góndolas y en los bolsillos cuenta otra historia. El consumo masivo sigue estancado, sin el menor atisbo de mejora en la segunda mitad del año. Los datos publicados por el Indec este miércoles son contundentes: las ventas en supermercados cayeron a nivel intermensual y ya suman seis meses consecutivos de baja hasta septiembre. El golpe al consumo es tan fuerte que, en la comparación interanual, las ventas también retrocedieron. El ingreso de productos importados que compiten con los de fabricación nacional, el dólar barato y el encarecimiento de los costos productivos alientan la desindustrialización y el desempleo.

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