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Nacionales - 12-05-2022 / 10:05
EN LA CUESTION DE LA POLICÍA DE LA CABA, DECIDE LA CORTE MACRISTA, ACUSADA DE "INJERENCIA INDEBIDA" POR LOS GOBERNADORES

El macrismo porteño pretende seguir saqueando los fondos coparticipables del interior

El macrismo porteño pretende seguir saqueando los fondos coparticipables del interior
"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan los gobernadores.
A pesar del esfuerzo del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires no se llegó a nada en torno a los fondos coparticipables correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña y ahora deberá decidir la Corte Suprema, en la que se advierte que muchas de sus decisiones están en clara sintonía con los intereses del macrismo, tanto por acción como por omisión. Por ello que fue acusada de "injerencia indebida" por parte de 17 gobernadores que exigen que la CABA devuelva el dinero que le fue aumentado indebidamente durante la gestión de Mauricio Macri.

La arbitraria transferencia de recursos para la Policía de la ciudad más rica de país que hizo en su momento Macri fue el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos del interior federal. Durante la gestión de Cambiemos, la Ciudad pasó de recibir de 1,4% de la coparticipación al 3,75%, aunque luego el propio Macri redujo esa cifra al 3,5%. Ahora Horacio Rodríguez Larreta espera con esos recursos financiar parte de su campaña presidencial.

Los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra. Por ello, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que "el federalismo no se negocia" y manifestó la "profunda preocupación por la injerencia indebida" por parte del máximo tribunal en la causa. "Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales.


En ese marco, los gobernadores advierten que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios". "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo", remarcaron el documento.

Asimismo, los gobernadores afirmaron: "Queremos que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos". "Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos", concluyeron.

La Opinión Popular


 
EL DEBATE POR LOS FONDOS COPARTICIPABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA PORTEÑA
 
El Gobierno nacional y el porteño no llegaron a un acuerdo y ahora define la Corte
 
Como se veía venir, no hubo acuerdo entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sobre los fondos coparticipables para el funcionamiento de la policía porteña y será la Corte Suprema la que tome una decisión sobre los planteos que llevó allí la administración de Horacio Rodríguez Larreta.
 
El disparador de la demanda, que data de septiembre de 2020, fue la reducción por decisión del gobierno de Alberto Fernández del 3,5 al 2,3 por ciento de los fondos que recibe el gobierno porteño para seguridad y que Mauricio Macri había triplicado en 2016 a través de un decreto con el argumento, que tampoco fue explicitado de entrada, del traspaso de la Policía Federal. 
 
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"Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios", dijo el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro tras definirse el desenlace. Poco antes se conoció la carta de 17 gobernadores que plantearon que la CABA "pretende fondos que no le corresponden", que las provincias son discriminadas, y que les preocupa la "injerencia indebida de la Corte Suprema" en este tema. Piden ser admitidos como "amicus curiae" (amigos del tribunal).
 
 
La palabra suprema
 
En marzo, los supremos les dieron un ultimátum a ambos gobiernos para que intentaran ponerse de acuerdo en una salida, pero pareciera que la Ciudad apuesta a que la Corte defina con una sentencia. "Durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de  los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La ciudad rechazó esas propuestas", advirtió De Pedro.
 
También subrayó que el 5 de mayo se conoció un informe de la Comisión Federal de Impuestos que muestra que la transferencia que correspondía al año 2021 debía ser de 43 mil millones de pesos, que fue el monto que tuvo en cuenta el gobierno para su última propuesta. La Ciudad pedía 112 mil millones
 
"Los recursos que están pidiendo superan a los de la Policía Federal en todo el territorio, que es de 70.000 millones de pesos para 32.000 agentes. En la Ciudad tienen 19.000 agentes y nadie explica cómo llegan al número de 112 mil millones", dijo Silvina Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior, en diálogo con la AM750.  
 
"Ellos esperan con esos recursos financiar parte de la campaña presidencial", alertó. Recordó que Macri fue quien por primera vez en la historia modificó el criterio de la coparticipación, que lo hizo por decreto, y además sin aclarar que el motivo por el cual elevaba los fondos coparticipables de la CABA a 3,75 (luego los redujo a 3,50) era el traspaso de la Policía Federal, algo que se especificó mucho después. Batakis remarcó también que "todos los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra". 
 
La respuesta del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, fue esta: "No podemos renunciar a los recursos que son necesarios para las seguridad de los ciudadanos en Buenos Aires". A su entender "el traspaso (de la policía) se hizo cumpliendo con todas las normas que establece la Constitución Nacional y con mucha rigurosidad para el cálculo de esos montos". 
 
"Acá no se afectó ningún fondo coparticipable destinado a las provincias. Las provincias no se vieron afectadas ni en un peso. Si nos sacaron plata de una necesidad urgente y fundamental como era la seguridad, teníamos que compensarla con otra. Si íbamos a hacer un paso bajo nivel podía esperar un poco más que la seguridad", ejemplificó. Miguel fue uno de los presentes en la reunión de este martes junto con su ministro de Hacienda Martín Mura, donde también estuvieron Batakis, por el gobierno nacional, y algunos técnicos. Esta vez la reunión fue breve. 
 
Según el Gobierno nacional, uno de los aspectos que la CABA no incluye en sus cálculos es que Nación siguió pagando los salarios de la policía una vez ya transferida la fuerza y que adeuda devoluciones. Ante la Corte los especialistas del Ministerio del Interior y de la Procuración del  Tesoro mostraron también que la Ciudad hacía cálculos absurdos como incluir ítems que nada tienen que ver con la seguridad, como el Registro Civil.
 
Los supremos, como es habitual, no tienen plazos para resolver. En otras causas donde se discutieron cuestiones vinculadas a la coparticipación se tomaron años, como ocurrió con el reclamo por la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la Nación les quitaba a las provincias para financiar a la ANSES por una acuerdo federal de 1992.
 
Cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner declaró esa quita inconstitucional (en beneficio de San Luis, Santa Fe y Córdoba), un legado con el que en un comienzo tuvo que lidiar el gobierno de Mauricio Macri aunque todavía el año pasado seguía incumplido en algunos casos, como Santa Fe, para cuya ejecución la Corte sacó otra sentencia.
 
Pero hay que ver desde qué ángulo encaran el tema los supremos esta vez la cuestión, ya que la ciudad insiste en ser tratada como una provincia, y el tribunal ya en otra ocasión, cuando se discutía la presencialidad en las aulas por la pandemia, le dio la razón. 
 
 
La queja de las provincias
 
A la mañana temprano de este miércoles, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció en su cuenta de Twitter, que 17 gobernadores había firmado un documento al que titularon "El federalismo no se negocia". Pusieron por escrito parte  y más de lo que ya habían expresado en marzo. Estos son los ejes que plantean: 
 
* Hablan de una "profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema" en el caso donde la CABA busca "la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden". Dicen que esperan un fallo "con preocupación" y que pedirán ser admitidos como "amicus curiae", esa figura que permite intervenir en un expediente a interesados vinculados con la temática en debate.
 
* "No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", advierten. 
 
Señalan que la Ciudad no puede ser equiparada una provincia. "Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes", marcan. 
 
"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan. 
 
* Además de pedir intervenir en este expediente anuncian que presentarán "todas las acciones judiciales complementarias" que decretos que "afectan la disponibilidad" de sus recursos. 
 
* "El federalismo no se negocia" es una frase que le dedican a los supremos que, además, suelen decir que tiene un criterio federalista. 
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 
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04-12-2025 / 08:12
Martillar el último clavo en el ataúd que encierra el cadáver del peronismo es una causa nacional que pronto cumplirá 80 años. Ahí, en 1946, radica la "cifra redonda", el año fundacional, tanto del peronismo como movimiento de masas como del antiperonismo como irrenunciable leit motiv de buena parte de la sociedad argentina. Y así venimos desde hace décadas, matando al peronismo, dándolo por finiquitado, y asistiendo a sus múltiples y polifacéticas resurrecciones.
 
Como un destino nacional inexorable; "el hecho maldito del país burgués" que definió John William Cooke. En ese itinerario pueden indentificarse 11 muertes del peronismo, 11 episodios que el antiperonismo festejó como un Mundial para, poco después, volver a empezar.
 
Pero, ¿qué sería del antiperonismo, buceando ya en profundidades ontológicas, si el peronismo realmente muriera? Si combatir al peronismo en todas sus formas -rechazarlo, denostarlo y condenarlo- es la razón de ser de tantos argentinos, ¿qué vendría después? ¿Qué verían al asomarse a ese abismo nietzscheano que nos habita y nos acecha cuando el monstruo de afuera ya no esté?
 
La flamante victoria de La Libertad Avanza generó todo tipo de conjeturas sobre el futuro de un peronismo enredado en la miseria de sus internas y carente de una propuesta alternativa, capaz de seducir a una ciudadanía desencantada. Lo llamativo es que este contexto crítico se replicó en varias ocasiones desde los años 50 a la fecha y generó los mismos efectos.
 
"Ahora sí, este es el fin del peronismo", es un título redactado en numerosas ocasiones, siempre listo y nunca definitivo. Será porque los intentos por "matar" al peronismo han adoptado distintas formas: la proscripción, la represión, la fragmentación interna, la debacle económica, la derrota electoral. Cada uno de esos embates reforzó, de una manera u otra, su condición de fenómeno político persistente.
 
Los siguientes 11 episodios -las 11 muertes- lo ejemplifican.
 
1) 26 de julio 1952. La que fallece es Eva Duarte, "Jefa Espiritual de la Nación" y estandarte del "primer peronismo", cuando el país -al decir de Félix Luna- era una fiesta. Después de Evita, ¿qué?, era la pregunta. Las pintadas celebratorias repartidas por Buenos Aires ("viva el cáncer") expresaban el anhelo de que esa muerte de carne y hueso fuera el simbólico inicio de otra muerte, la de Perón, la de su gobierno y la de todo lo que el peronismo representaba. Muchos lo creyeron así.
 
2) 16 de septiembre de 1955. Golpe de Estado. Revolución Libertadora (para los peronistas, la "fusiladora"). Es el comienzo de una gigantesca operación cultural: la desperonización de la Argentina. La proscripción del peronismo y el exilio de 18 años de su líder son la punta del iceberg. Se demuelen estatuas, se destruyen bustos, se queman cuadros, se borra todo vestigio de peronismo al punto de prohibir, por ley, que se lo nombre en público. Pero en lugar de matarlo, lo que lograron fue fortalecer la identidad, al punto de que el sólo hecho de ser peronista se convirtió en un acto de resistencia.
 

03-12-2025 / 10:12
No fue solo un giro diplomático: por primera vez desde el retorno de la democracia, Argentina votó en esta materia junto con EEUU e Israel, dos países cuestionados por graves violaciones a los derechos humanos y hasta genocidio, posicionándose, así como los tres únicos Estados en el mundo que se niegan a condenar el uso de la tortura.
 
El posicionamiento argentino desnuda la verdadera esencia del gobierno de Javier "el Loco" Milei, al cual la calificación de fascista no resulta exagerada, pues hubo incluso gobiernos de extrema derecha, que por vergüenza o compromiso, votaron afirmativamente condenando la tortura.
 
La resolución rechazada por Argentina fue promovida por el Comité contra la Tortura (CAT), órgano que días antes había publicado un informe crítico sobre la situación del país. Ese informe expresó su "profunda preocupación" por la persistencia de detenciones prolongadas en comisarías, prácticas policiales violentas, falta de controles judiciales efectivos y condiciones inhumanas en lugares de encierro.
 
El Comité recordó que los jueces y juezas penales son garantes últimos de la legalidad y dignidad de toda detención, y que el Estado argentino viola sus obligaciones cuando tolera celdas sin ventilación, superpobladas, sin colchones, sin agua potable, o cuando naturaliza golpizas, hostigamientos y traslados arbitrarios.
 
Nada de esto es nuevo: hace décadas que organismos de DDHH como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) o la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, entre otros, advierten y condenan las prácticas sistemáticas que se dan en los contextos de encierro, que encuadran dentro de los "Tratos crueles, inhumanos o degradantes" tal como se define en el derecho internacional en materia de DDHH.
 
Sin embargo, lejos de reconocer la legitimidad de estas observaciones, el gobierno argentino reaccionó con un ataque político. El mismo día que se conoció el informe del CAT, se publicó en el sitio "Argentina.gob" la respuesta oficial, calificando al informe como "sesgado", bajo la acusación de haber omitido "graves abusos ocurridos durante el gobierno de Alberto Fernández".
 
Para el gobierno de Milei, el documento emitido por el CAT está "abiertamente influido por grupos militantes y organizaciones con marcada orientación kirchnerista" y "exhibe un sesgo ideológico incompatible con la imparcialidad que exige el sistema internacional de derechos humanos".
 
Resultaría gracioso, si no fuera tan trágico, que se etiquete de esa forma a un organismo técnico en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero esa es la lógica del gobierno de La Libertad Avanza: quien denuncia abusos policiales o defiende garantías constitucionales es automáticamente sospechado de "zurdo" o "kuka".
 

03-12-2025 / 10:12
Karina "la Coimera" Milei sueña con que su hermano la elija como sucesora como hizo Néstor Kirchner con Cristina en 2007 en una maniobra que le permitió al kirchnerismo quedarse en el poder durante 12 años. "Hay que ir por la reelección de Javier Milei", aclaró en Mar del Plata, en el congreso libertario que encabezó frente a 300 personas, pese a que esperaban más de 700. Pero lo que no dijo es que ella se plantea como sucesora de su hermano, en el 2027 o en el siguiente turno electoral.
 
"Ella quiere que Milei la elija como sucesora, como hizo Néstor con Cristina", explicó un dirigente libertario al tanto de los planes de la hermana presidencial. En el mismo acto se difundió la creación de un "comité de disciplina" de La Libertad Avanza, que tendrá tolerancia cero a las individualidades. Entre los libertarios dijeron que el comité servirá como una suerte de Mazorca de Karina para tener a raya a todo el partido, en especial a los influencers como el Gordo Dan, el cabecilla de Las Fuerzas del Cielo que agrupa a los seguidores de Santiago Caputo.
 
Justamente el Gordo Dan ofició durante los primeros dos años de mandato de Milei como un guardián de la pureza libertaria y fue quien hizo echar a varios funcionarios que se corrieron de la línea. Karina quiere ser la única en detentar ese poder. Además, no quiere que los ministros, diputados y senadores vayan a la televisión sin su supervisión previa.
 
La visión policial de la política que despliega Karina ya es motivo de preocupación entre importantes dirigentes libertarios y llegó a impactar en el Congreso. "Patricia Bullrich le tiene terror a Karina", afirmó un importante dirigente libertario.
 
La hermana de Milei ahora tiene en mira el ministerio de Justicia como el próximo lugar para colonizar. Karina le pidió a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el ministerio luego de las elecciones pese a que ya había presentado una carta con su renuncia. El objetivo era darse un tiempo para definir su sucesor.
 
Ahora, Karina quiere que el puesto de Cúneo lo ocupe Santiago Viola. Viola es el apoderado de La Libertad Avanza y era su candidato para la secretaría Legal y Técnica antes de que Santiago Caputo acercara a María Ibarzábal Murphy, quien se ganó la confianza de Milei y es una pieza clave del gabinete. Pero los tiempos cambiaron y la obsesión de Karina por la Justicia creció desde el caso Libra y las coimas de la Andis, que la tienen en el centro de las investigaciones de la justicia federal.
 
Estos movimientos forman parte, según los libertarios, de un objetivo mayor para Karina, que es el de entrar a la fórmula presidencial en el futuro. Milei repite que su jefe es su hermana y por eso en el gobierno no descartan que Karina pida dar el salto en 2027.
 
La semana pasada, Karina se apersonó en el Senado para dar una demostración de poder en la Cámara en la que acaba de entrar Patricia Bullrich, otra de las figuras del gobierno con aspiraciones a entrar en la fórmula presidencial, pero que teme a la hermana de Milei.
 
Karina es la persona de este gobierno que tiene peor imagen, se la asocia a la corrupción. Su figura, cada vez más central dentro de la estructura de poder, es parte del debate sobre quién toma las decisiones en la gestión nacional. De hecho, las encuestas ya están evaluando la percepción sobre quién gobierna realmente: Javier Milei o su hermana, la secretaria general de la Presidencia.
 
La Opinión Popular
 

01-12-2025 / 09:12
En Diputados, con una impunidad ante la que vale detenerse, la legisladora macrista Marilú Quiroz organizó una jornada de seis horas contra "la obligatoriedad y compulsividad" de las vacunas, abarcando relacionarlas con el autismo. Vimos a un tipo que, a torso descubierto, se mostró imantado por efecto de la inoculación. En 2014 ya habían montado el mismo circo, en una actuación televisiva y con otro protagonista, y adjudicándoselo a otros factores. Los objetos metálicos "se le pegan al cuerpo", ratificaron esta vez tras varios intentos fallidos.
 
Lo más parecido a esto que se vio el jueves debe ser el conjunto de infradotados, vestidos de búfalo, que tomaron el Capitolio el 6 de enero de 2021. El acto, el de acá, fue autorizado por la presidencia de la Cámara de Diputados.
 
Al margen del espanto y las denuncias de toda autoridad científica, ya con siete niños muertos de sarampión y tos convulsa por no estar vacunados, se desconocen presentaciones judiciales o procederes de oficio. Hubo un delito. Un atentado contra la salud pública.
 
¿Hecho menor, por haberse tratado de un grupo de delirantes bien que ocupando parte del edificio parlamentario? ¿O símbolo gigantesco?
 
Basta recorrer por encima los temas dominantes de la agenda publicada para advertir el momento prácticamente bizarro de nuestra política. Es el accionar gubernamental, es la plancha desconcertante en que está sumida la oposición y son las consecuencias de ese estadio. ¿Será la calma o desviación temática que preceden a alguna tormenta o, acaso, un clima destinado a permanecer durante largo rato?
 
La guerra entre la AFA, el Gobierno y los medios oficialistas, operada desde el efectismo de un campeonato de escritorio y una formación de pasillo dando la espalda a los campeones, se lleva por varios cuerpos el conversatorio periodístico, digital y vaya a saberse si, también, masivo. Es de esos disparadores que invitan a la básica y poderosa pregunta de si no pasa nada más importante en el país.
 
Los títulos de casi toda la prensa ametrallan sin parar, incluso a través de "noticias" y variantes fragmentadas -sobre el mismo tópico- que se suceden una tras otra. Pocas veces se vio algo semejante, tan desembozado.
 
Hasta un imberbe percibiría que no destrozan a la AFA por sus desaguisados ni por arbitrajes escandalosos, que desde ya sobran. El centro indesmentible es privatizar la actividad futbolística hasta el extremo que sea posible, pero eso ni siquiera es mencionado de refilón por la militancia independiente de los bufones oficiales.
 
Desde el Presidente de la Nación hasta su ministra de Seguridad instalaron el asunto con rango de gravedad nacional. Se supone que una cosa es la pasión desenfrenada que el fútbol desata en Argentina. Y que otra, completamente distinta, es llevar el caso a una cuestión de Estado ligada a negociados formidables. Sólo se supone.
 

30-11-2025 / 12:11
La concentración de fachos en Plaza de Mayo para pedir por la libertad de los represores fue un fracaso. No fue nutrida ni contó con la asistencia de las caras más conocidas del reclamo pro-dictadura. Sus organizadores debieron levantar sus petates a las apuradas cuando un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) se acercó para avisarles que estaba llegando la manifestación por Palestina, que los sextuplicaba en participantes.
 
El que recibió el mensaje fue Guillermo Sottovia, uno de los organizadores de la movida fallida, que dice ser piloto civil e hijo de un oficial de la Aeronáutica. A Sottovia no le quedó más remedio que agarrar el megáfono maltrecho que tenían e iniciar la retirada. -Nos tenemos que ir, no por cobardes, sino para demostrar que ellos son los violentos -dijo.
 
Hasta segundos antes, Sottovia había estado a los abrazos con Carlos Pampillón, el dirigente neonazi marplatense procesado por atacar un monumento a la Memoria, la Verdad y la Justicia. Pampillón palmeaba a algunos hombres con uniformes y los llamaba "héroes" mientras se abría paso por la Plaza de Mayo.
 
Asunción Benedit estaba contenta porque casi había más fotógrafos que concurrentes. Ella se había puesto un pañuelo negro en la cabeza como forma de identificarse: no solo en oposición a las Madres de Plaza de Mayo sino porque también dice estar de "luto" por los represores presos.
 
Según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), hay 22 criminales de lesa humanidad presos en cárceles comunes y 63 en la Unidad 34 de Campo de Mayo, considerada una prisión VIP por sus comodidades.
 
Tanto Asunción como su hermano, el diputado nacional entrerriano Beltrán Benedit, suelen visitar a los condenados y procesados por secuestrar, torturar y desaparecer personas. Ella sostiene que no solo hay que pedirle al gobierno de Javier "el Loco" Milei por su libertad, sino también reivindicar su accionar represivo.
 
"La esperanza es lo último que se pierde", dijo la mujer que pululó por distintas organizaciones pro-dictadura. "De hecho podemos estar haciendo este reclamo. Si fuera con otro gobierno, ya estaríamos presos", concedió, aunque no esconde su desazón porque la administración de La Libertad Avanza (LLA) no hizo más para tener al genocida Alfredo Astiz y compañía fuera de las cárceles.
 
Conformaron un grupúsculo que se dio en llamar Unidos por la Sangre Derramada, pero, en realidad, lo que derramaron fueron peleas internas. Hasta hace diez días, Orlando González se presentaba como el coordinador general de la iniciativa. El tema se complicó cuando se contó quién era el personaje: un represor de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) condenado a prisión perpetua y que se encuentra en arresto domiciliario. Aficionado a la fotografía, el "Hormiga" González solía retratar a sus víctimas.
 
En Plaza San Martín se hicieron grandes actos para oponerse a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia del kirchnerismo y para reclamar una amnistía general. Las concentraciones eran mucho más nutridas que las de este sábado en Plaza de Mayo. Pese a eso, con megáfono en mano, Sottovia afirmaba: "Tenemos poder ahora de cambiar la historia. Nunca se hizo un acto como éste". Patético.
 
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