08:36 | Lunes 29 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 12-05-2022 / 10:05

EN LA CUESTION DE LA POLICÍA DE LA CABA, DECIDE LA CORTE MACRISTA, ACUSADA DE "INJERENCIA INDEBIDA" POR LOS GOBERNADORES

El macrismo porteño pretende seguir saqueando los fondos coparticipables del interior

"Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan los gobernadores.

A pesar del esfuerzo del Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo con la Ciudad de Buenos Aires no se llegó a nada en torno a los fondos coparticipables correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña y ahora deberá decidir la Corte Suprema, en la que se advierte que muchas de sus decisiones están en clara sintonía con los intereses del macrismo, tanto por acción como por omisión. Por ello que fue acusada de "injerencia indebida" por parte de 17 gobernadores que exigen que la CABA devuelva el dinero que le fue aumentado indebidamente durante la gestión de Mauricio Macri.

La arbitraria transferencia de recursos para la Policía de la ciudad más rica de país que hizo en su momento Macri fue el doble de lo necesario, en detrimento de los fondos del resto de los distritos del interior federal. Durante la gestión de Cambiemos, la Ciudad pasó de recibir de 1,4% de la coparticipación al 3,75%, aunque luego el propio Macri redujo esa cifra al 3,5%. Ahora Horacio Rodríguez Larreta espera con esos recursos financiar parte de su campaña presidencial.

Los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra. Por ello, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que "el federalismo no se negocia" y manifestó la "profunda preocupación por la injerencia indebida" por parte del máximo tribunal en la causa. "Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes", señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales.

En ese marco, los gobernadores advierten que "no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios". "La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo", remarcaron el documento.

Asimismo, los gobernadores afirmaron: "Queremos que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos". "Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos", concluyeron.

La Opinión Popular

EL DEBATE POR LOS FONDOS COPARTICIPABLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA POLICÍA PORTEÑA

El Gobierno nacional y el porteño no llegaron a un acuerdo y ahora define la Corte

Como se veía venir, no hubo acuerdo entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) sobre los fondos coparticipables para el funcionamiento de la policía porteña y será la Corte Suprema la que tome una decisión sobre los planteos que llevó allí la administración de Horacio Rodríguez Larreta.

El disparador de la demanda, que data de septiembre de 2020, fue la reducción por decisión del gobierno de Alberto Fernández del 3,5 al 2,3 por ciento de los fondos que recibe el gobierno porteño para seguridad y que Mauricio Macri había triplicado en 2016 a través de un decreto con el argumento, que tampoco fue explicitado de entrada, del traspaso de la Policía Federal.

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"Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios", dijo el ministro del Interior Eduardo Wado de Pedro tras definirse el desenlace. Poco antes se conoció la carta de 17 gobernadores que plantearon que la CABA "pretende fondos que no le corresponden", que las provincias son discriminadas, y que les preocupa la "injerencia indebida de la Corte Suprema" en este tema. Piden ser admitidos como "amicus curiae" (amigos del tribunal).

La palabra suprema

En marzo, los supremos les dieron un ultimátum a ambos gobiernos para que intentaran ponerse de acuerdo en una salida, pero pareciera que la Ciudad apuesta a que la Corte defina con una sentencia. "Durante los 7 encuentros mantenidos desde marzo mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606. La ciudad rechazó esas propuestas", advirtió De Pedro.

También subrayó que el 5 de mayo se conoció un informe de la Comisión Federal de Impuestos que muestra que la transferencia que correspondía al año 2021 debía ser de 43 mil millones de pesos, que fue el monto que tuvo en cuenta el gobierno para su última propuesta. La Ciudad pedía 112 mil millones.

"Los recursos que están pidiendo superan a los de la Policía Federal en todo el territorio, que es de 70.000 millones de pesos para 32.000 agentes. En la Ciudad tienen 19.000 agentes y nadie explica cómo llegan al número de 112 mil millones", dijo Silvina Batakis, secretaria de provincias del Ministerio del Interior, en diálogo con la AM750.

"Ellos esperan con esos recursos financiar parte de la campaña presidencial", alertó. Recordó que Macri fue quien por primera vez en la historia modificó el criterio de la coparticipación, que lo hizo por decreto, y además sin aclarar que el motivo por el cual elevaba los fondos coparticipables de la CABA a 3,75 (luego los redujo a 3,50) era el traspaso de la Policía Federal, algo que se especificó mucho después. Batakis remarcó también que "todos los recursos que se destinan a una jurisdicción se dejan de adjudicar a otra".

La respuesta del jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, fue esta: "No podemos renunciar a los recursos que son necesarios para las seguridad de los ciudadanos en Buenos Aires". A su entender "el traspaso (de la policía) se hizo cumpliendo con todas las normas que establece la Constitución Nacional y con mucha rigurosidad para el cálculo de esos montos".

"Acá no se afectó ningún fondo coparticipable destinado a las provincias. Las provincias no se vieron afectadas ni en un peso. Si nos sacaron plata de una necesidad urgente y fundamental como era la seguridad, teníamos que compensarla con otra. Si íbamos a hacer un paso bajo nivel podía esperar un poco más que la seguridad", ejemplificó. Miguel fue uno de los presentes en la reunión de este martes junto con su ministro de Hacienda Martín Mura, donde también estuvieron Batakis, por el gobierno nacional, y algunos técnicos. Esta vez la reunión fue breve.

Según el Gobierno nacional, uno de los aspectos que la CABA no incluye en sus cálculos es que Nación siguió pagando los salarios de la policía una vez ya transferida la fuerza y que adeuda devoluciones. Ante la Corte los especialistas del Ministerio del Interior y de la Procuración del Tesoro mostraron también que la Ciudad hacía cálculos absurdos como incluir ítems que nada tienen que ver con la seguridad, como el Registro Civil.

Los supremos, como es habitual, no tienen plazos para resolver. En otras causas donde se discutieron cuestiones vinculadas a la coparticipación se tomaron años, como ocurrió con el reclamo por la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que la Nación les quitaba a las provincias para financiar a la ANSES por una acuerdo federal de 1992.

Cuando terminaba el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner declaró esa quita inconstitucional (en beneficio de San Luis, Santa Fe y Córdoba), un legado con el que en un comienzo tuvo que lidiar el gobierno de Mauricio Macri aunque todavía el año pasado seguía incumplido en algunos casos, como Santa Fe, para cuya ejecución la Corte sacó otra sentencia.

Pero hay que ver desde qué ángulo encaran el tema los supremos esta vez la cuestión, ya que la ciudad insiste en ser tratada como una provincia, y el tribunal ya en otra ocasión, cuando se discutía la presencialidad en las aulas por la pandemia, le dio la razón.

La queja de las provincias

A la mañana temprano de este miércoles, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció en su cuenta de Twitter, que 17 gobernadores había firmado un documento al que titularon "El federalismo no se negocia". Pusieron por escrito parte y más de lo que ya habían expresado en marzo. Estos son los ejes que plantean:

* Hablan de una "profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema" en el caso donde la CABA busca "la restitución en el monto de liquidación de recursos que no le corresponden". Dicen que esperan un fallo "con preocupación" y que pedirán ser admitidos como "amicus curiae", esa figura que permite intervenir en un expediente a interesados vinculados con la temática en debate.

* "No existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios", advierten.

* Señalan que la Ciudad no puede ser equiparada una provincia. "Las provincias son preexistentes a la Nación y nuestra constitución se funda en pactos preexistentes", marcan.

* "Nuestras provincias han perdido aproximadamente 500.000 millones de pesos y padecemos la concentración del 28 % del gasto público territorial del presupuesto nacional en la CABA. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. Recibimos los menores subsidios por la energía que consumimos, por el transporte que nuestros usuarios utilizan. Pagamos el combustible más caro. Nos hacemos cargo de nuestras fuerzas de seguridad y destinamos parte de nuestros escasos recursos para afrontar erogaciones que el privilegio centralista dispone", se quejan.

* Además de pedir intervenir en este expediente anuncian que presentarán "todas las acciones judiciales complementarias" que decretos que "afectan la disponibilidad" de sus recursos.

* "El federalismo no se negocia" es una frase que le dedican a los supremos que, además, suelen decir que tiene un criterio federalista.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

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28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular