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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 11-05-2022 / 09:05
AUMENTO DEL MÍNIMO INCIDIRÁ EN POTENCIAR TRABAJO, ACOMPAÑAR Y SEGURO DE DESEMPLEO

El Gobierno adelantó aumento del Salario Mínimo y presentan proyecto de Salario Básico Universal

El Gobierno adelantó aumento del Salario Mínimo y presentan proyecto de Salario Básico Universal
El Gobierno adelantó dos cuotas del salario mínimo de modo tal de condensar el impacto del aumento que restaba por este año en junio y agosto, cuando completará el 45% pactado en marzo y el piso formal de ingresos pasará a ser de 47.850 pesos.
Movidas de impacto en el nivel de consumo popular. El Gobierno decidió adelantar los incrementos que fijó a fines de marzo el Consejo del Salario (CNS) para el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). De esta manera a partir del 1 de junio el valor de dicho ingreso pasará a ser de $45.540, de acuerdo a la resolución que firmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Con esta actualización además se sumarán mejoras en los beneficios de los programas Potenciar Trabajo, Acompañar y el Seguro de Desempleo.
 
El Gobierno adelantó los aumentos del Salario Mínimo para junio y agosto, después de que Máximo Kirchner impulsara un proyecto en ese sentido. Con la decisión de la Casa Rosada se cierra, en parte, una de las disputas del oficialismo respecto a la cuestión salarial. En el propio Frente de Todos algunas fuentes deslizaron que "acontece un despertar" de su propio gobierno.
 
En paralelo, un grupo de diputados del Frente de Todos presentó otro proyecto que establece un Salario Básico Universal para 9 millones de personas sin empleo, trabajadores de la economía informal y otros sectores de bajos ingresos.

 
Lanzan un proyecto de Salario Básico Universal
 
En el marco del debate en el Frente de Todos por la política económica, un sector de diputados le dio impulso a una medida fuertemente distributiva con 9 millones de beneficiarios potenciales.
 
Con una sala llena en el edificio del Congreso Nacional, un grupo de diputados del Frente de Todos y representantes de organizaciones sociales presentaron un proyecto de ley para que 9 millones de desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos accedan a un Salario Básico Universal (SBU). El objetivo es reducir la indigencia, valorizar tareas que el mercado laboral no valora y redistribuir ingresos. Aún no tiene fecha de tratamiento en Comisiones.
 
La presentación de este proyecto se da en un contexto de debate fuerte acerca del modelo económico dentro de la coalición gobernante. En los últimos tres días hábiles, diputados y senadores del Frente de Todos presentaron tres proyectos de ley que apoyan la idea de fortalecer el bolsillo de la gente: el jueves, Máximo Kirchner propuso adelantar las cuotas del Salario Mínimo Vital y Móvil para que el aumento del 45 por ciento pautado en marzo se perciba en julio del 2022 en vez de enero de 2023 como estaba previsto (ver nota aparte); el viernes un grupo de senadores encabezados por Mariano Recalde propuso legislar una nueva moratoria previsional. Hoy, los diputados eligieron la vía legislativa para ampliar el sistema de protección social.
 
En este contexto, la presencia de Germán Martínez generó expectativa: "Por más que traten de encasillarnos, somos todos integrantes del Frente de Todos: venimos con trayectorias diferentes pero es importante que cada uno pueda hacer su aporte y escucharnos respetuosamente. Bienvenido sea el debate para aspirar a tener una Argentina más inclusiva", explicó el jefe del bloque. 
 
En el texto de la norma aseguran que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en marzo fue de 12.900 pesos y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado. 
 
El público objetivo serán quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A. La premisa es ampliar el sistema de seguridad social, que cuenta con una protección muy amplia en niños y adultos mayores, pero con un gran déficit para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. Uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo, y Tarjeta Alimentar.
 
La iniciativa fue impulsada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros. No estuvieron presentes diputados de la oposición. Horas más tarde, el Secretario General de La Cámpora apoyó el proyecto por redes sociales. 
 
Según los cálculos que hace el equipo del Frente Patria Grande, el costo fiscal bruto que demandaría el proyecto serían 99.282 millones de pesos para 2021, lo que equivale al 2,1 por ciento del PIB. Sin embargo, al restarle el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se generaría por el consumo - y entonces los impuestos- que generaría el uso del dinero, el costo se reduciría más de la mitad, a menos de un punto del PIB, o 414.333 millones de pesos. 
 
Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y presente en el lanzamiento, llamó a no tener miedo al impacto fiscal de la medida: "se puede hacer por etapas, por zonas, pero lo importante es avanzar". Según el proyecto de ley esto va a ser ejecutado por Anses pero con fondos del Tesoro, con lo cual la pregunta es si el ministro de Economía Martín Guzmán se encuentra al tanto de este proyecto . Consultado por PáginaI12, Juan Grabois afirmó que Alberto Fernández y Martín Guzmán "están de acuerdo con el proyecto. Guzmán está de acuerdo con el proyecto, pero tiene miedo de decirlo para que no lo acusen de planero", ironizó.
 
 
Por ley
 
La idea de establecer un Salario Básico Universal comenzó a circular desde mediados del año pasado en las oficinas de funcionarios y legisladores del Frente de Todos. "A mí me gustaría que sea como la Asignación UniH, que sea con un decreto del presidente y luego se convierta en ley, porque es urgente la medida. Pero saldrá por ley y lo discutiremos. Yo se que conceptualmente Alberto Fernández y Martín Guzmán están de acuerdo. Lo hablé con Guzmán hace seis meses y se comprometió a hacernos una devolución técnica que no hizo, con lo cual vamos por este camino".
 
"Cuando la gente recibe dinero, consume e invierte, no va a guardarlo en una cuenta offshore en Panamá", explicaba a Página/12 Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la Cepal, un organismo que propone la implementación del ingreso universal varios años antes que la crisis causada por la pandemia lo convierta en una política urgente.
 
Y agregó "Hay que dar cuenta que la experiencia de la región con programas de transferencia focalizada y condicionada han sido muy buenas. Sin ir más lejos, la Cepal estimó que en 2017 la AUH redujo un 10 por ciento la pobreza y un 15 la indigencia en Argentina, además de generar un impacto positivo en el acceso a la educación. Sin embargo, estos programas no son perfectos".
 
A nivel local, Sergio Chouza economista de la Undav, resalta "la importancia de que haya un mecanismo para la población vulnerable a la volatilidad del ciclo económico. Me refiero a los y las trabajadoras de la economía popular que producen y tienen niveles de ingresos pero con mucha fluctuación. Es un piso mínimo de derechos fundamental", asegura. Además, resaltó la aplicación de la medida que no sea a través de una transferencia intermediada y aplique directamente a las personas: "la intermediación puede generar distorsiones en la focalización del programa". 
 
Natalia Zaracho, cartonera y Diputada Nacional concluyó: "No podemos mirar para un costado con lo violento que es no tener un plato de comida. ¿Alguien cree que una persona hace cuadras de cola en un comedor porque quiere? No, y lo peor es que mucha de esa gente trabaja, pero no por eso tiene garantizada la comida. Hay millones de trabajadores de la economía popular que se inventan su trabajo en un sistema que los excluye, y no podemos mirar más para el costado".
 
Por Natalí Risso
 
Fuente: Página12
 

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23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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