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“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 11-05-2022 / 09:05

AUMENTO DEL MÍNIMO INCIDIRÁ EN POTENCIAR TRABAJO, ACOMPAÑAR Y SEGURO DE DESEMPLEO

El Gobierno adelantó aumento del Salario Mínimo y presentan proyecto de Salario Básico Universal

El Gobierno adelantó dos cuotas del salario mínimo de modo tal de condensar el impacto del aumento que restaba por este año en junio y agosto, cuando completará el 45% pactado en marzo y el piso formal de ingresos pasará a ser de 47.850 pesos.

Movidas de impacto en el nivel de consumo popular. El Gobierno decidió adelantar los incrementos que fijó a fines de marzo el Consejo del Salario (CNS) para el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM). De esta manera a partir del 1 de junio el valor de dicho ingreso pasará a ser de $45.540, de acuerdo a la resolución que firmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Con esta actualización además se sumarán mejoras en los beneficios de los programas Potenciar Trabajo, Acompañar y el Seguro de Desempleo.

El Gobierno adelantó los aumentos del Salario Mínimo para junio y agosto, después de que Máximo Kirchner impulsara un proyecto en ese sentido. Con la decisión de la Casa Rosada se cierra, en parte, una de las disputas del oficialismo respecto a la cuestión salarial. En el propio Frente de Todos algunas fuentes deslizaron que "acontece un despertar" de su propio gobierno.

En paralelo, un grupo de diputados del Frente de Todos presentó otro proyecto que establece un Salario Básico Universal para 9 millones de personas sin empleo, trabajadores de la economía informal y otros sectores de bajos ingresos.

Lanzan un proyecto de Salario Básico Universal

En el marco del debate en el Frente de Todos por la política económica, un sector de diputados le dio impulso a una medida fuertemente distributiva con 9 millones de beneficiarios potenciales.

Con una sala llena en el edificio del Congreso Nacional, un grupo de diputados del Frente de Todos y representantes de organizaciones sociales presentaron un proyecto de ley para que 9 millones de desempleados, trabajadores de la economía informal y otros sectores de la población de bajos ingresos accedan a un Salario Básico Universal (SBU). El objetivo es reducir la indigencia, valorizar tareas que el mercado laboral no valora y redistribuir ingresos. Aún no tiene fecha de tratamiento en Comisiones.

La presentación de este proyecto se da en un contexto de debate fuerte acerca del modelo económico dentro de la coalición gobernante. En los últimos tres días hábiles, diputados y senadores del Frente de Todos presentaron tres proyectos de ley que apoyan la idea de fortalecer el bolsillo de la gente: el jueves, Máximo Kirchner propuso adelantar las cuotas del Salario Mínimo Vital y Móvil para que el aumento del 45 por ciento pautado en marzo se perciba en julio del 2022 en vez de enero de 2023 como estaba previsto (ver nota aparte); el viernes un grupo de senadores encabezados por Mariano Recalde propuso legislar una nueva moratoria previsional. Hoy, los diputados eligieron la vía legislativa para ampliar el sistema de protección social.

En este contexto, la presencia de Germán Martínez generó expectativa: "Por más que traten de encasillarnos, somos todos integrantes del Frente de Todos: venimos con trayectorias diferentes pero es importante que cada uno pueda hacer su aporte y escucharnos respetuosamente. Bienvenido sea el debate para aspirar a tener una Argentina más inclusiva", explicó el jefe del bloque.

En el texto de la norma aseguran que el SBU es una prestación monetaria no contributiva que equivaldría al monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en marzo fue de 12.900 pesos y alcanzaría para establecer una base de ingresos para que la gente pueda ocuparse de formarse, terminar el colegio, o incluso conseguir otros empleos teniendo por lo menos un plato de comida asegurado.

El público objetivo serán quienes tengan entre 18 y 64 años y estén desocupados, sean monotributistas categoría A, trabajadoras de casas particulares, trabajadores agrarios, asalariados informales y asalariados formales pero pobres es decir con un ingreso equivalente a monotributistas de categoría A. La premisa es ampliar el sistema de seguridad social, que cuenta con una protección muy amplia en niños y adultos mayores, pero con un gran déficit para la población de entre 18 y 65 años sin hijos, pobres o de clase media baja sin patrimonio ni ingresos fijos. Uno de los requisitos para percibirlo es no cobrar prestación por desempleo, Potenciar Trabajo, y Tarjeta Alimentar.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Itaí Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos en un acto realizado en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja que contó con la presencia del jefe de bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, entre otros. No estuvieron presentes diputados de la oposición. Horas más tarde, el Secretario General de La Cámpora apoyó el proyecto por redes sociales.

Según los cálculos que hace el equipo del Frente Patria Grande, el costo fiscal bruto que demandaría el proyecto serían 99.282 millones de pesos para 2021, lo que equivale al 2,1 por ciento del PIB. Sin embargo, al restarle el gasto de otros programas que absorbería el SBU y también el retorno fiscal que se generaría por el consumo - y entonces los impuestos- que generaría el uso del dinero, el costo se reduciría más de la mitad, a menos de un punto del PIB, o 414.333 millones de pesos.

Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y presente en el lanzamiento, llamó a no tener miedo al impacto fiscal de la medida: "se puede hacer por etapas, por zonas, pero lo importante es avanzar". Según el proyecto de ley esto va a ser ejecutado por Anses pero con fondos del Tesoro, con lo cual la pregunta es si el ministro de Economía Martín Guzmán se encuentra al tanto de este proyecto . Consultado por PáginaI12, Juan Grabois afirmó que Alberto Fernández y Martín Guzmán "están de acuerdo con el proyecto. Guzmán está de acuerdo con el proyecto, pero tiene miedo de decirlo para que no lo acusen de planero", ironizó.

Por ley

La idea de establecer un Salario Básico Universal comenzó a circular desde mediados del año pasado en las oficinas de funcionarios y legisladores del Frente de Todos. "A mí me gustaría que sea como la Asignación UniH, que sea con un decreto del presidente y luego se convierta en ley, porque es urgente la medida. Pero saldrá por ley y lo discutiremos. Yo se que conceptualmente Alberto Fernández y Martín Guzmán están de acuerdo. Lo hablé con Guzmán hace seis meses y se comprometió a hacernos una devolución técnica que no hizo, con lo cual vamos por este camino".

"Cuando la gente recibe dinero, consume e invierte, no va a guardarlo en una cuenta offshore en Panamá", explicaba a Página/12 Simone Cecchini, oficial a cargo de la División de Desarrollo Social de la Cepal, un organismo que propone la implementación del ingreso universal varios años antes que la crisis causada por la pandemia lo convierta en una política urgente.

Y agregó "Hay que dar cuenta que la experiencia de la región con programas de transferencia focalizada y condicionada han sido muy buenas. Sin ir más lejos, la Cepal estimó que en 2017 la AUH redujo un 10 por ciento la pobreza y un 15 la indigencia en Argentina, además de generar un impacto positivo en el acceso a la educación. Sin embargo, estos programas no son perfectos".

A nivel local, Sergio Chouza economista de la Undav, resalta "la importancia de que haya un mecanismo para la población vulnerable a la volatilidad del ciclo económico. Me refiero a los y las trabajadoras de la economía popular que producen y tienen niveles de ingresos pero con mucha fluctuación. Es un piso mínimo de derechos fundamental", asegura. Además, resaltó la aplicación de la medida que no sea a través de una transferencia intermediada y aplique directamente a las personas: "la intermediación puede generar distorsiones en la focalización del programa".

Natalia Zaracho, cartonera y Diputada Nacional concluyó: "No podemos mirar para un costado con lo violento que es no tener un plato de comida. ¿Alguien cree que una persona hace cuadras de cola en un comedor porque quiere? No, y lo peor es que mucha de esa gente trabaja, pero no por eso tiene garantizada la comida. Hay millones de trabajadores de la economía popular que se inventan su trabajo en un sistema que los excluye, y no podemos mirar más para el costado".

Por Natalí Risso

Fuente: Página12

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular

02-02-2026 / 11:02

Politica Comic Show: Javier “el Loco” Milei y el insulto como política de Estado

El secuestro de Nicolás Maduro se transmitió en tiempo real por televisión y redes sociales, en una estudiada coreografía que hacía parecer toda la escena como parte de la última mega producción de Hollywood. A eso se sumó luego una campaña virtual de Donald Trump en la que se presentaba al mandatario como una especie de dueño del continente entero, incluyendo -sobre todo- a Groenlandia. El spin-off local de Trump no se queda atrás. Javier Milei, otra figura nacida en un set de TV, mezcla su presidencia con recitales masivos, romances fogosos y una cultura memética permanente en redes sociales. En todo el planeta es el momento de la política comic show, un juego que, a la vez, es mucho más que eso.

Milei construyó su llegada al poder desde los paneles de televisión. Allí mezcló gritos violentos, peleas salvajes y un aporte original: la capacidad de discutir autores económicos en prime time desde una matriz libertaria extrema. Su figura se nutrió además de otros condimentos: obras de teatro durante los veranos, noviazgos mediáticos -en 2018 salió con Daniela Mori, exintegrante de la banda de cumbia Las Primas-, revelaciones perturbadoras sobre su sexualidad tántrica, covers de temas de rock y clásicos, apariciones disfrazado como superhéroe y, por supuesto, su marca registrada: su extraña cabellera.

Mientras por un lado agita la violencia con invitaciones permanentes a "odiar más" y compara a sus rivales con monos o cucarachas, por el otro ofrece circo: el recital en el Movistar Arena, su show en el festival de Jesús María, una aparición en un canal de streaming oficialista junto a su perro clonado, un beso fogoso con su entonces pareja en un teatro costero, cuadros en la Quinta de Olivos donde se compara con Wolverine y con un león, una bizarra cuenta en inglés presentada mediante un cómic donde aparece volando sobre Buenos Aires como superhéroe.

A esta lista se suma su escasa preocupación por la higiene y el recambio de vestuario -con el mameluco de YPF como emblema, incluso en Davos- y su llanto desconsolado en el Muro de los Lamentos, una postal inédita para un presidente argentino. Con matices, todos estos episodios -los extravagantes y los violentos- comparten algo en común: arrastran la atención popular, dominan redes sociales y colonizan la agenda mediática y política, mientras corren los límites de lo decible en la sociedad argentina. "La primera estrategia de esta derecha es polarizar a la sociedad", explica el historiador Steven Forti en Extrema derecha 2.0. "No se trata de excentricidades, sino de una estrategia bien pensada."

Ese manual fue adoptado por la administración libertaria desde su llegada al poder. Cuando no fue el cierre del INADI o de Télam, fue un ataque a la comunidad homosexual, al periodismo o a alguna artista musical. Y cuando no había escándalo político, lo había estético: cuatro camperas en pleno verano, intentos de ocultar la papada o defensas públicas de películas de Guillermo Francella. De una u otra forma, siempre provocaba bronca, perplejidad o fascinación, emociones ideales que premian lo ruidoso.

Lo explica Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, libro de cabecera del asesor presidencial Santiago Caputo: "El megáfono de Trump era la indignación de los medios." Con Trump y Milei ocurre lo mismo: se los puede amar o detestar, pero no ignorar. Richard Nixon lo llamaba "la teoría del loco". Fingir irracionalidad para volverse imprevisible y, por eso mismo, temible. Trump lo dijo sin rodeos: "Xi Jinping sabe que estoy totalmente loco."

La pregunta es inevitable: ¿estamos ante líderes desbordados o ante personajes cuidadosamente construidos? "La banalidad de la locura", la llama el politólogo Brian Klaas: una saturación de exabruptos que termina anestesiando a la sociedad.

La Opinión Popular

01-02-2026 / 10:02

La política del engaño: Pinocho Milei gobierna en base de exageraciones y datos falsos

Desde su llegada a la Casa Rosada, Javier "Pinocho" Milei construyó un relato épico de gestión que, al ser contrastado con datos verificables, empieza a mostrar fisuras cada vez más profundas. Promesas infladas, cifras manipuladas, logros magnificados y afirmaciones directamente falsas forman parte de un patrón comunicacional que ya no puede explicarse como simples errores.

Se trata, cada vez más claramente, de una estrategia política basada en la distorsión sistemática de la realidad. Organizaciones especializadas en verificación de datos, como Chequeado, desmintieron en reiteradas oportunidades afirmaciones centrales del discurso presidencial. Uno de los ejemplos más notorios fue la declaración en la que Milei aseguró haber sacado a diez millones de argentinos de la pobreza.

El número, ampliamente difundido por el oficialismo, resultó ser metodológicamente incorrecto, engañoso y sin respaldo estadístico sólido. Si bien algunos indicadores mostraron leves mejoras, la magnitud del cambio real está muy lejos del relato triunfalista que el prescindente intenta instalar. Algo similar ocurrió con su afirmación de haber eliminado los piquetes en todo el país. Lejos de desaparecer, los cortes de calles continuaron registrándose, aunque con menor visibilidad y mayor intervención de las fuerzas de seguridad.

La reducción de protestas no equivale a su erradicación, pero Milei optó por presentar una victoria absoluta que los datos desmienten. La manipulación también alcanza el terreno histórico. En reiteradas ocasiones, el mandatario afirmó que la Argentina fue uno de los 3 países más ricos del mundo, una afirmación que no resiste el menor análisis serio de los registros económicos internacionales.

Esta construcción mítica, repetida hasta el cansancio, busca reforzar la narrativa del "paraíso perdido" arruinado por la política tradicional, aun cuando carece de sustento empírico. El uso irresponsable de información falsa no se limita a discursos oficiales. En redes sociales, Milei llegó a difundir encuestas inexistentes, atribuidas falsamente a la Fundación FOPEA, con el objetivo de desacreditar al periodismo.

La propia organización salió a desmentir públicamente la información, dejando al descubierto una práctica preocupante: la utilización deliberada de datos falsos para atacar a la prensa crítica. Este comportamiento no es aislado. Forma parte de una lógica de comunicación basada en la confrontación permanente, la exageración de logros, la victimización y la construcción de enemigos internos.

La distorsión de cifras y hechos se convierte así en una herramienta política para sostener un relato épico que muchas veces choca contra la realidad cotidiana de millones de argentinos. Mientras la inflación continúa afectando el poder adquisitivo, la recesión golpea al consumo y el ajuste impacta con fuerza en jubilados, trabajadores y sectores medios, el discurso presidencial insiste en mostrar una Argentina idealizada que pocos logran reconocer en su vida diaria.

En este contexto, la manipulación informativa no solo erosiona la credibilidad del Gobierno, sino que también debilita el debate democrático y el derecho ciudadano a estar informado con veracidad. Gobernar a base de datos falsos puede rendir frutos comunicacionales de corto plazo, pero tiene costos profundos. Cuando la mentira se convierte en política de Estado, la confianza pública se deteriora, la institucionalidad se debilita y el vínculo entre gobernantes y sociedad se vuelve cada vez más frágil. En definitiva, más que errores ocasionales, las distorsiones discursivas de Milei parecen responder a una estrategia clara: imponer un relato antes que explicar la realidad. Una apuesta peligrosa que, tarde o temprano, termina chocando contra los hechos.

La Opinión Popular

31-01-2026 / 09:01

La política del grotesco de Milei sin propuesta alguna para el conjunto del pueblo

Décadas de globalización con la lógica del mercado se desplomaron sobre los argentinos con Javier Milei gritando el Rock del Gato mientras cinco provincias se incendiaban fuera de control y la mayoría de los gobernadores se sometían a ser extorsionados para aprobar la reforma laboral.

Décadas de erosión de la democracia y el medio ambiente cayeron sobre los argentinos con el florecimiento del libertarismo autoritario, que es como decir silencio atronador o fuego helado. Las dos cosas no van juntas. El resultado es libertad para pocos y autoritarismo para los demás.

Rocca, Magnetto y Galperín fueron algunos de los creadores del Golem esquizofrénico. Lo construyeron para que los proteja, financiaron sus campañas, le dieron letra con leyes para proteger sus intereses y publicaron loas en los medios que controlan. Pero en este momento parte de sus intereses entraron en colisión con el rumbo aperturista total del gobierno y sus alianzas.

Las elecciones de medio término en una sociedad que perdió el sentido, fragmentada, extenuada por la inflación y la pandemia, le dieron un impulso que se multiplicó con el respaldo de la Casa Blanca.

Ese paralelismo crispado de un imperio en decadencia encontró un aliado incondicional en la subordinación total de Milei. No hay término medio en las Casas Blanca y Rosada. Una decisión absoluta de dominio se complementó con una decisión absoluta de sumisión.

Con la apertura que impulsaron los grandes empresarios, y que implementó este Gobierno, entró una avalancha de productos chinos. El capital concentrado creyó que tenía espalda para sobrevivir al exterminio de sus competidores de la pequeña y mediana industria y comercio y que podría deglutir esos espacios que quedaban libres.

Pero el ímpetu del comercio chino, ultra tecnológico, con cadenas de suministro ultra coordinadas y eficientes, se llevó puestos hasta los tubos de Techint y metió en problemas a la gran aplicación comercial de Marcos Galperín, el hombre más rico del país.

Galperín reside en Uruguay para no pagar impuestos en Argentina, donde creció su empresa, Mercado Libre. Impulsó con entusiasmo el discurso libertario contra los subsidios estatales y contra la regulación de los mercados.

Desde la pandemia, el campeón antisubsidios recibió subsidios por 370 millones de dólares. Y ahora, el también campeón de la apertura de las importaciones, le exigió al gobierno que regule a Temu, la aplicación de comercio china que le arrebató una porción de la torta.

Paolo Rocca, que colocó a su ex empleado Horacio Marín como CEO de YPF, recurrió a la Justicia por la licitación de tubos para un gasoducto que perdió ante una firma india que fabrica tubos con acero chino. Galperín hizo lo mismo con Temu. Y Magnetto afronta problemas parecidos con la compra de Telefónica por el Grupo Clarín.

Son contradicciones fuertes en el capital hegemónico, que el gobierno sobrelleva con enormes ofrendas, como la reforma laboral. El triunfalismo que invadió a la Casa Rosada por el resultado electoral se enfocó en su primera cosecha. La ley de trabajo propuesta incluyó un artículo sobre el impuesto a las ganancias que saca coparticipación a las provincias.

El Gobierno mandó a Diego Santilli a discutir con los gobernadores, pero le advirtió que no hará ninguna concesión. Y Santilli les prometió que los premios llegarían después de la aprobación en el Congreso.

30-01-2026 / 09:01

El “Nerón” Milei activó la emergencia ígnea... muy tarde: tras 50 días de ausencia y una tragedia ambiental

Se ve que Javier "Nerón" Milei suelta la mosca solamente a las piñas: fondos tardíos para el sur que ya se chamuscó como chorizo en la parrilla. Con incendios forestales activos en distintas zonas de la Patagonia y tras reiterados reclamos de gobernadores y dirigentes opositores, el irresponsable Milei, que al igual que el emperador Nerón se dedicó a cantar mientras se incendiaba su país, finalmente destrabó fondos para el sistema de Bomberos Voluntarios y confirmó que declarará la Emergencia Ígnea mediante un DNU. 50 días y 230 mil hectáreas quemadas después.

Desde los primeros días de enero la Patagonia arde por los incendios forestales; después de que el fuego arrasara -hasta ahora- más de 230 mil hectáreas; después de la pérdida irrecuperable en parques nacionales, que son patrimonio de la humanidad, y con la población en serio riesgo de perder lo poco que les queda, Milei evaluó hacer algo. La decisión llega luego de semanas marcadas por cuestionamientos sobre la ausencia total en la respuesta estatal nacional frente a una crisis ambiental que ya afectó miles de hectáreas, provocó evacuaciones y generó pérdidas materiales y económicas en distintas localidades del sur argentino.

La medida quedó formalizada a través de la resolución 91/2026 publicada en el Boletín Oficial y firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que autoriza un desembolso de 100.810.319.998 pesos destinados a organizaciones de bomberos voluntarios en todo el país. A ello se suman transferencias por 7.754.639.995 pesos para entidades provinciales de segundo grado y un monto equivalente para programas de capacitación y fortalecimiento operativo.

Los recursos estarán dirigidos a la compra de equipamiento, vehículos, herramientas, vestimenta ignífuga, insumos técnicos y materiales necesarios para enfrentar incendios forestales, una demanda histórica de los cuarteles voluntarios que, en muchos casos, operan con equipamiento limitado y dependen de aportes locales para sostener su funcionamiento cotidiano.

En paralelo, el Gobierno libertario confirmó que declarará la Emergencia Ígnea a través de un DNU, evitando así el paso por el Congreso. El argumento oficial sostiene que se trata de un mecanismo para acelerar la asistencia y evitar demoras administrativas, aunque desde distintos sectores políticos remarcaron que la declaración fue exigida por los gobernadores patagónicos días atrás y que el Ejecutivo resistía avanzar en esa dirección hasta que el costo político se volvió evidente e insostenible.

La tensión se profundizó cuando mandatarios provinciales del sur reclamaron públicamente una ley específica contra incendios mientras el anarco capitalista participaba de actividades de fiesta y joda en Mar del Plata, situación que fue interpretada por la oposición como una señal de desconexión total frente a la emergencia. Recién después de esa presión se anunció el plan denominado oficialmente "histórica lucha contra el fuego", que incluye la ampliación presupuestaria y la activación de herramientas administrativas para coordinar recursos federales. Esos recursos, sin embargo, no son suficientes y llegan tarde. El daño causado, según argumentan distintas agrupaciones ambientales y los propios pobladores, ya es irreparable.

El episodio vuelve a abrir el debate sobre la capacidad de reacción de Milei frente a emergencias ambientales y el rol del Estado en la prevención y combate de incendios forestales, especialmente en regiones donde cada temporada seca incrementa el riesgo de desastres. Para los bomberos y brigadistas, el financiamiento llega en un momento crítico y permitirá mejorar condiciones operativas, aunque queda la discusión política sobre por qué la respuesta oficial demoró tanto mientras el fuego avanzaba.

La Opinión Popular