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Nacionales - 05-05-2022 / 10:05
PEPINAZO EN CONTRA: DE REFUGIADO A REFUGADO EN URUGUAY

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista "Pepín" Rodríguez Simón

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo.
El operador macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio.
 
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo. El fugitivo macrista ya apeló para ganar un poco más de tiempo, pero el Parlamento del Mercosur puede acelerar su expulsión de ese cuerpo. Esto pone al operador judicial estrella de Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado.
 

REVÉS PARA EL OPERADOR DE MACRI
 
La justicia uruguaya rechazó el pedido de refugio de Pepín Rodríguez Simón: es un prófugo común y no un perseguido político
  
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio
 
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Esto pone al operador judicial estrella de Mauricio Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado, tal como reclamó la jueza María Servini cuando lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional en la causa donde lo investiga por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Para demorar el proceso lo máximo posible, "Pepín" apeló la resolución judicial y ahora debe tomar una decisión el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno. De todos modos, no hay que olvidar que la última palabra sobre la extradición la tiene el gobierno de Uruguay. El de Luis Lacalle Pou ha sido benévolo con él.
 
Mientras tanto, el Parlamento del Mercosur analiza expulsarlo del cuerpo en base a un dictamen de mayoría aprobado en comisión hace dos semanas que le adjudica "inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido" por haberse fugado para no rendir cuentas en una investigación penal. La decisión de no darle asilo podría sumar votos.
 
Rodríguez Simón tuvo que explicar ante la CORE por qué no quería volver a la Argentina. Dijo que se encontraba radicado en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 tras ingresar de manera regular por el paso fronterizo de Fray Bentos. El motivo de su viaje, alegó, era de "turismo" para "pasar las vacaciones de verano en Punta del Este, sin perjuicio que también estuvo motivado por un emprendimiento comercial que planificaba desarrollar", es decir el bar en la playa. 
 
En la solicitud incluyó además que tenía temor de volver a la Argentina porque se sentía un perseguido. El pedido y los increíbles fundamentos, rechazados originalmente por la Comisión de Refugiados, fueron revelados esta noche por Gustavo Sylvestre en C5N. Y son los papeles que evaluó la jueza oriental para rechazarle el refugio.
 
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Tiempos judiciales y políticos
 
El fallo de la jueza es del 23 de diciembre último, según informaron a Página/12 funcionarios de los tribunales de Montevideo, y se basa como antecedente en esa resolución de la CORE que en agosto del año pasado recomendó negarle el refugio ya que sus integrantes advirtieron que se lo juzga por delitos comunes y no encontraron signos de persecución de carácter político. Las conclusiones del informe decían:
 
"El temor del solicitante no se correspondería con un temor fundado de persecución en los términos de la Convención de 1951 ni de la Ley 18.076, y no existiría un riesgo de privación indebida de la libertad o de su seguridad personal en su país de origen, pudiendo acogerse a la protección nacional". 
 
A pesar de no ser un integrante formal del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Simón tenía escritorio en la Casa Rosada y además era un hombre clave en las decisiones de la mesa judicial que se ocupó de las estrategias para perseguir opositores y diseñar un Poder Judicial a medida. Entre ellas están las presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, para exigirles que atacaran a Cristina Kirchner y para quitarles sus medios de comunicación, de las que la jueza Servini sospecha que participó. 
 
Los únicos cargos formales de "Pepín" eran el de miembro del directorio de YPF y, el que aún mantiene, como legislador del Mercosur. Para pedir asilo dijo, por ejemplo, que querían encarcelarlo, algo que no ocurrió con ningún imputado en la causa. Es más, Macri --uno de ellos-- se la pasa viajando. 
 
El expediente sobre el pedido de refugio del operador tramita en forma reservada en el juzgado de Chamsarian, pero este diario también pudo confirmar que su abogado Jorge Díaz lo apeló. El Tribunal de Apelaciones, explican en la justicia uruguaya, puede tomarse un buen rato para resolver. Cada uno de sus tres integrantes tiene 20 días para dar su opinión. Luego delibera y su decisión es una sentencia definitiva.
 
Recién entonces, si confirman la sentencia de la jueza Chamsarian se reanudará el proceso de extradición, que tramita en un expediente aparte, que por ahora está suspendido a la espera de la definición sobre la cuestión del pedido de refugio, y que también podría llevar un tiempo. 
 
Si bien en un comienzo el gobierno de Lacalle Pou pareció alentar un proceso ágil, no fue lo que sucedió. De hecho, en el Parlasur, varios legisladores se quejaron y advirtieron sobre lo que ven como una cobertura política.  
 
Cuando Servini advirtió que "Pepín" estaba instalado en Uruguay y que "mantenía contactos con estamentos del poder"dictó una prohibición de salida del país. La citación a indagatoria era para el 26 de mayo de 2021. Su defensa informó al juzgado que tenía pasaje para volver en Buquebús el 15 de ese mes, pero nunca regresó. 
 
Es más, pidió una postergación de la indagatoria, que la jueza le concedió para junio. Pero el 6 de mayo de aquel mismo año ya había presentado el pedido para obtener refugio en Uruguay y habló con algunos medios amigos donde aseguró que lo querían privar de la libertad y lo perseguían por haber querido cobrar impuestos al juego.
 
"Pepín" tuvo una asesoría en Lotería de la Ciudad en 2018 (después de ocuparse del desguace de Lotería Nacional) pero para entonces los aprietes denunciados ya habían sucedido. López y De Sousa terminaron presos dos años en el expediente conocido como Oil Combustibles, donde al final fueron absueltos
 
Cuando supo del pedido de refugio, Servini firmó una resolución en la que sostuvo que era "absolutamente improcedente" y "parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación". Lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional y decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. 
 
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¿Y el Parlasur? 
 
La parlamentaria del Mercosur por el Frente de TodosElena Corregido, hizo notar en una entrevista en la AM750 que en su última aparición en el recinto, cuando Rodríguez Simón armó un escándalo porque quería hablar y negar su condición de prófugo, ocultó lo que todo el mundo se enteró --las y los parlamentarios incluidos-- este jueves: que la jueza Chamsarian le había negado su condición de refugiado. 
 
Ese día se tuvo que ir abucheado. Hasta la vicepresidenta de la UCRMaría Luisa Storani, le recriminó en esa sesión que no se hubiera presentado a la indagatoria. "Quiero pedirle a Rodríguez Simón que se presente ante la justicia argentina", dijo. "Nuestro país tiene Estado de derecho y él tiene la posibilidad de defenderse", reforzó. 
 
Dos semanas atrás la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó un dictamen por mayoría de siete votos contra dos que propone la "exclusión" de Rodríguez  Simón "por su manifiesta inhabilidad moral y la falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido". Esto deberá ser tratado por el plenario y requiere 77 votos de sus 117 miembros. La sesión que estaba prevista para el 16 de mayo fue suspendida hasta nuevo aviso. El 9 de mayo hay una reunión de la mesa directiva que resolvería cuál será la nueva fecha. 
 
La votación se perfilaba hasta ahora peliaguda pero la novedad de la resolución de la justicia uruguaya podría tener algún impacto en la posición de algunos/as parlamentarios/as. El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, dijo a Página/12: "La decisión de la jueza fortalece la idea de separar a Rodríguez Simón del Parlasur ya que muchos que proponían mantenerlo argumentaban que no se lo podía expulsar porque todavía no se había definido la Justicia. Está claro que todo lo que hasta ahora se ha actuado marca que no hay motivo para considerarlo un refugiado, y que es un prófugo. Me refiero a la resolución de Servini, el rechazo del habeas corpus que él presentó el año pasado, el informe  de la CORE y ahora la resolución que se conoce de Chamsarian". 
 
Cecilia Brito, una de las autoras del dictamen para la expulsión, coincidió: "La argumentación que tenía preparada la derecha de los cuatro países para sostener a Pepín, se desarma. Esperamos que el tribunal de apelaciones resuelva pronto". 
 
La causa por la que Rodríguez Simón se escapó es una rama de funcionamiento de la llamada "mesa judicial" del macrismo. También está imputado en otra causa, donde se investiga de manera más amplia cómo operaron un grupo de exfuncionarios y operadores del macrismo para armar causas judiciales y también para perseguir y desplazar a integrantes del sistema de justicia
 
En ese expediente el fiscal Gabriel De Vedia, declaró que Rodríguez Simón fue quien le mandó a decir a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó que si no renunciaba tanto ella y sus hijas irían presas. En ese expediente está pendiente el resultado de un entrecruzamiento telefónico pedido por el fiscal Franco Picardi, en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti. La posibilidad de que Servini lo indague algún día empieza a ser más cercana, aunque todavía falta. Pero la definición de la jueza Chamsarian es de vital importancia porque afirma que nadie lo persigue por razones políticas y, tarde o temprano, deberá rendir cuentas.
 
 
Los papeles del CORE
 
La presentación que hizo Rodríguez Simón ante la CORE uruguaya agrega detalles sobre la relación con aquel país y dice que tenía la "residencia permanente Mercosur" desde el 22 de octubre de 2020. El viaje anterior al de diciembre de 2020 había sido en agosto de de ese año y fue cuando tramitó, según su relato, un "ingreso excepcional a fin de realizar obras de acondicionamiento del local donde proyectaba realizar el emprendimiento relatado".
 
Los viajes recurrentes también estuvieron enmarcados, agregó, en su cargo de Parlamentario del Mercosur. Y dijo que tenía previsto volver a la Argentina en mayo de 2021, con aquel boleto comprado, "pero temiendo ser indebidamente privado de su libertad, desiste de ello y permanece en territorio uruguayo presentando la solicitud".
 
En los papeles también contó su historia con el PRO, los cargos que tuvo y dijo que no fue abogado personal de Macri "sino abogado de confianza en el marco del gobierno" y que lo representó sólo en la asunción de la fórmula presidencial Macri - Michetti para el cambio de mando de 2015 con la presentación de una medida cautelar y que también actuó como su abogado en el juicio Panamá Papers
 
 
Una confesión
 
La presentación tiene un párrafo sublime sobre la Mesa Judicial. "Aunque existía la ´mesa judicial´ --dice--, así denominada por la prensa, que reunía regularmente a distintos funcionarios y asesores para discutir y proponer políticas judiciales o seleccionar candidatos a jueces de la terna proveniente del Consejo de la Magistratura, nunca integré la misma ni participé de las reuniones que mantenía". 
 
También señala que se reunían por "propósitos legítimos de acción de gobierno" y que él "no trató de influir ni operar sobre jueces ni funcionarios judiciales". Los dichos no son pocos y son de la misma persona que impulsó el nombramiento por decreto a la Corte Suprema de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, con quien tiene 59 llamados en el periodo que investiga la causa judicial de Servini.
 
Probablemente parte de estos argumentos hayan nutrido la resolución de la jueza Chamsarián, y se encuentren bajo análisis del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 
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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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