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Nacionales - 05-05-2022 / 10:05
PEPINAZO EN CONTRA: DE REFUGIADO A REFUGADO EN URUGUAY

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista "Pepín" Rodríguez Simón

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo.
El operador macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio.
 
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo. El fugitivo macrista ya apeló para ganar un poco más de tiempo, pero el Parlamento del Mercosur puede acelerar su expulsión de ese cuerpo. Esto pone al operador judicial estrella de Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado.
 

REVÉS PARA EL OPERADOR DE MACRI
 
La justicia uruguaya rechazó el pedido de refugio de Pepín Rodríguez Simón: es un prófugo común y no un perseguido político
  
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio
 
·         El poder total que Mauricio Macri le firmó a Pepín Rodríguez Simón
  
Esto pone al operador judicial estrella de Mauricio Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado, tal como reclamó la jueza María Servini cuando lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional en la causa donde lo investiga por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Para demorar el proceso lo máximo posible, "Pepín" apeló la resolución judicial y ahora debe tomar una decisión el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno. De todos modos, no hay que olvidar que la última palabra sobre la extradición la tiene el gobierno de Uruguay. El de Luis Lacalle Pou ha sido benévolo con él.
 
Mientras tanto, el Parlamento del Mercosur analiza expulsarlo del cuerpo en base a un dictamen de mayoría aprobado en comisión hace dos semanas que le adjudica "inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido" por haberse fugado para no rendir cuentas en una investigación penal. La decisión de no darle asilo podría sumar votos.
 
Rodríguez Simón tuvo que explicar ante la CORE por qué no quería volver a la Argentina. Dijo que se encontraba radicado en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 tras ingresar de manera regular por el paso fronterizo de Fray Bentos. El motivo de su viaje, alegó, era de "turismo" para "pasar las vacaciones de verano en Punta del Este, sin perjuicio que también estuvo motivado por un emprendimiento comercial que planificaba desarrollar", es decir el bar en la playa. 
 
En la solicitud incluyó además que tenía temor de volver a la Argentina porque se sentía un perseguido. El pedido y los increíbles fundamentos, rechazados originalmente por la Comisión de Refugiados, fueron revelados esta noche por Gustavo Sylvestre en C5N. Y son los papeles que evaluó la jueza oriental para rechazarle el refugio.
 
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Tiempos judiciales y políticos
 
El fallo de la jueza es del 23 de diciembre último, según informaron a Página/12 funcionarios de los tribunales de Montevideo, y se basa como antecedente en esa resolución de la CORE que en agosto del año pasado recomendó negarle el refugio ya que sus integrantes advirtieron que se lo juzga por delitos comunes y no encontraron signos de persecución de carácter político. Las conclusiones del informe decían:
 
"El temor del solicitante no se correspondería con un temor fundado de persecución en los términos de la Convención de 1951 ni de la Ley 18.076, y no existiría un riesgo de privación indebida de la libertad o de su seguridad personal en su país de origen, pudiendo acogerse a la protección nacional". 
 
A pesar de no ser un integrante formal del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Simón tenía escritorio en la Casa Rosada y además era un hombre clave en las decisiones de la mesa judicial que se ocupó de las estrategias para perseguir opositores y diseñar un Poder Judicial a medida. Entre ellas están las presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, para exigirles que atacaran a Cristina Kirchner y para quitarles sus medios de comunicación, de las que la jueza Servini sospecha que participó. 
 
Los únicos cargos formales de "Pepín" eran el de miembro del directorio de YPF y, el que aún mantiene, como legislador del Mercosur. Para pedir asilo dijo, por ejemplo, que querían encarcelarlo, algo que no ocurrió con ningún imputado en la causa. Es más, Macri --uno de ellos-- se la pasa viajando. 
 
El expediente sobre el pedido de refugio del operador tramita en forma reservada en el juzgado de Chamsarian, pero este diario también pudo confirmar que su abogado Jorge Díaz lo apeló. El Tribunal de Apelaciones, explican en la justicia uruguaya, puede tomarse un buen rato para resolver. Cada uno de sus tres integrantes tiene 20 días para dar su opinión. Luego delibera y su decisión es una sentencia definitiva.
 
Recién entonces, si confirman la sentencia de la jueza Chamsarian se reanudará el proceso de extradición, que tramita en un expediente aparte, que por ahora está suspendido a la espera de la definición sobre la cuestión del pedido de refugio, y que también podría llevar un tiempo. 
 
Si bien en un comienzo el gobierno de Lacalle Pou pareció alentar un proceso ágil, no fue lo que sucedió. De hecho, en el Parlasur, varios legisladores se quejaron y advirtieron sobre lo que ven como una cobertura política.  
 
Cuando Servini advirtió que "Pepín" estaba instalado en Uruguay y que "mantenía contactos con estamentos del poder"dictó una prohibición de salida del país. La citación a indagatoria era para el 26 de mayo de 2021. Su defensa informó al juzgado que tenía pasaje para volver en Buquebús el 15 de ese mes, pero nunca regresó. 
 
Es más, pidió una postergación de la indagatoria, que la jueza le concedió para junio. Pero el 6 de mayo de aquel mismo año ya había presentado el pedido para obtener refugio en Uruguay y habló con algunos medios amigos donde aseguró que lo querían privar de la libertad y lo perseguían por haber querido cobrar impuestos al juego.
 
"Pepín" tuvo una asesoría en Lotería de la Ciudad en 2018 (después de ocuparse del desguace de Lotería Nacional) pero para entonces los aprietes denunciados ya habían sucedido. López y De Sousa terminaron presos dos años en el expediente conocido como Oil Combustibles, donde al final fueron absueltos
 
Cuando supo del pedido de refugio, Servini firmó una resolución en la que sostuvo que era "absolutamente improcedente" y "parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación". Lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional y decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. 
 
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¿Y el Parlasur? 
 
La parlamentaria del Mercosur por el Frente de TodosElena Corregido, hizo notar en una entrevista en la AM750 que en su última aparición en el recinto, cuando Rodríguez Simón armó un escándalo porque quería hablar y negar su condición de prófugo, ocultó lo que todo el mundo se enteró --las y los parlamentarios incluidos-- este jueves: que la jueza Chamsarian le había negado su condición de refugiado. 
 
Ese día se tuvo que ir abucheado. Hasta la vicepresidenta de la UCRMaría Luisa Storani, le recriminó en esa sesión que no se hubiera presentado a la indagatoria. "Quiero pedirle a Rodríguez Simón que se presente ante la justicia argentina", dijo. "Nuestro país tiene Estado de derecho y él tiene la posibilidad de defenderse", reforzó. 
 
Dos semanas atrás la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó un dictamen por mayoría de siete votos contra dos que propone la "exclusión" de Rodríguez  Simón "por su manifiesta inhabilidad moral y la falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido". Esto deberá ser tratado por el plenario y requiere 77 votos de sus 117 miembros. La sesión que estaba prevista para el 16 de mayo fue suspendida hasta nuevo aviso. El 9 de mayo hay una reunión de la mesa directiva que resolvería cuál será la nueva fecha. 
 
La votación se perfilaba hasta ahora peliaguda pero la novedad de la resolución de la justicia uruguaya podría tener algún impacto en la posición de algunos/as parlamentarios/as. El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, dijo a Página/12: "La decisión de la jueza fortalece la idea de separar a Rodríguez Simón del Parlasur ya que muchos que proponían mantenerlo argumentaban que no se lo podía expulsar porque todavía no se había definido la Justicia. Está claro que todo lo que hasta ahora se ha actuado marca que no hay motivo para considerarlo un refugiado, y que es un prófugo. Me refiero a la resolución de Servini, el rechazo del habeas corpus que él presentó el año pasado, el informe  de la CORE y ahora la resolución que se conoce de Chamsarian". 
 
Cecilia Brito, una de las autoras del dictamen para la expulsión, coincidió: "La argumentación que tenía preparada la derecha de los cuatro países para sostener a Pepín, se desarma. Esperamos que el tribunal de apelaciones resuelva pronto". 
 
La causa por la que Rodríguez Simón se escapó es una rama de funcionamiento de la llamada "mesa judicial" del macrismo. También está imputado en otra causa, donde se investiga de manera más amplia cómo operaron un grupo de exfuncionarios y operadores del macrismo para armar causas judiciales y también para perseguir y desplazar a integrantes del sistema de justicia
 
En ese expediente el fiscal Gabriel De Vedia, declaró que Rodríguez Simón fue quien le mandó a decir a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó que si no renunciaba tanto ella y sus hijas irían presas. En ese expediente está pendiente el resultado de un entrecruzamiento telefónico pedido por el fiscal Franco Picardi, en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti. La posibilidad de que Servini lo indague algún día empieza a ser más cercana, aunque todavía falta. Pero la definición de la jueza Chamsarian es de vital importancia porque afirma que nadie lo persigue por razones políticas y, tarde o temprano, deberá rendir cuentas.
 
 
Los papeles del CORE
 
La presentación que hizo Rodríguez Simón ante la CORE uruguaya agrega detalles sobre la relación con aquel país y dice que tenía la "residencia permanente Mercosur" desde el 22 de octubre de 2020. El viaje anterior al de diciembre de 2020 había sido en agosto de de ese año y fue cuando tramitó, según su relato, un "ingreso excepcional a fin de realizar obras de acondicionamiento del local donde proyectaba realizar el emprendimiento relatado".
 
Los viajes recurrentes también estuvieron enmarcados, agregó, en su cargo de Parlamentario del Mercosur. Y dijo que tenía previsto volver a la Argentina en mayo de 2021, con aquel boleto comprado, "pero temiendo ser indebidamente privado de su libertad, desiste de ello y permanece en territorio uruguayo presentando la solicitud".
 
En los papeles también contó su historia con el PRO, los cargos que tuvo y dijo que no fue abogado personal de Macri "sino abogado de confianza en el marco del gobierno" y que lo representó sólo en la asunción de la fórmula presidencial Macri - Michetti para el cambio de mando de 2015 con la presentación de una medida cautelar y que también actuó como su abogado en el juicio Panamá Papers
 
 
Una confesión
 
La presentación tiene un párrafo sublime sobre la Mesa Judicial. "Aunque existía la ´mesa judicial´ --dice--, así denominada por la prensa, que reunía regularmente a distintos funcionarios y asesores para discutir y proponer políticas judiciales o seleccionar candidatos a jueces de la terna proveniente del Consejo de la Magistratura, nunca integré la misma ni participé de las reuniones que mantenía". 
 
También señala que se reunían por "propósitos legítimos de acción de gobierno" y que él "no trató de influir ni operar sobre jueces ni funcionarios judiciales". Los dichos no son pocos y son de la misma persona que impulsó el nombramiento por decreto a la Corte Suprema de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, con quien tiene 59 llamados en el periodo que investiga la causa judicial de Servini.
 
Probablemente parte de estos argumentos hayan nutrido la resolución de la jueza Chamsarián, y se encuentren bajo análisis del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 
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11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

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