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Nacionales - 05-05-2022 / 10:05
PEPINAZO EN CONTRA: DE REFUGIADO A REFUGADO EN URUGUAY

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista "Pepín" Rodríguez Simón

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo.
El operador macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio.
 
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo. El fugitivo macrista ya apeló para ganar un poco más de tiempo, pero el Parlamento del Mercosur puede acelerar su expulsión de ese cuerpo. Esto pone al operador judicial estrella de Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado.
 

REVÉS PARA EL OPERADOR DE MACRI
 
La justicia uruguaya rechazó el pedido de refugio de Pepín Rodríguez Simón: es un prófugo común y no un perseguido político
  
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio
 
·         El poder total que Mauricio Macri le firmó a Pepín Rodríguez Simón
  
Esto pone al operador judicial estrella de Mauricio Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado, tal como reclamó la jueza María Servini cuando lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional en la causa donde lo investiga por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Para demorar el proceso lo máximo posible, "Pepín" apeló la resolución judicial y ahora debe tomar una decisión el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno. De todos modos, no hay que olvidar que la última palabra sobre la extradición la tiene el gobierno de Uruguay. El de Luis Lacalle Pou ha sido benévolo con él.
 
Mientras tanto, el Parlamento del Mercosur analiza expulsarlo del cuerpo en base a un dictamen de mayoría aprobado en comisión hace dos semanas que le adjudica "inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido" por haberse fugado para no rendir cuentas en una investigación penal. La decisión de no darle asilo podría sumar votos.
 
Rodríguez Simón tuvo que explicar ante la CORE por qué no quería volver a la Argentina. Dijo que se encontraba radicado en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 tras ingresar de manera regular por el paso fronterizo de Fray Bentos. El motivo de su viaje, alegó, era de "turismo" para "pasar las vacaciones de verano en Punta del Este, sin perjuicio que también estuvo motivado por un emprendimiento comercial que planificaba desarrollar", es decir el bar en la playa. 
 
En la solicitud incluyó además que tenía temor de volver a la Argentina porque se sentía un perseguido. El pedido y los increíbles fundamentos, rechazados originalmente por la Comisión de Refugiados, fueron revelados esta noche por Gustavo Sylvestre en C5N. Y son los papeles que evaluó la jueza oriental para rechazarle el refugio.
 
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Tiempos judiciales y políticos
 
El fallo de la jueza es del 23 de diciembre último, según informaron a Página/12 funcionarios de los tribunales de Montevideo, y se basa como antecedente en esa resolución de la CORE que en agosto del año pasado recomendó negarle el refugio ya que sus integrantes advirtieron que se lo juzga por delitos comunes y no encontraron signos de persecución de carácter político. Las conclusiones del informe decían:
 
"El temor del solicitante no se correspondería con un temor fundado de persecución en los términos de la Convención de 1951 ni de la Ley 18.076, y no existiría un riesgo de privación indebida de la libertad o de su seguridad personal en su país de origen, pudiendo acogerse a la protección nacional". 
 
A pesar de no ser un integrante formal del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Simón tenía escritorio en la Casa Rosada y además era un hombre clave en las decisiones de la mesa judicial que se ocupó de las estrategias para perseguir opositores y diseñar un Poder Judicial a medida. Entre ellas están las presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, para exigirles que atacaran a Cristina Kirchner y para quitarles sus medios de comunicación, de las que la jueza Servini sospecha que participó. 
 
Los únicos cargos formales de "Pepín" eran el de miembro del directorio de YPF y, el que aún mantiene, como legislador del Mercosur. Para pedir asilo dijo, por ejemplo, que querían encarcelarlo, algo que no ocurrió con ningún imputado en la causa. Es más, Macri --uno de ellos-- se la pasa viajando. 
 
El expediente sobre el pedido de refugio del operador tramita en forma reservada en el juzgado de Chamsarian, pero este diario también pudo confirmar que su abogado Jorge Díaz lo apeló. El Tribunal de Apelaciones, explican en la justicia uruguaya, puede tomarse un buen rato para resolver. Cada uno de sus tres integrantes tiene 20 días para dar su opinión. Luego delibera y su decisión es una sentencia definitiva.
 
Recién entonces, si confirman la sentencia de la jueza Chamsarian se reanudará el proceso de extradición, que tramita en un expediente aparte, que por ahora está suspendido a la espera de la definición sobre la cuestión del pedido de refugio, y que también podría llevar un tiempo. 
 
Si bien en un comienzo el gobierno de Lacalle Pou pareció alentar un proceso ágil, no fue lo que sucedió. De hecho, en el Parlasur, varios legisladores se quejaron y advirtieron sobre lo que ven como una cobertura política.  
 
Cuando Servini advirtió que "Pepín" estaba instalado en Uruguay y que "mantenía contactos con estamentos del poder"dictó una prohibición de salida del país. La citación a indagatoria era para el 26 de mayo de 2021. Su defensa informó al juzgado que tenía pasaje para volver en Buquebús el 15 de ese mes, pero nunca regresó. 
 
Es más, pidió una postergación de la indagatoria, que la jueza le concedió para junio. Pero el 6 de mayo de aquel mismo año ya había presentado el pedido para obtener refugio en Uruguay y habló con algunos medios amigos donde aseguró que lo querían privar de la libertad y lo perseguían por haber querido cobrar impuestos al juego.
 
"Pepín" tuvo una asesoría en Lotería de la Ciudad en 2018 (después de ocuparse del desguace de Lotería Nacional) pero para entonces los aprietes denunciados ya habían sucedido. López y De Sousa terminaron presos dos años en el expediente conocido como Oil Combustibles, donde al final fueron absueltos
 
Cuando supo del pedido de refugio, Servini firmó una resolución en la que sostuvo que era "absolutamente improcedente" y "parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación". Lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional y decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. 
 
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¿Y el Parlasur? 
 
La parlamentaria del Mercosur por el Frente de TodosElena Corregido, hizo notar en una entrevista en la AM750 que en su última aparición en el recinto, cuando Rodríguez Simón armó un escándalo porque quería hablar y negar su condición de prófugo, ocultó lo que todo el mundo se enteró --las y los parlamentarios incluidos-- este jueves: que la jueza Chamsarian le había negado su condición de refugiado. 
 
Ese día se tuvo que ir abucheado. Hasta la vicepresidenta de la UCRMaría Luisa Storani, le recriminó en esa sesión que no se hubiera presentado a la indagatoria. "Quiero pedirle a Rodríguez Simón que se presente ante la justicia argentina", dijo. "Nuestro país tiene Estado de derecho y él tiene la posibilidad de defenderse", reforzó. 
 
Dos semanas atrás la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó un dictamen por mayoría de siete votos contra dos que propone la "exclusión" de Rodríguez  Simón "por su manifiesta inhabilidad moral y la falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido". Esto deberá ser tratado por el plenario y requiere 77 votos de sus 117 miembros. La sesión que estaba prevista para el 16 de mayo fue suspendida hasta nuevo aviso. El 9 de mayo hay una reunión de la mesa directiva que resolvería cuál será la nueva fecha. 
 
La votación se perfilaba hasta ahora peliaguda pero la novedad de la resolución de la justicia uruguaya podría tener algún impacto en la posición de algunos/as parlamentarios/as. El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, dijo a Página/12: "La decisión de la jueza fortalece la idea de separar a Rodríguez Simón del Parlasur ya que muchos que proponían mantenerlo argumentaban que no se lo podía expulsar porque todavía no se había definido la Justicia. Está claro que todo lo que hasta ahora se ha actuado marca que no hay motivo para considerarlo un refugiado, y que es un prófugo. Me refiero a la resolución de Servini, el rechazo del habeas corpus que él presentó el año pasado, el informe  de la CORE y ahora la resolución que se conoce de Chamsarian". 
 
Cecilia Brito, una de las autoras del dictamen para la expulsión, coincidió: "La argumentación que tenía preparada la derecha de los cuatro países para sostener a Pepín, se desarma. Esperamos que el tribunal de apelaciones resuelva pronto". 
 
La causa por la que Rodríguez Simón se escapó es una rama de funcionamiento de la llamada "mesa judicial" del macrismo. También está imputado en otra causa, donde se investiga de manera más amplia cómo operaron un grupo de exfuncionarios y operadores del macrismo para armar causas judiciales y también para perseguir y desplazar a integrantes del sistema de justicia
 
En ese expediente el fiscal Gabriel De Vedia, declaró que Rodríguez Simón fue quien le mandó a decir a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó que si no renunciaba tanto ella y sus hijas irían presas. En ese expediente está pendiente el resultado de un entrecruzamiento telefónico pedido por el fiscal Franco Picardi, en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti. La posibilidad de que Servini lo indague algún día empieza a ser más cercana, aunque todavía falta. Pero la definición de la jueza Chamsarian es de vital importancia porque afirma que nadie lo persigue por razones políticas y, tarde o temprano, deberá rendir cuentas.
 
 
Los papeles del CORE
 
La presentación que hizo Rodríguez Simón ante la CORE uruguaya agrega detalles sobre la relación con aquel país y dice que tenía la "residencia permanente Mercosur" desde el 22 de octubre de 2020. El viaje anterior al de diciembre de 2020 había sido en agosto de de ese año y fue cuando tramitó, según su relato, un "ingreso excepcional a fin de realizar obras de acondicionamiento del local donde proyectaba realizar el emprendimiento relatado".
 
Los viajes recurrentes también estuvieron enmarcados, agregó, en su cargo de Parlamentario del Mercosur. Y dijo que tenía previsto volver a la Argentina en mayo de 2021, con aquel boleto comprado, "pero temiendo ser indebidamente privado de su libertad, desiste de ello y permanece en territorio uruguayo presentando la solicitud".
 
En los papeles también contó su historia con el PRO, los cargos que tuvo y dijo que no fue abogado personal de Macri "sino abogado de confianza en el marco del gobierno" y que lo representó sólo en la asunción de la fórmula presidencial Macri - Michetti para el cambio de mando de 2015 con la presentación de una medida cautelar y que también actuó como su abogado en el juicio Panamá Papers
 
 
Una confesión
 
La presentación tiene un párrafo sublime sobre la Mesa Judicial. "Aunque existía la ´mesa judicial´ --dice--, así denominada por la prensa, que reunía regularmente a distintos funcionarios y asesores para discutir y proponer políticas judiciales o seleccionar candidatos a jueces de la terna proveniente del Consejo de la Magistratura, nunca integré la misma ni participé de las reuniones que mantenía". 
 
También señala que se reunían por "propósitos legítimos de acción de gobierno" y que él "no trató de influir ni operar sobre jueces ni funcionarios judiciales". Los dichos no son pocos y son de la misma persona que impulsó el nombramiento por decreto a la Corte Suprema de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, con quien tiene 59 llamados en el periodo que investiga la causa judicial de Servini.
 
Probablemente parte de estos argumentos hayan nutrido la resolución de la jueza Chamsarián, y se encuentren bajo análisis del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 
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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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