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Nacionales - 05-05-2022 / 10:05
PEPINAZO EN CONTRA: DE REFUGIADO A REFUGADO EN URUGUAY

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista "Pepín" Rodríguez Simón

Rechazaron el pedido de refugio político del prófugo macrista
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo.
El operador macrista Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio.
 
La Justicia uruguaya dictaminó que "Pepín", la mano derecha judicial de Mauricio Macri que se escapó a Uruguay para no responder ante la jueza María Servini, no es un perseguido político sino un prófugo común, por lo que no corresponde darle asilo. El fugitivo macrista ya apeló para ganar un poco más de tiempo, pero el Parlamento del Mercosur puede acelerar su expulsión de ese cuerpo. Esto pone al operador judicial estrella de Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado.
 

REVÉS PARA EL OPERADOR DE MACRI
 
La justicia uruguaya rechazó el pedido de refugio de Pepín Rodríguez Simón: es un prófugo común y no un perseguido político
  
Fabián "Pepín" Rodríguez Simón intentó convencer a la Comisión de Refugiados de Uruguay (CORE) en junio del año pasado que tenía planeado montar una librería bar en la Barra de Maldonado de Punta del Este. Dijo que pensaba volver a la Argentina pero temió que lo metieran preso en su tierra y optó por pedir que lo cobijen en el país vecino. El discurso y la perseverancia en sostener la teoría de que es un perseguido político no le funcionaron: la jueza uruguaya en lo penal Adriana Chamsarián rechazó el pedido para darle refugio
 
·         El poder total que Mauricio Macri le firmó a Pepín Rodríguez Simón
  
Esto pone al operador judicial estrella de Mauricio Macri mucho más cerca de la posibilidad de ser extraditado, tal como reclamó la jueza María Servini cuando lo declaró en rebeldía y pidió su captura internacional en la causa donde lo investiga por amenazas y extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Para demorar el proceso lo máximo posible, "Pepín" apeló la resolución judicial y ahora debe tomar una decisión el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Primer Turno. De todos modos, no hay que olvidar que la última palabra sobre la extradición la tiene el gobierno de Uruguay. El de Luis Lacalle Pou ha sido benévolo con él.
 
Mientras tanto, el Parlamento del Mercosur analiza expulsarlo del cuerpo en base a un dictamen de mayoría aprobado en comisión hace dos semanas que le adjudica "inhabilidad moral y falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido" por haberse fugado para no rendir cuentas en una investigación penal. La decisión de no darle asilo podría sumar votos.
 
Rodríguez Simón tuvo que explicar ante la CORE por qué no quería volver a la Argentina. Dijo que se encontraba radicado en Uruguay desde el 8 de diciembre de 2020 tras ingresar de manera regular por el paso fronterizo de Fray Bentos. El motivo de su viaje, alegó, era de "turismo" para "pasar las vacaciones de verano en Punta del Este, sin perjuicio que también estuvo motivado por un emprendimiento comercial que planificaba desarrollar", es decir el bar en la playa. 
 
En la solicitud incluyó además que tenía temor de volver a la Argentina porque se sentía un perseguido. El pedido y los increíbles fundamentos, rechazados originalmente por la Comisión de Refugiados, fueron revelados esta noche por Gustavo Sylvestre en C5N. Y son los papeles que evaluó la jueza oriental para rechazarle el refugio.
 
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Tiempos judiciales y políticos
 
El fallo de la jueza es del 23 de diciembre último, según informaron a Página/12 funcionarios de los tribunales de Montevideo, y se basa como antecedente en esa resolución de la CORE que en agosto del año pasado recomendó negarle el refugio ya que sus integrantes advirtieron que se lo juzga por delitos comunes y no encontraron signos de persecución de carácter político. Las conclusiones del informe decían:
 
"El temor del solicitante no se correspondería con un temor fundado de persecución en los términos de la Convención de 1951 ni de la Ley 18.076, y no existiría un riesgo de privación indebida de la libertad o de su seguridad personal en su país de origen, pudiendo acogerse a la protección nacional". 
 
A pesar de no ser un integrante formal del Poder Ejecutivo durante el gobierno de Mauricio Macri, Rodríguez Simón tenía escritorio en la Casa Rosada y además era un hombre clave en las decisiones de la mesa judicial que se ocupó de las estrategias para perseguir opositores y diseñar un Poder Judicial a medida. Entre ellas están las presiones sobre Cristóbal López y Fabián De Sousa, para exigirles que atacaran a Cristina Kirchner y para quitarles sus medios de comunicación, de las que la jueza Servini sospecha que participó. 
 
Los únicos cargos formales de "Pepín" eran el de miembro del directorio de YPF y, el que aún mantiene, como legislador del Mercosur. Para pedir asilo dijo, por ejemplo, que querían encarcelarlo, algo que no ocurrió con ningún imputado en la causa. Es más, Macri --uno de ellos-- se la pasa viajando. 
 
El expediente sobre el pedido de refugio del operador tramita en forma reservada en el juzgado de Chamsarian, pero este diario también pudo confirmar que su abogado Jorge Díaz lo apeló. El Tribunal de Apelaciones, explican en la justicia uruguaya, puede tomarse un buen rato para resolver. Cada uno de sus tres integrantes tiene 20 días para dar su opinión. Luego delibera y su decisión es una sentencia definitiva.
 
Recién entonces, si confirman la sentencia de la jueza Chamsarian se reanudará el proceso de extradición, que tramita en un expediente aparte, que por ahora está suspendido a la espera de la definición sobre la cuestión del pedido de refugio, y que también podría llevar un tiempo. 
 
Si bien en un comienzo el gobierno de Lacalle Pou pareció alentar un proceso ágil, no fue lo que sucedió. De hecho, en el Parlasur, varios legisladores se quejaron y advirtieron sobre lo que ven como una cobertura política.  
 
Cuando Servini advirtió que "Pepín" estaba instalado en Uruguay y que "mantenía contactos con estamentos del poder"dictó una prohibición de salida del país. La citación a indagatoria era para el 26 de mayo de 2021. Su defensa informó al juzgado que tenía pasaje para volver en Buquebús el 15 de ese mes, pero nunca regresó. 
 
Es más, pidió una postergación de la indagatoria, que la jueza le concedió para junio. Pero el 6 de mayo de aquel mismo año ya había presentado el pedido para obtener refugio en Uruguay y habló con algunos medios amigos donde aseguró que lo querían privar de la libertad y lo perseguían por haber querido cobrar impuestos al juego.
 
"Pepín" tuvo una asesoría en Lotería de la Ciudad en 2018 (después de ocuparse del desguace de Lotería Nacional) pero para entonces los aprietes denunciados ya habían sucedido. López y De Sousa terminaron presos dos años en el expediente conocido como Oil Combustibles, donde al final fueron absueltos
 
Cuando supo del pedido de refugio, Servini firmó una resolución en la que sostuvo que era "absolutamente improcedente" y "parecería un atajo para obstruir el curso de la investigación". Lo declaró en rebeldía, pidió su captura internacional y decretó la inhibición general de todos sus bienes y el congelamiento de sus cuentas bancarias. 
 
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¿Y el Parlasur? 
 
La parlamentaria del Mercosur por el Frente de TodosElena Corregido, hizo notar en una entrevista en la AM750 que en su última aparición en el recinto, cuando Rodríguez Simón armó un escándalo porque quería hablar y negar su condición de prófugo, ocultó lo que todo el mundo se enteró --las y los parlamentarios incluidos-- este jueves: que la jueza Chamsarian le había negado su condición de refugiado. 
 
Ese día se tuvo que ir abucheado. Hasta la vicepresidenta de la UCRMaría Luisa Storani, le recriminó en esa sesión que no se hubiera presentado a la indagatoria. "Quiero pedirle a Rodríguez Simón que se presente ante la justicia argentina", dijo. "Nuestro país tiene Estado de derecho y él tiene la posibilidad de defenderse", reforzó. 
 
Dos semanas atrás la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur aprobó un dictamen por mayoría de siete votos contra dos que propone la "exclusión" de Rodríguez  Simón "por su manifiesta inhabilidad moral y la falta de decoro para el cargo para el cual fuere elegido". Esto deberá ser tratado por el plenario y requiere 77 votos de sus 117 miembros. La sesión que estaba prevista para el 16 de mayo fue suspendida hasta nuevo aviso. El 9 de mayo hay una reunión de la mesa directiva que resolvería cuál será la nueva fecha. 
 
La votación se perfilaba hasta ahora peliaguda pero la novedad de la resolución de la justicia uruguaya podría tener algún impacto en la posición de algunos/as parlamentarios/as. El vicepresidente del Parlasur, Oscar Laborde, dijo a Página/12: "La decisión de la jueza fortalece la idea de separar a Rodríguez Simón del Parlasur ya que muchos que proponían mantenerlo argumentaban que no se lo podía expulsar porque todavía no se había definido la Justicia. Está claro que todo lo que hasta ahora se ha actuado marca que no hay motivo para considerarlo un refugiado, y que es un prófugo. Me refiero a la resolución de Servini, el rechazo del habeas corpus que él presentó el año pasado, el informe  de la CORE y ahora la resolución que se conoce de Chamsarian". 
 
Cecilia Brito, una de las autoras del dictamen para la expulsión, coincidió: "La argumentación que tenía preparada la derecha de los cuatro países para sostener a Pepín, se desarma. Esperamos que el tribunal de apelaciones resuelva pronto". 
 
La causa por la que Rodríguez Simón se escapó es una rama de funcionamiento de la llamada "mesa judicial" del macrismo. También está imputado en otra causa, donde se investiga de manera más amplia cómo operaron un grupo de exfuncionarios y operadores del macrismo para armar causas judiciales y también para perseguir y desplazar a integrantes del sistema de justicia
 
En ese expediente el fiscal Gabriel De Vedia, declaró que Rodríguez Simón fue quien le mandó a decir a la exprocuradora Alejandra Gils Carbó que si no renunciaba tanto ella y sus hijas irían presas. En ese expediente está pendiente el resultado de un entrecruzamiento telefónico pedido por el fiscal Franco Picardi, en la causa que instruye la jueza María Eugenia Capuchetti. La posibilidad de que Servini lo indague algún día empieza a ser más cercana, aunque todavía falta. Pero la definición de la jueza Chamsarian es de vital importancia porque afirma que nadie lo persigue por razones políticas y, tarde o temprano, deberá rendir cuentas.
 
 
Los papeles del CORE
 
La presentación que hizo Rodríguez Simón ante la CORE uruguaya agrega detalles sobre la relación con aquel país y dice que tenía la "residencia permanente Mercosur" desde el 22 de octubre de 2020. El viaje anterior al de diciembre de 2020 había sido en agosto de de ese año y fue cuando tramitó, según su relato, un "ingreso excepcional a fin de realizar obras de acondicionamiento del local donde proyectaba realizar el emprendimiento relatado".
 
Los viajes recurrentes también estuvieron enmarcados, agregó, en su cargo de Parlamentario del Mercosur. Y dijo que tenía previsto volver a la Argentina en mayo de 2021, con aquel boleto comprado, "pero temiendo ser indebidamente privado de su libertad, desiste de ello y permanece en territorio uruguayo presentando la solicitud".
 
En los papeles también contó su historia con el PRO, los cargos que tuvo y dijo que no fue abogado personal de Macri "sino abogado de confianza en el marco del gobierno" y que lo representó sólo en la asunción de la fórmula presidencial Macri - Michetti para el cambio de mando de 2015 con la presentación de una medida cautelar y que también actuó como su abogado en el juicio Panamá Papers
 
 
Una confesión
 
La presentación tiene un párrafo sublime sobre la Mesa Judicial. "Aunque existía la ´mesa judicial´ --dice--, así denominada por la prensa, que reunía regularmente a distintos funcionarios y asesores para discutir y proponer políticas judiciales o seleccionar candidatos a jueces de la terna proveniente del Consejo de la Magistratura, nunca integré la misma ni participé de las reuniones que mantenía". 
 
También señala que se reunían por "propósitos legítimos de acción de gobierno" y que él "no trató de influir ni operar sobre jueces ni funcionarios judiciales". Los dichos no son pocos y son de la misma persona que impulsó el nombramiento por decreto a la Corte Suprema de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz, con quien tiene 59 llamados en el periodo que investiga la causa judicial de Servini.
 
Probablemente parte de estos argumentos hayan nutrido la resolución de la jueza Chamsarián, y se encuentren bajo análisis del Tribunal de Apelaciones en lo Penal.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 
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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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