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Entre Ríos - 04-05-2022 / 12:05
POR UN CARGO, HAY PELOTERA EN JUNTOS POR EL CAMBIO

Se tensa la relación del PRO con la UCR en Nogoyá

Se tensa la relación del PRO con la UCR en Nogoyá
Los macristas de Nogoyá reclaman la banca que en el Concejo dejó libre una radical. Quieren ocuparla con un varón.
 
Los macristas de Nogoyá reclaman la banca que en el Concejo dejó libre una radical. Quieren ocuparla con un varón. Argumentan que la ley de Paridad no puede ser retroactiva. Pero no irán a fondo con pedir su inconstitucionalidad. La disputa no es de género, sino política. Expresa una escalada de tensión en la relación entre el PRO y la UCR que se explica a la luz de la interna provincial.
 
 
El detonante fue la condena de tres funcionarios de la gestión del intendente radical Rafael Cavagna por peculado culposo: el secretario de Gobierno, Marcelo Barreto; la subsecretaria de Desarrollo Social, Carina Gómez; y el tesorero municipal, Gustavo Gabriel Aga.
 
Tras la condena, Cavagna designó en Desarrollo Social a Bernardo Raúl Schneider y en Gobierno a la concejala Ayelén Correa (UCR).
 
Por aplicación de la ley de Paridad de Género, la Justicia Electoral Municipal resolvió que la banca de la concejala radical no debía ser ocupada por quien le seguía en la lista, Danilo Franzot (PRO), sino por la siguiente mujer en la nómina, Silvina Escudero (UCR).
 
Franzot, que además es presidente de la departamental Nogoyá del PRO, apeló esa decisión con el argumento de que la ley de Paridad, sancionada en noviembre de 2020, no podía aplicarse de manera retroactiva a una situación que se consolidó en junio de 2019, cuando la lista de concejales se presentó a elecciones.
 
Pero la última oración del artículo 24 de la ley de Paridad dispone su aplicación no sólo a partir de 2023, sino también para los reemplazos por corrimiento de lista que se produzcan hasta entonces. Esta suerte de cláusula transitoria es considerada una falencia legislativa no sólo por macristas, sino también por radicales. Sin embargo, al momento de la sanción nadie dijo nada en JxC.
 
Recién ahora el tema sale a superficie en un caso concreto. Es la primera vez que el Tribunal Electoral Provincial (alzada del Tribunal Electoral Municipal) tendrá que expedirse al respecto. El cuerpo está integrado por los vocales Susana Medina y Germán Carlomagno, la jueza laboral Gladys Pinto y los legisladores Angel Giano por Diputados y Daniel Olano por el Senado.
 
Si rechazan su planteo, Franzot podría ir en queja ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y plantear la acción de inconstitucionalidad. Pero, por lo que pudo saber Página Política, no existe en el PRO la voluntad de tensar tanto la cuerda. Es que la extensión de la discusión dejaría con un concejal menos a JxC, ya que la banca no se podría ocupar hasta saldar la discusión. Y eso resultaría políticamente adverso tanto para radicales como para macristas.
 
Si el STJ declarase la inconstitucionalidad de la ley de Paridad,  se afectaría lo resuelto por el Tribunal Electoral Provincial en el caso de la diputada Vanesa Castillo, que ocupó la banca que dejó vacante Diego Lara cuando fue designado presidente del Tribunal de Cuentas, dejando en el camino las pretensiones de quien seguía en la lista, Rubén Boxler.
 
El caso de Nogoyá es, en apariencia, más acorde al espíritu de la ley de Paridad, ya que se trata de una concejala mujer que ocupa una banca que dejó otra mujer. Y para la integración de los concejos deliberantes de Entre Ríos ya regía la paridad en 2019. Con lo cual se podría decir, rápidamente, que el PRO, con su planteo, estaría yendo en contra de esa paridad.
 
 
La interna
  
Pero la disputa no es entre varones y mujeres, sino entre el PRO y la UCR. Más aún: entre el PRO, el sector de la UCR de Nogoyá que juega con Rogelio Frigerio y los radicales que militan en la línea liderada por Pedro Galimberti y Darío Schneider y que en Nogoyá tienen como principales referentes al intendente Cavagna y al presidente del bloque de diputados radicales, Gustavo Cusinato.
 
De los 6 concejales de JxC en Nogoyá, 4 son de la UCR y 2 del PRO. En la visión de los radicales, con su reclamo el PRO busca alterar ese acuerdo con el que fueron a elecciones en 2019. Pretenden tener la misma cantidad de concejales que los radicales: 3 y 3.
 
Desde el PRO, en cambio, se argumenta que el lugar 7 fue parte de la negociación para el armado de la lista. Ocuparon además los lugares: 1) Mariano Berdiñas y 4) Mariana Osman. Podían llegar a una tercera banca si hacían una muy buena elección (de hecho JxC estuvo a pocos votos de obtener 7 concejales), o bien si les tocaba asumir en caso de que se produjera una vacante.
 
Además de presidir el bloque, Berdiñas aspira a la intendencia de Nogoyá.
 
La concejal radical saliente, que fue a integrar el gabinete municipal, Ayelén Correa, sería la elegida por Cavagna (que ya no tiene reelección e iría por la senaduría) para su sucesión. El candidato de Cusinato es Bernardo Schneider, recientemente designado en Desarrollo Social.
 
Todos los movimientos deben leerse tomando en cuenta esas aspiraciones. Unos con Frigerio, los otros con Galimberti o Schneider.
 
Los radicales explican el malestar del PRO en apetencias por ocupar espacios de poder en el Municipio que no fueron saciadas por Cavagna. Sólo tienen a cargo la Coordinación Legal de la comuna y el área de Mujer, Género y Diversidad. Lo demás es todo radical.
 
Pero en el PRO aseguran que no quieren cargos. Tomarlos en este momento, argumentan,  implicaría una dificultad para diferenciarse de Cavagna en el proceso interno.
 
Los radicales aseguran que el PRO le está poniendo trabas al gobierno municipal. Y advierten que esa jugada local puede repercutir en el orden provincial. Berdiñas es además vicepresidente del PRO de Entre Ríos.
 
Hubo un par de ordenanzas en las que macristas y radicales no coincidieron en su voto y existe un conflicto abierto por la expropiación de un predio de Bomberos Voluntarios, donde funciona el Centro de Integración Comunitaria (CIC). Los radicales acusan al PRO de operar para trabar esa expropiación con la que está de acuerdo también el Gobierno provincial y se presenta como salida para la continuidad del CIC, ante el planteo de Bomberos para recuperar el terreno que ocupó el Municipio desde 2007 por un contrato de comodato ya vencido.
 
En el caso que derivó en la condena por peculado, Berdiñas marcó distancia al pedir la inmediata separación de los cargos de los funcionarios denunciados.
 
Por: Pablo Bizai
 
Fuente: Página Política
 
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18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

17-05-2026 / 13:05
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