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Nacionales - 04-05-2022 / 10:05
UN EXPEDIENTE DERIVADO DE LAS FOTOCOPIAS DE LOS CUADERNOS

Cristina, ex funcionarios y empresarios fueron sobreseídos en una causa disparatada

Cristina, ex funcionarios y empresarios fueron sobreseídos en una causa disparatada
Con la presunción --pero sin pruebas-- de que se podían haber pagado coimas, el ya fallecido juez Claudio Bonadio había procesado a la expresidenta, exfuncionarios y un centenar de empresarios simplemente porque habían participado de la construcción de rutas. Ahora el juez Julián Ercolini cerró el caso y sobreseyó a los acusados.
El juez Julián Ercolini se vio obligado a cerrar otra de las causas truchas iniciadas de manera insólita por Claudio Bonadio, quien dedujo que en todas las obras que se hicieron entre 2003 y 2015 hubo coimas y por lo tanto procesó a empresarios y funcionarios considerando que, de acuerdo a la modalidad que se vislumbró en las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno, existió cohecho y cartelización. La base de la acusación no fueron hechos concretos sino un listado de obras de Vialidad Nacional.
 
La Cámara Federal revocó aquellos procesamientos entre otras cosas porque había empresarios que dijeron que nunca pagaron nada o que ni siquiera estaban a cargo de las empresas en la época de cada obra. Por lo tanto, la Cámara deshizo el estropicio de Bonadio y dictó una falta de mérito, es decir que se debía seguir investigando. Como Ercolini no consiguió nuevas pruebas, ahora terminó sobreseyendo a unos cien empresarios y a los funcionarios involucrados, empezando por Cristina Fernández, Julio De Vido y otros integrantes del gobierno de CFK.
 
Se cae así otra causa trucha usada como ariete político de un sector del macrismo poco o nada interesado en la verdad y sí en provocar un daño a través de la acumulación de relatos de escasa credibilidad.
 

 
Cristina Fernández fue sobreseída en un tramo de la causa "cuadernos"
 
Argumentaron que "no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos".
 
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a exfuncionarios de su gobierno y a un centenar de empresarios en una parte de la investigación por supuesta "cartelización" de la obra pública vial, abierta como derivación del llamado caso "cuadernos".
 
En una resolución de 98 carillas, el juez de primera instancia consideró que "no fue posible a pesar de la profusa investigación llevada a cabo, establecer la responsabilidad de los imputados en los hechos" que se investigaron en esta parte del caso, vinculados a algunos supuestos pagos ilegales mencionados por el financista "arrepentido", Ernesto Clarens.
 
Ercolini sobreseyó en esta parte del caso a la Vicepresidenta, al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al exsecretario de Obra Pública José López y a Clarens, además de un centenar de empresarios de la construcción, entre los cuales están Juan Chediak, Aldo Roggio, Eduardo Eurnekian, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
 
Esta investigación se abrió como un derivado de la causa central por los cuadernos del remisero Oscar Centeno, que ya fue enviada a juicio y está en etapa de preparación ante el Tribunal Oral Federal 7. El TOF7 también prepara para el juicio la otra parte de la causa por "cartelización" de la obra pública en la que sí hay procesamientos confirmados.
 
"Llegado el momento de resolver en autos, y dado que se ha agotado la etapa investigativa, al menos con relación a los imputados en los hechos desarrollados en este acápite, ante la ausencia de medidas pendientes de producción; es que habré dictar el sobreseimiento", agregó Ercolini.
 
En el caso de los empresarios, fueron vinculados «sustancialmente» como "propietarios, autoridades o empleados de determinadas empresas cuyo único lazo con la causa, es su mención en algunos de los listados emitidos por los organismos oficiales (de la DNV o la Secretaría de Energía), mas las empresas no fueron mencionadas en listados, ni anexos; ni por testigos, ni arrepentidos", puntualizó.
 
Las nuevas pruebas incorporadas al caso al profundizarse la pesquisa por orden de la Cámara Federal porteña, que había dictado la falta de mérito, "no arrojaron luz respecto a la intervención de los nombrados en los acontecimientos mencionados". En la misma resolución, Ercolini procesó al imputado Gustavo Dalla Tea, de la empresa CPC, por presunto "cohecho activo".
 
 
La causa madre... de todas las mentiras
 
Hace menos de un mes, a partir de la revelación de los famosos cuadernos sobre los cuales se montó la ya famosa causa por supuesta corrupción contra Cristina Fernández y otros exfuncionarios de su gobierno, diario Hoy llamaba la atención sobre la función de ese expediente como ariete político de un sector (el macrismo) poco o nada interesado en la verdad y sí en provocar un daño a través de la acumulación de relatos de variable verosimilitud.
 
La noción de posverdad y una frase del jefe de campaña de Hitler, Joseph Goebbels ("una mentira repetida mil veces se convierte en verdad"), apuntalaban la descripción de una maniobra que adaptaba la realidad a las circunstancias: había cuadernos; no había cuadernos porque se habían quemado; después habían aparecido intactos, pero el tribunal no brindaba acceso a ellos; y finalmente se supo que los supuestos originales habían sido objeto no de una ni de dos, sino de cientos de enmiendas y alteraciones, algunas de las cuales introducían nombres que nada tenían que ver con el supuesto texto de origen. Al cual, repetimos, los peritos no pudieron acceder, debiendo conformarse con estudiar copias digitales.
 
Fue el empresario Armando Loson quien, en una presentación ante la Justicia, logró ser excluido de las acusaciones al demostrar que su nombre había sido añadido a posteriori. Pero el peritaje que encargó tuvo consecuencias que lo exceden largamente: se demostró que una o varias manos intervinieron el texto con intenciones difíciles de justificar, en una operación que afecta a muchas más personas y compromete la integridad de toda la denuncia.
 
La causa contra la exjefa de Estado y actual vicepresidenta por supuesta "cartelización de la obra pública", que se cayó al igual que otros expedientes en su contra, es uno de los tantos desprendimientos de esta causa madre, la de los supuestos "cuadernos de la corrupción", que ya desde su origen resulta difícil tomar en serio.
 
Allá por marzo, el abogado José Manuel Ubeira, entrevistado por este diario, decía que ese expediente era el epítome del lawfare. Ayer se conoció otro signo de la precariedad sobre la que se sostienen las acusaciones formuladas.
 
 
El Parlasur, contra el lawfare
 
El lawfare o guerra judicial no es exclusivo de la Argentina. El mes pasado, y tras casi un año de análisis de esta problemática en nuestra región, el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) aprobó una "declaración de interés" para recomendar a los cuerpos legislativos de los países que lo integran (Brasil, Uruguay, Paraguay y la Argentina) que se cree una ­instancia de revisión de las causas que se presumen "armadas" como método para ­perseguir a opositores y otros actores considerados indeseables.
 
Fue en la misma sesión en que el exoperador judicial macrista y miembro del Parlamento, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, se presentó en persona y debió retirarse entre abucheos, tal como lo informó oportunamente diario Hoy.
 
La declaración propone "la revisión en casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías constitucionales, y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas". Y se trata del primer proyecto "anti-lawfare" en la región.
 
"El lawfare está escrito en los manuales de guerra. Es una combinación entre aparato ­judicial y la técnica de la guerra. Ha servido para imponer desde el Estado una política de aniquilamiento o de sometimiento de sectores de la oposición", dijo en la ocasión el ­parlamentario argentino Gastón Harispe, del Frente de Todos.
 
Fuente: Hoy en la Noticia
 

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29-03-2026 / 15:03
La gestión de Javier Milei atraviesa un momento muy complejo, atrapada en una tenaza que combina corrupción sistémica y degradación económica. La narrativa de austeridad se ha quebrado frente a pruebas judiciales contundentes: por un lado, el Caso $LIBRA, donde el peritaje técnico confirma un esquema de promoción de estafas piramidales que involucra directamente al Presidente y a Karina Milei por presuntos cobros millonarios; por otro, el escándalo de Manuel Adorni, cuya utilización de vuelos privados y un crecimiento patrimonial injustificado -que incluye mansiones y gastos de lujo- lo colocan como el nuevo emblema de los privilegios que el Gobierno prometió desterrar.

Sin embargo, el factor que transforma estos escándalos en un veneno letal para el oficialismo es el contexto de asfixia social. La paciencia popular, que hasta hace poco funcionaba como un cheque en blanco, se está agotando ante una realidad incontrastable marcada por la pobreza récord Con indicadores que ya superan el 55%, el ajuste ha dejado de caer sobre la política para ensañarse con la clase media y los sectores vulnerables; la inflación persistente, la cual, a pesar del discurso oficial, el costo de vida -especialmente en alimentos y servicios públicos- sigue demoliendo el poder adquisitivo de los salarios. A esto se le suma la crisis de expectativas: El contraste entre el "no hay plata" para comedores escolares y el despliegue de recursos en el entorno de Adorni ha roto el vínculo de confianza con su base electoral.


En definitiva, la caída en las encuestas no es solo producto de los tribunales; es el resultado de un modelo que pide sacrificios extremos a la población mientras sus máximos referentes se ven cercados por causas de corrupción que huelen a vieja política. La "libertad" parece haberse convertido, para el círculo íntimo del poder, en la libertad de gozar de privilegios mientras el resto del país cae en la indigencia.


De la redacción de La Opinión Popular

28-03-2026 / 07:03
La historia, caprichosa pero justa, suele poner las cosas en su lugar. El reciente fallo de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que rechaza de plano la demanda de los fondos buitres contra la República Argentina por la recuperación de YPF, no es solo un alivio para las cuentas públicas; es la partida de nacimiento de una verdad que el relato libertario intentó asfixiar: la soberanía nacional no fue un error, sino el acierto estratégico más importante del siglo XXI.


Este veredicto no constituye únicamente una victoria jurídica, sino que representa una reivindicación política total para Axel Kicillof. En 2012, el entonces ministro de Economía comprendió que un país sin el control de su propia energía es un país sin destino. El tiempo, ese juez implacable, terminó por darle la razón: hoy, Vaca Muerta no es una entelequia, sino una realidad que bate récords de producción y sostiene el andamiaje de una Argentina que, de otro modo, estaría de rodillas.

 
En este escenario, es imperativo apelar a la memoria y desenmascarar el cinismo. El hoy presidente no fue un observador neutral en esta disputa; fue un militante activo y un lobbista desfachatado del bando buitre. Javier Milei, el mismo hombre que ahora intenta "caranchear" miserablemente un triunfo judicial ajeno, construyó su carrera mediática descalificando sistemáticamente la recuperación de YPF como un "robo" y un "atropello a la propiedad privada". Su alineamiento con el capital especulativo fue tan obsceno que llegó a proponer la creación de un humillante "Impuesto Kicillof": una tasa destinada a esquilmar al pueblo argentino para pagarle a los fondos buitres una deuda que, hoy lo sabemos, era ilegítima. Como bien señaló el gobernador bonaerense ante la contundencia del fallo: "Es lamentable que el presidente de la Nación haya defendido a los fondos buitres en lugar de defender los intereses del país".

 
La contundencia de la sentencia dictada en Nueva York se traduce en una victoria multidimensional. En el plano fiscal, la Argentina logra un alivio monumental al evitar el desembolso de una cifra astronómica fabricada por la voracidad especuladora. En lo estratégico, el fallo ratifica la legalidad internacional de la expropiación, blindando la soberanía sobre nuestros recursos naturales. Finalmente, en el terreno político, el veredicto desmantela el relato de la "mala praxis" esgrimido por Milei, validando la solvencia técnica y el coraje de una defensa que priorizó el patrimonio nacional por sobre los dictados de los mercados financieros internacionales.


De la redacción de La Opinión Popular
27-03-2026 / 19:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
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