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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 04-05-2022 / 09:05
LA CÁMPORA AHORA ATACA DIRECTAMENTE AL PRESIDENTE

Alberto salió al cruce del Cuervo Larroque y aseguró que el gobierno es del pueblo

Alberto salió al cruce del Cuervo Larroque y aseguró que el gobierno es del pueblo
Se recalentó la interna del Frente de Todos. Las nuevas críticas del secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, no solo impactaron en el equipo económico sino en el propio Presidente. “Adulteró el contrato electoral de 2019, nosotros lo convocamos y ganamos las elecciones con los votos de Cristina”, aseguró. La respuesta llegó de Alberto Fernández: “nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo”.
Andrés "Cuervo" Larroque, ministro de Desarrollo Social de Axel Kicillof y dirigente de La Cámpora, atacó directamente a Alberto Fernández. "Si el Gobierno es nuestro... Nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina", afirmó con soberbia.
 
Larroque volvió a cuestionar al ministro de Economía y su equipo: "Sin ningún tipo de dudas, el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina Kirchner y sobre el sector que ella representa es Alberto, sin ningún tipo de dudas. Acá los que están construyendo la derrota son Guzmán, Kulfas y Moroni". "El gobierno es mío, mío, mío", dice Larroque pero las elecciones se pierden por culpa de los otros.
 
Frente a esto, Alberto Fernández respondió a las críticas del camporismo diciendo: "Yo no soy el dueño del gobierno, nadie lo es" y "El pueblo quiere que trabajemos juntos y cumplamos con las palabras empeñadas". Estuvo acompañado por Wado De Pedro, Ministro de Interior y dirigente de La Cámpora, quien hizo un discurso marcando su apoyo -a diferencia de su compañero Larroque-: "Venimos a ratificar la palabra del Presidente, que cuando asumió dijo que este iba a ser un gobierno federal. Eso le da la posibilidad concreta a cada argentino de tener trabajo en cada rincón de nuestro hermoso país".

¿El Presidente está condenado a llevar adelante un gobierno con funcionarios camporistas de primeras, segundas y terceras líneas que abiertamente desafían su autoridad y se niegan a acatar órdenes de sus superiores? La interna del Gobierno está orillando el desborde, incluso para los parámetros del peronismo. No se entiende a qué están jugando estos muchachos de La Cámpora. ¿Están desestabilizando al Gobierno?

El caso del área de Energía es el más emblemático. Hace más de un año y medio que el ministro de Economía, Martín Guzmán, con aval del Presidente, intenta aplicar un escalonamiento en los subsidios aplicados a las tarifas y no consigue hacerlo. No porque la oposición haya hecho lo suyo oponiéndose, sino porque el subsecretario de Energía Eléctrica no está de acuerdo.
 
Un gobierno en el cual los supuestos aliados critican abiertamente y piden renuncias en público. "A Guzmán no lo votó nadie... la unidad no puede ser una trampa, una emboscada al sector que representa Cristina". "Hay gente que vino sin nada y quiere imponer todo a todos", fueron algunas de las definiciones de Larroque, a quien tampoco nadie voto nunca y no tiene más méritos en su haber que una amistad con Máximo, el hijo de la vicepresidente

Estas críticas y respuestas vienen después de semanas donde el cristinismo hizo todo lo posible por bajar la tensión interna del Frente de Todos y mostrar gestos de unidad, como actos compartidos entre funcionarios que responden a Alberto y a Cristina juntos, y a puesta en marcha de una mesa del Frente de Todos en Provincia de Buenos Aires por iniciativa de Máximo Kirchner.  
¿Wado de Pedro es el policía bueno, Larroque el malo que expresa la línea dura de Cristina y Máximo va y viene? 


La Opinión Popular

 
La interna oficialista recrudece y este martes sumó un nuevo capítulo. El lunes parecía que las aguas se habían calmado cuando el Presidente Alberto Fernández se mostró con dirigentes cristinistas y con el propio Sergio Massa en Casa Rosada.
 
Sin embargo, la paz duró poco porque el martes por la mañana el secretario general de La Cámpora y ministro bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, volvió a la carga y ya no solo cuestionó al equipo económico del mandatario, sino al propio Fernández al decir que "el Presidente adulteró el contrato electoral con el que llegó al gobierno en 2019". Además, Larroque infirió que el gobierno "pertenece" al kirchnerismo al explicar que "nosotros constituimos esta fuerza política, lo convocamos a Alberto y ganamos las elecciones. La intención de voto mayoritaria es a Cristina".
 
Horas más tarde, el Presidente le respondió al ministro bonaerense durante el discurso que dio en La Pampa. Allí, Fernández señaló que "nadie es dueño del gobierno, el gobierno es del pueblo, nosotros solo representamos a ese pueblo y estoy seguro que ese pueblo quiere que trabajemos juntos, que nos integremos y que cumplamos con las palabras empeñadas".
 
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"Creo que se adulteró el contrato electoral. Si bien Alberto (Fernández) expresa una mirada moderada, él no llegó a la Presidencia a través de esa mirada", dijo Larroque y remarcó que en la campaña electoral "los planteos" de Fernández "habían sido otros" y "tenían más que ver con el acuerdo y con la mirada que siempre sostuvimos nosotros y centralmente Cristina (Kirchner)".
 
Sin embargo, agregó que "luego eso se adulteró". El mensaje que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, escribió en sus redes horas después, fue leído en esa clave. "Se puede ser legítimo y legal de origen y no de gestión", afirmó en medio de un posteo que realizó tras reunirse con Pilar del Rio, periodista y esposa de José Saramago.
 
 
En Casa Rosada
 
En Balcarce 50 las declaraciones de Larroque cayeron por sorpresa, sobre todo porque  habían interpretado que el acto del lunes, donde estuvieron en el escenario Fernández, Massa y la titular del Pami y dirigente de La Cámpora, Luana Volnovichhabía significado un mensaje de unidad.
 
Desde el entorno más cercano al Presidente calificaron en diálogo con Página12 las palabras de Fernández en respuesta a Larroque como "obvias", e insistieron en que no van a responder.  
  
"Nuestra tarea es seguir gestionando", consignaron. Consideraron que los funcionarios de la Cámpora que hacen ese tipo de declaraciones "están locos", y que "a esta altura es muy difícil" que Fernández y la vicepresidenta se llamen para intentar solucionar los problemas. Larroque, en cambio, había asegurado en declaraciones con Urbana Play que "todavía existe la posibilidad de hablar de un 'nosotros". "Si todos cambian la actitud y la lógica, se puede corregir el rumbo", dijo.
 
El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue el único que salió públicamente y de forma directa a defender al mandatario: "Al Presidente no lo van a apretar con declaraciones estúpidas", dijo. "Acusar al Presidente de operaciones mediáticas es de una brutalidad enorme y es no conocer al Presidente. El Presidente no busca agraviar", sumó.
 
En ese sentido, respondió a las declaraciones de Larroque sobre que el entorno presidencial es "un entorno de pillos" que "bolsillean al Presidente", y en las que puntualizó que "Alberto es el que fuerza la ruptura permanentemente con operaciones de desgaste sobre la figura de Cristina y sobre el sector que ella representa". Reforzando lo que horas antes había dicho el mandatario, Aníbal Fernández subrayó en C5N que "el Gobierno es del pueblo, de los que nos votaron y de los que no. El Gobierno no es de La Cámpora". 
  
 
Por sorpresa
 
Aunque desde el Gobierno aseguran que las declaraciones de Larroque los tomaron por sorpresa, no es la primera vez que el dirigente de La Cámpora lanza críticas a la gestión de Fernández. Ya lo había hecho en reiteradas ocasiones, pero nunca de forma directa al Presidente, sino generalmente enfocadas en el ministro de Economía, Martín Guzmán.
 
El presidente del PJ bonaerense y líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, también había cuestionado al ministro cuando en el plenario sindical que se llevó a cabo el sábado en Baradero dijo: "¿Cómo que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?".
 
Las críticas del kirchnerismo a la gestión del Presidente se dan centralmente por cuestionamientos al manejo económico. Este martes Larroque lo dijo de forma explícita: "Hoy prima una perspectiva que motorizan (Martín) Guzmán, (Matías) Kulfas y (Claudio) Moroni que tiene que ver con una política económica que busca un modelo de carácter sesgadamente productivo, porque no se fomentan todas las actividades, y eso se complementa con una pérdida del poder adquisitivo, con salarios bajos".
 
Y agregó "nosotros creemos que esa no es la solución". Moroni, días atrás, había señalado que "el mejor salario es el que se puede pagar". En esa ocasión fue el exdiputado Héctor Recalde el que salió a responder: "No comparto esa idea. El mejor salario es el que supera largo el costo de vida".
 
Durante su discurso en La Pampa, el Presidente habló de este tema. Dijo que "estamos en el camino correcto. La economía y el empleo crecen. El trabajo ahora es distribuir adecuadamente ese crecimiento. Todos nuestros ministros tienen que trabajar para que el bolsillo de los argentinos se llene de plata, para que distribuyamos mejor los recursos que generamos. Les aseguro que vamos a poder hacerlo porque este no es mi gobierno, es el gobierno de ustedes". En esa línea, este miércoles a las 7.30 se llevará a cabo una reunión de gabinete que fue convocada por Manzur, por orden del Presidente.
  
 
El acto en La Pampa
 
Sobre el escenario en La Pampa, en el que estuvo acompañado por el ministro del Interior y también referente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, Fernández puntualizó que "los problemas no los resuelve el mercado, los resuelve el Estado. Si se quieren quejar de mi peronismo quéjense, pero estoy orgulloso de ser peronista y de creer que el Estado debe estar cubriendo las necesidades". El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también se sumó a la defensa del Presidente y remarcó que "este es un gobierno que habla por los hechos, que está más preocupado en hacer que en decir".
 
El acto puso también en escena otro punto de conflicto: el Presidente anunció que laudará en contra de la posición de Mendoza en la obra Portezuelo del Viento, haciendo lugar al estudio ambiental de ese proyecto hidroeléctrico.
 
La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, muy cercana a la vicepresidenta, salió al cruce del anuncio: "Más allá del respeto que merece la investidura presidencial no comparto la decisión de Alberto Fernández si es que hace referencia a nuevos estudios y no cuestiones pendientes que deba presentar el gobierno de Mendoza. Se está privilegiando una postura caprichosa y demagoga como la de La Pampa", acusó.
 
Un capítulo que genera expectativa en esta interna a cielo abierto tendrá lugar el viernes. Sucede que mientras el Presidente esté en Ushuaia, en el extremo sur del país, la vicepresidenta estará en el norte, en Chaco, donde recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral y dará la ponencia "Estado, Poder y Sociedad: la insatisfacción democrática". "Cristina no habla si no tiene algo importante para decir", es todo lo que adelantan desde el entorno de la expresidenta.
 
Por Melisa Molina
 
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Fuente: Página12
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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