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Nacionales - 29-04-2022 / 10:04
MALAS NOTICIAS PARA EL MACRISMO EN LA CAUSA DE LA GESTAPRO

La Justicia procesó al intendente Garro, a ex funcionarios de Vidal y a agentes macristas de la AFI

La Justicia procesó al intendente Garro, a ex funcionarios de Vidal y a agentes macristas de la AFI
El juez Kreplak procesó por espionaje ilegal y prevaricato a la mayoría de los participantes en la reunión de la “Gestapo” macrista contra los gremios, entre ellos el ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, y los tres jefes de los espías. También ordenó que se investigue la responsabilidad de las autoridades nacionales, provinciales y de la AFI.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la macrista Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una "mesa judicial bonaerense" que habría coordinado acciones ilegales para perseguir a sindicalistas opositores.

Pero adicionalmente, la Justicia ordenó profundizar la investigación hacia altas esferas del gobierno provincial y en la estructura de la central de espías, lo que puede tener repercusiones políticas sobre la administración entonces comandada por Mauricio Macri. Pero también, señala eventuales responsabilidades a nivel judicial por la colaboración que habrían tenido para la pre constitución de pruebas truchas para llevar adelante expedientes contra objetivos políticos.

 
El juez Ernesto Kreplak procesó por espionaje prohibido a los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del gobierno de María Eugenia Vidal que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia durante la cual se coordinó la persecución judicial al gremialista de la Uocra-La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina. El juez dio por probado, además, la línea de tiempo que comenzó con una reunión el 4 de mayo de ese 2017 en Casa Rosada en la que estuvo el exPresidente Mauricio Macri.
 
Señaló que la orden se tomó más arriba y en la parte resolutiva sostuvo la necesidad de continuar con la investigación para determinar otras responsabilidades de escalones superiores del Gobierno, la AFI y funcionarios judiciales que participaron del armado de lo que comenzó a llamarse desde la revelación de diciembre, la GestaPro.
 
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"Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada --dijo-- podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados". 
  
Los procesamientos alcanzaron al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aquel se confesó añoroso de la Gestapo. También al exsecretario de Justicia, Adrián Grassi; al intendente Julio Garro y al senador Juan Pablo Allan enlace con el Consejo de la Magistratura de La Plata. Entre los integrantes de la AFI procesó al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano; al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y al exjefe de gabinete Darío Biorci. Dejó afuera del procesamiento a los empresarios y miembros de las cámaras de profesionales y al exministro de Infraestructura Roberto Gigante.
 
Para Kreplak, la estrategia de judicialización que buscó detener al gremialista no estuvo acotada a la reunión ni partió de ahí: la reunión fue sólo una parte en esa línea de tiempo. De esa manera señaló que "implicó el desarrollo de tareas de investigación criminal sobre Medina y su entorno por parte de miembros de la AFI, que abarcaron vigilancias encubiertas, tomas de fotografías, análisis de vínculos y compulsa de bases de datos que no son de acceso abierto, para la consecuente elaboración de informes, todo ello sin que existiera requerimiento judicial alguno".
 
Como parte de la maniobra, "se produjo la reunión del 15 de junio de 2017, en la que los integrantes de la AFI, con miembros del gobierno provincial y municipal, procuraron obtener pruebas en pos del objetivo que se había trazado, lo que claramente también excede los límites que impone la ley de inteligencia, e implica la configuración objetiva del tipo penal mencionado", es decir tareas de investigacion criminal ilegales.

La descripción de los hechos que reconstruyó comienza en la Rosada, sigue en reuniones de trabajo que surgieron de agendas de los exfuncionarios, incluyó el análisis de las visitas a la AFI, las llamadas de teléfono entre ellos y los anónimos que dispararon las causas penales hasta la detención. Kreplak volcó en el escrito de casi 250 páginas el análisis de cada prueba. Un modo de subrayar que la acusación no tiene que ver con la reunión filmada, cuyo video y su legalidad aún es discutido por las defensas.

 
 
La Rosada
 
La reunión en la Rosada es una escena que incluye de manera nítida la figura de Mauricio Macri detrás del armado. Sobre la reunión, el juez dijo lo siguiente: "Las pruebas permiten sostener que durante los primeros meses del año 2017 comenzó a gestarse la decisión, en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial, de llevar a cabo una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de Uocra Seccional La Plata".
 
El primer antecedente suficientemente comprobado hasta aquí -agregó-- "consiste en una reunión llevada a cabo el día 4 de mayo de 2017 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida". Entre las pruebas de esa reunión tomó una publicación del periodista Hugo Alconada Moon, su testimonial, también la agenda del ministro Villegas y el libro de ingresos a la Casa Rosada. La lista también sumó la explosiva indagatoria del exministro.

Con lujo de detalles, Villegas había dicho: "Así fue como, el día indicado, me presenté en la Casa Rosada. Llegué, entré por la explanada y me acompañaron hasta la privada del Presidente. Esperé unos minutos, dejé el teléfono fuera del despacho y me hicieron pasar. Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: 'Pata' Medina y la Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado".

 
Los participantes, había dicho, estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar del despacho del Presidente. "Y eran el propio Presidente ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas".

Kreplak ahora dijo que "si bien es cierto que el valor de declaración de un coimputado es relativo" en "este caso no se contradice sino que tiende a confirmarse por el resto de las probanzas". Y dijo al analizar esa declaración que "resulta claro que esa reunión tuvo por objeto poner en funcionamiento una estrategia dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a la Uocra".

 
Un dato elocuente, sostuvo, fue la presencia del titular del AFI. "Esta circunstancia no puede desvincularse de la intensificación de las tareas de investigación sin orden judicial que se desarrollaron sobre el delegado de la seccional La Plata y sus allegados, apenas días después".
 
El Bapro
 
Kreplak probó que la reunión de junio se hizo en la sede porteña del Bapro de calle San Martín N° 137, es decir, ese fue "el evento que se observa en la filmación". También probó quiénes participaron; que el lugar no tenía cámaras y que las cámaras fueron colocadas un día antes. Entre otros elementos, valoró los mensajes de teléfonos de los empleados, Guillermo Squillari y el secuestrado a Patricia Bencivengo, peritados. Y colocó imágenes con una sucesión de diálogos ocurridos entre el 13 y el 15 de junio. Aparece la confusión entre los empleados porque "ahora me dicen que son dos reuniones". Y un mensaje del 15 de junio que dice: "Llegaron las 4 personas que vinieron ayer".
 
De los extractos de las conversaciones, dice el juez, se desprenden dos menciones de especial interés: una, el rol de Garro como a quien debían invocar quienes llegaran y como quién comunicó al Banco que un día después del 15 no se iba a usar el salón. Otro, el rol de Soledad Borsani, responsable de la Coordinación General Unidad Gobernador.
 
Ella aparece como quien se había encargado de transmitir la reserva del salón. Para Kreplak, Garro "quien recordemos, había concurrido el día 13 de junio en la AFI, estuvo de algún modo involucrado en la organización del evento". Y la presencia de uno y de otra, dice, muestran, una vez más, la "intervención de los distintos estamentos gubernamentales" con la estrategia de judicialización.
 
 
La coordinación
 
"Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial", señaló.
 
Y remarcó: "Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores".
 
 
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Fuente: Página12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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