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Nacionales - 29-04-2022 / 10:04
MALAS NOTICIAS PARA EL MACRISMO EN LA CAUSA DE LA GESTAPRO

La Justicia procesó al intendente Garro, a ex funcionarios de Vidal y a agentes macristas de la AFI

La Justicia procesó al intendente Garro, a ex funcionarios de Vidal y a agentes macristas de la AFI
El juez Kreplak procesó por espionaje ilegal y prevaricato a la mayoría de los participantes en la reunión de la “Gestapo” macrista contra los gremios, entre ellos el ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, y los tres jefes de los espías. También ordenó que se investigue la responsabilidad de las autoridades nacionales, provinciales y de la AFI.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la macrista Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una "mesa judicial bonaerense" que habría coordinado acciones ilegales para perseguir a sindicalistas opositores.

Pero adicionalmente, la Justicia ordenó profundizar la investigación hacia altas esferas del gobierno provincial y en la estructura de la central de espías, lo que puede tener repercusiones políticas sobre la administración entonces comandada por Mauricio Macri. Pero también, señala eventuales responsabilidades a nivel judicial por la colaboración que habrían tenido para la pre constitución de pruebas truchas para llevar adelante expedientes contra objetivos políticos.

 
El juez Ernesto Kreplak procesó por espionaje prohibido a los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del gobierno de María Eugenia Vidal que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia durante la cual se coordinó la persecución judicial al gremialista de la Uocra-La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina. El juez dio por probado, además, la línea de tiempo que comenzó con una reunión el 4 de mayo de ese 2017 en Casa Rosada en la que estuvo el exPresidente Mauricio Macri.
 
Señaló que la orden se tomó más arriba y en la parte resolutiva sostuvo la necesidad de continuar con la investigación para determinar otras responsabilidades de escalones superiores del Gobierno, la AFI y funcionarios judiciales que participaron del armado de lo que comenzó a llamarse desde la revelación de diciembre, la GestaPro.
 
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"Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada --dijo-- podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados". 
  
Los procesamientos alcanzaron al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aquel se confesó añoroso de la Gestapo. También al exsecretario de Justicia, Adrián Grassi; al intendente Julio Garro y al senador Juan Pablo Allan enlace con el Consejo de la Magistratura de La Plata. Entre los integrantes de la AFI procesó al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano; al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y al exjefe de gabinete Darío Biorci. Dejó afuera del procesamiento a los empresarios y miembros de las cámaras de profesionales y al exministro de Infraestructura Roberto Gigante.
 
Para Kreplak, la estrategia de judicialización que buscó detener al gremialista no estuvo acotada a la reunión ni partió de ahí: la reunión fue sólo una parte en esa línea de tiempo. De esa manera señaló que "implicó el desarrollo de tareas de investigación criminal sobre Medina y su entorno por parte de miembros de la AFI, que abarcaron vigilancias encubiertas, tomas de fotografías, análisis de vínculos y compulsa de bases de datos que no son de acceso abierto, para la consecuente elaboración de informes, todo ello sin que existiera requerimiento judicial alguno".
 
Como parte de la maniobra, "se produjo la reunión del 15 de junio de 2017, en la que los integrantes de la AFI, con miembros del gobierno provincial y municipal, procuraron obtener pruebas en pos del objetivo que se había trazado, lo que claramente también excede los límites que impone la ley de inteligencia, e implica la configuración objetiva del tipo penal mencionado", es decir tareas de investigacion criminal ilegales.

La descripción de los hechos que reconstruyó comienza en la Rosada, sigue en reuniones de trabajo que surgieron de agendas de los exfuncionarios, incluyó el análisis de las visitas a la AFI, las llamadas de teléfono entre ellos y los anónimos que dispararon las causas penales hasta la detención. Kreplak volcó en el escrito de casi 250 páginas el análisis de cada prueba. Un modo de subrayar que la acusación no tiene que ver con la reunión filmada, cuyo video y su legalidad aún es discutido por las defensas.

 
 
La Rosada
 
La reunión en la Rosada es una escena que incluye de manera nítida la figura de Mauricio Macri detrás del armado. Sobre la reunión, el juez dijo lo siguiente: "Las pruebas permiten sostener que durante los primeros meses del año 2017 comenzó a gestarse la decisión, en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial, de llevar a cabo una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de Uocra Seccional La Plata".
 
El primer antecedente suficientemente comprobado hasta aquí -agregó-- "consiste en una reunión llevada a cabo el día 4 de mayo de 2017 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida". Entre las pruebas de esa reunión tomó una publicación del periodista Hugo Alconada Moon, su testimonial, también la agenda del ministro Villegas y el libro de ingresos a la Casa Rosada. La lista también sumó la explosiva indagatoria del exministro.

Con lujo de detalles, Villegas había dicho: "Así fue como, el día indicado, me presenté en la Casa Rosada. Llegué, entré por la explanada y me acompañaron hasta la privada del Presidente. Esperé unos minutos, dejé el teléfono fuera del despacho y me hicieron pasar. Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: 'Pata' Medina y la Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado".

 
Los participantes, había dicho, estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar del despacho del Presidente. "Y eran el propio Presidente ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas".

Kreplak ahora dijo que "si bien es cierto que el valor de declaración de un coimputado es relativo" en "este caso no se contradice sino que tiende a confirmarse por el resto de las probanzas". Y dijo al analizar esa declaración que "resulta claro que esa reunión tuvo por objeto poner en funcionamiento una estrategia dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a la Uocra".

 
Un dato elocuente, sostuvo, fue la presencia del titular del AFI. "Esta circunstancia no puede desvincularse de la intensificación de las tareas de investigación sin orden judicial que se desarrollaron sobre el delegado de la seccional La Plata y sus allegados, apenas días después".
 
El Bapro
 
Kreplak probó que la reunión de junio se hizo en la sede porteña del Bapro de calle San Martín N° 137, es decir, ese fue "el evento que se observa en la filmación". También probó quiénes participaron; que el lugar no tenía cámaras y que las cámaras fueron colocadas un día antes. Entre otros elementos, valoró los mensajes de teléfonos de los empleados, Guillermo Squillari y el secuestrado a Patricia Bencivengo, peritados. Y colocó imágenes con una sucesión de diálogos ocurridos entre el 13 y el 15 de junio. Aparece la confusión entre los empleados porque "ahora me dicen que son dos reuniones". Y un mensaje del 15 de junio que dice: "Llegaron las 4 personas que vinieron ayer".
 
De los extractos de las conversaciones, dice el juez, se desprenden dos menciones de especial interés: una, el rol de Garro como a quien debían invocar quienes llegaran y como quién comunicó al Banco que un día después del 15 no se iba a usar el salón. Otro, el rol de Soledad Borsani, responsable de la Coordinación General Unidad Gobernador.
 
Ella aparece como quien se había encargado de transmitir la reserva del salón. Para Kreplak, Garro "quien recordemos, había concurrido el día 13 de junio en la AFI, estuvo de algún modo involucrado en la organización del evento". Y la presencia de uno y de otra, dice, muestran, una vez más, la "intervención de los distintos estamentos gubernamentales" con la estrategia de judicialización.
 
 
La coordinación
 
"Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial", señaló.
 
Y remarcó: "Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores".
 
 
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Fuente: Página12
 

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24-03-2026 / 13:03
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24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

23-03-2026 / 10:03
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