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Nacionales - 29-04-2022 / 10:04
MALAS NOTICIAS PARA EL MACRISMO EN LA CAUSA DE LA GESTAPRO

La Justicia procesó al intendente Garro, a ex funcionarios de Vidal y a agentes macristas de la AFI

La Justicia procesó al intendente Garro, a ex funcionarios de Vidal y a agentes macristas de la AFI
El juez Kreplak procesó por espionaje ilegal y prevaricato a la mayoría de los participantes en la reunión de la “Gestapo” macrista contra los gremios, entre ellos el ministro de Trabajo provincial Marcelo Villegas, el intendente de La Plata, Julio Garro, y los tres jefes de los espías. También ordenó que se investigue la responsabilidad de las autoridades nacionales, provinciales y de la AFI.
El juez federal Ernesto Kreplak procesó al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas, al intendente de La Plata, Julio Garro, a otros exfuncionarios del anterior Gobierno provincial de María Eugenia Vidal y a exdirectivos de la macrista Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en la causa en la que se investiga la denuncia de una "mesa judicial bonaerense" que habría coordinado acciones ilegales para perseguir a sindicalistas opositores.

Pero adicionalmente, la Justicia ordenó profundizar la investigación hacia altas esferas del gobierno provincial y en la estructura de la central de espías, lo que puede tener repercusiones políticas sobre la administración entonces comandada por Mauricio Macri. Pero también, señala eventuales responsabilidades a nivel judicial por la colaboración que habrían tenido para la pre constitución de pruebas truchas para llevar adelante expedientes contra objetivos políticos.

 
El juez Ernesto Kreplak procesó por espionaje prohibido a los funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y del gobierno de María Eugenia Vidal que participaron de la reunión del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia durante la cual se coordinó la persecución judicial al gremialista de la Uocra-La Plata, Juan Pablo "Pata" Medina. El juez dio por probado, además, la línea de tiempo que comenzó con una reunión el 4 de mayo de ese 2017 en Casa Rosada en la que estuvo el exPresidente Mauricio Macri.
 
Señaló que la orden se tomó más arriba y en la parte resolutiva sostuvo la necesidad de continuar con la investigación para determinar otras responsabilidades de escalones superiores del Gobierno, la AFI y funcionarios judiciales que participaron del armado de lo que comenzó a llamarse desde la revelación de diciembre, la GestaPro.
 
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"Se advierte que la decisión de avanzar con la estrategia de judicialización desplegada --dijo-- podría haber sido tomada o bien autorizada en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial y que, asimismo, podrían encontrarse involucrados otros miembros de esos gabinetes de gobierno que no han sido hasta ahora mencionados". 
  
Los procesamientos alcanzaron al exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, aquel se confesó añoroso de la Gestapo. También al exsecretario de Justicia, Adrián Grassi; al intendente Julio Garro y al senador Juan Pablo Allan enlace con el Consejo de la Magistratura de La Plata. Entre los integrantes de la AFI procesó al exdirector administrativo de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stefano; al exdirector operacional de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y al exjefe de gabinete Darío Biorci. Dejó afuera del procesamiento a los empresarios y miembros de las cámaras de profesionales y al exministro de Infraestructura Roberto Gigante.
 
Para Kreplak, la estrategia de judicialización que buscó detener al gremialista no estuvo acotada a la reunión ni partió de ahí: la reunión fue sólo una parte en esa línea de tiempo. De esa manera señaló que "implicó el desarrollo de tareas de investigación criminal sobre Medina y su entorno por parte de miembros de la AFI, que abarcaron vigilancias encubiertas, tomas de fotografías, análisis de vínculos y compulsa de bases de datos que no son de acceso abierto, para la consecuente elaboración de informes, todo ello sin que existiera requerimiento judicial alguno".
 
Como parte de la maniobra, "se produjo la reunión del 15 de junio de 2017, en la que los integrantes de la AFI, con miembros del gobierno provincial y municipal, procuraron obtener pruebas en pos del objetivo que se había trazado, lo que claramente también excede los límites que impone la ley de inteligencia, e implica la configuración objetiva del tipo penal mencionado", es decir tareas de investigacion criminal ilegales.

La descripción de los hechos que reconstruyó comienza en la Rosada, sigue en reuniones de trabajo que surgieron de agendas de los exfuncionarios, incluyó el análisis de las visitas a la AFI, las llamadas de teléfono entre ellos y los anónimos que dispararon las causas penales hasta la detención. Kreplak volcó en el escrito de casi 250 páginas el análisis de cada prueba. Un modo de subrayar que la acusación no tiene que ver con la reunión filmada, cuyo video y su legalidad aún es discutido por las defensas.

 
 
La Rosada
 
La reunión en la Rosada es una escena que incluye de manera nítida la figura de Mauricio Macri detrás del armado. Sobre la reunión, el juez dijo lo siguiente: "Las pruebas permiten sostener que durante los primeros meses del año 2017 comenzó a gestarse la decisión, en los niveles superiores de los gobiernos nacional y provincial, de llevar a cabo una estrategia orientada a involucrar en procesos penales a dirigentes de Uocra Seccional La Plata".
 
El primer antecedente suficientemente comprobado hasta aquí -agregó-- "consiste en una reunión llevada a cabo el día 4 de mayo de 2017 en Casa Rosada, de la que participaron funcionarios de los gobiernos nacional y provincial, tras la cual se habrían activado diversas acciones para avanzar con la estrategia aludida". Entre las pruebas de esa reunión tomó una publicación del periodista Hugo Alconada Moon, su testimonial, también la agenda del ministro Villegas y el libro de ingresos a la Casa Rosada. La lista también sumó la explosiva indagatoria del exministro.

Con lujo de detalles, Villegas había dicho: "Así fue como, el día indicado, me presenté en la Casa Rosada. Llegué, entré por la explanada y me acompañaron hasta la privada del Presidente. Esperé unos minutos, dejé el teléfono fuera del despacho y me hicieron pasar. Cuando ingresé me di cuenta de la existencia de una reunión en curso, a la cual me sumaron para tratar el último tema: 'Pata' Medina y la Uocra La Plata, motivo por el cual se me había convocado".

 
Los participantes, había dicho, estaban sentados en sillones alrededor de una mesa ratona frente al hogar del despacho del Presidente. "Y eran el propio Presidente ingeniero Mauricio Macri, la ministra Patricia Bullrich, el ministro Germán Garavano, el ministro Jorge Triaca, el ministro Guillermo Dietrich y el señor Gustavo Arribas".

Kreplak ahora dijo que "si bien es cierto que el valor de declaración de un coimputado es relativo" en "este caso no se contradice sino que tiende a confirmarse por el resto de las probanzas". Y dijo al analizar esa declaración que "resulta claro que esa reunión tuvo por objeto poner en funcionamiento una estrategia dirigida a judicializar la situación de conflicto existente en torno a la Uocra".

 
Un dato elocuente, sostuvo, fue la presencia del titular del AFI. "Esta circunstancia no puede desvincularse de la intensificación de las tareas de investigación sin orden judicial que se desarrollaron sobre el delegado de la seccional La Plata y sus allegados, apenas días después".
 
El Bapro
 
Kreplak probó que la reunión de junio se hizo en la sede porteña del Bapro de calle San Martín N° 137, es decir, ese fue "el evento que se observa en la filmación". También probó quiénes participaron; que el lugar no tenía cámaras y que las cámaras fueron colocadas un día antes. Entre otros elementos, valoró los mensajes de teléfonos de los empleados, Guillermo Squillari y el secuestrado a Patricia Bencivengo, peritados. Y colocó imágenes con una sucesión de diálogos ocurridos entre el 13 y el 15 de junio. Aparece la confusión entre los empleados porque "ahora me dicen que son dos reuniones". Y un mensaje del 15 de junio que dice: "Llegaron las 4 personas que vinieron ayer".
 
De los extractos de las conversaciones, dice el juez, se desprenden dos menciones de especial interés: una, el rol de Garro como a quien debían invocar quienes llegaran y como quién comunicó al Banco que un día después del 15 no se iba a usar el salón. Otro, el rol de Soledad Borsani, responsable de la Coordinación General Unidad Gobernador.
 
Ella aparece como quien se había encargado de transmitir la reserva del salón. Para Kreplak, Garro "quien recordemos, había concurrido el día 13 de junio en la AFI, estuvo de algún modo involucrado en la organización del evento". Y la presencia de uno y de otra, dice, muestran, una vez más, la "intervención de los distintos estamentos gubernamentales" con la estrategia de judicialización.
 
 
La coordinación
 
"Ha sido corroborado por otros medios, un elevado nivel de coordinación entre autoridades jerárquicas de los poderes ejecutivos nacional, provincial -de Buenos Aires- y municipal -de La Plata-, que incluyó también a un Senador provincial de Buenos Aires, probablemente en su doble rol de miembro del Consejo de la Magistratura provincial", señaló.
 
Y remarcó: "Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores".
 
 
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Fuente: Página12
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

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