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Nacionales - 24-04-2022 / 09:04
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El Frente de Todos reafirmó su unidad sin pasar por una reunión entre Alberto y Cristina

El Frente de Todos reafirmó su unidad sin pasar por una reunión entre Alberto y Cristina
El descongelamiento responde, antes que cualquier otra consideración, a que todos los actores involucrados (los Fernández, sí, pero también Sergio Massa, los gobernadores, la CGT y los movimientos sociales), tras examinar detenidamente sus cartas y escudriñar el rostro de los otros jugadores, llegaron a la misma conclusión: por necesidad, por conveniencia y por la estrechez de cualquier sendero alternativo, el Frente de Todos sigue siendo el Plan A de cada uno de ellos de cara al 2023.
Después de pasar un mes en estado de deliberación permanente, esta semana el Frente de Todos mostró un rostro distinto: los anuncios económicos enfocados en aliviar la situación de los más necesitados, la reacción política ante el embate de la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura y el cierre de un puñado de paritarias significativas bien por encima del 50 por ciento fueron el fruto de un oficialismo que exhibió un grado de coordinación y sintonía impensado apenas una semana atrás.
 
Las diferencias están claras y ninguna de las partes va a hacer ningún esfuerzo por disimularlas. El desafío estará en administrar las tensiones para que no entorpezcan la recuperación macroeconómica y, al mismo tiempo, asegurarse de que los frutos de ese crecimiento alcancen a toda la sociedad e impacten de forma significativa en su bienestar. En ese caso, el peronismo tendrá algo que ofrecer a los argentinos en 2023 y llegará con chances a las elecciones.
 

 
Pasaron las pascuas pero sigue la rosca
 
Las sorpresas. De pronto, y cuando nadie lo esperaba, el foco volvió a posarse en el Congreso, que parecía agarrotado por la paridad y la polarización. Las sesiones extraordinarias pasaron sin dejar huella, a pesar de la ambiciosa agenda que le había impuesto el gobierno. Las comisiones, que en condiciones normales se hubieran conformado en diciembre pero estuvieron trabadas por la intransigencia opositora y la falta de coordinación oficialista, recién comienzan a definirse por estas horas.
 
Varios proyectos de ley de alto impacto político aparecen en el horizonte: una nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el impuesto a las ganancias inesperadas, el fondo conformado por dinero negro en el exterior e incluso una reforma de la Corte Suprema están transitando o comenzarán en los próximos días la vía legislativa. Las figuras de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, presidentes de las dos cámaras, ganan volumen en el debate sobre el futuro de la coalición oficialista.
 
Después de pasar un mes en estado de deliberación permanente, el Frente de Todos esta semana mostró un rostro distinto: los anuncios económicos enfocados en aliviar la situación de los más necesitados, la reacción política ante el embate de la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura y el cierre de un puñado de paritarias significativas bien por encima del 50 por ciento fueron el fruto de un oficialismo que exhibió un grado de coordinación y sintonía impensado apenas una semana atrás.
 
No es que se hayan dejado atrás las diferencias, que a esta altura del partido son claras y no tiene sentido maquillar. Se trata, en todo caso, de comenzar a cartografiarlas; conocer sus márgenes y establecer sus límites. El alto el fuego es precario pero pudo alcanzarse sin que fuera necesaria una cumbre entre los dos generales enemistados: el presidente y la vice no volvieron a hablar pero pudieron aceitar un mecanismo de comunicación a través de terceros que, en estos primeros ensayos, dio resultados.
 
El descongelamiento responde, antes que cualquier otra consideración, a que todos los actores involucrados (los Fernández, sí, pero también Sergio Massa, los gobernadores, la CGT y los movimientos sociales), tras examinar detenidamente sus cartas y escudriñar el rostro de los otros jugadores, llegaron a la misma conclusión: por necesidad, por conveniencia y por la estrechez de cualquier sendero alternativo, el Frente de Todos sigue siendo el Plan A de cada uno de ellos de cara al 2023.
 
Consolidar la labor parlamentaria del oficialismo es una condición imprescindible para que el peronismo llegue a las próximas elecciones con chances no solamente de mantenerse en el gobierno nacional sino también sostener bloques considerables en las dos cámaras que dificulten el avance de las políticas de derecha en caso de que alguna de sus versiones acceda a la Casa Rosada. Por eso es tan importante conseguir la aprobación de leyes clave como obligar a la oposición a embanderarse con políticas impopulares.
 
Algo que se puede apreciar con claridad en los tres proyectos de ley que esperan un pronto tratamiento: tanto la reforma del Consejo de la Magistratura como el impuesto a las ganancias inesperadas y el que establece un fondo financiado por dinero no declarado en el exterior comparten la característica de que dejan a cualquiera que se oponga en el bando de las minorías más poderosas, como el Poder Judicial, las grandes empresas o los evasores fiscales de mayor envergadura.
 
La ley que regule el órgano que elige y castiga a los jueces es prioritaria, después de la maniobra de Rosatti para tomarlo por asalto. El propio fallo de la Corte Suprema que establecía la inconstitucionalidad del formato anterior del Consejo dice que debe ser el Congreso el que dicte el nuevo reglamento y el Frente de Todos está dispuesto a avanzar con premura. Aunque ya hay un proyecto con media sanción del Senado, existe disposición a hacerle los cambios necesarios para sortear la cámara de Diputados.
 
El proyecto sobre el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI ya tiene dictamen en el Senado y está previsto que se trate en la próxima sesión, en los primeros días de mayo. Tuvo el visto bueno de las autoridades del Fondo, que se lo transmitieron esta semana a Guzmán en México. El mismo apoyo recogió el impuesto a la renta inesperada que afectará a unas 300 empresas entre las más importantes del país. La letra chica de esa iniciativa todavía la trabaja el ministerio de Economía.
 
Respecto a la reforma de la Corte Suprema, el Senado comenzará a discutirla esta semana. En principio habrá sobre la mesa tres proyectos: uno de la riojana Clara Vega (el único con estado parlamentario al día de hoy), el segundo del rionegrino Alberto Weretilnek y el tercero del puntano Adolfo Rodríguez Saa. Los tres coinciden en plantear una ampliación en la cantidad de miembros y además proponen otras novedades como la paridad de género y la representación federal.
 
Lo más probable es que se termine dando forma a un dictámen que contemple aspectos de esos tres bocetos y también incorpore otras ideas, para facilitar también su paso por la cámara de diputados. Serán contempladas, así mismo, las recomendaciones que recibió el presidente por parte de un grupo de juristas a los que encargó un diagnóstico de la situación. Un detalle no menor: además de a la comisión de Asuntos Constitucionales, a último momento se giró el proyecto a la de Justicia, encabezada por Oscar Parrilli.
 
La movida contra la Corte, que lleva el sello de CFK, es una respuesta clara a la embestida institucional de Rosatti pero también puede leerse en clave de la interna del Frente de Todos. Al avanzar unilateralmente en un tema que hasta ahora había conducido la Casa Rosada, la vicepresidenta (que esta semana había mostrado un reflejo similar cuando dividió los bloques para reducir daños en el Consejo de la Magistratura) decide romper con la parsimonia ejecutiva e imprimirle su propio ritmo a la dinámica política.
 
En simultáneo, deja correr el runrun de un operativo clamor para volver a ser candidata presidencial. En algún punto, es lógico. Algo en lo que coinciden kirchneristas y albertistas, aunque lleguen a esa conclusión a través de razonamientos diferentes: después de casi tres años del experimento del Frente de Todos, si ella considera que debe seguir marcando el rumbo no tiene sentido delegar la tarea. Es temprano para una decisión definitiva pero a CFK le sirve que esa ficha esté sobre la mesa.
 
Fernández también ratifica, a través de voceros informales, sus lógicas aspiraciones a reelegir. Incluso si no creyera en ellas (no es el caso) tendría que hacerlo para evitar que el poder que todavía le quede termine de licuarse. Él insiste con la estrategia que utilizó hasta ahora y que, considera, está funcionando: como Homero en aquel memorable capítulo de los Simpsons, se deja golpear round tras round sin devolver las piñas pero nunca cae a la lona, mientras espera ganar por cansancio.
 
Por ejemplo: después de resistir el enésimo embate contra Martín Guzmán, esta semana el gobierno pudo exhibir los números que dan cuenta de que en el primer trimestre hubo un incremento significativo del gasto real mientras se cumplían las metas trazadas junto al FMI, que mejoró la previsión de crecimiento de la economía argentina para 2022 al mismo tiempo que empeoraba el pronóstico global. Postergando el desenlace, Fernández le dio aire y hoy el ministro de Economía parece consolidado en el cargo.
 
Por cansancio, también, ganó la batalla de las tarifas de energía, que aumentarán de acuerdo a la fórmula pactada con el Fondo, por debajo del aumento de los salarios. En la medida que las paritarias sigan consiguiendo resultados al alza (esta semana, Comercio, el más numeroso de los gremios privados, cerró un 59,5 por ciento), subirá el valor previsto de la factura, por lo tanto se reducirá la cantidad de subsidios y eso impactará positivamente en la cuenta fiscal. Es decir, menos déficit. Un círculo virtuoso.
 
Las diferencias están claras y ninguna de las partes va a hacer, de ahora en adelante, ningún esfuerzo por disimularlas. El desafío estará en administrar las tensiones para que no entorpezcan la recuperación macroeconómica y, al mismo tiempo, asegurarse de que los frutos de ese crecimiento alcancen a toda la sociedad e impacten de forma significativa en su bienestar. En ese caso, el peronismo tendrá algo que ofrecer a los argentinos en 2023 y llegará con chances a las elecciones.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
La Opinión Popular
 

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