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Nacionales - 24-04-2022 / 09:04
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El Frente de Todos reafirmó su unidad sin pasar por una reunión entre Alberto y Cristina

El Frente de Todos reafirmó su unidad sin pasar por una reunión entre Alberto y Cristina
El descongelamiento responde, antes que cualquier otra consideración, a que todos los actores involucrados (los Fernández, sí, pero también Sergio Massa, los gobernadores, la CGT y los movimientos sociales), tras examinar detenidamente sus cartas y escudriñar el rostro de los otros jugadores, llegaron a la misma conclusión: por necesidad, por conveniencia y por la estrechez de cualquier sendero alternativo, el Frente de Todos sigue siendo el Plan A de cada uno de ellos de cara al 2023.
Después de pasar un mes en estado de deliberación permanente, esta semana el Frente de Todos mostró un rostro distinto: los anuncios económicos enfocados en aliviar la situación de los más necesitados, la reacción política ante el embate de la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura y el cierre de un puñado de paritarias significativas bien por encima del 50 por ciento fueron el fruto de un oficialismo que exhibió un grado de coordinación y sintonía impensado apenas una semana atrás.
 
Las diferencias están claras y ninguna de las partes va a hacer ningún esfuerzo por disimularlas. El desafío estará en administrar las tensiones para que no entorpezcan la recuperación macroeconómica y, al mismo tiempo, asegurarse de que los frutos de ese crecimiento alcancen a toda la sociedad e impacten de forma significativa en su bienestar. En ese caso, el peronismo tendrá algo que ofrecer a los argentinos en 2023 y llegará con chances a las elecciones.
 

 
Pasaron las pascuas pero sigue la rosca
 
Las sorpresas. De pronto, y cuando nadie lo esperaba, el foco volvió a posarse en el Congreso, que parecía agarrotado por la paridad y la polarización. Las sesiones extraordinarias pasaron sin dejar huella, a pesar de la ambiciosa agenda que le había impuesto el gobierno. Las comisiones, que en condiciones normales se hubieran conformado en diciembre pero estuvieron trabadas por la intransigencia opositora y la falta de coordinación oficialista, recién comienzan a definirse por estas horas.
 
Varios proyectos de ley de alto impacto político aparecen en el horizonte: una nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el impuesto a las ganancias inesperadas, el fondo conformado por dinero negro en el exterior e incluso una reforma de la Corte Suprema están transitando o comenzarán en los próximos días la vía legislativa. Las figuras de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, presidentes de las dos cámaras, ganan volumen en el debate sobre el futuro de la coalición oficialista.
 
Después de pasar un mes en estado de deliberación permanente, el Frente de Todos esta semana mostró un rostro distinto: los anuncios económicos enfocados en aliviar la situación de los más necesitados, la reacción política ante el embate de la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura y el cierre de un puñado de paritarias significativas bien por encima del 50 por ciento fueron el fruto de un oficialismo que exhibió un grado de coordinación y sintonía impensado apenas una semana atrás.
 
No es que se hayan dejado atrás las diferencias, que a esta altura del partido son claras y no tiene sentido maquillar. Se trata, en todo caso, de comenzar a cartografiarlas; conocer sus márgenes y establecer sus límites. El alto el fuego es precario pero pudo alcanzarse sin que fuera necesaria una cumbre entre los dos generales enemistados: el presidente y la vice no volvieron a hablar pero pudieron aceitar un mecanismo de comunicación a través de terceros que, en estos primeros ensayos, dio resultados.
 
El descongelamiento responde, antes que cualquier otra consideración, a que todos los actores involucrados (los Fernández, sí, pero también Sergio Massa, los gobernadores, la CGT y los movimientos sociales), tras examinar detenidamente sus cartas y escudriñar el rostro de los otros jugadores, llegaron a la misma conclusión: por necesidad, por conveniencia y por la estrechez de cualquier sendero alternativo, el Frente de Todos sigue siendo el Plan A de cada uno de ellos de cara al 2023.
 
Consolidar la labor parlamentaria del oficialismo es una condición imprescindible para que el peronismo llegue a las próximas elecciones con chances no solamente de mantenerse en el gobierno nacional sino también sostener bloques considerables en las dos cámaras que dificulten el avance de las políticas de derecha en caso de que alguna de sus versiones acceda a la Casa Rosada. Por eso es tan importante conseguir la aprobación de leyes clave como obligar a la oposición a embanderarse con políticas impopulares.
 
Algo que se puede apreciar con claridad en los tres proyectos de ley que esperan un pronto tratamiento: tanto la reforma del Consejo de la Magistratura como el impuesto a las ganancias inesperadas y el que establece un fondo financiado por dinero no declarado en el exterior comparten la característica de que dejan a cualquiera que se oponga en el bando de las minorías más poderosas, como el Poder Judicial, las grandes empresas o los evasores fiscales de mayor envergadura.
 
La ley que regule el órgano que elige y castiga a los jueces es prioritaria, después de la maniobra de Rosatti para tomarlo por asalto. El propio fallo de la Corte Suprema que establecía la inconstitucionalidad del formato anterior del Consejo dice que debe ser el Congreso el que dicte el nuevo reglamento y el Frente de Todos está dispuesto a avanzar con premura. Aunque ya hay un proyecto con media sanción del Senado, existe disposición a hacerle los cambios necesarios para sortear la cámara de Diputados.
 
El proyecto sobre el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI ya tiene dictamen en el Senado y está previsto que se trate en la próxima sesión, en los primeros días de mayo. Tuvo el visto bueno de las autoridades del Fondo, que se lo transmitieron esta semana a Guzmán en México. El mismo apoyo recogió el impuesto a la renta inesperada que afectará a unas 300 empresas entre las más importantes del país. La letra chica de esa iniciativa todavía la trabaja el ministerio de Economía.
 
Respecto a la reforma de la Corte Suprema, el Senado comenzará a discutirla esta semana. En principio habrá sobre la mesa tres proyectos: uno de la riojana Clara Vega (el único con estado parlamentario al día de hoy), el segundo del rionegrino Alberto Weretilnek y el tercero del puntano Adolfo Rodríguez Saa. Los tres coinciden en plantear una ampliación en la cantidad de miembros y además proponen otras novedades como la paridad de género y la representación federal.
 
Lo más probable es que se termine dando forma a un dictámen que contemple aspectos de esos tres bocetos y también incorpore otras ideas, para facilitar también su paso por la cámara de diputados. Serán contempladas, así mismo, las recomendaciones que recibió el presidente por parte de un grupo de juristas a los que encargó un diagnóstico de la situación. Un detalle no menor: además de a la comisión de Asuntos Constitucionales, a último momento se giró el proyecto a la de Justicia, encabezada por Oscar Parrilli.
 
La movida contra la Corte, que lleva el sello de CFK, es una respuesta clara a la embestida institucional de Rosatti pero también puede leerse en clave de la interna del Frente de Todos. Al avanzar unilateralmente en un tema que hasta ahora había conducido la Casa Rosada, la vicepresidenta (que esta semana había mostrado un reflejo similar cuando dividió los bloques para reducir daños en el Consejo de la Magistratura) decide romper con la parsimonia ejecutiva e imprimirle su propio ritmo a la dinámica política.
 
En simultáneo, deja correr el runrun de un operativo clamor para volver a ser candidata presidencial. En algún punto, es lógico. Algo en lo que coinciden kirchneristas y albertistas, aunque lleguen a esa conclusión a través de razonamientos diferentes: después de casi tres años del experimento del Frente de Todos, si ella considera que debe seguir marcando el rumbo no tiene sentido delegar la tarea. Es temprano para una decisión definitiva pero a CFK le sirve que esa ficha esté sobre la mesa.
 
Fernández también ratifica, a través de voceros informales, sus lógicas aspiraciones a reelegir. Incluso si no creyera en ellas (no es el caso) tendría que hacerlo para evitar que el poder que todavía le quede termine de licuarse. Él insiste con la estrategia que utilizó hasta ahora y que, considera, está funcionando: como Homero en aquel memorable capítulo de los Simpsons, se deja golpear round tras round sin devolver las piñas pero nunca cae a la lona, mientras espera ganar por cansancio.
 
Por ejemplo: después de resistir el enésimo embate contra Martín Guzmán, esta semana el gobierno pudo exhibir los números que dan cuenta de que en el primer trimestre hubo un incremento significativo del gasto real mientras se cumplían las metas trazadas junto al FMI, que mejoró la previsión de crecimiento de la economía argentina para 2022 al mismo tiempo que empeoraba el pronóstico global. Postergando el desenlace, Fernández le dio aire y hoy el ministro de Economía parece consolidado en el cargo.
 
Por cansancio, también, ganó la batalla de las tarifas de energía, que aumentarán de acuerdo a la fórmula pactada con el Fondo, por debajo del aumento de los salarios. En la medida que las paritarias sigan consiguiendo resultados al alza (esta semana, Comercio, el más numeroso de los gremios privados, cerró un 59,5 por ciento), subirá el valor previsto de la factura, por lo tanto se reducirá la cantidad de subsidios y eso impactará positivamente en la cuenta fiscal. Es decir, menos déficit. Un círculo virtuoso.
 
Las diferencias están claras y ninguna de las partes va a hacer, de ahora en adelante, ningún esfuerzo por disimularlas. El desafío estará en administrar las tensiones para que no entorpezcan la recuperación macroeconómica y, al mismo tiempo, asegurarse de que los frutos de ese crecimiento alcancen a toda la sociedad e impacten de forma significativa en su bienestar. En ese caso, el peronismo tendrá algo que ofrecer a los argentinos en 2023 y llegará con chances a las elecciones.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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