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Nacionales - 24-04-2022 / 09:04
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El Frente de Todos reafirmó su unidad sin pasar por una reunión entre Alberto y Cristina

El Frente de Todos reafirmó su unidad sin pasar por una reunión entre Alberto y Cristina
El descongelamiento responde, antes que cualquier otra consideración, a que todos los actores involucrados (los Fernández, sí, pero también Sergio Massa, los gobernadores, la CGT y los movimientos sociales), tras examinar detenidamente sus cartas y escudriñar el rostro de los otros jugadores, llegaron a la misma conclusión: por necesidad, por conveniencia y por la estrechez de cualquier sendero alternativo, el Frente de Todos sigue siendo el Plan A de cada uno de ellos de cara al 2023.
Después de pasar un mes en estado de deliberación permanente, esta semana el Frente de Todos mostró un rostro distinto: los anuncios económicos enfocados en aliviar la situación de los más necesitados, la reacción política ante el embate de la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura y el cierre de un puñado de paritarias significativas bien por encima del 50 por ciento fueron el fruto de un oficialismo que exhibió un grado de coordinación y sintonía impensado apenas una semana atrás.
 
Las diferencias están claras y ninguna de las partes va a hacer ningún esfuerzo por disimularlas. El desafío estará en administrar las tensiones para que no entorpezcan la recuperación macroeconómica y, al mismo tiempo, asegurarse de que los frutos de ese crecimiento alcancen a toda la sociedad e impacten de forma significativa en su bienestar. En ese caso, el peronismo tendrá algo que ofrecer a los argentinos en 2023 y llegará con chances a las elecciones.
 

 
Pasaron las pascuas pero sigue la rosca
 
Las sorpresas. De pronto, y cuando nadie lo esperaba, el foco volvió a posarse en el Congreso, que parecía agarrotado por la paridad y la polarización. Las sesiones extraordinarias pasaron sin dejar huella, a pesar de la ambiciosa agenda que le había impuesto el gobierno. Las comisiones, que en condiciones normales se hubieran conformado en diciembre pero estuvieron trabadas por la intransigencia opositora y la falta de coordinación oficialista, recién comienzan a definirse por estas horas.
 
Varios proyectos de ley de alto impacto político aparecen en el horizonte: una nueva conformación del Consejo de la Magistratura, el impuesto a las ganancias inesperadas, el fondo conformado por dinero negro en el exterior e incluso una reforma de la Corte Suprema están transitando o comenzarán en los próximos días la vía legislativa. Las figuras de Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa, presidentes de las dos cámaras, ganan volumen en el debate sobre el futuro de la coalición oficialista.
 
Después de pasar un mes en estado de deliberación permanente, el Frente de Todos esta semana mostró un rostro distinto: los anuncios económicos enfocados en aliviar la situación de los más necesitados, la reacción política ante el embate de la Corte Suprema por el Consejo de la Magistratura y el cierre de un puñado de paritarias significativas bien por encima del 50 por ciento fueron el fruto de un oficialismo que exhibió un grado de coordinación y sintonía impensado apenas una semana atrás.
 
No es que se hayan dejado atrás las diferencias, que a esta altura del partido son claras y no tiene sentido maquillar. Se trata, en todo caso, de comenzar a cartografiarlas; conocer sus márgenes y establecer sus límites. El alto el fuego es precario pero pudo alcanzarse sin que fuera necesaria una cumbre entre los dos generales enemistados: el presidente y la vice no volvieron a hablar pero pudieron aceitar un mecanismo de comunicación a través de terceros que, en estos primeros ensayos, dio resultados.
 
El descongelamiento responde, antes que cualquier otra consideración, a que todos los actores involucrados (los Fernández, sí, pero también Sergio Massa, los gobernadores, la CGT y los movimientos sociales), tras examinar detenidamente sus cartas y escudriñar el rostro de los otros jugadores, llegaron a la misma conclusión: por necesidad, por conveniencia y por la estrechez de cualquier sendero alternativo, el Frente de Todos sigue siendo el Plan A de cada uno de ellos de cara al 2023.
 
Consolidar la labor parlamentaria del oficialismo es una condición imprescindible para que el peronismo llegue a las próximas elecciones con chances no solamente de mantenerse en el gobierno nacional sino también sostener bloques considerables en las dos cámaras que dificulten el avance de las políticas de derecha en caso de que alguna de sus versiones acceda a la Casa Rosada. Por eso es tan importante conseguir la aprobación de leyes clave como obligar a la oposición a embanderarse con políticas impopulares.
 
Algo que se puede apreciar con claridad en los tres proyectos de ley que esperan un pronto tratamiento: tanto la reforma del Consejo de la Magistratura como el impuesto a las ganancias inesperadas y el que establece un fondo financiado por dinero no declarado en el exterior comparten la característica de que dejan a cualquiera que se oponga en el bando de las minorías más poderosas, como el Poder Judicial, las grandes empresas o los evasores fiscales de mayor envergadura.
 
La ley que regule el órgano que elige y castiga a los jueces es prioritaria, después de la maniobra de Rosatti para tomarlo por asalto. El propio fallo de la Corte Suprema que establecía la inconstitucionalidad del formato anterior del Consejo dice que debe ser el Congreso el que dicte el nuevo reglamento y el Frente de Todos está dispuesto a avanzar con premura. Aunque ya hay un proyecto con media sanción del Senado, existe disposición a hacerle los cambios necesarios para sortear la cámara de Diputados.
 
El proyecto sobre el Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el FMI ya tiene dictamen en el Senado y está previsto que se trate en la próxima sesión, en los primeros días de mayo. Tuvo el visto bueno de las autoridades del Fondo, que se lo transmitieron esta semana a Guzmán en México. El mismo apoyo recogió el impuesto a la renta inesperada que afectará a unas 300 empresas entre las más importantes del país. La letra chica de esa iniciativa todavía la trabaja el ministerio de Economía.
 
Respecto a la reforma de la Corte Suprema, el Senado comenzará a discutirla esta semana. En principio habrá sobre la mesa tres proyectos: uno de la riojana Clara Vega (el único con estado parlamentario al día de hoy), el segundo del rionegrino Alberto Weretilnek y el tercero del puntano Adolfo Rodríguez Saa. Los tres coinciden en plantear una ampliación en la cantidad de miembros y además proponen otras novedades como la paridad de género y la representación federal.
 
Lo más probable es que se termine dando forma a un dictámen que contemple aspectos de esos tres bocetos y también incorpore otras ideas, para facilitar también su paso por la cámara de diputados. Serán contempladas, así mismo, las recomendaciones que recibió el presidente por parte de un grupo de juristas a los que encargó un diagnóstico de la situación. Un detalle no menor: además de a la comisión de Asuntos Constitucionales, a último momento se giró el proyecto a la de Justicia, encabezada por Oscar Parrilli.
 
La movida contra la Corte, que lleva el sello de CFK, es una respuesta clara a la embestida institucional de Rosatti pero también puede leerse en clave de la interna del Frente de Todos. Al avanzar unilateralmente en un tema que hasta ahora había conducido la Casa Rosada, la vicepresidenta (que esta semana había mostrado un reflejo similar cuando dividió los bloques para reducir daños en el Consejo de la Magistratura) decide romper con la parsimonia ejecutiva e imprimirle su propio ritmo a la dinámica política.
 
En simultáneo, deja correr el runrun de un operativo clamor para volver a ser candidata presidencial. En algún punto, es lógico. Algo en lo que coinciden kirchneristas y albertistas, aunque lleguen a esa conclusión a través de razonamientos diferentes: después de casi tres años del experimento del Frente de Todos, si ella considera que debe seguir marcando el rumbo no tiene sentido delegar la tarea. Es temprano para una decisión definitiva pero a CFK le sirve que esa ficha esté sobre la mesa.
 
Fernández también ratifica, a través de voceros informales, sus lógicas aspiraciones a reelegir. Incluso si no creyera en ellas (no es el caso) tendría que hacerlo para evitar que el poder que todavía le quede termine de licuarse. Él insiste con la estrategia que utilizó hasta ahora y que, considera, está funcionando: como Homero en aquel memorable capítulo de los Simpsons, se deja golpear round tras round sin devolver las piñas pero nunca cae a la lona, mientras espera ganar por cansancio.
 
Por ejemplo: después de resistir el enésimo embate contra Martín Guzmán, esta semana el gobierno pudo exhibir los números que dan cuenta de que en el primer trimestre hubo un incremento significativo del gasto real mientras se cumplían las metas trazadas junto al FMI, que mejoró la previsión de crecimiento de la economía argentina para 2022 al mismo tiempo que empeoraba el pronóstico global. Postergando el desenlace, Fernández le dio aire y hoy el ministro de Economía parece consolidado en el cargo.
 
Por cansancio, también, ganó la batalla de las tarifas de energía, que aumentarán de acuerdo a la fórmula pactada con el Fondo, por debajo del aumento de los salarios. En la medida que las paritarias sigan consiguiendo resultados al alza (esta semana, Comercio, el más numeroso de los gremios privados, cerró un 59,5 por ciento), subirá el valor previsto de la factura, por lo tanto se reducirá la cantidad de subsidios y eso impactará positivamente en la cuenta fiscal. Es decir, menos déficit. Un círculo virtuoso.
 
Las diferencias están claras y ninguna de las partes va a hacer, de ahora en adelante, ningún esfuerzo por disimularlas. El desafío estará en administrar las tensiones para que no entorpezcan la recuperación macroeconómica y, al mismo tiempo, asegurarse de que los frutos de ese crecimiento alcancen a toda la sociedad e impacten de forma significativa en su bienestar. En ese caso, el peronismo tendrá algo que ofrecer a los argentinos en 2023 y llegará con chances a las elecciones.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

15-02-2026 / 09:02
Hay algo que Javier "el Loco" Milei parece haber entendido con claridad y que demuestra que, más allá de cuán loco esté, tiene intuición política. Lo que Milei entendió es que la oligarquía: los sectores del poder fáctico de la argentina, los siete grupos empresarios aglutinados en AEA, los medios de comunicación hegemónicos, el Poder Judicial de la guarida de Cómodo Py, tienen un mismo jefe. Vive en Avenida Pennsylvania al 1600, en la Casa Blanca, ciudad de Washington. Milei puede decirle "señor chatarrín" al supuestamente todo poderoso Paolo Rocca porque tiene el respaldo abierto de Donald Trump. El líder del Grupo Techint jamás entraría en fricción con el inquilino de la Casa Blanca. Lo mismo se aplica a Héctor Magnetto de Clarín y a toda la cúpula judicial. 
 
El "gran empresariado argentino", a diferencia del brasileño, no tiene proyecto nacional. Una "burguesía nacional" se piensa a si misma rivalizando con otras por negocios y mercados. Eduardo Duhalde, cuando fue presidente interino, decía que había que cobrarle impuestos a los grandes empresarios, pero "aliarse con ellos" para rivalizar con las empresas de otras latitudes. Es la concepción básica del capitalismo nacional. El punto es que los grupos económicos locales no tienen una visión de país. Su imaginario es el de quien administra un territorio colonial. Tienen sus cuentas en EE UU y consiguen ahí el financiamiento. Entonces están sometidos a la legislación americana y a los jueces americanos que sólo un niño puede creer que son independientes.
 
Cristina Fernández está presa por el deseo de venganza de la derecha argentina que quiere darle una lección a la clase política. Es cierto. Pero también es una perseguida política de un sector del poder estadounidense que hoy está gobernando. El anuncio del secretario de Estado Marco Rubio en marzo de 2025 de que le quitaba la visa a CFK para ingresar a EE UU fue la batiseñal para que el poder judicial argentino actuara. Y lo hizo de inmediato. El poder judicial es veloz cuando las órdenes vienen del jefe supremo. Hay que recordar el episodio vergonzoso del Boing 747 de la empresa venezolana Emtrasur que fue directamente robado por la justicia argentina por orden de EE UU. Los jueces le tienen terror a la CIA.
 
Incluso entre los políticos peronistas, si se mira con detenimiento, los que conservan buenas relaciones con Washington también tienen menos problemas judiciales. No es una crítica a esos dirigentes ni una acusación de cipayismo. Es una descripción de cómo funciona el poder en Argentina, de quién maneja los hilos detrás del telón. El economista Roberto Felleti sostiene la hipótesis de que Milei quiere reemplazar al gran capital argentino por uno de origen norteamericano. El único freno que ese proyecto podría tener está en el propio Estados Unidos. El gran capital local se entregaría sin ofrecer resistencia.
 
¿Cómo se libera a la Colonia Argentina? Liberarla del todo es imposible. Se pueden ganar márgenes de soberanía. Los 12 años de peronismo muestran que mientras más soberanía se gana mejor vive el pueblo. No existe la colonia próspera. Es la gran mentira de la derecha. Tampoco hay prosperidad enfrentándose por completo al imperio militar más poderosos que conoció la historia humana. Es un juego de equilibrios.
 
El documento que anunció la lista de unidad para elegir las autoridades del peronismo bonaerense es una luz en el camino. Se sabe que quienes lo firmaron no se quieren demasiado. No se reunirían para brindar en año nuevo. La política se trata justamente de construir entre los que no se quieren en pos de un objetivo superior. El documento tiene dos puntos clave: termina de posicionar a Axel Kicillof como jefe político y no como subalterno y pone el acento en la necesidad de lograr la liberación de CFK como objetivo estratégico. No hay recuperación de soberanía sin la liberación de Cristina. Y el peronismo no tiene sentido sin la búsqueda de soberanía.
 
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