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Entre Ríos - 11-04-2022 / 17:04
MEGAJUICIO POR CORRUPCIÓN

El senador Amílcar Genre Bert consideró un fallo ejemplar el que condenó a Sergio Urribarri

El senador Amílcar Genre Bert consideró un fallo ejemplar el que condenó a Sergio Urribarri
El senador provincial Amílcar Genre Bert (Frente Creer-La Paz) consideró que la decisión que condenó a 8 años de cárcel por delitos de corrupción a Sergio Urribarri es “un fallo ejemplar”.
 
El senador provincial Amílcar Genre Bert (Frente Creer-La Paz) consideró que la decisión del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, que el jueves 7 del actual condenó a 8 años de cárcel por delitos de corrupción durante su gobierno al ex gobernador de Entre Ríos Sergio Urribarri es "un fallo ejemplar".
 
"Creo que es ejemplar por el hecho de no medir quién era la persona que estaba siendo juzgada, qué poder tenía, qué lugar había ocupado, creo que eso habla muy bien de la Justicia, y ha generado, al menos en mí, algo de sorpresa y a la vez refuerza la posibilidad de que la Justicia pueda ir demostrando que no tiene miramientos con las personas que está siendo enjuiciadas", dijo el legislador.
 
 
Urribarri fue sentado en el banquillo el 27 de septiembre de 2021 en el marco del megajuicio que agrupó tres grandes hechos de corrupción de su gobierno: el primer caso es el otorgamiento de una pauta publicitaria del Estado a la empresa Global Means, del empresario Germán Buffa, antes de que esa firma tuviera existencia real; el segundo expediente, la "causa de la vaca" o "de las imprentas", que investigó de qué modo dos empresas, Tep SRL y Next SRL, que se adjudican al cuñado de Urribarri, Juan Pablo Agueilra, se quedó durante 5 años con la torta del negocio de la pauta publicitaria oficial en cartelería en vía pública; y el tercer caso, la megacausa del Sueño Entrerriano, que involucra la publicación de una solicitada contra los fondos buitre; la instalación de un parador playero en Mar del Plata que costó $14 millones; y el pago a la productora Nelly Entertainment de $28 millones para difundir tres spots en apariencia para difundir la Cumbre del Mercosur de 2014.
 
El tribunal, compuesto por los jueces José María Chemez, María Carolina Castagno y Elvio Osir Garzón, probó los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, y el desvío de una cifra que Fiscalía calculó en unos 9 millones de dólares para financiar la precandidatura a presidente de Urribarri en el marco del denominado «Sueño Entrerriano», su aspiración presidencia de 2015.
 
"Todos aquellos que representamos a los poderes del Estado tenemos que ser respetuosos del resto de los poderes. En este caso, si la Justicia llevó adelante todas las acciones, todo el proceso que corresponde a una causa como esta, y encontró los elementos para tomar la decisión que tomó, uno la respeta y es lo que corresponde. Que cada uno de los poderes lleve adelante las acciones que le corresponden", señaló Genre Bert durante una entrevista que concedió a la radio pública Costa Paraná, en el programa Para empezar. "Indudablemente, es algo que no nos gusta y que nos hace bien al espacio (el Frente Creer) saber que la Justicia tome una decisión como esta. Es algo que a nuestro espacio político no nos favorece en ningún sentido, independientemente de que la causa haya sido en relación al desvío de fondos orientados hacia una campaña política. No deja de ser algo que no corresponde", subrayó.
 
"En nuestro espacio tenemos que ser claros con la sociedad y respetar el fallo y aceptar lo que la Justicia disponga", señaló el legislador, autor del proyecto "ficha limpia", una iniciativa que apunta a que ningún dirigente con fallo firme condenatorio pueda presentarse a elecciones en la Provincia. "Se trata de una inhabilitación que alcanza a quienes hayan sido condenados por la comisión de delitos asociados a la corrupción (delitos contra la administración pública tales como cohecho, tráfico de influencias, fraude, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles por el ejercicio de funciones públicas, asociación ilícita, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito y encubrimiento), contra las personas, la integridad sexual, el estado civil, la libertad, el orden económico y financiero, contra los poderes públicos y el orden constitucional, entre otros", plantea Genre Bert en la iniciativa.
 
El proyecto que ingresó al Senado entrerriano señala que "de este modo, todas aquellas personas que quieran ser representantes en listas electivas, no podrán tener condena firme por ninguno de los delitos mencionados ya que los partidos políticos o alianzas electorales deberán exigir a todos sus precandidatos y candidatos, el Certificado de Antecedentes Penales que acompañará la presentación de lista".
 
El mismo jueves 7 en el que se conoció la condena de la Justicia, Urribarri puso a disposición del presidente Alberto Fernández su cargo como embajador argentino en Israel y Chipre, que le fue aceptada de inmediata. El senador Genre Bert dijo que el jefe de Estado nacional "hace lo correcto al pedir la renuncia de Urribarri ya que no corresponde, a mi entender, que esa persona continúe ejerciendo un cargo político estando en esta situación de condenado".
 
-Urribarri dijo que vuelve a la política.
 
-Todo el mundo tiene derecho a seguir adelante en las actividades que quiera. Después, estará la voluntad popular, la sociedad para opinar al respecto. Nosotros tenemos experiencia en nuestro territorio de personas que han sido condenadas que luego se han presentado a elecciones
 
-..sí, el intendente de Santa Elena, Daniel Rossi..
 
-.. y han ganado elecciones. En eso, la comunidad es en definitiva la que decide.
 
Respecto de la condena a Urribarri, Genre Bert aseveró: "Para que no se confundan las cosas tenemos que ser muy claros con la sociedad, respetar el fallo, aceptar lo que la Justicia disponga y, desde nuestro espacio, construir y trabajar para tratar, de aquí en adelante, ´de revertir lo negativo que pueda llegar a quedarnos de esto ante el colectivo social", reflexionó el senador.
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 

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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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