La Opinión Popular
                  08:45  |  Viernes 29 de Marzo de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná
“Hay que hacer creer al pueblo que el hambre, la sed, la escasez y las enfermedades son culpa de nuestros opositores… y hacer que nuestros simpatizantes lo repitan en todo momento”. De Joseph Goebbels a Javier Milei
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Entre Ríos - 23-01-2022 / 22:01
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL

El pase sanitario... ¿es constitucional?

El pase sanitario... ¿es constitucional?
El gobierno de Gustavo Bordet anunció una medida sanitaria preventiva, el Pase Sanitario, que permitirá el ingreso a ciertas actividades recreativas, como eventos masivos, fiestas en locales bailables y viajes, únicamente a personas con esquema de vacunación completa. El Pase Sanitario no obliga a vacunarse, solo impide entrar en determinados lugares si alguien no está vacunado.
El gobierno de Gustavo Bordet anunció una medida sanitaria preventiva, el Pase Sanitario, que permitirá el ingreso a ciertas actividades recreativas, como eventos masivos, fiestas en locales bailables y viajes, únicamente a personas con esquema de vacunación completa. El Pase Sanitario no obliga a vacunarse, solo impide entrar en determinados lugares si alguien no está vacunado. Esta decisión generó polémica, con voces a favor y en contra. Macristas gurkas, que responden a Mauricio Macri y Patricia Bullrich; y libertarios que siguen a Javier Milei, afirman que el Pase es una medida discriminatoria, autoritaria y violenta.
 
El Gobierno viene en debatiendo con antivacunas a los que sectores de Juntos por el Cambio acompañaron o lideraron un largo trecho. Pero, además de la oposición política, hay quienes quieren evitar ser inmunizados contra la covid-19 -sin presentar problemas de salud ni ser avalados por un médico- solo por no confiar en las vacunas por creencias personales o religiosas. Estas creencias están apoyadas en desinformación como la que difunde las organizaciones antivacunas.
 
No existe el "derecho" a enfermar a los otros. No existe el derecho a obligar a los demás ciudadanos a ser sujetos pasivos involuntarios de la ingesta de bebidas, humo de cigarrillo o alimentos nocivos, y no puede tampoco aceptarse una supuesta obligación de ser sujetos pasivos involuntarios de la introducción compulsiva de agentes nocivos en las vías respiratorias, ni puede reconocerse a nadie el "derecho" unilateral de contagiar y enfermar a los demás.
 
El Pase Sanitario es una medida preventiva y un incentivo para que los ciudadanos se vacunen, principalmente los más jóvenes. Hay que entender que cuando uno no se vacuna puede afectar a otros. Y no existen derechos absolutos en la Constitución: el derecho a la autonomía de la voluntad tiene limitaciones y una de ellas es cuando se pone en riesgo a un tercero. La libertad, como genérica e imprecisamente invocan los antivacunas, no es un derecho absoluto ni se encuentra por encima del derecho a la vida que implica el derecho a la salud.
 
No prosperan los amparos legales de los antivacunas contra la implementación del Pase Sanitario porque la medida no es inconstitucional. El Covid genera infecciones y contagios y está probado que las vacunas disminuyen su gravedad. Cuando las personas no se vacunan -y tienen libertad de no vacunarse- pueden transmitir el virus y eso puede colapsar el sistema de salud. Ese es el problema. Si la gente decide no vacunarse colapsará el sistema de salud y las terapias intensivas. Lo cual (vacunarse o no) deja de ser una cuestión personal (de libertad individual). No vale ese principio porque afecta a la salud pública. El bien jurídico en juego, no es la libertad individual sino la salud pública. Desde ese punto de vista no es inconstitucional.
 
La restricción de derechos no es irrazonable. No se obliga a vacunar ni se impone el encierro de personas. El Pase Sanitario no impide el desplazamiento, sino que impide la entrada a determinados lugares y actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Así como hay libertad de no vacunarse, hay que respetar la libertad de que no lo acepten en un lugar cerrado y muchas personas, sino está vacunado.
 
El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ante el pedido de una ciudadana sobre la inconstitucionalidad del pase sanitario, rechazó el planteo por no violar la normativa vigente. Los antivacunas son torpes cuando recurren al artículo 19 de la Constitución, que sostiene que toda aquella conducta que no afecte a terceros queda exenta de la voluntad de los magistrados. Siempre que "no afecte a terceros". Y este tema sí perjudica a terceros, porque afecta a la salud de los demás. Es improbable que algún juez les dé la razón y las chances que la Corte Suprema lo declare inconstitucional parecen hoy nulas.
 
La Opinión Popular
 

El pase sanitario... ¿es constitucional?

Brutalidad sin filtros de la derecha macrista
 
Las últimas declaraciones de la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, volvieron a exponer el pensamiento que prevalece en la derecha macrista argentina. Con toda crudeza, sin la menor señal de sensibilidad social, ni siquiera de tacto político, la ministra expresó que "ya es tarde" para recuperar para el sistema educativo a los chicos que abandonaron la escuela por causa de la pandemia.
 
"Estos chicos seguramente ya estarán perdidos en los pasillos de una villa o cayeron en actividades de narcotráfico", señaló, dirigiéndose de manera discriminatoria a la población receptora de sus políticas. Más aún tratándose de menores de edad de grupos históricamente vulnerabilizados, que durante los últimos años tuvieron que sufrir además los efectos de una pandemia.
 
No es la primera vez -ni será la última- que un dirigente de Juntos por el Cambio se manifiesta públicamente en forma tan despiadada con respecto a los sectores vulnerables de la población y a la educación pública. Todavía están frescas en la memoria popular cuando Mauricio Macri se refirió despectivamente a quienes, según su mirada, no pueden acceder a la educación privada y tienen que "caer en la escuela pública".
 
Y cuando María Eugenia Vidal, en junio de 2018 cuando, en su rol de gobernadora bonaerense y en un acto llevado a cabo en uno de los hoteles más lujosos de la Capital Federal, se despachó en contra de la creación de nuevas universidades en su provincia porque, según afirmó, "nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".
 
No son los únicos ejemplos, desde luego; hay infinidad de declaraciones de este calibre emitidas por las principales figuras de la derecha política, aunque por razones de espacio con estos ejemplos alcanza y sobra para mostrar el nivel de desprecio que sienten por los sectores populares y la educación pública.
 
En todo caso, la actual ministra porteña no hace más que seguir al pie de la letra un libreto que recitan de memoria y que los deja desnudos ante la parte de la sociedad que prefiere no cerrar ojos y oídos. Probablemente, lo mejor de este episodio, como en los casos anteriores, haya sido la fuerte reacción de infinidad de sectores, y no solo de aquellos vinculados a la educación, que salieron públicamente a repudiar semejantes expresiones.
 

El pase sanitario... ¿es constitucional? 
 
Martín Guzmán en el ojo del huracán
 
Las dudas en torno a la posibilidad real de llegar a un acuerdo con el FMI vienen a sumar más incertidumbre a un contexto que de por sí es complejo.
 
El Gobierno de Alberto Fernández se enfrenta a la enorme tarea de lidiar con el desastre más grande que perpetró Mauricio Macri en su gestión. Tal vez inspirado por alguna película de cine catástrofe el ex presidente pensó que el mundo se terminaría antes de 2022, esa es la única explicación lógica al imposible calendario de pagos al que comprometió al país al tomar el crédito electoral que le otorgó el FMI.
 
Puesto en esa ingrata tarea, el Gobierno nacional dejó pasar 2021 por tratarse de un año electoral en el que no estaba dispuesto a cumplir con los requisitos de disciplina fiscal que siempre pretende imponer el FMI a sus deudores. Pero ahora el calendario apremia, no hay dólares para pagar los próximos vencimientos: tiene un pago cercano a los 800 millones de dólares el viernes próximo, otro de más de 300 millones de dólares a comienzos de febrero y 3.200 millones a fines de marzo.
 
A pesar de los esfuerzos que hace el ministro de Economía Guzmán por llevar tranquilidad respecto a un próximo acuerdo, el funcionario enfrenta cuestionamientos en todos los frentes y desde los sectores más duros del kirchnerismo ya proponen abiertamente la posibilidad de no acordar con el fondo y buscar que el acuerdo firmado por Macri sea declarado nulo.
 
El director del Banco Nación y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano, consideró que es tiempo de asumir que la negociación con el Fondo fracasó, que se deberían suspender los pagos a ese organismo para preservar las pocas reservas que quedan y que habría que recurrir a los tribunales internacionales "para denunciar como nulo el crédito stand by".
 
En un misil teledirigido a Guzmán, Lozano cuestionó que durante el transcurso de la negociación el Gobierno haya pagado 6.500 millones de dólares al Fondo y haya subejecutado partidas durante todo el año pasado para mostrar buena voluntad en materia de disciplina fiscal y a pesar de ello el FMI no accedió a alargar plazos, bajar tasas ni eliminar los sobrecargos.
 
Lozano no es el único que entiende que habría que considerar nulo el acuerdo con el Fondo. Karina Patricio Ferreira Lima, abogada e investigadora de la Universidad de Leeds, dio a conocer la semana pasada un estudio en el cual considera que el crédito otorgado al gobierno Cambiemos por parte del FMI "violó los propósitos fundamentales del FMI según su Convenio Constitutivo, constituyendo un acto ultra vires (ajeno a sus facultades)" y por lo tanto debería ser considerado nulo.
 
La doctora en derecho puso el foco en el artículo 1 del acuerdo, el cual declara que la función del mismo es "asistir a países con problemas de balanza de pagos, tomar las precauciones para alcanzar ese equilibrio, recomendar las medidas para que los recursos que prestan no se desvíen hacia la fuga de capitales".
 
En su informe, Ferreira Lima destaca que ese artículo no se cumplió y que al momento de firmarlo era previsible que no se cumpliera. "Se hizo una presunción de llegada de capitales del exterior por el impacto que iba a tener el acuerdo totalmente inadecuada", considera en su informe y recuerda que en el informe de Evaluación Ex Post, realizado por una comisión del FMI y difundida semana atrás, se reconoce esa situación.
 
También es posible que el Gobierno nacional esté aplicando la estrategia del "policía bueno y policía malo" enviando a Guzmán y al Canciller Santiago Cafiero a negociar por las buenas, mientras el presidente Alberto Fernández se encamina a una gira que lo llevará a reunirse con los primeros mandatarios de China y Rusia (los más recientes villanos a ojos de los yanquis) y se suman voces a favor del no pago y judicialización del acuerdo con el Fondo.
 
Lo cierto es que la renegociación de dicho acuerdo está estancada. Guzmán busca acercar posiciones entre un FMI poco dispuesto a otorgar siquiera alguno de los beneficios que pide Argentina y la facción de la alianza gobernante que lidera Cristina Kirchner que no está dispuesta a asumir el costo político del ajuste que pretende el organismo de crédito.
 
Es que además de las cuestiones técnicas, Cristina entiende que se juega mucho de su capital político, más concretamente componentes principistas e ideológicos que son parte constitutiva del kirchnerismo y a los que la vice no parece dispuesta a renunciar.
 
El problema principal que enfrentará Argentina si no consigue acordar con el Fondo, al menos para obtener un waiver, es que caerá nuevamente en default y se le cerrarían las pocas ventanas de crédito que le quedan abiertas para financiar exportaciones o proyectos de infraestructura.
 
La posibilidad de China y Rusia como alternativas parece más una fantasía que una realidad puesto que ninguna de estas dos potencias parece dispuesta a brindar al país la asistencia financiera que necesita para afrontar sus compromisos.
 

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La peor oposición posible
 
A la falta de acuerdo dentro de la alianza gobernante respecto al camino que se debería tomar para resolver el problema que Macri dejó al país, se suma la irresponsabilidad política de una oposición más interesada en resolver su propia interna que en colaborar para sacar al país del pantano en el que lo dejaron.
 
Con Macri desinflado por los pobres resultados de su gestión y sin otro liderazgo que lo reemplace, son muchos los que se anotan en la carrera presidencial dentro de Juntos por el Cambio. Todos diputan por capitalizar el descontento con un Gobierno nacional al que le tocó afrontar los rigores de la pandemia en medio de una crisis económica, que si bien viene de larga herencia, hizo poco por superar.
 
Para sentarse a debatir con el Gobierno para definir si dan su respaldo a la renegociación de la deuda, tal como pide el FMI, la oposición exige que Guzmán aporte precisiones que, todos saben, no está en condiciones de aportar. Así se evitan el difícil trance de hablar de un tema que les incomoda, después de todo la deuda fue tomada por el gobierno de Juntos por el Cambio.
 
El triunfo en las legislativas del año pasado le dio más poder a la oposición, lo que quedó en evidencia con el rechazo al proyecto de presupuesto 2022 y ahora conspira contra la posibilidad de avanzar en el tratamiento de cuestiones que el Gobierno considera centrales para recuperar la economía.
 
El Ejecutivo pretendía convocar a sesiones extraordinarias a partir del 24 de enero para tratar iniciativas económicas como la producción medicinal de cannabis y cáñamo industrial, las leyes de Hidrocarburos, Agroindustria, Automotriz, Electro movilidad y Compre Nacional, además de la necesaria reforma del Consejo de la Magistratura después del fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la ley que rige desde 2006.
 
Pero la convocatoria se postergó, inicialmente hasta el 1 de febrero, porque la oposición pretende incluir en el temario proyectos cuya aprobación demandaría al país un costo fiscal que no está en condiciones de asumir, como bajas en Bienes Personales, IVA y retenciones a las exportaciones.
 

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Verano caliente en Entre Ríos
 
En el gobierno de Gustavo Bordet consideran que el verano trajo muy buenas noticias para el turismo y el comercio en general de Entre Ríos que atraviesa por estos días un período de actividad récord, con niveles de ventas que superan a los mejores que se hayan registrado incluso antes de la llegada de la pandemia. Pero el calor demasiado intenso hasta para los estándares de Entre Ríos, combinado con una sequía histórica, trajo problemas al agro y empujó la demanda de energía y agua a los niveles más altos de la historia.
 
El costado positivo de este verano pasa por el boom del turismo que puso a la economía a pleno en una amplia variedad de rubros. Especialmente el comercial, hotelero y gastronómico. Con el dólar blue rompiendo récords todos los días, la plata rinde en Entre Ríos.
 
El movimiento será todavía mayor a fines de febrero y todo marzo, cuando se retomen las clases presenciales y se dispare la demanda de uniformes, útiles, calzados, indumentaria, alquileres y transporte, entre otros. La generación de empleo no para de crecer en comercios, restaurantes, hoteles y desde febrero se espera  una fuerte reactivación de las obras públicas, principalmente viviendas.
 
El auge del comercio y la gastronomía es posible en buena medida gracias a que la nueva ola de coronavirus que disparó la cantidad de contagios en todo el país prácticamente no afectó al sistema de salud de Entre Ríos que conserva intacta su capacidad de respuesta, gracias a una fuerte inversión pública provincial que fue planificada y sostenida por Bordet.
 

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Cuando el clima amenaza
 
Pero además de turistas el verano trajo una ola de calor que bate marcas no solo por lo alto de las temperaturas sino por la cantidad de días consecutivos en los que se superan los 35 grados de máxima. Para agravar el panorama, el calor se combinó con una de las sequías más intensas y prolongadas de la historia que tiene en vilo a todo el arco productivo de la provincia.
 
Las altas temperaturas también pusieron a prueba al sistema eléctrico, que las últimas dos semanas viene enfrentando récords históricos de demanda prácticamente todos los días. La infraestructura funciona al límite de su capacidad y se sostiene en gran medida gracias a los esfuerzos del personal técnico de Energía de Entre Ríos y de las cooperativas.
 
Gustavo Bordet se reunió con el titular de la Empresa de transporte y distribución de energía eléctrica (Enersa), Ramiro Caminos, quien le entregó un informe que da cuenta el récord del consumo registrado en la provincia la semana pasada - donde la temperatura superó los 40 grados - y la respuesta "satisfactoria" que tuvo la distribuidora al respecto.
 
Según el documento, de 13.300 transformadores que tiene la distribuidora sólo 11 tuvieron alguna falla y afectó a unos 1.200 usuarios "que no tuvieron mayores problemas ya que se transfirió carga y se solucionaron rápidamente los inconvenientes", sostuvo Caminos.
 

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Agenda apretada
 
La temporada de verano se completa con una seguidilla de reuniones y gestiones del Gobierno provincial que prácticamente se instaló por varios días en Buenos Aires para discutir y conseguir recursos y beneficios para Entre Ríos que habían sido perdidos cuando los diputados de Juntos por el Cambio votaron en contra del Presupuesto 2022.
 
Media docena de ministros nacionales recibieron carpetas, expedientes y documentos con pedidos de obras y fondos para traer a Entre Ríos y todos dieron respuestas alentadoras. La provincia hizo valer su posición política. Bordet prioriza la defensa de los intereses de los entrerrianos. A través de la coherencia en sus reclamos y de una postura propositiva, conserva el respeto de los espacios políticos nacionales.
 

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Los resultados son relativos en Entre Ríos
 
Juntos por el Cambio no termina de asombrarse por velocidad con que salió de escena el resultado electoral, que hace apenas nueve semanas, les permitió festejar el triunfo opositor sobre el peronismo gobernante.
 
La Alianza no logró procesar en ningún momento la titularidad del triunfo de Rogelio Frigerio -mucho menos, su candidatura a la gobernación-; la resistencia que tiene en el radicalismo se multiplicó tras su encolumnamiento total en el sector de Horacio Rodríguez Larreta y terminaron de dinamitar los lazos internos, además de generar fuertes cuestionamientos públicos sobre el significado político real del triunfo del 14 de noviembre.
 
"En Entre Ríos, la oposición tiene problemas cuando pierde y tiene muchos más problemas cuando gana", repiten en el peronismo entrerriano, directo beneficiario desde hace dos décadas de las divisiones y desventuras opositoras. Por eso el porteño Frigerio habló sobre las diferencias en JxC y, desde las playas atlánticas, dijo: "Los trapos sucios hay que lavarlos en casa, no por Twitter o en los medios".
 
Los radicales se entusiasman con la posibilidad cierta de encabezar la candidatura a la gobernación en 2023, pero la consistencia de esa jugada se hace relativa a poco de andar: no hay conducción "boina blanca" con consenso pleno. Además, son varios los que advierten que al marginar a los del PRO, el radicalismo no hará más que acelerar un proceso que muchos consideran casi un hecho: la inevitable derrota en 2023.
 
El peronismo se frota las manos con las ocurrencias opositoras, se sabe que dividir a la oposición es siempre el norte de la brújula de la Casa Gris.


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Mientras Juntos por el Cambio dilapida su triunfo, el Frente de Todos ignoró desde el primer instante su derrota de noviembre y avanza en los espacios más básicos del dominio territorial: la gestión provincial pasó a los planes de obras. Y fondos específicos para repartir en microobras municipales y una estructura de despliegue de poder en el territorio que anticipa su estrategia de defensa cuerpo a cuerpo de cara a 2023.
 
La articulación de esa estrategia con la administración municipal de Adán Bahl es total. El gobernador Bordet se reunió este viernes en el Centro Provincial de Convenciones con el intendente de Paraná, donde realizaron un repaso de obras que se están desarrollando como: "Avenida Zanni, que es una obra que es financiada por el gobierno provincial y está en plena ejecución. Estimamos a fines de este año estar terminándola y aprovechamos el momento de la reunión haciendo un repaso de otras obras que pretendemos llevar adelante", informó Bahl.
 
Las obras en la ciudad capital son la parte medular de la construcción política del intendente, que muy pronto empezaría a ejercer su rol como candidato a gobernador para 2023. En el municipio ya hubo ajustes de gabinete en función de esas necesidades.
 
Mientras, Bordet seguirá supervisando personalmente la gestión y se dedicará a las grandes apuestas políticas, entre ellas, la búsqueda de protagonismo nacional como representante oficialista del litoral. Las cartas del peronismo entrerriano son bastante predecibles. En Entre Ríos las sorpresas casi siempre vienen de la oposición.
 
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