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Nacionales - 22-01-2022 / 09:01
LAS FECHAS DE LAS REUNIONES COINCIDEN CON LA PERSECUCIÓN JUDICIAL A GREMIALISTAS

Revelan nombres de ministros de Vidal que estuvieron en la AFI mientras avanzaba el plan Gestapo

Revelan nombres de ministros de Vidal que estuvieron en la AFI mientras avanzaba el plan Gestapo
Sin coartada. A pesar de que negaron conocer a los directivos de la AFI que participaron en la reunión de la “Gestapo” macrista, los ministros de Trabajo y de Justicia de María Eugenia Vidal y el intendente de La Plata, Julio Garro, visitaron por lo menos diez veces el edificio de la Agencia Federal de Inteligencia mientras se armaban las causas truchas contra los sindicalistas.
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

 
Gestapo macrista: Todas las visitas de los miembros de la mesa judicial a la AFI
 
Como reveló Página/12 las cámaras que registraron la reunión en la que Villegas expresó su deseo de tener una "Gestapo" propia para "terminar con los gremios" fueron instaladas un día antes, el 14 de junio de 2017 y retiradas un día después del cónclave, el 16 de junio.
 
Eran aparatos con memoria propia, a los que sumaron micrófonos en el techo. Todo indica que la instalación la hizo personal de la AFI. Los e-mails enviados desde la dirección del Bapro a la casa central porteña donde se hizo el cónclave, en el séptimo piso, aluden a una solicitud de la gobernación. 
 
Esta semana, como informó este diario, Villegas hizo una presentación espontánea en la causa donde dice haber sido "víctima" de una maniobra "que involucró a personal de la Agencia Federal de Inteligencia"; que fue invitado a la reunión (no dice por quién), que la filmación fue ilegal y que nunca supo que "iban a participar agentes de inteligencia, quienes además nunca se presentaron ni identificaron", decía el texto.
 
En la misma línea Vidal salió a argumentar que era una reunión "institucional", "de trabajo" y que en todo caso los agentes de la AFI deberían explicar su presencia. Es notable en la filmación que Villegas, con un papel central en la charla, y los agentes, hablan sincronizados. 
 
 
Visitas a la AFI
 
Un dato central para el análisis es que en la reunión en el Bapro además de los hombres del gabinete de Vidal (Villegas, Grassi y también el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante), el intendente Garro y el senador Juan Pablo Allan, oficiaron de anfitriones tres exmiembros de la AFI: el exdirector de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, el exjefe de gabinete del organismo, Darío Biorci, y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.
 
Los dos primeros tuvieron un papel activo en dar sugerencias para el armado de las causas contra sindicalistas a los empresarios que estaban también allí. De Stéfano llegó a sugerir que habían que provocarlos para poder generar alguna imputación, del estilo de las que finalmente les atribuyeron a Medina, como coacción o amenazas. De Dalmau Pereyra, que tenía un cargo relevante en la estructura, dependía entre otras cosas el área que se ocupaba de los "cableados" (la instalación de cámaras y micrófonos).  
 
Tres días antes del encuentro en el Bapro, el 12 de junio, Garro fue a ver a la exnúmero dos de la exSide Silvia Majdalani.  Ese mismo día, el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, estuvo en la Casa Rosada, donde volvió al día siguiente, a la mañana y a la tarde. Esta segunda visita coincidió con la presencia de Dalmau Pereyra ahí mismo. El exSeñor 5 también estuvo el 15 de junio en coincidencia con el exministro de Justicia Germán Garavano en el despacho del exjefe de gabinete Marcos Peña. 
 
* Un mes antes, el 4 de mayo, habían ido a ver a Macri por la mañana a la misma hora Arribas y el exministro bonaerense Villegas. Por esa misma época el expresidente fogoneaba su discurso contra los trabajadores/as y los gremios y hablaba de una supuesta mafia de los juicios laborales, mientras crecían los despidos y se obstaculizaban las paritarias. El 9 de mayo la AFI comenzó a emitir al menos cinco partes de inteligencia sin explicación sobre propiedades del Pata Medina y su entorno. Son emitidos hasta el 15 de junio. El 23 de mayo, coincidieron en Balcarce 50 Vidal, Arribas y Horacio Rodríguez Larreta.  
 
* El 26 de junio, el exministro de Justicia bonaerense, Ferrari, fue a ver a Arribas. La primera denuncia judicial contra Medina fue presentada el 30 de junio. Era un anónimo que hablaba de supuesto lavado de dinero. 
 
El 31 de julio de 2017, Villegas fue a la AFI a ver a Dalmau Pereyra. Nueve minutos antes había llegado Grassi, al mismo despacho. Y aparece otro personaje en escena: el exministro de Trabajo, Triaca, que se reúne con Arribas. El mismo día se presenta otra denuncia anónima contra Medina, pero en el fuero federal de Quilmes. 
 
* El 8 de agosto aparece Grassi otra vez en la AFI, para ver a Dalmau Pereyra. El 24 de agosto Villegas va nuevamente a la Casa Rosada a ver a Macri. Llega a las 15.07. Tres minutos antes se había anunciado la exgobernadora y actual diputada Vidal. Figura que se dirige a Jefatura de Gabinete. Se retiran juntos. El 25 de agosto Ferrari visita a Majdalani en la AFI. Ese mismo día, Villegas entrega al juzgado federal de Quilmes las notas que les fueron presentando los empresarios de la construcción con las instrucciones que él y los hombres de la exSide les habían dado en la reunión en el Bapro. El 30 de agosto se presenta otra denuncia penal contra Medina. La formula el  empresario Carlos Gustavo Tejada Ibáñez. El abogado de Medina pidió que se investigue si también estuvo en el Bapro, porque sostiene que estaría en alguna imagen. 
 
* El 6 de septiembre de 2017 Ferrari vuelve a la AFI a reunirse con Arribas. El 26 de septiembre Medina es detenido, en las dos primeras causas que se le iniciaron. Los grandes medios montan un espectáculo alrededor de esto. En la misma jornada el intendente Garro le hizo una nueva denuncia. Ferrari regresa a la central de inteligencia a ver al director el 19 de octubre. El 26 de octubre le notifican a Medina una nueva orden de detención. 
 
El 14 de noviembre Garro vuelve a reunirse con Majdalani. El 4 de diciembre la va a ver Ferrari. Esta fecha coincide con una de las resoluciones de prisión preventiva para Medina, en la denuncia de Tejada Ibáñez. 
 
El 2 de enero de 2018 Grassi se reúne en la AFI con De Stéfano, protagonista en la reunión de la Gestapo. 
 
El muy probable que éstas no sean todas las reuniones del período analizado, ya que los libros de visitas del quinto piso, donde tenía su oficina Arribas, desaparecieron, por lo que hay un sumario abierto. 
 
 
Todos unidos
 
Por el desfile de exfuncionarios provinciales y nacionales todo conduce a la descripción que hizo el comisario Hernán Casassa ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, cuando dijo que las/los responsables del armado de causas en la provincia de Buenos Aires también eran convocados a la "mesa judicial" a nivel nacional por la AFI. Casassa mencionó a Vidal, a su exjefe de Gabinete, Federico Salvai, al actual procurador Julio Conte Grand y al exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Detalló que desde Seguridad y Asuntos Internos de la policía bonaerense, se recopilaba información sobre distintas personas (políticos, sindicalistas, jueces) con mecanismos ilegales. Por ese relato puntual este viernes Kreplak abrió una nueva causa impulsada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete de Daniel Scioli.
 
En la causa de la Gestapo el juzgado ordenó las declaraciones testimoniales de cinco personas que trabajaban en le Bapro, para poder reconstruir como se llegó a la ya famosa reunión, donde --además-- ninguno de los presentes quedó registrado. 
 
Lo que queda a la vista y reflejan el listado de visitas de la AFI y toda la evidencia que no para de emerger, es que las operaciones de inteligencia ilegal fueron un sello de los gobiernos de Macri y Vidal para armar causas, presionar y extorsionar, siempre con la colaboración de los medios de comunicación alineados con ese sector. 
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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