00:24 | Lunes 05 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 22-01-2022 / 09:01

LAS FECHAS DE LAS REUNIONES COINCIDEN CON LA PERSECUCIÓN JUDICIAL A GREMIALISTAS

Revelan nombres de ministros de Vidal que estuvieron en la AFI mientras avanzaba el plan Gestapo

Sin coartada. A pesar de que negaron conocer a los directivos de la AFI que participaron en la reunión de la “Gestapo” macrista, los ministros de Trabajo y de Justicia de María Eugenia Vidal y el intendente de La Plata, Julio Garro, visitaron por lo menos diez veces el edificio de la Agencia Federal de Inteligencia mientras se armaban las causas truchas contra los sindicalistas.

La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.

A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.

La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.

La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.

Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.

La Opinión Popular

Gestapo macrista: Todas las visitas de los miembros de la mesa judicial a la AFI

Como reveló Página/12 las cámaras que registraron la reunión en la que Villegas expresó su deseo de tener una "Gestapo" propia para "terminar con los gremios" fueron instaladas un día antes, el 14 de junio de 2017 y retiradas un día después del cónclave, el 16 de junio.

Eran aparatos con memoria propia, a los que sumaron micrófonos en el techo. Todo indica que la instalación la hizo personal de la AFI. Los e-mails enviados desde la dirección del Bapro a la casa central porteña donde se hizo el cónclave, en el séptimo piso, aluden a una solicitud de la gobernación.

Esta semana, como informó este diario, Villegas hizo una presentación espontánea en la causa donde dice haber sido "víctima" de una maniobra "que involucró a personal de la Agencia Federal de Inteligencia"; que fue invitado a la reunión (no dice por quién), que la filmación fue ilegal y que nunca supo que "iban a participar agentes de inteligencia, quienes además nunca se presentaron ni identificaron", decía el texto.

En la misma línea Vidal salió a argumentar que era una reunión "institucional", "de trabajo" y que en todo caso los agentes de la AFI deberían explicar su presencia. Es notable en la filmación que Villegas, con un papel central en la charla, y los agentes, hablan sincronizados.

Visitas a la AFI

Un dato central para el análisis es que en la reunión en el Bapro además de los hombres del gabinete de Vidal (Villegas, Grassi y también el exministro de Infraestructura, Roberto Gigante), el intendente Garro y el senador Juan Pablo Allan, oficiaron de anfitriones tres exmiembros de la AFI: el exdirector de Asuntos Jurídicos, Juan Sebastián De Stéfano, el exjefe de gabinete del organismo, Darío Biorci, y el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra.

Los dos primeros tuvieron un papel activo en dar sugerencias para el armado de las causas contra sindicalistas a los empresarios que estaban también allí. De Stéfano llegó a sugerir que habían que provocarlos para poder generar alguna imputación, del estilo de las que finalmente les atribuyeron a Medina, como coacción o amenazas. De Dalmau Pereyra, que tenía un cargo relevante en la estructura, dependía entre otras cosas el área que se ocupaba de los "cableados" (la instalación de cámaras y micrófonos).

* Tres días antes del encuentro en el Bapro, el 12 de junio, Garro fue a ver a la exnúmero dos de la exSide Silvia Majdalani. Ese mismo día, el extitular de la AFI, Gustavo Arribas, estuvo en la Casa Rosada, donde volvió al día siguiente, a la mañana y a la tarde. Esta segunda visita coincidió con la presencia de Dalmau Pereyra ahí mismo. El exSeñor 5 también estuvo el 15 de junio en coincidencia con el exministro de Justicia Germán Garavano en el despacho del exjefe de gabinete Marcos Peña.

* Un mes antes, el 4 de mayo, habían ido a ver a Macri por la mañana a la misma hora Arribas y el exministro bonaerense Villegas. Por esa misma época el expresidente fogoneaba su discurso contra los trabajadores/as y los gremios y hablaba de una supuesta mafia de los juicios laborales, mientras crecían los despidos y se obstaculizaban las paritarias. El 9 de mayo la AFI comenzó a emitir al menos cinco partes de inteligencia sin explicación sobre propiedades del Pata Medina y su entorno. Son emitidos hasta el 15 de junio. El 23 de mayo, coincidieron en Balcarce 50 Vidal, Arribas y Horacio Rodríguez Larreta.

* El 26 de junio, el exministro de Justicia bonaerense, Ferrari, fue a ver a Arribas. La primera denuncia judicial contra Medina fue presentada el 30 de junio. Era un anónimo que hablaba de supuesto lavado de dinero.

* El 31 de julio de 2017, Villegas fue a la AFI a ver a Dalmau Pereyra. Nueve minutos antes había llegado Grassi, al mismo despacho. Y aparece otro personaje en escena: el exministro de Trabajo, Triaca, que se reúne con Arribas. El mismo día se presenta otra denuncia anónima contra Medina, pero en el fuero federal de Quilmes.

* El 8 de agosto aparece Grassi otra vez en la AFI, para ver a Dalmau Pereyra. El 24 de agosto Villegas va nuevamente a la Casa Rosada a ver a Macri. Llega a las 15.07. Tres minutos antes se había anunciado la exgobernadora y actual diputada Vidal. Figura que se dirige a Jefatura de Gabinete. Se retiran juntos. El 25 de agosto Ferrari visita a Majdalani en la AFI. Ese mismo día, Villegas entrega al juzgado federal de Quilmes las notas que les fueron presentando los empresarios de la construcción con las instrucciones que él y los hombres de la exSide les habían dado en la reunión en el Bapro. El 30 de agosto se presenta otra denuncia penal contra Medina. La formula el empresario Carlos Gustavo Tejada Ibáñez. El abogado de Medina pidió que se investigue si también estuvo en el Bapro, porque sostiene que estaría en alguna imagen.

* El 6 de septiembre de 2017 Ferrari vuelve a la AFI a reunirse con Arribas. El 26 de septiembre Medina es detenido, en las dos primeras causas que se le iniciaron. Los grandes medios montan un espectáculo alrededor de esto. En la misma jornada el intendente Garro le hizo una nueva denuncia. Ferrari regresa a la central de inteligencia a ver al director el 19 de octubre. El 26 de octubre le notifican a Medina una nueva orden de detención.

* El 14 de noviembre Garro vuelve a reunirse con Majdalani. El 4 de diciembre la va a ver Ferrari. Esta fecha coincide con una de las resoluciones de prisión preventiva para Medina, en la denuncia de Tejada Ibáñez.

* El 2 de enero de 2018 Grassi se reúne en la AFI con De Stéfano, protagonista en la reunión de la Gestapo.

El muy probable que éstas no sean todas las reuniones del período analizado, ya que los libros de visitas del quinto piso, donde tenía su oficina Arribas, desaparecieron, por lo que hay un sumario abierto.

Todos unidos

Por el desfile de exfuncionarios provinciales y nacionales todo conduce a la descripción que hizo el comisario Hernán Casassa ante la Comisión Bicameral de Inteligencia, cuando dijo que las/los responsables del armado de causas en la provincia de Buenos Aires también eran convocados a la "mesa judicial" a nivel nacional por la AFI. Casassa mencionó a Vidal, a su exjefe de Gabinete, Federico Salvai, al actual procurador Julio Conte Grand y al exministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo. Detalló que desde Seguridad y Asuntos Internos de la policía bonaerense, se recopilaba información sobre distintas personas (políticos, sindicalistas, jueces) con mecanismos ilegales. Por ese relato puntual este viernes Kreplak abrió una nueva causa impulsada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete de Daniel Scioli.

En la causa de la Gestapo el juzgado ordenó las declaraciones testimoniales de cinco personas que trabajaban en le Bapro, para poder reconstruir como se llegó a la ya famosa reunión, donde --además-- ninguno de los presentes quedó registrado.

Lo que queda a la vista y reflejan el listado de visitas de la AFI y toda la evidencia que no para de emerger, es que las operaciones de inteligencia ilegal fueron un sello de los gobiernos de Macri y Vidal para armar causas, presionar y extorsionar, siempre con la colaboración de los medios de comunicación alineados con ese sector.

Por Irina Hauser

Fuente: Página12

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.