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Entre Ríos - 21-01-2022 / 09:01
SE PUSO EN MARCHA LA COMISIÓN PARA LA EMERGENCIA AGROPECUARIA

Néstor Loggio dijo que la emergencia por la sequía será consensuada con las entidades del campo

Néstor Loggio dijo que la emergencia por la sequía será consensuada con las entidades del campo
Diputado provincial concordiense Néstor Loggio (Frente Creer). Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
Ante la grave situación que atraviesa el campo por la sequía, el miércoles se reunió la Comisión para la Emergencia Agropecuaria, en un encuentro encabezado por el gobernador Gustavo Bordet. Al respecto, el diputado provincial concordiense Néstor Loggio (Frente Creer) adelantó este jueves que "cada productor, con la firma de un profesional, tendrá que informar el daño que le ocasionó la sequía".
 
"En principio lo que hizo el gobernador Bordet fue poner en marcha la Comisión para la Emergencia Agropecuaria", explicó Loggio, para luego destacar que "el decreto de emergencia por la sequía será algo consensuado con las entidades del campo".
 
La idea del gobernador Bordet era "sacar la Emergencia Agropecuaria así esos productores se acojan a ella y tengan herramientas tales como diferimientos impositivos y/o ayudas financieras para que puedan tomar créditos", sostuvo luego.
 
"Ahí mismo el Ministerio de Producción propuso un decreto de emergencia que se los dio a las instituciones del campo para que lo analicen: de manera tal que sea algo consensuado", agregó el diputado.
 

 
En este sentido, adelantó que el período de vigencia del decreto "también será acordado entre el gobierno y las instituciones; puede ser de 30 o 60 días". En ese lapso "cada productor, con la firma de un profesional, tendrá que informar el daño que le ocasionó la sequía", comentó.
 
Loggio calificó como "muy bueno" el encuentro sostenido el miércoles, porque "se hizo un análisis muy minucioso de la situación de la seca en la provincia de Entre Ríos".
 
Sobre lo conversado en la reunión, el legislador dijo que "los técnicos explicaron que no es lo mismo para todo el territorio, dado que hay zonas donde se sintió más fuertemente". También destacó que la sequía afectó sobre todo a "los pequeños y medianos productores" porque presentan mayores "dificultades para plantar el año que viene". "Hay pérdidas del maíz. En algunos casos de un 50% y en otros son mayores a eso", concluyó.
 
Fuente: Diario Río Uruguay 
 

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08-12-2025 / 20:12
Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


08-12-2025 / 10:12
08-12-2025 / 09:12
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