19:04 | Viernes 26 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 20-01-2022 / 09:01

"GESTAPO" Y MESA JUDICIAL MACRISTA

Vidal y Conte Grand se reunían con Macri en la Quinta de Olivos

El Procurador General bonaerense Julio Conte Grand estuvo reunido en la Quinta de Olivos con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros clave durante la presidencia de Mauricio Macri. El encuentro ocurrió el 14 de agosto de 2019, tres días después de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre el líder del PRO. Todo indica que Macri fue parte de la reunión. Dos semanas después, el jefe de los fiscales bonaerenses dijo que no renunciaría a su cargo.

Una de las revelaciones más tenebrosas, de las muchas que salpicaron al gobierno de Cambiemos, es la denominada "Gestapo macrista". Pero no sorprendió tanto por su contenido, pues ya eran muy conocidas las operaciones a gran escala de espionaje ilegal, la persecución de opositores con la "doctrina Irurzun", el chantaje judicial mediante la aplicación grosera de la "ley del arrepentido" o la manipulación del aparato tribunalicio con jueces y fiscales puestos y sacados a dedo.

No, lo que diferenció a este nuevo escándalo de los anteriores es la apabullante presencia de pruebas que pusieron de manifiesto el esfuerzo llevado a cabo con el fin de crear una "Gestapo" para "terminar con todos los gremios", expresión textual del exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, en la hoy famosa reunión realizada en la sede del Banco Provincia el 15 de junio de 2017.

En las semanas que siguieron a la impactante revelación, se han ido conociendo más detalles de aquel encuentro que dejan al descubierto la trama de complicidades cuyos hilos tienen conexión directa con Vidal y Macri en el nefasto cuatrienio de Cambiemos.

El Procurador General bonaerense Julio Conte Grand estuvo reunido en la Quinta de Olivos con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros clave durante la presidencia de Mauricio Macri. El encuentro ocurrió el 14 de agosto de 2019, tres días después de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre el líder del PRO. Todo indica que Macri fue parte de la reunión. Dos semanas después, el jefe de los fiscales bonaerenses dijo que no renunciaría a su cargo.

Las investigaciones que llevan a cabo, por un lado, la fiscal y el juez a cargo de la causa, y por otro, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, están reuniendo información apabullante. Se sabe quiénes instalaron las cámaras que grabaron la reunión, a qué empresa se compró el equipamiento, cuántos días duró la "zona liberada" en el salón del Bapro para realizar la filmación ilegal, qué funcionarios intercambiaron correos electrónicos vinculados al tema, en qué días previos hubo reuniones en la Casa Rosada de los protagonistas de la reunión.

Incluso hay testimonios que mencionan a María Eugenia Vidal participando habitualmente en las reuniones de la "mesa judicial" -que armó Macri junto con el hoy prófugo "Pepín" Rodríguez Simón- en compañía de su entonces jefe de gabinete Federico Salvai y el procurador general bonaerense Julio Conte Grand.

El siniestro aparato paraestatal armado por el macrismo para perseguir opositores involucró a las más altas autoridades de su gobierno, a espías oficiales y paraoficiales de la AFI (Marcelo D'Alessio es solo uno de ellos), a jueces, camaristas y fiscales, a medios de comunicación y conocidos periodistas, a legisladores... El "lawfare" -la guerra judicial- se desplegó bajo un gobierno constitucional por primera vez en nuestro país con un nivel de ensañamiento inaudito. De ahí que la palabra "Gestapo", con sus siniestras resonancias, calzara a la perfección en este contexto.

Lo que también es un escándalo es el silencio absoluto que sobre un tema de tanta trascendencia política e institucional guardan los medios de comunicación más poderosos del país. El blindaje mediático con el que protegen al macrismo se muestra en toda su dimensión. Pero es obvio, esa prensa también tiene el trasero sucio porque cumplió un rol protagónico en la tragedia que padeció el país.

La Opinión Popular

MESA JUDICIAL MACRISTA

Mesa Judicial: Vidal, Conte Grand, Ritondo y Ferrari se reunieron en la Quinta de Olivos durante el macrismo

El encuentro se realizó tres días después de las PASO de 2019, en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre Macri. Dos semanas después de aquel encuentro, el Procurador bonaerense dijo que no renunciaría al cargo. También estuvo en la Casa Rosada 11 días antes de que uno de sus fiscales pidiera la detención de Moyano.

Por Franco Mizrahi

De acuerdo a los registros de visitas a la Quinta de Olivos, a los que El Destape accedió por un pedido de Acceso a la Información Pública que realizó Ari Lijalad, tres días después de las PASO ingresaron a la residencia presidencial: Vidal; los ministros bonaerenses de Justicia, Gustavo Ferrari, y de Seguridad, Cristian Ritondo; y el procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Los cuatro invitados tenían teléfonos encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es decir, que pagaba Presidencia de la Nación.

Las planillas de control de audiencias de la Quinta son precisos. Corresponden a la Casa Militar. Según esos documentos, Vidal ingresó a las 6.14 de la tarde. Ferrari entró a las 6.54. Ritondo a las 6.57. Y Conte Grand a las 6.59, en un vehículo Peugeot. Los cuatros se dirigieron a "Jefatura". Todos, inclusive la entonces gobernadora, se retiraron a la par, a las 7.50 de la tarde. Fue la última reunión de aquella jornada en la residencia del Presidente. El jefe de los fiscales bonaerenses parece un ministro más.

De acuerdo a los registros, Vidal, que ingresó 40 minutos antes que el resto, mantuvo una audiencia con el jefe de gabinete Marcos Peña y con Macri (referenciado en las planillas como SP, es decir, "Señor Presidente"). Ferrari, Ritondo y Conte Grand mantuvieron una audiencia con Vidal (referenciada en las planillas con las iniciales de su nombre: MEV). Vidal estaba con Macri. Los cuatro visitantes se fueron en el mismo horario.

El encuentro evidencia el vínculo estrecho de Conte Grand, que es funcionario judicial, con el macrismo, tanto a nivel provincial como nacional. También que lejos de toda independencia los funcionarios judiciales de confianza del macrismo pasaban por la Quinta, como lo evidencia el caso de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reveló El Destape.

Aquel 14 de agosto de 2019, tras la dura derrota electoral en las primarias que era casi imposible de revertir, el macrismo comenzaba a ordenar su retirada de la Casa Rosada y de la gobernación bonaerense. El procurador era el único de los presentes que no debía, en los papeles, dejar su cargo. Su partida o permanencia era una decisión política. Según la ley, tampoco debe tener el estrecho vínculo que tiene con el macrismo.

Dos semanas después de aquel cónclave en Olivos, Conte Grand reafirmó que no abandonaría la procuración. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2019 dijo en una entrevista con A24 que en el 2020 iba a "continuar trabajando desde la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para la recomposición institucional".

Conte Grand en la Casa Rosada

Además de su ingreso a la Quinta de Olivos, según pudo reconstruir El Destape, el procurador bonaerense también cuenta con 5 ingresos a la Casa Rosada durante el gobierno de Macri. Sus visitas fueron las siguientes:

Su primer ingreso a Casa de Gobierno fue un mes y medio antes de ser designado procurador bonaerense. Entró el 9 de noviembre de 2016.

Se dirigió al despacho de Peña. Según los registros de ingresos a la Casa Rosada, a los que este medio también accedió por un pedido de Acceso a la Información Pública, Conte Grand ingresó a 16.21 y se retiró a las 18.34. Sería designado procurador bonaerense el 28 de diciembre de 2016.

Su segundo ingreso ocurrió el 28 de agosto de 2017.

Se dirigió al despacho de quien fuera vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui. El procurador ingresó a las 17.43. Se fue a las 19.05. Todo indica que fue parte de una reunión más amplia de la que participaron:

- El director y la subdirectora de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani;

- La entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco;

- El entonces ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro;

- Y quien era el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo.

Según los registros, todos ellos también fueron al despacho de Lopetegui y se retiraron exactamente a la misma hora que Conte Grand: a las 19.05. Habían ingresado entre 15 minutos y media hora después que él.

Entonces estaba en agenda el caso Santiago Maldonado, quien permanecía desaparecido, y avanzaba la operación contra el gremialista de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina, tal como se desprende del caso Gestapo antisindical. No obstante, dado el perfil de Seguridad que tenía la reunión, Conte Grand podría brindar una explicación sobre su rol allí si se trató de un encuentro institucional, ya que bajo su órbita en la procuración bonaerense está la secretaría de política criminal. La pregunta, siguiendo esa línea, es por qué no estaba, por ejemplo, la titular de la Procuración General de la Nación que en aquel entonces era Alejandra Gils Carbó.

El 23 de enero de 2018 Conte Grand vuelve a la Casa Rosada.

Mantiene una reunión con el ministro de Interior Rogelio Frigerio, que hizo de anfitrión. A diferencia de las anteriores reuniones estuvo el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, entre otros miembros del Ministerio Público Fiscal. El encuentro se difundió en una gacetilla oficial: "Importante avance para combatir el crimen organizado transnacional", se informó desde el Ministerio Público bonaerense. Aquel día se suscribió un Convenio Marco de Colaboración.

El 7 de febrero de 2018 se concreta el cuarto ingreso de Conte Grand a la Casa Rosada.

Este encuentro también se difundió vía gacetilla de prensa donde se informó de una "Colaboración con la Justicia para prevenir delitos transnacionales". En sintonía con el encuentro previo también participaron diversos procuradores como el de La Pampa, el de Salta, el fiscal General de Santiago del Estero, el de Santa Fe y el de Santa Cruz.

La última entrada de Conte Grand a la Casa de Gobierno fue el 1 de octubre de 2018. Ingresó a las 13.30 y se retiró 19.57.

No se precisó su destino. Once días después, el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, vinculado al procurador bonaerense, pediría la detención de Pablo Moyano en el "caso Independiente" por asociación ilícita. En aquel momento, Moyano fue claro sobre quien creía que orquestaba la causa en su contra: "Conte Grand usó al payaso de Scalera para ordenar mi detención", sostuvo el gremialista.

Conte Grand es un dirigente de Cambiemos que fue designado el 28 de diciembre de 2016 como jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Lo nombró Vidal tras la aprobación de su pliego en el Senado bonaerense. Su vínculo con el macrismo es explícito. En 2016, antes de pasar a la Procuración, era el Secretario de Legal y Técnica de Vidal. Es decir, funcionario del Ejecutivo, de estrecha relación con la gobernadora. Previamente, entre 2012 y 2015, fue Procurador General de la Ciudad, cargo equivalente al del Procurador General del Tesoro a nivel nacional. Su vínculo con Macri se mantiene hasta hoy: el 9 de diciembre pasado, el periodista Pablo Duggan difundió una fotografía en que se ve al Procurador almorzando junto al expresidente en el restaurant Kansas.

En esa causa se investiga una reunión del 15 de junio de 2017 entre funcionarios bonaerenses, empresarios y espías de la AFI en la sede porteña del Banco Provincia, donde se coordinó el armado de causas contra gremialistas. El encuentro fue grabado. La filmación fue hallada por la intervención del organismo de inteligencia, que lo presentó en la Justicia federal de La Plata.

En el video se revelan los engranajes del armado de causas y aparecen menciones al procurador bonaerense. "El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial", explicó quien era el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, a los empresarios de la construcción presentes en el encuentro. "Se impulsa con los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos", añadió. E hizo referencia también a una serie de presentaciones que tenían que hacer los empresarios en la Justicia. En pos de convencer a sus interlocutores, el entonces funcionario bonaerense afirmó: "Con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas". Todo indica que al decir "con todo soporte de la Procuración General" se refiere a Conte Grand. Luego, por si quedaban dudas, Villegas aseguró: "Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás".

Vidal, Villegas, los exagentes de la AFI y todos los presentes en la reunión del Banco Provincia fueron imputados en la causa. En total, el caso cuenta con 16 imputados. Por el momento, Conte Grand no está involucrado en el proceso judicial.

Pero a estas referencias sobre Conte Grand se suman los audios del subcomisario Hernán Casassa, que participó de operativos en causas contra distintos dirigentes del kirchnerismo durante la gestión macrista. En los audios, que fueron difundidos por Página 12, se lo escucha decir a Casassa que existió una "Mesa Judicial que tenían (Federico) Salvai (exjefe de gabinete bonaerense), Vidal, Conte Grand, que era una locura que este ahí, y Ritondo". Por cierto, Salvai también tenía un teléfono encriptado de la AFI.

A raíz de esas grabaciones, el policía bonaerense fue convocado por la Comisión Bicameral de control de los Organismos de Inteligencia, que inició una investigación parlamentaria a raíz del caso Gestapo. Allí, Casassa ratificó que esos audios eran suyos y los había enviado en 2018 a colegas.

Por estos hechos, la comisión bicameral que encabeza el diputado Leopoldo Moreau también convocó a Conte Grand. Quiere escuchar qué tiene para decir sobre el caso. El procurador bonaerense estaba citado para el 18 de enero pero en la víspera de su presentación pidió declarar por escrito. La comisión rechazó su planteo, consideró que si no concurre obstaculizará "una investigación en curso en cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso de la Nación" y volvió a convocarlo para el 27 de enero.

A la par, a comienzos de enero se promovió el pedido de juicio político contra el procurador bonaerense. Entre otras cosas, en el pedido se señala que desde su llegada a la procuración "el Ministerio Público se puso al servicio de una verdadera persecución judicial contra los enemigos políticos y gremiales de la fuerza política que entonces gobernaba la Nación y la Provincia de Buenos Aires". Se menciona su estrecho vínculo a Cambiemos, el caso Gestapo pero también la "persecución judicial" que se montó desde "estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora". La referencia es a Scalera.

Otros ingresos a la Rosada

Tal como publicó El Destape, diversos integrantes del caso Gestapo antisindical visitaron la Casa Rosada. Los ingresos coinciden con movimientos importantes en causas de persecución contra gremialistas. Por ejemplo:

El ministro de Vidal, Marcelo Villegas, ingresa el 4 de mayo de 2017 y se reúne con Macri y el jefe de la AFI Gustavo Arribas. Fue un mes antes de la reunión de la Gestapo en el Banco Provincia, de la que participaron el ministro bonaerenses y tres directivos de la exSIDE, entre otros.

Tal como reveló este medio, Villegas vuelve a ver Macri en la Casa Rosada el 24 de agosto de 2017. Ese mismo día y a la misma hora Vidal se reúne con Peña en Casa de Gobierno. Al día siguiente, el ministro de Trabajo bonaerense presentó en la Justicia todas las notas que se le habían pedido a los empresarios que participaron con él en la reunión que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia para avanzar contra el gremialista "Pata" Medina.

El 26 de febrero de 2018, como publicó El Destape, Villegas se volvió a reunir en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Casi diez minutos después ingresó al mismo destino el jefe de los espías, Arribas. Dos días después de ese encuentro en Balcarce 50, Hugo y Pablo Moyano fueron imputados por lavado de dinero en la justicia federal de Quilmes, la misma jurisdicción donde se había avanzado contra el Pata Medina. Se trata de otra de las causas que se usó para presionar a los líderes de Camioneros. A la luz de los hechos que surgen del caso Gestapo antisindical, donde Villegas está imputado junto a jerarcas de la exSIDE macrista, la reunión en la Rosada adquiere una particular relevancia.

El 14 y el 21 de agosto de 2018, como publicó este medio, quien ingresa a la Casa Rosada fue otro de los participantes de la reunión de la Gestapo antisindical: el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano. En ambas ocasiones fue hacia el despacho de Pablo Clusellas. El 31 de agosto, diez días después de su último ingreso a Casa de Gobierno, De Stéfano "visitó" al juez Luis Carzoglio para presionarlo y pedirle que detenga a Pablo Moyano. Lo contó el magistrado en primera persona. En las mismas fechas, entre el 8 y el 24 de agosto, la AFI "cableó" la alcaidía de Melchor Romero, donde un exagente de la AFI dijo que esperaban ubicar a Moyano.

En el caso del apriete al juez Carzoglio cumplió un rol fundamental el mentado fiscal Scalera, que respondía a Conte Grand. Fue quien insistió con la detención de Pablo Moyano.

Fuentes: El Destape y La Arena

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.