es solo uno de ellos), a jueces, camaristas y fiscales, a medios de comunicación y conocidos periodistas, a legisladores... El "lawfare" -la guerra judicial- se desplegó bajo un gobierno constitucional por primera vez en nuestro país con un nivel de ensañamiento inaudito. De ahí que la palabra "Gestapo", con sus siniestras resonancias, calzara a la perfección en este contexto.
 
Lo que también es un escándalo es el silencio absoluto que sobre un tema de tanta trascendencia política e institucional guardan los medios de comunicación más poderosos del país. El blindaje mediático con el que protegen al macrismo se muestra en toda su dimensión. Pero es obvio, esa prensa también tiene el trasero sucio porque cumplió un rol protagónico en la tragedia que padeció el país.
 
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Nacionales - 20-01-2022 / 09:01
"GESTAPO" Y MESA JUDICIAL MACRISTA

Vidal y Conte Grand se reunían con Macri en la Quinta de Olivos

Vidal y Conte Grand se reunían con Macri en la Quinta de Olivos
El Procurador General bonaerense Julio Conte Grand estuvo reunido en la Quinta de Olivos con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros clave durante la presidencia de Mauricio Macri. El encuentro ocurrió el 14 de agosto de 2019, tres días después de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre el líder del PRO. Todo indica que Macri fue parte de la reunión. Dos semanas después, el jefe de los fiscales bonaerenses dijo que no renunciaría a su cargo.
Una de las revelaciones más tenebrosas, de las muchas que salpicaron al gobierno de Cambiemos, es la denominada "Gestapo macrista". Pero no sorprendió tanto por su contenido, pues ya eran muy conocidas las operaciones a gran escala de espionaje ilegal, la persecución de opositores con la "doctrina Irurzun", el chantaje judicial mediante la aplicación grosera de la "ley del arrepentido" o la manipulación del aparato tribunalicio con jueces y fiscales puestos y sacados a dedo.
 
No, lo que diferenció a este nuevo escándalo de los anteriores es la apabullante presencia de pruebas que pusieron de manifiesto el esfuerzo llevado a cabo con el fin de crear una "Gestapo" para "terminar con todos los gremios", expresión textual del exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, en la hoy famosa reunión realizada en la sede del Banco Provincia el 15 de junio de 2017.
 
En las semanas que siguieron a la impactante revelación, se han ido conociendo más detalles de aquel encuentro que dejan al descubierto la trama de complicidades cuyos hilos tienen conexión directa con Vidal y Macri en el nefasto cuatrienio de Cambiemos.
 
El Procurador General bonaerense Julio Conte Grand estuvo reunido en la Quinta de Olivos con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros clave durante la presidencia de Mauricio Macri. El encuentro ocurrió el 14 de agosto de 2019, tres días después de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre el líder del PRO. Todo indica que Macri fue parte de la reunión. Dos semanas después, el jefe de los fiscales bonaerenses dijo que no renunciaría a su cargo.
 
Las investigaciones que llevan a cabo, por un lado, la fiscal y el juez a cargo de la causa, y por otro, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, están reuniendo información apabullante. Se sabe quiénes instalaron las cámaras que grabaron la reunión, a qué empresa se compró el equipamiento, cuántos días duró la "zona liberada" en el salón del Bapro para realizar la filmación ilegal, qué funcionarios intercambiaron correos electrónicos vinculados al tema, en qué días previos hubo reuniones en la Casa Rosada de los protagonistas de la reunión.
 
Incluso hay testimonios que mencionan a María Eugenia Vidal participando habitualmente en las reuniones de la "mesa judicial" -que armó Macri junto con el hoy prófugo "Pepín" Rodríguez Simón- en compañía de su entonces jefe de gabinete Federico Salvai y el procurador general bonaerense Julio Conte Grand.
 
El siniestro aparato paraestatal armado por el macrismo para perseguir opositores involucró a las más altas autoridades de su gobierno, a espías oficiales y paraoficiales de la AFI (Marcelo D'Alessio es solo uno de ellos), a jueces, camaristas y fiscales, a medios de comunicación y conocidos periodistas, a legisladores... El "lawfare" -la guerra judicial- se desplegó bajo un gobierno constitucional por primera vez en nuestro país con un nivel de ensañamiento inaudito. De ahí que la palabra "Gestapo", con sus siniestras resonancias, calzara a la perfección en este contexto.
 
Lo que también es un escándalo es el silencio absoluto que sobre un tema de tanta trascendencia política e institucional guardan los medios de comunicación más poderosos del país. El blindaje mediático con el que protegen al macrismo se muestra en toda su dimensión. Pero es obvio, esa prensa también tiene el trasero sucio porque cumplió un rol protagónico en la tragedia que padeció el país.
 
La Opinión Popular
 

 
MESA JUDICIAL MACRISTA
 
Mesa Judicial: Vidal, Conte Grand, Ritondo y Ferrari se reunieron en la Quinta de Olivos durante el macrismo
 
El encuentro se realizó tres días después de las PASO de 2019, en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre Macri. Dos semanas después de aquel encuentro, el Procurador bonaerense dijo que no renunciaría al cargo. También estuvo en la Casa Rosada 11 días antes de que uno de sus fiscales pidiera la detención de Moyano.
 
Por Franco Mizrahi
 
De acuerdo a los registros de visitas a la Quinta de Olivos, a los que El Destape accedió por un pedido de Acceso a la Información Pública que realizó Ari Lijalad, tres días después de las PASO ingresaron a la residencia presidencial: Vidal; los ministros bonaerenses de Justicia, Gustavo Ferrari, y de Seguridad, Cristian Ritondo; y el procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Los cuatro invitados tenían teléfonos encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es decir, que pagaba Presidencia de la Nación.
 
Las planillas de control de audiencias de la Quinta son precisos. Corresponden a la Casa Militar. Según esos documentos, Vidal ingresó a las 6.14 de la tarde. Ferrari entró a las 6.54. Ritondo a las 6.57. Y Conte Grand a las 6.59, en un vehículo Peugeot. Los cuatros se dirigieron a "Jefatura". Todos, inclusive la entonces gobernadora, se retiraron a la par, a las 7.50 de la tarde. Fue la última reunión de aquella jornada en la residencia del Presidente. El jefe de los fiscales bonaerenses parece un ministro más.
 
De acuerdo a los registros, Vidal, que ingresó 40 minutos antes que el resto, mantuvo una audiencia con el jefe de gabinete Marcos Peña y con Macri (referenciado en las planillas como SP, es decir, "Señor Presidente"). Ferrari, Ritondo y Conte Grand mantuvieron una audiencia con Vidal (referenciada en las planillas con las iniciales de su nombre: MEV). Vidal estaba con Macri. Los cuatro visitantes se fueron en el mismo horario.
 
El encuentro evidencia el vínculo estrecho de Conte Grand, que es funcionario judicial, con el macrismo, tanto a nivel provincial como nacional. También que lejos de toda independencia los funcionarios judiciales de confianza del macrismo pasaban por la Quinta, como lo evidencia el caso de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reveló El Destape.
 
Aquel 14 de agosto de 2019, tras la dura derrota electoral en las primarias que era casi imposible de revertir, el macrismo comenzaba a ordenar su retirada de la Casa Rosada y de la gobernación bonaerense. El procurador era el único de los presentes que no debía, en los papeles, dejar su cargo. Su partida o permanencia era una decisión política. Según la ley, tampoco debe tener el estrecho vínculo que tiene con el macrismo.
 
Dos semanas después de aquel cónclave en Olivos, Conte Grand reafirmó que no abandonaría la procuración. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2019 dijo en una entrevista con A24 que en el 2020 iba a "continuar trabajando desde la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para la recomposición institucional".
 
 
Conte Grand en la Casa Rosada
  
Además de su ingreso a la Quinta de Olivos, según pudo reconstruir El Destape, el procurador bonaerense también cuenta con 5 ingresos a la Casa Rosada durante el gobierno de Macri. Sus visitas fueron las siguientes:
 
Su primer ingreso a Casa de Gobierno fue un mes y medio antes de ser designado procurador bonaerense. Entró el 9 de noviembre de 2016.
 
Se dirigió al despacho de Peña. Según los registros de ingresos a la Casa Rosada, a los que este medio también accedió por un pedido de Acceso a la Información Pública, Conte Grand ingresó a 16.21 y se retiró a las 18.34. Sería designado procurador bonaerense el 28 de diciembre de 2016.
 
Su segundo ingreso ocurrió el 28 de agosto de 2017.
 
Se dirigió al despacho de quien fuera vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui. El procurador ingresó a las 17.43. Se fue a las 19.05. Todo indica que fue parte de una reunión más amplia de la que participaron:
 
- El director y la subdirectora de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani;
 
- La entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco;
 
- El entonces ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro;
 
- Y quien era el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo.
 
Según los registros, todos ellos también fueron al despacho de Lopetegui y se retiraron exactamente a la misma hora que Conte Grand: a las 19.05. Habían ingresado entre 15 minutos y media hora después que él.
 
Entonces estaba en agenda el caso Santiago Maldonado, quien permanecía desaparecido, y avanzaba la operación contra el gremialista de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina, tal como se desprende del caso Gestapo antisindical. No obstante, dado el perfil de Seguridad que tenía la reunión, Conte Grand podría brindar una explicación sobre su rol allí si se trató de un encuentro institucional, ya que bajo su órbita en la procuración bonaerense está la secretaría de política criminal. La pregunta, siguiendo esa línea, es por qué no estaba, por ejemplo, la titular de la Procuración General de la Nación que en aquel entonces era Alejandra Gils Carbó.
 
El 23 de enero de 2018 Conte Grand vuelve a la Casa Rosada.
 
Mantiene una reunión con el ministro de Interior Rogelio Frigerio, que hizo de anfitrión. A diferencia de las anteriores reuniones estuvo el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, entre otros miembros del Ministerio Público Fiscal. El encuentro se difundió en una gacetilla oficial: "Importante avance para combatir el crimen organizado transnacional", se informó desde el Ministerio Público bonaerense. Aquel día se suscribió un Convenio Marco de Colaboración.
 
El 7 de febrero de 2018 se concreta el cuarto ingreso de Conte Grand a la Casa Rosada.
 
Este encuentro también se difundió vía gacetilla de prensa donde se informó de una "Colaboración con la Justicia para prevenir delitos transnacionales". En sintonía con el encuentro previo también participaron diversos procuradores como el de La Pampa, el de Salta, el fiscal General de Santiago del Estero, el de Santa Fe y el de Santa Cruz.
 
La última entrada de Conte Grand a la Casa de Gobierno fue el 1 de octubre de 2018. Ingresó a las 13.30 y se retiró 19.57.
 
No se precisó su destino. Once días después, el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, vinculado al procurador bonaerense, pediría la detención de Pablo Moyano en el "caso Independiente" por asociación ilícita. En aquel momento, Moyano fue claro sobre quien creía que orquestaba la causa en su contra: "Conte Grand usó al payaso de Scalera para ordenar mi detención", sostuvo el gremialista.
 
Conte Grand es un dirigente de Cambiemos que fue designado el 28 de diciembre de 2016 como jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Lo nombró Vidal tras la aprobación de su pliego en el Senado bonaerense. Su vínculo con el macrismo es explícito. En 2016, antes de pasar a la Procuración, era el Secretario de Legal y Técnica de Vidal. Es decir, funcionario del Ejecutivo, de estrecha relación con la gobernadora. Previamente, entre 2012 y 2015, fue Procurador General de la Ciudad, cargo equivalente al del Procurador General del Tesoro a nivel nacional. Su vínculo con Macri se mantiene hasta hoy: el 9 de diciembre pasado, el periodista Pablo Duggan difundió una fotografía en que se ve al Procurador almorzando junto al expresidente en el restaurant Kansas.
 
En esa causa se investiga una reunión del 15 de junio de 2017 entre funcionarios bonaerenses, empresarios y espías de la AFI en la sede porteña del Banco Provincia, donde se coordinó el armado de causas contra gremialistas. El encuentro fue grabado. La filmación fue hallada por la intervención del organismo de inteligencia, que lo presentó en la Justicia federal de La Plata.
 
En el video se revelan los engranajes del armado de causas y aparecen menciones al procurador bonaerense. "El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial", explicó quien era el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, a los empresarios de la construcción presentes en el encuentro. "Se impulsa con los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos", añadió. E hizo referencia también a una serie de presentaciones que tenían que hacer los empresarios en la Justicia. En pos de convencer a sus interlocutores, el entonces funcionario bonaerense afirmó: "Con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas". Todo indica que al decir "con todo soporte de la Procuración General" se refiere a Conte Grand. Luego, por si quedaban dudas, Villegas aseguró: "Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás".
 
Vidal, Villegas, los exagentes de la AFI y todos los presentes en la reunión del Banco Provincia fueron imputados en la causa. En total, el caso cuenta con 16 imputados. Por el momento, Conte Grand no está involucrado en el proceso judicial.
 
Pero a estas referencias sobre Conte Grand se suman los audios del subcomisario Hernán Casassa, que participó de operativos en causas contra distintos dirigentes del kirchnerismo durante la gestión macrista. En los audios, que fueron difundidos por Página 12, se lo escucha decir a Casassa que existió una "Mesa Judicial que tenían (Federico) Salvai (exjefe de gabinete bonaerense), Vidal, Conte Grand, que era una locura que este ahí, y Ritondo". Por cierto, Salvai también tenía un teléfono encriptado de la AFI.
 
A raíz de esas grabaciones, el policía bonaerense fue convocado por la Comisión Bicameral de control de los Organismos de Inteligencia, que inició una investigación parlamentaria a raíz del caso Gestapo. Allí, Casassa ratificó que esos audios eran suyos y los había enviado en 2018 a colegas.
 
Por estos hechos, la comisión bicameral que encabeza el diputado Leopoldo Moreau también convocó a Conte Grand. Quiere escuchar qué tiene para decir sobre el caso. El procurador bonaerense estaba citado para el 18 de enero pero en la víspera de su presentación pidió declarar por escrito. La comisión rechazó su planteo, consideró que si no concurre obstaculizará "una investigación en curso en cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso de la Nación" y volvió a convocarlo para el 27 de enero.
 
A la par, a comienzos de enero se promovió el pedido de juicio político contra el procurador bonaerense. Entre otras cosas, en el pedido se señala que desde su llegada a la procuración "el Ministerio Público se puso al servicio de una verdadera persecución judicial contra los enemigos políticos y gremiales de la fuerza política que entonces gobernaba la Nación y la Provincia de Buenos Aires". Se menciona su estrecho vínculo a Cambiemos, el caso Gestapo pero también la "persecución judicial" que se montó desde "estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora". La referencia es a Scalera.
 
 
Otros ingresos a la Rosada
 
Tal como publicó El Destape, diversos integrantes del caso Gestapo antisindical visitaron la Casa Rosada. Los ingresos coinciden con movimientos importantes en causas de persecución contra gremialistas. Por ejemplo:
 
El ministro de Vidal, Marcelo Villegas, ingresa el 4 de mayo de 2017 y se reúne con Macri y el jefe de la AFI Gustavo Arribas. Fue un mes antes de la reunión de la Gestapo en el Banco Provincia, de la que participaron el ministro bonaerenses y tres directivos de la exSIDE, entre otros.
 
Tal como reveló este medio, Villegas vuelve a ver Macri en la Casa Rosada el 24 de agosto de 2017. Ese mismo día y a la misma hora Vidal se reúne con Peña en Casa de Gobierno. Al día siguiente, el ministro de Trabajo bonaerense presentó en la Justicia todas las notas que se le habían pedido a los empresarios que participaron con él en la reunión que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia para avanzar contra el gremialista "Pata" Medina.
 
El 26 de febrero de 2018, como publicó El Destape, Villegas se volvió a reunir en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Casi diez minutos después ingresó al mismo destino el jefe de los espías, Arribas. Dos días después de ese encuentro en Balcarce 50, Hugo y Pablo Moyano fueron imputados por lavado de dinero en la justicia federal de Quilmes, la misma jurisdicción donde se había avanzado contra el Pata Medina. Se trata de otra de las causas que se usó para presionar a los líderes de Camioneros. A la luz de los hechos que surgen del caso Gestapo antisindical, donde Villegas está imputado junto a jerarcas de la exSIDE macrista, la reunión en la Rosada adquiere una particular relevancia.
 
El 14 y el 21 de agosto de 2018, como publicó este medio, quien ingresa a la Casa Rosada fue otro de los participantes de la reunión de la Gestapo antisindical: el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano. En ambas ocasiones fue hacia el despacho de Pablo Clusellas. El 31 de agosto, diez días después de su último ingreso a Casa de Gobierno, De Stéfano "visitó" al juez Luis Carzoglio para presionarlo y pedirle que detenga a Pablo Moyano. Lo contó el magistrado en primera persona. En las mismas fechas, entre el 8 y el 24 de agosto, la AFI "cableó" la alcaidía de Melchor Romero, donde un exagente de la AFI dijo que esperaban ubicar a Moyano.
 
En el caso del apriete al juez Carzoglio cumplió un rol fundamental el mentado fiscal Scalera, que respondía a Conte Grand. Fue quien insistió con la detención de Pablo Moyano.
 
Fuentes: El Destape y La Arena
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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