es solo uno de ellos), a jueces, camaristas y fiscales, a medios de comunicación y conocidos periodistas, a legisladores... El "lawfare" -la guerra judicial- se desplegó bajo un gobierno constitucional por primera vez en nuestro país con un nivel de ensañamiento inaudito. De ahí que la palabra "Gestapo", con sus siniestras resonancias, calzara a la perfección en este contexto.
 
Lo que también es un escándalo es el silencio absoluto que sobre un tema de tanta trascendencia política e institucional guardan los medios de comunicación más poderosos del país. El blindaje mediático con el que protegen al macrismo se muestra en toda su dimensión. Pero es obvio, esa prensa también tiene el trasero sucio porque cumplió un rol protagónico en la tragedia que padeció el país.
 
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Nacionales - 20-01-2022 / 09:01
"GESTAPO" Y MESA JUDICIAL MACRISTA

Vidal y Conte Grand se reunían con Macri en la Quinta de Olivos

Vidal y Conte Grand se reunían con Macri en la Quinta de Olivos
El Procurador General bonaerense Julio Conte Grand estuvo reunido en la Quinta de Olivos con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros clave durante la presidencia de Mauricio Macri. El encuentro ocurrió el 14 de agosto de 2019, tres días después de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre el líder del PRO. Todo indica que Macri fue parte de la reunión. Dos semanas después, el jefe de los fiscales bonaerenses dijo que no renunciaría a su cargo.
Una de las revelaciones más tenebrosas, de las muchas que salpicaron al gobierno de Cambiemos, es la denominada "Gestapo macrista". Pero no sorprendió tanto por su contenido, pues ya eran muy conocidas las operaciones a gran escala de espionaje ilegal, la persecución de opositores con la "doctrina Irurzun", el chantaje judicial mediante la aplicación grosera de la "ley del arrepentido" o la manipulación del aparato tribunalicio con jueces y fiscales puestos y sacados a dedo.
 
No, lo que diferenció a este nuevo escándalo de los anteriores es la apabullante presencia de pruebas que pusieron de manifiesto el esfuerzo llevado a cabo con el fin de crear una "Gestapo" para "terminar con todos los gremios", expresión textual del exministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, en la hoy famosa reunión realizada en la sede del Banco Provincia el 15 de junio de 2017.
 
En las semanas que siguieron a la impactante revelación, se han ido conociendo más detalles de aquel encuentro que dejan al descubierto la trama de complicidades cuyos hilos tienen conexión directa con Vidal y Macri en el nefasto cuatrienio de Cambiemos.
 
El Procurador General bonaerense Julio Conte Grand estuvo reunido en la Quinta de Olivos con la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y dos de sus ministros clave durante la presidencia de Mauricio Macri. El encuentro ocurrió el 14 de agosto de 2019, tres días después de las PASO en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre el líder del PRO. Todo indica que Macri fue parte de la reunión. Dos semanas después, el jefe de los fiscales bonaerenses dijo que no renunciaría a su cargo.
 
Las investigaciones que llevan a cabo, por un lado, la fiscal y el juez a cargo de la causa, y por otro, la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, están reuniendo información apabullante. Se sabe quiénes instalaron las cámaras que grabaron la reunión, a qué empresa se compró el equipamiento, cuántos días duró la "zona liberada" en el salón del Bapro para realizar la filmación ilegal, qué funcionarios intercambiaron correos electrónicos vinculados al tema, en qué días previos hubo reuniones en la Casa Rosada de los protagonistas de la reunión.
 
Incluso hay testimonios que mencionan a María Eugenia Vidal participando habitualmente en las reuniones de la "mesa judicial" -que armó Macri junto con el hoy prófugo "Pepín" Rodríguez Simón- en compañía de su entonces jefe de gabinete Federico Salvai y el procurador general bonaerense Julio Conte Grand.
 
El siniestro aparato paraestatal armado por el macrismo para perseguir opositores involucró a las más altas autoridades de su gobierno, a espías oficiales y paraoficiales de la AFI (Marcelo D'Alessio es solo uno de ellos), a jueces, camaristas y fiscales, a medios de comunicación y conocidos periodistas, a legisladores... El "lawfare" -la guerra judicial- se desplegó bajo un gobierno constitucional por primera vez en nuestro país con un nivel de ensañamiento inaudito. De ahí que la palabra "Gestapo", con sus siniestras resonancias, calzara a la perfección en este contexto.
 
Lo que también es un escándalo es el silencio absoluto que sobre un tema de tanta trascendencia política e institucional guardan los medios de comunicación más poderosos del país. El blindaje mediático con el que protegen al macrismo se muestra en toda su dimensión. Pero es obvio, esa prensa también tiene el trasero sucio porque cumplió un rol protagónico en la tragedia que padeció el país.
 
La Opinión Popular
 

 
MESA JUDICIAL MACRISTA
 
Mesa Judicial: Vidal, Conte Grand, Ritondo y Ferrari se reunieron en la Quinta de Olivos durante el macrismo
 
El encuentro se realizó tres días después de las PASO de 2019, en las que Alberto Fernández se impuso por 15 puntos de distancia sobre Macri. Dos semanas después de aquel encuentro, el Procurador bonaerense dijo que no renunciaría al cargo. También estuvo en la Casa Rosada 11 días antes de que uno de sus fiscales pidiera la detención de Moyano.
 
Por Franco Mizrahi
 
De acuerdo a los registros de visitas a la Quinta de Olivos, a los que El Destape accedió por un pedido de Acceso a la Información Pública que realizó Ari Lijalad, tres días después de las PASO ingresaron a la residencia presidencial: Vidal; los ministros bonaerenses de Justicia, Gustavo Ferrari, y de Seguridad, Cristian Ritondo; y el procurador bonaerense, Julio Conte Grand. Los cuatro invitados tenían teléfonos encriptados de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Es decir, que pagaba Presidencia de la Nación.
 
Las planillas de control de audiencias de la Quinta son precisos. Corresponden a la Casa Militar. Según esos documentos, Vidal ingresó a las 6.14 de la tarde. Ferrari entró a las 6.54. Ritondo a las 6.57. Y Conte Grand a las 6.59, en un vehículo Peugeot. Los cuatros se dirigieron a "Jefatura". Todos, inclusive la entonces gobernadora, se retiraron a la par, a las 7.50 de la tarde. Fue la última reunión de aquella jornada en la residencia del Presidente. El jefe de los fiscales bonaerenses parece un ministro más.
 
De acuerdo a los registros, Vidal, que ingresó 40 minutos antes que el resto, mantuvo una audiencia con el jefe de gabinete Marcos Peña y con Macri (referenciado en las planillas como SP, es decir, "Señor Presidente"). Ferrari, Ritondo y Conte Grand mantuvieron una audiencia con Vidal (referenciada en las planillas con las iniciales de su nombre: MEV). Vidal estaba con Macri. Los cuatro visitantes se fueron en el mismo horario.
 
El encuentro evidencia el vínculo estrecho de Conte Grand, que es funcionario judicial, con el macrismo, tanto a nivel provincial como nacional. También que lejos de toda independencia los funcionarios judiciales de confianza del macrismo pasaban por la Quinta, como lo evidencia el caso de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reveló El Destape.
 
Aquel 14 de agosto de 2019, tras la dura derrota electoral en las primarias que era casi imposible de revertir, el macrismo comenzaba a ordenar su retirada de la Casa Rosada y de la gobernación bonaerense. El procurador era el único de los presentes que no debía, en los papeles, dejar su cargo. Su partida o permanencia era una decisión política. Según la ley, tampoco debe tener el estrecho vínculo que tiene con el macrismo.
 
Dos semanas después de aquel cónclave en Olivos, Conte Grand reafirmó que no abandonaría la procuración. Por ejemplo, el 3 de septiembre de 2019 dijo en una entrevista con A24 que en el 2020 iba a "continuar trabajando desde la Procuración General de la provincia de Buenos Aires para la recomposición institucional".
 
 
Conte Grand en la Casa Rosada
  
Además de su ingreso a la Quinta de Olivos, según pudo reconstruir El Destape, el procurador bonaerense también cuenta con 5 ingresos a la Casa Rosada durante el gobierno de Macri. Sus visitas fueron las siguientes:
 
Su primer ingreso a Casa de Gobierno fue un mes y medio antes de ser designado procurador bonaerense. Entró el 9 de noviembre de 2016.
 
Se dirigió al despacho de Peña. Según los registros de ingresos a la Casa Rosada, a los que este medio también accedió por un pedido de Acceso a la Información Pública, Conte Grand ingresó a 16.21 y se retiró a las 18.34. Sería designado procurador bonaerense el 28 de diciembre de 2016.
 
Su segundo ingreso ocurrió el 28 de agosto de 2017.
 
Se dirigió al despacho de quien fuera vicejefe de gabinete, Gustavo Lopetegui. El procurador ingresó a las 17.43. Se fue a las 19.05. Todo indica que fue parte de una reunión más amplia de la que participaron:
 
- El director y la subdirectora de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani;
 
- La entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, y su secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco;
 
- El entonces ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad, Martín Ocampo, y el secretario de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D'Alessandro;
 
- Y quien era el ministro de Seguridad de la Provincia, Cristian Ritondo.
 
Según los registros, todos ellos también fueron al despacho de Lopetegui y se retiraron exactamente a la misma hora que Conte Grand: a las 19.05. Habían ingresado entre 15 minutos y media hora después que él.
 
Entonces estaba en agenda el caso Santiago Maldonado, quien permanecía desaparecido, y avanzaba la operación contra el gremialista de la UOCRA Juan Pablo "Pata" Medina, tal como se desprende del caso Gestapo antisindical. No obstante, dado el perfil de Seguridad que tenía la reunión, Conte Grand podría brindar una explicación sobre su rol allí si se trató de un encuentro institucional, ya que bajo su órbita en la procuración bonaerense está la secretaría de política criminal. La pregunta, siguiendo esa línea, es por qué no estaba, por ejemplo, la titular de la Procuración General de la Nación que en aquel entonces era Alejandra Gils Carbó.
 
El 23 de enero de 2018 Conte Grand vuelve a la Casa Rosada.
 
Mantiene una reunión con el ministro de Interior Rogelio Frigerio, que hizo de anfitrión. A diferencia de las anteriores reuniones estuvo el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, entre otros miembros del Ministerio Público Fiscal. El encuentro se difundió en una gacetilla oficial: "Importante avance para combatir el crimen organizado transnacional", se informó desde el Ministerio Público bonaerense. Aquel día se suscribió un Convenio Marco de Colaboración.
 
El 7 de febrero de 2018 se concreta el cuarto ingreso de Conte Grand a la Casa Rosada.
 
Este encuentro también se difundió vía gacetilla de prensa donde se informó de una "Colaboración con la Justicia para prevenir delitos transnacionales". En sintonía con el encuentro previo también participaron diversos procuradores como el de La Pampa, el de Salta, el fiscal General de Santiago del Estero, el de Santa Fe y el de Santa Cruz.
 
La última entrada de Conte Grand a la Casa de Gobierno fue el 1 de octubre de 2018. Ingresó a las 13.30 y se retiró 19.57.
 
No se precisó su destino. Once días después, el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, vinculado al procurador bonaerense, pediría la detención de Pablo Moyano en el "caso Independiente" por asociación ilícita. En aquel momento, Moyano fue claro sobre quien creía que orquestaba la causa en su contra: "Conte Grand usó al payaso de Scalera para ordenar mi detención", sostuvo el gremialista.
 
Conte Grand es un dirigente de Cambiemos que fue designado el 28 de diciembre de 2016 como jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires. Lo nombró Vidal tras la aprobación de su pliego en el Senado bonaerense. Su vínculo con el macrismo es explícito. En 2016, antes de pasar a la Procuración, era el Secretario de Legal y Técnica de Vidal. Es decir, funcionario del Ejecutivo, de estrecha relación con la gobernadora. Previamente, entre 2012 y 2015, fue Procurador General de la Ciudad, cargo equivalente al del Procurador General del Tesoro a nivel nacional. Su vínculo con Macri se mantiene hasta hoy: el 9 de diciembre pasado, el periodista Pablo Duggan difundió una fotografía en que se ve al Procurador almorzando junto al expresidente en el restaurant Kansas.
 
En esa causa se investiga una reunión del 15 de junio de 2017 entre funcionarios bonaerenses, empresarios y espías de la AFI en la sede porteña del Banco Provincia, donde se coordinó el armado de causas contra gremialistas. El encuentro fue grabado. La filmación fue hallada por la intervención del organismo de inteligencia, que lo presentó en la Justicia federal de La Plata.
 
En el video se revelan los engranajes del armado de causas y aparecen menciones al procurador bonaerense. "El esquema es el siguiente: nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial", explicó quien era el ministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, a los empresarios de la construcción presentes en el encuentro. "Se impulsa con los testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos", añadió. E hizo referencia también a una serie de presentaciones que tenían que hacer los empresarios en la Justicia. En pos de convencer a sus interlocutores, el entonces funcionario bonaerense afirmó: "Con eso, se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal con todo soporte de la Procuración General tiene que instar medidas para generar más volumen y el juez aprobar esas medidas". Todo indica que al decir "con todo soporte de la Procuración General" se refiere a Conte Grand. Luego, por si quedaban dudas, Villegas aseguró: "Hemos chequeado con la Procuración, Fiscalía, con el juez que eso va a funcionar. Fue el primer paso hace unas cuantas semanas atrás".
 
Vidal, Villegas, los exagentes de la AFI y todos los presentes en la reunión del Banco Provincia fueron imputados en la causa. En total, el caso cuenta con 16 imputados. Por el momento, Conte Grand no está involucrado en el proceso judicial.
 
Pero a estas referencias sobre Conte Grand se suman los audios del subcomisario Hernán Casassa, que participó de operativos en causas contra distintos dirigentes del kirchnerismo durante la gestión macrista. En los audios, que fueron difundidos por Página 12, se lo escucha decir a Casassa que existió una "Mesa Judicial que tenían (Federico) Salvai (exjefe de gabinete bonaerense), Vidal, Conte Grand, que era una locura que este ahí, y Ritondo". Por cierto, Salvai también tenía un teléfono encriptado de la AFI.
 
A raíz de esas grabaciones, el policía bonaerense fue convocado por la Comisión Bicameral de control de los Organismos de Inteligencia, que inició una investigación parlamentaria a raíz del caso Gestapo. Allí, Casassa ratificó que esos audios eran suyos y los había enviado en 2018 a colegas.
 
Por estos hechos, la comisión bicameral que encabeza el diputado Leopoldo Moreau también convocó a Conte Grand. Quiere escuchar qué tiene para decir sobre el caso. El procurador bonaerense estaba citado para el 18 de enero pero en la víspera de su presentación pidió declarar por escrito. La comisión rechazó su planteo, consideró que si no concurre obstaculizará "una investigación en curso en cabeza de una comisión bicameral permanente del Congreso de la Nación" y volvió a convocarlo para el 27 de enero.
 
A la par, a comienzos de enero se promovió el pedido de juicio político contra el procurador bonaerense. Entre otras cosas, en el pedido se señala que desde su llegada a la procuración "el Ministerio Público se puso al servicio de una verdadera persecución judicial contra los enemigos políticos y gremiales de la fuerza política que entonces gobernaba la Nación y la Provincia de Buenos Aires". Se menciona su estrecho vínculo a Cambiemos, el caso Gestapo pero también la "persecución judicial" que se montó desde "estructuras del Ministerio Público del Departamento Judicial de Lomas de Zamora". La referencia es a Scalera.
 
 
Otros ingresos a la Rosada
 
Tal como publicó El Destape, diversos integrantes del caso Gestapo antisindical visitaron la Casa Rosada. Los ingresos coinciden con movimientos importantes en causas de persecución contra gremialistas. Por ejemplo:
 
El ministro de Vidal, Marcelo Villegas, ingresa el 4 de mayo de 2017 y se reúne con Macri y el jefe de la AFI Gustavo Arribas. Fue un mes antes de la reunión de la Gestapo en el Banco Provincia, de la que participaron el ministro bonaerenses y tres directivos de la exSIDE, entre otros.
 
Tal como reveló este medio, Villegas vuelve a ver Macri en la Casa Rosada el 24 de agosto de 2017. Ese mismo día y a la misma hora Vidal se reúne con Peña en Casa de Gobierno. Al día siguiente, el ministro de Trabajo bonaerense presentó en la Justicia todas las notas que se le habían pedido a los empresarios que participaron con él en la reunión que se realizó en la sede porteña del Banco Provincia para avanzar contra el gremialista "Pata" Medina.
 
El 26 de febrero de 2018, como publicó El Destape, Villegas se volvió a reunir en Casa Rosada con el jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña. Casi diez minutos después ingresó al mismo destino el jefe de los espías, Arribas. Dos días después de ese encuentro en Balcarce 50, Hugo y Pablo Moyano fueron imputados por lavado de dinero en la justicia federal de Quilmes, la misma jurisdicción donde se había avanzado contra el Pata Medina. Se trata de otra de las causas que se usó para presionar a los líderes de Camioneros. A la luz de los hechos que surgen del caso Gestapo antisindical, donde Villegas está imputado junto a jerarcas de la exSIDE macrista, la reunión en la Rosada adquiere una particular relevancia.
 
El 14 y el 21 de agosto de 2018, como publicó este medio, quien ingresa a la Casa Rosada fue otro de los participantes de la reunión de la Gestapo antisindical: el exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI, Juan Sebastián De Stéfano. En ambas ocasiones fue hacia el despacho de Pablo Clusellas. El 31 de agosto, diez días después de su último ingreso a Casa de Gobierno, De Stéfano "visitó" al juez Luis Carzoglio para presionarlo y pedirle que detenga a Pablo Moyano. Lo contó el magistrado en primera persona. En las mismas fechas, entre el 8 y el 24 de agosto, la AFI "cableó" la alcaidía de Melchor Romero, donde un exagente de la AFI dijo que esperaban ubicar a Moyano.
 
En el caso del apriete al juez Carzoglio cumplió un rol fundamental el mentado fiscal Scalera, que respondía a Conte Grand. Fue quien insistió con la detención de Pablo Moyano.
 
Fuentes: El Destape y La Arena
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
La Opinión Popular
 
 

16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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