07:32 | Lunes 05 de Enero de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 20-01-2022 / 08:01

DISCRIMINACIÓN Y CLASISMO ELITISTA ESTÁN EN EL ADN DEL PRO

Soledad Acuña dijo que es tarde para buscar a los niños que abandonaron la escuela porque ya cayeron en el narcotráfico

La frase no sorprende si se toma de quien viene. No es ninguna novedad el ataque y la estigmatización permanente del Gobierno macrista y de sus aliados hacia la educación pública. Las declaraciones de la ministra muestran el clasismo elitista sin filtro del PRO. La ministra sentencia como si no hubiera nada que hacer para intentar la revinculación educativa de aquellos que dejaron la escuela.

"Después de dos años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos, esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar", había dicho la macrista Soledad Acuña. La polémica frase se desprendió de un análisis sobre las situaciones particulares de cada chico que deserta. Las declaraciones de Acuña muestran el clasismo elitista sin filtro del PRO, el Partido de los Ricos.

La frase no sorprende si se toma de quien viene. No es ninguna novedad el ataque y la estigmatización permanente del Gobierno macrista y de sus aliados hacia la educación pública. La ministra sentencia como si no hubiera nada que hacer para intentar la revinculación educativa de aquellos que dejaron la escuela. Una frase que no sólo está cargada de desprecio si no que implica todo un reconocimiento de la política del macrismo en la educación, y del "trabajo" de su fracasado ministerio.

Sus dichos discriminatorios y reaccionarios despertaron un masivo repudio de la comunidad educativa y de un amplio arco político. Desde el Frente de Todos salieron al cruce y repudiaron sus declaraciones, a las cuales calificaron como "clasistas y discriminatorias". Los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un comunicado en forma de repudio a los dichos de la funcionaria, los cuales señalaron "están cargados de prejuicios hacia un sector de la población" y reproducen "estigmas que pesan sobre las juventudes que habitan en los barrios populares".

"Es inadmisible que quien está a cargo de la cartera encargada de formular acciones tendientes a revincular a los estudiantes fuera del sistema educativo, considere que 'ya es tarde' para buscarlos", agregaron, al mismo tiempo que dijeron que la ministra "desconoce su obligación" y sus palabras son un "reflejo de la falta de prioridad que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta otorga a la educación pública".

"Refleja que el macrismo desprecia a la educación pública", consideró el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. Luego, añadió: "Se muestran tal cual son, desprecian a los sectores populares. No es tarde para ir a buscar a los chicos". "Se llenan la boca hablando de educación solamente en clave de marketing político-electoral, pero hacen todo lo contrario cuando son parte de la gestión", sostuvo.

Por su parte, la titular del gremio docente UTE-Ctera, Angélica Graciano, manifestó que la funcionaria del gabinete de la Ciudad "muestra realmente una discriminación de clase muy complicada". "Es inexplicable que salga a hablar como si no tuviera nada que ver en la conducción del ministerio", lanzó, al mismo tiempo que la acusó de no tener "políticas educativas proactivas", como la distribución de computadoras.

En tanto, el diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, también cruzó a la ministra y expresó que "Larreta tiene buenos ministros pero no es el caso" de la cartera de Educación. "¡De lo peor que se puede tener en un área tan medular! Si así piensa imagínate como gestiona", agregó. Además, el secretario de CTERA y Adjunto de UTE, Eduardo López, afirmó que "cada palabra de Acuña ofende pero no sorprende" y recalcó que lo que "siempre se abraza de la Educación es que nunca es tarde para los chicos".

La Opinión Popular

LOS INSÓLITOS ARGUMENTOS DE SUS PRINCIPALES DIRIGENTES

Recorrido histórico de los ataques de Juntos por el Cambio contra la educación pública

El ataque a la educación pública ya es una constante para el macrismo. Aunque sus funcionarios se presenten como grandes defensores de la educación, estrategia de marketing que explotan especialmente en épocas electorales, la colección de prejuicios que desde hace años afloran en sus discursos sobre este derecho ha adquirido dimensiones inéditas.

Este martes, quien sumó una pieza a la colección fue la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien planteó que "después de dos años es muy tarde para salir a buscar a los chicos" que abandonaron la escuela durante la pandemia de coronavirus porque, a su entender, "seguramente ya estén perdidos en un pasillo de una villa o cayeron en actividades del narcotráfico".

Sus expresiones provocaron el repudio de varios gremios docentes, entre ellos UTE-Ctera, Ademys y Suteba, que consideraron que las declaraciones de la funcionaria macrista "se enmarcan en una concepción clasista y discriminatoria que es parte del ADN del PRO".

"Se llenan la boca hablando de educación solamente en clave de marketing político-electoral, pero hacen todo lo contrario cuando son parte de la gestión", planteó Roberto Baradel, secretario general de Suteba, una mirada que compartieron la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, y la secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, quienes recordaron que la cartera de Educación que conduce Acuña "no ha tenido políticas proactivas para que los jóvenes estén en las escuelas".

Acuña y su concepción sobre la docencia

No es la primera vez que Acuña despliega sus prejuicios al reflexionar sobre la educación. En noviembre de 2020, en un Zoom con el diputado nacional Fernando Iglesias, la funcionaria porteña sostuvo que muchas personas, "cada vez más grandes", que provienen de sectores "socioeconómicos bajos", eligen la carrera docente "como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras".

"Si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente", expresó la funcionaria en aquella oportunidad.

En otro tramo de la conversación con Iglesias, consideró que "la raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas está en la formación docente". En ese marco, pidió a las familias "que hagan las denuncias" de los casos de "bajada de línea en el aula para poder intervenir y trabajar con la conducción y los docentes".

Tras sus declaraciones, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).

El entonces ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en tanto, consideró que las expresiones de Acuña fueron "sumamente injustas e incoherentes", una opinión que no compartió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que "Acuña expresó un sentimiento generalizado en la comunidad educativa".

"Venimos trabajando con docentes, alumnos y padres para que las escuelas no impongan lo que se debe pensar. La educación es lo contrario al adoctrinamiento. Apoyo a la ministra. ¡Con los chicos no!", publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.

A finales de febrero de 2021, de cara al inicio del ciclo lectivo y en medio del conflicto sobre la vuelta a la presencialidad en las aulas por el aumento de casos de covid-19, la ministra de Educación porteña volvió a la carga contra los docentes. "Si en hospitales de niños donde hay contacto directo los médicos no se han contagiado, ¿por qué los docentes se contagiarían?", preguntó Acuña, planteo que fue desmentido por varios profesionales de la salud.

Sus dichos tuvieron lugar sólo diez días después de la muerte por coronavirus del médico Carlos Legarreta, el jefe de traumatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

"Realmente llaman la atención las declaraciones infundadas de la ministra de Educación cuando hace una semana y media o dos falleció un médico muy prestigioso especialista en columna del Hospital de Niños Gutiérrez", afirmó Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE en el Hospital Rivadavia y coordinador de la Mesa Nacional de ATE Salud.

Mauricio Macri y la "inequidad" que supone "caer en la escuela pública"

En marzo de 2017, mientras los trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país peregrinaban a Buenos Aires convocados por la Marcha Federal Docente, el entonces presidente Mauricio Macri ofreció una conferencia de prensa junto a su ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la que sinceró su concepción sobre la educación libre y gratuita al marcar "la terrible inequidad" que existe entre "aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública".

La frase, que condensa de forma muy concreta el pensamiento macrista sobre la educación pública, despertó fuertes críticas entre los gremios docentes.

"Es la primera vez que escuchamos a un presidente establecer de esta manera esta diferenciación. Es una desvalorización de la escuela pública y también de los trabajos y los proyectos que estamos desarrollando", opinó Silvia Almazán, del Suteba, en diálogo con Página/12.

María Eugenia Vidal: "Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad"

Un año después, a finales de mayo de 2018, la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntaba si es justo "llenar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".

En ese momento, rectores, docentes y estudiantes universitarios cuestionaron los dichos de Vidal, que quedaron desmentidos por las propios datos del sistema universitario: en el conurbano bonaerense, las universidades cuentan con porcentajes de estudiantes que son la primera generación de universitarios en sus familias muy superiores al promedio del resto país. Es decir, esas universidades están ampliando el acceso social a los estudios superiores.

"La afirmación de Vidal sólo responde al prejuicio de un gobierno para ricos", respondió el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, actual ministro de Educación nacional.

"La primera condición para que alguien, de cualquier sector social, llegue a la universidad, es que ésta exista. Desde 2003 han venido mejorando el acceso y la graduación de los estudiantes de los dos quintiles más pobres", precisó en ese momento.

Dentro de la comunidad académica, las declaraciones de Vidal trajeron a la memoria una idea que Macri expresó durante un congreso de la UBA previo a su mandato como Presidente: "¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Basta de esta locura", exhortó el líder del PRO.

Finocchiaro contra los gremios

Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación entre 2017 y 2019, acumuló durante su gestión fuertes críticas hacia los gremios docentes, a quienes llegó a calificar en 2017 de "reaccionarios y conservadores".

En 2020, en medio del conflicto por la vuelta a la presencialidad en el marco de la pandemia de coronavirus, el exfuncionario calificó a los docentes de Ctera como "les vagues que no quieren que vuelvan las clases".

La Confederación de Trabajadores de la Educación repudió los dichos del exministro del macrismo, quien, opinaron los sindicalistas, "está en el ostracismo por sus sucesivos fracasos de gestión y sus estrepitosas derrotas electorales".

"Es indignante y humillante para toda la docencia que un personaje de esta talla nos trate de 'vagos' a quienes siempre hemos puesto el cuerpo para garantizar el derecho a la educación y que, incluso, lo haga de manera despectiva ('vagues') ironizando sobre uno de los modos del lenguaje que como sociedad hemos sabido construir para avanzar hacia un mundo más igualitario y respetuoso de las diversidades", advirtió el gremio.

Larreta y el recorte millonario en educación

La concepción de la educación que tiene el macrismo se expresa con claridad en las políticas que lleva adelante el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: en su gestión, los gremios docentes debieron atravesar varios conflictos --algunos con mejores finales que otros-- en defensa de los derechos de estudiantes y trabajadores, entre ellos la creación de la Unicaba, el intento de cierre de las comerciales nocturnas y el reciente anuncio sobre pasantías para estudiantes secundarios.

Además, por mucho que Larreta haya repetido durante la pandemia de coronavirus que "la escuela es lo último que se cierra", dando a entender con ello que la educación es un elemento clave para su gobierno, lo cierto es que su gestión viene desplegando un recorte millonario en materia educativa.

Fuente: Página12

04-01-2026 / 17:01

Trump consuma otro ciclo imperialista con la fuerza como único argumento

La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.

Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.

Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".

El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.

Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.

Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.

El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.

"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.

No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.

02-01-2026 / 10:01

SIDE: la nueva Gestapo de Milei para encarcelar políticos, gremialistas y periodistas opositores

El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.

Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".

Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.

La Opinión Popular

01-01-2026 / 21:01

El objetivo del Loco Milei: La latinoamericación argentina con la destrucción de la clase media

Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).

De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.

Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.

Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.

Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.

Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.

El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.

Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.

Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).

Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.