agregaron, al mismo tiempo que dijeron que la ministra "desconoce su obligación" y sus palabras son un "reflejo de la falta de prioridad que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta otorga a la educación pública".
 
"Refleja que el macrismo desprecia a la educación pública", consideró el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. Luego, añadió: "Se muestran tal cual son, desprecian a los sectores populares. No es tarde para ir a buscar a los chicos". "Se llenan la boca hablando de educación solamente en clave de marketing político-electoral, pero hacen todo lo contrario cuando son parte de la gestión", sostuvo.
 
Por su parte, la titular del gremio docente UTE-Ctera, Angélica Graciano, manifestó que la funcionaria del gabinete de la Ciudad "muestra realmente una discriminación de clase muy complicada". "Es inexplicable que salga a hablar como si no tuviera nada que ver en la conducción del ministerio", lanzó, al mismo tiempo que la acusó de no tener "políticas educativas proactivas", como la distribución de computadoras.
 
En tanto, el diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, también cruzó a la ministra y expresó que "Larreta tiene buenos ministros pero no es el caso" de la cartera de Educación. "¡De lo peor que se puede tener en un área tan medular! Si así piensa imagínate como gestiona", agregó. Además, el secretario de CTERA y Adjunto de UTE, Eduardo López, afirmó que "cada palabra de Acuña ofende pero no sorprende" y recalcó que lo que "siempre se abraza de la Educación es que nunca es tarde para los chicos".
 
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'/> Soledad Acuña dijo que es tarde para buscar a los niños que abandonaron la escuela porque ya cayeron en el narcotráfico / La Opinión Popular
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Nacionales - 20-01-2022 / 08:01
DISCRIMINACIÓN Y CLASISMO ELITISTA ESTÁN EN EL ADN DEL PRO

Soledad Acuña dijo que es tarde para buscar a los niños que abandonaron la escuela porque ya cayeron en el narcotráfico

Soledad Acuña dijo que es tarde para buscar a los niños que abandonaron la escuela porque ya cayeron en el narcotráfico
La frase no sorprende si se toma de quien viene. No es ninguna novedad el ataque y la estigmatización permanente del Gobierno macrista y de sus aliados hacia la educación pública. Las declaraciones de la ministra muestran el clasismo elitista sin filtro del PRO. La ministra sentencia como si no hubiera nada que hacer para intentar la revinculación educativa de aquellos que dejaron la escuela.
"Después de dos años, es muy tarde para salir a buscar a los chicos, esos chicos seguramente ya están perdidos en un pasillo de una villa, ya cayeron en la actividad del narcotráfico o tuvieron que ponerse a trabajar", había dicho la macrista Soledad Acuña. La polémica frase se desprendió de un análisis sobre las situaciones particulares de cada chico que deserta. Las declaraciones de Acuña muestran el clasismo elitista sin filtro del PRO, el Partido de los Ricos.

La frase no sorprende si se toma de quien viene. No es ninguna novedad el ataque y la estigmatización permanente del Gobierno macrista y de sus aliados hacia la educación pública. La ministra sentencia como si no hubiera nada que hacer para intentar la revinculación educativa de aquellos que dejaron la escuela. Una frase que no sólo está cargada de desprecio si no que implica todo un reconocimiento de la política del macrismo en la educación, y del "trabajo" de su fracasado ministerio.

Sus dichos discriminatorios y reaccionarios despertaron un masivo repudio de la comunidad educativa y de un amplio arco político. Desde el Frente de Todos salieron al cruce y repudiaron sus declaraciones, a las cuales calificaron como "clasistas y discriminatorias". Los legisladores porteños del Frente de Todos presentaron un comunicado en forma de repudio a los dichos de la funcionaria, los cuales señalaron "están cargados de prejuicios hacia un sector de la población" y reproducen "estigmas que pesan sobre las juventudes que habitan en los barrios populares".
 
"Es inadmisible que quien está a cargo de la cartera encargada de formular acciones tendientes a revincular a los estudiantes fuera del sistema educativo, considere que 'ya es tarde' para buscarlos", agregaron, al mismo tiempo que dijeron que la ministra "desconoce su obligación" y sus palabras son un "reflejo de la falta de prioridad que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta otorga a la educación pública".
 
"Refleja que el macrismo desprecia a la educación pública", consideró el secretario general de Suteba, Roberto Baradel. Luego, añadió: "Se muestran tal cual son, desprecian a los sectores populares. No es tarde para ir a buscar a los chicos". "Se llenan la boca hablando de educación solamente en clave de marketing político-electoral, pero hacen todo lo contrario cuando son parte de la gestión", sostuvo.
 
Por su parte, la titular del gremio docente UTE-Ctera, Angélica Graciano, manifestó que la funcionaria del gabinete de la Ciudad "muestra realmente una discriminación de clase muy complicada". "Es inexplicable que salga a hablar como si no tuviera nada que ver en la conducción del ministerio", lanzó, al mismo tiempo que la acusó de no tener "políticas educativas proactivas", como la distribución de computadoras.
 
En tanto, el diputado nacional del Frente de Todos, Leandro Santoro, también cruzó a la ministra y expresó que "Larreta tiene buenos ministros pero no es el caso" de la cartera de Educación. "¡De lo peor que se puede tener en un área tan medular! Si así piensa imagínate como gestiona", agregó. Además, el secretario de CTERA y Adjunto de UTE, Eduardo López, afirmó que "cada palabra de Acuña ofende pero no sorprende" y recalcó que lo que "siempre se abraza de la Educación es que nunca es tarde para los chicos".
 
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LOS INSÓLITOS ARGUMENTOS DE SUS PRINCIPALES DIRIGENTES
 
Recorrido histórico de los ataques de Juntos por el Cambio contra la educación pública
 
El ataque a la educación pública ya es una constante para el macrismo. Aunque sus funcionarios se presenten como grandes defensores de la educación, estrategia de marketing que explotan especialmente en épocas electorales, la colección de prejuicios que desde hace años afloran en sus discursos sobre este derecho ha adquirido dimensiones inéditas.
 
Este martes, quien sumó una pieza a la colección fue la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, quien planteó que "después de dos años es muy tarde para salir a buscar a los chicos" que abandonaron la escuela durante la pandemia de coronavirus porque, a su entender, "seguramente ya estén perdidos en un pasillo de una villa o cayeron en actividades del narcotráfico".
 
Sus expresiones provocaron el repudio de varios gremios docentes, entre ellos UTE-Ctera, Ademys y Suteba, que consideraron que las declaraciones de la funcionaria macrista "se enmarcan en una concepción clasista y discriminatoria que es parte del ADN del PRO".
 
"Se llenan la boca hablando de educación solamente en clave de marketing político-electoral, pero hacen todo lo contrario cuando son parte de la gestión", planteó Roberto Baradel, secretario general de Suteba, una mirada que compartieron la secretaria general de UTE-Ctera, Angélica Graciano, y la secretaria gremial de Ademys, Amanda Martín, quienes recordaron que la cartera de Educación que conduce Acuña "no ha tenido políticas proactivas para que los jóvenes estén en las escuelas".
 
 
Acuña y su concepción sobre la docencia
  
No es la primera vez que Acuña despliega sus prejuicios al reflexionar sobre la educación. En noviembre de 2020, en un Zoom con el diputado nacional Fernando Iglesias, la funcionaria porteña sostuvo que muchas personas, "cada vez más grandes", que provienen de sectores "socioeconómicos bajos", eligen la carrera docente "como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras".
 
"Si uno mira por nivel socioeconómico, que no debiera ser un determinante, pero si uno mira en términos de capital cultural y de experiencias enriquecedoras al momento de aportar para el aula, la verdad que son de los sectores cada vez más bajos socioeconómicos los que eligen estudiar la carrera docente", expresó la funcionaria en aquella oportunidad.
 
En otro tramo de la conversación con Iglesias, consideró que "la raíz de lo sobreideologizado y de la militancia política en las aulas está en la formación docente". En ese marco, pidió a las familias "que hagan las denuncias" de los casos de "bajada de línea en el aula para poder intervenir y trabajar con la conducción y los docentes".
 
Tras sus declaraciones, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI).
 
El entonces ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en tanto, consideró que las expresiones de Acuña fueron "sumamente injustas e incoherentes", una opinión que no compartió la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien sostuvo que "Acuña expresó un sentimiento generalizado en la comunidad educativa".
 
"Venimos trabajando con docentes, alumnos y padres para que las escuelas no impongan lo que se debe pensar. La educación es lo contrario al adoctrinamiento. Apoyo a la ministra. ¡Con los chicos no!", publicó Bullrich en su cuenta de Twitter.
 
A finales de febrero de 2021, de cara al inicio del ciclo lectivo y en medio del conflicto sobre la vuelta a la presencialidad en las aulas por el aumento de casos de covid-19, la ministra de Educación porteña volvió a la carga contra los docentes. "Si en hospitales de niños donde hay contacto directo los médicos no se han contagiado, ¿por qué los docentes se contagiarían?", preguntó Acuña, planteo que fue desmentido por varios profesionales de la salud.
 
Sus dichos tuvieron lugar sólo diez días después de la muerte por coronavirus del médico Carlos Legarreta, el jefe de traumatología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
 
"Realmente llaman la atención las declaraciones infundadas de la ministra de Educación cuando hace una semana y media o dos falleció un médico muy prestigioso especialista en columna del Hospital de Niños Gutiérrez", afirmó Rodolfo Arrechea, secretario general de ATE en el Hospital Rivadavia y coordinador de la Mesa Nacional de ATE Salud.
 
 
Mauricio Macri y la "inequidad" que supone "caer en la escuela pública"
  
En marzo de 2017, mientras los trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país peregrinaban a Buenos Aires convocados por la Marcha Federal Docente, el entonces presidente Mauricio Macri ofreció una conferencia de prensa junto a su ministro de Educación, Esteban Bullrich, en la que sinceró su concepción sobre la educación libre y gratuita al marcar "la terrible inequidad" que existe entre "aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública".
 
La frase, que condensa de forma muy concreta el pensamiento macrista sobre la educación pública, despertó fuertes críticas entre los gremios docentes. 
 
"Es la primera vez que escuchamos a un presidente establecer de esta manera esta diferenciación. Es una desvalorización de la escuela pública y también de los trabajos y los proyectos que estamos desarrollando", opinó Silvia Almazán, del Suteba, en diálogo con Página/12.
 
 
María Eugenia Vidal: "Nadie que nace en la pobreza llega a la universidad"
  
Un año después, a finales de mayo de 2018, la entonces gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, se preguntaba si es justo "llenar la provincia de universidades públicas, cuando todos sabemos que nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".
 
En ese momento, rectores, docentes y estudiantes universitarios cuestionaron los dichos de Vidal, que quedaron desmentidos por las propios datos del sistema universitario: en el conurbano bonaerense, las universidades cuentan con porcentajes de estudiantes que son la primera generación de universitarios en sus familias muy superiores al promedio del resto país. Es decir, esas universidades están ampliando el acceso social a los estudios superiores.
 
"La afirmación de Vidal sólo responde al prejuicio de un gobierno para ricos", respondió el rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk, actual ministro de Educación nacional.
 
"La primera condición para que alguien, de cualquier sector social, llegue a la universidad, es que ésta exista. Desde 2003 han venido mejorando el acceso y la graduación de los estudiantes de los dos quintiles más pobres", precisó en ese momento.
 
Dentro de la comunidad académica, las declaraciones de Vidal trajeron a la memoria una idea que Macri expresó durante un congreso de la UBA previo a su mandato como Presidente: "¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, muchos más cargos para nombrar. Basta de esta locura", exhortó el líder del PRO.
 
 
Finocchiaro contra los gremios
  
Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación entre 2017 y 2019, acumuló durante su gestión fuertes críticas hacia los gremios docentes, a quienes llegó a calificar en 2017 de "reaccionarios y conservadores".
 
En 2020, en medio del conflicto por la vuelta a la presencialidad en el marco de la pandemia de coronavirus, el exfuncionario calificó a los docentes de Ctera como "les vagues que no quieren que vuelvan las clases".
 
La Confederación de Trabajadores de la Educación repudió los dichos del exministro del macrismo, quien, opinaron los sindicalistas, "está en el ostracismo por sus sucesivos fracasos de gestión y sus estrepitosas derrotas electorales".
 
"Es indignante y humillante para toda la docencia que un personaje de esta talla nos trate de 'vagos' a quienes siempre hemos puesto el cuerpo para garantizar el derecho a la educación y que, incluso, lo haga de manera despectiva ('vagues') ironizando sobre uno de los modos del lenguaje que como sociedad hemos sabido construir para avanzar hacia un mundo más igualitario y respetuoso de las diversidades", advirtió el gremio.
 
 
Larreta y el recorte millonario en educación
 
La concepción de la educación que tiene el macrismo se expresa con claridad en las políticas que lleva adelante el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: en su gestión, los gremios docentes debieron atravesar varios conflictos --algunos con mejores finales que otros-- en defensa de los derechos de estudiantes y trabajadores, entre ellos la creación de la Unicaba, el intento de cierre de las comerciales nocturnas y el reciente anuncio sobre pasantías para estudiantes secundarios.
 
Además, por mucho que Larreta haya repetido durante la pandemia de coronavirus que "la escuela es lo último que se cierra", dando a entender con ello que la educación es un elemento clave para su gobierno, lo cierto es que su gestión viene desplegando un recorte millonario en materia educativa.
 
Fuente: Página12
 

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07-02-2026 / 19:02
Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.
 
El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.
 
Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".
 
Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.
 
El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.
 
El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.
 
La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.
 
Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."
 

07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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