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Nacionales - 17-01-2022 / 09:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL
Con los gremios a bordo, la marcha contra la justicia injusta cobra vuelo
En esta ocasión, la temporada 2022 nos ofrece algo nunca antes visto: una marcha el 1 de febrero. La cita es frente al Palacio de Tribunales, aunque los cuatro supremos que tienen despacho en el cuarto piso de ese edificio no son los únicos destinatarios del reclamo, cuyos ecos van a resonar hasta la Casa Rosada.
Los veranos en Argentina dejaron de ser ese momento del año en el que la política bajaba su intensidad hace por lo menos doce años, cuando Martín Redrado decidió atrincherarse en su oficina del Banco Central, pero cada nuevo calendario viene con una novedad. En esta ocasión, la temporada 2022 nos ofrece algo nunca antes visto: una marcha el 1 de febrero.
La cita es frente al Palacio de Tribunales, aunque los cuatro supremos que tienen despacho en el cuarto piso de ese edificio no son los únicos destinatarios del reclamo, cuyos ecos van a resonar hasta la Casa Rosada.
Aunque los medios opositores señalan al gobierno nacional como la usina de este reclamo, que va en línea con las manifestaciones recientes de varios funcionarios, empezando por el presidente Alberto Fernández, será una marcha que lo excede largamente y que, de alguna manera, es el reconocimiento y la consecuencia del fracaso de la estrategia que se implementó los últimos dos años.
La autodepuración del Poder Judicial que esperaba Fernández nunca llegó; por el contrario, en las últimas semanas los tribunales acentuaron su corporativismo con fallos inéditos y peligrosos.
Un ejemplo fue la reciente decisión del camarista Pablo Bertuzzi, puesto a dedo en ese cargo por Mauricio Macri, de dar curso a una presentación del querellante Carlos Stornelli, fiscal de la causa cuadernos y exjefe de Seguridad de Boca cuando Macri era presidente del club, para que la causa D'Alessio, en la que el propio Stornelli figura como imputado, recaiga en el juzgado de Julián Ercolini, el juez que continuó el trabajo de Claudio Bonadio en las causas armadas contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Se trata de contorsiones excesivas incluso para los apologistas más creativos.
La defensa corporativa del procurador bonaerense Julio Conte Grand también marcó un nuevo hito en esta sucesión de eventos inexplicables. La publicación del video donde funcionarios, empresarios y agentes de la AFI organizan un grupo de tareas judicial para perseguir al sindicalismo que no cooperaba con ellos dejó comprometido al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y obligó al movimiento obrero a ponerse en guardia.
La afluencia de columnas sindicales es lo que puede garantizar que una marcha convocada un 1 de febrero tenga la masividad necesaria para impulsar algún cambio.
El caso que encendió las luces rojas, sin embargo, fue la decisión de la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura, el órgano que pone y saca jueces. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, firmó un fallo que da un plazo incumplible para sancionar una nueva carta orgánica y estipuló, contra toda jurisprudencia, que si no llega a aprobarse a tiempo entrará en vigencia la anterior, derogada oportunamente por el Poder Legislativo.
Esa norma estipula que el Consejo será presidido por el titular de la Corte, es decir, el propio Rosatti. Un pequeño golpe institucional en miniatura.
La cita es frente al Palacio de Tribunales, aunque los cuatro supremos que tienen despacho en el cuarto piso de ese edificio no son los únicos destinatarios del reclamo, cuyos ecos van a resonar hasta la Casa Rosada.
Aunque los medios opositores señalan al gobierno nacional como la usina de este reclamo, que va en línea con las manifestaciones recientes de varios funcionarios, empezando por el presidente Alberto Fernández, será una marcha que lo excede largamente y que, de alguna manera, es el reconocimiento y la consecuencia del fracaso de la estrategia que se implementó los últimos dos años.
La autodepuración del Poder Judicial que esperaba Fernández nunca llegó; por el contrario, en las últimas semanas los tribunales acentuaron su corporativismo con fallos inéditos y peligrosos.
Un ejemplo fue la reciente decisión del camarista Pablo Bertuzzi, puesto a dedo en ese cargo por Mauricio Macri, de dar curso a una presentación del querellante Carlos Stornelli, fiscal de la causa cuadernos y exjefe de Seguridad de Boca cuando Macri era presidente del club, para que la causa D'Alessio, en la que el propio Stornelli figura como imputado, recaiga en el juzgado de Julián Ercolini, el juez que continuó el trabajo de Claudio Bonadio en las causas armadas contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Se trata de contorsiones excesivas incluso para los apologistas más creativos.
La defensa corporativa del procurador bonaerense Julio Conte Grand también marcó un nuevo hito en esta sucesión de eventos inexplicables. La publicación del video donde funcionarios, empresarios y agentes de la AFI organizan un grupo de tareas judicial para perseguir al sindicalismo que no cooperaba con ellos dejó comprometido al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y obligó al movimiento obrero a ponerse en guardia.
La afluencia de columnas sindicales es lo que puede garantizar que una marcha convocada un 1 de febrero tenga la masividad necesaria para impulsar algún cambio.
El caso que encendió las luces rojas, sin embargo, fue la decisión de la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura, el órgano que pone y saca jueces. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, firmó un fallo que da un plazo incumplible para sancionar una nueva carta orgánica y estipuló, contra toda jurisprudencia, que si no llega a aprobarse a tiempo entrará en vigencia la anterior, derogada oportunamente por el Poder Legislativo.
Esa norma estipula que el Consejo será presidido por el titular de la Corte, es decir, el propio Rosatti. Un pequeño golpe institucional en miniatura.
Las novedades movieron el avispero y le dieron a la marcha un volumen inesperado. Lo que empezó como una convocatoria silvestre, agitada en las redes sociales desde los días previos a las fiestas por el juez Juan Ramos Padilla, en las últimas jornadas fue ganando momentum a medida que comenzaron las adhesiones de sindicatos y otras organizaciones sociales y políticas.
Los guiños oficiales apuntalaron la inercia y la reacción opositora, que al criticarla le dio entidad a la convocatoria, terminaron de consolidar la idea de que el año político puede comenzar con una movilización masiva.
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, confirmó el viernes en diálogo con El Destape Radio que esa central se movilizará el 1 de febrero. Un documento sentando esa posición se hará oficial en los próximos días. También confirmó que participará "personalmente" en la marcha el secretario general de Camioneros y miembro del triunvirato que conduce la CGT, Pablo Moyano, que fue víctima del Grupo de Tareas judicial del Macrismo. Los gremios que revisten en la Corriente Federal de los Trabajadores anunciarán pronto su adhesión a la medida.
Juntos, esos son los sectores que conformaron el núcleo del sindicalismo opositor durante los cuatro años de gobierno de Macri y hoy conforman el ala más combativa del movimiento obrero. Esta semana puede haber una reunión de la cúpula de la CGT para evaluar la posibilidad de hacer propia la convocatoria, aunque el triunviro Carlos Acuña ya le puso paños fríos.
"Hasta el día de hoy no se va a marchar porque no sabemos el objetivo", dijo el hombre fuerte del gremio de trabajadores de estaciones de servicio, que se vio obligado a conceder que "la justicia también es parte del problema en Argentina".
De todas formas, tal como aclaró Moyano, independientemente de lo que se decida en Azopardo "cada compañero y organización tendrá la libertad de acompañar". Se está definiendo por estas horas la participación de sindicatos como SMATA, cuyo secretario adjunto, Mario Manrique, dijo que "la CGT debería acompañar".
Otros gremios esperan a definirse hasta conocer mejor el volumen de la convocatoria y también si hay novedades en los casos de espionaje y persecución a dirigentes. "Todos se pueden hacer los boludos hasta que les toca a ellos", reflexiona un experimentado dirigente cegetista.
Los posicionamientos de las últimas jornadas le dieron un salto en la densidad del acontecimiento político. Resta por ver cuál va a ser la posición de otros sectores que también pueden volcar su peso a la calle, como La Cámpora y el Movimiento Evita, que todavía no movieron sus fichas, aunque subterráneamente en el Instituto Patria ya comenzaron los preparativos por si se decide marchar.
Un dato: el armado de La Cámpora en la Facultad de Derecho forma parte de las organizaciones vinculadas al mundo judicial que impulsaron la movilización desde un primer momento.
También serán de la partida organizaciones de Derechos Humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina de Derechos Humanos y los Curas en la Opción por los Pobres, entre otras. Existen conversaciones para conformar, antes del 1 de febrero, una mesa multisectorial integrada por todos los espacios que se sumen a la convocatoria para intentar ponerle límites a un Poder Judicial que hace rato perdió el sentido del decoro.
Será una lucha política de largo aliento y sin garantías de éxito, pero a esta altura del partido existe el consenso amplio de que resulta necesario darla.
Por Nicolás Lantos
Fuente: El Destape
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