, en la que el propio Stornelli figura como imputado, recaiga en el juzgado de Julián Ercolini, el juez que continuó el trabajo de Claudio Bonadio en las causas armadas contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Se trata de contorsiones excesivas incluso para los apologistas más creativos.
 
La defensa corporativa del procurador bonaerense Julio Conte Grand también marcó un nuevo hito en esta sucesión de eventos inexplicables. La publicación del video donde funcionarios, empresarios y agentes de la AFI organizan un grupo de tareas judicial para perseguir al sindicalismo que no cooperaba con ellos dejó comprometido al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y obligó al movimiento obrero a ponerse en guardia.
 
La afluencia de columnas sindicales es lo que puede garantizar que una marcha convocada un 1 de febrero tenga la masividad necesaria para impulsar algún cambio.
 
El caso que encendió las luces rojas, sin embargo, fue la decisión de la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura, el órgano que pone y saca jueces. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, firmó un fallo que da un plazo incumplible para sancionar una nueva carta orgánica y estipuló, contra toda jurisprudencia, que si no llega a aprobarse a tiempo entrará en vigencia la anterior, derogada oportunamente por el Poder Legislativo.
 
Esa norma estipula que el Consejo será presidido por el titular de la Corte, es decir, el propio Rosatti. Un pequeño golpe institucional en miniatura. 
 
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Nacionales - 17-01-2022 / 09:01
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Con los gremios a bordo, la marcha contra la justicia injusta cobra vuelo

Con los gremios a bordo, la marcha contra la justicia injusta cobra vuelo
En esta ocasión, la temporada 2022 nos ofrece algo nunca antes visto: una marcha el 1 de febrero. La cita es frente al Palacio de Tribunales, aunque los cuatro supremos que tienen despacho en el cuarto piso de ese edificio no son los únicos destinatarios del reclamo, cuyos ecos van a resonar hasta la Casa Rosada.
Los veranos en Argentina dejaron de ser ese momento del año en el que la política bajaba su intensidad hace por lo menos doce años, cuando Martín Redrado decidió atrincherarse en su oficina del Banco Central, pero cada nuevo calendario viene con una novedad. En esta ocasión, la temporada 2022 nos ofrece algo nunca antes visto: una marcha el 1 de febrero.
 
La cita es frente al Palacio de Tribunales, aunque los cuatro supremos que tienen despacho en el cuarto piso de ese edificio no son los únicos destinatarios del reclamo, cuyos ecos van a resonar hasta la Casa Rosada.
 
Aunque los medios opositores señalan al gobierno nacional como la usina de este reclamo, que va en línea con las manifestaciones recientes de varios funcionarios, empezando por el presidente Alberto Fernández, será una marcha que lo excede largamente y que, de alguna manera, es el reconocimiento y la consecuencia del fracaso de la estrategia que se implementó los últimos dos años.
 
La autodepuración del Poder Judicial que esperaba Fernández nunca llegó; por el contrario, en las últimas semanas los tribunales acentuaron su corporativismo con fallos inéditos y peligrosos.
 
Un ejemplo fue la reciente decisión del camarista Pablo Bertuzzi, puesto a dedo en ese cargo por Mauricio Macri, de dar curso a una presentación del querellante Carlos Stornelli, fiscal de la causa cuadernos y exjefe de Seguridad de Boca cuando Macri era presidente del club, para que la causa D'Alessio, en la que el propio Stornelli figura como imputado, recaiga en el juzgado de Julián Ercolini, el juez que continuó el trabajo de Claudio Bonadio en las causas armadas contra la vicepresidenta Cristina Fernández. Se trata de contorsiones excesivas incluso para los apologistas más creativos.
 
La defensa corporativa del procurador bonaerense Julio Conte Grand también marcó un nuevo hito en esta sucesión de eventos inexplicables. La publicación del video donde funcionarios, empresarios y agentes de la AFI organizan un grupo de tareas judicial para perseguir al sindicalismo que no cooperaba con ellos dejó comprometido al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires y obligó al movimiento obrero a ponerse en guardia.
 
La afluencia de columnas sindicales es lo que puede garantizar que una marcha convocada un 1 de febrero tenga la masividad necesaria para impulsar algún cambio.
 
El caso que encendió las luces rojas, sin embargo, fue la decisión de la Corte Suprema respecto al Consejo de la Magistratura, el órgano que pone y saca jueces. El presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, firmó un fallo que da un plazo incumplible para sancionar una nueva carta orgánica y estipuló, contra toda jurisprudencia, que si no llega a aprobarse a tiempo entrará en vigencia la anterior, derogada oportunamente por el Poder Legislativo.
 
Esa norma estipula que el Consejo será presidido por el titular de la Corte, es decir, el propio Rosatti. Un pequeño golpe institucional en miniatura. 
 

 
Las novedades movieron el avispero y le dieron a la marcha un volumen inesperado. Lo que empezó como una convocatoria silvestre, agitada en las redes sociales desde los días previos a las fiestas por el juez Juan Ramos Padilla, en las últimas jornadas fue ganando momentum a medida que comenzaron las adhesiones de sindicatos y otras organizaciones sociales y políticas.
 
Los guiños oficiales apuntalaron la inercia y la reacción opositora, que al criticarla le dio entidad a la convocatoria, terminaron de consolidar la idea de que el año político puede comenzar con una movilización masiva.
 
El secretario general de la CTA, Hugo Yasky, confirmó el viernes en diálogo con El Destape Radio que esa central se movilizará el 1 de febrero. Un documento sentando esa posición se hará oficial en los próximos días. También confirmó que participará "personalmente" en la marcha el secretario general de Camioneros y miembro del triunvirato que conduce la CGT, Pablo Moyano, que fue víctima del Grupo de Tareas judicial del Macrismo. Los gremios que revisten en la Corriente Federal de los Trabajadores anunciarán pronto su adhesión a la medida.
 
Juntos, esos son los sectores que conformaron el núcleo del sindicalismo opositor durante los cuatro años de gobierno de Macri y hoy conforman el ala más combativa del movimiento obrero. Esta semana puede haber una reunión de la cúpula de la CGT para evaluar la posibilidad de hacer propia la convocatoria, aunque el triunviro Carlos Acuña ya le puso paños fríos.
 
"Hasta el día de hoy no se va a marchar porque no sabemos el objetivo", dijo el hombre fuerte del gremio de trabajadores de estaciones de servicio, que se vio obligado a conceder que "la justicia también es parte del problema en Argentina".
 
De todas formas, tal como aclaró Moyano, independientemente de lo que se decida en Azopardo "cada compañero y organización tendrá la libertad de acompañar". Se está definiendo por estas horas la participación de sindicatos como SMATA, cuyo secretario adjunto, Mario Manrique, dijo que "la CGT debería acompañar".
 
Otros gremios esperan a definirse hasta conocer mejor el volumen de la convocatoria y también si hay novedades en los casos de espionaje y persecución a dirigentes. "Todos se pueden hacer los boludos hasta que les toca a ellos", reflexiona un experimentado dirigente cegetista.
 
Los posicionamientos de las últimas jornadas le dieron un salto en la densidad del acontecimiento político. Resta por ver cuál va a ser la posición de otros sectores que también pueden volcar su peso a la calle, como La Cámpora y el Movimiento Evita, que todavía no movieron sus fichas, aunque subterráneamente en el Instituto Patria ya comenzaron los preparativos por si se decide marchar.
 
Un dato: el armado de La Cámpora en la Facultad de Derecho forma parte de las organizaciones vinculadas al mundo judicial que impulsaron la movilización desde un primer momento.
 
También serán de la partida organizaciones de Derechos Humanos, como las Madres de Plaza de Mayo, la Liga Argentina de Derechos Humanos y los Curas en la Opción por los Pobres, entre otras. Existen conversaciones para conformar, antes del 1 de febrero, una mesa multisectorial integrada por todos los espacios que se sumen a la convocatoria para intentar ponerle límites a un Poder Judicial que hace rato perdió el sentido del decoro.
 
Será una lucha política de largo aliento y sin garantías de éxito, pero a esta altura del partido existe el consenso amplio de que resulta necesario darla.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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23-05-2022 / 11:05
El Censo era una oportunidad de bajar un cambio y aceptar que está bueno. Que solamente a un trastornado se le ocurriría cuestionarlo de base. Saber qué cantidad somos, de qué manera estamos repartidos según distritos representados de cuál modo; precisar bajo qué condiciones se vive; indagar sobre acceso a servicios básicos, etc.
 
Hay comprobaciones censales desde antes de Cristo (primera dinastía egipcia), se efectúan en todo el mundo y, con diferentes modalidades, países como Francia redujeron de diez a cinco años el período entre un relevamiento y otro. Naturalmente, habría lugar para señalamientos negativos en torno de cantidad y calidad de preguntas que pudieron faltar. Pero, sólo a desencajados y alborotadores de baja fusta se les prendería la lamparita de impugnar la herramienta en sí.
 
Hasta el Censo cayó bajo la grieta promovida por los odiadores seriales. Las cosas que se vieron y escucharon en la agenda publicada son de un nivel a prueba de todo estómago e (in)sensatez. Una minoría insignificante de gente que no fue censada se transformó, mediáticamente, en la demostración de que se acabó en desastre.
 
Referentes comunicacionales se preguntaron "cuánta plata nos salió esto". Y otros, que al cabo son los mismos, llamaron a comprender que el Censo fue para sumar otro día sin laburar. ¿Qué clase de ignorantes pueden formular asertos de este tipo? ¿Cómo es posible que haya lugar para decir barbaridades como ésas con total arbitrariedad, sin temor a la sanción social?
 
¿Hasta dónde puede llegar el extravío de quienes necesitan retroalimentar el odio como motor de sus intereses políticos? ¿O acaso el odio es un elemento constitutivo de la política frente al que, ya, cuando se desata con impunidad no parece haber barreras efectivas?
 

23-05-2022 / 10:05
22-05-2022 / 10:05
El 28 de octubre de 2009 la entonces presidenta Cristina Fernández presentó su proyecto de "Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral". Su característica más destacada era la implementación de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para que cada partido o frente político dirimiera sus candidaturas. El objetivo era "ordenar" (eufemismo para acotar, disminuir) la oferta electoral. El Senado sancionó la iniciativa, que había pasado con cambios por la cámara de Diputados, el 2 de diciembre, 35 días más tarde.
 
La oposición protestó: el trámite había sido demasiado rápido para una reforma electoral (un tratamiento express) y, por la gravedad del asunto, no era deseable que se hiciera sin acuerdo opositor. Tenían razón las dos veces. Seis elecciones más tarde los efectos y defectos colaterales del sistema son evidentes. El sector político que impulsó las PASO intentó evitarlas a toda costa y cuando tuvo que usarla, provincia de Buenos Aires en 2015, salió mal. Por otra parte, quienes se resistieron en un primer momento, supieron aprovecharlas mucho mejor y construir sobre ellas buenos resultados.
 
Pero los problemas van mucho más allá de eso. En principio: el objetivo con el que fueron diseñadas las primarias no se cumplió. Al contrario, desde que se implementaron por primera vez, en 2011, hasta 2019, la cantidad de partidos que participó de las elecciones en todo el país aumentó de 443 a 642, según advirtió el politólogo especializado en la materia Facundo Cruz en la última entrega de su excelente newsletter La gente vota. La distancia entre que la PASO anticipa el resultado y este se concreta, más de dos meses después, ha sido sustrato para escenarios de alta volatilidad política y económica.
 
Por desgracia, en lugar de adoptar ahora una actitud constructiva que permita discutir la mejor solución a los problemas de origen y de implementación de la normativa vigente para perfeccionar el sistema electoral, la oposición de derecha comete ahora el mismo error y, apoyada en una mayoría contingente, avanza con una reforma a los empujones. En este caso es todavía más grave, porque ni siquiera existe aún un proyecto. Hay cerca de una docena dando vueltas, que difieren en aspectos clave.
 

22-05-2022 / 09:05
La Argentina es un país muy extenso con baja densidad media de población distribuida de modo dispar, con gran concentración en centros urbanos. Cuenta con un desarrollo industrial considerable, mano de obra y profesionales calificados pero todo eso no alcanza para el crecimiento sustentable y prolongado.
 
Es exportador de productos agropecuarios que le reditúan ingresos en divisas pero "el campo" no emplea tanta mano de obra como la industria. Está alejada de los grandes centros de poder, hace décadas que no tiene conflictos bélicos con países limítrofes. Padece las crisis del capitalismo mundial que usualmente se tradujeron en dificultades económicas y zozobras institucionales. Así pasó en 1890, 1930 y 2008, por aludir a algunos casos.
 
Durante el mandato del presidente Alberto Fernández viene sufriendo dos crisis globales, que castigan a todo el planeta: pandemia y guerra en Ucrania. Las catástrofes duelen más por acá porque se asientan en el legado macrista: industricidio, economía tembleque, deuda externa record. Las desigualdades entre clases y regiones se acentuaron. Creció la concentración de la riqueza. Los padecimientos en pandemia se repartieron potenciando asimetrías preexistentes.
 
La derecha argentina es extrema como sus parientes en otras latitudes. Sus líderes reniegan de la identidad propia, la esconden: se definen como "republicanos o liberales". Los refutan sus desempeños cuando gobernaron. Partidarios de un capitalismo sin frenos, promueven bajas de impuestos y reducción de derechos laborales. Elisa Carrió, esta semana, propuso disminuir algunas indemnizaciones por despido causado y reducir la cantidad de empresas en las que debe haber delegados de personal. No es la economía, giles, es la puja de poder entre clases.
 
La clase trabajadora argentina es demandante, se moviliza con agilidad, reivindica derechos. La praxis marida mal con el capitalismo soñado por la derecha que cuestiona a los "populistas". "Populistas" definió toscamente el economista Javier González Fraga son los que "se creen con derecho" a consumir, a disponer de bienes típicos (no lujosos) de la etapa.
 
Según las visiones ultraliberales la democracia es el factor que agrega irracionalidad a la gestión del sistema (capitalista). La tentación populista resulta de un electorado que no es capaz de darse por satisfecho con lo que le proporcionan los mecanismos del mercado. La consideran una patología inherente al sistema democrático en el cual la mayoría utiliza su poder numérico en favor de medidas que parecen beneficiarla en el corto plazo pero que terminarían comprometiendo el mecanismo de la economía capitalista, presentado a su vez como la supuesta base de todo el progreso social.
 
Para los defensores de esta corriente, el nudo a desatar radica en cómo limitar la democracia para proteger el mercado sin poner en riesgo la legitimidad del orden social. Las catástrofes acontecidas desde 2020 repartieron mal poder, riquezas, esperanzas, perspectivas futuras. La puja política en la Argentina refleja esa disparidad en un trance difícil y desafiante para las fuerzas nacional-populares. 
 

21-05-2022 / 11:05
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