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Nacionales - 14-01-2022 / 10:01
CONFIRMÓ LOS AUDIOS DE LA GESTAPO MACRISTA ANTE LA COMISIÓN BICAMERAL DE INTELIGENCIA DEL CONGRESO

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, ratificó ante la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia que los audios que se difundieron en los últimos días son, efectivamente, de su voz. En esos audios, el uniformado describió una trama de armado de causas judiciales truchas contra opositores (sindicalistas, pero también políticos, entre ellos el ex gobernador Daniel Scioli y su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez). Cassasa no sólo confirmó que el audio es su voz; también ratificó el contenido.
 
Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos: contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
 
Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Se presentó al mediodía del jueves con buena predisposición y, además de confirmar los audios y el contenido, entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.
 
La particularidad de su descripción es que mostró que el armado de causas en la provincia no era una cuestión aislada sino que había una política de espiar y acusar penalmente generalizada que, todo hace suponer, se manejaba desde la Casa Rosada y la AFI. Lo que quedó a la vista en su relato es que los expedientes --en especial contra políticos opositores y sindicalistas-- se habrían nutrido con aportes de la AFI, de Asuntos Internos y también de la Unidad de Información Financiera (UIF), según pudo reconstruirse.
 
Casassa se comprometió a entregar más material y pidió postergar algunas precisiones. El martes próximo está citado Conte Grand ante la comisión. También deben ir los representantes legales de las dos empresas distribuidoras de las cámaras instaladas en el Banco Provincia, donde los diputados harán ese mismo día una inspección ocular.
 
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La AFI y la UIF para armar causas
 
Los audios fueron presentados la semana pasada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete del exgobernador Daniel Scioli, ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. El juzgado abrió un expediente aparte pero conexo con el que investiga la "Gestapo antisindical" y la reunión de parte de la mesa judicial del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, que quedó registrada por al menos tres cámaras colocadas en el séptimo piso de la entidad y cuya filmación apareció en la AFI. La sospecha es que las colocó la propia central de inteligencia.
 
Casassa fue, en sus tiempos de subcomisario de Activos Ilegales de la superintendencia de Investigaciones de la Bonaerense, quien participó de allanamientos a la vivienda de Pérez y de varias propiedades de Scioli, entre otros exfuncionarios a quienes les abrieron una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia que la originó la había hecho Carrió. El exjefe de Gabinete está citado para el martes para ratificar su denuncia.
 
 
Los espías en el centro
  
El papel central y repetido de la AFI junto con el posible espionaje es lo que habilitó la intervención de la Bicameral. En el video del Bapro donde se ve al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas como protagonista en la reunión con empresarios y otros funcionarios a quienes expresa su deseo de tener una "Gestapo" propia para poder "terminar con los gremios", también están presentes tres exdirectivos de la AFI.
 
Dos de ellos --el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano y el exjefe de Gabinete del organismo Darío Biorci-- participan activamente de la explicación acerca de cómo armar acusaciones penales contra sindicalistas, entre quienes se menciona al dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina.
 
Biorci intenta saber con qué reclamos se topaban los empresarios de parte del gremio. Como reclamar viandas o ropa de trabajo no parece un reclamo delictivo, según acota el propio Villegas, De Stéfano termina por sugerir generar una provocación para filmarlo. También estaba presente el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Son tres nombres conocidos para la Bicameral, ya que aparecen en todas las investigaciones sobre espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
En el expediente de la "Gestapo", el juez Kreplak pidió este jueves a la AFI que informe si entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017 entraron al organismo Vidal, Villegas o alguno de los presentes en la mesa del Bapro: el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan, y --por el sector privado-- Marcelo Jawroski, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Cusini, Fernando Sacrachi y Bernardo Zaslascky. A estos últimos los agregó a los entrecruzamientos de llamadas que había ordenado sobre los funcionarios, incluida Vidal.
 
 
La gran mesa judicial
  
Cassasa decía en uno de los audios que le hizo escuchar la Bicameral: "Asuntos Internos es exactamente la oficina en la que, por orden de (Cristian) Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand --que era una locura que esté ahí-- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados".
 
Ante los diputados confirmó ese entramado propio de la provincia de Buenos Aires, pero agregó que los mismos personajes eran invitados a la mesa judicial (nacional) que se reunía los jueves a la tarde cada quince días.
 
El comisario señaló que eran convocados a concurrir a la AFI. Lo que es seguro, según información que ya está hace tiempo en poder de la Bicameral en base a las investigaciones previas sobre espionaje durante el macrismo, es que algunas de las invitaciones provenían de una secretaria del extitular de la Agencia de inteligencia y amigo de Macri, Gustavo Arribas, y otras las enviaban desde un e-mail del despacho del exjefe de Gabinete, Marcos Peña, donde a veces eran los encuentros.
 
En algunos de esos correos aparecían como destinatarios también el exministro de Justicia Germán Garavano, el exjefe de asesores de Presidencia José Torello y el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas. Como es conocido un miembro permanente y crucial fue Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que sigue en Uruguay sin responder a la Justicia argentina, que lo citó a indagatoria.
 
 
Todos los caminos conducen a la Casa Rosada
  
Hay un amplio abanico de datos que llevan a suponer que la política de espiar, generar causas y llevar a la Justicia a dirigentes opositores y sindicalistas estaba centralizada en la Casa Rosada. En el caso particular de la reunión en el Bapro, las cámaras instaladas no eran de seguridad, no apuntaban a los ingresos sino a la mesa y, como informó Raúl Kollmann, implicaron un despliegue tecnológico, incluida la instalación de micrófonos para conseguir buena calidad de audio. Todavía es un misterio quién autorizó su ingreso y colocación, aunque habría algunas pistas. A esto hay que sumar algunas coincidencias cronológicas que juntan a elenco bonaerense con el nacional.
 
Poco más de un mes antes del encuentro donde habló de la Gestapo, el ministro Villegas se reunió en la Casa Rosada con Arribas y con Macri. Era 4 de mayo. Es una rareza que un ministro provincial, con facultades limitadas, se junte con el jefe de Estado. No sería extraño que allí se hablara de la estrategia contra otros dirigentes como Roberto Baradel o Hugo Moyano, que fueron espiados.
 
Cinco días después, según información de la Bicameral, la AFI entregó un informe sobre la Uocra de La Plata que apuntaba a las actividades del "Pata" Medina. Dos días antes y también después, Macri empezó a insistir con su muletilla de "la mafia de los juicios laborales" y a culpar a trabajadores y trabajadoras que inician demandas por las violaciones a sus derechos, todo en un contexto de despidos y precarización.
 
A la par inició una ofensiva contra jueces/zas que fallaban en contra del empresariado y que avalaban pariarias que el macrismo no quería. A las pocas horas de la cumbre en el Bapro, para la que vale recordar que no registró su ingreso ningún asistente, fueron Garavano y Arribas a la Rosada. ¿Estaría disponible la filmación y el plan comenzaba a ejecutarse? Medina fue denunciado 15 días después por supuesta coacción y amenazas. Lo detuvieron a fines de septiembre.
 
 
La huella de Carrió
  
El otro tramo del audio que también confirmó Casassa equipara la función de Asuntos Internos de la policía con un "grupo de tareas" que relaciona con Carrió. "Esa mesa judicial que estaba Conte Grand, junto con Vidal, algo imposible por la división de poderes, no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa. Y eran los que con el fiscal de Avellaneda (en alusión a Sebastián Scalera), lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar..."
 
Ante la Bicameral, Casassa vinculó a Carrió y Oliveto directamente con quien era jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. Entregó a los diputados un video de un acto de 2018 donde están ambas en un acto con Vidal. La ex gobernadora alienta un aplauso para Berra y cuenta que eran vecinos de Morón pero que lo había traído de la Auditoría General de la Ciudad, donde lo conoció por Oliveto.
 
Dice que lo llevó porque buscaban a alguien independiente para controlar a la propia policía y lo felicita por haber apartado a 9200 agentes. Berra fue procesado en 2020 por obtener "información y almacenar datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial" entre 2016 y 2019. Pero la causa no avanzó más.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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13-02-2026 / 10:02
Con un discurso que es música para los oídos de los ricos empresarios, el gobierno ultra derechista de Javier "el Loco" Milei aprobó en la Cámara Alta el proyecto de Reforma Laboral esclavista que es la continuidad de la Motosierra aplicada desde su asunción. Empezó con el DNU 70/2023, siguió con la Ley Bases y otros engendros como el desfinanciamiento en Educación y en Discapacidad; y ahora remata con el recorte y hasta la eliminación de conquistas históricas de justicia social obtenidas tras décadas de lucha obrera y resistencia popular, que costó muchas vidas.
 
La reforma laboral del Gobierno ultra derechista de Milei destruye el derecho de las y los trabajadores por tres grandes vías. Ataca el contrato individual -con la creación del banco de horas, el fraccionamiento de las vacaciones o el recorte a las licencias por enfermedad-, debilita la acción sindical -con los límites al derecho a huelga, o la prohibición de las asambleas- y por último, también ataca a la justicia laboral -con, por ejemplo, el traspaso a los tribunales a la Ciudad de Buenos Aires-.
 
Una encerrona a la que la administración del fascista Milei pretende llevar a los empleados formales, pero también a los informales, a los que deja tanto o más desprotegidos de lo que estaban hasta ahora. Ni trabajadores de aplicaciones ni monotributistas, el proyecto libertario no tiene beneficiarios entre la masa trabajadora.
 
"Si te lastimaste jugando al fútbol, tu jefe no tiene nada que ver". La frase del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, resume el argumento libertario para romper con un derecho histórico: las licencias por enfermedad. Si la ley se sanciona, aquella persona que tenga una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de las tareas laborales cobrará solo el 50 por ciento del sueldo que percibía al momento del accidente durante 3 meses o 6 si tiene personas a cargo.
 
Los libertarios fueron un poco más generosos con aquellos que padezcan "enfermedades no voluntarias", es decir, que no sean consecuencia de actividades voluntarias riesgosas. En ese caso, el empleado tendrá derecho a percibir el 75 por ciento del salario. Una situación a la que la senadora de Fuerza Patria Cristina López calificó como "esclavitud laboral". "Si te enfermás, perdés. Si tu cuerpo no da más perdés, igual que en el siglo XIX", dijo.
 
El proyecto que Bullrich logró sancionar en el Senado habla de una "negociación dinámica" del salario, es decir, que los gremios o los trabajadores particulares pueden acordar con las empresas extras como bonos o compensaciones que estén vinculados a niveles de productividad o de objetivos. También habilita el "banco de horas", que hace que el empleado sume las extras y acumule una especie de saldo para después canjear por días libres o jornadas de trabajo reducidas.
 
Es decir, pone a trabajadores y empresarios en igualdad de condiciones para poder negociar en una relación que es desigual, en la que las fuerzas son distintas. Para el presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas, Matías Cremonte, "la ley lo que hace es volver a desequilibrar la balanza en favor de los empresarios". Al modificar la Ley de Contrato de Trabajo, el Gobierno busca que las vacaciones se fraccionen por un mínimo de 7 días (antes eran por 15) y que el trabajador tenga, al menos, un período de vacaciones en verano cada 3 años. Una complicación a la hora de combinar con el ritmo escolar en los casos de quienes tienen hijos.
 
Su aprobación es una dura derrota para el movimiento obrero y los trabajadores precarizados, no se crearán más puestos de trabajo, sino que habrá más precarización laboral y superexplotación, generando más riquezas para los empresarios y más penurias para quienes no tienen más que su fuerza de trabajo.
 
La Opinión Popular
 

12-02-2026 / 10:02
El aire pica, arde, lastima la garganta. No se puede respirar. Lágrimas y ojos rojos. Corridas. Un rato antes de las cuatro de la tarde, la calma tensa de la Plaza del Congreso estalló en pedazos. A mansalva, el pelotón de gendarmes dispara sus escopetas desde la avenida Entre Ríos mientras los camiones hidrantes escupen agua para despejar lo que la política no pudo convencer. Llueven las bombas lacrimógenas sobre una plaza que, apenas una hora antes, era un hervidero de trabajadores protestando contra una reforma laboral que se dice moderna pero es esclavista y decimonónica: un viaje sin escalas al siglo XIX.
 
Otra vez el panic show mileísta: un despliegue de detenciones y balas de goma para vaciar la calle mientras adentro, en el palacio legislativo de mármol, se ejecuta el remate de la dignidad de los laburantes. La jornada había comenzado con un blanco nuclear. No era el sol de la justicia, sino el resplandor de una subasta que no admite ofertas en pesos, solo se liquida con el lomo del que labura. Obreros, docentes, judiciales, bancarios, jubilados...
 
A las dos de la tarde, las columnas de los gremios empezaron a ganar la calle, y para las tres, la Plaza ya era un mar de banderas y espanto bajo un sol tremendo. Los gendarmes, alineados con una simetría maníaca, exhiben botas con un brillo obsceno, casi un espejo donde podés peinarte antes de que te partan el alma. Estaban agazapados tras las vallas, custodiando un Congreso enjaulado como pajarera de lujo.
 
En el corralito antes del Palacio, el ingenio popular intentó ganarle al cinismo: un cartel gritaba "Saluden a las horas extras que se van", mientras otro advertía: "Con el banco de horas despedite de tu familia". Hay carteles más directos que se agitan sobre las cabezas: "Quitar derechos laborales viola la Constitución Nacional".
 
Bajo un celeste furioso, los paraguas de los ferroviarios servían para taparse del sol mientras una señora repartía estampitas de la Virgen de Luján "para que nos salve". Luis, operario metalúrgico de Quilmes, buscaba un resto de sombra bajo un ombú: "Si te pueden pagar el sueldo con fideos o fraccionarte las vacaciones, lo único que liberan es la mano del patrón para apretarnos más fuerte". Gabriel Espósito, delegado de ATE en Atucha, miraba las vallas con preocupación: "Estamos peleando para tirar atrás esta reforma que nos regresa cien años en el tiempo. Es un capítulo más de un proyecto que quiere ver a los sectores populares de rodillas".
 
Mientras en la calle se ponía el cuerpo, en los pasillos del Senado se pulía el desguace. El clan Caputo y los Menem cerraron el canje de Ganancias por la Reforma Laboral. La perversión es quirúrgica: se derogan estatutos y se liquida la indemnización plena. Pablo Luna, jubilado de YPF, no lo podía creer: "Se están pasando el 14 bis por las pelotas. ¡Qué futuro les espera a los chicos!".
 
Antes de que el gas lo cubriera todo, un solo grito unificaba las columnas: "¡Paro, paro, paro... paro general!". Era el reclamo de la calle que el Parlamento se negaba a escuchar. Pasadas las cuatro, el escenario mutó en pesadilla. Un grupo de encapuchados protagonizó incidentes contra el vallado, la excusa perfecta para que la represión se volviera cacería. El avance de la Gendarmería y de los cosacos de la Ciudad convirtió la Plaza en un territorio ocupado. El "modelo Milei" consiguió su victoria de papel entre nubes de tóxicos.
 
En el asfalto caliente, donde todavía flota el ácido del gas pimienta, el aire se volvió irrespirable. Adentro del Congreso brinda la casta mileísta; afuera, el pueblo mastica el polvo de una traición. La patria no se vende, se defiende, y esta tarde la defensa se escribió con el cuero aguantando el fuego del amo. Pero no seremos su esclavo: sean eternos los derechos que supimos conseguir.
 
La Opinión Popular
 

11-02-2026 / 11:02
La crisis policial volvió a estallar en Santa Fé, continúa también en la Federal y amenaza con extenderse a otras provincias y otras fuerzas. Se viene alertando sobre la situación desde hace 10 días. La base excluyente es la cuestión salarial -suboficiales que cobran 850.000 pesos-, pero deriva en un feroz endeudamiento y, casi de inmediato, en problemas psiquiátricos.
 
Los mayores dramas terminan en una oleada de suicidios, 2 en los últimos 8 días en Rosario. A esto se agregan los malos tratos y la corrupción. En Santa Fé, la mayoría de los policías son del norte provincial y deben viajar entre 200 y 600 kilómetros para prestar servicio en Rosario.
 
Para eso les ponen micros en estado deplorable y las travesías suelen tardar 8 horas. Los bajos salarios derivaron en que casi no se reclutan hombres y la mayoría de los policías son mujeres, que tienen que recorrer esas distancias para ver a sus hijos. La protesta masiva y explosiva era previsible. Este diario recibió una nueva denuncia judicial sobre las increíbles maniobras de los jefes de una Unidad Operativa de la Federal.
 
Los llaman "la corona" y esos superiores se quedan con dinero de las horas adicionales, informan de efectivos que no existen, "rodean una zona con un policía" (sic), desarman investigaciones para concentrarse en narcomenudeo y hacer estadísticas para conformar al Ministerio de Seguridad y hasta liberan vastas zonas en acuerdo con un jefe narco regional. "Sólo hay plata para los proyectiles antidisturbios", dicen los rebeldes.
 
Durante la semana pasada se produjo el encadenamiento a la reja de la Casa Rosada del cabo Miguel Ángel Montiel, de la Policía Federal. El efectivo reclamaba por la situación salarial y también por la corrupción en la Superintendencia de Transporte, que integran los policías que custodian el ferrocarril. Los jefes de la Federal filtraron que Montiel estuvo con carpeta psiquiátrica y que por eso realizaba la protesta.
 
Página/12 relató la trastienda de la crisis policial, con la cuestión salarial como punto clave -lo que le sucede a todos los estatales-, pero con tramas de ribetes escandalosos: destinos fantasmas, es decir jefes que les dan horas extras a unos y no a otros, efectivos que ni siquiera concurren y comparten lo que cobran con los superiores; brutales acosos a las mujeres y groseras trampas para no realizar investigaciones de narcotráfico.
 
La crisis policial se expandía de manera silenciosa en la Federal y en otras fuerzas. En Santa Fé se vio algo inédito: ya no protestaron las familias y los retirados, sino efectivos en actividad, con los patrulleros, las sirenas, las motos y hasta los micros. El movimiento en Santa Fé desnuda una situación que no se ve a simple vista. Los que protestan son policías de calle y de las comisarías, con sus patrulleros. Es decir, los que están en la seguridad cotidiana de los vecinos.
 
Del otro lado, los que mayoritariamente respondieron al gobierno de Pullaro fueron los cuerpos especiales, Operaciones Especiales, Asalto Táctico, Infantería, que reciben bonos y adicionales de manera masiva. Ellos constituyen la estructura más orientada a la represión de los jubilados o cualquier otra protesta. Eso va en línea con lo que señala una de las denuncias: "para lo único que hay dinero es para los proyectiles antidisturbios".
 

10-02-2026 / 11:02
El Senado tratará el miércoles el proyecto de reforma laboral del gobierno de Javier "el Loco" Milei, cuestionado por sectores opositores por su avanzada brutal contra los derechos de los trabajadores. Pero los focos no solo estarán puestos en el Congreso: afuera, múltiples sectores, encabezados por la Confederación General del Trabajo (CGT), protestarán con el objetivo de que su voz sea escuchada.
 
La semana pasada, el Consejo Directivo de la CGT convocó a marchar contra la reforma laboral, que ya tiene dictamen desde fin del año pasado y que podría tener media sanción el miércoles. "El Gobierno nacional impulsa una reforma laboral que no moderniza: transfiere recursos del Estado a los sectores privados más concentrados, ataca el sistema de jubilaciones y recorta ingresos que corresponden a las provincias. Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja", indicó la CGT en redes sociales.
 
La principal central obrera citó a las 14.30 en Yrigoyen y Solís, frente al edificio en el que los senadores comenzarán a definir el camino legislativo de la iniciativa. "Es una reforma que se hace a costa de las y los trabajadores: menos derechos, más precarización y salarios a la baja. No es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores. No es libertad: es pérdida de derechos. La CGT convoca a movilizarse para decir basta. Porque el trabajo no se negocia. Porque las jubilaciones se defienden. Porque las provincias no se entregan. Porque los derechos se conquistan y se defienden en la calle", agregó el comunicado.
 
El plan de lucha de la CGT tuvo cuestionamientos de algunos sectores sindicales, como el de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), cuyo secretario general, Rodolfo Aguiar, criticó que la marcha no esté acompañada de un paro general. "El miércoles todos los trabajadores tienen que parar igual. Aunque la CGT no convoque, tienen cobertura legal", advirtió Aguiar y ratificó el paro nacional de estatales para el miércoles.
 
"Todos los trabajadores del sector público y de las distintas ramas de la actividad privada están amparados porque las CTA tienen personería jurídica. Sería un error grave frente a una reforma laboral demoledora para los trabajadores privarlos de ejercer el derecho de huelga. Tenemos que paralizar todas las actividades para este miércoles impedir los sobornos en el Senado y ponerle fin a la especulación de los gobernadores".
 
Mientras crece la bronca por abajo, Patricia Bullrich negocia la reforma laboral esclavista con gobernadores y senadores "dialoguistas" que cada vez se parecen más a los libertarios. Este lunes la ex ministra se reunión con senadores y senadoras de los bloques cómplices. Buscan acordar algunos artículos mientras mantienen lo esencial de los ataques contra la clase trabajadora. Cedería con Ganancias y conformaría así a los gobernadores y a los legisladores que responden a las provincias. En proteger alguno de los derechos de los trabajadores que correrán riesgo a partir de la probable sanción, eso sí, nadie gastó saliva.
 
La Reforma laboral esclavista del gobierno para los ricos de Milei es para profundizar esta política de transferencia masiva de recursos económicos y políticos de los trabajadores a los empresarios, que busca además debilitar la organización sindical y el poder de los trabajadores. Trabajar más y con menos derechos, en beneficios de las patronales. Son los millonarios o loe trabajadores. El miércoles 11 de febrero, sumate a la lucha por tus derechos y las futuras generaciones.
 
La Opinión Popular
 

09-02-2026 / 09:02
Karina Milei quiere concretar cambios en la cúpula del poder para tener el "control total" de lo que ocurre en el gobierno. La hermana presidencial, influenciada por los Menem, busca desalojar del sistema de decisión libertario a Santiago Caputo, a más tardar en marzo.
 
Pero no está fácil. El asesor tiene acceso directo al presidente Milei, que valora sus aportes. De hecho, en las últimas semanas, lejos de perder poder lo acrecentó. Se quedó con el control total de la agencia recaudadora (ARCA) y amplió las competencias de la SIDE, luego de desplazar al empleado infiel Sergio Neiffert y ubicar en su lugar a su contador, Cristian Aguadra.
 
Santiago Caputo incluso estaría aumentando su influencia sobre los aparatos militares y de seguridad. En las últimas semanas afianzó su relación con la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y de Defensa, Carlos Presti.
 
"Santiago está emocionado con todo lo militar: gestos simbólicos, Plan Bandera, los F16, los tanques, los granaderos, el nuevo Iosfa, son todas piezas de un plan para sacarle a Villarruel el voto de los militares", explicó un funcionario libertario.
 
Esta situación enardece a los Menem e impacta en el ánimo de Karina Milei, que tiene dificultades para entender que la idea del "control total" de un funcionario no votado como ella, no sintoniza con el espíritu democrático.
 
La molestia de la hermana presidencial quedó en evidencia este domingo: le avisó a su hermano que no lo acompañara a otro viaje más de subordinación trumpista. El presidente tenía pensado viajar este lunes a la cumbre de un supuesto trumpismo latino en Mar-a-Lago.
 
Karina le avisó a su hermano que no cuente con ella y Milei anunció que cancelaba su participación. "Javier no puede viajar sin la hermana", exageran en la Casa Rosada. Acaso más exacto sea que la hermana no quiera someterse a otro papelón como la última vez que fueron al club de la Florida de Trump, que suele alquilar su salón a distintos aventureros.
 
 De paso, no se confirmó aún su asistencia el 18 de febrero a la nueva "presentación oficial" del Board of Peace de Trump en Washington. El republicano se vio forzado a repetir el evento luego del fiasco de su lanzamiento en Davos, que juntó a Milei con una serie de "plutócratas afines a Putin", según el prestigioso diario inglés Financial Times.
 
La decisión de Karina Milei se suma a un dato muy interesante que publicó Perfil este domingo: en diciembre pasado la hermana del presidente no visitó Olivos.
 
"Ella está presionando a fondo para que le de el control total", sintetizó un dirigente libertario que conoce de cerca a los Milei. El asesor rehúye la pelea con la hermana y prefiere mantener la tensión a nivel de los Menem.
 
Karina no oculta su entusiasmo por la obediencia absoluta. La semana que pasó envió un mensaje claro a las bases libertarias. Su hombre en la provincia de Buenos Aires, el diputado Sebastián Pareja, dijo en un encuentro con militantes en Mar del Plata: "No hay mucha vuelta. Nosotros trabajamos bajo la lógica de un partido político que tiene sus autoridades y tiene su manual disciplinario. El que ventile sus diferencias, está fuera del espacio".
 

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