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Nacionales - 14-01-2022 / 10:01
CONFIRMÓ LOS AUDIOS DE LA GESTAPO MACRISTA ANTE LA COMISIÓN BICAMERAL DE INTELIGENCIA DEL CONGRESO

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, ratificó ante la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia que los audios que se difundieron en los últimos días son, efectivamente, de su voz. En esos audios, el uniformado describió una trama de armado de causas judiciales truchas contra opositores (sindicalistas, pero también políticos, entre ellos el ex gobernador Daniel Scioli y su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez). Cassasa no sólo confirmó que el audio es su voz; también ratificó el contenido.
 
Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos: contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
 
Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Se presentó al mediodía del jueves con buena predisposición y, además de confirmar los audios y el contenido, entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.
 
La particularidad de su descripción es que mostró que el armado de causas en la provincia no era una cuestión aislada sino que había una política de espiar y acusar penalmente generalizada que, todo hace suponer, se manejaba desde la Casa Rosada y la AFI. Lo que quedó a la vista en su relato es que los expedientes --en especial contra políticos opositores y sindicalistas-- se habrían nutrido con aportes de la AFI, de Asuntos Internos y también de la Unidad de Información Financiera (UIF), según pudo reconstruirse.
 
Casassa se comprometió a entregar más material y pidió postergar algunas precisiones. El martes próximo está citado Conte Grand ante la comisión. También deben ir los representantes legales de las dos empresas distribuidoras de las cámaras instaladas en el Banco Provincia, donde los diputados harán ese mismo día una inspección ocular.
 
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La AFI y la UIF para armar causas
 
Los audios fueron presentados la semana pasada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete del exgobernador Daniel Scioli, ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. El juzgado abrió un expediente aparte pero conexo con el que investiga la "Gestapo antisindical" y la reunión de parte de la mesa judicial del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, que quedó registrada por al menos tres cámaras colocadas en el séptimo piso de la entidad y cuya filmación apareció en la AFI. La sospecha es que las colocó la propia central de inteligencia.
 
Casassa fue, en sus tiempos de subcomisario de Activos Ilegales de la superintendencia de Investigaciones de la Bonaerense, quien participó de allanamientos a la vivienda de Pérez y de varias propiedades de Scioli, entre otros exfuncionarios a quienes les abrieron una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia que la originó la había hecho Carrió. El exjefe de Gabinete está citado para el martes para ratificar su denuncia.
 
 
Los espías en el centro
  
El papel central y repetido de la AFI junto con el posible espionaje es lo que habilitó la intervención de la Bicameral. En el video del Bapro donde se ve al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas como protagonista en la reunión con empresarios y otros funcionarios a quienes expresa su deseo de tener una "Gestapo" propia para poder "terminar con los gremios", también están presentes tres exdirectivos de la AFI.
 
Dos de ellos --el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano y el exjefe de Gabinete del organismo Darío Biorci-- participan activamente de la explicación acerca de cómo armar acusaciones penales contra sindicalistas, entre quienes se menciona al dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina.
 
Biorci intenta saber con qué reclamos se topaban los empresarios de parte del gremio. Como reclamar viandas o ropa de trabajo no parece un reclamo delictivo, según acota el propio Villegas, De Stéfano termina por sugerir generar una provocación para filmarlo. También estaba presente el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Son tres nombres conocidos para la Bicameral, ya que aparecen en todas las investigaciones sobre espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
En el expediente de la "Gestapo", el juez Kreplak pidió este jueves a la AFI que informe si entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017 entraron al organismo Vidal, Villegas o alguno de los presentes en la mesa del Bapro: el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan, y --por el sector privado-- Marcelo Jawroski, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Cusini, Fernando Sacrachi y Bernardo Zaslascky. A estos últimos los agregó a los entrecruzamientos de llamadas que había ordenado sobre los funcionarios, incluida Vidal.
 
 
La gran mesa judicial
  
Cassasa decía en uno de los audios que le hizo escuchar la Bicameral: "Asuntos Internos es exactamente la oficina en la que, por orden de (Cristian) Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand --que era una locura que esté ahí-- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados".
 
Ante los diputados confirmó ese entramado propio de la provincia de Buenos Aires, pero agregó que los mismos personajes eran invitados a la mesa judicial (nacional) que se reunía los jueves a la tarde cada quince días.
 
El comisario señaló que eran convocados a concurrir a la AFI. Lo que es seguro, según información que ya está hace tiempo en poder de la Bicameral en base a las investigaciones previas sobre espionaje durante el macrismo, es que algunas de las invitaciones provenían de una secretaria del extitular de la Agencia de inteligencia y amigo de Macri, Gustavo Arribas, y otras las enviaban desde un e-mail del despacho del exjefe de Gabinete, Marcos Peña, donde a veces eran los encuentros.
 
En algunos de esos correos aparecían como destinatarios también el exministro de Justicia Germán Garavano, el exjefe de asesores de Presidencia José Torello y el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas. Como es conocido un miembro permanente y crucial fue Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que sigue en Uruguay sin responder a la Justicia argentina, que lo citó a indagatoria.
 
 
Todos los caminos conducen a la Casa Rosada
  
Hay un amplio abanico de datos que llevan a suponer que la política de espiar, generar causas y llevar a la Justicia a dirigentes opositores y sindicalistas estaba centralizada en la Casa Rosada. En el caso particular de la reunión en el Bapro, las cámaras instaladas no eran de seguridad, no apuntaban a los ingresos sino a la mesa y, como informó Raúl Kollmann, implicaron un despliegue tecnológico, incluida la instalación de micrófonos para conseguir buena calidad de audio. Todavía es un misterio quién autorizó su ingreso y colocación, aunque habría algunas pistas. A esto hay que sumar algunas coincidencias cronológicas que juntan a elenco bonaerense con el nacional.
 
Poco más de un mes antes del encuentro donde habló de la Gestapo, el ministro Villegas se reunió en la Casa Rosada con Arribas y con Macri. Era 4 de mayo. Es una rareza que un ministro provincial, con facultades limitadas, se junte con el jefe de Estado. No sería extraño que allí se hablara de la estrategia contra otros dirigentes como Roberto Baradel o Hugo Moyano, que fueron espiados.
 
Cinco días después, según información de la Bicameral, la AFI entregó un informe sobre la Uocra de La Plata que apuntaba a las actividades del "Pata" Medina. Dos días antes y también después, Macri empezó a insistir con su muletilla de "la mafia de los juicios laborales" y a culpar a trabajadores y trabajadoras que inician demandas por las violaciones a sus derechos, todo en un contexto de despidos y precarización.
 
A la par inició una ofensiva contra jueces/zas que fallaban en contra del empresariado y que avalaban pariarias que el macrismo no quería. A las pocas horas de la cumbre en el Bapro, para la que vale recordar que no registró su ingreso ningún asistente, fueron Garavano y Arribas a la Rosada. ¿Estaría disponible la filmación y el plan comenzaba a ejecutarse? Medina fue denunciado 15 días después por supuesta coacción y amenazas. Lo detuvieron a fines de septiembre.
 
 
La huella de Carrió
  
El otro tramo del audio que también confirmó Casassa equipara la función de Asuntos Internos de la policía con un "grupo de tareas" que relaciona con Carrió. "Esa mesa judicial que estaba Conte Grand, junto con Vidal, algo imposible por la división de poderes, no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa. Y eran los que con el fiscal de Avellaneda (en alusión a Sebastián Scalera), lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar..."
 
Ante la Bicameral, Casassa vinculó a Carrió y Oliveto directamente con quien era jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. Entregó a los diputados un video de un acto de 2018 donde están ambas en un acto con Vidal. La ex gobernadora alienta un aplauso para Berra y cuenta que eran vecinos de Morón pero que lo había traído de la Auditoría General de la Ciudad, donde lo conoció por Oliveto.
 
Dice que lo llevó porque buscaban a alguien independiente para controlar a la propia policía y lo felicita por haber apartado a 9200 agentes. Berra fue procesado en 2020 por obtener "información y almacenar datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial" entre 2016 y 2019. Pero la causa no avanzó más.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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