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Nacionales - 14-01-2022 / 10:01
CONFIRMÓ LOS AUDIOS DE LA GESTAPO MACRISTA ANTE LA COMISIÓN BICAMERAL DE INTELIGENCIA DEL CONGRESO

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, ratificó ante la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia que los audios que se difundieron en los últimos días son, efectivamente, de su voz. En esos audios, el uniformado describió una trama de armado de causas judiciales truchas contra opositores (sindicalistas, pero también políticos, entre ellos el ex gobernador Daniel Scioli y su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez). Cassasa no sólo confirmó que el audio es su voz; también ratificó el contenido.
 
Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos: contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
 
Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Se presentó al mediodía del jueves con buena predisposición y, además de confirmar los audios y el contenido, entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.
 
La particularidad de su descripción es que mostró que el armado de causas en la provincia no era una cuestión aislada sino que había una política de espiar y acusar penalmente generalizada que, todo hace suponer, se manejaba desde la Casa Rosada y la AFI. Lo que quedó a la vista en su relato es que los expedientes --en especial contra políticos opositores y sindicalistas-- se habrían nutrido con aportes de la AFI, de Asuntos Internos y también de la Unidad de Información Financiera (UIF), según pudo reconstruirse.
 
Casassa se comprometió a entregar más material y pidió postergar algunas precisiones. El martes próximo está citado Conte Grand ante la comisión. También deben ir los representantes legales de las dos empresas distribuidoras de las cámaras instaladas en el Banco Provincia, donde los diputados harán ese mismo día una inspección ocular.
 
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La AFI y la UIF para armar causas
 
Los audios fueron presentados la semana pasada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete del exgobernador Daniel Scioli, ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. El juzgado abrió un expediente aparte pero conexo con el que investiga la "Gestapo antisindical" y la reunión de parte de la mesa judicial del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, que quedó registrada por al menos tres cámaras colocadas en el séptimo piso de la entidad y cuya filmación apareció en la AFI. La sospecha es que las colocó la propia central de inteligencia.
 
Casassa fue, en sus tiempos de subcomisario de Activos Ilegales de la superintendencia de Investigaciones de la Bonaerense, quien participó de allanamientos a la vivienda de Pérez y de varias propiedades de Scioli, entre otros exfuncionarios a quienes les abrieron una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia que la originó la había hecho Carrió. El exjefe de Gabinete está citado para el martes para ratificar su denuncia.
 
 
Los espías en el centro
  
El papel central y repetido de la AFI junto con el posible espionaje es lo que habilitó la intervención de la Bicameral. En el video del Bapro donde se ve al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas como protagonista en la reunión con empresarios y otros funcionarios a quienes expresa su deseo de tener una "Gestapo" propia para poder "terminar con los gremios", también están presentes tres exdirectivos de la AFI.
 
Dos de ellos --el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano y el exjefe de Gabinete del organismo Darío Biorci-- participan activamente de la explicación acerca de cómo armar acusaciones penales contra sindicalistas, entre quienes se menciona al dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina.
 
Biorci intenta saber con qué reclamos se topaban los empresarios de parte del gremio. Como reclamar viandas o ropa de trabajo no parece un reclamo delictivo, según acota el propio Villegas, De Stéfano termina por sugerir generar una provocación para filmarlo. También estaba presente el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Son tres nombres conocidos para la Bicameral, ya que aparecen en todas las investigaciones sobre espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
En el expediente de la "Gestapo", el juez Kreplak pidió este jueves a la AFI que informe si entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017 entraron al organismo Vidal, Villegas o alguno de los presentes en la mesa del Bapro: el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan, y --por el sector privado-- Marcelo Jawroski, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Cusini, Fernando Sacrachi y Bernardo Zaslascky. A estos últimos los agregó a los entrecruzamientos de llamadas que había ordenado sobre los funcionarios, incluida Vidal.
 
 
La gran mesa judicial
  
Cassasa decía en uno de los audios que le hizo escuchar la Bicameral: "Asuntos Internos es exactamente la oficina en la que, por orden de (Cristian) Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand --que era una locura que esté ahí-- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados".
 
Ante los diputados confirmó ese entramado propio de la provincia de Buenos Aires, pero agregó que los mismos personajes eran invitados a la mesa judicial (nacional) que se reunía los jueves a la tarde cada quince días.
 
El comisario señaló que eran convocados a concurrir a la AFI. Lo que es seguro, según información que ya está hace tiempo en poder de la Bicameral en base a las investigaciones previas sobre espionaje durante el macrismo, es que algunas de las invitaciones provenían de una secretaria del extitular de la Agencia de inteligencia y amigo de Macri, Gustavo Arribas, y otras las enviaban desde un e-mail del despacho del exjefe de Gabinete, Marcos Peña, donde a veces eran los encuentros.
 
En algunos de esos correos aparecían como destinatarios también el exministro de Justicia Germán Garavano, el exjefe de asesores de Presidencia José Torello y el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas. Como es conocido un miembro permanente y crucial fue Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que sigue en Uruguay sin responder a la Justicia argentina, que lo citó a indagatoria.
 
 
Todos los caminos conducen a la Casa Rosada
  
Hay un amplio abanico de datos que llevan a suponer que la política de espiar, generar causas y llevar a la Justicia a dirigentes opositores y sindicalistas estaba centralizada en la Casa Rosada. En el caso particular de la reunión en el Bapro, las cámaras instaladas no eran de seguridad, no apuntaban a los ingresos sino a la mesa y, como informó Raúl Kollmann, implicaron un despliegue tecnológico, incluida la instalación de micrófonos para conseguir buena calidad de audio. Todavía es un misterio quién autorizó su ingreso y colocación, aunque habría algunas pistas. A esto hay que sumar algunas coincidencias cronológicas que juntan a elenco bonaerense con el nacional.
 
Poco más de un mes antes del encuentro donde habló de la Gestapo, el ministro Villegas se reunió en la Casa Rosada con Arribas y con Macri. Era 4 de mayo. Es una rareza que un ministro provincial, con facultades limitadas, se junte con el jefe de Estado. No sería extraño que allí se hablara de la estrategia contra otros dirigentes como Roberto Baradel o Hugo Moyano, que fueron espiados.
 
Cinco días después, según información de la Bicameral, la AFI entregó un informe sobre la Uocra de La Plata que apuntaba a las actividades del "Pata" Medina. Dos días antes y también después, Macri empezó a insistir con su muletilla de "la mafia de los juicios laborales" y a culpar a trabajadores y trabajadoras que inician demandas por las violaciones a sus derechos, todo en un contexto de despidos y precarización.
 
A la par inició una ofensiva contra jueces/zas que fallaban en contra del empresariado y que avalaban pariarias que el macrismo no quería. A las pocas horas de la cumbre en el Bapro, para la que vale recordar que no registró su ingreso ningún asistente, fueron Garavano y Arribas a la Rosada. ¿Estaría disponible la filmación y el plan comenzaba a ejecutarse? Medina fue denunciado 15 días después por supuesta coacción y amenazas. Lo detuvieron a fines de septiembre.
 
 
La huella de Carrió
  
El otro tramo del audio que también confirmó Casassa equipara la función de Asuntos Internos de la policía con un "grupo de tareas" que relaciona con Carrió. "Esa mesa judicial que estaba Conte Grand, junto con Vidal, algo imposible por la división de poderes, no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa. Y eran los que con el fiscal de Avellaneda (en alusión a Sebastián Scalera), lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar..."
 
Ante la Bicameral, Casassa vinculó a Carrió y Oliveto directamente con quien era jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. Entregó a los diputados un video de un acto de 2018 donde están ambas en un acto con Vidal. La ex gobernadora alienta un aplauso para Berra y cuenta que eran vecinos de Morón pero que lo había traído de la Auditoría General de la Ciudad, donde lo conoció por Oliveto.
 
Dice que lo llevó porque buscaban a alguien independiente para controlar a la propia policía y lo felicita por haber apartado a 9200 agentes. Berra fue procesado en 2020 por obtener "información y almacenar datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial" entre 2016 y 2019. Pero la causa no avanzó más.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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