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Nacionales - 14-01-2022 / 10:01
CONFIRMÓ LOS AUDIOS DE LA GESTAPO MACRISTA ANTE LA COMISIÓN BICAMERAL DE INTELIGENCIA DEL CONGRESO

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo

El comisario Casassa aseguró que Vidal y Conte Grand se reunían cada 15 días con la mesa judicial nacional del macrismo
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
El comisario de la Policía Bonaerense, Hernán Cassasa, ratificó ante la Comisión Bicameral de los organismos de inteligencia que los audios que se difundieron en los últimos días son, efectivamente, de su voz. En esos audios, el uniformado describió una trama de armado de causas judiciales truchas contra opositores (sindicalistas, pero también políticos, entre ellos el ex gobernador Daniel Scioli y su ex jefe de Gabinete, Alberto Pérez). Cassasa no sólo confirmó que el audio es su voz; también ratificó el contenido.
 
Además de ratificar el contenido, su relato fue incluso más lejos: contó que la exgobernadora María Eugenia Vidal, su exjefe de Gabinete Federico Salvai y el procurador Julio Conte Grand --a quienes ya mencionaba en la grabación-- también participaban de la mesa judicial nacional que, según dijo estar al tanto, se reunía los jueves cada quince días por convocatoria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Además vinculó a las dirigentas de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Paula Oliveto con el espionaje y el uso dudoso de información para crear expedientes falsos.
 
Casassa había sido citado por una subcomisión de la Bicameral conformada para estos temas que integran Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdés y el radical Miguel Bazze. Se presentó al mediodía del jueves con buena predisposición y, además de confirmar los audios y el contenido, entregó material para mostrar el nexo entre Carrió, Vidal y la Auditoría de Asuntos Internos de la Policía bonaerense, una dependencia que ya en la grabación señalaba como clave en la recolección ilegal de información.
 
La particularidad de su descripción es que mostró que el armado de causas en la provincia no era una cuestión aislada sino que había una política de espiar y acusar penalmente generalizada que, todo hace suponer, se manejaba desde la Casa Rosada y la AFI. Lo que quedó a la vista en su relato es que los expedientes --en especial contra políticos opositores y sindicalistas-- se habrían nutrido con aportes de la AFI, de Asuntos Internos y también de la Unidad de Información Financiera (UIF), según pudo reconstruirse.
 
Casassa se comprometió a entregar más material y pidió postergar algunas precisiones. El martes próximo está citado Conte Grand ante la comisión. También deben ir los representantes legales de las dos empresas distribuidoras de las cámaras instaladas en el Banco Provincia, donde los diputados harán ese mismo día una inspección ocular.
 
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La AFI y la UIF para armar causas
 
Los audios fueron presentados la semana pasada por Alberto Pérez, exjefe de gabinete del exgobernador Daniel Scioli, ante el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak. El juzgado abrió un expediente aparte pero conexo con el que investiga la "Gestapo antisindical" y la reunión de parte de la mesa judicial del 15 de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, que quedó registrada por al menos tres cámaras colocadas en el séptimo piso de la entidad y cuya filmación apareció en la AFI. La sospecha es que las colocó la propia central de inteligencia.
 
Casassa fue, en sus tiempos de subcomisario de Activos Ilegales de la superintendencia de Investigaciones de la Bonaerense, quien participó de allanamientos a la vivienda de Pérez y de varias propiedades de Scioli, entre otros exfuncionarios a quienes les abrieron una causa por supuesto enriquecimiento ilícito. La denuncia que la originó la había hecho Carrió. El exjefe de Gabinete está citado para el martes para ratificar su denuncia.
 
 
Los espías en el centro
  
El papel central y repetido de la AFI junto con el posible espionaje es lo que habilitó la intervención de la Bicameral. En el video del Bapro donde se ve al exministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas como protagonista en la reunión con empresarios y otros funcionarios a quienes expresa su deseo de tener una "Gestapo" propia para poder "terminar con los gremios", también están presentes tres exdirectivos de la AFI.
 
Dos de ellos --el exdirector de Asuntos Jurídicos Juan Sebastián De Stéfano y el exjefe de Gabinete del organismo Darío Biorci-- participan activamente de la explicación acerca de cómo armar acusaciones penales contra sindicalistas, entre quienes se menciona al dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina.
 
Biorci intenta saber con qué reclamos se topaban los empresarios de parte del gremio. Como reclamar viandas o ropa de trabajo no parece un reclamo delictivo, según acota el propio Villegas, De Stéfano termina por sugerir generar una provocación para filmarlo. También estaba presente el exdirector operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra. Son tres nombres conocidos para la Bicameral, ya que aparecen en todas las investigaciones sobre espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
En el expediente de la "Gestapo", el juez Kreplak pidió este jueves a la AFI que informe si entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2017 entraron al organismo Vidal, Villegas o alguno de los presentes en la mesa del Bapro: el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el senador Juan Pablo Allan, y --por el sector privado-- Marcelo Jawroski, Ricardo Alconada, Guillermo Moretto, Jorge Oscar Del Río, Fabián Cusini, Fernando Sacrachi y Bernardo Zaslascky. A estos últimos los agregó a los entrecruzamientos de llamadas que había ordenado sobre los funcionarios, incluida Vidal.
 
 
La gran mesa judicial
  
Cassasa decía en uno de los audios que le hizo escuchar la Bicameral: "Asuntos Internos es exactamente la oficina en la que, por orden de (Cristian) Ritondo, buscaban toda la información para empapelar las causas. Era el armado judicial, la mesa judicial que tenían con Vidal, Salvai, Conte Grand --que era una locura que esté ahí-- y Ritondo. Esa oficina tenía acceso a los Nosis, hablaba con la UIF, pedía información de todos lados".
 
Ante los diputados confirmó ese entramado propio de la provincia de Buenos Aires, pero agregó que los mismos personajes eran invitados a la mesa judicial (nacional) que se reunía los jueves a la tarde cada quince días.
 
El comisario señaló que eran convocados a concurrir a la AFI. Lo que es seguro, según información que ya está hace tiempo en poder de la Bicameral en base a las investigaciones previas sobre espionaje durante el macrismo, es que algunas de las invitaciones provenían de una secretaria del extitular de la Agencia de inteligencia y amigo de Macri, Gustavo Arribas, y otras las enviaban desde un e-mail del despacho del exjefe de Gabinete, Marcos Peña, donde a veces eran los encuentros.
 
En algunos de esos correos aparecían como destinatarios también el exministro de Justicia Germán Garavano, el exjefe de asesores de Presidencia José Torello y el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas. Como es conocido un miembro permanente y crucial fue Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que sigue en Uruguay sin responder a la Justicia argentina, que lo citó a indagatoria.
 
 
Todos los caminos conducen a la Casa Rosada
  
Hay un amplio abanico de datos que llevan a suponer que la política de espiar, generar causas y llevar a la Justicia a dirigentes opositores y sindicalistas estaba centralizada en la Casa Rosada. En el caso particular de la reunión en el Bapro, las cámaras instaladas no eran de seguridad, no apuntaban a los ingresos sino a la mesa y, como informó Raúl Kollmann, implicaron un despliegue tecnológico, incluida la instalación de micrófonos para conseguir buena calidad de audio. Todavía es un misterio quién autorizó su ingreso y colocación, aunque habría algunas pistas. A esto hay que sumar algunas coincidencias cronológicas que juntan a elenco bonaerense con el nacional.
 
Poco más de un mes antes del encuentro donde habló de la Gestapo, el ministro Villegas se reunió en la Casa Rosada con Arribas y con Macri. Era 4 de mayo. Es una rareza que un ministro provincial, con facultades limitadas, se junte con el jefe de Estado. No sería extraño que allí se hablara de la estrategia contra otros dirigentes como Roberto Baradel o Hugo Moyano, que fueron espiados.
 
Cinco días después, según información de la Bicameral, la AFI entregó un informe sobre la Uocra de La Plata que apuntaba a las actividades del "Pata" Medina. Dos días antes y también después, Macri empezó a insistir con su muletilla de "la mafia de los juicios laborales" y a culpar a trabajadores y trabajadoras que inician demandas por las violaciones a sus derechos, todo en un contexto de despidos y precarización.
 
A la par inició una ofensiva contra jueces/zas que fallaban en contra del empresariado y que avalaban pariarias que el macrismo no quería. A las pocas horas de la cumbre en el Bapro, para la que vale recordar que no registró su ingreso ningún asistente, fueron Garavano y Arribas a la Rosada. ¿Estaría disponible la filmación y el plan comenzaba a ejecutarse? Medina fue denunciado 15 días después por supuesta coacción y amenazas. Lo detuvieron a fines de septiembre.
 
 
La huella de Carrió
  
El otro tramo del audio que también confirmó Casassa equipara la función de Asuntos Internos de la policía con un "grupo de tareas" que relaciona con Carrió. "Esa mesa judicial que estaba Conte Grand, junto con Vidal, algo imposible por la división de poderes, no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa. Y eran los que con el fiscal de Avellaneda (en alusión a Sebastián Scalera), lo destrozaron a Moyano, que lo quisieron meter preso. Se juntaban en la SIDE, hay un par de informaciones, chequeé, me tiraron. Una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información, y después, mágicamente, aparecía en las manos de Carrió. Y Carrió metía la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar..."
 
Ante la Bicameral, Casassa vinculó a Carrió y Oliveto directamente con quien era jefe de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. Entregó a los diputados un video de un acto de 2018 donde están ambas en un acto con Vidal. La ex gobernadora alienta un aplauso para Berra y cuenta que eran vecinos de Morón pero que lo había traído de la Auditoría General de la Ciudad, donde lo conoció por Oliveto.
 
Dice que lo llevó porque buscaban a alguien independiente para controlar a la propia policía y lo felicita por haber apartado a 9200 agentes. Berra fue procesado en 2020 por obtener "información y almacenar datos sobre personas físicas y jurídicas que nada tienen que ver con la esfera de contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial" entre 2016 y 2019. Pero la causa no avanzó más.
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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