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Nacionales - 13-01-2022 / 09:01
"GESTAPO" ANTISINDICAL MACRISTA

La Justicia pidió que entreguen la computadora que usaba María Eugenia Vidal

La Justicia pidió que entreguen la computadora que usaba María Eugenia Vidal
El juez Ernesto Kreplak decidió avanzar en la línea que trazó la fiscalía de Ana Russo y, además de ordenar identificar números de teléfono de María Eugenia Vidal para poder analizar sus llamadas, le requirió al gobierno bonaerense que entregue la computadora que la actual diputada utilizó en sus tiempos al frente de la provincia de Buenos Aires. En la imagen: Vidal y Conte Grand.
El juez Ernesto Kreplak, que investiga el rol que tuvo la exgobernadora María Eugenia Vidal en el caso "Gestapo antisindical", mientras avanza con la identificación de los teléfonos que usó la exmandataria bonaerense también requirió al gobierno provincial que entregue o ponga a disposición la computadora que utilizó Vidal o su secretaria privada entre mayo y diciembre de 2017. Hizo lo propio con los exfuncionarios imputados en la causa.
 
No le sirvió de mucho a Vidal su estudiada actuación en un medio amigo con el propósito de desmarcarse de la "mesa judicial" que se armó bajo su propio gobierno con el objetivo de perseguir a dirigentes sindicales. La fiscal a cargo de la investigación la imputó en la causa y ordenó una pesquisa de sus conversaciones telefónicas, al igual que hizo con todos los que participaron de la reunión en la sede del banco Provincia y en donde el exministro de Trabajo de aquella gestión se mostró partidario de armar una "Gestapo" para "terminar con el sindicalismo".
 
Vidal tardó diez días en hablar de un tema tan resonante, y durante la amistosa entrevista que tuvo lugar en el canal de noticias La Nación+, uno de cuyos propietarios es Mauricio Macri, no se privó de acudir a su conocido repertorio de mohines y gestos actorales para hacerse "la mosquita muerta" y buscó bajarle el precio a lo sucedido al afirmar que se trató de una simple "reunión de trabajo". Sin embargo una investigación reveló que ninguno de los presentes había registrado su ingreso a la sede del banco de la Provincia de Buenos Aires. Todo un "detalle" para una reunión que contó con la presencia de altos funcionarios provinciales, el intendente de La Plata, tres altos jerarcas de la AFI macrista, un senador nacional y varios representantes de asociaciones y cámaras empresariales.
 
El armado de causas judiciales espurias quedó fielmente reflejado en el video que capta imágenes y audio de aquella reunión que tuvo lugar en junio de 2017. Las más de dos horas de grabación son un compendio de cómo, bajo el macrismo, funcionó la siniestra maquinaria que se puso en marcha para perseguir a dirigentes opositores.
 
Según explicó el vocero principal del encuentro, el exministro de Trabajo de Vidal, las instancias municipal, provincial y nacional se habían puesto de acuerdo para llevar a cabo una estrategia coordinada para armar causas truchas, y también mencionó que fiscales y jueces estaban de acuerdo para actuar en consecuencia. El pedido a los empresarios para que presenten denuncias falsas por "extorsión" contra dirigentes gremiales, constituía el primer paso para poner en marcha el engranaje.
 
El silencio que han impuesto sobre este resonante caso los grandes medios de comunicación porteños forma parte del blindaje que protege a la dirigencia de la derecha macrista. Que la imputación de Vidal en la investigación no esté en las tapas de los diarios de mayor circulación del país contrasta con la amplísima cobertura, con ribetes de escándalo, que ofrecían cuando se armaban causas judiciales contra dirigentes K con la activa participación de la "mesa judicial" comandada por el hoy prófugo "Pepín" Rodríguez Simón.
 
Es evidente que la "Gestapo de Vidal" no pudo ser pergeñada por altos funcionarios de su gobierno sin su consentimiento ni el de Conte Grand. Ahora cabe esperar que la investigación judicial iniciada no muera en Comodoro Py en donde el macrismo cuenta con tantos jueces y fiscales amigos.
 
La Opinión Popular
 

 
El juez Ernesto Kreplak decidió avanzar en la línea que trazó la fiscalía de Ana Russo y, además de ordenar identificar números de teléfono de María Eugenia Vidal para poder analizar sus llamadas, le requirió al gobierno bonaerense que entregue la computadora que la actual diputada utilizó en sus tiempos al frente de la provincia de Buenos Aires. La investigación intenta establecer cuál fue su papel en la mesa judicial bonaerense y el armado de causas judiciales que es eje en el expediente, por ahora alrededor de las acusaciones contra el dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina.
 
Es el primer nombre que aparece bajo la lupa en la pesquisa por fuera de las personas que estaban presentes en la reunión del 15 de junio de 2017, o que al menos se ven en el video que halló la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fue entregado a la Justicia. El organismo lleva adelante un sumario interno para establecer quien dio la orden de instalar las cámaras en el séptimo piso de la sede porteña del Banco Provincia, que Vidal también solía utilizar para tener reuniones.
 
De acuerdo al último dictamen de Russo, el juez Kreplak cambió la carátula del expediente, amplió la lista de imputados y precisó algunos posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la ley de inteligencia.
 
Como paso previo al entrecruzamiento de llamadas, pidió identificar los números de teléfono fijos y móviles utilizados por la propia Vidal y por los funcionarios reunidos en el Bapro, empezando por el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, que fue quien puso en palabras su deseo de tener una "Gestapo" propia para "terminar con los gremios", el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el actual senador Juan Pablo Allan y el intendente de la Plata, Julio Garro. Lo mismo requirió respecto de los tres altos directivos de la AFI que estaban en el encuentro: Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos), Darío Biorci (Jefatura del Gabinete) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia).
 
Los distintos ministerios y la gobernación deberán entregar las computadoras y otros dispositivos que pudieron haber utilizado los exfuncionarios y/o sus secretarias/os. Hay que ver si quedó algo en esos aparatos. La AFI tendrá que precisar quiénes de todos los presentes en la mesa en cuestión tenían asignados celulares encriptados, que no permiten hacer un rastreo de las comunicaciones.
 
Como reveló este diario en 2020, la central de inteligencia no sólo los repartía entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino de Buenos Aires --incluida Vidal-- y también entre personas ajenas a la función pública, desde el operador Daniel Angelici hasta el abogado histórico de Mauricio Macri, Alejandro Pérez Chada. Los celulares de los imputados que ya fueron secuestrados comenzaron a ser analizados esta semana por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP).
 
Otra de las medidas ordenadas, que puede parecer técnica o burocrática, habla en realidad del alcance que podría llegar a tener la trama investigada y quiénes pudieron estar detrás: el juez pidió información a tres juzgados donde los mismos agentes de la AFI ya son investigados o señalados, y son precisamente todos expedientes sobre operaciones de inteligencia ilegal de diverso tipo con fines políticos. Kreplak y la fiscala Russo quieren saber qué se analizó de teléfonos y otros dispositivos de De Stéfano, Dalmau Pereyra y Biorci.
 
Una de las causas es conocida --a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi--, y es la que se refiere a múltiples maniobras de espionaje durante el gobierno de Macri, sobre políticos no sólo opositores sino también del oficialismo, sindicalistas, periodistas, dirigentes sociales, religiosos y personas privadas de la libertad ligadas al kirchnerismo.
 
Es el caso que la Cámara Federal intentó debilitar con la teoría de los agentes cuentapropistas pero que, precisamente el video de la "Gestapo" antisindical vino a poner en jaque al mostrar la presencia de los tres altos agentes en el encuentro con funcionarios. Otro caso es el del espionaje a los familiares del ARA San Juan, todavía en la Justicia Federal de Dolores.
 
Y uno, más olvidado, es el que se abrió con la denuncia de Hugo Moyano a raíz de que salió a la luz que dos hombres de la AFI (uno de ellos, De Stéfano, el otro Fernando Di Pasquale, exdirector de Finanzas) le entregaron el juez Luis Carzoglio la orden para detenerlo, igual que a su hijo Pablo. Esa causa nunca avanzó y fue archivada. Carzoglio no fue ni citado a dar testimonio.
 
 
La otra pesquisa
  
La Comisión Bicameral de Inteligencia esperaba para este martes a los empresarios de la construcción que estuvieron en la reunión en el Bapro, a quienes Villegas, los funcionarios y los espías les explicaban cómo hacer para lograr transformar reclamos sindicales en acusaciones penales contra dirigentes y llevarlos a la cárcel. Pero como también fueron imputados comenzaron a excusarse y plantear que irán después de que avance el expediente judicial. En notas presentadas por Ricardo Alconada y Bernardo L. Zaslascky dijeron que se pondrán primero a disposición del juzgado.
 
Para este jueves está citado el subcomisario de la Policía bonaerense Hernán Casassa, a quien se le atribuyen audios que describían la mesa judicial y su relación con la policía de la provincia. Los audios los presentó Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, quien fue citado para ratificar su denuncia la semana próxima.
 
Después de haber intentado justificar la reunión en el Bapro como si fuera institucional --vale recordar que nadie registró su ingreso al edificio--, Vidal ya dejó entrever en sus últimas declaraciones que compartirá estrategia con los agentes de la AFI que quieren llevar el caso Comodoro Py. Además de señalar "la intencionalidad política de esta causa" dijo que tiene "clara" "la incompetencia del juzgado".
 
Por Irina Hauser
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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