Sin embargo, el Presidente evitó anticipar quiénes podrían ser los eventuales candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la vacante de la Corte que quedó tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Ante la consulta periodística, respondió: "Estamos viendo, tiempo al tiempo".
 
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Nacionales - 11-01-2022 / 10:01
EL PRESIDENTE, MUY CRÍTICO CON LA CORTE SUPREMA MACRISTA

Alberto Fernández dijo que la Corte tiene un problema de funcionamiento muy serio

Alberto Fernández dijo que la Corte tiene un problema de funcionamiento muy serio
"La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio", sostuvo el Presidente ante un sistema judicial profundamente elitista y antipopular, en diálogo con la AM750. En esa línea, insistió: "La Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El funcionamiento del máximo tribunal es llamativo, sin dudas".
Tensión con la casta judicial. El presidente Alberto Fernández apuntó con dureza a la Corte Suprema al sostener que "tiene un problema de funcionamiento muy serio" y se escandalizó con el uso de la justicia y los medios que hizo el macrismo y de las insólitas excusas que presenta ante la explosión de pruebas. Además, volvió a reclamar por la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra presa en la provincia de Jujuy.
 
"La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio", sostuvo el Presidente ante un sistema judicial profundamente elitista y antipopular, en diálogo con la AM750. En esa línea, insistió: "La Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El funcionamiento del máximo tribunal es llamativo, sin dudas".
 
Asimismo, Fernández consideró que "el servicio de Justicia está funcionando muy mal". A su juicio, "la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble", y consideró que la oposición tiene "desesperación" para obtener fallos favorables.
 
Las frases de Alberto Fernández rápidamente se convirtieron en noticia, dando cuenta de las tensiones que cruzan el escenario político y tienen como protagonistas al Gobierno nacional y sectores importantes de la casta judicial por el armado de causas judiciales durante el macrismo que dejó expuesto el video de la "Gestapo" para perseguir y encarcelar gremialistas.
 
Las declaraciones de Fernández no caen del cielo. El escenario político nacional asiste a una progresiva tensión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. El dato de las últimas semanas lo constituyó el fallo del máximo tribunal que ordenó modificar el Consejo de la Magistratura. La decisión implicó un golpe al Gobierno, que se vio desafiado claramente.
 
A ese fallo se refirió precisamente Fernández y Lo hizo afirmando que "un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Aquí la Corte hizo eso, dijo: 'Declaro inconstitucional esta ley y por lo tanto dejo vigente la que el mismo Congreso derogó'. Esto es, en términos jurídicos... voy a utilizar la palabra asombroso para ser generoso".
 
Sin embargo, el Presidente evitó anticipar quiénes podrían ser los eventuales candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la vacante de la Corte que quedó tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Ante la consulta periodística, respondió: "Estamos viendo, tiempo al tiempo".
 
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"ARMAR CAUSAS ES DELITO, ACÁ Y EN TODO EL MUNDO"
 
En diálogo con Nora Veiras por la AM 750, el presidente Alberto Fernández detalló los puntos pendientes de la negociación con el FMI, resaltó que la Corte Suprema "tiene un problema de funcionamiento muy serio" y se escandalizó con el uso de la justicia y los medios que hizo el macrismo y de las insólitas excusas que presenta ante la explosión de pruebas.
 
Milagro Sala. El fallo sobre el Consejo de la Magistratura. La situación de los jueces  Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que ocupan cargos en la Cámara Federal de Comodoro Py por una designación a dedo por el macrismo.
 
En diálogo con el programa Aquí, allá y en todas partes, de AM 750, el Presidente criticó todas estas decisiones de la justicia y se refirió en duros términos al funcionamiento de la Corte Suprema. "Estamos bien con Cristina" dice sobre la relación con la vicepresidenta y habla también de la relación con China y Estados Unidos y el armado de causas que judiciales durante el macrismo que dejó expuesto el video de la "Gestapo" para perseguir gremialistas.
 
-- Gerardo Morales, que en el tema del Fondo tiene posiciones sensatas, también es el gobernador que tiene presa a Milagro Sala ¿Cómo se establece un diálogo con quien ha violado la justicia en Jujuy para mantener esta situación de injusticia?
--Morales tomó esta esta postura sobre el Fondo sin hablar conmigo. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque si no pareciera que hubo una negociación que no existió. Es sabida mi posición sobre Milagro Sala. Es un tema preocupante por la forma en que los procesos se desarrollaron. Días atrás, en una causa que creo que era de espionaje, la Cámara Federal rápidamente se ocupó de quitar la figura de asociación ilícita. En los años de Macri se hizo un abuso de la figura de asociación ilícita. Es un delito muy grave, que alarga mucho las penas. Con el delito más grave que según la Justicia jujeña cometió Milagro Sala, que es administración fraudulenta, la pena máxima estaría en seis años ¿Por qué sigue presa? Porque le agregaron la asociación ilícita. En marzo van a ser dos años que la Corte Suprema tiene bajo su tratamiento el tema de Milagro Sala. Soy el presidente y quiero ser respetuoso de las instituciones. Pero que todavía Milagro Sala esté detenida significa que hay algo que está funcionando mal. Vengo planteando el caso de Milagro Sala como algo que merece atención y todas las veces que lo he visto al gobernador (Morales) se lo he dicho, con respeto y con el cuidado que merece el tema. 
 
--Usted participó en el pedido de juicio político a la Corte con Néstor Kirchner. ¿Cómo evalúa esta Corte Suprema y por qué no se puede cambiar la cabeza del Poder Judicial, respetando las vías institucionales?
--Creo que en la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio. Cuando en el año 2003 reconstruimos la Corte Suprema con Néstor, no buscamos jueces que fueran afines a nosotros.  La Argentina sintió que aquella Corte Suprema pasaba a tener otra calidad. Desde el momento en que el gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante. Porque la Corte solamente ha tenido velocidad para actuar... ¿En cuánto tiempo se expidió la corte para aceptar un per saltum sobre los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi? El funcionamiento de la Corte es definitivamente llamativo... y hablo de estas cosas porque las sentencias de la Corte, más allá de que hay que respetarlas y de eso no tengo ninguna duda, son actos públicos. Las leyes, los decretos y las sentencias son susceptibles del debate público. Por ejemplo lo que se ha dicho en el fallo del Consejo de la Magistratura es algo que jurídicamente es asombroso.
 
--Se trata del fallo que le da legitimidad a una ley que fue derogada por el Congreso hace 16 años.
--Claro. Un alumno de primer año sabe que una ley que fue derogada no puede nunca recuperar su legitimidad por una sentencia, necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Puedo usar la palabra asombroso para ser generoso.
 
--¿No es más un tema político que un tema de funcionamiento del Poder Judicial?
--Sí, seguramente, por eso existe esta percepción ciudadana de que la Corte Suprema y la Justicia no están funcionando. Cuando yo planteaba este tema dicen que buscaba la impunidad de Cristina. Todo lo que yo proponía no tenía nada que ver con Cristina. La Corte Suprema jamás trató una queja de las 13 o 14 quejas que Cristina presentó. Cuando la Justicia funciona mal, no es que funciona mal para un expresidente, una expresidenta, un ministro, un exministro. Funciona mal para los ciudadanos. El problema de la Justicia es muy agudo. El Estado tiene el servicio de salud, de educación, de seguridad y el servicio de Justicia. El servicio de justicia está funcionando muy mal, por lo menos en lo que concierne a los temas federales. Muy mal.
 
-Por eso le preguntaba sobre los procesos de juicio político ¿Eso hoy en día no es posible, no lo considera viable?
--La oposición parece tener en la Justicia un coto cerrado. Si cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble. Es conocido el episodio de Fabiola en la pandemia. Me denunciaron. Yo nunca cuestioné al juez que me tocó ni al fiscal que me tocó, y se lo pelearon entre tres o cuatro jueces. Fui a responder como un ciudadano. Ahora, el esfuerzo que hacen los funcionarios del gobierno anterior porque solo los juzguen en Comodoro Py es llamativo. Ahí uno entiendo por qué hicieron la defensa que hicieron de Bruglia y Bertuzzi. La Corte dijo que van a durar en sus cargos hasta que un nuevo concurso los desplace. Bruglia ni se presentó al concurso, yo no sé qué hace de juez todavía. Y lo conozco hace mil años, porque estudió con mi hermana. ¿Qué hace? No lo entiendo. Bertuzzi se presentó y parece que no le fue muy bien, pero el concurso no sale porque los consejeros de la oposición lo traban. Acá hay gente que pasó años y años con prisión preventiva. Lo que nunca vi en mi vida es que a alguien lo detengan para que no venda sus bienes. Eso fue lo que hicieron con Cristóbal López y Fabian De Sousa. 
 
--¿Va a enviar al Congreso algún proyecto de ley para ampliar la Corte o para modificarla, además de los candidatos a los puestos vacantes?
--Tiempo al tiempo, estamos viendo...
 
-- ¿Le parece creíble, como dijo la exgobernadora Vidal, que la filmación de la AFI en la que se habló de la "Gestapo" fue en realidad una filmación ilegal de una reunión de trabajo institucional?
--Es todo muy preocupante...  Es como si yo mandara a un ministro mío, a un viceministro mío, a un intendente mío, a que se reúna con un grupo de empresarios y con agentes de servicios de inteligencia para organizar la manera en que van a inventar causas para meter preso a una persona. Si ella cree que eso es una acción institucional, yo me rindo. Eso es definitivamente un delito. Lo filmen o no es un delito. Hay alguien que dice en la reunión... 'ustedes tendrían que hacer tal cosa', le dice a los empresarios, 'los testigos ya los tenemos y ya saben qué tienen que decir'. Eso es un delito acá y en cualquier lugar del mundo. Y ella dice que no estaba al tanto... entonces tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía mientras tanto.. qué notable, realmente.
 
--¿Lo sorprendió el video?
--Es muy impactante. Nadie puede no sentirse sorprendido. Es una enormidad, no puede pasar esto en una democracia. Aún cuando a veces nos parezca que la víctima de estas actitudes pueda llegar a merecérselo, hay que entender que uno también puede ser víctima de eso. Entonces nadie se lo merece.
 
--Usted va a viajar a China en la primera semana de febrero, asumió como presidente de la CELAC y algunos sectores están aterrorizados por estas vinculaciones, porque dicen que pueden malquistar la relación con los Estados Unidos
--Desde siempre expresamos nuestra vocación de ser parte de un mundo multipolar, multilateral. Creemos que todos los países pueden vincularse entre sí y que cada país se vincula de acuerdo a sus necesidades e intereses. Es un honor presidir la CELAC porque es un organismo que une a todos los países de Latinoamérica y el Caribe en un momento muy difícil del continente. Están muy preocupados porque dicen que Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de la CELAC, también el Chile de Piñera, el Ecuador de Lasso, Colombia de Duque, el Uruguay de Lacalle.  Cuando la CELAC la presidió Piñera no dijeron nada y nadie se rasgó las vestiduras. Quien deja la presidencia de la CELAC es México que es socio de Estados Unidos y Canadá en el NAFTA.  Que yo viaje a China no quiere decir que rompa relaciones con Estados Unidos. No sé en qué cabeza cabe que el mundo funciona de ese modo. Estados Unidos es un país muy importante, una potencia con la que tenemos que tener buenas relaciones y tratar de que el vínculo sea respetuoso y que nos sirva a los dos: a estados Unidos y a Argentina. Y exactamente lo mismo tengo que hacer con China, no se cuál es el problema.
 
-- ¿Con la vicepresidenta cómo están las relaciones?
--Me llamaba la atención que no me preguntaran...Bien, bien. Yo la quiero mucho a Cristina, realmente le tengo mucho cariño. Cuando yo digo 'Cristina no piensa necesariamente igual que yo', eso no es una descalificación, porque capaz que el que está equivocado soy yo. Sí tenemos un común denominador, eso es lo que nos une. Tenemos valores, ideas, que son lo que nos unen y no nos dividen. Estamos bien con Cristina, ahora está descansando un poco, hablé con ella el viernes o sábado, no me acuerdo, y estamos bien. Los problemas son más los que quieren generarnos que los problemas reales. Estamos los dos preocupados por ver cómo trabajar juntos en sacar adelante esto.
 
Por Nora Veiras
 
Fuente: Página12
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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