Sin embargo, el Presidente evitó anticipar quiénes podrían ser los eventuales candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la vacante de la Corte que quedó tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Ante la consulta periodística, respondió: "Estamos viendo, tiempo al tiempo".
 
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Nacionales - 11-01-2022 / 10:01
EL PRESIDENTE, MUY CRÍTICO CON LA CORTE SUPREMA MACRISTA

Alberto Fernández dijo que la Corte tiene un problema de funcionamiento muy serio

Alberto Fernández dijo que la Corte tiene un problema de funcionamiento muy serio
"La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio", sostuvo el Presidente ante un sistema judicial profundamente elitista y antipopular, en diálogo con la AM750. En esa línea, insistió: "La Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El funcionamiento del máximo tribunal es llamativo, sin dudas".
Tensión con la casta judicial. El presidente Alberto Fernández apuntó con dureza a la Corte Suprema al sostener que "tiene un problema de funcionamiento muy serio" y se escandalizó con el uso de la justicia y los medios que hizo el macrismo y de las insólitas excusas que presenta ante la explosión de pruebas. Además, volvió a reclamar por la situación judicial de la dirigente social Milagro Sala, quien se encuentra presa en la provincia de Jujuy.
 
"La Corte Suprema tiene un problema de funcionamiento muy serio", sostuvo el Presidente ante un sistema judicial profundamente elitista y antipopular, en diálogo con la AM750. En esa línea, insistió: "La Corte sólo tuvo velocidad para actuar en algunos casos. ¿Cuánto tardó en aceptar un per saltum en el caso de Bruglia y Bertuzzi? El funcionamiento del máximo tribunal es llamativo, sin dudas".
 
Asimismo, Fernández consideró que "el servicio de Justicia está funcionando muy mal". A su juicio, "la Justicia parece ser un coto cerrado para la oposición. Cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble", y consideró que la oposición tiene "desesperación" para obtener fallos favorables.
 
Las frases de Alberto Fernández rápidamente se convirtieron en noticia, dando cuenta de las tensiones que cruzan el escenario político y tienen como protagonistas al Gobierno nacional y sectores importantes de la casta judicial por el armado de causas judiciales durante el macrismo que dejó expuesto el video de la "Gestapo" para perseguir y encarcelar gremialistas.
 
Las declaraciones de Fernández no caen del cielo. El escenario político nacional asiste a una progresiva tensión entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. El dato de las últimas semanas lo constituyó el fallo del máximo tribunal que ordenó modificar el Consejo de la Magistratura. La decisión implicó un golpe al Gobierno, que se vio desafiado claramente.
 
A ese fallo se refirió precisamente Fernández y Lo hizo afirmando que "un alumno de primer año sabe que una ley que ha sido derogada no puede nunca recuperar su utilidad por una sentencia. Necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Aquí la Corte hizo eso, dijo: 'Declaro inconstitucional esta ley y por lo tanto dejo vigente la que el mismo Congreso derogó'. Esto es, en términos jurídicos... voy a utilizar la palabra asombroso para ser generoso".
 
Sin embargo, el Presidente evitó anticipar quiénes podrían ser los eventuales candidatos del Poder Ejecutivo para ocupar la vacante de la Corte que quedó tras la renuncia de Elena Highton de Nolasco. Ante la consulta periodística, respondió: "Estamos viendo, tiempo al tiempo".
 
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"ARMAR CAUSAS ES DELITO, ACÁ Y EN TODO EL MUNDO"
 
En diálogo con Nora Veiras por la AM 750, el presidente Alberto Fernández detalló los puntos pendientes de la negociación con el FMI, resaltó que la Corte Suprema "tiene un problema de funcionamiento muy serio" y se escandalizó con el uso de la justicia y los medios que hizo el macrismo y de las insólitas excusas que presenta ante la explosión de pruebas.
 
Milagro Sala. El fallo sobre el Consejo de la Magistratura. La situación de los jueces  Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que ocupan cargos en la Cámara Federal de Comodoro Py por una designación a dedo por el macrismo.
 
En diálogo con el programa Aquí, allá y en todas partes, de AM 750, el Presidente criticó todas estas decisiones de la justicia y se refirió en duros términos al funcionamiento de la Corte Suprema. "Estamos bien con Cristina" dice sobre la relación con la vicepresidenta y habla también de la relación con China y Estados Unidos y el armado de causas que judiciales durante el macrismo que dejó expuesto el video de la "Gestapo" para perseguir gremialistas.
 
-- Gerardo Morales, que en el tema del Fondo tiene posiciones sensatas, también es el gobernador que tiene presa a Milagro Sala ¿Cómo se establece un diálogo con quien ha violado la justicia en Jujuy para mantener esta situación de injusticia?
--Morales tomó esta esta postura sobre el Fondo sin hablar conmigo. Eso es lo primero que hay que aclarar, porque si no pareciera que hubo una negociación que no existió. Es sabida mi posición sobre Milagro Sala. Es un tema preocupante por la forma en que los procesos se desarrollaron. Días atrás, en una causa que creo que era de espionaje, la Cámara Federal rápidamente se ocupó de quitar la figura de asociación ilícita. En los años de Macri se hizo un abuso de la figura de asociación ilícita. Es un delito muy grave, que alarga mucho las penas. Con el delito más grave que según la Justicia jujeña cometió Milagro Sala, que es administración fraudulenta, la pena máxima estaría en seis años ¿Por qué sigue presa? Porque le agregaron la asociación ilícita. En marzo van a ser dos años que la Corte Suprema tiene bajo su tratamiento el tema de Milagro Sala. Soy el presidente y quiero ser respetuoso de las instituciones. Pero que todavía Milagro Sala esté detenida significa que hay algo que está funcionando mal. Vengo planteando el caso de Milagro Sala como algo que merece atención y todas las veces que lo he visto al gobernador (Morales) se lo he dicho, con respeto y con el cuidado que merece el tema. 
 
--Usted participó en el pedido de juicio político a la Corte con Néstor Kirchner. ¿Cómo evalúa esta Corte Suprema y por qué no se puede cambiar la cabeza del Poder Judicial, respetando las vías institucionales?
--Creo que en la Corte Suprema hay un problema de funcionamiento muy serio. Cuando en el año 2003 reconstruimos la Corte Suprema con Néstor, no buscamos jueces que fueran afines a nosotros.  La Argentina sintió que aquella Corte Suprema pasaba a tener otra calidad. Desde el momento en que el gobierno de Macri propuso nombrar en comisión a dos jueces de la Corte, empezó a degradarse la calidad. Y cuando uno mira el funcionamiento actual, el tema es muy preocupante. Porque la Corte solamente ha tenido velocidad para actuar... ¿En cuánto tiempo se expidió la corte para aceptar un per saltum sobre los jueces (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi? El funcionamiento de la Corte es definitivamente llamativo... y hablo de estas cosas porque las sentencias de la Corte, más allá de que hay que respetarlas y de eso no tengo ninguna duda, son actos públicos. Las leyes, los decretos y las sentencias son susceptibles del debate público. Por ejemplo lo que se ha dicho en el fallo del Consejo de la Magistratura es algo que jurídicamente es asombroso.
 
--Se trata del fallo que le da legitimidad a una ley que fue derogada por el Congreso hace 16 años.
--Claro. Un alumno de primer año sabe que una ley que fue derogada no puede nunca recuperar su legitimidad por una sentencia, necesita otra ley que la vuelva a poner en vigencia. Puedo usar la palabra asombroso para ser generoso.
 
--¿No es más un tema político que un tema de funcionamiento del Poder Judicial?
--Sí, seguramente, por eso existe esta percepción ciudadana de que la Corte Suprema y la Justicia no están funcionando. Cuando yo planteaba este tema dicen que buscaba la impunidad de Cristina. Todo lo que yo proponía no tenía nada que ver con Cristina. La Corte Suprema jamás trató una queja de las 13 o 14 quejas que Cristina presentó. Cuando la Justicia funciona mal, no es que funciona mal para un expresidente, una expresidenta, un ministro, un exministro. Funciona mal para los ciudadanos. El problema de la Justicia es muy agudo. El Estado tiene el servicio de salud, de educación, de seguridad y el servicio de Justicia. El servicio de justicia está funcionando muy mal, por lo menos en lo que concierne a los temas federales. Muy mal.
 
-Por eso le preguntaba sobre los procesos de juicio político ¿Eso hoy en día no es posible, no lo considera viable?
--La oposición parece tener en la Justicia un coto cerrado. Si cada vez que uno habla de la Justicia reaccionan de un modo increíble. Es conocido el episodio de Fabiola en la pandemia. Me denunciaron. Yo nunca cuestioné al juez que me tocó ni al fiscal que me tocó, y se lo pelearon entre tres o cuatro jueces. Fui a responder como un ciudadano. Ahora, el esfuerzo que hacen los funcionarios del gobierno anterior porque solo los juzguen en Comodoro Py es llamativo. Ahí uno entiendo por qué hicieron la defensa que hicieron de Bruglia y Bertuzzi. La Corte dijo que van a durar en sus cargos hasta que un nuevo concurso los desplace. Bruglia ni se presentó al concurso, yo no sé qué hace de juez todavía. Y lo conozco hace mil años, porque estudió con mi hermana. ¿Qué hace? No lo entiendo. Bertuzzi se presentó y parece que no le fue muy bien, pero el concurso no sale porque los consejeros de la oposición lo traban. Acá hay gente que pasó años y años con prisión preventiva. Lo que nunca vi en mi vida es que a alguien lo detengan para que no venda sus bienes. Eso fue lo que hicieron con Cristóbal López y Fabian De Sousa. 
 
--¿Va a enviar al Congreso algún proyecto de ley para ampliar la Corte o para modificarla, además de los candidatos a los puestos vacantes?
--Tiempo al tiempo, estamos viendo...
 
-- ¿Le parece creíble, como dijo la exgobernadora Vidal, que la filmación de la AFI en la que se habló de la "Gestapo" fue en realidad una filmación ilegal de una reunión de trabajo institucional?
--Es todo muy preocupante...  Es como si yo mandara a un ministro mío, a un viceministro mío, a un intendente mío, a que se reúna con un grupo de empresarios y con agentes de servicios de inteligencia para organizar la manera en que van a inventar causas para meter preso a una persona. Si ella cree que eso es una acción institucional, yo me rindo. Eso es definitivamente un delito. Lo filmen o no es un delito. Hay alguien que dice en la reunión... 'ustedes tendrían que hacer tal cosa', le dice a los empresarios, 'los testigos ya los tenemos y ya saben qué tienen que decir'. Eso es un delito acá y en cualquier lugar del mundo. Y ella dice que no estaba al tanto... entonces tuvimos una gobernadora que no sabemos qué hacía mientras tanto.. qué notable, realmente.
 
--¿Lo sorprendió el video?
--Es muy impactante. Nadie puede no sentirse sorprendido. Es una enormidad, no puede pasar esto en una democracia. Aún cuando a veces nos parezca que la víctima de estas actitudes pueda llegar a merecérselo, hay que entender que uno también puede ser víctima de eso. Entonces nadie se lo merece.
 
--Usted va a viajar a China en la primera semana de febrero, asumió como presidente de la CELAC y algunos sectores están aterrorizados por estas vinculaciones, porque dicen que pueden malquistar la relación con los Estados Unidos
--Desde siempre expresamos nuestra vocación de ser parte de un mundo multipolar, multilateral. Creemos que todos los países pueden vincularse entre sí y que cada país se vincula de acuerdo a sus necesidades e intereses. Es un honor presidir la CELAC porque es un organismo que une a todos los países de Latinoamérica y el Caribe en un momento muy difícil del continente. Están muy preocupados porque dicen que Cuba, Nicaragua y Venezuela son parte de la CELAC, también el Chile de Piñera, el Ecuador de Lasso, Colombia de Duque, el Uruguay de Lacalle.  Cuando la CELAC la presidió Piñera no dijeron nada y nadie se rasgó las vestiduras. Quien deja la presidencia de la CELAC es México que es socio de Estados Unidos y Canadá en el NAFTA.  Que yo viaje a China no quiere decir que rompa relaciones con Estados Unidos. No sé en qué cabeza cabe que el mundo funciona de ese modo. Estados Unidos es un país muy importante, una potencia con la que tenemos que tener buenas relaciones y tratar de que el vínculo sea respetuoso y que nos sirva a los dos: a estados Unidos y a Argentina. Y exactamente lo mismo tengo que hacer con China, no se cuál es el problema.
 
-- ¿Con la vicepresidenta cómo están las relaciones?
--Me llamaba la atención que no me preguntaran...Bien, bien. Yo la quiero mucho a Cristina, realmente le tengo mucho cariño. Cuando yo digo 'Cristina no piensa necesariamente igual que yo', eso no es una descalificación, porque capaz que el que está equivocado soy yo. Sí tenemos un común denominador, eso es lo que nos une. Tenemos valores, ideas, que son lo que nos unen y no nos dividen. Estamos bien con Cristina, ahora está descansando un poco, hablé con ella el viernes o sábado, no me acuerdo, y estamos bien. Los problemas son más los que quieren generarnos que los problemas reales. Estamos los dos preocupados por ver cómo trabajar juntos en sacar adelante esto.
 
Por Nora Veiras
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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