18:07 | Lunes 30 de Junio de 2013 | Entre Ríos

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“A muerte estoy con los jubilados. Lo que les hacen es una vergüenza. Yo defiendo a los jubilados ¿cómo no los voy a defender? Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados”. Diego Maradona

Entre Ríos - 10-01-2022 / 18:01

EL PRÓXIMO 1° DE FEBRERO

El mega juicio tiene fecha para retomarse, con las declaraciones de Urribarri y Aguilera en agenda

El próximo 1° de febrero, se retomará el mega juicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.

El próximo 1° de febrero, cuando la Justicia se desperece del mes de feria veraniega, se retomará el mega juicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, que arrancó el 27 de septiembre de 2021. El proceso, que sentó en el banquillo al dos veces titular del Poder Ejecutivo entrerriano, sus dos exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo, funcionarios de menor rango, empresarios ligados al Estado y al cuñado Juan Pablo "Juampi" Aguilera, y a su parentela, ingresará ahora en etapa de definiciones.

El 28 de diciembre pasado, con la declaración, entre otros, del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se cerró la etapa de testigos y lo que quedan son dos instancias clave: el 1° de febrero se aguarda la declaración de imputado del empresario Maximiliano Sena, ligado al cuñado Aguilera, sindicado por el Ministerio Público Fiscal como un «prestanombres»; la esposa del cuñado, Luciana Almada, y su hermano, el funcionario de la Cámara de Diputados Alejandro Almada. En tanto, para el lunes 7 de febrero se aguarda la declaración de Aguilera y del exgobernador Urribarri.

Finalmente, el martes 8 arrancarán los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y de los abogados defensores. Entonces se conocerá un dato relevante: qué penas pedirá la Fiscalía para cada uno de los imputados. Las distintas causas penales se habían elevado a juicio en forma separada, pero después hubo un intríngulis judicial que derivó en la unificación de todos los procesos que se sustanciaron contra el exgobernador.

Todo en uno

El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: el N° 11.808, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública"; N° 4.385, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública"; y N° 6.399, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública".

Urribarri, sus exministros Pedro Báez, extitular de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, responsable de la cartera de Turismo, otros funcionarios de menor rango, empresarios, amigos y familiares cargan con la acusación del Ministerio Público Fiscal en cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes.

Primero, la "causa de la vaca": el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento "cartelizado" en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios "prestanombres", en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.

La Fiscalía sostiene que esa maniobra de direccionamiento ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, dice la acusación, "se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública". En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares.

Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, plantea la acusación.

La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa "una persona del entorno" de Báez, según la Fiscalía, consiguió el direccionamiento el 1° de julio de 2011 de una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.

Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del "Sueño Entrerriano".

El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del "Sueño Entrerriano".

El cuarto caso, dentro del subíndice "Sueño Entrerriano", alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con "el supuesto objetivo" de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a instalar la imagen de Urribarri, entonces embarcado en llegar a la Presidencia de la Nación.

El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.

Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de una acción más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.

En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo "múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas".

Fuente: Entre Ríos Ahora

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¿Por qué Frigerio no abona el aguinaldo en tiempo y forma?

Hay que pagar el medio aguinaldo, en la malaria muchos esperan con expectativa este ingreso adicional. El de 2025, según la ley, se puede abonar hasta la última jornada laboral del sexto mes del año, que coincide con el lunes 30 de junio. Cuando pasa eso, las provincias recurren al Estado Nacional. Esta vez Javier Milei solo los autorizó a endeudarse en dólares, ante la retención desde Nación de fondos que le corresponden a las provincias. Rogelio Frigerio intentará juntar de donde pueda, frente a una situación desesperante del Estado provincial. Pero, recién después de mediados de julio, el gobernador les pagará a estatales y docentes entrerrianos. La estrepitosa baja en la coparticipación federal y la caída en la capacidad de recaudación provincial, por la recesión económica, son las causas principales de este escenario. La única política que se ejecuta con todo es el ajuste, mientras se paraliza la obra pública, se frenan los giros comprometidos y se acumulan fondos internacionales sin ejecutar.

Frigerio no paga en tiempo porque no tiene plata y no la tiene porque Milei se la queda y el gobernador no reclama como corresponde. La conjura de los necios. La calamidad financiera de la provincia tiene a su autor, el Presidente, prometiendo más ajuste y al Gobernador dispuesto a apoyarlo en el Congreso, en una alianza electoral con La Libertad Avanza. El superávit fiscal del que se jacta Milei no es ningún éxito de su programa económico anarco capitalista sino el resultado del brutal ajuste que aplicó sin anestesia desde que asumió. Las provincias fueron severamente saqueadas y ahora reclaman por los recortes a los fondos coparticipables.

Los dos senadores nacionales, Stella Olalla y Alfredo de Angeli y los cuatro diputados nacionales, Atilio Benedetti, Nancy Ballejos, Marcela Antola y Francisco Morchio, que responden a Frigerio son los mismos que votan a favor del saqueo al interior federal. Sirven a las metas impuestas por el FMI y para eso el gobierno nacional pasó la aspiradora en los recursos coparticipables. Milei gobierna por decreto, pero si los legisladores se sacaran la "peluca", sus mandatos pueden caer. La tensión alcanza al PRO, la UCR y a peronistas colaboradores.

En Entre Ríos, la preocupación por la caída de la obra pública y la merma de fondos nacionales es tema de todos los días entre legisladores e intendentes. Incluso en distritos donde Milei obtuvo un alto caudal de votos, la paciencia comienza a agotarse frente a la falta de respuestas concretas sobre recursos que la Nación viene robando, reteniendo o subejecutando deliberadamente. El interior siente que no está en la agenda libertaria. En un país históricamente tensionado entre el centro y la periferia, la demanda de mayor equidad y protagonismo federal está en el centro del debate.

Reviviendo la histórica lucha entre unitarios y federales y reacios a las gambetas constantes de Milei, que demoran definiciones y generan incertidumbre, el lunes se reunieron gobernadores de todo arco político, en representación de las 23 provincias, para aunar sus quejas en una demanda común. Reclamaron una redistribución equitativa y no discrecional de los fondos coparticipables y de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estos recursos fueron parte del ajuste que aplicó el gobierno de La Libertad Avanza desde su asunción, y que tuvo sus consecuencias en salarios, jubilaciones, presupuestos educativos y sanitarios, obra pública, políticas públicas de discapacidad, género, etc. A la vista de todo el mundo, Milei viene usando descaradamente los recursos que son de las provincias como prenda de cambio para lograr favores políticos. Ante la cobardía de Frigerio y los gobernadores, la parte del león se la sigue quedando Milei. Estos recursos son imprescindibles para sostener la salud, la educación, la seguridad, la justicia, la contención social y la obra pública en las jurisdicciones del interior.

Milei logró aprobar la corrupta Ley de Bases, con votos comprados con favores personales como a Lucila Crexell del MPN o Edgardo Kueider de Unión por la Patria. Apoyado en esa nefasta Ley, Milei viene gobernando a decretazo limpio, por lo que sostener aliados, no solo dentro de la derecha del PRO y la UCR sino también dentro del PJ, le es vital para que no le volteen los decretos en el Congreso. Y mediante extorsiones presupuestarias también lograron los votos para blindar el veto presidencial al aumento a los jubilados. Ahora lo mandatarios deben unirse para obligar a Milei a repartir un billón de pesos que son de las provincias y están en manos de la Nación.

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