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Entre Ríos - 10-01-2022 / 18:01
EL PRÓXIMO 1° DE FEBRERO

El mega juicio tiene fecha para retomarse, con las declaraciones de Urribarri y Aguilera en agenda

El mega juicio tiene fecha para retomarse, con las declaraciones de Urribarri y Aguilera en agenda
El próximo 1° de febrero, se retomará el mega juicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri.
 
El próximo 1° de febrero, cuando la Justicia se desperece del mes de feria veraniega, se retomará el mega juicio al exgobernador de Entre Ríos y actual embajador argentino en Israel, Sergio Daniel Urribarri, que arrancó el 27 de septiembre de 2021. El proceso, que sentó en el banquillo al dos veces titular del Poder Ejecutivo entrerriano, sus dos exministros Pedro Báez, de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, de Turismo, funcionarios de menor rango, empresarios ligados al Estado y al cuñado Juan Pablo "Juampi" Aguilera, y a su parentela, ingresará ahora en etapa de definiciones.
 
El 28 de diciembre pasado, con la declaración, entre otros, del fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, se cerró la etapa de testigos y lo que quedan son dos instancias clave: el 1° de febrero se aguarda la declaración de imputado del empresario Maximiliano Sena, ligado al cuñado Aguilera, sindicado por el Ministerio Público Fiscal como un «prestanombres»; la esposa del cuñado, Luciana Almada, y su hermano, el funcionario de la Cámara de Diputados Alejandro Almada. En tanto, para el lunes 7 de febrero se aguarda la declaración de Aguilera y del exgobernador Urribarri.
 
Finalmente, el martes 8 arrancarán los alegatos de clausura del Ministerio Público Fiscal y de los abogados defensores. Entonces se conocerá un dato relevante: qué penas pedirá la Fiscalía para cada uno de los imputados. Las distintas causas penales se habían elevado a juicio en forma separada, pero después hubo un intríngulis judicial que derivó en la unificación de todos los procesos que se sustanciaron contra el exgobernador.
 
 
Todo en uno
 
El megajuicio incluye tres grandes causas unificadas en un único expediente: el N° 11.808, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Tórtul, Gustavo Javier; Céspedes, Hugo Félix; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeth; Marsó, Hugo José María; Caruso, Gerardo Daniel. S/Peculado y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública"; N° 4.385, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Aguilera, Juan Pablo; Cargnel, Corina Elizabeht; Montañana, Hugo; Tamay, Gustavo; Almada, Luciana; Giacopuzzi, Emiliano; Almada, Alejandro; Sena, Maximiliano. S/Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y defraudación a la Administración Pública"; y N° 6.399, caratulado "Urribarri, Sergio Daniel; Báez, Pedro Ángel; Buffa, Germán Esteban. S/Negociaciones incompatibles en el ejercicio de la función pública".
 
Urribarri, sus exministros Pedro Báez, extitular de Cultura y Comunicación, y Hugo Marsó, responsable de la cartera de Turismo, otros funcionarios de menor rango, empresarios, amigos y familiares cargan con la acusación del Ministerio Público Fiscal en cinco causas de corrupción, agrupadas en tres grandes expedientes.
 
Primero, la "causa de la vaca": el direccionamiento de las pautas de publicidad estática en vía pública a través de un procedimiento "cartelizado" en la que participaban siempre las mismas firmas publicitarias: Tep SRL y Next SRL, propiedad de Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, que tuvo socios "prestanombres", en palabras de Goyeneche, Emiliano Giacopuzzi y Maximiliano Sena, y la valiosa colaboración para llevar adelante la maniobra en la contadora Corina Cargnel. De ese ardid participaban las empresas Hugo Montañana, de Concepción del Uruguay, y Jesús Bustamante, de Paraná. Este último zafó de la causa mediante un juicio abreviado en el que reconoció que pagaba coimas a Aguilera para seguir en el circuito de la contratación desde el Estado entrerriano.
 
La Fiscalía sostiene que esa maniobra de direccionamiento ocurrió entre 2010 y 2015. Durante esos años, dice la acusación, "se desarrolló una maniobra sistemática destinada a favorecer a un grupo de empresas dedicadas a realizar publicidad estática en vía pública". En esos años, y con esas maniobras, se manejaron pautas de publicidad por $21.500.000, cifra que dolarizada, da la suma de 3.250.000 dólares.
 
Las empresas Tep SRL y Next SRL fueron creadas en 2009 por Aguilera con el objetivo de centralizar las contrataciones de publicidad estática en vía pública por parte del Gobierno provincial, plantea la acusación.
 
La segunda causa relaciona a Urribarri, Báez y el empresario Germán Buffa, que obtuvo una pauta de publicidad del Gobierno provincial mucho antes de que su empresa tuviera existencia real. Buffa "una persona del entorno" de Báez, según la Fiscalía, consiguió el direccionamiento el 1° de julio de 2011 de una orden de publicidad a favor de la firma Global Means SA, y se contrató por vía directa la publicación de dos avisos, por un total de $118.000, cifra que dolarizada da la suma de 26.900 dólares.
 
Luego, suceden las tres causas agrupadas en el expediente del "Sueño Entrerriano".
 
El primer caso es el de la solicitada contra los fondos buitre. En 2014, el Gobierno pagó una solicitada por $4.308.500, que dolarizado es una cifra de 504.700 dólares. Esa operación es la primera acción de Urribarri por instalar su imagen a nivel nacional, en opinión de la Fiscalía, en el marco del "Sueño Entrerriano".
 
El cuarto caso, dentro del subíndice "Sueño Entrerriano", alude a la contratación de la empresa Nelly Entertainment SA para la promoción de la Cumbre de Presidentes del Mercosur, que se realizó en Paraná en diciembre de 2014, trámite por el cual la Provincia pagó $28.400.000. Lo gastado equivale a 3.221.000 dólares. La contratación fue con "el supuesto objetivo" de difundir políticas públicas. Tres de los cuatro videos no aludieron a la Cumbre sino a instalar la imagen de Urribarri, entonces embarcado en llegar a la Presidencia de la Nación.
 
El último de los hechos por el que se sentó a Urribarri en el banquillo se refiere a la instalación de un parador en las playas de Mar del Plata también para la promoción de la figura del exgobernador, en el verano de 2015, gasto que supuso la distracción del erario público de la suma de $14.561.870, que dolarizado suma 1.658.000 dólares.
 
Oficialmente, la instalación, montaje y puesta en funcionamiento de un parador en las playas de Mar del Plata fue para promocionar turísticamente a la Provincia, pero en los hechos, dijo Goyeneche, se trató de una acción más tendiente a instalar a nivel nacional la figura de Urribarri como candidato a Presidente de la Nación.
 
En ese marco, el 5 de diciembre de 2014 se inició expediente administrativo: el exministro de Turismo, Hugo Marsó, pidió la contratación del montaje del parador playero. Pocos días después, el 30 de diciembre, Marsó y Gerardo Caruso, responsable de la firma El Juego en que Andamos, firmaron el contrato para el parador. La firma no tenía experiencia, poseía un capital mínimo y no tenía domicilio en la Provincia: por eso, puso como domicilio la vivienda, en la ciudad de Larroque, del exsecretario de Justicia de Urribarri, Rubén Virué. Goyeneche dijo que antes y durante la contratación hubo "múltiples comunicaciones entre el propio exgobernador y el señor Gerardo Caruso, contactos que se iniciaron mucho antes que la gestión administrativa para la contratación. Se iniciaron el 20 de octubre de 2014 y siguieron hasta mayo de 2015. También Marsó se contactó con Caruso. El entorno, la familia Urribarri, también mantuvo contactos previos. A tal punto que su hijo Franco, Juan Pablo Aguilera y Caruso viajaron juntos a Mar del Plata en noviembre de 2014, un mes antes de publicarse la licitación para esta contratación. Este viaje fue abonado por Relevamientos Catastrales, la empresa del señor Diego Armando Cardona Herreros, que pertenece al círculo íntimo de Urribarri, imputado en dos causas".
 
Fuente: Entre Ríos Ahora
 
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23-01-2022 / 22:01
El gobierno de Gustavo Bordet anunció una medida sanitaria preventiva, el Pase Sanitario, que permitirá el ingreso a ciertas actividades recreativas, como eventos masivos, fiestas en locales bailables y viajes, únicamente a personas con esquema de vacunación completa. El Pase Sanitario no obliga a vacunarse, solo impide entrar en determinados lugares si alguien no está vacunado. Esta decisión generó polémica, con voces a favor y en contra. Macristas gurkas, que responden a Mauricio Macri y Patricia Bullrich; y libertarios que siguen a Javier Milei, afirman que el Pase es una medida discriminatoria, autoritaria y violenta.
 
El Gobierno viene en debatiendo con antivacunas a los que sectores de Juntos por el Cambio acompañaron o lideraron un largo trecho. Pero, además de la oposición política, hay quienes quieren evitar ser inmunizados contra la covid-19 -sin presentar problemas de salud ni ser avalados por un médico- solo por no confiar en las vacunas por creencias personales o religiosas. Estas creencias están apoyadas en desinformación como la que difunde las organizaciones antivacunas.
 
No existe el "derecho" a enfermar a los otros. No existe el derecho a obligar a los demás ciudadanos a ser sujetos pasivos involuntarios de la ingesta de bebidas, humo de cigarrillo o alimentos nocivos, y no puede tampoco aceptarse una supuesta obligación de ser sujetos pasivos involuntarios de la introducción compulsiva de agentes nocivos en las vías respiratorias, ni puede reconocerse a nadie el "derecho" unilateral de contagiar y enfermar a los demás.
 
El Pase Sanitario es una medida preventiva y un incentivo para que los ciudadanos se vacunen, principalmente los más jóvenes. Hay que entender que cuando uno no se vacuna puede afectar a otros. Y no existen derechos absolutos en la Constitución: el derecho a la autonomía de la voluntad tiene limitaciones y una de ellas es cuando se pone en riesgo a un tercero. La libertad, como genérica e imprecisamente invocan los antivacunas, no es un derecho absoluto ni se encuentra por encima del derecho a la vida que implica el derecho a la salud.
 
No prosperan los amparos legales de los antivacunas contra la implementación del Pase Sanitario porque la medida no es inconstitucional. El Covid genera infecciones y contagios y está probado que las vacunas disminuyen su gravedad. Cuando las personas no se vacunan -y tienen libertad de no vacunarse- pueden transmitir el virus y eso puede colapsar el sistema de salud. Ese es el problema. Si la gente decide no vacunarse colapsará el sistema de salud y las terapias intensivas. Lo cual (vacunarse o no) deja de ser una cuestión personal (de libertad individual). No vale ese principio porque afecta a la salud pública. El bien jurídico en juego, no es la libertad individual sino la salud pública. Desde ese punto de vista no es inconstitucional.
 
La restricción de derechos no es irrazonable. No se obliga a vacunar ni se impone el encierro de personas. El Pase Sanitario no impide el desplazamiento, sino que impide la entrada a determinados lugares y actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Así como hay libertad de no vacunarse, hay que respetar la libertad de que no lo acepten en un lugar cerrado y muchas personas, sino está vacunado.
 
El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ante el pedido de una ciudadana sobre la inconstitucionalidad del pase sanitario, rechazó el planteo por no violar la normativa vigente. Los antivacunas son torpes cuando recurren al artículo 19 de la Constitución, que sostiene que toda aquella conducta que no afecte a terceros queda exenta de la voluntad de los magistrados. Siempre que "no afecte a terceros". Y este tema sí perjudica a terceros, porque afecta a la salud de los demás. Es improbable que algún juez les dé la razón y las chances que la Corte Suprema lo declare inconstitucional parecen hoy nulas.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 11:01
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