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Entre Ríos - 09-01-2022 / 20:01
HUBO FUERTES CRÍTICAS TAMBIÉN A LA OPOSICIÓN Y A LA DIRIGENCIA RURALISTA

Entrerrianos en la marcha contra las retenciones

Entrerrianos en la marcha contra las retenciones
En la localidad santafesina de Amstrong se desarrolló la asamblea de productores, donde los dirigentes exhortaron al Gobierno a dejar de cobrar el impuesto a la exportación. “Es inconstitucional”, coincidieron.
 
En la localidad santafesina de Amstrong se congregaron los productores agropecuarios. En Asamblea los productores y dirigentes expresaron su preocupación por el impuesto a las exportaciones del sector y exhortaron al gobierno nacional para que deje de cobrarlas ya que las consideran inconstitucionales. Entrerrianos de diferentes sectores del campo estuvieron presentes.
 
Unos 500 productores se manifestaron en Armstrong en la primera movilización del año, a la que seguramente seguirán varias más por el malestar que expresó esta jornada del campo en contra del gobierno y también de la oposición.
 
La manifestación tuvo lugar en la intersección de las rutas 9 y 178, en la provincia de Santa Fe. Hubo fuertes reclamos de las bases a la dirigencia agropecuaria que en buena medida se hizo presente.
 
 
Asistieron los presidentes de tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace: Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina (FAA), el entrerriano Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las gremiales que acaban de desvincularse del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
 
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que decidió permanecer en el CAA, estuvo representada por Lucas Magnano, consejero por la provincia de Santa Fe.
 
 
El comunicado de la SRA
 
La Sociedad Rural Argentina expresa su profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país. Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos.
 
Desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, el presidente en la entidad exhortó al Poder Ejecutivo a dejar de cobrar un impuesto que ya no tiene sustento legal: "le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó Nicolás Pino.
 
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.
 
Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso. "No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro", aseveró Pino.
 
Desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante.
 
"Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó Nicolás Pino, presidente de la Socierdad Rural Argentina (SRA).
 
El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombatto, cuestionó a la dirigencia política porque "viven otra realidad y miran para otro lado", por lo que pidió a sus pares productores "ser implacables con la casta política".
 
Colombatto instó a los productores a "empezar a sentirnos partícipes del país" y contarle a la gente "lo mal que estamos, pero no desde el llanto -porque después nos tildan de ser los llorones de siempre- sino desde la dignidad".
 
"Al país lo tenemos que salvar nosotros junto con la gente que no es del campo porque de lo contrario no tendremos ningún futuro", advirtió el ruralista de Gualeguaychú.
 
Mariela Gallinger, la presidente de la Filial Crespo de la FAA, por su parte, reflexionó que "para hacer gremialismo hace falta plata", y, por eso, instó a buscar las herramientas adecuadas para conseguir financiamiento y lograr "un gremialismo fuerte". Esa es una tarea, remarcó, que debe ser encarada por la Mesa de Enlace y los legisladores.
 
Juan Etchevehere, director por Entre Ríos de la SRA, por su lado, señaló que "todas las expresiones" de los productores "fueron claras y en un mismo sentido". "La estamos pasando mal por las medidas impulsadas por el Gobierno nacional", subrayó el paranaense, y alertó que "si no hay un cambio contundente" el campo volverá a la protesta.
 
Mientras, Chemes dijo que el Gobierno "está encuadrado dentro de un panorama totalmente equivocado y con diagnósticos que son de terror", y, por esta razón, "cuando uno va a discutir con ellos (los funcionarios) no lo entienden".
 
Chemes explicó que los integrantes de la Mesa de Enlace trabajaron mucho, recorrieron las provincias para hablar con los gobernadores y diversas instituciones para "buscar el apoyo político" necesario para presionar al Gobierno nacional.
 
Sin embargo, adminitió que "lamentablemente no lo conseguimos porque ningún político se la quiere jugar en este país, todos quieren quedar bien con Dios y con el diablo, y, obviamente, nosotros somos los que quedamos mal", se defendió ante las críticas de las bases.
 
El nogoyaense, además, ejemplificó que la apertura de la exportación de la vaca de conserva a China "es mejor que lo que teníamos hace tres meses, pero no nos conforma porque el objetivo es la apertura total y por eso vamos".
 
"Ustedes nos piden más contundencia, más fuerza y más agresividad -en el buen sentido de la palabra-, y sí señores a eso vamos a ir", prometió Chemes.
 
"Bronca e indignación es lo que uno recoge de esta asamblea, y, si realmente esto que hemos hecho hasta ahora no da resultados, no tendremos ningún reparo en cambiar el rumbo de las acciones a seguir", remarcó Chemes ante los aplausos de los productores.
 
Fuente: Código Campo y Página Política
 
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24-05-2026 / 09:05
Un análisis técnico de Guillermo Michel desnuda la verdadera naturaleza del proyecto de Frigerio: una transferencia forzosa de ingresos desde el bolsillo de los trabajadores hacia las arcas de un Estado que abdica de su responsabilidad social. Michel advierte que no estamos ante una búsqueda de eficiencia, sino ante un "ajuste por goteo" que utiliza la duplicación del período de cálculo y la eliminación de la movilidad sectorial para licuar los haberes. Según el experto legislador, la reforma rompe el principio de sustitutividad, condenando a los futuros jubilados a percibir una tasa de reemplazo que no refleja su trayectoria laboral, mientras se legaliza el perjuicio previsional derivado del empleo no registrado.
 
Para Michel, el costo de este "equilibrio" fiscal es una regresión patrimonial sin precedentes que ensancha la brecha entre activos y pasivos. El análisis subraya que la delegación de facultades al Ejecutivo y la creación de aportes "solidarios" sobre jubilados no son medidas de emergencia, sino el andamiaje de un estatuto permanente de excepción. En términos de Michel, la gestión de Frigerio opta por el camino más corto y doloroso: castigar la biografía laboral del trabajador entrerriano -especialmente de las mujeres y regímenes especiales- para cumplir con metas de austeridad que ignoran la protección constitucional del salario diferido.
 
En forma lapidaria, Guillermo Michel concluyó: "Frigerio está construyendo el expediente político para ser recordado como el peor gobernador de Entre Ríos desde la vuelta de la democracia. Y con esta ley ratifica que también lo será para los trabajadores".
 

24-05-2026 / 09:05
Bajo el rótulo tecnocrático de "Restauración del Equilibrio y Fortalecimiento del Sistema Previsional", el gobierno de Rogelio Frigerio ha enviado a la Legislatura un proyecto de ley que, tras el análisis minucioso de su articulado, se revela como un programa de ajuste estructural sin precedentes. No estamos ante una reforma técnica de sostenibilidad; estamos ante un desmantelamiento sistemático de la Ley N° 8732 y un retroceso histórico que vulnera el principio de no regresividad amparado por nuestra Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos.
 
El proyecto de Rogelio Frigerio es un asalto ataque a la seguridad social de los entrerrianos. Bajo el paraguas de la "sustentabilidad", el Ejecutivo pretende legalizar un ajuste estructural que confisca el salario de los trabajadores activos y licúa el haber de los jubilados, enmarcando los cambios en la Caja de Jubilaciones más al servicio del déficit cero que de los derechos sociales de los pasivos de la provincia. Se trata de una embestida que descarga el peso de una crisis que los trabajadores no generaron sobre sus propias espaldas, mediante un sistema de castigo que licúa ingresos y destruye la movilidad.
 
Esta ofensiva gubernamental no solo desmantela el 82% móvil y el enganche sectorial, sino que consagra una autocracia financiera donde los derechos constitucionales quedan supeditados a decretos del Ejecutivo. Al elevar la edad jubilatoria hasta umbrales biológicamente altísimos y ensañarse particularmente con las mujeres y los sectores más vulnerables, la gestión provincial firma una iniciativa que generará abierta polémica. Es, en esencia, un programa de ajuste que abdica del rol protector del Estado para arrojarse a una lógica de mercado contable que se no contempló los derechos constitucionales de los entrerrianos.
 
De la redacción de La Opinión Popular

18-05-2026 / 20:05
El reciente desplome en los indicadores de imagen de Rogelio Frigerio es, fundamentalmente, la traducción en números del costo de su disciplinamiento político ante la Casa Rosada. La gestión entrerriana ha pasado de ser un proyecto con llegó con sello propio a convertirse en el laboratorio del ajuste de Javier Milei, y los ciudadanos han comenzado a pasar la factura.
 
El informe publicado por Sociedad Política revela una erosión acelerada del capital político que Frigerio supo construir. Lo que antes era un activo —su perfil moderado y técnico— hoy se diluye ante la percepción de una gestión paralizada por su adhesión al gobierno nacional. Hoy, el diferencial de imagen en las encuestas es deficitario. La desaprobación ya supera a la aprobación, rompiendo el "piso de cristal" que el gobernador mantuvo desde que llegó a la gobernación. "Por primera vez, la imagen de Frigerio tiene saldo negativo. El relevamiento marca un punto de inflexión en la consideración pública del mandatario entrerriano".
 
La encuesta ramarca una caída en los sectores medios. El segmento que fue la base de su victoria en 2023 es el que más rápido le ha soltado la mano, agobiado por el aumento de precios, tarifas y la licuación de los salarios de estatales provinciales.
 
La caída de Frigerio es la consecuencia natural de un gobernador que ha decidido —por convicción o por asfixia financiera— ser un alumno aplicado del ajuste libertario. Al alinearse de forma casi incondicional con los proyectos legislativos de la Nación y aceptar sin mayores resistencias el recorte de transferencias, Frigerio está mimetizando su suerte con la de Milei.
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 20:05
El gobierno de Rogelio Frigerio ha vuelto a cruzar una línea polémica en materia de preservación ambiental y ética pública. En una reciente entrevista que desató el rechazo de organizaciones socioambientales y de la ciudadanía entrerriana, el Ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, blindó la polémica habilitación de la temporada de caza menor en la provincia recurriendo a un argumento tan insólito como jurídicamente insostenible: “La Constitución lo permite, no lo podemos prohibir”.
 
El discurso de Bernaudo tiene un error técnico, pero también un polémico juicio ético y jurídico. Es un error dado que se pretende disfrazar de "derecho constitucional" lo que en realidad es una concesión a empresas que trabajan en buena parte con extranjeros.
 
Al invocar una supuesta protección legal para la matanza de fauna, el funcionario parece confundir la normativa entrerriana con la Segunda Enmienda estadounidense, importando una retórica libertaria que Milei utilizó en su campaña presidencial, la que prioriza el negocio extractivo por sobre el deber constitucional de preservar la biodiversidad y los derechos de los seres sintientes. 
 
Es cuestionable que se intente justificar el "turismo de caza" bajo la exagerada promesa de generación de empleo que, en la práctica, suele estar matizado por la precarización laboral en enclaves cerrados para extranjeros. Mientras el Estado admite su incapacidad de control mediante fiscalizaciones aleatorias, Entre Ríos queda expuesta como un territorio donde la vida silvestre se remata al mejor postor, ignorando el avance global hacia la protección animal y consolidando un modelo económico que deja ganancias en pocas manos. Es un tema que merece una profunda discusión. 
 
De la redacción de La Opinión Popular 

17-05-2026 / 14:05
En una reciente entrevista en el Programa Cuestión de Fondo, el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, dejó definiciones que sacudieron el tablero interno del Partido Justicialista de Entre Ríos. Con una mezcla de pragmatismo y firmeza discursiva, el dirigente no esquivó el bulto ante la polémica por las sanciones disciplinarias y apuntó directamente contra quienes, según su visión, utilizan al partido como una plataforma de "agresión permanente".

Al ser consultado sobre las sanciones que el Tribunal de Disciplina ha comenzado a aplicar, Fuertes fue tajante: "Sí, estoy de acuerdo. Por supuesto que estoy de acuerdo". Para el villaguayense, la libertad de participación no es un cheque en blanco para el ataque sistemático hacia la conducción o los pares. "En la vida hay límites. Si lo que hay es una permanente agresión a los dirigentes del peronismo, están las normativas de sanción", disparó Fuertes.
 
Uno de los puntos más álgidos de su alocución fue la mención al sector de Héctor María Maya. Fuertes denunció lo que considera una estrategia de "división" orquestada desde afuera. Acusó a este sector de no cumplir con la Carta Orgánica y, acto seguido, utilizar sellos de partidos vinculados al oficialismo provincial para competir contra el peronismo. La metáfora del zapallo: "Le dieron el sello como si le dieran un zapallo... tomá, usalo para dividir al peronismo", graficó con ironía. En un dardo al Socialismo, el intendente del PJ uestionó que una fuerza de la coalición gobernante actual "alquilara" su personería para intervenir en la interna peronista sin un proceso orgánico claro.

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