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                  03:57  |  Lunes 24 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
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“En política no hay que reír ni llorar, sólo comprender”, Baruch Spinoza. "La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva", José Saramago.
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Entre Ríos - 09-01-2022 / 20:01
HUBO FUERTES CRÍTICAS TAMBIÉN A LA OPOSICIÓN Y A LA DIRIGENCIA RURALISTA

Entrerrianos en la marcha contra las retenciones

Entrerrianos en la marcha contra las retenciones
En la localidad santafesina de Amstrong se desarrolló la asamblea de productores, donde los dirigentes exhortaron al Gobierno a dejar de cobrar el impuesto a la exportación. “Es inconstitucional”, coincidieron.
 
En la localidad santafesina de Amstrong se congregaron los productores agropecuarios. En Asamblea los productores y dirigentes expresaron su preocupación por el impuesto a las exportaciones del sector y exhortaron al gobierno nacional para que deje de cobrarlas ya que las consideran inconstitucionales. Entrerrianos de diferentes sectores del campo estuvieron presentes.
 
Unos 500 productores se manifestaron en Armstrong en la primera movilización del año, a la que seguramente seguirán varias más por el malestar que expresó esta jornada del campo en contra del gobierno y también de la oposición.
 
La manifestación tuvo lugar en la intersección de las rutas 9 y 178, en la provincia de Santa Fe. Hubo fuertes reclamos de las bases a la dirigencia agropecuaria que en buena medida se hizo presente.
 
 
Asistieron los presidentes de tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace: Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina (FAA), el entrerriano Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las gremiales que acaban de desvincularse del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
 
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que decidió permanecer en el CAA, estuvo representada por Lucas Magnano, consejero por la provincia de Santa Fe.
 
 
El comunicado de la SRA
 
La Sociedad Rural Argentina expresa su profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país. Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos.
 
Desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, el presidente en la entidad exhortó al Poder Ejecutivo a dejar de cobrar un impuesto que ya no tiene sustento legal: "le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó Nicolás Pino.
 
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.
 
Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso. "No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro", aseveró Pino.
 
Desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante.
 
"Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó Nicolás Pino, presidente de la Socierdad Rural Argentina (SRA).
 
El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombatto, cuestionó a la dirigencia política porque "viven otra realidad y miran para otro lado", por lo que pidió a sus pares productores "ser implacables con la casta política".
 
Colombatto instó a los productores a "empezar a sentirnos partícipes del país" y contarle a la gente "lo mal que estamos, pero no desde el llanto -porque después nos tildan de ser los llorones de siempre- sino desde la dignidad".
 
"Al país lo tenemos que salvar nosotros junto con la gente que no es del campo porque de lo contrario no tendremos ningún futuro", advirtió el ruralista de Gualeguaychú.
 
Mariela Gallinger, la presidente de la Filial Crespo de la FAA, por su parte, reflexionó que "para hacer gremialismo hace falta plata", y, por eso, instó a buscar las herramientas adecuadas para conseguir financiamiento y lograr "un gremialismo fuerte". Esa es una tarea, remarcó, que debe ser encarada por la Mesa de Enlace y los legisladores.
 
Juan Etchevehere, director por Entre Ríos de la SRA, por su lado, señaló que "todas las expresiones" de los productores "fueron claras y en un mismo sentido". "La estamos pasando mal por las medidas impulsadas por el Gobierno nacional", subrayó el paranaense, y alertó que "si no hay un cambio contundente" el campo volverá a la protesta.
 
Mientras, Chemes dijo que el Gobierno "está encuadrado dentro de un panorama totalmente equivocado y con diagnósticos que son de terror", y, por esta razón, "cuando uno va a discutir con ellos (los funcionarios) no lo entienden".
 
Chemes explicó que los integrantes de la Mesa de Enlace trabajaron mucho, recorrieron las provincias para hablar con los gobernadores y diversas instituciones para "buscar el apoyo político" necesario para presionar al Gobierno nacional.
 
Sin embargo, adminitió que "lamentablemente no lo conseguimos porque ningún político se la quiere jugar en este país, todos quieren quedar bien con Dios y con el diablo, y, obviamente, nosotros somos los que quedamos mal", se defendió ante las críticas de las bases.
 
El nogoyaense, además, ejemplificó que la apertura de la exportación de la vaca de conserva a China "es mejor que lo que teníamos hace tres meses, pero no nos conforma porque el objetivo es la apertura total y por eso vamos".
 
"Ustedes nos piden más contundencia, más fuerza y más agresividad -en el buen sentido de la palabra-, y sí señores a eso vamos a ir", prometió Chemes.
 
"Bronca e indignación es lo que uno recoge de esta asamblea, y, si realmente esto que hemos hecho hasta ahora no da resultados, no tendremos ningún reparo en cambiar el rumbo de las acciones a seguir", remarcó Chemes ante los aplausos de los productores.
 
Fuente: Código Campo y Página Política
 
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23-01-2022 / 22:01
El gobierno de Gustavo Bordet anunció una medida sanitaria preventiva, el Pase Sanitario, que permitirá el ingreso a ciertas actividades recreativas, como eventos masivos, fiestas en locales bailables y viajes, únicamente a personas con esquema de vacunación completa. El Pase Sanitario no obliga a vacunarse, solo impide entrar en determinados lugares si alguien no está vacunado. Esta decisión generó polémica, con voces a favor y en contra. Macristas gurkas, que responden a Mauricio Macri y Patricia Bullrich; y libertarios que siguen a Javier Milei, afirman que el Pase es una medida discriminatoria, autoritaria y violenta.
 
El Gobierno viene en debatiendo con antivacunas a los que sectores de Juntos por el Cambio acompañaron o lideraron un largo trecho. Pero, además de la oposición política, hay quienes quieren evitar ser inmunizados contra la covid-19 -sin presentar problemas de salud ni ser avalados por un médico- solo por no confiar en las vacunas por creencias personales o religiosas. Estas creencias están apoyadas en desinformación como la que difunde las organizaciones antivacunas.
 
No existe el "derecho" a enfermar a los otros. No existe el derecho a obligar a los demás ciudadanos a ser sujetos pasivos involuntarios de la ingesta de bebidas, humo de cigarrillo o alimentos nocivos, y no puede tampoco aceptarse una supuesta obligación de ser sujetos pasivos involuntarios de la introducción compulsiva de agentes nocivos en las vías respiratorias, ni puede reconocerse a nadie el "derecho" unilateral de contagiar y enfermar a los demás.
 
El Pase Sanitario es una medida preventiva y un incentivo para que los ciudadanos se vacunen, principalmente los más jóvenes. Hay que entender que cuando uno no se vacuna puede afectar a otros. Y no existen derechos absolutos en la Constitución: el derecho a la autonomía de la voluntad tiene limitaciones y una de ellas es cuando se pone en riesgo a un tercero. La libertad, como genérica e imprecisamente invocan los antivacunas, no es un derecho absoluto ni se encuentra por encima del derecho a la vida que implica el derecho a la salud.
 
No prosperan los amparos legales de los antivacunas contra la implementación del Pase Sanitario porque la medida no es inconstitucional. El Covid genera infecciones y contagios y está probado que las vacunas disminuyen su gravedad. Cuando las personas no se vacunan -y tienen libertad de no vacunarse- pueden transmitir el virus y eso puede colapsar el sistema de salud. Ese es el problema. Si la gente decide no vacunarse colapsará el sistema de salud y las terapias intensivas. Lo cual (vacunarse o no) deja de ser una cuestión personal (de libertad individual). No vale ese principio porque afecta a la salud pública. El bien jurídico en juego, no es la libertad individual sino la salud pública. Desde ese punto de vista no es inconstitucional.
 
La restricción de derechos no es irrazonable. No se obliga a vacunar ni se impone el encierro de personas. El Pase Sanitario no impide el desplazamiento, sino que impide la entrada a determinados lugares y actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Así como hay libertad de no vacunarse, hay que respetar la libertad de que no lo acepten en un lugar cerrado y muchas personas, sino está vacunado.
 
El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ante el pedido de una ciudadana sobre la inconstitucionalidad del pase sanitario, rechazó el planteo por no violar la normativa vigente. Los antivacunas son torpes cuando recurren al artículo 19 de la Constitución, que sostiene que toda aquella conducta que no afecte a terceros queda exenta de la voluntad de los magistrados. Siempre que "no afecte a terceros". Y este tema sí perjudica a terceros, porque afecta a la salud de los demás. Es improbable que algún juez les dé la razón y las chances que la Corte Suprema lo declare inconstitucional parecen hoy nulas.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 11:01
22-01-2022 / 11:01
21-01-2022 / 18:01
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