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Entre Ríos - 09-01-2022 / 20:01
HUBO FUERTES CRÍTICAS TAMBIÉN A LA OPOSICIÓN Y A LA DIRIGENCIA RURALISTA

Entrerrianos en la marcha contra las retenciones

Entrerrianos en la marcha contra las retenciones
En la localidad santafesina de Amstrong se desarrolló la asamblea de productores, donde los dirigentes exhortaron al Gobierno a dejar de cobrar el impuesto a la exportación. “Es inconstitucional”, coincidieron.
 
En la localidad santafesina de Amstrong se congregaron los productores agropecuarios. En Asamblea los productores y dirigentes expresaron su preocupación por el impuesto a las exportaciones del sector y exhortaron al gobierno nacional para que deje de cobrarlas ya que las consideran inconstitucionales. Entrerrianos de diferentes sectores del campo estuvieron presentes.
 
Unos 500 productores se manifestaron en Armstrong en la primera movilización del año, a la que seguramente seguirán varias más por el malestar que expresó esta jornada del campo en contra del gobierno y también de la oposición.
 
La manifestación tuvo lugar en la intersección de las rutas 9 y 178, en la provincia de Santa Fe. Hubo fuertes reclamos de las bases a la dirigencia agropecuaria que en buena medida se hizo presente.
 
 
Asistieron los presidentes de tres de las cuatro entidades que conforman la Mesa de Enlace: Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina (FAA), el entrerriano Jorge Chemes, de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), y Nicolás Pino, de la Sociedad Rural Argentina (SRA), las gremiales que acaban de desvincularse del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA).
 
La Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), que decidió permanecer en el CAA, estuvo representada por Lucas Magnano, consejero por la provincia de Santa Fe.
 
 
El comunicado de la SRA
 
La Sociedad Rural Argentina expresa su profunda preocupación por la grave situación institucional que atraviesa hoy el país. Desde principios de año, el cobro de los derechos de exportación no tiene sustento legal, razón por la cual el estado debería dejar de cobrarlos.
 
Desde la localidad santafesina de Armstrong, lugar donde se llevó a cabo una asamblea de productores, el presidente en la entidad exhortó al Poder Ejecutivo a dejar de cobrar un impuesto que ya no tiene sustento legal: "le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó Nicolás Pino.
 
El 31 de diciembre de 2021 venció el plazo fijado en la Ley de Emergencia Pública que delegaba en el Presidente de la Nación reglamentar los derechos de exportación. La no sanción de la Ley de Presupuesto 2022, que incluía una prórroga por 2 años de esa facultad, convierte en nulo el Decreto 851/21 del 15 de diciembre pasado que fijaba las alícuotas del impuesto para este año.
 
Según lo dispone la Constitución Nacional, las retenciones a la exportación, solo pueden ser exigidas por ley del Congreso. "No hay sustento legal y esta crítica situación exige que de inmediato el Congreso decida cuál es el régimen impositivo necesario para financiar al tesoro", aseveró Pino.
 
Desde la Sociedad Rural Argentina exhortamos a las autoridades nacionales a asumir, cada una de ellas, las obligaciones a su cargo, y resolver en forma urgente esta situación inédita y alarmante.
 
"Le pedimos al presidente de la Nación, Alberto Fernández, que instruya al Ministro de Economía para que los productores podamos cobrar el precio lleno de nuestra producción a partir del lunes próximo", afirmó Nicolás Pino, presidente de la Socierdad Rural Argentina (SRA).
 
El presidente de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), José Colombatto, cuestionó a la dirigencia política porque "viven otra realidad y miran para otro lado", por lo que pidió a sus pares productores "ser implacables con la casta política".
 
Colombatto instó a los productores a "empezar a sentirnos partícipes del país" y contarle a la gente "lo mal que estamos, pero no desde el llanto -porque después nos tildan de ser los llorones de siempre- sino desde la dignidad".
 
"Al país lo tenemos que salvar nosotros junto con la gente que no es del campo porque de lo contrario no tendremos ningún futuro", advirtió el ruralista de Gualeguaychú.
 
Mariela Gallinger, la presidente de la Filial Crespo de la FAA, por su parte, reflexionó que "para hacer gremialismo hace falta plata", y, por eso, instó a buscar las herramientas adecuadas para conseguir financiamiento y lograr "un gremialismo fuerte". Esa es una tarea, remarcó, que debe ser encarada por la Mesa de Enlace y los legisladores.
 
Juan Etchevehere, director por Entre Ríos de la SRA, por su lado, señaló que "todas las expresiones" de los productores "fueron claras y en un mismo sentido". "La estamos pasando mal por las medidas impulsadas por el Gobierno nacional", subrayó el paranaense, y alertó que "si no hay un cambio contundente" el campo volverá a la protesta.
 
Mientras, Chemes dijo que el Gobierno "está encuadrado dentro de un panorama totalmente equivocado y con diagnósticos que son de terror", y, por esta razón, "cuando uno va a discutir con ellos (los funcionarios) no lo entienden".
 
Chemes explicó que los integrantes de la Mesa de Enlace trabajaron mucho, recorrieron las provincias para hablar con los gobernadores y diversas instituciones para "buscar el apoyo político" necesario para presionar al Gobierno nacional.
 
Sin embargo, adminitió que "lamentablemente no lo conseguimos porque ningún político se la quiere jugar en este país, todos quieren quedar bien con Dios y con el diablo, y, obviamente, nosotros somos los que quedamos mal", se defendió ante las críticas de las bases.
 
El nogoyaense, además, ejemplificó que la apertura de la exportación de la vaca de conserva a China "es mejor que lo que teníamos hace tres meses, pero no nos conforma porque el objetivo es la apertura total y por eso vamos".
 
"Ustedes nos piden más contundencia, más fuerza y más agresividad -en el buen sentido de la palabra-, y sí señores a eso vamos a ir", prometió Chemes.
 
"Bronca e indignación es lo que uno recoge de esta asamblea, y, si realmente esto que hemos hecho hasta ahora no da resultados, no tendremos ningún reparo en cambiar el rumbo de las acciones a seguir", remarcó Chemes ante los aplausos de los productores.
 
Fuente: Código Campo y Página Política
 
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El Presupuesto Nacional 2026, sancionado por el Senado en diciembre de 2025, ha generado un fuerte debate sobre la transferencia del feroz ajuste fiscal libertario hacia las provincias. Aunque Javier Milei lo define como un "hito histórico" para consolidar el déficit cero, y el gobernador Rogelio Frigerio lo apoya totalmente, el texto aprobado contiene disposiciones que impactan negativamente en las arcas y responsabilidades provinciales. Los oficialistas Romina Almeida y Joaquín Benegas Lynch, votaron a favor del proyecto de Milei. Adán Bahl, representante de Más para Entre Ríos, votó en contra. El senador peronista por Entre Ríos afirmó que, con el Presupuesto 2026, se perdió la posibilidad de aprobar una Ley "que tienda al desarrollo federal y equilibrado de la Argentina", y advirtió: "Tiene inconsistencias, asigna facultades discrecionales y transfiere a las provincias un ajuste brutal". Nada para celebrar.

¿Cuáles son los puntos clave de cómo este presupuesto traslada el ajuste a las provincias? El principal es la eliminación de Pisos de Inversión (Artículo 30). Hasta la aprobación de este presupuesto, diversas leyes blindaban el presupuesto de sectores estratégicos, obligando a que la inversión subiera si la economía crecía. Con el Artículo 30, estos montos dejan de ser obligatorios y pasan a depender de la discrecionalidad de Milei y de la disponibilidad de recursos bajo la regla de déficit cero. Esto suspende los pisos mínimos de inversión que el Estado Nacional debía garantizar por ley en áreas sensibles. Esto obliga a las provincias a cubrir el bache financiero si desean mantener los estándares previos.

Bahl apuntó que el artículo 30, que sacó recursos del ámbito educativo "elimina una garantía que el Estado le asignó a la Educación. Justamente porque no puede ser la variable de ajuste para un Presupuesto. No fue de un partido, no son montos ideológicos, fue una construcción de más de 20 años para lograr un piso de financiamiento".

En Educación se eliminó la obligación de invertir el 6%$ del PBI, afectando el financiamiento de escuelas técnicas y programas de infraestructura escolar. En Ciencia y Tecnología, se suspenden las metas de incremento progresivo de recursos, dejando estos fondos sujetos a la discrecionalidad de Milei.

Durante las negociaciones, Milei ratificó, y Frigerio aceptó, que, ante la vigencia de ciertas leyes de gasto (como el financiamiento universitario que la oposición logró defender), el Ministerio de Economía deberá reasignar o recortar aproximadamente 7 billones de pesos (0,7%$ del PBI). Gran parte de este ahorro se obtendrá mediante el recorte de transferencias discrecionales (fondos no coparticipables) que la Nación enviaba históricamente a las provincias para obras públicas o asistencia financiera.

En la sesión en el Senado, Bahl explicó: "Nosotros que somos los senadores que representamos a las provincias tenemos que advertir que transfiere a las provincias un ajuste brutal". En ese marco, apuntó: "Cuando se habla del cálculo de recursos. Se incorpora un 5% de crecimiento del PBI, que está representado por el consumo, que explica el 70% de la demanda. Y todos vemos como el consumo está por el piso. El otro elemento es la inversión pública, en un presupuesto sin obras. El otro es la inversión privada, que está ausente en todo el país. El cuarto es el sector externo, que hoy está afectado por el tipo de cambio", indicó. Y agregó: "Estamos perdiendo la oportunidad de tener un presupuesto equilibrado". Y no dibujado.

Además, el Presupuesto 2026 mantiene la presión sobre las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias a la Nación, como Entre Ríos, limitando los giros de fondos para cubrir sus déficits. A lo que se agrega la Regla del "Déficit Cero". El presupuesto 2026 está diseñado bajo una premisa rígida: cualquier caída en la recaudación debe compensarse con una baja automática del gasto. Esto significa que si las proyecciones de crecimiento (estimado en 5%) no se cumplen, las provincias serán las primeras en ver recortados los fondos que aún dependen de la firma de Milei.



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