En el panfleto se consignan nombres y direcciones de trabajadoras y trabajadores de la salud a quienes se amenaza de muerte: directores de hospitales públicos, infectólogos y terapistas, señalando también a quienes apoyaron el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
 
Esta amenaza es un ataque gravísimo a todo el personal de salud que está en la primera línea ante la pandemia, lidiando con un sistema de salud saturado. El texto, además de rechazar el pase sanitario y toda restricción a la circulación, habla de una "falsa pandemia mundial" y acusa a los terapistas del "asesinato de personas sanas" en las terapias intensivas.
 
El repudio al atentado fue muy extendido entre referentes políticos, sindicales, e instituciones de salud locales. Pero, la impunidad de la que siguen gozando estos ataques de ultraderecha envalentona a estos grupos reaccionarios, no se conoce ningún avance en la causa por el atentado al local de La Cámpora en la ciudad.
 
No podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones repudiables que nos recuerdan a una época muy dolorosa. Es imperioso que la Justicia avance y esclarezca éste y otros hechos similares.
 
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Nacionales - 09-01-2022 / 12:01
ATENTARON CON EXPLOSIVOS Y DEJARON MENSAJES CONTRA EL PASE SANITARIO

Antivacunas atacan la casa del responsable de Región Sanitaria y amenaza a personal de salud

Antivacunas atacan la casa del responsable de Región Sanitaria y amenaza a personal de salud
“¿Pasaporte Sanitario? ¿Restricciones a la circulación? Quieren muertos... Los van a tener”, dice uno de los volantes firmados por el “Comando de Restauración Nacional ‘Mohamed Alí Seineldín” que se encontraron en el lugar del atentado, con nombres y datos personales de personal sanitario de la zona y que se pronuncia en contra de “las acciones terroristas de los grupos mapuches”.
"Quieren muertos... Los van a tener", dice el panfleto firmado por el autodenominado "Comando de Restauración Nacional". Se adjudican así la explosión en la casa del responsable de Región Sanitaria, Maximiliano Núñez Farina, en Bahia Blanca. Nuevamente un atentado que recuerda los métodos de la extrema derecha y la Triple A en los '70, firmado por el mismo grupo que en esa ocasión pedía libertad para los genocidas.
 
En el panfleto se consignan nombres y direcciones de trabajadoras y trabajadores de la salud a quienes se amenaza de muerte: directores de hospitales públicos, infectólogos y terapistas, señalando también a quienes apoyaron el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
 
Esta amenaza es un ataque gravísimo a todo el personal de salud que está en la primera línea ante la pandemia, lidiando con un sistema de salud saturado. El texto, además de rechazar el pase sanitario y toda restricción a la circulación, habla de una "falsa pandemia mundial" y acusa a los terapistas del "asesinato de personas sanas" en las terapias intensivas.
 
El repudio al atentado fue muy extendido entre referentes políticos, sindicales, e instituciones de salud locales. Pero, la impunidad de la que siguen gozando estos ataques de ultraderecha envalentona a estos grupos reaccionarios, no se conoce ningún avance en la causa por el atentado al local de La Cámpora en la ciudad.
 
No podemos permitir que sigan ocurriendo este tipo de situaciones repudiables que nos recuerdan a una época muy dolorosa. Es imperioso que la Justicia avance y esclarezca éste y otros hechos similares.
 
La Opinión Popular
 

 
Atentaron con explosivos la casa de un funcionario de Salud bonaerense: dejaron mensajes contra el pase sanitario
 
Ocurrió el sábado por la madrugada en la casa del director de la Región Sanitaria I bonaerense, Maximiliano Núñez Farina, que aseguró que está "relacionado con la vacunación"
 
Un funcionario de Salud de la provincia de Buenos Aires sufrió en la madrugada del sábado un atentado con explosivos en su casa de la ciudad de Bahía Blanca.
 
El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana de ayer en la puerta de la vivienda de Maximiliano Núñez Farina, director de la Región Sanitaria I -que abarca 15 distritos desde González Chávez a Patagones-, en las afueras de la ciudad, donde se encontraron también volantes con consignas en contra del pase sanitario por coronavirus y amenazas de muerte.
 
"¿Pasaporte Sanitario? ¿Restricciones a la circulación? Quieren muertos... Los van a tener", dice uno de los volantes firmados por el "Comando de Restauración Nacional 'Mohamed Alí Seineldín" que se encontraron en el lugar del atentado, con nombres y datos personales de personal sanitario de la zona y que se pronuncia en contra de "las acciones terroristas de los grupos mapuches".
 
Este ataque se trata, según informó el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, del quinto perpetrado en menos de un año, también con explosivos y en la misma ciudad, junto a los cometidos contra un local partidario del Frente de Todos, un periodista y una dirigente mapuche, entre otros.
 
El atentado -llevado a cabo con dos bombas incendiarias- fue repudiado por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, junto a varios otros funcionarios nacionales y locales y legisladores oficialistas y opositores que manifestaron su rechazo y reclamaron justicia, entre ellos los diputados nacionales, Victoria Tolosa Paz y Nicolás del Caño.
 
"Es el tercer atentado en esa ciudad. Si un fiscal se pone las pilas, en horas da con los responsables. No se puede tolerar esta violencia demencial", señaló además el exministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.
 
"Nuevamente un hecho lamentable sucede en Bahía Blanca", advirtió el gobernador en su cuenta de la red social Twitter. "Esperamos que la Justicia actúe con celeridad y esclarezca los hechos", señaló en un mensaje en el que replicó el mensaje del titular de la cartera sanitaria bonaerense.
 
"Todo esto viene relacionado con la vacunación", expresó esta mañana Núñez Farina en una entrevista con Radio 10. "Se ve que algunas cosas estaremos haciendo bien, pero no entiendo la forma en la que se enojan, mucho menos si se ataca la vivienda de una persona".
 
"Yo en la discusión por las vacunas ya no entro, lo que sí digo es que cuando terminan los derechos de estas personas empiezan los míos. Yo tengo el mismo derecho de juntarme con gente que tengo la tranquilidad de que está inmunizada. Te podés contagiar igual porque la vacuna no evita que te contagies, pero en ese lugar la circulación del virus es más leve".
 
La Subsecretaría provincial de Derechos Humanos manifestó en un comunicado su "profunda preocupación por este acto cobarde de violencia que remite a las épocas más oscuras de nuestro pasado". Además, advirtieron que estos hechos "no hacen más que alimentar el discurso del odio y atentar gravemente contra nuestra democracia, cimentada en el respeto, la convivencia y los derechos humanos".
 
"Yo estoy muy contento de quienes tengo arriba mío, tanto el ministro Kreplak como Axel Kicillof, y todo el arco político que se solidarizó. Estoy enorgullecido del distrito, tengo infinidad de mensajes de apoyo, incluso algunos que no pude contestar", continuó. "Porque esto no es Maximiliano Núñez, es hacia todo el sistema sanitario. Hace dos años se aplaudía y se abrazaba a los médicos y hoy se van a hisopar y quieren irse a las trompadas. Algo está andando mal, pero qué pasaría si el sistema sanitario no estuviese. Están haciendo un trabajo impresionante y con el aumento exponencial de casos se sigue trabajando".
 
Núñez Farina indicó que el hecho es investigado ahora por el fiscal Alejandro Gorosito de la UFIJ Nº 19 de Bahía Blanca.
 
Fuente: Infobae
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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