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Nacionales - 09-01-2022 / 11:01
JUNTOS POR EL CAMBIO O JUNTOS PARA ESPIAR

Entre los videos de Macri, el espionaje ilegal y el debate por la deuda, Morales y Larreta aceleran la pelea del 2023

Entre los videos de Macri, el espionaje ilegal y el debate por la deuda, Morales y Larreta aceleran la pelea del 2023
El debate en torno a la posición de JxC frente al acuerdo con el FMI le permitió a Morales diferenciarse de Rodríguez Larreta y dos veces dejarlo fuera de juego: cuando la ciudad de Buenos Aires fue el único distrito que quedó al margen de la reunión en Casa Rosada, y al día siguiente cuando el alcalde tuvo que comprometerse a asistir al Congreso a escuchar la posición oficial sobre el tema, cuando en primer lugar se había negado.
Todavía no pasó medio año desde el cierre de listas previo a las PASO, cuando los análisis políticos coincidían en ensalzar el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la interna opositora y proyectarlo como favorito de cara al 2023. En el interín, las dos vueltas electorales premiaron a los candidatos que él había puesto a dedo en los principales distritos y gracias a ese aporte la oposición concretó una rotunda e inesperada victoria.
 
Sin embargo, el alcalde porteño se imaginaba a esta altura en un lugar diferente. Él, que había dedicado una vida a construir, con paciencia de orfebre y billetera dispendiosa, una imagen de extrema moderación que difumine sus contornos de ejecutor implacable, en pocas semanas se radicalizó hasta la intransigencia. Los escándalos del espionaje y la extorsión macrista empiezan a salpicar cerca de sus botamangas.
 
Y para colmo de males le surgió un rival. De la decena de dirigentes que se auto perciben como precandidatos presidenciales entre las filas de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, ratificado en vísperas de Navidad como presidente de la UCR, supo aprovechar ese impulso para instalarse como un contrapunto interno del jefe de gobierno de la Ciudad y como alternativa para las próximas elecciones.
 
El debate en torno a la posición de JxC frente al acuerdo con el FMI le permitió a Morales diferenciarse de Rodríguez Larreta y dos veces dejarlo fuera de juego: cuando la ciudad de Buenos Aires fue el único distrito que quedó al margen de la reunión en Casa Rosada, y al día siguiente cuando el alcalde tuvo que comprometerse a asistir al Congreso a escuchar la posición oficial sobre el tema, cuando en primer lugar se había negado.
 
La reunión entre el oficialismo y la oposición finalmente no se llevará a cabo este lunes, como plantearon en Juntos. Oficialmente, se pospuso porque Sergio Massa es contacto estrecho de su esposa, Malena Galmarini, que el viernes dio positivo de Covid, y como tal debe permanecer aislado. En realidad, en el gobierno cayó pésimamente mal que los opositores quisieran decidir los términos del encuentro.
 
"Quieren poner condiciones cuando fueron ellos los que se endeudaron", remarcan en la presidencia de la cámara de Diputados. Fernández le pidió a Massa que se encargara de gestionar el cara a cara entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los líderes de la oposición. El encuentro finalmente se llevará a cabo a comienzos de la otra semana; lo acordó el tigrense con Morales tras un llamado telefónico el viernes a última hora.
 
Es curioso: los radicales y Rodríguez Larreta decidieron no asistir a una instancia institucional y pública donde el presidente y el ministro de Economía exponían y respondían sobre la situación ante los gobernadores, responsables de administrar presupuestos, por considerarla "una reunión política". A cambio, se reunirán en privado con ellos dos, Massa y Máximo Kirchner. Exactamente lo que uno definiría como "una reunión política".
 

 
Este nuevo Morales intenta mostrarse como una opción "moderada" y "racional", aunque mantiene presa a Milagro Sala y su provincia ha sido un laboratorio de represión de la protesta social mediante un esquema de persecución judicial que nada tiene que envidiarle a lo que sucede en la metrópoli. Apunta a ocupar el lugar de un interlocutor posible aunque severo con el gobierno, en contraste a las posiciones más duras del PRO.
 
Tiene varios motivos para elegir esa estrategia. En primer lugar, sus responsabilidades como gobernador y la necesidad de mostrar una buena gestión para llegar competitivo al 2023 con un presupuesto infinitamente menor que el de su adversario interno lo obligan a negociar con la Casa Rosada. Las consecuencias de un default u otra crisis también complicarían su tarea en el pago chico y, con ello, sus perspectivas electorales.
 
En segundo lugar, cree que el acuerdo con el FMI no traerá un alivio a la economía y que tanto el peronismo como el macrismo serán visto como responsables de eso por la sociedad. Allí ve una oportunidad de captar votos desencantados con las dos opciones. Si finalmente las negociaciones fracasan y él acompañó la posición oficial, no tendrá que pagar el costo político que le toque a los que pusieron palos en la rueda.
 
Por último, aprovechó una oportunidad inesperada para hacer un enroque. La radicalización de Rodríguez Larreta, incapaz o inapetente de contener a las corrientes más intransigentes del PRO, le permitió correrse al centro, donde por definición hay más espacio para crecer que en las puntas. Después de toda una vida de ser un duro, Morales termina corriendo por el medio a un moderado de laboratorio fuera de su hábitat natural.
 
No es nada personal. Los dos se llevaban bien e incluso, cuando no veía un sendero claro hacia el 23, el jujeño se imaginaba como un buen compañero de fórmula del alcalde. Ya no, ahora sus anhelos llegan más alto. También tenían planeado viajar juntos a Glasgow, para participar de la COP26 a principios de noviembre. El vuelo finalmente no se llevó a cabo, sin explicaciones al respecto.
 
No queda claro en qué momento ni la razón que produjo el quiebre, pero el jueves 4 de noviembre, dos días antes de que, según estaba planeado, el alcalde y el gobernador viajaran juntos al otoño escocés, Morales recibió en Jujuy a Patricia Bullrich, a la que agasajó en un acto donde ella postuló al radical como "uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio". El divorcio estaba consumado.
 
Después de asegurarse la conducción de la UCR y dejar pasar las fiestas, Morales decidió jugar fuerte y obtuvo dividendos. Con la jugada del miércoles se estableció como el interlocutor de la oposición ante el gobierno, lugar que desde diciembre de 2019 ocupaba Rodríguez Larreta. La continuidad de las gestiones con Massa, otro que tenía línea directa con el jefe de gobierno, dan cuenta de ese cambio.
 
El jueves, en el primer zoom de la nueva mesa nacional de Juntos por el Cambio, terminó por imponer su criterio para que se lleve a cabo el encuentro con Guzmán, aunque Bullrich, Rodríguez Larreta y, en silencio, Mauricio Macri, estaban en contra. En Jujuy celebraron que era la primera vez en dos años que de esa reunión sale fortalecida la propuesta más moderada y no la más dura. A confesión de parte, relevo de pruebas.
 
Hasta aquí, el análisis político, pero este panorama, y cualquier otro, estaría incompleto sin detenerse en un aspecto que escapa a ese ámbito pero lo afecta de una forma que hasta ahora sólo alcanzamos a vislumbrar. Las evidencias son cada vez más contundentes: existió, durante el gobierno anterior, de un mecanismo de espionaje sistemático, con vértice en la Casa Rosada, que alcanzaba a propios y ajenos.
 
Una certeza: los principales dirigentes de la oposición fueron espiados y en muchos casos existe material, fruto de ese trabajo de inteligencia ilegal, que ellos prefieren, por el motivo que sea, que no salga a la luz. Una sospecha: el propio Macri, que nunca fue víctima de estos "cuentapropistas" que llegaron a investigar hasta a su propia familia, está en posesión de ese material y lo utiliza para influir en decisiones políticas de ese espacio.
 
A la luz de las novedades, por ejemplo, cobra otro cariz la decisión de María Eugenia Vidal de no desdoblar los comicios bonaerenses en 2019, o no disputarle a Macri la candidatura presidencial cuando todo el círculo rojo se lo pedía. ¿Qué otras decisiones se torcieron a través de métodos mafiosos? ¿Cuántos opositores cambiaron sus votos para leyes clave? ¿Qué pasa con periodistas y empresarios? ¿Qué pasa con los jueces?
 
No es posible exagerar la gravedad de los hechos ni el riesgo que puede entrañar este mecanismo de extorsión, si efectivamente existe (y es difícil creer que no sea así), para la democracia argentina. Vidal dijo que un mafioso nunca puede ser víctima. Necesariamente debe saber que es mentira porque, en ese video grabado en la sede del Banco Provincia, ella quedó expuesta, ante los ojos del mundo, como las dos cosas.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

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