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Nacionales - 09-01-2022 / 11:01
JUNTOS POR EL CAMBIO O JUNTOS PARA ESPIAR

Entre los videos de Macri, el espionaje ilegal y el debate por la deuda, Morales y Larreta aceleran la pelea del 2023

Entre los videos de Macri, el espionaje ilegal y el debate por la deuda, Morales y Larreta aceleran la pelea del 2023
El debate en torno a la posición de JxC frente al acuerdo con el FMI le permitió a Morales diferenciarse de Rodríguez Larreta y dos veces dejarlo fuera de juego: cuando la ciudad de Buenos Aires fue el único distrito que quedó al margen de la reunión en Casa Rosada, y al día siguiente cuando el alcalde tuvo que comprometerse a asistir al Congreso a escuchar la posición oficial sobre el tema, cuando en primer lugar se había negado.
Todavía no pasó medio año desde el cierre de listas previo a las PASO, cuando los análisis políticos coincidían en ensalzar el triunfo de Horacio Rodríguez Larreta en la interna opositora y proyectarlo como favorito de cara al 2023. En el interín, las dos vueltas electorales premiaron a los candidatos que él había puesto a dedo en los principales distritos y gracias a ese aporte la oposición concretó una rotunda e inesperada victoria.
 
Sin embargo, el alcalde porteño se imaginaba a esta altura en un lugar diferente. Él, que había dedicado una vida a construir, con paciencia de orfebre y billetera dispendiosa, una imagen de extrema moderación que difumine sus contornos de ejecutor implacable, en pocas semanas se radicalizó hasta la intransigencia. Los escándalos del espionaje y la extorsión macrista empiezan a salpicar cerca de sus botamangas.
 
Y para colmo de males le surgió un rival. De la decena de dirigentes que se auto perciben como precandidatos presidenciales entre las filas de Juntos por el Cambio, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales, ratificado en vísperas de Navidad como presidente de la UCR, supo aprovechar ese impulso para instalarse como un contrapunto interno del jefe de gobierno de la Ciudad y como alternativa para las próximas elecciones.
 
El debate en torno a la posición de JxC frente al acuerdo con el FMI le permitió a Morales diferenciarse de Rodríguez Larreta y dos veces dejarlo fuera de juego: cuando la ciudad de Buenos Aires fue el único distrito que quedó al margen de la reunión en Casa Rosada, y al día siguiente cuando el alcalde tuvo que comprometerse a asistir al Congreso a escuchar la posición oficial sobre el tema, cuando en primer lugar se había negado.
 
La reunión entre el oficialismo y la oposición finalmente no se llevará a cabo este lunes, como plantearon en Juntos. Oficialmente, se pospuso porque Sergio Massa es contacto estrecho de su esposa, Malena Galmarini, que el viernes dio positivo de Covid, y como tal debe permanecer aislado. En realidad, en el gobierno cayó pésimamente mal que los opositores quisieran decidir los términos del encuentro.
 
"Quieren poner condiciones cuando fueron ellos los que se endeudaron", remarcan en la presidencia de la cámara de Diputados. Fernández le pidió a Massa que se encargara de gestionar el cara a cara entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los líderes de la oposición. El encuentro finalmente se llevará a cabo a comienzos de la otra semana; lo acordó el tigrense con Morales tras un llamado telefónico el viernes a última hora.
 
Es curioso: los radicales y Rodríguez Larreta decidieron no asistir a una instancia institucional y pública donde el presidente y el ministro de Economía exponían y respondían sobre la situación ante los gobernadores, responsables de administrar presupuestos, por considerarla "una reunión política". A cambio, se reunirán en privado con ellos dos, Massa y Máximo Kirchner. Exactamente lo que uno definiría como "una reunión política".
 

 
Este nuevo Morales intenta mostrarse como una opción "moderada" y "racional", aunque mantiene presa a Milagro Sala y su provincia ha sido un laboratorio de represión de la protesta social mediante un esquema de persecución judicial que nada tiene que envidiarle a lo que sucede en la metrópoli. Apunta a ocupar el lugar de un interlocutor posible aunque severo con el gobierno, en contraste a las posiciones más duras del PRO.
 
Tiene varios motivos para elegir esa estrategia. En primer lugar, sus responsabilidades como gobernador y la necesidad de mostrar una buena gestión para llegar competitivo al 2023 con un presupuesto infinitamente menor que el de su adversario interno lo obligan a negociar con la Casa Rosada. Las consecuencias de un default u otra crisis también complicarían su tarea en el pago chico y, con ello, sus perspectivas electorales.
 
En segundo lugar, cree que el acuerdo con el FMI no traerá un alivio a la economía y que tanto el peronismo como el macrismo serán visto como responsables de eso por la sociedad. Allí ve una oportunidad de captar votos desencantados con las dos opciones. Si finalmente las negociaciones fracasan y él acompañó la posición oficial, no tendrá que pagar el costo político que le toque a los que pusieron palos en la rueda.
 
Por último, aprovechó una oportunidad inesperada para hacer un enroque. La radicalización de Rodríguez Larreta, incapaz o inapetente de contener a las corrientes más intransigentes del PRO, le permitió correrse al centro, donde por definición hay más espacio para crecer que en las puntas. Después de toda una vida de ser un duro, Morales termina corriendo por el medio a un moderado de laboratorio fuera de su hábitat natural.
 
No es nada personal. Los dos se llevaban bien e incluso, cuando no veía un sendero claro hacia el 23, el jujeño se imaginaba como un buen compañero de fórmula del alcalde. Ya no, ahora sus anhelos llegan más alto. También tenían planeado viajar juntos a Glasgow, para participar de la COP26 a principios de noviembre. El vuelo finalmente no se llevó a cabo, sin explicaciones al respecto.
 
No queda claro en qué momento ni la razón que produjo el quiebre, pero el jueves 4 de noviembre, dos días antes de que, según estaba planeado, el alcalde y el gobernador viajaran juntos al otoño escocés, Morales recibió en Jujuy a Patricia Bullrich, a la que agasajó en un acto donde ella postuló al radical como "uno de los presidenciables de Juntos por el Cambio". El divorcio estaba consumado.
 
Después de asegurarse la conducción de la UCR y dejar pasar las fiestas, Morales decidió jugar fuerte y obtuvo dividendos. Con la jugada del miércoles se estableció como el interlocutor de la oposición ante el gobierno, lugar que desde diciembre de 2019 ocupaba Rodríguez Larreta. La continuidad de las gestiones con Massa, otro que tenía línea directa con el jefe de gobierno, dan cuenta de ese cambio.
 
El jueves, en el primer zoom de la nueva mesa nacional de Juntos por el Cambio, terminó por imponer su criterio para que se lleve a cabo el encuentro con Guzmán, aunque Bullrich, Rodríguez Larreta y, en silencio, Mauricio Macri, estaban en contra. En Jujuy celebraron que era la primera vez en dos años que de esa reunión sale fortalecida la propuesta más moderada y no la más dura. A confesión de parte, relevo de pruebas.
 
Hasta aquí, el análisis político, pero este panorama, y cualquier otro, estaría incompleto sin detenerse en un aspecto que escapa a ese ámbito pero lo afecta de una forma que hasta ahora sólo alcanzamos a vislumbrar. Las evidencias son cada vez más contundentes: existió, durante el gobierno anterior, de un mecanismo de espionaje sistemático, con vértice en la Casa Rosada, que alcanzaba a propios y ajenos.
 
Una certeza: los principales dirigentes de la oposición fueron espiados y en muchos casos existe material, fruto de ese trabajo de inteligencia ilegal, que ellos prefieren, por el motivo que sea, que no salga a la luz. Una sospecha: el propio Macri, que nunca fue víctima de estos "cuentapropistas" que llegaron a investigar hasta a su propia familia, está en posesión de ese material y lo utiliza para influir en decisiones políticas de ese espacio.
 
A la luz de las novedades, por ejemplo, cobra otro cariz la decisión de María Eugenia Vidal de no desdoblar los comicios bonaerenses en 2019, o no disputarle a Macri la candidatura presidencial cuando todo el círculo rojo se lo pedía. ¿Qué otras decisiones se torcieron a través de métodos mafiosos? ¿Cuántos opositores cambiaron sus votos para leyes clave? ¿Qué pasa con periodistas y empresarios? ¿Qué pasa con los jueces?
 
No es posible exagerar la gravedad de los hechos ni el riesgo que puede entrañar este mecanismo de extorsión, si efectivamente existe (y es difícil creer que no sea así), para la democracia argentina. Vidal dijo que un mafioso nunca puede ser víctima. Necesariamente debe saber que es mentira porque, en ese video grabado en la sede del Banco Provincia, ella quedó expuesta, ante los ojos del mundo, como las dos cosas.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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