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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 08-01-2022 / 09:01
CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE ACORDAR O NO CON EL FMI

Que la deuda con el FMI la pague Macri, aunque sea ante la justicia

Que la deuda con el FMI la pague Macri, aunque sea ante la justicia
La deuda externa se incrementó 67% en sólo una gestión presidencial. El "mejor equipo de los últimos 50 años" aumentó US$ 100.000 millones el pasivo en dólares, lo que convirtió al país en rehén de una moneda que no emite y que genera a una velocidad pausada. No tardó el propio Mauricio Macri en declarar el default e imponer un cepo para poder calmar una corrida cambiaria que puso contra la espada y la pared el final de su mandato.
No se entiende si la deuda es un problema de principios, de Justicia o de conveniencia. Y cada uno de esos lugares propone una salida diferente y en algunos casos, varias: No pagar, pagar negociando o sin negociar y abrir una causa en la justicia. Cualquier camino que se tome tiene costos altos. Es imposible salir indemne del lodazal que dejó Mauricio Macri.
 
El acuerdo que dejó el gobierno macrista implica pagar cifras astronómicas en pocos años. La decisión del gobierno ha sido negociar y pagar sin ajuste. Hay planteos desde la oposición de izquierda que exige no pagar. Y un sector del Frente de Todos propuso presentar una denuncia en el Tribunal Internacional de La Haya.
 
Los representantes del macrismo hasta ahora han sido consecuentes con la actitud inicial y se han negado a colaborar con la dura y complicada negociación que emprendió el gobierno con el Fondo Monetario. O sea que se inclinan por mantener el cronograma de pagos por el cual, en los próximos dos años Argentina tendría que desembolsar 20 mil millones de dólares al año.
 
Como dijo el ministro Martín Guzmán esa cifra es mucho más alta que cualquier récord que haya tenido el superávit de la balanza de pagos en toda la historia del país, que es de donde salen las divisas para pagar, porque Argentina no fabrica dólares. No es sólo que llevaría a la pobreza a la mayoría de los argentinos sino que directamente es imposible pagar. Lo que hicieron Mauricio Macri y el FMI con ese acuerdo fue un disparate.
 
Sectores del macrismo, como Horacio Rodríguez Larreta, parecen coincidir en mantenerlo así y se han negado a participar en las reuniones que convocó el gobierno. De la misma forma rechazaron el proyecto de Presupuesto 2022, donde el gobierno había desplegado algunos de los índices en discusión con el Fondo.
 
Si se compara la crisis mortal que implica esta deuda, con las excusas politiqueras para negar su colaboración, la conclusión es que esta oposición se considera inmune al sufrimiento social que ocasionaron. Básicamente es una situación injusta. Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos amigos de Macri a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.
 
No hay salida sin costos altos para los argentinos. Pedir este crédito y aceptar los términos truculentos como fue cedido constituyó "el mayor acto de administración fraudulenta y mayor malversación de caudales" de la historia, como lo definió el presidente Alberto Fernández al presentar una denuncia ante la Justicia contra Macri. Sería justo que el principal responsable del sufrimiento que deben afrontar los argentinos también pague.
 

 
QUE PAGUE MACRI, AUNQUE SEA ANTE LA JUSTICIA
 
Cuáles son las consecuencias de acordar o no con el FMI  
 
Si es un problema de principios, es obvio que Argentina no tendría que pagar una fortuna que se desvió a fondos privados y no dejó una sola prestación para el bien común. La mayor parte de ese dinero se utilizó para evitar que el dólar se descontrolara antes de las elecciones y de esa manera se fue por la canaleta de la fuga. La inmensa mayoría de los argentinos tiene que pagar algo que nunca recibió. Por principio, no habría que pagarla.
 
En esa negociación, Argentina tiene como interlocutores del otro lado de la mesa a las principales economías del mundo, incluyendo a Rusia y China. Si no paga tiene que prepararse para aguantar las represalias, desde las emboscadas conspirativas y los quinta columnas, hasta bloqueos o rupturas comerciales, con el consiguiente empobrecimiento de la economía y de las personas.
 
Es cierto que por principio no habría que pagarla. Pero la población tendría que estar dispuesta y con fuerte conciencia del costo que deberá soportar. Si esa conciencia no echa raíces profundas, si no se convierte en convicción indestructible y masiva, el malestar que produciría ese empobrecimiento se puede expresar en voto protesta a favor de los candidatos de derecha que, cuando asumen, aumentan la pobreza.
 
Los gobiernos kirchneristas acordaron con el 95 por ciento de los acreedores. Pero los fondos buitre del cinco por ciento restante pagaron campañas mediáticas millonarias, hicieron aliados internos, presionaron jueces, consiguieron fallos favorables y finalmente cobraron más de lo que pedían.
 
En este caso, no se trata del cinco por ciento de los acreedores, sino de todas las grandes economías con las que Argentina comercia o quisiera hacerlo. La alternativa de no pagar implica pagar por otro lado. Si es por una cuestión de principio, la opción no se discute: no se paga y listo. Pero si es una cuestión de conveniencia del país, habría que sacar una relación costo-beneficio entre pagar o no hacerlo, o hacerlo pero negociando.
 
Lo que se pague, por poco que sea, podría haber sido utilizado para combatir la desigualdad. Pero no pagar podría profundizar la desigualdad al bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas. Básicamente es una situación injusta.
 
Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.
 
 
La explicación de Martín Guzmán 
 
Durante su encuentro con los gobernadores, --al que no concurrieron los de las cuatro provincias gobernadas por el macrismo-- el ministro Guzmán explicó el contrasentido de que el Fondo se creó supuestamente para socorrer a países con problemas en sus balanzas de pagos y, ahora, el problema de la balanza de pagos de Argentina es justamente la deuda con el FMI.
 
En vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Una cosa es la letra escrita (lo cual hay que tomar en cuenta en una vía judicial) y otra los intereses hegemónicos que pusieron en juego las economías centrales, sobre todo Estados Unidos, cuando crearon el Fondo. Y fue así desde el principio. La letra escrita nunca se cumplió. Y menos en el préstamo para que Macri gane las elecciones.
 
De todas las opciones, el gobierno eligió la de negociar la suma, los plazos y los condicionamientos que quiere poner el Fondo. Pero no tendría que dejar de lado el camino judicial como una opción, sobre todo si los negociadores del Fondo se cierran en posiciones que asfixiarían a la Argentina.
 
El cronograma de pagos en diez años estipulado por el programa de facilidades extendidas, que ya está prácticamente cedido por los técnicos del Fondo en este tramo de la negociación, alivia la animalada del macrismo, pero no saca a la Argentina de la zona de riesgo. El gobierno reclamó más tiempo para pagar.
 
El ministro Guzmán insistió en el principio de no pagar a costa del crecimiento con inclusión. Según explicó, el centro de las diferencias están planteadas por el plazo para llegar al déficit cero. 
 
Estados Unidos exige que Argentina ajuste sus gastos para llegar al 2023-2024 al déficit cero, pero el gobierno sostiene que la economía necesita recuperarse de dos bajones: el que produjo el gobierno macrista que increíblemente hizo caer el producto bruto 2,5 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019, y luego el que produjo la pandemia en el 2020, un fenómeno que se dio en todo el planeta.
 
El obstáculo sería Estados Unidos. Resulta paradójico porque, como discípulo de Joseph Stiglitz, es donde el ministro Guzmán tiene más llegada. El economista norteamericano recibió el Nobel en 2001, junto con George Ackerlof, esposo de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. En círculos internacionales se considera keynessiana a Yellen, pero en estas cuestiones a veces pesan más los intereses políticos y económicos que las ideas.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

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