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Nacionales - 08-01-2022 / 09:01
CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE ACORDAR O NO CON EL FMI

Que la deuda con el FMI la pague Macri, aunque sea ante la justicia

Que la deuda con el FMI la pague Macri, aunque sea ante la justicia
La deuda externa se incrementó 67% en sólo una gestión presidencial. El "mejor equipo de los últimos 50 años" aumentó US$ 100.000 millones el pasivo en dólares, lo que convirtió al país en rehén de una moneda que no emite y que genera a una velocidad pausada. No tardó el propio Mauricio Macri en declarar el default e imponer un cepo para poder calmar una corrida cambiaria que puso contra la espada y la pared el final de su mandato.
No se entiende si la deuda es un problema de principios, de Justicia o de conveniencia. Y cada uno de esos lugares propone una salida diferente y en algunos casos, varias: No pagar, pagar negociando o sin negociar y abrir una causa en la justicia. Cualquier camino que se tome tiene costos altos. Es imposible salir indemne del lodazal que dejó Mauricio Macri.
 
El acuerdo que dejó el gobierno macrista implica pagar cifras astronómicas en pocos años. La decisión del gobierno ha sido negociar y pagar sin ajuste. Hay planteos desde la oposición de izquierda que exige no pagar. Y un sector del Frente de Todos propuso presentar una denuncia en el Tribunal Internacional de La Haya.
 
Los representantes del macrismo hasta ahora han sido consecuentes con la actitud inicial y se han negado a colaborar con la dura y complicada negociación que emprendió el gobierno con el Fondo Monetario. O sea que se inclinan por mantener el cronograma de pagos por el cual, en los próximos dos años Argentina tendría que desembolsar 20 mil millones de dólares al año.
 
Como dijo el ministro Martín Guzmán esa cifra es mucho más alta que cualquier récord que haya tenido el superávit de la balanza de pagos en toda la historia del país, que es de donde salen las divisas para pagar, porque Argentina no fabrica dólares. No es sólo que llevaría a la pobreza a la mayoría de los argentinos sino que directamente es imposible pagar. Lo que hicieron Mauricio Macri y el FMI con ese acuerdo fue un disparate.
 
Sectores del macrismo, como Horacio Rodríguez Larreta, parecen coincidir en mantenerlo así y se han negado a participar en las reuniones que convocó el gobierno. De la misma forma rechazaron el proyecto de Presupuesto 2022, donde el gobierno había desplegado algunos de los índices en discusión con el Fondo.
 
Si se compara la crisis mortal que implica esta deuda, con las excusas politiqueras para negar su colaboración, la conclusión es que esta oposición se considera inmune al sufrimiento social que ocasionaron. Básicamente es una situación injusta. Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos amigos de Macri a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.
 
No hay salida sin costos altos para los argentinos. Pedir este crédito y aceptar los términos truculentos como fue cedido constituyó "el mayor acto de administración fraudulenta y mayor malversación de caudales" de la historia, como lo definió el presidente Alberto Fernández al presentar una denuncia ante la Justicia contra Macri. Sería justo que el principal responsable del sufrimiento que deben afrontar los argentinos también pague.
 

 
QUE PAGUE MACRI, AUNQUE SEA ANTE LA JUSTICIA
 
Cuáles son las consecuencias de acordar o no con el FMI  
 
Si es un problema de principios, es obvio que Argentina no tendría que pagar una fortuna que se desvió a fondos privados y no dejó una sola prestación para el bien común. La mayor parte de ese dinero se utilizó para evitar que el dólar se descontrolara antes de las elecciones y de esa manera se fue por la canaleta de la fuga. La inmensa mayoría de los argentinos tiene que pagar algo que nunca recibió. Por principio, no habría que pagarla.
 
En esa negociación, Argentina tiene como interlocutores del otro lado de la mesa a las principales economías del mundo, incluyendo a Rusia y China. Si no paga tiene que prepararse para aguantar las represalias, desde las emboscadas conspirativas y los quinta columnas, hasta bloqueos o rupturas comerciales, con el consiguiente empobrecimiento de la economía y de las personas.
 
Es cierto que por principio no habría que pagarla. Pero la población tendría que estar dispuesta y con fuerte conciencia del costo que deberá soportar. Si esa conciencia no echa raíces profundas, si no se convierte en convicción indestructible y masiva, el malestar que produciría ese empobrecimiento se puede expresar en voto protesta a favor de los candidatos de derecha que, cuando asumen, aumentan la pobreza.
 
Los gobiernos kirchneristas acordaron con el 95 por ciento de los acreedores. Pero los fondos buitre del cinco por ciento restante pagaron campañas mediáticas millonarias, hicieron aliados internos, presionaron jueces, consiguieron fallos favorables y finalmente cobraron más de lo que pedían.
 
En este caso, no se trata del cinco por ciento de los acreedores, sino de todas las grandes economías con las que Argentina comercia o quisiera hacerlo. La alternativa de no pagar implica pagar por otro lado. Si es por una cuestión de principio, la opción no se discute: no se paga y listo. Pero si es una cuestión de conveniencia del país, habría que sacar una relación costo-beneficio entre pagar o no hacerlo, o hacerlo pero negociando.
 
Lo que se pague, por poco que sea, podría haber sido utilizado para combatir la desigualdad. Pero no pagar podría profundizar la desigualdad al bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas. Básicamente es una situación injusta.
 
Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.
 
 
La explicación de Martín Guzmán 
 
Durante su encuentro con los gobernadores, --al que no concurrieron los de las cuatro provincias gobernadas por el macrismo-- el ministro Guzmán explicó el contrasentido de que el Fondo se creó supuestamente para socorrer a países con problemas en sus balanzas de pagos y, ahora, el problema de la balanza de pagos de Argentina es justamente la deuda con el FMI.
 
En vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Una cosa es la letra escrita (lo cual hay que tomar en cuenta en una vía judicial) y otra los intereses hegemónicos que pusieron en juego las economías centrales, sobre todo Estados Unidos, cuando crearon el Fondo. Y fue así desde el principio. La letra escrita nunca se cumplió. Y menos en el préstamo para que Macri gane las elecciones.
 
De todas las opciones, el gobierno eligió la de negociar la suma, los plazos y los condicionamientos que quiere poner el Fondo. Pero no tendría que dejar de lado el camino judicial como una opción, sobre todo si los negociadores del Fondo se cierran en posiciones que asfixiarían a la Argentina.
 
El cronograma de pagos en diez años estipulado por el programa de facilidades extendidas, que ya está prácticamente cedido por los técnicos del Fondo en este tramo de la negociación, alivia la animalada del macrismo, pero no saca a la Argentina de la zona de riesgo. El gobierno reclamó más tiempo para pagar.
 
El ministro Guzmán insistió en el principio de no pagar a costa del crecimiento con inclusión. Según explicó, el centro de las diferencias están planteadas por el plazo para llegar al déficit cero. 
 
Estados Unidos exige que Argentina ajuste sus gastos para llegar al 2023-2024 al déficit cero, pero el gobierno sostiene que la economía necesita recuperarse de dos bajones: el que produjo el gobierno macrista que increíblemente hizo caer el producto bruto 2,5 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019, y luego el que produjo la pandemia en el 2020, un fenómeno que se dio en todo el planeta.
 
El obstáculo sería Estados Unidos. Resulta paradójico porque, como discípulo de Joseph Stiglitz, es donde el ministro Guzmán tiene más llegada. El economista norteamericano recibió el Nobel en 2001, junto con George Ackerlof, esposo de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. En círculos internacionales se considera keynessiana a Yellen, pero en estas cuestiones a veces pesan más los intereses políticos y económicos que las ideas.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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09-08-2026 / 17:08
08-08-2026 / 09:08
El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

06-08-2026 / 14:08
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