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Nacionales - 08-01-2022 / 09:01
CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE ACORDAR O NO CON EL FMI

Que la deuda con el FMI la pague Macri, aunque sea ante la justicia

Que la deuda con el FMI la pague Macri, aunque sea ante la justicia
La deuda externa se incrementó 67% en sólo una gestión presidencial. El "mejor equipo de los últimos 50 años" aumentó US$ 100.000 millones el pasivo en dólares, lo que convirtió al país en rehén de una moneda que no emite y que genera a una velocidad pausada. No tardó el propio Mauricio Macri en declarar el default e imponer un cepo para poder calmar una corrida cambiaria que puso contra la espada y la pared el final de su mandato.
No se entiende si la deuda es un problema de principios, de Justicia o de conveniencia. Y cada uno de esos lugares propone una salida diferente y en algunos casos, varias: No pagar, pagar negociando o sin negociar y abrir una causa en la justicia. Cualquier camino que se tome tiene costos altos. Es imposible salir indemne del lodazal que dejó Mauricio Macri.
 
El acuerdo que dejó el gobierno macrista implica pagar cifras astronómicas en pocos años. La decisión del gobierno ha sido negociar y pagar sin ajuste. Hay planteos desde la oposición de izquierda que exige no pagar. Y un sector del Frente de Todos propuso presentar una denuncia en el Tribunal Internacional de La Haya.
 
Los representantes del macrismo hasta ahora han sido consecuentes con la actitud inicial y se han negado a colaborar con la dura y complicada negociación que emprendió el gobierno con el Fondo Monetario. O sea que se inclinan por mantener el cronograma de pagos por el cual, en los próximos dos años Argentina tendría que desembolsar 20 mil millones de dólares al año.
 
Como dijo el ministro Martín Guzmán esa cifra es mucho más alta que cualquier récord que haya tenido el superávit de la balanza de pagos en toda la historia del país, que es de donde salen las divisas para pagar, porque Argentina no fabrica dólares. No es sólo que llevaría a la pobreza a la mayoría de los argentinos sino que directamente es imposible pagar. Lo que hicieron Mauricio Macri y el FMI con ese acuerdo fue un disparate.
 
Sectores del macrismo, como Horacio Rodríguez Larreta, parecen coincidir en mantenerlo así y se han negado a participar en las reuniones que convocó el gobierno. De la misma forma rechazaron el proyecto de Presupuesto 2022, donde el gobierno había desplegado algunos de los índices en discusión con el Fondo.
 
Si se compara la crisis mortal que implica esta deuda, con las excusas politiqueras para negar su colaboración, la conclusión es que esta oposición se considera inmune al sufrimiento social que ocasionaron. Básicamente es una situación injusta. Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos amigos de Macri a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.
 
No hay salida sin costos altos para los argentinos. Pedir este crédito y aceptar los términos truculentos como fue cedido constituyó "el mayor acto de administración fraudulenta y mayor malversación de caudales" de la historia, como lo definió el presidente Alberto Fernández al presentar una denuncia ante la Justicia contra Macri. Sería justo que el principal responsable del sufrimiento que deben afrontar los argentinos también pague.
 

 
QUE PAGUE MACRI, AUNQUE SEA ANTE LA JUSTICIA
 
Cuáles son las consecuencias de acordar o no con el FMI  
 
Si es un problema de principios, es obvio que Argentina no tendría que pagar una fortuna que se desvió a fondos privados y no dejó una sola prestación para el bien común. La mayor parte de ese dinero se utilizó para evitar que el dólar se descontrolara antes de las elecciones y de esa manera se fue por la canaleta de la fuga. La inmensa mayoría de los argentinos tiene que pagar algo que nunca recibió. Por principio, no habría que pagarla.
 
En esa negociación, Argentina tiene como interlocutores del otro lado de la mesa a las principales economías del mundo, incluyendo a Rusia y China. Si no paga tiene que prepararse para aguantar las represalias, desde las emboscadas conspirativas y los quinta columnas, hasta bloqueos o rupturas comerciales, con el consiguiente empobrecimiento de la economía y de las personas.
 
Es cierto que por principio no habría que pagarla. Pero la población tendría que estar dispuesta y con fuerte conciencia del costo que deberá soportar. Si esa conciencia no echa raíces profundas, si no se convierte en convicción indestructible y masiva, el malestar que produciría ese empobrecimiento se puede expresar en voto protesta a favor de los candidatos de derecha que, cuando asumen, aumentan la pobreza.
 
Los gobiernos kirchneristas acordaron con el 95 por ciento de los acreedores. Pero los fondos buitre del cinco por ciento restante pagaron campañas mediáticas millonarias, hicieron aliados internos, presionaron jueces, consiguieron fallos favorables y finalmente cobraron más de lo que pedían.
 
En este caso, no se trata del cinco por ciento de los acreedores, sino de todas las grandes economías con las que Argentina comercia o quisiera hacerlo. La alternativa de no pagar implica pagar por otro lado. Si es por una cuestión de principio, la opción no se discute: no se paga y listo. Pero si es una cuestión de conveniencia del país, habría que sacar una relación costo-beneficio entre pagar o no hacerlo, o hacerlo pero negociando.
 
Lo que se pague, por poco que sea, podría haber sido utilizado para combatir la desigualdad. Pero no pagar podría profundizar la desigualdad al bloquear el desarrollo de las fuerzas productivas. Básicamente es una situación injusta.
 
Y es injusta por varios motivos no solamente porque fue un negociado político-financiero que enriqueció a los ricos a costa de los pobres, sino porque el crédito transgredió los reglamentos de Argentina y del mismo Fondo Monetario Internacional.
 
 
La explicación de Martín Guzmán 
 
Durante su encuentro con los gobernadores, --al que no concurrieron los de las cuatro provincias gobernadas por el macrismo-- el ministro Guzmán explicó el contrasentido de que el Fondo se creó supuestamente para socorrer a países con problemas en sus balanzas de pagos y, ahora, el problema de la balanza de pagos de Argentina es justamente la deuda con el FMI.
 
En vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Una cosa es la letra escrita (lo cual hay que tomar en cuenta en una vía judicial) y otra los intereses hegemónicos que pusieron en juego las economías centrales, sobre todo Estados Unidos, cuando crearon el Fondo. Y fue así desde el principio. La letra escrita nunca se cumplió. Y menos en el préstamo para que Macri gane las elecciones.
 
De todas las opciones, el gobierno eligió la de negociar la suma, los plazos y los condicionamientos que quiere poner el Fondo. Pero no tendría que dejar de lado el camino judicial como una opción, sobre todo si los negociadores del Fondo se cierran en posiciones que asfixiarían a la Argentina.
 
El cronograma de pagos en diez años estipulado por el programa de facilidades extendidas, que ya está prácticamente cedido por los técnicos del Fondo en este tramo de la negociación, alivia la animalada del macrismo, pero no saca a la Argentina de la zona de riesgo. El gobierno reclamó más tiempo para pagar.
 
El ministro Guzmán insistió en el principio de no pagar a costa del crecimiento con inclusión. Según explicó, el centro de las diferencias están planteadas por el plazo para llegar al déficit cero. 
 
Estados Unidos exige que Argentina ajuste sus gastos para llegar al 2023-2024 al déficit cero, pero el gobierno sostiene que la economía necesita recuperarse de dos bajones: el que produjo el gobierno macrista que increíblemente hizo caer el producto bruto 2,5 por ciento en 2018 y 2,2 por ciento en 2019, y luego el que produjo la pandemia en el 2020, un fenómeno que se dio en todo el planeta.
 
El obstáculo sería Estados Unidos. Resulta paradójico porque, como discípulo de Joseph Stiglitz, es donde el ministro Guzmán tiene más llegada. El economista norteamericano recibió el Nobel en 2001, junto con George Ackerlof, esposo de la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen. En círculos internacionales se considera keynessiana a Yellen, pero en estas cuestiones a veces pesan más los intereses políticos y económicos que las ideas.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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