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Nacionales - 06-01-2022 / 09:01
JUNTO A GUZMÁN EXPLICÓ LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

De Alberto a los gobernadores: La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI

De Alberto a los gobernadores: La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI
En la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada para contar cómo va la marcha de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno explicó por qué aun no cerró un acuerdo -que Mauricio Macri dijo que cerraba "en cinco minutos"- y por qué quiere darle una solución que no restrinja el crecimiento económico del país y se rehúsa a firmar algo que se lo impida.
El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que "la palabra ajuste está desterrada" de la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y descartó la aplicación de cualquier tarifazo, al encabezar, junto al ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe Gabinete Juan Manzur, la cumbre con gobernadores para explicar los avances en la negociación de la deuda con el organismo de crédito. También le respondió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, único ausente en la mesa: "Esto no es un acto partidario. Es para que los argentinos sepan dónde estamos parados".
 
El encuentro se realizó en el Museo del Bicentenario y se extendió por más de dos horas y media. Tuvo por objetivo informar y explicar a los gobernadores en qué instancia están las negociaciones por la brutal deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
Guzmán fue el encargado de detallar cuál fue la propuesta y en qué puntos no hay acuerdo con el FMI. Luego, hubo una ronda de consultas de los mandatarios provinciales. En los tramos más fuertes de su alocución, antes y después de la exposición del ministro, el presidente advirtió que "ajustar la economía es dejar de crecer" y que para el gobierno argentino "la palabra ajuste está desterrada en la discusión".
 
"Si resolver el problema de la deuda es que las sociedades se posterguen y dejen de crecer, esa no es una buena solución. Esa es la lógica central de nuestro planteo y así seguiremos negociando", aclaró. En este punto, reafirmó que Argentina "va a lograr una reestructuración conveniente" de la deuda con el Fondo  y advirtió que el préstamo impagable, contraído por el gobierno de Macri, superará su mandato e incluso también el de quien gobierne el país a partir de 2027.
 
En otro momento, Fernández dijo que "no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga tarifazos" mientras el Frente de Todos esté gobernando. "Mientras nosotros estemos las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta el ingreso y la capacidad de pago de una sociedad dada en un momento dado", explicó, y descartó cualquier aumento desmedido "en el año venidero ni en los subsiguientes".
 
Por otro lado, planteó que "todo programa económico en Argentina pasa por la recuperación del salario real" y por esto consideró que los ingresos de los que trabajan "tienen que superar el ritmo inflacionario". Ya en el cierre, Fernández le contestó al macrista Rodríguez Larreta, quien dijo que no concurriría a la reunión porque "como está planteada es una reunión política".
 
"Esto no era un acto partidario sino que tiene la vocación real de que los argentinos sepan dónde estamos parados. Tiene la vocación real de que los acuerdos que logremos sean lo menos pesados para el pueblo argentino, ese es el sentido de esta reunión", disparó el presidente, y respondió así la chicana del jefe de Gobierno porteño.


En tanto, los de Juntos por el Cambio, que tomaron la deuda, se quieren borrar, como si el tema y sus consecuencias no los alcanzaran. Quieren ser como referís o árbitros, se quedan mirando desde afuera. Este grado de avivada no tiene sentido.


La Opinión Popular

 
LA NEGOCIACIÓN POR LA DEUDA EN SU INSTANCIA MÁS SENSIBLE
 
FMI: La delgada línea roja del acuerdo
 
La estrategia negociadora argentina para disputar el tramo final. Búsqueda de consenso local y deslegitimar globalmente la "receta del Fondo".
 
Por Raúl Dellatorre
 
La negociación con el FMI entró en una etapa clave, no por la inminencia del acuerdo ni porque venza ningún plazo, sino porque ya se han agotado las posibilidades de alcanzar más coincidencias en la mesa de discusión. La línea roja que trazó el gobierno argentino es el programa fiscal propuesto para la reducción gradual del déficit primario (ingresos y gastos de la administración central, antes del pago de intereses de la deuda) pero en base a la mejora en la recaudación (como resultado del crecimiento económico), y no a partir de recortes del gasto público.
 
El FMI insiste en su receta tradicional: llegar al equilibrio fiscal por el atajo de recortar las partidas para transferencias a la actividad económica, los programas sociales y las compensaciones a la seguridad social. "Si no aceptan nuestro programa fiscal, que es el único que garantiza seguir por el sendero de la recuperación económica, no hay acuerdo", definió ayer, tajantemente, un integrante del elenco oficial que participa directamente en las conversaciones con el organismo de crédito internacional.
 
No fueron las palabras que utilizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su detallada exposición ante los representantes de gobiernos provinciales, pero dejò expresada la misma idea. "Resolver el problema del déficit sobre la base de la recuperación de la economía es el camino virtuoso; lo que pide el Fondo Monetario es diferente. Es un programa que, con alta probabilidad, detendría el ciclo de recuperación. Lo que propone es, esencialmente, un ajuste del gasto real", describió.
 
Guzmán aseguró que en otros aspectos de la negociación hay un virtual acuerdo, pero no habló de plazos de repago de la deuda (aunque se sabe que el gobierno nacional pidió postergar los primeros vencimientos hasta el año 2026). Eligió poner el acento en la postura que presenta el gobierno de no retroceder en lo que respecta a su programa fiscal, atendiendo a la necesidad de contar con recursos públicos para ejecutar las políticas de fomento al crecimiento y al desarrollo económico con inclusión social. Objetivos para los cuales, entiende, es imprescindible la activa participación del Estado. En ese punto, el ministro recibió el respaldo explícito de varios gobernadores que intervinieron después de su exposición.
 
La conducción económica plantea la pulseada con el FMI partiendo de la comprensión que en una disputa "mano a mano" con el Fondo no tendría chance alguna de lograr el más mínimo resultado favorable. "Las renegociaciones entre los países deudores y el poder financiero mundial son siempre muy desiguales, en general con malos resultados para los primeros", suele repetir Martín Guzmán en sus exposiciones, basado en sus propias investigaciones en la Universidad de Columbia, en los años previos a ser convocado para hacerse cargo del Palacio de Hacienda.
 
"El poder financiero mundial es el enemigo más poderoso, porque armó una estructura financiera mundial a su entera conveniencia, y el FMI es parte de esa estructura", suele manifestar Guzmán en sus exposiciones. "Que el FMI esté en la Argentina, además como acreedor de una deuda insostenible, es un gran problema, que tenemos que resolver sin perder la soberanía de poder construir una política económica para el crecimiento y el desarrollo. Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía", dijo Guzmán en una exposición reciente ante un reducido auditorio.
 
Este miércoles, ante los gobernadores, no usó esos mismos términos, pero ese es el marco en que se expresó al explicar la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una unidad nacional para defender determinados principios en este momento clave de la negociación.
 
Eso en el plano interno, buscando que el gobierno no enfrente solo esa pulseada. Con el mismo sentido, se apunta a un respaldo parlamentario que se reclamará no sólo para el acuerdo final, cuando se alcance, sino para cada uno de los elementos componentes del mismo: Carta de Intención, Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando de Entendimiento, cada uno de los cuales implica diferentes niveles de compromisos ante el organismo. A ello se agregará el programa económico plurianual, con los objetivos en materia económica y social "irrenunciables" que no podrán ser afectados por el acuerdo. Todo ese paquete será sometido a la opinión del Congreso, explicó con precisión Guzmán en el Salón del Bicentenario.
 
En el plano externo, también se busca generar consensos en el cuestionamiento a la legitimidad de los argumentos y reglas impuestas por el FMI. Repasó las conclusiones de la evaluación técnicas que hizo el propio FMI sobre el acuerdo de 2018. "No se cumplió ninguna de las metas de estabilización previstas, eso nos coloca en una mejor posición para seguir negociando", señaló.
 
También ironizó sobre el papel teórico del Fondo y el que tiene hoy ante Argentina, recordando que fue creado para auxiliar a países con dificultades en su balanza de pagos.
 
"Hoy Argentina no debería tener ningún problema: tiene superávit comercial, con récord de exportaciones y en alza, crecen las reservas, renegoció su deuda externa con el sector privado. El único problema es la deuda insostenible con el Fondo. No son la solución, son el problema. Le estamos pidiendo al Fondo que nos financie para pagarle la deuda a ellos mismos. Se invirtió la lógica y su relación con los países miembros. Pero sólo con los emergentes, no con los países más desarrollados".
 
Fuente: Página12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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