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Nacionales - 06-01-2022 / 09:01
JUNTO A GUZMÁN EXPLICÓ LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

De Alberto a los gobernadores: La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI

De Alberto a los gobernadores: La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI
En la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada para contar cómo va la marcha de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno explicó por qué aun no cerró un acuerdo -que Mauricio Macri dijo que cerraba "en cinco minutos"- y por qué quiere darle una solución que no restrinja el crecimiento económico del país y se rehúsa a firmar algo que se lo impida.
El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que "la palabra ajuste está desterrada" de la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y descartó la aplicación de cualquier tarifazo, al encabezar, junto al ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe Gabinete Juan Manzur, la cumbre con gobernadores para explicar los avances en la negociación de la deuda con el organismo de crédito. También le respondió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, único ausente en la mesa: "Esto no es un acto partidario. Es para que los argentinos sepan dónde estamos parados".
 
El encuentro se realizó en el Museo del Bicentenario y se extendió por más de dos horas y media. Tuvo por objetivo informar y explicar a los gobernadores en qué instancia están las negociaciones por la brutal deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
Guzmán fue el encargado de detallar cuál fue la propuesta y en qué puntos no hay acuerdo con el FMI. Luego, hubo una ronda de consultas de los mandatarios provinciales. En los tramos más fuertes de su alocución, antes y después de la exposición del ministro, el presidente advirtió que "ajustar la economía es dejar de crecer" y que para el gobierno argentino "la palabra ajuste está desterrada en la discusión".
 
"Si resolver el problema de la deuda es que las sociedades se posterguen y dejen de crecer, esa no es una buena solución. Esa es la lógica central de nuestro planteo y así seguiremos negociando", aclaró. En este punto, reafirmó que Argentina "va a lograr una reestructuración conveniente" de la deuda con el Fondo  y advirtió que el préstamo impagable, contraído por el gobierno de Macri, superará su mandato e incluso también el de quien gobierne el país a partir de 2027.
 
En otro momento, Fernández dijo que "no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga tarifazos" mientras el Frente de Todos esté gobernando. "Mientras nosotros estemos las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta el ingreso y la capacidad de pago de una sociedad dada en un momento dado", explicó, y descartó cualquier aumento desmedido "en el año venidero ni en los subsiguientes".
 
Por otro lado, planteó que "todo programa económico en Argentina pasa por la recuperación del salario real" y por esto consideró que los ingresos de los que trabajan "tienen que superar el ritmo inflacionario". Ya en el cierre, Fernández le contestó al macrista Rodríguez Larreta, quien dijo que no concurriría a la reunión porque "como está planteada es una reunión política".
 
"Esto no era un acto partidario sino que tiene la vocación real de que los argentinos sepan dónde estamos parados. Tiene la vocación real de que los acuerdos que logremos sean lo menos pesados para el pueblo argentino, ese es el sentido de esta reunión", disparó el presidente, y respondió así la chicana del jefe de Gobierno porteño.


En tanto, los de Juntos por el Cambio, que tomaron la deuda, se quieren borrar, como si el tema y sus consecuencias no los alcanzaran. Quieren ser como referís o árbitros, se quedan mirando desde afuera. Este grado de avivada no tiene sentido.


La Opinión Popular

 
LA NEGOCIACIÓN POR LA DEUDA EN SU INSTANCIA MÁS SENSIBLE
 
FMI: La delgada línea roja del acuerdo
 
La estrategia negociadora argentina para disputar el tramo final. Búsqueda de consenso local y deslegitimar globalmente la "receta del Fondo".
 
Por Raúl Dellatorre
 
La negociación con el FMI entró en una etapa clave, no por la inminencia del acuerdo ni porque venza ningún plazo, sino porque ya se han agotado las posibilidades de alcanzar más coincidencias en la mesa de discusión. La línea roja que trazó el gobierno argentino es el programa fiscal propuesto para la reducción gradual del déficit primario (ingresos y gastos de la administración central, antes del pago de intereses de la deuda) pero en base a la mejora en la recaudación (como resultado del crecimiento económico), y no a partir de recortes del gasto público.
 
El FMI insiste en su receta tradicional: llegar al equilibrio fiscal por el atajo de recortar las partidas para transferencias a la actividad económica, los programas sociales y las compensaciones a la seguridad social. "Si no aceptan nuestro programa fiscal, que es el único que garantiza seguir por el sendero de la recuperación económica, no hay acuerdo", definió ayer, tajantemente, un integrante del elenco oficial que participa directamente en las conversaciones con el organismo de crédito internacional.
 
No fueron las palabras que utilizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su detallada exposición ante los representantes de gobiernos provinciales, pero dejò expresada la misma idea. "Resolver el problema del déficit sobre la base de la recuperación de la economía es el camino virtuoso; lo que pide el Fondo Monetario es diferente. Es un programa que, con alta probabilidad, detendría el ciclo de recuperación. Lo que propone es, esencialmente, un ajuste del gasto real", describió.
 
Guzmán aseguró que en otros aspectos de la negociación hay un virtual acuerdo, pero no habló de plazos de repago de la deuda (aunque se sabe que el gobierno nacional pidió postergar los primeros vencimientos hasta el año 2026). Eligió poner el acento en la postura que presenta el gobierno de no retroceder en lo que respecta a su programa fiscal, atendiendo a la necesidad de contar con recursos públicos para ejecutar las políticas de fomento al crecimiento y al desarrollo económico con inclusión social. Objetivos para los cuales, entiende, es imprescindible la activa participación del Estado. En ese punto, el ministro recibió el respaldo explícito de varios gobernadores que intervinieron después de su exposición.
 
La conducción económica plantea la pulseada con el FMI partiendo de la comprensión que en una disputa "mano a mano" con el Fondo no tendría chance alguna de lograr el más mínimo resultado favorable. "Las renegociaciones entre los países deudores y el poder financiero mundial son siempre muy desiguales, en general con malos resultados para los primeros", suele repetir Martín Guzmán en sus exposiciones, basado en sus propias investigaciones en la Universidad de Columbia, en los años previos a ser convocado para hacerse cargo del Palacio de Hacienda.
 
"El poder financiero mundial es el enemigo más poderoso, porque armó una estructura financiera mundial a su entera conveniencia, y el FMI es parte de esa estructura", suele manifestar Guzmán en sus exposiciones. "Que el FMI esté en la Argentina, además como acreedor de una deuda insostenible, es un gran problema, que tenemos que resolver sin perder la soberanía de poder construir una política económica para el crecimiento y el desarrollo. Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía", dijo Guzmán en una exposición reciente ante un reducido auditorio.
 
Este miércoles, ante los gobernadores, no usó esos mismos términos, pero ese es el marco en que se expresó al explicar la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una unidad nacional para defender determinados principios en este momento clave de la negociación.
 
Eso en el plano interno, buscando que el gobierno no enfrente solo esa pulseada. Con el mismo sentido, se apunta a un respaldo parlamentario que se reclamará no sólo para el acuerdo final, cuando se alcance, sino para cada uno de los elementos componentes del mismo: Carta de Intención, Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando de Entendimiento, cada uno de los cuales implica diferentes niveles de compromisos ante el organismo. A ello se agregará el programa económico plurianual, con los objetivos en materia económica y social "irrenunciables" que no podrán ser afectados por el acuerdo. Todo ese paquete será sometido a la opinión del Congreso, explicó con precisión Guzmán en el Salón del Bicentenario.
 
En el plano externo, también se busca generar consensos en el cuestionamiento a la legitimidad de los argumentos y reglas impuestas por el FMI. Repasó las conclusiones de la evaluación técnicas que hizo el propio FMI sobre el acuerdo de 2018. "No se cumplió ninguna de las metas de estabilización previstas, eso nos coloca en una mejor posición para seguir negociando", señaló.
 
También ironizó sobre el papel teórico del Fondo y el que tiene hoy ante Argentina, recordando que fue creado para auxiliar a países con dificultades en su balanza de pagos.
 
"Hoy Argentina no debería tener ningún problema: tiene superávit comercial, con récord de exportaciones y en alza, crecen las reservas, renegoció su deuda externa con el sector privado. El único problema es la deuda insostenible con el Fondo. No son la solución, son el problema. Le estamos pidiendo al Fondo que nos financie para pagarle la deuda a ellos mismos. Se invirtió la lógica y su relación con los países miembros. Pero sólo con los emergentes, no con los países más desarrollados".
 
Fuente: Página12
 

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31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

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