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Nacionales - 06-01-2022 / 09:01
JUNTO A GUZMÁN EXPLICÓ LA NEGOCIACIÓN CON EL FMI

De Alberto a los gobernadores: La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI

De Alberto a los gobernadores: La palabra ajuste está desterrada de la discusión con el FMI
En la reunión con los gobernadores en la Casa Rosada para contar cómo va la marcha de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno explicó por qué aun no cerró un acuerdo -que Mauricio Macri dijo que cerraba "en cinco minutos"- y por qué quiere darle una solución que no restrinja el crecimiento económico del país y se rehúsa a firmar algo que se lo impida.
El presidente Alberto Fernández aseguró este miércoles que "la palabra ajuste está desterrada" de la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y descartó la aplicación de cualquier tarifazo, al encabezar, junto al ministro de Economía Martín Guzmán y el jefe Gabinete Juan Manzur, la cumbre con gobernadores para explicar los avances en la negociación de la deuda con el organismo de crédito. También le respondió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, único ausente en la mesa: "Esto no es un acto partidario. Es para que los argentinos sepan dónde estamos parados".
 
El encuentro se realizó en el Museo del Bicentenario y se extendió por más de dos horas y media. Tuvo por objetivo informar y explicar a los gobernadores en qué instancia están las negociaciones por la brutal deuda contraída durante el gobierno de Mauricio Macri.
 
Guzmán fue el encargado de detallar cuál fue la propuesta y en qué puntos no hay acuerdo con el FMI. Luego, hubo una ronda de consultas de los mandatarios provinciales. En los tramos más fuertes de su alocución, antes y después de la exposición del ministro, el presidente advirtió que "ajustar la economía es dejar de crecer" y que para el gobierno argentino "la palabra ajuste está desterrada en la discusión".
 
"Si resolver el problema de la deuda es que las sociedades se posterguen y dejen de crecer, esa no es una buena solución. Esa es la lógica central de nuestro planteo y así seguiremos negociando", aclaró. En este punto, reafirmó que Argentina "va a lograr una reestructuración conveniente" de la deuda con el Fondo  y advirtió que el préstamo impagable, contraído por el gobierno de Macri, superará su mandato e incluso también el de quien gobierne el país a partir de 2027.
 
En otro momento, Fernández dijo que "no hay ninguna posibilidad de que Argentina tenga tarifazos" mientras el Frente de Todos esté gobernando. "Mientras nosotros estemos las tarifas tendrán que corregirse de un modo razonable y teniendo en cuenta el ingreso y la capacidad de pago de una sociedad dada en un momento dado", explicó, y descartó cualquier aumento desmedido "en el año venidero ni en los subsiguientes".
 
Por otro lado, planteó que "todo programa económico en Argentina pasa por la recuperación del salario real" y por esto consideró que los ingresos de los que trabajan "tienen que superar el ritmo inflacionario". Ya en el cierre, Fernández le contestó al macrista Rodríguez Larreta, quien dijo que no concurriría a la reunión porque "como está planteada es una reunión política".
 
"Esto no era un acto partidario sino que tiene la vocación real de que los argentinos sepan dónde estamos parados. Tiene la vocación real de que los acuerdos que logremos sean lo menos pesados para el pueblo argentino, ese es el sentido de esta reunión", disparó el presidente, y respondió así la chicana del jefe de Gobierno porteño.


En tanto, los de Juntos por el Cambio, que tomaron la deuda, se quieren borrar, como si el tema y sus consecuencias no los alcanzaran. Quieren ser como referís o árbitros, se quedan mirando desde afuera. Este grado de avivada no tiene sentido.


La Opinión Popular

 
LA NEGOCIACIÓN POR LA DEUDA EN SU INSTANCIA MÁS SENSIBLE
 
FMI: La delgada línea roja del acuerdo
 
La estrategia negociadora argentina para disputar el tramo final. Búsqueda de consenso local y deslegitimar globalmente la "receta del Fondo".
 
Por Raúl Dellatorre
 
La negociación con el FMI entró en una etapa clave, no por la inminencia del acuerdo ni porque venza ningún plazo, sino porque ya se han agotado las posibilidades de alcanzar más coincidencias en la mesa de discusión. La línea roja que trazó el gobierno argentino es el programa fiscal propuesto para la reducción gradual del déficit primario (ingresos y gastos de la administración central, antes del pago de intereses de la deuda) pero en base a la mejora en la recaudación (como resultado del crecimiento económico), y no a partir de recortes del gasto público.
 
El FMI insiste en su receta tradicional: llegar al equilibrio fiscal por el atajo de recortar las partidas para transferencias a la actividad económica, los programas sociales y las compensaciones a la seguridad social. "Si no aceptan nuestro programa fiscal, que es el único que garantiza seguir por el sendero de la recuperación económica, no hay acuerdo", definió ayer, tajantemente, un integrante del elenco oficial que participa directamente en las conversaciones con el organismo de crédito internacional.
 
No fueron las palabras que utilizó el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su detallada exposición ante los representantes de gobiernos provinciales, pero dejò expresada la misma idea. "Resolver el problema del déficit sobre la base de la recuperación de la economía es el camino virtuoso; lo que pide el Fondo Monetario es diferente. Es un programa que, con alta probabilidad, detendría el ciclo de recuperación. Lo que propone es, esencialmente, un ajuste del gasto real", describió.
 
Guzmán aseguró que en otros aspectos de la negociación hay un virtual acuerdo, pero no habló de plazos de repago de la deuda (aunque se sabe que el gobierno nacional pidió postergar los primeros vencimientos hasta el año 2026). Eligió poner el acento en la postura que presenta el gobierno de no retroceder en lo que respecta a su programa fiscal, atendiendo a la necesidad de contar con recursos públicos para ejecutar las políticas de fomento al crecimiento y al desarrollo económico con inclusión social. Objetivos para los cuales, entiende, es imprescindible la activa participación del Estado. En ese punto, el ministro recibió el respaldo explícito de varios gobernadores que intervinieron después de su exposición.
 
La conducción económica plantea la pulseada con el FMI partiendo de la comprensión que en una disputa "mano a mano" con el Fondo no tendría chance alguna de lograr el más mínimo resultado favorable. "Las renegociaciones entre los países deudores y el poder financiero mundial son siempre muy desiguales, en general con malos resultados para los primeros", suele repetir Martín Guzmán en sus exposiciones, basado en sus propias investigaciones en la Universidad de Columbia, en los años previos a ser convocado para hacerse cargo del Palacio de Hacienda.
 
"El poder financiero mundial es el enemigo más poderoso, porque armó una estructura financiera mundial a su entera conveniencia, y el FMI es parte de esa estructura", suele manifestar Guzmán en sus exposiciones. "Que el FMI esté en la Argentina, además como acreedor de una deuda insostenible, es un gran problema, que tenemos que resolver sin perder la soberanía de poder construir una política económica para el crecimiento y el desarrollo. Acabar con la dependencia del FMI es un acto de soberanía", dijo Guzmán en una exposición reciente ante un reducido auditorio.
 
Este miércoles, ante los gobernadores, no usó esos mismos términos, pero ese es el marco en que se expresó al explicar la gravedad de la situación y la necesidad de encontrar una unidad nacional para defender determinados principios en este momento clave de la negociación.
 
Eso en el plano interno, buscando que el gobierno no enfrente solo esa pulseada. Con el mismo sentido, se apunta a un respaldo parlamentario que se reclamará no sólo para el acuerdo final, cuando se alcance, sino para cada uno de los elementos componentes del mismo: Carta de Intención, Memorando de Políticas Económicas y Financieras y el Memorando de Entendimiento, cada uno de los cuales implica diferentes niveles de compromisos ante el organismo. A ello se agregará el programa económico plurianual, con los objetivos en materia económica y social "irrenunciables" que no podrán ser afectados por el acuerdo. Todo ese paquete será sometido a la opinión del Congreso, explicó con precisión Guzmán en el Salón del Bicentenario.
 
En el plano externo, también se busca generar consensos en el cuestionamiento a la legitimidad de los argumentos y reglas impuestas por el FMI. Repasó las conclusiones de la evaluación técnicas que hizo el propio FMI sobre el acuerdo de 2018. "No se cumplió ninguna de las metas de estabilización previstas, eso nos coloca en una mejor posición para seguir negociando", señaló.
 
También ironizó sobre el papel teórico del Fondo y el que tiene hoy ante Argentina, recordando que fue creado para auxiliar a países con dificultades en su balanza de pagos.
 
"Hoy Argentina no debería tener ningún problema: tiene superávit comercial, con récord de exportaciones y en alza, crecen las reservas, renegoció su deuda externa con el sector privado. El único problema es la deuda insostenible con el Fondo. No son la solución, son el problema. Le estamos pidiendo al Fondo que nos financie para pagarle la deuda a ellos mismos. Se invirtió la lógica y su relación con los países miembros. Pero sólo con los emergentes, no con los países más desarrollados".
 
Fuente: Página12
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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