sostuvo el Presidente de la Nación que exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
 
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Mauricio Macri y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos --pagados por la AFI-- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado de Macri; Nicolás Caputo, empresario "amigo de la vida" del expresidente y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
 
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia.
 
Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI de Macri los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada. Pero no de todas. Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
 
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces con un empresario del juego, como Angelici, devenido en "operador judicial"? La contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales. No sirven ni para espiar.
 
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Nacionales - 05-01-2022 / 10:01
LA PERSECUCIÓN DE JUNTOS POR EL CAMBIO A LOS OPOSITORES Y EL ESPIONAJE HASTA A LOS PROPIOS

Gestapo macrista: El misterio de los celulares encriptados que destapó Alberto Fernández

Gestapo macrista: El misterio de los celulares encriptados que destapó Alberto Fernández
Alberto Fernández puso en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. ''Es asqueante e inadmisible'', sostuvo el Presidente de la Nación exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
El presidente Alberto Fernández puso este martes en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. ''Es asqueante e inadmisible'', sostuvo el Presidente de la Nación que exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
 
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Mauricio Macri y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos --pagados por la AFI-- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado de Macri; Nicolás Caputo, empresario "amigo de la vida" del expresidente y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
 
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia.
 
Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI de Macri los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada. Pero no de todas. Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
 
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces con un empresario del juego, como Angelici, devenido en "operador judicial"? La contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales. No sirven ni para espiar.
 
La Opinión Popular
 

 
La lista de los que tenían los celulares encriptados
 
El listado de los 120 celulares encriptados fue publicado por primera vez, en exclusiva, por la periodista Irina Hauser, en Página/12. Fue en agosto de 2020 y a raíz de que la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, encontró las facturas de compra en Estados Unidos y la adjudicación de los aparatos.
 
El sistema era conocido como VOIP, voz por IP, es decir que permitía dialogar por internet y chatear, pero no se podían cargar otras aplicaciones. De manera que el uso fundamental era el de comunicar directamente y de forma encriptada a los 120 tenedores de los aparatos que eran de la marca Huawei, modelo Nexus 6P H1.
 
Era como un sistema de voz y chat, como un whatsapp privado, que excluía a terceros. Y que no se pudieran subir otras aplicaciones se debía, precisamente, a la necesidad de impedir intrusiones que podrían vulnerar el sistema.
 
En ese momento, el presidente Alberto Fernández mencionó el hallazgo y afirmó que se trataba justamente de una prueba de lo que llamaba "los sótanos de la democracia". Y este martes insistió: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en 'operador judicial'?".
 
 
Ausencias
 
Lo que exhibe la red de encriptados como prueba del aparato de armado de causas y persecución no es sólo el listado de los que tenían el celular protegido pagado por la AFI, sino también los que no figuran en esa lista. Sólo para poner dos ejemplos:
 
·         ¿Por qué la central de espías le proveyó un aparato a Conte Grand, integrante del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires, y no al presidente de la Corte Bonaerense, Luis Genoud, por ejemplo? Es obvio que no había una relación institucional sino que el procurador participaba de una trama secreta.
·          
·         Si de lo que se hablaba era de seguridad ¿por qué no tenía celular encriptado, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para evaluar peligros externos? Y, en cambio, sí lo tenían quienes se sentaban a la mesa judicial. La respuesta es que no se hablaba de seguridad sino de persecución a opositores.
·          
Un sistema encriptado es una especie de escudo y se usa ante un peligro. En este caso, el peligro era que se descubrieran las operaciones que se concretaban, como la exhibida en el video en que el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, se mostraba melancólico por no tener una Gestapo para ir contra los dirigentes gremiales.
 
O que se supiera lo que se atribuye al subcomisario Hernán Casassa, el contador que encabezó cien allanamientos, y que --según lo que se escucha-- sostiene que las órdenes surgían de una mesa judicial bonaerense encabezada por María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Federico Salvai y Julio Conte Grand, que se reunían a veces en La Plata, a veces en el Banco Provincia en CABA y a veces en la propia AFI, frente a la Casa Rosada.
 
 
El espionaje de Macri a Vidal
 
En los pasillos de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en épocas de Vidal, se hablaba permanentemente de que todos estaban siendo escuchados. Y eso es lo que llevó a usar poco los celulares encriptados: sólo para hablar con Casa Rosada y la AFI.
 
Es que se conocía allí que el espionaje era lo normal en el macrismo e incluso se mencionaba la central de escuchas que, cuando Macri era jefe de Gobierno, decían que funcionaba en las inmediaciones del Hotel Savoy. En este caso, era obvio que si los aparatos encriptados los suministraba la AFI, era la AFI la que podía acceder a todas las comunicaciones.
 
Para colmo, eran los tiempos en que se empezaba a pergeñar el llamado Plan V, que era reemplazar la candidatura presidencial de Mauricio Macri por la de María Eugenia Vidal, de cara a las elecciones de 2019. El video de la Gestapo fue grabado por la AFI y demuestra que espiaban a los propios integrantes de Juntos por el Cambio.
 
En esa sala del Banco Provincia, Vidal encabezaba gran cantidad de reuniones, y se ve que la central de espías monitoreaba lo que se decía, así como antes y después les hicieron seguimientos a otros dirigentes como Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta y la propia Vidal.
 
 
No servían ni para espiar
 
La desesperación por espiar y armar causa produjo fenómenos contradictorios asombrosos y, sobre todo, nefastos:
 
·         Por un lado, corrieron a Estados Unidos a comprar equipos relativamente sofisticados para encriptar sus conversaciones e intentar un blindaje de las maniobras. "La fantasía de tener chiches nuevos de espionaje", sintetizan los expertos.
·          
·         Pero, en paralelo, los armados fueron tan torpes que, por ejemplo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense pidieron 40.000 informes económicos Nosis sobre todos los opositores --Roberto Baradel, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Alberto Pérez y hasta los hijos y nietos de todos ellos--, quedando indeleble el registro de esos pedidos como prueba de la persecución.
·          
·         Usaron policías de la Ciudad, sin experiencia ni tradición en inteligencia, que fueron transferidos a la AFI, y que grabaron y filmaron todo lo que hacían. Lo conservaron  después en sus celulares con el objetivo de vender la información o extorsionar a alguien. En esos celulares se verificó que seguían a opositores y también a los propios.
·          
·         Recurrieron a personajes como el falso abogado Marcelo D'Alessio a quien igualmente le encontraron las pruebas del armado de causas, cámaras ocultas y otras maniobras, que terminaron también en extorsiones.
·          
·         Y, en la desesperación por encarcelar opositores, hasta los más altos jefes de la AFI se expusieron personalmente para presionar al juez Luis Carzoglio para que encarcele a Hugo y Pablo Moyano, o se presentaron ante los empresarios de la construcción de La Plata, para tenderle una trampa a Juan Pablo Pata Medina. Todo registrado en videos que ni siquiera supieron borrar. 
·          
En todos los casos, la contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
La Opinión Popular
 

24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

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