sostuvo el Presidente de la Nación que exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
 
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Mauricio Macri y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos --pagados por la AFI-- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado de Macri; Nicolás Caputo, empresario "amigo de la vida" del expresidente y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
 
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia.
 
Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI de Macri los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada. Pero no de todas. Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
 
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces con un empresario del juego, como Angelici, devenido en "operador judicial"? La contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales. No sirven ni para espiar.
 
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Nacionales - 05-01-2022 / 10:01
LA PERSECUCIÓN DE JUNTOS POR EL CAMBIO A LOS OPOSITORES Y EL ESPIONAJE HASTA A LOS PROPIOS

Gestapo macrista: El misterio de los celulares encriptados que destapó Alberto Fernández

Gestapo macrista: El misterio de los celulares encriptados que destapó Alberto Fernández
Alberto Fernández puso en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. ''Es asqueante e inadmisible'', sostuvo el Presidente de la Nación exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
El presidente Alberto Fernández puso este martes en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. ''Es asqueante e inadmisible'', sostuvo el Presidente de la Nación que exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
 
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Mauricio Macri y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos --pagados por la AFI-- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado de Macri; Nicolás Caputo, empresario "amigo de la vida" del expresidente y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
 
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia.
 
Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI de Macri los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada. Pero no de todas. Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
 
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces con un empresario del juego, como Angelici, devenido en "operador judicial"? La contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales. No sirven ni para espiar.
 
La Opinión Popular
 

 
La lista de los que tenían los celulares encriptados
 
El listado de los 120 celulares encriptados fue publicado por primera vez, en exclusiva, por la periodista Irina Hauser, en Página/12. Fue en agosto de 2020 y a raíz de que la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, encontró las facturas de compra en Estados Unidos y la adjudicación de los aparatos.
 
El sistema era conocido como VOIP, voz por IP, es decir que permitía dialogar por internet y chatear, pero no se podían cargar otras aplicaciones. De manera que el uso fundamental era el de comunicar directamente y de forma encriptada a los 120 tenedores de los aparatos que eran de la marca Huawei, modelo Nexus 6P H1.
 
Era como un sistema de voz y chat, como un whatsapp privado, que excluía a terceros. Y que no se pudieran subir otras aplicaciones se debía, precisamente, a la necesidad de impedir intrusiones que podrían vulnerar el sistema.
 
En ese momento, el presidente Alberto Fernández mencionó el hallazgo y afirmó que se trataba justamente de una prueba de lo que llamaba "los sótanos de la democracia". Y este martes insistió: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en 'operador judicial'?".
 
 
Ausencias
 
Lo que exhibe la red de encriptados como prueba del aparato de armado de causas y persecución no es sólo el listado de los que tenían el celular protegido pagado por la AFI, sino también los que no figuran en esa lista. Sólo para poner dos ejemplos:
 
·         ¿Por qué la central de espías le proveyó un aparato a Conte Grand, integrante del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires, y no al presidente de la Corte Bonaerense, Luis Genoud, por ejemplo? Es obvio que no había una relación institucional sino que el procurador participaba de una trama secreta.
·          
·         Si de lo que se hablaba era de seguridad ¿por qué no tenía celular encriptado, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para evaluar peligros externos? Y, en cambio, sí lo tenían quienes se sentaban a la mesa judicial. La respuesta es que no se hablaba de seguridad sino de persecución a opositores.
·          
Un sistema encriptado es una especie de escudo y se usa ante un peligro. En este caso, el peligro era que se descubrieran las operaciones que se concretaban, como la exhibida en el video en que el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, se mostraba melancólico por no tener una Gestapo para ir contra los dirigentes gremiales.
 
O que se supiera lo que se atribuye al subcomisario Hernán Casassa, el contador que encabezó cien allanamientos, y que --según lo que se escucha-- sostiene que las órdenes surgían de una mesa judicial bonaerense encabezada por María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Federico Salvai y Julio Conte Grand, que se reunían a veces en La Plata, a veces en el Banco Provincia en CABA y a veces en la propia AFI, frente a la Casa Rosada.
 
 
El espionaje de Macri a Vidal
 
En los pasillos de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en épocas de Vidal, se hablaba permanentemente de que todos estaban siendo escuchados. Y eso es lo que llevó a usar poco los celulares encriptados: sólo para hablar con Casa Rosada y la AFI.
 
Es que se conocía allí que el espionaje era lo normal en el macrismo e incluso se mencionaba la central de escuchas que, cuando Macri era jefe de Gobierno, decían que funcionaba en las inmediaciones del Hotel Savoy. En este caso, era obvio que si los aparatos encriptados los suministraba la AFI, era la AFI la que podía acceder a todas las comunicaciones.
 
Para colmo, eran los tiempos en que se empezaba a pergeñar el llamado Plan V, que era reemplazar la candidatura presidencial de Mauricio Macri por la de María Eugenia Vidal, de cara a las elecciones de 2019. El video de la Gestapo fue grabado por la AFI y demuestra que espiaban a los propios integrantes de Juntos por el Cambio.
 
En esa sala del Banco Provincia, Vidal encabezaba gran cantidad de reuniones, y se ve que la central de espías monitoreaba lo que se decía, así como antes y después les hicieron seguimientos a otros dirigentes como Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta y la propia Vidal.
 
 
No servían ni para espiar
 
La desesperación por espiar y armar causa produjo fenómenos contradictorios asombrosos y, sobre todo, nefastos:
 
·         Por un lado, corrieron a Estados Unidos a comprar equipos relativamente sofisticados para encriptar sus conversaciones e intentar un blindaje de las maniobras. "La fantasía de tener chiches nuevos de espionaje", sintetizan los expertos.
·          
·         Pero, en paralelo, los armados fueron tan torpes que, por ejemplo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense pidieron 40.000 informes económicos Nosis sobre todos los opositores --Roberto Baradel, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Alberto Pérez y hasta los hijos y nietos de todos ellos--, quedando indeleble el registro de esos pedidos como prueba de la persecución.
·          
·         Usaron policías de la Ciudad, sin experiencia ni tradición en inteligencia, que fueron transferidos a la AFI, y que grabaron y filmaron todo lo que hacían. Lo conservaron  después en sus celulares con el objetivo de vender la información o extorsionar a alguien. En esos celulares se verificó que seguían a opositores y también a los propios.
·          
·         Recurrieron a personajes como el falso abogado Marcelo D'Alessio a quien igualmente le encontraron las pruebas del armado de causas, cámaras ocultas y otras maniobras, que terminaron también en extorsiones.
·          
·         Y, en la desesperación por encarcelar opositores, hasta los más altos jefes de la AFI se expusieron personalmente para presionar al juez Luis Carzoglio para que encarcele a Hugo y Pablo Moyano, o se presentaron ante los empresarios de la construcción de La Plata, para tenderle una trampa a Juan Pablo Pata Medina. Todo registrado en videos que ni siquiera supieron borrar. 
·          
En todos los casos, la contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
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