sostuvo el Presidente de la Nación que exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
 
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Mauricio Macri y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos --pagados por la AFI-- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado de Macri; Nicolás Caputo, empresario "amigo de la vida" del expresidente y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
 
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia.
 
Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI de Macri los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada. Pero no de todas. Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
 
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces con un empresario del juego, como Angelici, devenido en "operador judicial"? La contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales. No sirven ni para espiar.
 
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Nacionales - 05-01-2022 / 10:01
LA PERSECUCIÓN DE JUNTOS POR EL CAMBIO A LOS OPOSITORES Y EL ESPIONAJE HASTA A LOS PROPIOS

Gestapo macrista: El misterio de los celulares encriptados que destapó Alberto Fernández

Gestapo macrista: El misterio de los celulares encriptados que destapó Alberto Fernández
Alberto Fernández puso en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. ''Es asqueante e inadmisible'', sostuvo el Presidente de la Nación exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
El presidente Alberto Fernández puso este martes en el centro de la investigación lo que constituye una prueba categórica del armado de causas y la mesa judicial: la distribución por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de 120 teléfonos encriptados distribuidos por la central de espías entre los que participaban del armado, incluyendo algunos que ni siquiera tenían cargo en el Estado. ''Es asqueante e inadmisible'', sostuvo el Presidente de la Nación que exigió una rápida respuesta por parte de la justicia.
 
La cabeza, por supuesto, eran los celulares encriptados de Mauricio Macri y Gustavo Arribas, el titular de la AFI, pero hubo aparatos --pagados por la AFI-- para Julio Conte Grand, el procurador bonaerense, integrante de otro poder y otra jurisdicción; Daniel Angelici, operador judicial que no tenía cargo, Alejandro Pérez Chada, únicamente abogado de Macri; Nicolás Caputo, empresario "amigo de la vida" del expresidente y los que sí tenían cargo y aparecen ahora protagonizando o mencionados en videos y audios referidos al espionaje ilegal y el armado de causas.
 
El mandatario resignificó el descubrimiento de los celulares encriptados a la luz del video de la añoranza por una Gestapo y de los audios atribuidos a un subcomisario bonaerense en los que se detallan los armados de la mesa judicial provincial, cuyo material terminaba "milagrosamente" en manos de Elisa Carrió para que hiciera denuncia tras denuncia.
 
Un dato curioso: se sabe que los que estaban metidos en estas tramas usaban los celulares encriptados muy poco. Sucede que estaban convencidos que la propia AFI de Macri los espiaba ya que tenía las claves del encriptado, de manera que servían para hablar de algunas operaciones oscuras pactadas con la Casa Rosada. Pero no de todas. Es que sabían que lo que les hacían a otros, se lo podían hacer a ellos mismos.
 
¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces con un empresario del juego, como Angelici, devenido en "operador judicial"? La contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales. No sirven ni para espiar.
 
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La lista de los que tenían los celulares encriptados
 
El listado de los 120 celulares encriptados fue publicado por primera vez, en exclusiva, por la periodista Irina Hauser, en Página/12. Fue en agosto de 2020 y a raíz de que la interventora en la AFI, Cristina Caamaño, encontró las facturas de compra en Estados Unidos y la adjudicación de los aparatos.
 
El sistema era conocido como VOIP, voz por IP, es decir que permitía dialogar por internet y chatear, pero no se podían cargar otras aplicaciones. De manera que el uso fundamental era el de comunicar directamente y de forma encriptada a los 120 tenedores de los aparatos que eran de la marca Huawei, modelo Nexus 6P H1.
 
Era como un sistema de voz y chat, como un whatsapp privado, que excluía a terceros. Y que no se pudieran subir otras aplicaciones se debía, precisamente, a la necesidad de impedir intrusiones que podrían vulnerar el sistema.
 
En ese momento, el presidente Alberto Fernández mencionó el hallazgo y afirmó que se trataba justamente de una prueba de lo que llamaba "los sótanos de la democracia". Y este martes insistió: "¿Para que existían esos teléfonos encriptados? ¿Qué secretos preservaban funcionarios políticos, y judiciales con empresarios? ¿Qué conversación secreta tenía con funcionarios políticos, fiscales o jueces un empresario del juego devenido en 'operador judicial'?".
 
 
Ausencias
 
Lo que exhibe la red de encriptados como prueba del aparato de armado de causas y persecución no es sólo el listado de los que tenían el celular protegido pagado por la AFI, sino también los que no figuran en esa lista. Sólo para poner dos ejemplos:
 
·         ¿Por qué la central de espías le proveyó un aparato a Conte Grand, integrante del poder judicial de la Provincia de Buenos Aires, y no al presidente de la Corte Bonaerense, Luis Genoud, por ejemplo? Es obvio que no había una relación institucional sino que el procurador participaba de una trama secreta.
·          
·         Si de lo que se hablaba era de seguridad ¿por qué no tenía celular encriptado, por ejemplo, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas para evaluar peligros externos? Y, en cambio, sí lo tenían quienes se sentaban a la mesa judicial. La respuesta es que no se hablaba de seguridad sino de persecución a opositores.
·          
Un sistema encriptado es una especie de escudo y se usa ante un peligro. En este caso, el peligro era que se descubrieran las operaciones que se concretaban, como la exhibida en el video en que el ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, se mostraba melancólico por no tener una Gestapo para ir contra los dirigentes gremiales.
 
O que se supiera lo que se atribuye al subcomisario Hernán Casassa, el contador que encabezó cien allanamientos, y que --según lo que se escucha-- sostiene que las órdenes surgían de una mesa judicial bonaerense encabezada por María Eugenia Vidal, Cristian Ritondo, Federico Salvai y Julio Conte Grand, que se reunían a veces en La Plata, a veces en el Banco Provincia en CABA y a veces en la propia AFI, frente a la Casa Rosada.
 
 
El espionaje de Macri a Vidal
 
En los pasillos de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, en épocas de Vidal, se hablaba permanentemente de que todos estaban siendo escuchados. Y eso es lo que llevó a usar poco los celulares encriptados: sólo para hablar con Casa Rosada y la AFI.
 
Es que se conocía allí que el espionaje era lo normal en el macrismo e incluso se mencionaba la central de escuchas que, cuando Macri era jefe de Gobierno, decían que funcionaba en las inmediaciones del Hotel Savoy. En este caso, era obvio que si los aparatos encriptados los suministraba la AFI, era la AFI la que podía acceder a todas las comunicaciones.
 
Para colmo, eran los tiempos en que se empezaba a pergeñar el llamado Plan V, que era reemplazar la candidatura presidencial de Mauricio Macri por la de María Eugenia Vidal, de cara a las elecciones de 2019. El video de la Gestapo fue grabado por la AFI y demuestra que espiaban a los propios integrantes de Juntos por el Cambio.
 
En esa sala del Banco Provincia, Vidal encabezaba gran cantidad de reuniones, y se ve que la central de espías monitoreaba lo que se decía, así como antes y después les hicieron seguimientos a otros dirigentes como Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta y la propia Vidal.
 
 
No servían ni para espiar
 
La desesperación por espiar y armar causa produjo fenómenos contradictorios asombrosos y, sobre todo, nefastos:
 
·         Por un lado, corrieron a Estados Unidos a comprar equipos relativamente sofisticados para encriptar sus conversaciones e intentar un blindaje de las maniobras. "La fantasía de tener chiches nuevos de espionaje", sintetizan los expertos.
·          
·         Pero, en paralelo, los armados fueron tan torpes que, por ejemplo, desde el Ministerio de Seguridad bonaerense pidieron 40.000 informes económicos Nosis sobre todos los opositores --Roberto Baradel, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Alberto Pérez y hasta los hijos y nietos de todos ellos--, quedando indeleble el registro de esos pedidos como prueba de la persecución.
·          
·         Usaron policías de la Ciudad, sin experiencia ni tradición en inteligencia, que fueron transferidos a la AFI, y que grabaron y filmaron todo lo que hacían. Lo conservaron  después en sus celulares con el objetivo de vender la información o extorsionar a alguien. En esos celulares se verificó que seguían a opositores y también a los propios.
·          
·         Recurrieron a personajes como el falso abogado Marcelo D'Alessio a quien igualmente le encontraron las pruebas del armado de causas, cámaras ocultas y otras maniobras, que terminaron también en extorsiones.
·          
·         Y, en la desesperación por encarcelar opositores, hasta los más altos jefes de la AFI se expusieron personalmente para presionar al juez Luis Carzoglio para que encarcele a Hugo y Pablo Moyano, o se presentaron ante los empresarios de la construcción de La Plata, para tenderle una trampa a Juan Pablo Pata Medina. Todo registrado en videos que ni siquiera supieron borrar. 
·          
En todos los casos, la contradicción es que compraron chiches nuevos, encriptados, como los que este martes mencionó el Presidente, pero dejaron todos los dedos marcados en una montaña de siniestras operaciones ilegales.
 
Por Raúl Kollmann
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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