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Nacionales - 04-01-2022 / 11:01
OTRA INICIATIVA DE DIRIGENTES DE JUNTOS POR EL CAMBIO A FAVOR DE LOS ANTIVACUNAS

Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un amparo contra el Pase Sanitario

Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un amparo contra el Pase Sanitario
En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero.
En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero. En el escrito, la militante de Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy, considera "deficiente" la campaña de vacunación nacional pese a que Argentina ya superó el 73 por ciento de la población inoculada con dos dosis.

La presentación quedó a cargo del Juzgado N° 13 que tiene como magistrado titular a Luis Alberto Zelaya. En el habeas corpus, Pitta -que recientemente confirmó que dio positivo de covid-19-  pidió al Poder Judicial que deje sin efecto "las restricciones impuestas por el gobierno nacional en todo el país".  La excandidata de Juntos por el Cambio consideró que esta medida constituye "una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".
 
Lo extraño de la presentación de la investigadora del Conicet en la Justicia es, justamente, la escasez de datos estadísticos para solicitar prohibir el pase sanitario. Por caso, según informó la Provincia de Buenos Aires, quienes no están inmunizados contra el coronavirus tienen un 18,8 veces más chances de requerir una internación que las personas vacunadas.
 
A partir del 1º de enero las personas de 13 años o más deben acreditar esquema de vacunación completo para realizar determinadas actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos, cerrados, o al aire libre. El Gobierno nacional, con el aval de muchas provincias y siguiendo lo establecido en la Decisión Administrativa 1.198/2021, amplió las restricciones en la lucha contra el coronavirus por el aumento considerable de la cantidad de contagios y ante la llegada de la variante Ómicron al país.
 
Es evidente que si no se hubiese aplicado el Pase Sanitario, la macrista Sandra Pitta hubiera dicho "¡¡que irresponsable este gobierno"!!. Ya se empieza a conocer a los que están en contra por política y oposición de absolutamente todo. Ahora bien, esta científica, que cobra del CONICET, después de tantas declaraciones anticiencia, ¿sigue en el Organismo?
 
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MIENTRAS AUMENTAN LOS CONTAGIOS
 
Sandra Pitta presentó un Habeas Corpus contra el pase sanitario
  
La causa fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.
 
El pase sanitario entró en vigencia en todo el país el 1° de enero. El documento que le requerirán a todos los mayores de 13 años para actividades consideradas de "riesgo epidemiológico" como eventos masivos, bares, restaurantes, gimnasios y demás fue cuestionada tanto por antivacunas como por dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.
 
El motivo de la medida es, además de evitar la propagación del coronavirus, fomentar a que las personas que todavía no tienen su esquema completo de vacunación o las que no recibieron ninguna dosis vayan a vacunarse para así no quedar afuera de cuestiones de la vida diaria o del ocio de las personas. En Tucumán, por ejemplo, que fue una de las primeras provincias en donde se aplicó rápidamente se avanzó en los primeros días antes de que entre en vigencia con la vacunación.
 
Pero hay dirigentes opositores que juegan a hacer política con la pandemia. Una de ellas es Sandra Pitta, famosa por su perfil tuitero durante la pandemia de coronavirus en la que se opuso a las vacunas, al uso del barbijo y también a la cuarentena, y que ahora forma parte de Republicanos Unidos, el partido liderado por el ex funcionario de Fernando De La Rúa, Ricardo López Murphy.
 
En las últimas horas, Pitta presentó un Habeas Corpus colectivo, con el respaldo del equipo legal de su partido, contra el Pase Sanitario. La presentación fue realizada en Comodoro Py (Cámara Criminal y Correccional Federal) pero fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional: Juzgado N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.
 
En el escrito de Pitta, se lee: "Resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad".
 
Y continúa sobre el pedido de prohibir el Pase Sanitario: "Normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".
 
A ese párrafo, la dirigentes de López Murphy agregó: "Sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos".
 
Mientras Pitta hacia su presentación en la Justicia, las filas en los centros de testeos siguen sumando personas. Además, en el mismo momento en el que Republicanos Unidos da a conocer el Habeas Corpus de su dirigente, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 44.936 nuevos casos de coronavirus y 41 muertes. Hace menos de una semana, Argentina rompió el récord de contagios desde el inicio de la pandemia. En tanto, en Europa, donde se aplica el pase sanitario, varios países debieron volver a realizar cuarentenas estrictas.
 
No es la primera dirigente de la oposición que realiza una presentación judicial en contra del pase sanitario. Hace una semana, la diputada de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario -que rige desde el 21 de diciembre- y prohibir su solicitud en suelo bonaerense.
 
De acuerdo con la legisladora, el nuevo instrumento de control que el gobierno de Axel Kicillof aplicó es el resultado de la "inoperancia" de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires y remarcó que tanto Kicillof  como el presidente Alberto Fernández "tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo". La diputada agregó que "democratizar la vacunación y aumentar los centros de testeos gratuitos es más efectivo y menos autoritario que esta medida".
 
En su proyecto, la diputada considera que la Resolución conjunta 460/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos. Cabe destacar que el "Paso Libre con Vacuna" es exigido de manera obligatoria a los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de "riesgo epidemiológico".
 
Así como también se les exige a aquellos que quieran realizar trámites en forma presencial en organismos públicos y en empresas privadas. Si bien la provincia de Buenos Aires tiene vacunación libre para todas las personas a partir de los tres años, Retamoso sostuvo que "el nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria".
 
Además, según la diputada, el uso de esta herramienta de gestión sanitaria, que consiste en la acreditación del cronograma completo de vacunación (las dos dosis) para poder acceder a eventos masivos como recitales o canchas de fútbol, no tiene ningún sustento científico sobre la reducción de contagios. "Desde el comienzo de la pandemia, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof tomaron medidas insensatas y autoritarias que nos llevaron a la crisis alimentaria, socio sanitaria, productiva, pérdida de empleo y al aumento de la pobreza en la que estamos hoy y nos hicieron lamentar decenas de miles de muertos", resaltó la diputada de Juntos por el Cambio.
 
Para garantizar la implementación, el gobierno provincial anunció operativos de control de forma aleatoria donde se podrá sancionar con multas de hasta 5.700.000 pesos a quienes no exijan el certificado de vacunación. "El nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria", finalizó la diputada provincial.
 
El pase sanitario es un herramienta prevista para permitir el ingreso a "locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre", de acuerdo al anuncio oficial.
 
Como sucedió en Tucumán, otras provincias decidieron empezar a aplicarlo antes de que lo dispusiera Nación. Uno de los motivos para hacerlo nacional, además, era darle un marco legal a las decisiones que tomaban las provincias, "una forma de ordenarlo", explicaron.
 
El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad, precisó la cartera sanitaria.
 
"Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento", explicaron desde el Ministerio de Salud.
 
En tanto, quienes no puedan acceder a ninguna de las aplicaciones por haber recibido vacunas en otro país, deberán acreditar su inmunización completa a través un certificado de vacunación en soporte papel o digital emitida por la autoridad sanitaria del lugar donde se realizó la inoculación.
 
Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado, se "bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo", advirtió la cartera.
 
Fuente: Big Bang New
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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