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Nacionales - 04-01-2022 / 11:01
OTRA INICIATIVA DE DIRIGENTES DE JUNTOS POR EL CAMBIO A FAVOR DE LOS ANTIVACUNAS

Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un amparo contra el Pase Sanitario

Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un amparo contra el Pase Sanitario
En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero.
En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero. En el escrito, la militante de Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy, considera "deficiente" la campaña de vacunación nacional pese a que Argentina ya superó el 73 por ciento de la población inoculada con dos dosis.

La presentación quedó a cargo del Juzgado N° 13 que tiene como magistrado titular a Luis Alberto Zelaya. En el habeas corpus, Pitta -que recientemente confirmó que dio positivo de covid-19-  pidió al Poder Judicial que deje sin efecto "las restricciones impuestas por el gobierno nacional en todo el país".  La excandidata de Juntos por el Cambio consideró que esta medida constituye "una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".
 
Lo extraño de la presentación de la investigadora del Conicet en la Justicia es, justamente, la escasez de datos estadísticos para solicitar prohibir el pase sanitario. Por caso, según informó la Provincia de Buenos Aires, quienes no están inmunizados contra el coronavirus tienen un 18,8 veces más chances de requerir una internación que las personas vacunadas.
 
A partir del 1º de enero las personas de 13 años o más deben acreditar esquema de vacunación completo para realizar determinadas actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos, cerrados, o al aire libre. El Gobierno nacional, con el aval de muchas provincias y siguiendo lo establecido en la Decisión Administrativa 1.198/2021, amplió las restricciones en la lucha contra el coronavirus por el aumento considerable de la cantidad de contagios y ante la llegada de la variante Ómicron al país.
 
Es evidente que si no se hubiese aplicado el Pase Sanitario, la macrista Sandra Pitta hubiera dicho "¡¡que irresponsable este gobierno"!!. Ya se empieza a conocer a los que están en contra por política y oposición de absolutamente todo. Ahora bien, esta científica, que cobra del CONICET, después de tantas declaraciones anticiencia, ¿sigue en el Organismo?
 
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MIENTRAS AUMENTAN LOS CONTAGIOS
 
Sandra Pitta presentó un Habeas Corpus contra el pase sanitario
  
La causa fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.
 
El pase sanitario entró en vigencia en todo el país el 1° de enero. El documento que le requerirán a todos los mayores de 13 años para actividades consideradas de "riesgo epidemiológico" como eventos masivos, bares, restaurantes, gimnasios y demás fue cuestionada tanto por antivacunas como por dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.
 
El motivo de la medida es, además de evitar la propagación del coronavirus, fomentar a que las personas que todavía no tienen su esquema completo de vacunación o las que no recibieron ninguna dosis vayan a vacunarse para así no quedar afuera de cuestiones de la vida diaria o del ocio de las personas. En Tucumán, por ejemplo, que fue una de las primeras provincias en donde se aplicó rápidamente se avanzó en los primeros días antes de que entre en vigencia con la vacunación.
 
Pero hay dirigentes opositores que juegan a hacer política con la pandemia. Una de ellas es Sandra Pitta, famosa por su perfil tuitero durante la pandemia de coronavirus en la que se opuso a las vacunas, al uso del barbijo y también a la cuarentena, y que ahora forma parte de Republicanos Unidos, el partido liderado por el ex funcionario de Fernando De La Rúa, Ricardo López Murphy.
 
En las últimas horas, Pitta presentó un Habeas Corpus colectivo, con el respaldo del equipo legal de su partido, contra el Pase Sanitario. La presentación fue realizada en Comodoro Py (Cámara Criminal y Correccional Federal) pero fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional: Juzgado N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.
 
En el escrito de Pitta, se lee: "Resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad".
 
Y continúa sobre el pedido de prohibir el Pase Sanitario: "Normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".
 
A ese párrafo, la dirigentes de López Murphy agregó: "Sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos".
 
Mientras Pitta hacia su presentación en la Justicia, las filas en los centros de testeos siguen sumando personas. Además, en el mismo momento en el que Republicanos Unidos da a conocer el Habeas Corpus de su dirigente, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 44.936 nuevos casos de coronavirus y 41 muertes. Hace menos de una semana, Argentina rompió el récord de contagios desde el inicio de la pandemia. En tanto, en Europa, donde se aplica el pase sanitario, varios países debieron volver a realizar cuarentenas estrictas.
 
No es la primera dirigente de la oposición que realiza una presentación judicial en contra del pase sanitario. Hace una semana, la diputada de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario -que rige desde el 21 de diciembre- y prohibir su solicitud en suelo bonaerense.
 
De acuerdo con la legisladora, el nuevo instrumento de control que el gobierno de Axel Kicillof aplicó es el resultado de la "inoperancia" de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires y remarcó que tanto Kicillof  como el presidente Alberto Fernández "tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo". La diputada agregó que "democratizar la vacunación y aumentar los centros de testeos gratuitos es más efectivo y menos autoritario que esta medida".
 
En su proyecto, la diputada considera que la Resolución conjunta 460/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos. Cabe destacar que el "Paso Libre con Vacuna" es exigido de manera obligatoria a los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de "riesgo epidemiológico".
 
Así como también se les exige a aquellos que quieran realizar trámites en forma presencial en organismos públicos y en empresas privadas. Si bien la provincia de Buenos Aires tiene vacunación libre para todas las personas a partir de los tres años, Retamoso sostuvo que "el nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria".
 
Además, según la diputada, el uso de esta herramienta de gestión sanitaria, que consiste en la acreditación del cronograma completo de vacunación (las dos dosis) para poder acceder a eventos masivos como recitales o canchas de fútbol, no tiene ningún sustento científico sobre la reducción de contagios. "Desde el comienzo de la pandemia, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof tomaron medidas insensatas y autoritarias que nos llevaron a la crisis alimentaria, socio sanitaria, productiva, pérdida de empleo y al aumento de la pobreza en la que estamos hoy y nos hicieron lamentar decenas de miles de muertos", resaltó la diputada de Juntos por el Cambio.
 
Para garantizar la implementación, el gobierno provincial anunció operativos de control de forma aleatoria donde se podrá sancionar con multas de hasta 5.700.000 pesos a quienes no exijan el certificado de vacunación. "El nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria", finalizó la diputada provincial.
 
El pase sanitario es un herramienta prevista para permitir el ingreso a "locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre", de acuerdo al anuncio oficial.
 
Como sucedió en Tucumán, otras provincias decidieron empezar a aplicarlo antes de que lo dispusiera Nación. Uno de los motivos para hacerlo nacional, además, era darle un marco legal a las decisiones que tomaban las provincias, "una forma de ordenarlo", explicaron.
 
El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad, precisó la cartera sanitaria.
 
"Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento", explicaron desde el Ministerio de Salud.
 
En tanto, quienes no puedan acceder a ninguna de las aplicaciones por haber recibido vacunas en otro país, deberán acreditar su inmunización completa a través un certificado de vacunación en soporte papel o digital emitida por la autoridad sanitaria del lugar donde se realizó la inoculación.
 
Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado, se "bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo", advirtió la cartera.
 
Fuente: Big Bang New
 

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20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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16-02-2026 / 09:02
Si algo faltaba para completar la foto de una ofensiva gubernamental a todo trapo, llegó con las medias sanciones de reforma laboral y baja en la edad de punibilidad. Triunfo político del Gobierno, sin dudas, con paliza para la oposición. Sin embargo, resta constatar si esa foto es parte de una película rumbo a ser concluida o si, al cabo, no es más que un recuadro.
 
Lo que el oficialismo se anima a denominar como "modernización" de las condiciones laborales se vio impregnado por el despliegue represivo en los alrededores del Congreso. Hay que detenerse en este punto, porque algunos de sus rasgos son sustantivos para entender fondos de la cuestión.
 
Hubo una marcha de protesta -no impactante, sí muy numerosa- que se dispersó apenas diseminado el impresionante operativo policial. Esos manifestantes fueron ignorados por la prensa oficialista, desde ya. Pero resulta que los medios opositores, con escasas excepciones, también ningunearon a los manifestantes. Prefirieron centrarse en lo burdo de infiltrados y/o marginales que fueron a pudrirla, casi sin registro de quiénes, cuántos, con qué composición, habían ganado la calle.
 
Todo fue de manual. Cuando una manifestación es imponente y bien organizada, no hay services ni ocho cuartos capaces de empiojar. Hacía falta -y esto no se dice con el diario de lunes, sino con repetida evidencia- que los organizadores tomaran precauciones ante lo obvio. No lo hicieron, y lo obvio sucedió.
 
Primeros apuntes, entonces: una marcha justificadísima pero convocada sin mayor convicción, empezando por la otrora "central obrera", y unos marchantes que quedaron al arbitrio de ser operados en forma infantil.
 
Luego, adentro del Congreso ya estaba cocinado que la cúpula cegetista -no hablamos de toda la CGT- había conseguido retener sus cuotas de privilegios burocráticos en materia de aportes sindicales y empresariales. Ellos y los tránsfugas del peronismo "del interior" o "dialoguista", en reemplazo de otras definiciones que hoy resuman de qué se trata el peronismo por fuera de consignas clásicas.
 
Lo objetivo es que se medio-sancionó una reforma de la que, en primer término, una mayoría de la población no tiene o parece no tener ni la menor idea informativa. "Porque son todos iguales". "Porque gracias si me dedico a arreglarme como puedo". "Porque la política no me interesa" y, con sus variantes, sigue la lista de respuestas similares.
 
Viene la votación en Diputados. No debiera arriesgarse una sentencia concluyente porque, en un país político como éste que para bien y mal siempre depara sorpresas, habrá de verse si no falla alguna transa en el propio oficialismo. Por caso, es incierto que el ítem espeluznante de las licencias por enfermedad atraviese el filtro de la Cámara Baja.
 
Como fuere y de hecho, el gobierno de los Milei se metió sus denuncias retóricas contra "las ratas de los senadores" allí donde la espalda pierde su buen nombre y honor. Negoció cuanto era necesario y dos de los grandes bloques de intereses, el del empresariado sin un mínimo rasgo de burguesía inteligente y el de los dirigentes sindicales entregados, obtuvieron lo que querían.
 
Nadie en su sano juicio supone que esta reforma significará potenciar el mercado laboral, ni oportunidades de empleo, ni cosa que se le asemeje. Lo aceptan ellos mismos, los voceros del establishment, en sus diálogos reservados. Reconocen que se da trabajo cuando crece la economía y la gente tiene un mango en el bolsillo. No cuando se profundizan las condiciones contractuales entre el zorro y las gallinas.
 

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