16:56 | Viernes 26 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 04-01-2022 / 11:01

OTRA INICIATIVA DE DIRIGENTES DE JUNTOS POR EL CAMBIO A FAVOR DE LOS ANTIVACUNAS

Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un amparo contra el Pase Sanitario

En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero.

En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero. En el escrito, la militante de Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy, considera "deficiente" la campaña de vacunación nacional pese a que Argentina ya superó el 73 por ciento de la población inoculada con dos dosis.

La presentación quedó a cargo del Juzgado N° 13 que tiene como magistrado titular a Luis Alberto Zelaya. En el habeas corpus, Pitta -que recientemente confirmó que dio positivo de covid-19- pidió al Poder Judicial que deje sin efecto "las restricciones impuestas por el gobierno nacional en todo el país". La excandidata de Juntos por el Cambio consideró que esta medida constituye "una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".

Lo extraño de la presentación de la investigadora del Conicet en la Justicia es, justamente, la escasez de datos estadísticos para solicitar prohibir el pase sanitario. Por caso, según informó la Provincia de Buenos Aires, quienes no están inmunizados contra el coronavirus tienen un 18,8 veces más chances de requerir una internación que las personas vacunadas.

A partir del 1º de enero las personas de 13 años o más deben acreditar esquema de vacunación completo para realizar determinadas actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos, cerrados, o al aire libre. El Gobierno nacional, con el aval de muchas provincias y siguiendo lo establecido en la Decisión Administrativa 1.198/2021, amplió las restricciones en la lucha contra el coronavirus por el aumento considerable de la cantidad de contagios y ante la llegada de la variante Ómicron al país.

Es evidente que si no se hubiese aplicado el Pase Sanitario, la macrista Sandra Pitta hubiera dicho "¡¡que irresponsable este gobierno"!!. Ya se empieza a conocer a los que están en contra por política y oposición de absolutamente todo. Ahora bien, esta científica, que cobra del CONICET, después de tantas declaraciones anticiencia, ¿sigue en el Organismo?

La Opinión Popular

MIENTRAS AUMENTAN LOS CONTAGIOS

Sandra Pitta presentó un Habeas Corpus contra el pase sanitario

La causa fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.

El pase sanitario entró en vigencia en todo el país el 1° de enero. El documento que le requerirán a todos los mayores de 13 años para actividades consideradas de "riesgo epidemiológico" como eventos masivos, bares, restaurantes, gimnasios y demás fue cuestionada tanto por antivacunas como por dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.

El motivo de la medida es, además de evitar la propagación del coronavirus, fomentar a que las personas que todavía no tienen su esquema completo de vacunación o las que no recibieron ninguna dosis vayan a vacunarse para así no quedar afuera de cuestiones de la vida diaria o del ocio de las personas. En Tucumán, por ejemplo, que fue una de las primeras provincias en donde se aplicó rápidamente se avanzó en los primeros días antes de que entre en vigencia con la vacunación.

Pero hay dirigentes opositores que juegan a hacer política con la pandemia. Una de ellas es Sandra Pitta, famosa por su perfil tuitero durante la pandemia de coronavirus en la que se opuso a las vacunas, al uso del barbijo y también a la cuarentena, y que ahora forma parte de Republicanos Unidos, el partido liderado por el ex funcionario de Fernando De La Rúa, Ricardo López Murphy.

En las últimas horas, Pitta presentó un Habeas Corpus colectivo, con el respaldo del equipo legal de su partido, contra el Pase Sanitario. La presentación fue realizada en Comodoro Py (Cámara Criminal y Correccional Federal) pero fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional: Juzgado N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.

En el escrito de Pitta, se lee: "Resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad".

Y continúa sobre el pedido de prohibir el Pase Sanitario: "Normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".

A ese párrafo, la dirigentes de López Murphy agregó: "Sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos".

Mientras Pitta hacia su presentación en la Justicia, las filas en los centros de testeos siguen sumando personas. Además, en el mismo momento en el que Republicanos Unidos da a conocer el Habeas Corpus de su dirigente, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 44.936 nuevos casos de coronavirus y 41 muertes. Hace menos de una semana, Argentina rompió el récord de contagios desde el inicio de la pandemia. En tanto, en Europa, donde se aplica el pase sanitario, varios países debieron volver a realizar cuarentenas estrictas.

No es la primera dirigente de la oposición que realiza una presentación judicial en contra del pase sanitario. Hace una semana, la diputada de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario -que rige desde el 21 de diciembre- y prohibir su solicitud en suelo bonaerense.

De acuerdo con la legisladora, el nuevo instrumento de control que el gobierno de Axel Kicillof aplicó es el resultado de la "inoperancia" de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires y remarcó que tanto Kicillof como el presidente Alberto Fernández "tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo". La diputada agregó que "democratizar la vacunación y aumentar los centros de testeos gratuitos es más efectivo y menos autoritario que esta medida".

En su proyecto, la diputada considera que la Resolución conjunta 460/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos. Cabe destacar que el "Paso Libre con Vacuna" es exigido de manera obligatoria a los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de "riesgo epidemiológico".

Así como también se les exige a aquellos que quieran realizar trámites en forma presencial en organismos públicos y en empresas privadas. Si bien la provincia de Buenos Aires tiene vacunación libre para todas las personas a partir de los tres años, Retamoso sostuvo que "el nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria".

Además, según la diputada, el uso de esta herramienta de gestión sanitaria, que consiste en la acreditación del cronograma completo de vacunación (las dos dosis) para poder acceder a eventos masivos como recitales o canchas de fútbol, no tiene ningún sustento científico sobre la reducción de contagios. "Desde el comienzo de la pandemia, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof tomaron medidas insensatas y autoritarias que nos llevaron a la crisis alimentaria, socio sanitaria, productiva, pérdida de empleo y al aumento de la pobreza en la que estamos hoy y nos hicieron lamentar decenas de miles de muertos", resaltó la diputada de Juntos por el Cambio.

Para garantizar la implementación, el gobierno provincial anunció operativos de control de forma aleatoria donde se podrá sancionar con multas de hasta 5.700.000 pesos a quienes no exijan el certificado de vacunación. "El nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria", finalizó la diputada provincial.

El pase sanitario es un herramienta prevista para permitir el ingreso a "locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre", de acuerdo al anuncio oficial.

Como sucedió en Tucumán, otras provincias decidieron empezar a aplicarlo antes de que lo dispusiera Nación. Uno de los motivos para hacerlo nacional, además, era darle un marco legal a las decisiones que tomaban las provincias, "una forma de ordenarlo", explicaron.

El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad, precisó la cartera sanitaria.

"Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento", explicaron desde el Ministerio de Salud.

En tanto, quienes no puedan acceder a ninguna de las aplicaciones por haber recibido vacunas en otro país, deberán acreditar su inmunización completa a través un certificado de vacunación en soporte papel o digital emitida por la autoridad sanitaria del lugar donde se realizó la inoculación.

Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado, se "bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo", advirtió la cartera.

Fuente: Big Bang New

26-12-2025 / 07:12

El Loco Milei contra la Iglesia Católica: Una relación que va de fría a congelada

Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.

Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.

Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".

Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".

Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.

El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.

El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).

A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.

"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.

La Opinión Popular

24-12-2025 / 11:12

Corrupción libertaria en la Agencia Nacional de Discapacidad: El exnúmero dos niega todo y deja a Spagnuolo como el corrompido de las compras truchas

La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.

La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.

En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.

Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.

En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.

Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".

El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.

Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.

La Opinión Popular

23-12-2025 / 09:12

La justicia le exige a Milei que informe donde está el oro de las reservas que se encanutó

Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.

En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.

Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.

Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.

Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.

El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.

Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.

La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.

La Opinión Popular

22-12-2025 / 10:12

Las joyas de la abuela que remata el gobierno a los “amigos” hasta agotar stock

Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.

Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.

Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.

A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.

La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".

"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.

Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.

El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.

Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.

21-12-2025 / 09:12

Volantazo de los gobernadores: El final de la primavera anarco capitalista del Loco Milei

Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.

Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.

Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.

La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.

El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.

La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.

La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.

Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.

Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.