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Nacionales - 04-01-2022 / 11:01
OTRA INICIATIVA DE DIRIGENTES DE JUNTOS POR EL CAMBIO A FAVOR DE LOS ANTIVACUNAS

Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un amparo contra el Pase Sanitario

Mientras aumentan los contagios, Sandra Pitta presentó un amparo contra el Pase Sanitario
En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero.
En sintonía con otros dirigentes de Juntos por el Cambio, como Mauricio Macri, la excandidata a diputada nacional por el partido opositor Sandra Pitta suele despotricar en sus redes sociales en contra del Pase Sanitario. Sin embargo, en su ofensiva contra las medidas de cuidado por la pandemia del covid-19, este lunes Pitta dio un paso más: presentó un recurso de habeas corpus para que se suspenda la aplicación de esta medida sanitaria que rige a partir del 1 de enero. En el escrito, la militante de Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy, considera "deficiente" la campaña de vacunación nacional pese a que Argentina ya superó el 73 por ciento de la población inoculada con dos dosis.

La presentación quedó a cargo del Juzgado N° 13 que tiene como magistrado titular a Luis Alberto Zelaya. En el habeas corpus, Pitta -que recientemente confirmó que dio positivo de covid-19-  pidió al Poder Judicial que deje sin efecto "las restricciones impuestas por el gobierno nacional en todo el país".  La excandidata de Juntos por el Cambio consideró que esta medida constituye "una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".
 
Lo extraño de la presentación de la investigadora del Conicet en la Justicia es, justamente, la escasez de datos estadísticos para solicitar prohibir el pase sanitario. Por caso, según informó la Provincia de Buenos Aires, quienes no están inmunizados contra el coronavirus tienen un 18,8 veces más chances de requerir una internación que las personas vacunadas.
 
A partir del 1º de enero las personas de 13 años o más deben acreditar esquema de vacunación completo para realizar determinadas actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos organizados de más de mil personas en espacios abiertos, cerrados, o al aire libre. El Gobierno nacional, con el aval de muchas provincias y siguiendo lo establecido en la Decisión Administrativa 1.198/2021, amplió las restricciones en la lucha contra el coronavirus por el aumento considerable de la cantidad de contagios y ante la llegada de la variante Ómicron al país.
 
Es evidente que si no se hubiese aplicado el Pase Sanitario, la macrista Sandra Pitta hubiera dicho "¡¡que irresponsable este gobierno"!!. Ya se empieza a conocer a los que están en contra por política y oposición de absolutamente todo. Ahora bien, esta científica, que cobra del CONICET, después de tantas declaraciones anticiencia, ¿sigue en el Organismo?
 
La Opinión Popular
 

 
MIENTRAS AUMENTAN LOS CONTAGIOS
 
Sandra Pitta presentó un Habeas Corpus contra el pase sanitario
  
La causa fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.
 
El pase sanitario entró en vigencia en todo el país el 1° de enero. El documento que le requerirán a todos los mayores de 13 años para actividades consideradas de "riesgo epidemiológico" como eventos masivos, bares, restaurantes, gimnasios y demás fue cuestionada tanto por antivacunas como por dirigentes de la alianza Juntos por el Cambio.
 
El motivo de la medida es, además de evitar la propagación del coronavirus, fomentar a que las personas que todavía no tienen su esquema completo de vacunación o las que no recibieron ninguna dosis vayan a vacunarse para así no quedar afuera de cuestiones de la vida diaria o del ocio de las personas. En Tucumán, por ejemplo, que fue una de las primeras provincias en donde se aplicó rápidamente se avanzó en los primeros días antes de que entre en vigencia con la vacunación.
 
Pero hay dirigentes opositores que juegan a hacer política con la pandemia. Una de ellas es Sandra Pitta, famosa por su perfil tuitero durante la pandemia de coronavirus en la que se opuso a las vacunas, al uso del barbijo y también a la cuarentena, y que ahora forma parte de Republicanos Unidos, el partido liderado por el ex funcionario de Fernando De La Rúa, Ricardo López Murphy.
 
En las últimas horas, Pitta presentó un Habeas Corpus colectivo, con el respaldo del equipo legal de su partido, contra el Pase Sanitario. La presentación fue realizada en Comodoro Py (Cámara Criminal y Correccional Federal) pero fue derivada al Juzgado de turno de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional: Juzgado N° 13, a cargo del Dr. Luis Alberto Zelaya.
 
En el escrito de Pitta, se lee: "Resulta arbitrario que, bajo el pretexto del dictado de normas sanitarias, se impongan verdaderas sanciones a las personas que no se han vacunado, cuando es el Estado quien actúa deficientemente en la vacunación y en la generación de condiciones de credibilidad".
 
Y continúa sobre el pedido de prohibir el Pase Sanitario: "Normas como las que se impugnan constituyen una expresión de la utilización de la fuerza monopolizada por el Estado como primera opción frente a un problema sanitario cuyo conocimiento científico es aún escaso y provisorio".
 
A ese párrafo, la dirigentes de López Murphy agregó: "Sin más, es un uso de la fuerza motivado en el 'no saber' y 'no contar con información precisa'; un intento pueril y bárbaro de suplir la ignorancia mediante la imposición o la prohibición, soslayando acciones preventivas no restrictivas de derechos y respetuosas de la autonomía de la voluntad de los seres humanos".
 
Mientras Pitta hacia su presentación en la Justicia, las filas en los centros de testeos siguen sumando personas. Además, en el mismo momento en el que Republicanos Unidos da a conocer el Habeas Corpus de su dirigente, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 44.936 nuevos casos de coronavirus y 41 muertes. Hace menos de una semana, Argentina rompió el récord de contagios desde el inicio de la pandemia. En tanto, en Europa, donde se aplica el pase sanitario, varios países debieron volver a realizar cuarentenas estrictas.
 
No es la primera dirigente de la oposición que realiza una presentación judicial en contra del pase sanitario. Hace una semana, la diputada de la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para derogar el pase sanitario -que rige desde el 21 de diciembre- y prohibir su solicitud en suelo bonaerense.
 
De acuerdo con la legisladora, el nuevo instrumento de control que el gobierno de Axel Kicillof aplicó es el resultado de la "inoperancia" de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires y remarcó que tanto Kicillof  como el presidente Alberto Fernández "tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo". La diputada agregó que "democratizar la vacunación y aumentar los centros de testeos gratuitos es más efectivo y menos autoritario que esta medida".
 
En su proyecto, la diputada considera que la Resolución conjunta 460/2021 del Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros y el Ministerio de Salud restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos. Cabe destacar que el "Paso Libre con Vacuna" es exigido de manera obligatoria a los mayores de 13 años que quieran acceder a distintas actividades consideradas de "riesgo epidemiológico".
 
Así como también se les exige a aquellos que quieran realizar trámites en forma presencial en organismos públicos y en empresas privadas. Si bien la provincia de Buenos Aires tiene vacunación libre para todas las personas a partir de los tres años, Retamoso sostuvo que "el nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria".
 
Además, según la diputada, el uso de esta herramienta de gestión sanitaria, que consiste en la acreditación del cronograma completo de vacunación (las dos dosis) para poder acceder a eventos masivos como recitales o canchas de fútbol, no tiene ningún sustento científico sobre la reducción de contagios. "Desde el comienzo de la pandemia, tanto Alberto Fernández como Axel Kicillof tomaron medidas insensatas y autoritarias que nos llevaron a la crisis alimentaria, socio sanitaria, productiva, pérdida de empleo y al aumento de la pobreza en la que estamos hoy y nos hicieron lamentar decenas de miles de muertos", resaltó la diputada de Juntos por el Cambio.
 
Para garantizar la implementación, el gobierno provincial anunció operativos de control de forma aleatoria donde se podrá sancionar con multas de hasta 5.700.000 pesos a quienes no exijan el certificado de vacunación. "El nuevo Pase Libre COVID va en contra de la propia idiosincrasia de la campaña de vacunación, la cual prometía ser voluntaria, gratuita, equitativa e igualitaria", finalizó la diputada provincial.
 
El pase sanitario es un herramienta prevista para permitir el ingreso a "locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre", de acuerdo al anuncio oficial.
 
Como sucedió en Tucumán, otras provincias decidieron empezar a aplicarlo antes de que lo dispusiera Nación. Uno de los motivos para hacerlo nacional, además, era darle un marco legal a las decisiones que tomaban las provincias, "una forma de ordenarlo", explicaron.
 
El pase sanitario deberá ser exhibido ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación al momento previo a acceder a la entrada del evento o de la actividad, precisó la cartera sanitaria.
 
"Las autoridades de las jurisdicciones y organismos del Sector Público Nacional, en coordinación con sus pares de las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con las autoridades municipales, cada una en el ámbito de sus competencias, dispondrán los procedimientos de fiscalización necesarios para garantizar el cumplimiento", explicaron desde el Ministerio de Salud.
 
En tanto, quienes no puedan acceder a ninguna de las aplicaciones por haber recibido vacunas en otro país, deberán acreditar su inmunización completa a través un certificado de vacunación en soporte papel o digital emitida por la autoridad sanitaria del lugar donde se realizó la inoculación.
 
Si el autodiagnóstico realizado a través la app Cuidar arrojara algún síntoma compatible con Covid-19 o si la persona estuviera notificada en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud como caso sospechoso o confirmado, se "bloqueará el acceso a la pantalla del pase sanitario, hasta tanto se modifique esta condición, independientemente de tener el esquema de vacunación completo", advirtió la cartera.
 
Fuente: Big Bang New
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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