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Nacionales - 04-01-2022 / 11:01
LA REUNIÓN POR EL FMI INCLUÍA SINDICALISTAS Y EMPRESARIOS

Para dejar en evidencia el faltazo de la oposición, ahora solo convocan a gobernadores

Para dejar en evidencia el faltazo de la oposición, ahora solo convocan a gobernadores
Luego del rechazo de los tres gobernadores radicales y del jefe de gobierno porteño a un encuentro ampliado que incluyera empresarios y sindicalistas, el Gobierno volvió a su idea original. El miércoles, el ministro de Economía, Martín Guzmán, sólo hablará con los 24 gobernadores, a quienes les dará detalles y precisiones sobre la marcha de las negociaciones con el FMI. La idea de la Casa Rosada es desarmar el argumento de los gobernadores opositores que el encuentro es una "foto política".
Luego de las trabas impuestas por los gobernadores aliados a Juntos por el Cambio para participar, el ministro de Economía metió cambios de última hora en la convocatoria para la reunión de este miércoles con gobernadores, empresarios y sindicalistas. Ante la negativa de varios gobernadores opositores al encuentro pactado para las 17 horas en el Museo del Bicentenario, Martin Guzmán resolvió dividir en dos la invitación y exponer a los ausentes, que adujeron que no iban porque era un "acto político".
 
Así, la convocatoria para este miércoles pasará a ser exclusiva para los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño. Rodríguez Larreta al igual que Gustavo Valdés, Rodolfo Suárez y Gerardo Morales acordaron no asistir al encuentro. Schiaretti, por su parte, le envió al ministro sus disculpas por la inasistencia en una carta en la que aclaró que enviaría en su representación a Oscar González, que está a cargo de la vicegobernación de la provincia.
 
En un primer momento, la ausencia del cordobés no fue leída como un desplante, pero ante un posible desdibujo de la imagen de consenso que quieren conseguir Albero Fernández y Guzmán, en Nación optaron por particionar la convocatoria, centrarse en cerrar filas con los gobernadores y dejar para una segunda instancia la reunión con los empresarios y sindicalistas. En tanto, el encuentro con jefes de bloque pactado para la semana próxima sigue en pie.
 
Fuentes oficiales explicaron que el Gobierno insiste en mantener informados a todos los actores de la política, la producción y el trabajo sobre las negociaciones con el FMI porque "la deuda no es de un Gobierno y las consecuencias de lo que se acuerde van a recaer sobre el pueblo y la Argentina toda por el plazo de una década".
 
En este sentido, enfatizaron que "la negociación con el FMI es una negociación geopolítica, es decir de un Estado Nación con más de 190 Estados Nación" y "una negociación de tales características se realiza desde una posición de mayor fortaleza para la República cuando se busca construir apoyos internos amplios".
 
La idea original de Guzmán de reunir a las cabezas de las provincias era informarles el estado actual de las negociaciones con el Fondo, explicarles los motivos por los cuales hasta el momento no pudo cerrar el acuerdo de un nuevo crédito a diez años y darles detalles de cuáles son los objetivos macroeconómicos o "criterios de desempeño" a los que él va a proponer para el país en los próximos años ante el staff del FMI.
 
En última instancia, lo que busca el Gobierno es conseguir el respaldo amplio a nivel nacional que le reclama el organismo. El apoyo interno es una condición necesaria para poder conseguir el apoyo internacional que faltó para cerrar el acuerdo en diciembre, por eso en el equipo del ministro insisten en el diálogo con la oposición: "La Argentina se fortalecerá si nos comportamos como un Estado Nación, con la madurez y la responsabilidad política que ello requiere", dijeron fuentes oficiales.
 
Ahora bien, Juntos por el Cambio se negó a aprobar el presupuesto 2022 y ahora se niega a participar en la búsqueda de una solución a la brutal deuda que contrajeron con el FMI. No esperemos nada de ellos.
 
La Opinión Popular
   

 
DEUDA CON EL FMI
 
FMI: el Gobierno volvió a la idea original y Guzmán se reunirá sólo con gobernadores
 
Por Fernando Cibeira
 
El Gobierno resolvió anoche volver a la idea de que la reunión del miércoles para dar detalles de la marcha de las negociaciones con el FMI sea exclusivamente del ministro de Economía, Martín Guzmán, con los gobernadores y citar para otro día a los empresarios y centrales sindicales. Con esta decisión, en la Casa Rosada esperaban revertir la negativa de los cuatro mandatarios de Juntos por el Cambio de no asistir al convite, argumentando que se había convertido "en una reunión política más que una reunión institucional de trabajo". Para el Gobierno es importante que participen los representantes de la oposición dado que "una negociación de tales características se realiza desde una posición de mayor fortaleza cuando se busca construir apoyos internos amplios", según expresaron.
 
La invitación original surgió del presidente Alberto Fernández la semana pasada, cuando los gobernadores estuvieron en la Casa Rosada para la firma del Consenso Fiscal. "El tema de la deuda no es un problema del Gobierno, sino de toda la Argentina. Cuánto más transparentemos, mejor va a ser", les comentó durante el encuentro del que participaron los gobernadores del Frente de Todos, de los partidos provinciales y los radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rodolfo Suárez (Mendoza). El único ausente fue el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien se negó a firmar el Consenso. "Quiero que Martín les explique, con mucho detalle, cómo está la discusión con el FMI", los entusiasmó el Presidente.
 
En un primer momento, desde el entorno de los tres radicales habían dejado trascender que irían, lo mismo desde la oficina del jefe de gobierno. Con todo, en ningún caso hubo una confirmación oficial. Luego del sorpresivo rechazo opositor al Presupuesto en el Congreso, para el Gobierno era importante mostrar el respaldo de todos los gobernadores a la propuesta de Guzmán. Dado los plazos que se plantean para el pago de la deuda -diez años mínimo- el Fondo Monetario quiere ver un apoyo político que vaya más allá del oficialismo. 
 
Pero en el Gobierno vieron la posibilidad de hacer algo más grande todavía y anunciaron que del encuentro también participarían empresarios y sindicatos. Incluso, que la exposición de Guzmán sería abierta y que la prensa podría escucharla. Obviamente, la foto sería mucho más amplia que la de sólo los gobernadores, pero también era cierto que el encuentro había perdido el carácter reservado que parecía tener en el convite original del Presidente, cuando prometió que el ministro ofrecería detalles reservados a los gobernadores.
 
 
Rechazos de Juntos
  
Los tres gobernadores radicales y el jefe de gobierno porteño conversaron el martes con la mesa nacional de Juntos por el Cambio y concluyeron que no participarían del acto dado que no conocían qué era lo que anunciaría Guzmán y que no querían prestarse para "una foto política", según declararon. A través de las redes sociales, sostuvieron que esperarían conocer el contenido de las negociaciones que llevaba adelante el Gobierno antes de dar a conocer su posición y que las conversaciones con la oposición debían producirse en el Congreso, por lo que a quienes debían invitar era a los jefes de los bloques parlamentarios. El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se sumó a las deserciones al anunciar que no participaría por "compromisos previos" y que enviaría en su lugar al presidente de la Legislatura provincial.
 
El rechazo de estos gobernadores representaba un retroceso para el Gobierno en momentos que busca acelerar las negociaciones con el FMI, que ingresan en la cuenta regresiva. Desde el Ministerio de Economía anticiparon que preparaban los números finos de variables como la futura emisión monetaria, el sendero fiscal y la cantidad de reservas disponibles del Banco Central para convencer tanto aquí como afuera de las posibilidades del acuerdo. "Vamos a estar involucrando a todos los gobernadores y gobernadoras del país, es muy importante sus presencias porque esta situación afecta a todas las provincias y va a haber una oportunidad para que los gobernadores también den su punto de vista que comenten sobre lo que escuchan, que hagan preguntas", se había entusiasmado temprano Guzmán en una entrevista a Télam.
 
Por eso, el Gobierno comenzó a modificar algunas condiciones en busca de convencer a la oposición de volver al encuentro. Por ejemplo, adelantó su decisión de convocar el martes que viene a los jefes de los bloques parlamentarios al Ministerio de Economía para conversar con Guzmán y que responda a todas sus dudas. Sin embargo, la decisión no generó la reacción imaginada. Por eso, al cierre de la jornada, desde Gobierno se anunció que se volvía a la idea original y que el miércoles Guzmán se reunirá solamente con gobernadores en la Casa Rosada y que el encuentro con empresarios y sindicatos se haría más adelante.
 
"El Gobierno mantiene una vocación de diálogo y construcción, entendiendo que la Argentina se fortalecerá si nos comportamos como un Estado Nación, con la madurez y la responsabilidad política que ello requiere. La deuda no es un problema de un Gobierno, es un problema con el que carga toda la Argentina", concluyeron con la idea de, ahora sí, volver a sumar a los gobernadores de la oposición.
 
Fuente: El Destape
 

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15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

14-11-2025 / 09:11
La Casa Blanca de Estados Unidos dio a conocer unilateralmente los primeros lineamientos del acuerdo comercial entre Argentina y EE.UU., a espaldas de los argentinos y del debate en el Congreso. Anunciaron un acuerdo comercial y de inversiones que materializa el momento histórico de mayor subordinación colonialista de Argentina a Estados Unidos. Más apertura hacia la entrada de productos yanquis incluso agrarios, eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, entre otros puntos. Sin detalles, que todavía deben ser negociados, el texto muestra un completo alineamiento con todas las regulaciones norteamericanas, más allá del interés argentino, y la apertura total a sus mercaderías. El comunicado local no expresa claramente cuáles serían los "beneficios" para Argentina.
 
Los argentinos nos enteramos del acuerdo por el que Trump viene a cobrar su apoyo electoral a Milei, y que pagaremos todos los argentinos. Allí, se anuncia la firma de un convenio Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina. Ambos países se comprometen en abrir sus mercados en "áreas clave", aunque en la letra del texto difundido es mucho más la Argentina abriendo sus fronteras a los productos norteamericanos que los "compromisos" asumidos por este último. Es una reversión de Pacto Roca-Runcimann de 1933, el Estatuto Legal del Coloniaje, que subordinó la economía argentina a los intereses británicos.
 
El acuerdo favorece mucho más a los Estados Unidos. Entre los puntos principales destaca que Argentina brindará "acceso preferencial a productos estadounidenses como medicamentos, maquinaria, tecnologías de la información y productos agrícolas". A su vez, Estados Unidos eliminará aranceles para "ciertos recursos naturales argentinos y bienes farmacéuticos no patentados" y considerará el impacto del acuerdo al aplicar medidas comerciales relacionadas con la seguridad nacional.
 
En el ámbito agrícola, ambas partes se comprometieron a mejorar las condiciones de acceso al mercado de carne vacuna y aviar, así como a facilitar el comercio de productos como menudencias, carne de cerdo y productos lácteos. También se acordó no restringir el uso de ciertos términos cárnicos y lácteos.
 
El documento subraya que Argentina eliminará barreras no arancelarias como licencias de importación y formalidades consulares, y se comprometió a desmantelar gradualmente el impuesto estadístico para productos estadounidenses. Asimismo, se alineará con estándares internacionales en múltiples sectores y reconocerá certificaciones de organismos estadounidenses como la FDA. Este último punto implica un mazazo para la industria farmacéutica nacional.
 
Es un acuerdo con costos. El Marco de Comercio Recíproco e Inversión se presenta como un paso histórico para el vínculo bilateral. Sin embargo, la letra fina sugiere que Milei es un títere de los yanquis y los principales beneficios inmediatos recaerán sobre la economía de la potencia del norte: mayor acceso a sectores industriales y tecnológicos argentinos, influencia regulatoria ampliada, apertura en agroalimentos y una posición reforzada en cadenas de valor estratégicas. Para Argentina, los potenciales beneficios -posible llegada de inversiones- dependerán de cómo se implementen las reformas y de si el país puede evitar que la apertura derive en una nueva dependencia comercial asimétrica.
 
Milei celebró la difusión del acuerdo por parte del gobierno de Estados Unidos (que en Argentina no se oficializó formalmente). Para los norteamericanos, los "recates" al gobierno anarco capitalista tras haber fracasado no una, sino dos veces en menos de seis meses (salvataje del FMI en abril y de EEUU en octubre), están rindiendo con el sometimiento de Argentina en forma de entrega de soberanía.
 
La Opinión Popular

13-11-2025 / 09:11
Se perdieron más de 220.000 puestos de trabajo durante el gobierno cipayo, vende patria y pro oligarca de Javier "el Loco" Milei. Es la caída de empleo registrado privado, público y trabajadoras de casas particulares en agosto en relación a noviembre de 2023. En el mismo período creció el monotributo (+121.740). La precarización laboral avanza. En ese marco, Milei puso nuevamente en agenda la reforma laboral con el falso argumento de crear empleo. En la historia del país ya se demostró que eso no ocurrió, solo avanzó la precarización laboral, con salarios por el piso, que aumentó las ganancias de los empresarios.
 
El impensable y contundente resultado electoral de hace unos domingos atrás agrandó al gobierno anarco capitalista, que pasó a la ofensiva. La punta de lanza de esta ofensiva es la promocionada reforma laboral. ¿Se trata de una modernización equitativa y democrática de las relaciones capital trabajo, o se trata de una regresión a formas de dominio absoluto del capital sobre el trabajo?
 
Aprovechando el envión dado por las urnas, Milei está decidido a cumplir con las imposiciones del FMI. Que el Congreso apruebe el presupuesto 2026 en las sesiones extraordinarias de diciembre y sancione las leyes que impongan las reformas laboral esclavista y la tributaria, también exigidas por el Círculo Rojo, en enero. La previsional quedaría para más adelante.
 
Así como desde el inicio de su gestión creó una suerte de sentido común acerca de las bondades del equilibrio fiscal, que ya nadie en la oposición sistémica discute. Así ha buscado imponer un ambiente favorable a las reformas, particularmente la que tiene que ver en contra de los derechos del trabajo.
 
Los argumentos son por demás conocidos. Modernizar la legislación y sus normativas que estarían obsoletas frente a los nuevos procesos de producción y comercialización, que no se adaptarían a las nuevas tecnologías en continuo cambio, que su rigidez impediría la creación de empleo y por lo tanto obstaculizaría la reducción de la informalidad. Cuando el desempleo en Argentina llegó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, según el INDEC. Casi 1,8 millones de personas estuvieron sin trabajo en ese período.
 
No se trata de ninguna modernización, es una regresión a las condiciones laborales del pre peronismo, si se quiere de fines del siglo XIX y principios del XX, que maximizan las ganancias de las empresas sobre la base de rebajar aún más el ingreso de los trabajadores. La experiencia demuestra que este tipo de reformas solo traen más precarización y pérdida de derechos. (Recordar "Ley de Empleo", 1991 y "Ley de Empleo, productividad y equidad", 2000 (Ley Banelco). La creación de empleos formales, que baja la informalidad, no depende de este tipo de normativas sino del crecimiento de la inversión productiva y la expansión de la actividad económica.
 
¿Qué tipo de reforma es necesaria? Una que compense la asimetría entre capital y trabajo, que no incline la cancha más de lo que está. Que por ejemplo reduzca la jornada para crear empleo. Que reconozca la calidad de trabajadores y por lo tanto sus derechos a quiénes se desempeñan en los servicios de plataformas. Que otorgue derechos a quienes trabajan en la Economía Popular. Que reconozca las licencias por paternidad y regule las tareas de cuidados...
 
Las condiciones de vida de los trabajadores no mejorarán con la reforma laboral de Milei, hay que rechazar el proyecto y conquistar trabajo con derecho para todos. No hay nada que negociar. Por el contrario, hay que resistir y luchar contra esta reforma antiobrera y antisindical que beneficia a los ricos y perjudica a los pobres. 
 
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12-11-2025 / 11:11
Gobierno libertario solo para la casta de los más ricos. Los "héroes" del Presidente. Marcos Galperín, ferviente defensor de que el Estado no intervenga en la economía, recibe millonarias exenciones impositivas. En un contexto de ajuste fiscal y debates por la reforma tributaria, el Formulario 10-Q presentado por Mercado Libre ante la SEC de Estados Unidos expone una vez más los jugosos beneficios fiscales que el gobierno de Javier Milei le otorga al "unicornio" fundado por Galperín, el hombre más rico de la nación con un patrimonio de 8.300 millones de dólares, según Forbes.
 
La empresa, valorada en más de 106 mil millones de "verdes", reportó ingresos netos de 7.400 millones en el tercer trimestre, un 39 por ciento más que el año anterior, y ganancias de 421 millones de dólares. Sin embargo, detrás de estos números relucientes se esconde un "secreto a voces": exenciones impositivas que superan los 350 millones de dólares en los últimos cinco años.
 
Bajo el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, Mercado Libre accedió en los primeros nueve meses de 2025 a beneficios por 50 millones en Ganancias y 17 millones de dólares en aportes previsionales, un 52 por ciento más que en 2024. "Es un subsidio injusto a una multinacional que no lo necesita", critica el Observatorio del Trabajo Informático (OTI), vinculado a la Asociación Gremial de Computación.
 
A Galperín le perdonaron en 2021: US$ 59 millones, en 2022: US$ 81 millones, en 2023: US$ 109 millones, en 2024: US$ 57 millones, en 2025: US$ 67 millones. Total: US$ 373 millones de impuestos le perdonaron a Galperin en cinco años. Pero los sectores populares tienen que pagar el IVA de los fideos sin chistar.
 
Sectores gremiales y la industria financiera coinciden: con su tamaño colosal, Javier Milei abusa del esquema al encuadrar áreas menores bajo un solo CUIT, mientras evade contribuciones que podrían destinarse a pymes o servicios públicos en crisis. Galperín, exiliado fiscal en Uruguay, predica la libre competencia, pero no duda en alzar la voz contra rivales como Temu y Shein, las plataformas chinas que inundan el mercado con productos baratos.
 
En el Foro Abeceb, Juan Martín de la Serna, presidente de la filial argentina de Mercado Libre, exigió "reglas claras" para importaciones, advirtiendo que amenazan el 90 por ciento de ventas de pymes en la plataforma y el empleo local. "Abrir indiscriminadamente da trabajo a chinos, no a argentinos", sentenció.
 
Ironía pura: el defensor del no intervenciónismo estatal ahora pide regulaciones que protejan su imperio. El cruce en X con Miguel Ángel Pichetto lo desnuda todo. El diputado peronista instó a gravar a estas "economías de plataformas" para cuidar la industria nacional.

Galperín replicó con arrogancia: "No estoy preocupado, competimos exitosamente". Pichetto no se quedó atrás: "Mejor empezá a preocuparte, porque te van a pasar por arriba y ya impactan en empleos de distribución".

Mientras, el Gobierno de Milei discute bajar cargas patronales, pero calla sobre estos privilegios elitistas de los más ricos empresarios. Esta disparidad fiscal alimenta el descontento: ¿por qué el gobierno de Milei regala millones a un magnate mientras mientras los salarios deprimidos de jubilados y trabajadores pagan la crisis?

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