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Nacionales - 02-01-2022 / 09:01
CREARON UNA WEB PARA FALSIFICARLO, PROYECTOS DE LEY OPOSITORES BUSCAN PROHIBIRLO, Y HASTA UN FALLO JUDICIAL LO ATACÓ

La nueva bandera de la derecha en su cruzada propandemia es contra el Pase Sanitario

La nueva bandera de la derecha en su cruzada propandemia es contra el Pase Sanitario
Un fallo de la justicia federal, un proyecto de ley para eliminarlo y hasta la creación de pases truchos, son las medidas de sectores de la oposición de derecha en contra del pase sanitario, la última iniciativa del gobierno para luchar contra el Covid–19 y fomentar que se completen esquemas de vacunación.
En marzo se cumplen dos años del comienzo de la pandemia en nuestro país. Desde entonces, cada medida que llevó adelante el Ejecutivo nacional se encontró con el rechazo de los sectores reaccionarios y negacionistas.
 
Primero fue la oposición al confinamiento; luego que "la vacuna es veneno" (incluyendo una denuncia formal de Elisa Carrió contra el presidente Alberto Fernández por "envenenamiento"); después la disputa del gobierno porteño por las clases presenciales en medio de la segunda ola; y ya con la llegada masiva de vacunas el leit motiv fue que al Gobierno nacional adquiriera las vacunas Pfizer, aunque cuando se trató el proyecto de ley que lo aprobaba fue la diputada de la oposición, Graciela Ocaña, la que exigió una cláusula que el laboratorio rechazó.
 
Ahora el nuevo caballito de batalla de la oposición es rechazar el pase sanitario, bajo la idea de que viola la libertad de transitar de las personas. El ex presidente Mauricio Macri se sumó a esta negativa: "lo usan los autoritarios para atacar libertades", aseguró en sintonía con los grupos antivacunas y libertarios, y a pesar de que el pase lo establecieron en numerosos países, muchos de ellos en Europa.
 
Un fallo de la justicia federal, un proyecto de ley para eliminarlo y hasta la creación de pases truchos, son las medidas de sectores de la oposición de derecha en contra del pase sanitario, la última iniciativa del gobierno para luchar contra el Covid-19 y fomentar que se completen esquemas de vacunación.
 

 
Durante la semana, el Juzgado Nº 4 de Mar del Plata a cargo de Alfredo López, resolvió sobre un caso particular presentado por una abogada antivacunas, que sentó un precedente para otros que quieran reclamar.
 
El magistrado consideró que la actual legislación "no establece la obligatoriedad de su aplicación" respecto de las vacunas contra el coronavirus. En su presentación, la demandante Luciana Acuña sostuvo que las vacunas son "sustancias que no tienen la efectividad de prevenir el contagio del virus", y agregó que "no existe razón médica ni científica para discriminar a las personas o incitar al odio con pases sanitarios".
 
Fue la Suprema Corte de Justicia bonaerense la que apoyó el pase. Esta semana impugnó dos amparos que pedían declararlo inconstitucional: "claramente se trata de una regulación tendiente a la protección de la salud pública como bien jurídico primordial, a la prevención de la propagación de nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y, también, al fomento de la vacunación como medio comprobadamente eficaz para eliminar o mitigar ese flagelo", remarcaron.
 
En la misma línea, el miércoles pasado la Suprema Corte rechazó otro recurso presentado en Quilmes: "La exigencia de acreditar un esquema de vacunación completa tiene en miras, entre otros horizontes, limitar la concurrencia de personas no vacunadas, o con esquemas de vacunación pendientes, a lugares donde se desarrollan actividades de elevado riesgo epidemiológico y que, por su naturaleza, implican mayor posibilidad de contagio para la población", sentenció.
 
A lo judicial se le sumó lo legislativo. La diputada bonaerense de Juntos por el Cambio, Florencia Retamoso, presentó un proyecto de ley para darlo de baja. Alegó que tanto el gobernador de la provincia, Axel Kicillof, como el presidente Alberto Fernández "tomaron medidas que rozan la línea del autoritarismo". En su proyecto, considera que la resolución 460/2021 restringe derechos y libertades propios de la Constitución Nacional, tratados internaciones, el Código Civil y el Código Penal argentinos.
 
Pero la propuesta más extrema fue la confección de pases sanitarios truchos. Tiempo dio la primicia sobre esta iniciativa realizada por un autodeclarado militante de Javier Milei desde Twitter, bajo el perfil de Fidel Adorni. Junto a varios colaboradores elaboraron una interface digital llamada "Pase Barranitario". Quienes cargaban sus datos podían generar un pase sanitario apócrifo con código QR designado, el logo de Presidencia Argentina y hasta la elección de qué vacuna se aplicaron. A las pocas horas, la cartera de Salud que conduce Nicolás Kreplak realizó la denuncia penal.
 
"Tanto quien elabora el documento falso como quien lo utiliza pueden ser penados por la justicia de llegar a encontrarlos culpables" explica a Tiempo Ariel Gaggero Puig, director provincial de Asuntos Legales del Ministerio de Salud. "Uno de los perfiles que introducimos en la denuncia es una persona que cargó sus datos e hizo una captura de pantalla en la que se había generado su documento. Ahora la justicia está investigando si fue usado o no".
 
Por: Martín Suárez
 
Fuente: Tiempo Argentino
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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