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Nacionales - 01-01-2022 / 10:01
JUNTOS POR EL CAMBIO O JUNTOS PARA ESPIAR

Mauricio Macri y la Gestapo: un brindis de fin de año por la república de los espías

Mauricio Macri y la Gestapo: un brindis de fin de año por la república de los espías
La fuerza que se autoproclama como la única republicana usó el aparato del Estado para espiarse entre ellos y a sus adversarios y demostró que es la única que no lo es. Nadie en Juntos por el Cambio, ni los del PRO, ni los radicales, ni la Coalición Cívica han emitido una sola crítica a esa práctica ilegal propia de las peores dictaduras.
El impacto del video de la Gestapo los obligó primero a repudiar el uso del nombre de la policía nazi. Creyeron que alcanzaba para achicar el daño. Mandaron al ex ministro de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, abajo del tren, pero la inquietud creció dentro de Juntos por el Cambio por la cloaca que se abrió en su territorio.
 
Para el Frente de Todos fue la confirmación de otras denuncias. Para el macrismo es el golpe de gracia a Mauricio Macri y el pánico por la posible aparición de nuevos videos que arrasen con los dirigentes que aspiran a reemplazar al ex presidente.
 
La fuerza que se autoproclama como la única republicana usó el aparato del Estado para espiarse entre ellos y a sus adversarios y demostró que es la única que no lo es.
 
Y ahora que el escándalo ya es incontenible con gran cantidad de pruebas incontrastables en la Justicia, nadie en Juntos por el Cambio, ni los del PRO, ni los radicales que permanecen en la alianza conservadora, ni la Coalición Cívica han emitido una sola crítica o repudio a esa práctica ilegal propia de las peores dictaduras.
  
El Senado sacó una declaración de repudio que no fue aprobada por nadie de Juntos por el Cambio. No critican la práctica sistemática del espionaje como herramienta de control político y se lamentan porque, según ellos, esto le hace un daño muy grande a la estructura de inteligencia del país. Como si ellos hubieran usado a los espías para otra cosa que no fuera la represión a las disidencias.
 
En las redes circulan frases ingeniosas: "Mientras Vidal le armaba causas a sindicalistas para meterlos en cana y sacárselos de encima, Macri la filmaba para, con este video, sacársela de encima cuando quisiera disputarle el poder. Pero a vos te vendieron que los mafiosos eran los k", o "El tipo que quería armar una Gestapo para Vidal, fue filmado a escondidas por la Gestapo de Macri".
 
"¿Alguien puede creer que estos espías eran tan valientes que se animaban a espiar a la hermana de su jefe, a sus principales colaboradores y a otros dirigentes de su fuerza política a espaldas de ese jefe, el mismo que les dio trabajo en la Policía Metropolitana y después en la AFI?". La pregunta se la hizo en cámara un periodista de La Nación + que sabe de ese tema.
 

 
El impacto del fallo de Bertuzzi y Llorens
  
La lógica de ese interrogante es tan fuerte que muchos dirigentes de Cambiemos piensan que el fallo de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens es la causa de gran malestar en las filas de los espías porque se sienten el chivo expiatorio y estarían entregando los videos incriminatorios.
 
Esta presunción da por sentado que Bertuzzi y Llorens están involucrados en la mesa judicial macrista. Visto así: Macri los mandó a espiar y, cuando se descubrió, pidió a los jueces de Comodoro Py que lo desprocesen junto con otros altos cargos de la AFI y que abandonen a su suerte a los espías. Y los jueces acataron.
 
Bertuzzi fue denunciado porque fue designado por Macri sin rendir el examen necesario y sin pasar por el Senado. Y Mariano Llorens es uno de los jueces que aparecen en el libro de visitas de la Quinta de Olivos.
 
Por estas razones, cuando la causa por espionaje en la que habían procesado a Macri llegó a la Cámara Federal, Bertuzzi y Llorens pidieron que se los apartara. Rápidamente, el juez Leopoldo Bruglia consideró que no había motivo y los repuso en esa instancia. Pero Bruglia está en las mismas condiciones que Bertuzzi: fue designado a dedo por el macrismo, sin rendir el examen ni pasar por el Senado.
 
Por si quedara alguna duda, las intrigas que en este momento socavan a Juntos por el Cambio asumen como un hecho que estos tres magistrados son fuerza propia, u operadores de la mesa judicial macrista. Y los culpan por el malestar que generó su fallo al desproteger a los espías con tal de salvar a Macri y a su amigo Gustavo Arribas.
 
 
¿Internas de los servicios macristas?
  
La otra explicación que circula en Cambiemos alude a una interna entre los agentes que incorporó el macrismo a la AFI, frente a los de carrera, que estaban desde antes. Casi todos los que llegaron con la gestión de Juntos por el Cambio provienen de la Metropolitana, la policía de CABA, y algunos de la bonaerense, como los comisarios Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, detenidos en la causa por espionaje que involucra al fiscal Carlos Stornelli. Degastaldi y Bogoliuk ingresaron a la AFI en 2016.
 
El problema con esta versión y con los que dicen que los gobiernos kirchneristas también espiaron como los de Cambiemos, es que la mayoría de los agentes de carrera de más antigüedad estaba bajo las órdenes de Antonio Horacio (Jaime) Stiusso hasta 2014. El espía tenía su propio juego y boicoteó a los gobiernos kirchneristas, por lo que fue expulsado.
 
 
Cuentapropistas o suicidas
  
Todas estas explicaciones que circulan entre los macristas asumen que Macri tenía una práctica sistemática de espionaje como parte de su gestión. En Cambiemos naturalizan esta práctica, nadie la criticó hasta ahora. Y no quisieron discutirla en el Senado. También naturalizan la manipulación de jueces. Ningún juez imparcial podría calificar de "cuentapropistas" a espías que espían a la hermana del presidente y a los principales dirigentes de su fuerza sin tener su orden y su visto bueno. Si lo hubieran hecho así, más que cuentapropistas, hubieran sido suicidas.
 
El video de la reunión de funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el estado mayor de los espías de la AFI, más algunos empresarios, deja una moraleja como las de Esopo: la reunión había sido convocada para desviarse de la ley con el argumento de hacerla cumplir. Y a ellos les estaban aplicando la misma receta cuando los espiaban en forma ilegal.
 
O sea que va más allá de Mauricio Macri. Porque el escándalo comienza con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que acaba de plantear su aspiración presidencial. Otra versión es que el video apareció pocos días después que la ex gobernadora difundió sus ambiciones presidenciales. Es dudoso: Todos en Juntos por el Cambio dan por descontada la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta en 2023. La movida de Vidal aparece más como una forma de asegurarse su candidatura en CABA.
 
 
El plan sistemático de Mauricio Macri
  
En Juntos por el Cambio aguantan la respiración cuando les dicen que hay más de veinte videos en gateras. El video destapó una cloaca en esa fuerza política que aspira a reemplazar al actual gobierno. Una cloaca que involucra a la ex gobernadora bonaerense y al ex presidente de la República y a amplios sectores del Poder Judicial, en especial al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien en palabras del ex ministro Villegas, era el encargado de "dar volumen" a las denuncias del lawfare.
 
Conte Grand fue el ex secretario de Legal y Técnica de Vidal y después su Procurador bonaerense. El manejo ilegal de los servicios de inteligencia se correspondió con la manipulación de jueces y fiscales. Fue el plan sistemático de Juntos por el Cambio para gobernar.
 
Se pusieron fuera de la ley, supuestamente para combatir una corrupción cuya existencia nunca pudieron comprobar. Muchos de sus simpatizantes se llenan la boca al cuestionar acciones que no se comprueban y que parecen pavadas si se las compara con la corrupción de las instituciones que se revela en las causas de lawfare, de espionaje y de negociados del macrismo.
 
 
El papel de la Corte Suprema
  
La actual composición de la Corte, que cajoneó durante años el juicio a Carlos Blaquier por violaciones a los derechos humanos y se prepara a declararlo inimputable, también tiene responsabilidad, muchas veces porque acompañó estos procesos y otras porque se mantuvo en silencio. Pero para someterlos a juicio político, como hizo Néstor Kirchner con la Corte menemista, se necesita una mayoría de dos tercios en el Senado y el gobierno apenas llega con sus aliados al quorum.
 
La gran pregunta es cómo se actúa en democracia cuando la fuerza política que representa a las corporaciones mediáticas y al capital concentrado exige democracia a los demás, pero ella la viola en forma sistemática. Es como jugar con la cancha inclinada y el referí en contra.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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20-11-2025 / 10:11
Por mayoría, la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado rechazó el pliego de Lorena Villaverde. El dictamen de todas formas no es vinculante, y el 28 de noviembre será cuando la Cámara alta vote si la senadora libertaria vinculada al narco Fred Machado y detenida en Miami por narcotráfico, puede asumir o no la banca.
 
La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó los títulos de 23 senadores electos, pero dejó afuera a Villaverde. Su rechazo fue firmado por 12 senadores de diversos bloques, incluyendo Unión por la Patria y sectores de la oposición. Sin embargo, el dictamen no es vinculante: la última palabra la tendrá la sesión del 28 de noviembre. Para impedir que Villaverde asuma, el peronismo va a necesitar sumar aliados, ya que el resultado se define por mayoría simple.
 
Las acusaciones contra Villaverde no son menores: fue detenida en Estados Unidos en 2002 por presunto tráfico de drogas y mantiene vínculos con Claudio Ciccarelli, relacionado al narco Fred Machado, ambos investigados en causas de fraude inmobiliario y préstamos truchos.
 
En el debate algunos aliados del Gobierno también votaron en contra de la aspirante a senadora vinculada al narco. A pesar de que Luis Juez salió a bancar a Villaverde negando todo, la mayoría de la comisión sostuvo que no tiene idoneidad para ocupar una banca.
 
Lorena Villaverde es una dirigente política de La Libertad Avanza en la provincia de Río Negro, que en 2025 se vio envuelta en un fuerte escándalo por sus vínculos con el narcotráfico y una causa judicial en Estados Unidos. El caso salió a la luz cuando se conoció que José Luis Espert fue denunciado por recibir fondos de Fred Machado, empresario acusado de narcotráfico, y que Villaverde tenía un estrecho vínculo afectivo y laboral con Claudio Ciccarelli, primo y hombre de confianza de Machado.
 
La situación se agravó con la difusión de documentos judiciales estadounidenses que la involucran en una operación encubierta de drogas en Miami. Aunque el juicio fue suspendido por irregularidades, versiones periodísticas sostienen que Villaverde habría colaborado con la DEA antes de salir de Estados Unidos.
 
Además, investigaciones periodísticas revelaron que Villaverde está mencionada en una causa por estafas piramidales contra Enrique Blaskey Señorans, en la que habría conseguido inversores que luego fueron estafados por millones de pesos. En agosto de 2025, fue embargada por 50 millones de pesos por una estafa en la venta de terrenos en Las Grutas, Río Negro.
 
También se la señala por enviar mensajes amenazantes a periodistas que investigaron su caso. Todo este entramado expuso las conexiones entre el espacio libertario y redes de narcotráfico, y tuvo un fuerte impacto electoral, desplomando la imagen de Villaverde y de La Libertad Avanza en la provincia, en medio del escándalo Espert.
 
En resumen, Lorena Villaverde pasó de liderar las encuestas en Río Negro a estar en el centro de un escándalo por sus vínculos con el narcotráfico, estafas y amenazas, lo que generó una crisis de legitimidad en su espacio político a días de las elecciones. Su suerte se sellará en la próxima sesión del Senado, donde la oposición necesitará de aliados para impedir la asunción de la rionegrina.
 
La Opinión Popular
 

19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

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