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Nacionales - 01-01-2022 / 10:01
JUNTOS POR EL CAMBIO O JUNTOS PARA ESPIAR

Mauricio Macri y la Gestapo: un brindis de fin de año por la república de los espías

Mauricio Macri y la Gestapo: un brindis de fin de año por la república de los espías
La fuerza que se autoproclama como la única republicana usó el aparato del Estado para espiarse entre ellos y a sus adversarios y demostró que es la única que no lo es. Nadie en Juntos por el Cambio, ni los del PRO, ni los radicales, ni la Coalición Cívica han emitido una sola crítica a esa práctica ilegal propia de las peores dictaduras.
El impacto del video de la Gestapo los obligó primero a repudiar el uso del nombre de la policía nazi. Creyeron que alcanzaba para achicar el daño. Mandaron al ex ministro de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, abajo del tren, pero la inquietud creció dentro de Juntos por el Cambio por la cloaca que se abrió en su territorio.
 
Para el Frente de Todos fue la confirmación de otras denuncias. Para el macrismo es el golpe de gracia a Mauricio Macri y el pánico por la posible aparición de nuevos videos que arrasen con los dirigentes que aspiran a reemplazar al ex presidente.
 
La fuerza que se autoproclama como la única republicana usó el aparato del Estado para espiarse entre ellos y a sus adversarios y demostró que es la única que no lo es.
 
Y ahora que el escándalo ya es incontenible con gran cantidad de pruebas incontrastables en la Justicia, nadie en Juntos por el Cambio, ni los del PRO, ni los radicales que permanecen en la alianza conservadora, ni la Coalición Cívica han emitido una sola crítica o repudio a esa práctica ilegal propia de las peores dictaduras.
  
El Senado sacó una declaración de repudio que no fue aprobada por nadie de Juntos por el Cambio. No critican la práctica sistemática del espionaje como herramienta de control político y se lamentan porque, según ellos, esto le hace un daño muy grande a la estructura de inteligencia del país. Como si ellos hubieran usado a los espías para otra cosa que no fuera la represión a las disidencias.
 
En las redes circulan frases ingeniosas: "Mientras Vidal le armaba causas a sindicalistas para meterlos en cana y sacárselos de encima, Macri la filmaba para, con este video, sacársela de encima cuando quisiera disputarle el poder. Pero a vos te vendieron que los mafiosos eran los k", o "El tipo que quería armar una Gestapo para Vidal, fue filmado a escondidas por la Gestapo de Macri".
 
"¿Alguien puede creer que estos espías eran tan valientes que se animaban a espiar a la hermana de su jefe, a sus principales colaboradores y a otros dirigentes de su fuerza política a espaldas de ese jefe, el mismo que les dio trabajo en la Policía Metropolitana y después en la AFI?". La pregunta se la hizo en cámara un periodista de La Nación + que sabe de ese tema.
 

 
El impacto del fallo de Bertuzzi y Llorens
  
La lógica de ese interrogante es tan fuerte que muchos dirigentes de Cambiemos piensan que el fallo de los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens es la causa de gran malestar en las filas de los espías porque se sienten el chivo expiatorio y estarían entregando los videos incriminatorios.
 
Esta presunción da por sentado que Bertuzzi y Llorens están involucrados en la mesa judicial macrista. Visto así: Macri los mandó a espiar y, cuando se descubrió, pidió a los jueces de Comodoro Py que lo desprocesen junto con otros altos cargos de la AFI y que abandonen a su suerte a los espías. Y los jueces acataron.
 
Bertuzzi fue denunciado porque fue designado por Macri sin rendir el examen necesario y sin pasar por el Senado. Y Mariano Llorens es uno de los jueces que aparecen en el libro de visitas de la Quinta de Olivos.
 
Por estas razones, cuando la causa por espionaje en la que habían procesado a Macri llegó a la Cámara Federal, Bertuzzi y Llorens pidieron que se los apartara. Rápidamente, el juez Leopoldo Bruglia consideró que no había motivo y los repuso en esa instancia. Pero Bruglia está en las mismas condiciones que Bertuzzi: fue designado a dedo por el macrismo, sin rendir el examen ni pasar por el Senado.
 
Por si quedara alguna duda, las intrigas que en este momento socavan a Juntos por el Cambio asumen como un hecho que estos tres magistrados son fuerza propia, u operadores de la mesa judicial macrista. Y los culpan por el malestar que generó su fallo al desproteger a los espías con tal de salvar a Macri y a su amigo Gustavo Arribas.
 
 
¿Internas de los servicios macristas?
  
La otra explicación que circula en Cambiemos alude a una interna entre los agentes que incorporó el macrismo a la AFI, frente a los de carrera, que estaban desde antes. Casi todos los que llegaron con la gestión de Juntos por el Cambio provienen de la Metropolitana, la policía de CABA, y algunos de la bonaerense, como los comisarios Aníbal Degastaldi y Ricardo Bogoliuk, detenidos en la causa por espionaje que involucra al fiscal Carlos Stornelli. Degastaldi y Bogoliuk ingresaron a la AFI en 2016.
 
El problema con esta versión y con los que dicen que los gobiernos kirchneristas también espiaron como los de Cambiemos, es que la mayoría de los agentes de carrera de más antigüedad estaba bajo las órdenes de Antonio Horacio (Jaime) Stiusso hasta 2014. El espía tenía su propio juego y boicoteó a los gobiernos kirchneristas, por lo que fue expulsado.
 
 
Cuentapropistas o suicidas
  
Todas estas explicaciones que circulan entre los macristas asumen que Macri tenía una práctica sistemática de espionaje como parte de su gestión. En Cambiemos naturalizan esta práctica, nadie la criticó hasta ahora. Y no quisieron discutirla en el Senado. También naturalizan la manipulación de jueces. Ningún juez imparcial podría calificar de "cuentapropistas" a espías que espían a la hermana del presidente y a los principales dirigentes de su fuerza sin tener su orden y su visto bueno. Si lo hubieran hecho así, más que cuentapropistas, hubieran sido suicidas.
 
El video de la reunión de funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, el intendente de La Plata, Julio Garro, y el estado mayor de los espías de la AFI, más algunos empresarios, deja una moraleja como las de Esopo: la reunión había sido convocada para desviarse de la ley con el argumento de hacerla cumplir. Y a ellos les estaban aplicando la misma receta cuando los espiaban en forma ilegal.
 
O sea que va más allá de Mauricio Macri. Porque el escándalo comienza con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, que acaba de plantear su aspiración presidencial. Otra versión es que el video apareció pocos días después que la ex gobernadora difundió sus ambiciones presidenciales. Es dudoso: Todos en Juntos por el Cambio dan por descontada la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta en 2023. La movida de Vidal aparece más como una forma de asegurarse su candidatura en CABA.
 
 
El plan sistemático de Mauricio Macri
  
En Juntos por el Cambio aguantan la respiración cuando les dicen que hay más de veinte videos en gateras. El video destapó una cloaca en esa fuerza política que aspira a reemplazar al actual gobierno. Una cloaca que involucra a la ex gobernadora bonaerense y al ex presidente de la República y a amplios sectores del Poder Judicial, en especial al procurador bonaerense, Julio Conte Grand, quien en palabras del ex ministro Villegas, era el encargado de "dar volumen" a las denuncias del lawfare.
 
Conte Grand fue el ex secretario de Legal y Técnica de Vidal y después su Procurador bonaerense. El manejo ilegal de los servicios de inteligencia se correspondió con la manipulación de jueces y fiscales. Fue el plan sistemático de Juntos por el Cambio para gobernar.
 
Se pusieron fuera de la ley, supuestamente para combatir una corrupción cuya existencia nunca pudieron comprobar. Muchos de sus simpatizantes se llenan la boca al cuestionar acciones que no se comprueban y que parecen pavadas si se las compara con la corrupción de las instituciones que se revela en las causas de lawfare, de espionaje y de negociados del macrismo.
 
 
El papel de la Corte Suprema
  
La actual composición de la Corte, que cajoneó durante años el juicio a Carlos Blaquier por violaciones a los derechos humanos y se prepara a declararlo inimputable, también tiene responsabilidad, muchas veces porque acompañó estos procesos y otras porque se mantuvo en silencio. Pero para someterlos a juicio político, como hizo Néstor Kirchner con la Corte menemista, se necesita una mayoría de dos tercios en el Senado y el gobierno apenas llega con sus aliados al quorum.
 
La gran pregunta es cómo se actúa en democracia cuando la fuerza política que representa a las corporaciones mediáticas y al capital concentrado exige democracia a los demás, pero ella la viola en forma sistemática. Es como jugar con la cancha inclinada y el referí en contra.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

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