"no pueden quedar impune en un país que tiene todavía la cicatriz del terrorismo de Estado", por lo cual reclamó una urgente respuesta de la justicia. "Exigimos que la justicia actúe de manera inmediata y vamos a hacer todo lo posible por eso", manifestó por su parte el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano, al participar ambos de una rueda de prensa conjunta de la CGT y la CTA convocada con motivo del video que refleja el armado de causas judiciales truchas contra gremialistas, que ya motivó allanamientos dispuestos por la Justicia.
 
La CGT y la CTA, que harán presentaciones ante la Justicia y la OIT por la "Gestapo macrista", afirmaron: "No hay espías por su cuenta, el sistema tenía un eje conductor", aseguraron en su presentación conjunta, y apuntaron a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por la responsabilidad política. "Para aplicar su plan de destrucción económica y social tenían que atacar a las organizaciones sindicales", explicaron.
 
Una fuente que se las tira de "saber de estas cosas", muy cercana al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta comentó: "Vos te das cuenta esta manga de pelotud... ¿Quién les enseño a conspirar? Quince tipos sentados en una mesa, de los cuales tres son de la AFI, necesariamente se tiene que filtrar. Si no salís en los diarios hoy, salís mañana. Esto se hace en reuniones de no más de tres personas, en lugares públicos con ruido ambiente. Después, cada uno de esos tres se encuentra con otros dos y se prepara la cosa, es ridículo lo que se ve en el video".
 
Ahora bien, que el descarnado deseo de "una Gestapo para terminar con los gremios", y que desnuda brutalmente la estrategia de persecución judicial desplegada durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, no tape la revelación de nueva evidencia contundente de que Mauricio Macri espió, en su mandato, no solamente a opositores sino además, y quizás principalmente, a los propios dirigentes de su espacio, funcionarios de su gobierno y colaboradores más estrechos, de quienes dispone de material comprometedor para apretarlos.
 
Ese dato, muchas veces soslayado, que ya se conocía a partir de otras líneas de investigación judicial y periodística y que queda confirmado a través de los videos reportados por la AFI, no puede dejarse de lado a la hora de evaluar las decisiones, estrategias y posicionamientos dentro del macrismo, no solamente durante su gobierno sino, principalmente, después. La disputa por la conducción del PRO y de Juntos por el Cambio en general de cara a 2023 y el posicionamiento de la oposición ante cada iniciativa del gobierno ya no puede leerse sólo en clave política. Es otra cosa.
 
El liderazgo de Macri no puede entenderse sin tener en cuenta que el ex presidente aún cuenta con material de inteligencia sobre sus propios compañeros de ruta, que todavía prefieren ser subordinados en un esquema mafioso y corrupto que nunca cambiará de dueño antes que denunciarlo. Si les falta valor o tienen secretos oscuros que no quieren revelar, habría que preguntárselo a ellos.
 
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Nacionales - 31-12-2021 / 08:12
CGT Y CTA EXIGEN QUE LA JUSTICIA “ACTÚE DE MANERA INMEDIATA” POR EL ARMADO DE CAUSAS A GREMIALISTAS

La Gestapo macrista fue un plan sistemático de persecución gremial

La Gestapo macrista fue un plan sistemático de persecución gremial
La CGT y la CTA informaron, en una conferencia de prensa que harán presentaciones ante la Justicia y la OIT por la “Gestapo macrista”, afirmaron: “No hay espías por su cuenta, el sistema tenía un eje conductor”, aseguraron en su presentación conjunta, y apuntaron a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por la responsabilidad política. “Para aplicar su plan de destrucción económica y social tenían que atacar a las organizaciones sindicales”, explicaron.
El secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, aseguró que los dichos del ex ministro de Trabajo bonaerense Marcelo Villegas sobre la conveniencia de crear una 'Gestapo' para embestir contra los gremios "no pueden quedar impune en un país que tiene todavía la cicatriz del terrorismo de Estado", por lo cual reclamó una urgente respuesta de la justicia. "Exigimos que la justicia actúe de manera inmediata y vamos a hacer todo lo posible por eso", manifestó por su parte el cosecretario general de la CGT Pablo Moyano, al participar ambos de una rueda de prensa conjunta de la CGT y la CTA convocada con motivo del video que refleja el armado de causas judiciales truchas contra gremialistas, que ya motivó allanamientos dispuestos por la Justicia.
 
La CGT y la CTA, que harán presentaciones ante la Justicia y la OIT por la "Gestapo macrista", afirmaron: "No hay espías por su cuenta, el sistema tenía un eje conductor", aseguraron en su presentación conjunta, y apuntaron a Mauricio Macri y María Eugenia Vidal por la responsabilidad política. "Para aplicar su plan de destrucción económica y social tenían que atacar a las organizaciones sindicales", explicaron.
 
Una fuente que se las tira de "saber de estas cosas", muy cercana al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta comentó: "Vos te das cuenta esta manga de pelotud... ¿Quién les enseño a conspirar? Quince tipos sentados en una mesa, de los cuales tres son de la AFI, necesariamente se tiene que filtrar. Si no salís en los diarios hoy, salís mañana. Esto se hace en reuniones de no más de tres personas, en lugares públicos con ruido ambiente. Después, cada uno de esos tres se encuentra con otros dos y se prepara la cosa, es ridículo lo que se ve en el video".
 
Ahora bien, que el descarnado deseo de "una Gestapo para terminar con los gremios", y que desnuda brutalmente la estrategia de persecución judicial desplegada durante los cuatro años de gobierno de Cambiemos, no tape la revelación de nueva evidencia contundente de que Mauricio Macri espió, en su mandato, no solamente a opositores sino además, y quizás principalmente, a los propios dirigentes de su espacio, funcionarios de su gobierno y colaboradores más estrechos, de quienes dispone de material comprometedor para apretarlos.
 
Ese dato, muchas veces soslayado, que ya se conocía a partir de otras líneas de investigación judicial y periodística y que queda confirmado a través de los videos reportados por la AFI, no puede dejarse de lado a la hora de evaluar las decisiones, estrategias y posicionamientos dentro del macrismo, no solamente durante su gobierno sino, principalmente, después. La disputa por la conducción del PRO y de Juntos por el Cambio en general de cara a 2023 y el posicionamiento de la oposición ante cada iniciativa del gobierno ya no puede leerse sólo en clave política. Es otra cosa.
 
El liderazgo de Macri no puede entenderse sin tener en cuenta que el ex presidente aún cuenta con material de inteligencia sobre sus propios compañeros de ruta, que todavía prefieren ser subordinados en un esquema mafioso y corrupto que nunca cambiará de dueño antes que denunciarlo. Si les falta valor o tienen secretos oscuros que no quieren revelar, habría que preguntárselo a ellos.
 
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LA CGT Y LA CTA QUIEREN SER PARTE DE LA CAUSA DE LA MESA JUDICIAL ANTISINDICAL
 
"Gestapo" macrista: "Fue un plan sistemático de persecución gremial"
 
Los derechos de las y los trabajadores y mucho menos las organizaciones sindicales nunca fueron del agrado del entonces presidente Mauricio Macri que, durante sus cuatro años de gestión, llevó adelante políticas de acoso, despidos e intentos de flexibilización laboral. Las pruebas sobran pero lo confirma, una vez más, la aparición del video donde el entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, expresa su deseo de contar con una "Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría" rodeado de funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata y empresarios.
 
Ante ello, la CGT la CTA, representadas por Pablo Moyano y Hugo Yasky, anunciaron de manera conjunta que este descubrimiento confirmó la existencia de "un plan sistemático para destruir a los gremios" por parte del entonces gobierno macrista y adelantaron se presentarán ante la justicia y pedirán ser querellantes en la causa que ya se conoce como la "Gestapo macrista".
 
Moyano participó en su rol de cosecretario general de la CGT y estuvo acompañado del secretario gremial de la central obrera, Mario Manrique de Smata y el secretario de Estadísticas, Víctor Santa María de encargados de edificios. Por la CTA estuvieron, además de Yasky, Edgardo Llano de Personal Aeronáutico, Roberto Baradel de Suteba y por la Corriente Federal de los Trabajadores estuvo Vanesa Siley (judiciales), entre otros.
 
Para Yasky, a la sazón diputado nacional del FdT, los dichos de Villegas confirman la intención de los entonces gobiernos macristas de "orquestar un operativo para perseguir al sindicalismo e iniciar causas". Es más, indicó que "se habló de la necesidad de una Gestapo para confrontar con el movimiento sindical y eso le da inusitada gravedad al hecho. Esto no puede quedar impune ni pasar como un hecho menor", afirmó.
 
La intención declamada por los gremialistas es llevar también este tema a las organizaciones sindicales internacionales. "Vamos a denunciarlo en el país y también ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), donde para muchos sindicatos de Italia, Francia, Polonia la referencia a la Gestapo tiene un significado que todavía está vivo", afirmó el secretario general de la CTA de los Trabajadores y agregó que estos dichos "no pueden quedar impunes en un país que tiene todavía la cicatriz del terrorismo de Estado".
 
Yasky comparó indicó además que toda la información que va surgiendo, no sólo con este video sino a través de las causas que se investiga el espionaje ilegal, que "exitió un sistema que tenía un eje conductor, que respondían a alguien que aunque no se lo nombre se sabe que se trata de Macri".
 
Pablo Moyano prefirió comenzar su participación con una pregunta: "¿Qué diferencia hay entre (Marcelo) Villegas y el exministro de Trabajo de la dictadura militar Horacio Liendo, si en 1976 desaparecían las comisiones internas?". La referencia no es gratuita ya que Liendo fue el primer ministro del genocida Jorge Videla y que tuvo a su cargo la destrucción del aparato sindical, sobre todo donde eran fuerte los dirigentes clasistas.
 
Es más, Moyano sostuvo que el video que se grabó en una sede del Banco Provincia de Buenos Aires, es de "inusitada gravedad" y reiteró la comparacón con las acciones de la dictadura cívico-militar.
 
"Muchos de los que estuvimos en la conferencia fuimos perseguidos por el gobierno macrista. Es más, sabíamos desde el mismo 10 de diciembre de 2015 que íbamos a sufrir esa persecución que no sólo era contra nosotros sino también contra nuestras familias. Le pasó a los compañeros del SOMU, de Canillitas que tuvieron intervenidos sus gremios", aseguró Santa María. Es más, destacó que "también se podría hablar de Gestapo cuando vemos a Milagro Sala presa y todavía perseguida por el aparato político judicial de Jujuy".
 
Si la intervención de un gremio como fue el caso de Omar Plaini que conduce el sindicato de Canillitas, también en esos años se sufrieron amenazas de causas y persecución a través de los medios hegemónicos como el propio Baradel a quien el mismísmo Macri le dedicó más de una crítica e incluso alguna que otra amenaza.
 
En ese sentido, Baradel --que estuvo presente en la conferencia de prensa-- afirmó que "los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal ejecutaron un plan sistemático de persecución sindical durante sus mandatos. Armando causas con la mesa judicial, amenazando y haciendo operaciones mediáticas basadas en la mentira, la difamación y la descalificación de los dirigentes sindicales y los sindicatos.
 
El procurador Conte Grand, como queda evidenciado en el vídeo que habla Villegas, es parte de la maniobra que intento encarcelar a Pablo Moyano. La foto con el expresidente Macri lo dice todo".
 
A su turno Siley insistió sobre el montaje del gobierno de Cambienos de "un aparato de persecución como lo hizo la dictadura". En ese sentido afirmó que "si no llenaban las tapas de diarios con presos y presas no hubieran podido tomar la deuda externa que tomaron ni endeudarnos, ni bajar el poder adquisitivo como lo hicieron", apuntó.
 
Manrique, que es secretario adjunto del gremio de los mecánicos consideró como imprescindible que tanto la CGT y la CTA sean parte querellante en la causa que se investiga en los tribunales federales de La Plata y reclamó que ésta se expida rápido porque --entiende-- que debe castigarse este tipo maniobras y políticas que "fueron las formas y herramientas que utilizó el PRO y la derecha más rancia de la Argentina para lograr su objetivo".
 
Los trabajadores del Subte también estuvieron en la conferencia que dieron los líderes de la CGT y CTA. Ellos reclaman el desplazamiento de Juan Sebastián De Stéfano del directorio de Subterráneos de Buenos Aires (Sbase). El ahora funcionario fue uno de los participantes de la reunión que muestra el video y estuvo allí en su condición de director de Jurídicos de la AFI macrista.
 
"Una persona que ha participado en hechos de tal gravedad institucional, atacando derechos constitucionales como el derecho de asociación sindical, no posee las condiciones requeridas para ser un funcionario de semejante cargo con ese nivel de responsabilidad", expresó el secretario de prensa de los trabajadores del Subte, Enrique Rositto.
 
Por Felipe Yapur
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
La Opinión Popular
 

17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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