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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 26-12-2021 / 10:12
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

Sin memoria, verdad y justicia no hay Nunca Más con la brutal deuda y el espionaje macrista

Sin memoria, verdad y justicia no hay Nunca Más con la brutal deuda y el espionaje macrista
La próxima crisis no va a tardar dos décadas en llegar; está a la vuelta de la esquina si no se hace nada para evitarlo. Ahí van los compromisos del Frente de Todos: nunca más crisis, nunca más lawfare, nunca más deuda. Pero sin memoria, verdad y justicia no puede haber Nunca Más.
Luis Muiña, el asesino y secuestrador que formó parte del grupo de tareas en el Hospital Posadas durante la última dictadura y al que esta Corte Suprema había beneficiado en 2017 con un fallo que ordenaba la aplicación del 2x1 para abreviar su condena, falleció el miércoles pasado, preso.
 
Sólo una enorme manifestación popular en repudio a esa decisión obligó al máximo tribunal a retroceder sobre sus pasos y evitó que fuera liberado. Esa fue la única vez que la sociedad, en la calle, pudo torcerle el brazo a una decisión corporativa durante los cuatro años que duró el gobierno de Mauricio Macri. Es difícil no preguntarse qué habría pasado si el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debía enfrentar una resistencia social similar. Es probable que la historia hubiera sido diferente.
 
Lo cierto es que a esta altura del partido parece evidente que después de la crisis de 2001 la Argentina no generó (para usar una metáfora en boga) los mismos anticuerpos que había sabido producir tras la dictadura y que permiten que el consenso del Nunca Más siga vigente, aunque con algunos bollos, casi medio siglo después del golpe.
 
Es cierto que ahora llegó al Congreso una diputada, Victoria Villaroel, que niega el terrorismo de Estado, y hay otros, como Ricardo López Murphy, que cuestionan abiertamente la cifra de 30 mil desaparecidos. El rechazo social a esas expresiones sigue siendo altísimo, incluso en parte de su electorado. Y lo que es más importante: los militares efectivamente dejaron de ser un problema para la democracia argentina hace mucho tiempo.
 
Por el contrario, cuando se cumplen veinte años de la crisis de diciembre, figuras centrales de esa tragedia, como Domingo Cavallo, son reivindicadas por toda la oposición y sus consejos económicos guían a sus equipos técnicos mientras que otros protagonistas de ese violento derrumbe, como Hernán Lombardi, Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger y el propio López Murphy, hoy ocupan lugares eminentes en esa coalición, que ganó con amplia ventaja las elecciones de medio término y tiene chances concretas de volver a ser gobierno en 2023.
 
Y el FMI otra vez está en el país, merced de un crédito impagable tomado, según dijo Macri, para financiar la fuga de capitales de los mismos bancos que en 2001 se quedaron con los ahorros de los argentinos.
 

 
Seguramente la explicación de por qué un trauma generó semejante reacción en la sociedad durante al menos tres generaciones mientras que el otro parece no haber dejado defensas sea compleja y deba tener en cuenta muchas variantes.
 
Voy a limitarme a hacer foco en una sola diferencia, que salta rápidamente a la vista: los crímenes cometidos por la dictadura fueron juzgados en un proceso transparente de cara a la sociedad, mientras que los responsables del enorme daño causado a los argentinos en 2001 no tuvieron que responder por sus delitos. Los efectos de juzgar, cuando lo hace un tribunal idóneo y confiable, no solamente se limitan al castigo. Pueden marcar un camino.
 
Hipótesis: no hay ni puede haber un Nunca Más sin memoria, verdad y justicia.
 
Este gobierno planteó, en sus primeros días, la necesidad de que la Argentina trace dos líneas rojas: un Nunca Más a "los sótanos de la democracia" (en la primera asamblea legislativa de Alberto Fernández, al asumir la presidencia, el 10 de diciembre de 2019) y un Nunca Más a "un endeudamiento insostenible" (en su segunda asamblea legislativa, el primer día del período de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo de 2020).
 
Sin soslayar el efecto que tuvo la pandemia, dos años más tarde esas premisas parecen más lejos que entonces: el Poder Judicial actúa cada vez más abiertamente como un actor parapolítico que no está expuesto a supervisión ni sanciones, mientras que el ciclo de endeudamiento que abrió Macri parece cada vez más lejos de una conclusión definitiva.
 
"Hoy vengo a manifestar frente a esta Asamblea y frente a todo el Pueblo Argentino, un contundente Nunca Más. Nunca Más a una justicia contaminada por servicios de inteligencia, operadores judiciales, procedimientos oscuros y linchamientos mediáticos. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos del poder de turno. Nunca más a una justicia que es utilizada para saldar discusiones políticas, ni a una política que judicializa los disensos para eliminar al adversario de turno. Lo digo con la firmeza de una decisión profunda: Nunca más es nunca más", prometió Fernández en su primer discurso como presidente.
 
Fue el pasaje que despertó más aplausos, en el recinto y en la calle, y dominó las portadas de los sitios de noticias y las tapas de los diarios.
 
Dos años más tarde, el panorama es muy diferente. Esta semana, los jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal Porteña en Comodoro Py, decidieron echar por tierra la hipótesis de una asociación ilícita detrás de hechos comprobados de espionaje durante el gobierno de Macri.
 
"Si bien existen hechos objeto de esta pesquisa que podrían ser considerados ilegales, la prueba reunida no es suficiente para evidenciar la existencia de un plan masivo de inteligencia ilegal. Ello nos permitió descartar, de momento, la existencia de una asociación ilícita abocada a influir en la situación política, social y económica del país", escribieron. Llorens todavía no pudo justificar sus visitas a la Quinta de Olivos. Bertuzzi fue puesto en ese cargo a dedo por el propio Macri.
 
La línea de investigación suscrita por los camaristas, que rechazaron todos los pedidos de recusación, es que hubo una banda de espías que trabajaban en la AFI y hacían inteligencia ilegal sobre más de 300 objetivos, incluyendo opositores políticos, dirigentes de primera línea del propio macrismo (Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Diego Santilli, entre otros) y hasta familiares del entonces presidente sin que en la Casa Rosada ni en el despacho del titular de la Agencia, Gustavo Arribas, se supiera del asunto.
 
El fallo revocó el procesamiento de Arribas y también confirmó la falta de mérito de Darío Nieto, el secretario personal de Macri, que cuando tuvo que hacer frente a una orden de allanamiento se encerró en su auto para borrar el contenido de su celular.
 
Esta causa de espionaje se había iniciado en Lomas de Zamora pero la cámara de Casación, también afín al expresidente, decidió en febrero de este año y con argumentos poco convincentes, pero que jamás serán revisados, trasladarla a Py, donde era cantado que la investigación acabaría por naufragar. Lo mismo puede suceder con la que involucra al espía Marcelo D'Alessio y el fiscal Carlos Stornelli, que esta semana confirmó su mudanza del Juzgado Federal de Dolores a Comodoro Py.
 
Las querellas temen que esta decisión sea la cabecera de playa para sacar de Dolores otras dos causas, que son las que más preocupan a Macri: la que investiga la instalación de bases de la AFI en el Gran Buenos Aires y la que va detrás del espionaje a familiares del ARA San Juan.
 
Lo que resulta claro a esta altura es que los tribunales siguen respondiendo a la misma matriz que diseñaron el expresidente y su mesa judicial, hecho que no se modifica por los fallos que tardíamente reconocen la inexistencia de delito en la mayoría de las causas con las que se intentó perseguir a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
 
La Corte del 2x1 desafía abiertamente al gobierno, esgrimiendo fallos como espadas, en una batalla que lesiona, antes que nada, a la institucionalidad del país. Los poderes electos por la voluntad popular quedan a la merced de cuatro tipos que nadie votó y que arrastran severos problemas de legitimidad. Es imposible, así, un Nunca Más a los sótanos de la democracia como prometió Fernández para su gobierno.
 
El otro asunto pendiente no solamente lo planteó el mandatario cuando habló, el 1° de marzo de 2020, de un "Nunca más a un endeudamiento insostenible", a "decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas y de espaldas al pueblo" y a "la puerta giratoria de dólares que se fugan dejando tierra arrasada a su paso".
 
La idea la había mencionado CFK tres semanas antes, el 8 de febrero en la Feria del Libro de La Habana, en Cuba, adonde había viajado a presentar su libro Sinceramente. Pero la vicepresidenta a su vez la había tomado de un tuit que había publicado dos días antes el ministro de Economía, Martín Guzmán, para celebrar la aprobación de la ley de Sostenibilidad de la Deuda: "Que este sea el principio de un Nunca Más a los ciclos de sobreendeudamiento".
 
Ese mismo 1° de marzo el presidente prometió una investigación sobre el proceso de toma de esa deuda con el FMI con consecuencias penales para los responsables. No se trataba de judicializar la decisión política de haber tomado el crédito, aún con los costos enormes que trajo para todo el país, sino las irregularidades que se detectaron en el trámite, que no solamente no pasó por el Congreso, algo que la ley en ese entonces autorizaba, sino que se salteó los pasos burocráticos mínimos que se establece para controlar esa clase de préstamos antes de asumir un compromiso de tal magnitud. El expediente está en manos de la jueza María Capuchetti, que responde a Daniel Angelici. No registró avances hasta ahora.
 
Así como la crítica lapidaria que hizo esta semana el FMI a la gestión de Macri de ese programa, reconociendo la fuga de capitales y la utilización política de los fondos asignados, es importante pero no alcanza si no se acuerdan condiciones convenientes para que la Argentina pueda afrontar esa deuda impagable; la negociación que lleva adelante Guzmán es importante, urgente y hasta puede resultar exitosa, pero nunca alcanzará, por sí sola, para clausurar la puerta y que otros gobiernos no vuelvan a sobreendeudar al país, en una nueva versión de nuestras crisis recurrentes.
 
Solamente una investigación detallada, transparente y ante los ojos de la sociedad puede construir el consenso necesario que se requiere para dar ese paso.
 
Los tiempos se aceleran. Los protagonistas de la última crisis no tardaron veinte años en lavarse la cara, como sucedió con sus correligionarios de 2001, sino que ya, apenas dos años después de dejar el país arrasado, ya dan consejos a través de sus cuentas en las redes sociales y pronto volverán a emitir sus diagnósticos y opiniones en canales de televisión, sin que nadie les pregunte o los cuestione por su rol en aquel desastre.
 
La próxima crisis no va a tardar dos décadas en llegar; está a la vuelta de la esquina si no se hace nada para evitarlo. Ahí van los compromisos del Frente de Todos: nunca más crisis, nunca más lawfare, nunca más deuda. Pero sin memoria, verdad y justicia no puede haber Nunca Más.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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