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                  23:09  |  Miércoles 26 de Enero de 2013  |  Entre Ríos
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“En política no hay que reír ni llorar, sólo comprender”, Baruch Spinoza. "La derrota tiene algo positivo, nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo, jamás es definitiva", José Saramago.
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Entre Ríos - 19-12-2021 / 21:12
PANORAMA POLÍTICO PROVINCIAL

Pase sanitario, para no volver a cuarentenas rigurosas

Pase sanitario, para no volver a cuarentenas rigurosas
En el Gobierno no quieren volver a las cuarentenas rigurosas para frenar los contagios. En la “primera ola” el principal método de prevención posible fue la cuarentena, porque no había vacuna, ahora hay vacunas lo que permite cuidar la salud y la economía. Si aumentan los contagios, se implementará el Pase Sanitario, que tendrá fecha de término, para estimular la vacunación y disminuir el riesgo de contagio en los eventos masivos, apelando a la responsabilidad personal y social de todos.
Argentina está en una situación epidemiológica relativamente favorable, gracias a la alta tasa de vacunación, que ha disminuido la mortalidad de manera significativa. Las vacunas han demostrado su efectividad para prevenir los casos graves y los ingresos a terapia en los hospitales. Pero no se descarta un posible rebrote por las nuevas cepas del coronavirus registradas en otros países. Es inevitable que Ómicron llegue al país y se propague, pero hay un 65% de la población inmunizada para enfrentarla. Y no es el techo, porque se está convocando a completar el esquema de vacunación.
 
Los gobiernos no esperan para actuar. Gustavo Bordet quiere evitar un nuevo brote de coronavirus en la provincia y para eso debería lograrse al menos un 80% de la población vacunada con las dos dosis del cronograma inicial. En Entre Ríos ese porcentaje alcanza hoy al 65% y, con la obligación del uso del Pase Sanitario, más gente será inmunizada y menor será el riesgo colectivo. El objetivo, apunta a los no vacunados o con vacunación incompleta.
 
En el Gobierno no quieren volver a las cuarentenas rigurosas para frenar los contagios. En la "primera ola" el principal método de prevención posible fue la cuarentena, porque no había vacuna, ahora hay vacunas lo que permite cuidar la salud y la economía. Si aumentan los contagios, se implementará el Pase Sanitario, que tendrá fecha de término, para estimular la vacunación y disminuir el riesgo de contagio en los eventos masivos, apelando a la responsabilidad personal y social de todos. La nueva tendencia mundial, en los países de alta tasa de vacunación como Argentina, va en ese mismo sentido.
 
Estamos en medio de una emergencia sanitaria, y en ese marco, el Gobierno debe tomar medidas que no son simpáticas, pero que  se pueden y deben adoptar. El Pase Sanitario establecería la obligatoriedad de presentar el certificado de vacunación -con los esquemas completos- para personas que quieran acceder a eventos y actividades de concurrencia masiva, como bares, restaurantes, fiestas, boliches, reparticiones públicas y otros ámbitos donde existan riesgos de contagio de Covid-19.
 
La medida apunta evitar "nuevas olas", como se está viendo en Europa y en otros lugares del mundo. También a la protección de la salud colectiva y las actividades económicas que hoy se vienen desarrollando en la provincia. En los países del primer mundo no se escucha a la oposición decir que el gobierno quiere restringir libertades, esto pasa solo con los fanáticos antivacunas. Se prioriza la vida de las personas y que la economía siga funcionando.
 
El Pase Sanitario y la vacunación dejarán atrás cuarentenas duras a las que nadie desea volver. Bajo ningún punto de vista se obliga a vacunar a nadie; sí se exigirá un Pase Sanitario para realizar determinadas tareas en la provincia. Además el Pase, sirve para preservar el funcionamiento de las actividades que ya están habilitadas. Con esta medida, se favorece la continuidad de la recuperación económica de Entre Ríos.
 
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 Pase sanitario, para no volver a cuarentenas rigurosas 
 
Mala praxis opositora
 
La oposición abusa de su poder y no le importa las consecuencias de sus acciones. Dejar sin Presupuesto a un gobierno configura mala praxis. Reconoce un solo antecedente desde 1983, aplicado por el "Grupo A" versus la ex presidenta Cristina Fernández. La Ley de Leyes es necesaria. La buena fe y la costumbre democrática aconsejan dejar esa herramienta en manos del Ejecutivo. La prórroga por decreto del Presupuesto anterior, imprescindible pero menos seria que cualquier Ley de Leyes actual, genera desorden administrativo, ralentiza la gestión. Se damnifica a la ciudadanía en pleno.
 
Los Presupuestos de Mauricio Macri fueron dibujos incumplidos. Nunca presentó un plan económico como el que le exige a Alberto Fernández. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no pasó por el Congreso. La oposición no resiste un archivo, pide lo que no hizo. Competir en dureza es la jugada única para la principal oposición. Diferenciarse dialogando, mostrarse institucionalistas parece perdedor, piantavotos. A más gritos, mejor rating.
 
La búsqueda de consensos básicos y el diálogo político al que quería convocar el oficialismo en la última etapa de la campaña electoral van a tener que esperar. El bloqueo del presupuesto 2022 entorpece la negociación con el FMI y busca desestabilizar al gobierno. El escenario que blanqueó el rechazo opositor abre interrogantes sobre cuál será la estrategia del gobierno para tratar en el Congreso el plan económico plurianual que requiere el FMI para poner la firma a la "reestructuración" de la brutal deuda de $44 mil millones de dólares que contrajo Mauricio Macri, en 2018.
 

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Apuesta fallida
 
Durante gran parte de la sesión en Diputados el Frente de Todos apostó al enfrentamiento interno de la UCR debido a los cruces de las últimas semanas y al dictamen en minoría que el martes habían firmado "los renovadores" del bloque conducido por Rodrigo De Loredo. Pero finalmente no hubo cisma.
 
El viernes finalmente hubo lista de unidad en el centenario partido con Gerardo Morales como nuevo presidente y Martín Lousteau, factótum de "Renovación radical", como vicepresidente segundo de la UCR. Hay un convencimiento de que el "renacer" del radicalismo sólo podrá consolidarse en unidad y en permanente diálogo con los socios de Juntos por el Cambio.
 
Esa fue la base del sorpresivo encuentro entre el gobernador jujeño y Macri, que lo recibió en su reposera en la quinta Los Abrojos. Luego el flamante titular de la UCR dijo que "coincidimos en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer Juntos por el Cambio. Vamos a trabajar en un plan serio que tenga como premisa el desarrollo productivo y económico de todas las provincias".
 
Morales, Lousteau y el diputado Facundo Manes son los pre candidatos presidenciales que ofrece el radicalismo para la disputa interna hacia 2023. Macri, en privado, ya no descarta volver a competir por la primera magistratura pero en su espacio debería hacer frente a las aspiraciones de la polémica Patricia Bullrich y de Horacio Rodríguez Larreta, hoy inmerso en un estratégico perfil bajo.
 
En medio del fragor legislativo hubo miradas torvas hacia el nuevo titular del radicalismo ante la sospecha que, en acuerdo con Sergio Massa, con quien mantiene una alianza en su provincia, mandara a sus legisladores a abstenerse para favorecer una ulterior estrategia del Frente de Todos. Finalmente, no hubo acuerdo para volver a discutir en comisión el proyecto y en la votación en el recinto, todo el arco opositor optó por el irresponsable rechazo.
 

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Bienes personales
 
El plan opositor para dinamitar el acuerdo con el FMI y desestabilizar la economía tiene otra pata: desfinanciar al Estado. Esa actitud se vio en la moción elevada por Silvia Lospennatto (PRO), que forzó la convocatoria del martes próximo para que la comisión de Presupuesto debata cambios en el impuesto de Bienes Personales, que viene con media sanción del Senado, con un impacto fiscal no considerado en las negociaciones con el Fondo. La oposición intentará rebajas en el tributo a contramano de los deseos de la Casa Rosada, como bien dejó sentado ayer Alberto en el acto en San Vicente.
 
Adicionalmente, preparan una presentación ante el Poder Judicial para rebajar las alícuotas de ese impuesto que Fernández había elevado gracias a poderes conferidos por la ley de solidaridad social de diciembre de 2019. Argumentarán que la prórroga prevista por la ley corre para la asignación de partidas pero no para las facultades delegadas. No sólo quieren evitar que se cobre el impuesto previsto para el año que viene; pedirán que la AFIP devuelva parte de lo que se recaudó este año.
 
Una muestra del nuevo tablero político que decantó las elecciones legislativas, es el escenario hostil con el que deberá convivir el oficialismo en 2022 para intentar imponer reformas.
 
La agresividad macrista podría motivar nuevos proyectos de ley: reformas laborales neoliberales, supresión de la indemnización por despido... Llamar a movilizarse en defensa del Presupuesto o del Consejo de la Magistratura es inviable: están fuera del radar de la gente común. Pero un ataque a conquistas populares o laborales tiene que enfrentarse en la calle. La participación ciudadana estará en agenda el año que viene.
 

Pase sanitario, para no volver a cuarentenas rigurosas 
 
Partidas discrecionales
 
Si bien el Ejecutivo podrá disponer de mayor discrecionalidad al no contar con un presupuesto, en la oposición aseguran que una ley tampoco evitaría la reasignación de partidas que usualmente ejecuta Jefatura de Gabinete. Si el rechazo hizo mella en la estrategia del Palacio de Hacienda de exponer los consensos necesarios para seducir al FMI. Por eso, el viernes pasado el Presidente mantuvo una videoconferencia con la titular del organismo, Kristalina Giorgieva, para intentar llevar tranquilidad a los burócratas de Washington.
 
Más allá de las buenas intenciones que comunicaron ambas partes, aún persisten las diferencias. Por eso el ministro Martín Guzmán (Economía) aún no envío al parlamento el plan plurianual, el mismo que Fernández había estimado oficializar a comienzos de diciembre.
 
Son muchos los interrogantes que rodean al oficialismo ¿por qué no decidió debatir el Presupuesto semanas atrás con la anterior composición parlamentaria que le aseguraba mayoría en ambas cámaras? ¿Y en medio de un nuevo agrietamiento, cómo convocará a la oposición a debatir este programa de metas que requiere el Fondo para cerrar el eventual acuerdo?
 
Un alto funcionario consultado reconoció que "no podíamos enviar al Congreso el plan plurianual hasta tanto no hayamos avanzado con el Fondo". Por consiguiente, aún restan acordar cuestiones tales como la reducción de la brecha cambiaria o el ajuste en el gasto social que demanda el FMI para achicar el déficit fiscal.
 
Aunque en Economía afirman que el principal objetivo es la lucha contra la inflación, la licuación del gasto que provoca la suba generalizada de precios resulta un aliado importante en este objetivo. Por ello, terminaron dándole la derecha a la oposición parlamentaria en que la previsión de un IPC del 33% para el año próximo no es realista y se comprometieron a "revisar" a mediado de 2022 la previsible suba de la recaudación del IVA.
 

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Rechazaron el Presupuesto 2022, votando contra Entre Ríos
 
El gobernador Gustavo Bordet criticó a la oposición, luego de que hiciera caer el proyecto de Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados de la Nación. Como chico con juguete nuevo, la alianza radical-macrista no pudo esperar para estrenar su nuevo poderío parlamentario y dejó al país entero sin presupuesto. Paradójicamente, con la derrota legislativa el Gobierno nacional gana discrecionalidad en el manejo de fondos. ¿Quién pierde?, las provincias que habrían logrado asegurarse con fuerza de ley beneficios que ahora deberán volver a gestionarlo.
 
Para Entre Ríos, por ejemplo, la caída del presupuesto es también la caída de un plan de obras que se iba a ejecutar en los municipios y que incluía escuelas, comisarías, hospitales, viviendas, pavimentación de caminos, obras de agua potable y cloacas. Pueden perder también los jubilados entrerrianos porque se cae la transferencia automática de fondos que estaba prevista para las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales a la Nación.
 
El voto negativo al presupuesto es un voto en contra de los usuarios de los servicios de transporte público de pasajeros de corta y media distancia del interior del país, ya que el proyecto preveía un partida de 46 mil millones de pesos para compensar los desequilibrios financieros del transporte público en las provincias. Es además una cachetada a los docentes porque deja sin vigencia el Fondo Nacional de Incentivo Docente que finaliza el último día de este año e implica una pérdida de más de 2 mil millones de pesos cuyo destino original era el bolsillo de maestros y profesores entrerrianos.
 
Buena parte de esos beneficios para la provincia, como el plan de obras donde estaba la terminal de ómnibus y la defensa y paseo ribereño en Paraná, la pavimentación de la ruta 12, la 18, la 127, la 131, los accesos a pueblos como Aranguren y Hernández, entre tantas otras, no estaban previstos en el proyecto de presupuesto que fue enviado por el Ejecutivo nacional hace varios meses y su inclusión demandó un esfuerzo del Gobierno provincial y los diputados nacionales oficialistas.
 
Lo que originalmente era un proyecto de presupuesto mezquino para con Entre Ríos, se transformó en una herramienta que garantizaba respuestas concretas a necesidades de la provincia. A pesar de ello, los diputados nacionales entrerrianos de Juntos por el Cambio: Marcela Ántola, el porteño Rogelio Frigerio, Pedro Jorge Galimberti, Gustavo René Hein y Gabriela Lena, votaron en contra dando un ejemplo de disciplina partidaria sobre los beneficios para la provincia que deberían representar.
 
Los intereses de los entrerrianos estaban representados en el presupuesto 2022, pero pudo más el mandato de la cúpula porteña de Juntos por el Cambio, más entusiasmada con la posibilidad de poder restregarle en la cara una derrota al oficialismo que con la responsabilidad de sacar al país de la severa crisis en la que se encuentra, gracias al desastroso gobierno de Mauricio Macri.
 
Los intendentes justicialistas, indignados por lo que entienden como un comportamiento destructivo por parte de la oposición radical-macrista, preparan un repudio conjunto al voto de los diputados opositores. En la misma línea también se manifestarán algunas cámaras de comercio y asociaciones empresariales que tenían la ilusión de contar con herramientas de crecimiento y generación de riqueza que fue derrumbada con el voto opositor.
 
En declaraciones previas al tratamiento del proyecto, alguno de los diputados opositores habían anticipado que en general votarían en contra, pero que irían por la positiva cuando se trataran en particular los artículos que benefician a la provincia, reconociendo lo que era positivo para Entre Ríos.
 
Dicha estrategia, la de votar en contra en general y a favor en particular, podría haber sido razonable en un contexto en el que estuviera asegurada la aprobación en general del proyecto, como ocurriera en años anteriores cuando el oficialismo tenía mayoría propia, pero no tiene sentido en las condiciones actuales en las que el oficialismo necesita del acompañamiento de por lo menos una parte de la oposición para aprobar cualquier cosa.
 
Lo que ocurrió fue que los diputados nacionales, radicales y macristas, votaron en contra cuando se puso a consideración el proyecto en general y, como era previsible para cualquiera que supiera contar, luego nadie tuvo posibilidad de votar en particular ninguno de los artículos porque el proyecto se derrumbó.
 

Quienes rechazaron el Presupuesto Nacional 2022, votaron contra Entre Ríos 
 
"Lamento que el egoísmo se imponga sobre el diálogo", dijo Bordet
 
Ante tanta ineptitud, el gobernador Bordet fustigó a la oposición: "El desarrollo del país y de la provincia exige que actuemos con responsabilidad. En especial las personas que fuimos elegidas por el voto de las y los vecinos. Pero el rechazo de la oposición al presupuesto nacional 2022 en la Cámara de Diputados expresa lo contrario", dijo a través de Twitter.
 
Y agregó: "El presupuesto 2022 contemplaba recursos y obras muy importantes en distintas localidades de Entre Ríos. Obras que a mucha gente les daría la posibilidad vivir mejor. Haber rechazado ese presupuesto dista mucho del compromiso que algunos legisladores asumieron en campaña".
 
"Lamento profundamente que el egoísmo se imponga sobre el diálogo y el acuerdo en un debate como el del presupuesto. Para sacar el país adelante necesitamos gestos de grandeza que antepongan los intereses del pueblo por encima de cualquier posicionamiento político", cerró.
 

Quienes rechazaron el Presupuesto Nacional 2022, votaron contra Entre Ríos 
 
El Presupuesto incluía inversiones históricas para Entre Ríos
 
Por su parte, el diputado nacional Tomás Ledesma cuestionó el rechazo de la oposición al proyecto de Ley de Presupuesto 2022 y señaló las consecuencias que tendrá la decisión para el territorio provincial. El diputado indicó que la oposición, "con estas decisiones, manifiesta claramente que no es el bolsillo del trabajador, y de las y los argentinos de a pie el que les preocupa mejorar, porque no aprobar el presupuesto implica negar importantes inversiones en materia de obra pública, salud, educación y asignaciones sociales al pueblo argentino".
 
Respecto a las inversiones previstas para Entre Ríos, el camporista señaló que "este proyecto, que la oposición eligió no aprobar, incluía inversiones históricas en materia de agua potable, saneamiento, vialidad, salud, entre otras, que hubiesen beneficiado para Entre Ríos. Con desarrollo, crecimiento, pero sobre todo, generación de más puestos de trabajo y mejoramiento de la calidad en los servicios públicos necesarios. Entre algunas de las obras que incluía estaba la terminal de ómnibus y la defensa y paseo ribereño en Paraná, la pavimentación de la ruta 12, la 18, la 127, la 131, los accesos a pueblos como Aranguren y Hernández, entre tantas otras", enumeró.
 

Quienes rechazaron el Presupuesto Nacional 2022, votaron contra Entre Ríos 
 
Quedó clara la irresponsabilidad de Cambiemos
 
También la diputada nacional Blanca Osuna criticó la postura de la oposición macrista que rechazó el Presupuesto 2022 presentado por el Ejecutivo y defendido en comisión por el ministro Martín Guzmán.
 
Osuna destacó que el Gobierno cumplió con todas las instancias previas al envío del proyecto de ley y agregó: "La Argentina viene avanzando, que los recursos del Estado tienen para sostener las políticas activas están. Ahora viene una tarea más pesada que tendrá que desarrollar el Ejecutivo al no contar con esta ley para llevar adelante estas acciones que no se pueden detener".
 
"Hay un posicionamiento extremo sin considerar lo que implica", criticó y remarcó que "un presupuesto es la preservación de recursos para el desarrollo del país". La legisladora señaló que la oposición "tiene un nivel de dispersión, de disgregación importante y la unifica la beligerancia en contra del gobierno. Todos los matices que los diferencian se licuan en ese posicionamiento".
 

Entre Ríos: nueva meca del macrismo porteño 
 
¡Qué bien que le van a venir los fueros legislativos!
 
La Oficina Anticorrupción (OA) denunció este lunes al ex ministro del Interior del gobierno de Cambiemos, el porteño Rogelio Frigerio, por los presuntos delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádivas y cohecho" por una serie de operaciones inmobiliarias en las que aparece como inversor y firmante de la venta de terrenos fiscales para un emprendimiento a cargo de la constructora de Nicolás "Niky" Caputo, un estrecho amigo y colaborador de Mauricio Macri.
 
Según la denuncia, el porteño Frigerio había comprado un departamento desde pozo que estaba a cargo de la empresa Koolhaas, cuyos responsables son -según la denuncia- Ariel Naistat y Gustavo Esses. Antes de la escrituración, la empresa accedió a la compra de unos terrenos fiscales que puso en venta la agencia de bienes del Estado AABE, cuyo traspaso fue firmado por el propio Frigerio.
 
Esos terrenos están ubicados en el barrio porteño de Belgrano, asignado a un proyecto inmobiliario de departamentos de lujo para compradores de alto poder adquisitivo. El desarrollo del proyecto fue asignado a la constructora de Caputo y, según explica la denuncia, un mes después de la adjudicación del terreno a la empresa Koolhaas el entonces ministro macrista Frigerio suscribió la compra de otro departamento, también desde pozo.
 
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