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Entre Ríos - 05-12-2021 / 09:12
NEGACIONISTAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

Marcelo Boeykens: Estamos sorprendidos por la actitud de concejales de Concordia

Marcelo Boeykens: Estamos sorprendidos por la actitud de concejales de Concordia
El titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens, se refirió a la falta de quórum para que una actividad sobre Derechos Humanos sea declarada de interés en Concordia. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
Marcelo Boeykens, titular del Registro Único de la Verdad, hizo alusión a la polémica situación que tuvo lugar en Concordia, donde concejales de la oposición -pero también del oficialismo- no acompañaron la declaración de interés de una actividad sobre Derechos Humanos que tendrá lugar el martes próximo. "No sabemos qué fue lo que llevó a los concejales a no declarar de interés una medida reparatoria, vinculada a la memoria de nuestro pasado reciente". El martes a las 12 el Regimiento N° 6 va a ser señalado como centro clandestino y de tortura.
 
"Es una señalización que se hará en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Provincia y el Municipio", indicó el funcionario. Boeykens se mostró además sorprendido por las declaraciones de ediles de la oposición, como Carola Laner: "Reivindicó la teoría de los dos demonios. Agitó fantasmas del pasado, de teorías resueltas, que nuestro Estado y las provincias habíamos entendido que era el camino. Las políticas de memoria, verdad y justicia para consolidar la democracia".
 
La Opinión Popular
 
 
¡Ni un paso atrás!
 
Fue en Concordia, cuando se pretendía tratar un proyecto de ordenanza para declarar de interés la señalización de un centro clandestino de detención. Los concejales de la bancada de Juntos por el Cambio, a los que se sumaron dos peronistas, dejaron sin quórum la sesión luego de proferir discursos negacionistas y de impulso a la teoría de los dos demonios. Aquí, la reflexión al respecto del titular del Registro Único de la Verdad, Marcelo Boeykens.
 
El Concejo Deliberante de Concordia trató -o debía tratar -un proyecto de declaración de interés relativo a la señalización del Regimiento de Caballerías, Tanques Nº6 Blandengues de Concordia como Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDyT), en donde surgieron planteos que azuzaron nuevamente la teoría de los dos demonios para finalmente no tratar el proyecto por haber dejado sin quorum la sesión, incluso integrantes del propio oficialismo concordiense. Ante ello creo oportuno hacer algunas consideraciones desde la coordinación del Registro Único de la Verdad.
 
"La exigencia de que Auschwitz no se repita es la primera de todas en la educación"
 
Theodor Adorno 1
 
En los últimos años nuestro país ha realizado denodados esfuerzos en materia de Derechos Humanos, particularmente en las políticas de Verdad, Memoria y Justicia, no solo con la reapertura de las causas en donde se investigan crímenes de lesa humanidad, sino también en el orden de políticas reparatorias, en políticas de educación y memoria, en recuperación de espacios y sitios de la memoria, en restitución de identidades, en la búsqueda de restos, entre otras muchas políticas públicas vinculadas a lo que fue nuestro pasado reciente, lo que nos ha colocado en un ejemplo en el terreno internacional de los derechos humanos.
 
Asimismo es importante destacar que las obligaciones estatales (tanto del Estado-Nación como de los Estados sub nacionales -Provincia y Municipios-) dirigidas a asegurar la memoria, la verdad y la justicia por los crímenes de lesa humanidad abarcan el deber-obligación del Estado de asegurar el derecho a la verdad de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sus familiares y la sociedad en su conjunto. En particular, el derecho a conocer lo ocurrido, la identidad de los autores y las causas, los hechos y las circunstancias en que éstos acontecieron; y producir información, permitir acceder a ella y difundirla activamente como garantía para evitar su repetición - el NUNCA MAS-.
 
Son numerosos los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como también de Naciones Unidas que han reconocido el derecho a la verdad. Este derecho a la verdad tiene una dimensión individual, que implica el derecho de las víctimas y sus familiares a recibir información sobre lo que aconteció y sobre el destino de sus seres queridos; y una social, relacionada con el derecho de la sociedad toda a conocer su pasado reciente.
 
El derecho a la verdad también es parte fundamental del derecho a la libertad de expresión y al acceso a la información pública. Como tal, implica que la sociedad tiene derecho a ser informada de todo lo sucedido con relación a las graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo en sus territorios. Para cumplir con ese deber-obligación, el Estado debe implementar mecanismos adecuados de acceso a la correspondiente información y debe realizar, un esfuerzo sustantivo y aportar todos los recursos necesarios para reconstruir la información, dar accesibilidad y visibilidad a los acontecido, como es el señalamiento se sitios de la memoria.
 
En tal sentido para el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados deben adoptar medidas de carácter simbólico, en concepto de reparación moral y colectiva y para dar cumplimiento al deber de recordar, "en las esferas siguientes:
a) reconocimiento público por el Estado de su responsabilidad;
b) declaraciones oficiales de restablecimiento de la dignidad de las víctimas;
c) actos conmemorativos, bautizo de vías públicas, monumentos, etc.;
d) Homenaje a las víctimas; narración fiel, en los manuales de historia y de formación en derechos humanos, de las violaciones de excepcional gravedad perpetradas durante el periodo de referencia" 2.
 
La verdad de lo acontecido en espacios como el Regimiento de Concordia cobra un peso simbólico sustancial en las disputas por el sentido de lo acontecido en el pasado reciente y es por esta razón que los familiares y organismos hace años levantan las banderas de ¨verdad, memoria y justicia¨ y del ¨juicio y castigo¨. (Foucault: 1980) 3, por ello es necesario reafirmar en esas disputas que no es comparable los crímenes de estado, el plan sistemático de extermino que las acciones de organizaciones no estatales. Lo que en palabras de Bourdieu (2015)4 sería descripto como la "efectividad simbólica de la ley" o de una sentencia judicial o de un reconocimiento estatal. El reconocimiento oficial de las víctimas de estado como tales y de sus historias por el propio Estado contrasta con aquellas narrativas legitimadoras del terrorismo de Estado, algunas revividas en la sesión del Concejo Deliberante de Concordia, contrasta con la violencia simbólica que aquellas representan y que negaban los crímenes cometidos - el negacionismo- a la vez que desacreditaban y pretenden seguir desacreditando de las denuncias de las víctimas. Es sumamente ejemplificativo lo que narraban las víctimas del holocausto , ¨aunque sobrevivan para contarlo, nadie les creerá" les decían los SS nazis a los prisioneros en los campos de exterminio, ello ha sido terriblemente revictimizante y un Estado que escuche a las víctimas, a sus familiares y sus testimonios traduciéndolos en una reconstrucción de los hechos por ejemplo como base del fundamento de una sentencia - Harguindeguy /Appiani- es una instancia bien diferente en la legitimación de un discurso creador de sentidos. Que se haya podido reconstruir el derrotero de presos políticos y de Jorge Emilio Papetti en base a testimonios, sobre todo de su madre y hermana, y documentación recuperada por el Registro Único de la Verdad- Estado Provincial-, es parte de la reparación simbólica a las víctimas, familiares y a la sociedad concordiense en su conjunto.
 
En este orden de ideas es que el Estado Nacional y nuestro Estado Provincial a través de leyes, Ley Provincial Nº10.881 que adhiere a la Ley Nacional N° 26.691, declara Sitios de Memoria del Terrorismo de Estado a los lugares que funcionaron como Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio, o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de Estado, ejercido en el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, como fue el caso del Regimiento de Caballería de Tanques 6 "Blandengues" de Concordia, como ámbito de excepción, entendiendo por tal aquél que concreta espacial y físicamente el estado de excepción del que nos habla Giorgio Agamben (2004)5, como paradigma de gobierno dominante de los totalitarismos modernos, lugares de no derecho.
 
Este 7 de diciembre las 12 horas se va a señalizar el Regimiento de Concordia, por donde pasaron decenas de presos políticos y desde donde fue secuestrado y desaparecido Jorge Emilio Papetti en el año 1977, conforme ha quedado acreditado en sendas sentencias tramitadas ante la Justicia Federal de Entre Rios - Causa Harguindeguy y Causa Appiani-. Esta señalización consiste en la colocación de un cartel visible en el acceso a éste CCDyT.
 
Esta marca -que tiene una identidad gráfica y visual que se mantiene en todo el país- interpelará a los habitantes de Concordia, la Provincia, a sus visitantes y al personal que se desempeña aún en el Regimiento con el objetivo de promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado y el respeto por los derechos humanos y los valores democráticos. Además, constituirá un explícito reconocimiento a las víctimas y a sus familiares, tal como mandan los compromisos asumidos internacionalmente por nuestro país, incluido el Concejo Deliberante de Concordia que parece haberse abstraído territorialmente de nuestro país y con ello de la responsabilidad internacional en que lo coloca.
 
Por todo ello consideramos de suma gravedad institucional lo acontecido en el Concejo Deliberante de la ciudad de Concordia y ha de ser repudiado por el conjunto de las fuerzas políticas no solo que integran el Frente de Todos sino por todas las fuerzas democráticas, pues constituye un enorme paso atrás. Vale aclarar que gobiernos de distintas provincias de distintos colores políticos, como Santa Fe , Córdoba y CABA, se han dado claras políticas vinculadas a la memoria pedagógicas, a los espacios y sitios de memoria, por tanto es falaz como señalas algunas concejalas que se trata de una política sectaria de un espacio determinado.
 
Sres. y Sras. concejales y concejales de Concordia, son políticas de Estado y es obligación y deber de los mismos dar a conocer la verdad, reparar a la víctimas y contribuir a la no repetición de hechos que afrentan la condición humana. Están a tiempo de reflexionar y declarar de interés esta actividad antes del martes 7 de diciembre 12 hs.
 
¡Verdad, Memoria y Justicia... Siempre!
¡Nunca más!
¡Ni un paso atrás!
¡30 mil detenidos/as desaparecidos/as, presentes!
 
1. Adorno, Theodor W. (1996). "La Educación después de Auschwitz" - Conferencia en la radio Hesse, emitida el 18 de abril de 1966, Ediciones Morata, Barcelona.
2. Conf. Louis Joinet, Relator Especial de Naciones Unidas, "Informe final acerca de la Cuestión de la Impunidad de los Autores de Violaciones de los Derechos Humanos (civiles y políticos)", ONU, Consejo Económico y Social, E/CN.4/Sub.2/1996/18, 20 de junio de 1996.
3. Foucault Michel (1980); ¨ La verdad y las formas jurídica¨. Barcelona, Editorial Gedisa.
4. Bourdieu, Pierre ( 2005) . ¨La Fuerza del derecho: elementos para una sociología del campo jurídica¨'. Bogotá
5. AGAMBEN, Giorgio; Estado de excepción. Adriana Hidalgo Edit., 1ª ed., Bs.As., 2004, p.25/28.
 
Fuente: Página Política
 
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23-01-2022 / 22:01
El gobierno de Gustavo Bordet anunció una medida sanitaria preventiva, el Pase Sanitario, que permitirá el ingreso a ciertas actividades recreativas, como eventos masivos, fiestas en locales bailables y viajes, únicamente a personas con esquema de vacunación completa. El Pase Sanitario no obliga a vacunarse, solo impide entrar en determinados lugares si alguien no está vacunado. Esta decisión generó polémica, con voces a favor y en contra. Macristas gurkas, que responden a Mauricio Macri y Patricia Bullrich; y libertarios que siguen a Javier Milei, afirman que el Pase es una medida discriminatoria, autoritaria y violenta.
 
El Gobierno viene en debatiendo con antivacunas a los que sectores de Juntos por el Cambio acompañaron o lideraron un largo trecho. Pero, además de la oposición política, hay quienes quieren evitar ser inmunizados contra la covid-19 -sin presentar problemas de salud ni ser avalados por un médico- solo por no confiar en las vacunas por creencias personales o religiosas. Estas creencias están apoyadas en desinformación como la que difunde las organizaciones antivacunas.
 
No existe el "derecho" a enfermar a los otros. No existe el derecho a obligar a los demás ciudadanos a ser sujetos pasivos involuntarios de la ingesta de bebidas, humo de cigarrillo o alimentos nocivos, y no puede tampoco aceptarse una supuesta obligación de ser sujetos pasivos involuntarios de la introducción compulsiva de agentes nocivos en las vías respiratorias, ni puede reconocerse a nadie el "derecho" unilateral de contagiar y enfermar a los demás.
 
El Pase Sanitario es una medida preventiva y un incentivo para que los ciudadanos se vacunen, principalmente los más jóvenes. Hay que entender que cuando uno no se vacuna puede afectar a otros. Y no existen derechos absolutos en la Constitución: el derecho a la autonomía de la voluntad tiene limitaciones y una de ellas es cuando se pone en riesgo a un tercero. La libertad, como genérica e imprecisamente invocan los antivacunas, no es un derecho absoluto ni se encuentra por encima del derecho a la vida que implica el derecho a la salud.
 
No prosperan los amparos legales de los antivacunas contra la implementación del Pase Sanitario porque la medida no es inconstitucional. El Covid genera infecciones y contagios y está probado que las vacunas disminuyen su gravedad. Cuando las personas no se vacunan -y tienen libertad de no vacunarse- pueden transmitir el virus y eso puede colapsar el sistema de salud. Ese es el problema. Si la gente decide no vacunarse colapsará el sistema de salud y las terapias intensivas. Lo cual (vacunarse o no) deja de ser una cuestión personal (de libertad individual). No vale ese principio porque afecta a la salud pública. El bien jurídico en juego, no es la libertad individual sino la salud pública. Desde ese punto de vista no es inconstitucional.
 
La restricción de derechos no es irrazonable. No se obliga a vacunar ni se impone el encierro de personas. El Pase Sanitario no impide el desplazamiento, sino que impide la entrada a determinados lugares y actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario. Así como hay libertad de no vacunarse, hay que respetar la libertad de que no lo acepten en un lugar cerrado y muchas personas, sino está vacunado.
 
El juez federal de Paraná, Leandro Ríos, ante el pedido de una ciudadana sobre la inconstitucionalidad del pase sanitario, rechazó el planteo por no violar la normativa vigente. Los antivacunas son torpes cuando recurren al artículo 19 de la Constitución, que sostiene que toda aquella conducta que no afecte a terceros queda exenta de la voluntad de los magistrados. Siempre que "no afecte a terceros". Y este tema sí perjudica a terceros, porque afecta a la salud de los demás. Es improbable que algún juez les dé la razón y las chances que la Corte Suprema lo declare inconstitucional parecen hoy nulas.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 11:01
22-01-2022 / 11:01
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