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Nacionales - 04-12-2021 / 10:12
LA DEUDA BRUTAL Y EL ESPIONAJE ILEGAL

Macri procesado por espiar mientras el FMI analiza el insólito crédito que le otorgó

Macri procesado por espiar mientras el FMI analiza el insólito crédito que le otorgó
Ni los defensores más fanáticos del expresidente Macri se atreven a poner en duda las pruebas del seguimiento a las víctimas del ARA San Juan. Tampoco la excepcionalidad de crédito que le otorgó el FMI. Al tiempo que el juez Bava procesaba a Macri, el Fondo anunció que revisará los términos del préstamo que le dio. En la imagen: Mauricio Macri en reunión con los familiares de las víctimas del ARA San Juan durante su presidencia.
La decisión del juez Martín Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio la medida de su gobierno que será más recordada: el brutal endeudamiento que buscó condenar el futuro del país.
 
En la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo analice --antes de cerrar un acuerdo con su gobierno-- el enorme préstamo irregular con que el organismo pretendió respaldar la reelección de Macri. El FMI se abocará al análisis de cómo se gestó ese préstamo a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política.
 
Fue una farsa, planteada con total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle un año antes. Alberto había dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del "fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales".
 
Además, Macri acaba de ser procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no estaban en la línea del macrismo "paladar negro".
 
Las pruebas de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes, declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos. Más allá del resultado definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal responsable. El juez Bava, que dictó el procesamiento, hizo un paralelismo de esas prácticas con la dictadura.
 
El espionaje es un atropello al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo. Los tripulantes del ARA San Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y último responsable en la cadena de mandos era Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los hizo espiar. Quería saber cuál era la reacción de estas personas que atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran K y con quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el gobierno no abandone la búsqueda del submarino. En vez de contenerlos, la reacción fue espiarlos.
 
Al conocerse el procesamiento, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri, aunque varios de ellos también fueron espiados. De la misma forma reaccionó la corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son contundentes.
 
La Opinión Popular
 

 
MACRI PROCESADO MIENTRAS EL FMI ANALIZA EL INSÓLITO CRÉDITO QUE LE OTORGÓ
 
La deuda y el espionaje
 
La decisión del juez Martín Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio la medida de su gobierno que será más recordada: el enorme endeudamiento que buscó condenar el futuro del país.
 
En su discurso en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo analice --antes de cerrar un acuerdo con su gobierno-- el enorme préstamo irregular con que el organismo pretendió respaldar las aspiraciones de reelección de Macri.
 
El Fondo ya anunció que en dos semanas se abocará al análisis de la forma en que se gestó esa fabulosa entrega de dinero a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política. 
  
Los términos constituyeron una farsa, planteada con total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle en un año antes.
 
"La evaluación ex-post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después que se completa un acuerdo excepcional", señaló un comunicado del Fondo. Lo de "excepcional" es por los 57 mil millones de dólares que se acordaron en el préstamo a la Argentina, de los que se recibieron 44 mil millones. Según informó el organismo financiero, en la semana del 20 de diciembre, el Directorio Ejecutivo analizará el trámite antes de discutir con Argentina el nuevo programa de vencimientos.
 
Alberto Fernández había dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del "fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales". Y agregó: "necesitamos que el FMI haga esa evaluación. Eso va a ayudar a entendernos".
 
Si el Fondo asumiera verdaderamente la responsabilidad por las transgresiones graves que realizó en ese acuerdo, no tendría legitimidad para realizar ninguna exigencia ni condicionamiento.
 
Pero además del macrismo, la responsabilidad recae también en las grandes corporaciones que respaldaron ese despropósito y que ahora plantean condiciones como bajar impuestos, critican el control de precios y cuestionan cualquier negociación con China. La UIA militó el gobierno de Macri y salió con los tapones de punta cuando asumió Alberto Fernández, pero en esta reunión anual bajó las banderas de guerra y convocó a medio gabinete a participar en las mesas.
 
A la mayoría de esas empresas, el gobierno de Juntos por el Cambio les hizo perder plata (en sus términos, porque a ese nivel, todos tienen red). En cambio y a pesar de la pandemia, con el gobierno del Frente de Todos, ahora están en un nivel de producción superior al de 2019, donde los había dejado Macri.
 
Será un misterio para sociólogos la causa del respaldo ideológico de este sector a quienes lo perjudican y su oposición militante a los gobiernos industrialistas que lo favorecen. No es un hecho menor, sino generalizado. Aunque ganan plata, a estos empresarios les molestan medidas como los impuestos distributivos, la doble indemnización o el control de precios en situaciones de crisis. Con el macrismo pierden plata, pero nunca tendrían estos planteos.
 
Juntos por el Cambio instaló una nebulosa ideológica en la que el Estado y la gestión pública debían encararse como "negocios privados" y que entonces los más adecuados para conducirlos serían los empresarios, presentados como los grandes triunfadores de la época a partir de sus capacidades y méritos. Esa turbia metáfora explica algunos de esos posicionamientos poco explicables.
 
Mauricio Macri acaba de ser procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no estaban en la línea del macrismo puro.
 
En todos los casos, las pruebas de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes, declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos.
 
Más allá del resultado definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal responsable. El juez Martín Bava, que dictó el procesamiento, hizo un paralelismo de esas prácticas con la dictadura.
 
El espionaje es un atropello al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo. Pero además es la consecuencia de esa concepción metafórica casi infantil del Estado como empresa privada y del funcionario público como un patrón o gerente. Por eso formaron un gabinete con directivos de las corporaciones más importantes locales y transnacionales.
 
En la línea de esa metáfora, el presidente no es patrón ni gerente, sino más bien un empleado de los ciudadanos. Un empleado de lujo, pero empleado a sueldo. La idea del patrón que se promovió desde Juntos por el Cambio lleva implícita la idea del privilegio. La idea de empleado implica responsabilidad. La gestión pública es una responsabilidad y no un privilegio.
 
La idea de Estado patronal del macrismo, que fue votada por tantos empleados y trabajadores y asumida con entusiasmo por la mayoría de los empresarios, abre la puerta a los abusos. La utilización sistemática del espionaje como herramienta de control social se relaciona con esa idea descarnada de la supuesta superioridad que otorgaría el capital. La superioridad otorga privilegios y uno de ellos es la impunidad.
 
Los tripulantes del ARA San Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y último responsable en la cadena de mandos es el presidente de la Nación, que en ese momento era Mauricio Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los maltrató y los hizo espiar.
 
Quería saber cuál era la reacción de estas personas que atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran kirchneristas y con quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el gobierno no abandone la búsqueda del submarino hundido. En vez de contenerlos, la reacción fue controlarlos y espiarlos.
 
Al conocerse el procesamiento esta semana, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri, aunque varios de ellos también fueron espiados. De la misma forma reaccionó la corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son contundentes. Y la responsabilidad por ese sistema de Estado patronal no democrático los involucra.
 
Si la honestidad intelectual se sobrepusiera a los intereses partidarios y corporativos tendría que haber una preocupación extendida por el riesgo antidemocrático que implicó el sistema montado por el macrismo de persecución judicial a opositores, de represión a la protesta, de fake news o campañas mediáticas con información falsa y del espionaje como práctica sistemática de control social.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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21-02-2026 / 10:02
Mundo desequilibrado. Discuten el futuro de Palestina para convertirla en una Miami del Medio Oriente, pero no consultan a los palestinos. En Argentina, el gobierno de Javier "el Loco" Milei organiza el trabajo como una Disneylandia para empresarios, y no consulta a los trabajadores. A diferente escala, porque en el primer caso se oculta un genocidio. Pero los argentinos trajinan sus propias tragedias con el cierre brutal de empresas y miles de trabajadores lanzados a la calle.
 
El jueves, cuando en Buenos Aires Diputados aprobaba la reforma laboral, en el marco de un paro nacional muy masivo, en Washington el cipayo Milei, se deshacía en elogios al mandatario estadounidense Donald Trump, que se autoproclamó presidente vitalicio del Consejo de la Paz. Trump habló de sus proyectos inmobiliarios de pacificación en Gaza, sin hablar de desmilitarizarla primero, al mismo tiempo que amenazaba, pacíficamente, con bombardear a Irán.
 
En este Occidente en decadencia y tan desigual y desequilibrado suceden cosas insólitas. En medio de su relajado discurso, en el que insistió que "no me interesa el premio Nobel de la Paz, me importa salvar vidas, que quede claro", Trump detuvo su alocución para piropear al presidente paraguayo, Santiago Peña: "un joven hermoso y apuesto, pero a mí no me gustan los hombres jóvenes y apuestos, a mí me gustan las mujeres".
 
Al Consejo de la Paz se unieron 27 países, aunque a la reunión del jueves asistieron también representantes de la mayoría de los latinoamericanos y europeos, que prefirieron mantenerse en calidad de observadores.
 
El martes, cuando Milei abandonó el país, la empresa FATE anunció que cerraba las puertas de su fábrica de neumáticos y dejaba en la calle a 920 obreros. La mayoría de ellos tenía varias décadas de antigüedad en una empresa que se fundó hace 80 años y ha exportado neumáticos a Estados Unidos y Europa, pero no pudo resistir la apertura de las importaciones.
 
La destrucción de la Argentina productiva avanzó a velocidad de la luz con Milei. Primero fue la industria textil, después la de electrodomésticos, y ahora tocó el turno a industrias más consolidadas, como Techint de Paolo Rocca, o Fate de los Madanes.
 
Techint se trasnacionalizó, pero el sesgo progresista distinguió el crecimiento de Fate, con Aluar. El ministro de Economía de Perón, José Ber Gelbard fue socio de los Madanes en Aluar, cuando la empresa acogió a científicos que habían sido expulsados de Ciencias Exactas e Ingeniería por la dictadura de Onganía, como Manuel Sadovsky, Carlos Varsavsky y el ingeniero Humberto Ciancaglini.
 
En ese momento los titulares de la empresa eran Adolfo y Manuel Madanes, quien impulsó la participación de Gelbard y después las de Sadovsky y Varsavsky. Adolfo se resistía a las implicancias políticas que tenía el proyecto de su hermano. El actual dueño, Javier Madanes, es hijo de Adolfo y sobrino de Manuel.
 
Desde la gerencia de Investigación y Desarrollo impulsada por Sadovsky y Varsavsky se crearon mecanismos propios para la producción de aluminio, y se convocó a un grupo de ingenieros que décadas más tarde formaría parte del que fue el emprendimiento privado más estratégico de innovación tecnológica.
 

20-02-2026 / 10:02
La bronca desde abajo le impuso a la CGT el paro nacional. Fue contundente a pesar de los límites de la conducción y mostró que la reforma laboral esclavista de Javier "el Loco" Milei es socialmente ilegítima. Casi ningún colectivo, nada de trenes, nada de industria, el centro de la ciudad vacía, muchos comercios cerrados y en el conurbano la misma inactividad. La convocatoria al paro lanzada por la CGT y las dos CTA y militada por el Frente de Sindicatos Unidos tuvo un enorme respaldo. Pasada la medianoche se aprobó en Diputados con modificaciones. Ahora vuele al Senado.
 
El movimiento obrero no tiene la fuerza de los años del capitalismo industrial o de la sustitución de importaciones. Sin embargo, el acatamiento al paro fue de una masividad que debería llamar a la reflexión al Gobierno y a los miserables diputados que votaron la reforma laboral. Más que el movimiento obrero, el paro fue representativo de la mayoría de la sociedad. Hay rechazo al despojo de reivindicaciones históricas. Pero muchos de los que acataron el paro conocen poco la letra completa del proyecto de ley, pero interpretaron y rechazaron el sustrato de desprecio y discriminación a los trabajadores que conlleva la propuesta.
 
La carga de desprecio, el volumen de humillación y maltrato que sobrevuelan a toda la norma consolida la idea que quieren instalar de un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. El personaje profundamente mediocre y ofensivo de Federico Sturzenegger expresa un fanatismo tan vulgar, tan gris, que no alcanza a percibir el rechazo profundo que produjo en la mayoría de la sociedad. El economista que fracasó en los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri ha sido la cara visible de esta propuesta y al que todos acusan de haber intercalado la miserable iniciativa de pagarles la mitad del salario a los trabajadores enfermos.
 
Hay una narrativa antiderechos, antipolítica y antisindical que se construyó sobre defectos que existen pero que son excepcionales si se los compara con los beneficios, a los que esa narrativa desprecia o, al menos no valora. Todo lo que sea derechos constituye un robo. Los discapacitados mienten su discapacidad, los trabajadores mienten cuando dicen que están enfermos, los trabajadores nunca van a la universidad, los científicos son diletantes, la política y el sindicalismo solo sirven para robar.
 
Pero se les fue la mano y tuvieron que retirar la monstruosidad de pagarle la mitad a un trabajador enfermo. Eso no ocurría ni con los esclavos. Esa burrada es Sturzenegger puro. Esa narrativa tomó cuerpo en un sector de la sociedad y mucha gente votó esta gestión. Pero cuando empiezan a sacar derechos y obligaciones que buscaban asegurar a todos los ciudadanos como sujetos de derecho, la mayoría se siente afectada, incluso muchos de los que votaron al Loco Milei. Puede ser que haya otra explicación para este paro contundente, pero sería importante que el masivo acatamiento a esta convocatoria sirva para la reflexión de muchos de los diputados y senadores que aprueban esta norma que los marcará a fuego.
 
Pero toda la norma está concebida desde ese lugar donde se considera al trabajador poco menos que como un estafador con el que los autores de la norma están obligados a convivir. Por eso, los radicales, los gobernadores traidores de Catamarca, Tucumán y Salta, que se dicen peronistas, y los diputados misioneros, todos ellos que colaboraron en habilitar esta ley, quedaron muy lejos de la expectativa de sus votantes. El punto crítico para este gobierno será cuando ese enorme porcentaje que rechaza estas políticas se convierta también en rechazo a los que las impulsan.
 
Para impedir que se apruebe hay que multiplicar fuerzas, peleando por imponer un verdadero paro activo de 36 horas, que garantice una movilización masiva para impedir el retroceso en protección laboral.
 
La Opinión Popular
 

18-02-2026 / 10:02
Comenzó la reforma laboral y la empresa de neumáticos Fate resolvió el cierre definitivo de su planta en San Fernando tras 80 años. No hubo ninguna notificación ni aviso por parte de la empresa. La Policía ocupó la planta, demoró a Alejandro Crespo, secretario general del Sutna, e hirió con balas de goma a trabajadores, quienes ingresaron pacíficamente a la planta y desde ahí llaman a solidarizarse con su pelea contra el cierre. Los dueños culparon a la política de apertura de importaciones indiscriminadas del gobierno libertario de Javier "el Loco" Milei, que destruye cada vez más la industria nacional.
 
Con una cruda declaración pública que demuestra los daños del modelo económico del gobierno anarco capitalista en la producción nacional, la compañía propiedad de la familia Madanes Quintanilla aclaró que el anuncio no se trata de un concurso preventivo de acreedores y descartó una reestructuración o un plan de salvataje. Se trata del cierre total con liquidación de activos y pago de indemnizaciones conforme a la ley vigente. "Se liquida todo y se baja la persiana", sentenciaron.
  
En un comunicado, la firma dejó claro que la principal consecuencia de la decisión que deja en la calle a casi mil familias se debe a la política de apertura de importaciones impulsada por la administración de La Libertad Avanza (LLA). Fate estaba produciendo 150 mil neumáticos mensuales, el 25 por ciento de su capacidad. Hoy, el 75 por ciento de las ruedas del mercado son chinas. Los otros grandes jugadores del sector, Pirelli y Bridgestone, enfrentan situaciones similares.
 
"Los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre", dice el comunicado emitido a primeras horas de hoy por FATE. "Las indemnizaciones de ley y haberes pendientes se depositarán dentro del plazo legal", aseguró el texto.
  
La planta de San Fernando es una de las más grandes del país y tenía una capacidad productiva que superó los 5 millones de neumáticos por año. Sin embargo, esa eficiencia se vio sacudida por el ingreso de 860.000 cubiertas de origen chino importadas en un solo mes. La imposibilidad de competir con los precios obligó a Fate a rebajar sus productos y, consecuentemente, a dejar por el piso sus márgenes de ganancia.
 
Su cierre se trata de un evento anunciado. Desde 2024, la empresa había advertido sobre los golpes en su competitividad producto de la apertura económica indiscriminada que afecta la producción nacional. Durante los últimos dos años, la crisis comercial y productiva que hundió a la empresa fue erosionando la relación con los empleados, que a través de la representación gremial reclamó permanentemente sobre los daños al costo laboral, sueldos atrasados y reducción de jornadas de trabajo.
 
En su declaración, la compañía recordó que "a lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad".
 
"Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", destacó. Milei los liquidó.
 
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17-02-2026 / 10:02
El ministro de Economía, el endeudador serial Luis "Toto" Caputo, salió este domingo a interpelar públicamente al empresariado por la falta de respaldo explícito a la reforma laboral retrograda y esclavista impulsada por el Gobierno anarco capitalista. A través de un mensaje directo en redes sociales, el funcionario expresó su "asombro" ante lo que consideró una reacción tibia -o directamente nula- de las cámaras empresarias frente a los beneficios fiscales incluidos en el proyecto.
 
El reclamo de Caputo se produjo en un momento de alta tensión política y sindical, con la Confederación General del Trabajo convocando a un paro en rechazo al proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado y aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados. En ese contexto, el ministro buscó correr el foco del conflicto y presionar al sector privado para que se pronuncie en favor de una reforma que el Ejecutivo presenta como anti trabajadores.
 
El eje del planteo oficial es el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) y el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), dos herramientas que apuntan a reducir significativamente el costo laboral. La reforma permitiría bajar las contribuciones patronales por cada nuevo trabajador desde el 27 actual al 15 por ciento durante un período de 48 meses. En términos más amplios, la cuña laboral promedio se reduciría del 44 al 32 por ciento del salario bruto.
 
Pese a estos números, Caputo se mostró molesto por la falta de entusiasmo empresario. "Les bajamos un 85 por ciento las cargas patronales para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. ¡No salgo de mi asombro!", escribió en la red social X.
 
Sin embargo, el silencio por parte del empresariado expone una incomodidad que el Gobierno subestima. Voces del sector privado reconocen que la baja de cargas es un incentivo relevante, pero advierten que persisten dudas sobre la implementación del nuevo esquema, la estabilidad macroeconómica y la falta de políticas complementarias para reactivar la producción y el crédito. En sectores industriales, incluso, señalan que la reducción de costos laborales no alcanza si no hay demanda ni financiamiento.
 
Mientras el Gobierno ultra derechista exhibe el recorte de cargas patronales como una concesión histórica al empresariado, las principales cámaras evitan celebrarlo abiertamente, atrapadas entre el conflicto sindical, la incertidumbre económica y un modelo laboral que todavía genera más interrogantes que certezas.
 
Muchos empresarios están sensibilizados por los juicios laborales, pero hay que tener cuidado con la degradación de los derechos de los trabajadores, afecta la masa salarial, reduce el poder adquisitivo y por lo tanto achica aún más el mercado interno, con lo que a las Pymes les pega de lleno.
 
Los empresarios ni fu ni fa con la medida. En tanto, la CGT resolvió realizar un paro nacional para este jueves o el día en que se trate el proyecto oficial que destruye los derechos laborales de los trabajadores. El Gobierno libertario quiere que la Cámara de Diputados lo transforme urgente en ley, aunque si le hacen cambios volvería al Senado. La masividad de la medida está asegurada porque ya se sumaron los decisivos gremios del transporte.
 
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17-02-2026 / 08:02
El gobierno del anarco capitalista Javier "el Loco" Milei volvió a quedar en el centro del escándalo por un vergonzoso contrato estatal que cuestiona su prédica contra la "casta" y las prácticas de su gestión. La controversia gira en torno a una adjudicación millonaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI), entidad cuya directora ejecutiva es María Josefina Rouillet, esposa del ministro Federico "Pelado" Sturzenegger, el de la motosierra y el "achicamiento del Estado" para todos, menos para su esposa.
 
La contratación, formalizada mediante una disposición oficial publicada en el sistema COMPR.AR, asciende a 114.044.133 de pesos y contempla la capacitación en inglés de 132 empleados durante 2026. El procedimiento utilizado fue una "Adjudicación Simple por Especialidad", justificada en el expediente bajo el argumento de que la AACI era el único proveedor capaz de garantizar la continuidad del programa formativo. Sin embargo, el dato de que se registró una sola oferta -la de la propia entidad adjudicada- alimentó cuestionamientos sobre la competencia real del proceso.
 
El vínculo matrimonial entre Rouillet y Sturzenegger obligó a activar el mecanismo de integridad previsto por el Decreto 202/2017. En ese marco intervinieron la Oficina Anticorrupción y la Sindicatura General de la Nación, que confirmaron en dictamen la existencia de un vínculo familiar directo con un ministro nacional. Como respuesta, el área de Compras recomendó la firma de un Pacto de Integridad para prevenir conflictos de interés.
 
Aunque ese procedimiento se presentó como garantía de transparencia, especialistas en administración pública suelen advertir que estos mecanismos son correctivos y no sustituyen el principio básico de evitar situaciones que puedan generar sospechas de favoritismo. El hecho de que el Estado contrate a una organización dirigida por un familiar directo de un funcionario de alto rango, aun con controles formales, expone una zona gris difícil de conciliar con el discurso oficial contra los privilegios políticos de casta.
 
El caso no es aislado. Registros del mismo portal oficial muestran que Cancillería ya había contratado a la AACI en 2024 por 55.388.180 pesos para un servicio similar. En esa ocasión, la documentación pública no incluía un Pacto de Integridad ni permitía descargar el pliego completo, lo que suma interrogantes sobre la consistencia de los estándares de transparencia aplicados.

Desde su campaña presidencial, Milei construyó su identidad política en torno a la denuncia de la "casta" y la promesa de terminar con los beneficios para funcionarios y allegados. Sin embargo, episodios como este niegan esa narrativa. Si bien la contratación no fue declarada ilegal y siguió los pasos administrativos exigidos, el problema radica en el plano político: la percepción de que ciertos vínculos personales siguen teniendo acceso privilegiado a recursos públicos.

La defensa oficial se apoya en la legalidad de los procedimientos. Pero la discusión pública se mueve en otro terreno: el de la legitimidad ética y simbólica. En un gobierno que hizo de la austeridad y la lucha contra los privilegios su principal bandera, cada contratación que involucra familiares directos de altos cargos se convierte en una prueba de inconsistencia. Ya denunciaron penalmente a Sturzenegger.

 
El caso, lejos de cerrarse con la firma de un supuesto pacto administrativo, reabre el debate sobre hasta qué punto la promesa de terminar con la "casta" queda limitada al terreno discursivo. Porque, cuando los beneficiarios de contratos estatales están vinculados a la cúpula del poder, la distancia entre relato y realidad es indisimulable.
 
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