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Nacionales - 04-12-2021 / 10:12
LA DEUDA BRUTAL Y EL ESPIONAJE ILEGAL

Macri procesado por espiar mientras el FMI analiza el insólito crédito que le otorgó

Macri procesado por espiar mientras el FMI analiza el insólito crédito que le otorgó
Ni los defensores más fanáticos del expresidente Macri se atreven a poner en duda las pruebas del seguimiento a las víctimas del ARA San Juan. Tampoco la excepcionalidad de crédito que le otorgó el FMI. Al tiempo que el juez Bava procesaba a Macri, el Fondo anunció que revisará los términos del préstamo que le dio. En la imagen: Mauricio Macri en reunión con los familiares de las víctimas del ARA San Juan durante su presidencia.
La decisión del juez Martín Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio la medida de su gobierno que será más recordada: el brutal endeudamiento que buscó condenar el futuro del país.
 
En la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo analice --antes de cerrar un acuerdo con su gobierno-- el enorme préstamo irregular con que el organismo pretendió respaldar la reelección de Macri. El FMI se abocará al análisis de cómo se gestó ese préstamo a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política.
 
Fue una farsa, planteada con total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle un año antes. Alberto había dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del "fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales".
 
Además, Macri acaba de ser procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no estaban en la línea del macrismo "paladar negro".
 
Las pruebas de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes, declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos. Más allá del resultado definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal responsable. El juez Bava, que dictó el procesamiento, hizo un paralelismo de esas prácticas con la dictadura.
 
El espionaje es un atropello al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo. Los tripulantes del ARA San Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y último responsable en la cadena de mandos era Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los hizo espiar. Quería saber cuál era la reacción de estas personas que atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran K y con quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el gobierno no abandone la búsqueda del submarino. En vez de contenerlos, la reacción fue espiarlos.
 
Al conocerse el procesamiento, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri, aunque varios de ellos también fueron espiados. De la misma forma reaccionó la corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son contundentes.
 
La Opinión Popular
 

 
MACRI PROCESADO MIENTRAS EL FMI ANALIZA EL INSÓLITO CRÉDITO QUE LE OTORGÓ
 
La deuda y el espionaje
 
La decisión del juez Martín Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio la medida de su gobierno que será más recordada: el enorme endeudamiento que buscó condenar el futuro del país.
 
En su discurso en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo analice --antes de cerrar un acuerdo con su gobierno-- el enorme préstamo irregular con que el organismo pretendió respaldar las aspiraciones de reelección de Macri.
 
El Fondo ya anunció que en dos semanas se abocará al análisis de la forma en que se gestó esa fabulosa entrega de dinero a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política. 
  
Los términos constituyeron una farsa, planteada con total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle en un año antes.
 
"La evaluación ex-post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después que se completa un acuerdo excepcional", señaló un comunicado del Fondo. Lo de "excepcional" es por los 57 mil millones de dólares que se acordaron en el préstamo a la Argentina, de los que se recibieron 44 mil millones. Según informó el organismo financiero, en la semana del 20 de diciembre, el Directorio Ejecutivo analizará el trámite antes de discutir con Argentina el nuevo programa de vencimientos.
 
Alberto Fernández había dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del "fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales". Y agregó: "necesitamos que el FMI haga esa evaluación. Eso va a ayudar a entendernos".
 
Si el Fondo asumiera verdaderamente la responsabilidad por las transgresiones graves que realizó en ese acuerdo, no tendría legitimidad para realizar ninguna exigencia ni condicionamiento.
 
Pero además del macrismo, la responsabilidad recae también en las grandes corporaciones que respaldaron ese despropósito y que ahora plantean condiciones como bajar impuestos, critican el control de precios y cuestionan cualquier negociación con China. La UIA militó el gobierno de Macri y salió con los tapones de punta cuando asumió Alberto Fernández, pero en esta reunión anual bajó las banderas de guerra y convocó a medio gabinete a participar en las mesas.
 
A la mayoría de esas empresas, el gobierno de Juntos por el Cambio les hizo perder plata (en sus términos, porque a ese nivel, todos tienen red). En cambio y a pesar de la pandemia, con el gobierno del Frente de Todos, ahora están en un nivel de producción superior al de 2019, donde los había dejado Macri.
 
Será un misterio para sociólogos la causa del respaldo ideológico de este sector a quienes lo perjudican y su oposición militante a los gobiernos industrialistas que lo favorecen. No es un hecho menor, sino generalizado. Aunque ganan plata, a estos empresarios les molestan medidas como los impuestos distributivos, la doble indemnización o el control de precios en situaciones de crisis. Con el macrismo pierden plata, pero nunca tendrían estos planteos.
 
Juntos por el Cambio instaló una nebulosa ideológica en la que el Estado y la gestión pública debían encararse como "negocios privados" y que entonces los más adecuados para conducirlos serían los empresarios, presentados como los grandes triunfadores de la época a partir de sus capacidades y méritos. Esa turbia metáfora explica algunos de esos posicionamientos poco explicables.
 
Mauricio Macri acaba de ser procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no estaban en la línea del macrismo puro.
 
En todos los casos, las pruebas de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes, declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos.
 
Más allá del resultado definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal responsable. El juez Martín Bava, que dictó el procesamiento, hizo un paralelismo de esas prácticas con la dictadura.
 
El espionaje es un atropello al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo. Pero además es la consecuencia de esa concepción metafórica casi infantil del Estado como empresa privada y del funcionario público como un patrón o gerente. Por eso formaron un gabinete con directivos de las corporaciones más importantes locales y transnacionales.
 
En la línea de esa metáfora, el presidente no es patrón ni gerente, sino más bien un empleado de los ciudadanos. Un empleado de lujo, pero empleado a sueldo. La idea del patrón que se promovió desde Juntos por el Cambio lleva implícita la idea del privilegio. La idea de empleado implica responsabilidad. La gestión pública es una responsabilidad y no un privilegio.
 
La idea de Estado patronal del macrismo, que fue votada por tantos empleados y trabajadores y asumida con entusiasmo por la mayoría de los empresarios, abre la puerta a los abusos. La utilización sistemática del espionaje como herramienta de control social se relaciona con esa idea descarnada de la supuesta superioridad que otorgaría el capital. La superioridad otorga privilegios y uno de ellos es la impunidad.
 
Los tripulantes del ARA San Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y último responsable en la cadena de mandos es el presidente de la Nación, que en ese momento era Mauricio Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los maltrató y los hizo espiar.
 
Quería saber cuál era la reacción de estas personas que atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran kirchneristas y con quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el gobierno no abandone la búsqueda del submarino hundido. En vez de contenerlos, la reacción fue controlarlos y espiarlos.
 
Al conocerse el procesamiento esta semana, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri, aunque varios de ellos también fueron espiados. De la misma forma reaccionó la corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son contundentes. Y la responsabilidad por ese sistema de Estado patronal no democrático los involucra.
 
Si la honestidad intelectual se sobrepusiera a los intereses partidarios y corporativos tendría que haber una preocupación extendida por el riesgo antidemocrático que implicó el sistema montado por el macrismo de persecución judicial a opositores, de represión a la protesta, de fake news o campañas mediáticas con información falsa y del espionaje como práctica sistemática de control social.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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18-07-2025 / 12:07
Tech Security, la firma fundada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martin Menem, fue beneficiada con una licitación pública para la seguridad de distintas sedes de la banca estatal. Facturará más de tres millones de dólares. El negociado se suma a los que venía acumulando una sociedad vinculada al clan a través de otro empresario, que ya acumula varios contratos. La casta al palo.
 
La supuesta pelea libertaria contra "la casta" demuestra tener patas cada vez más cortas. Si con el apellido sólo no alcanzaba, los contratos que la familia Menem sigue ampliando con el Estado salen a la luz para demostrar que varios de los principales funcionarios del Gobierno, incluidos los de máxima confianza de Javier Milei, replican las mismas prácticas que dicen combatir.
 
La empresa Tech Security, fundada hace casi 20 años por el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem junto a sus dos hermanos, Fernando Nicolás Menem y Eduardo Adrián, resultó beneficiada con un contrato multimillonario con el Banco Nación. Se trata de la preadjudicación de una licitación pública para brindar el servicio de seguridad en distintas sedes de esa entidad financiera.
 
La suma total que embolsará trepa a los $3.933.026.507,98, poco más de tres millones de dólares. Que se suman a los más de 3 mil millones que desde diciembre de 2023 ya facturó otra empresa vinculada al clan a través de distintos intermediarios, de nombre Global Protection Service (GPS) Group. 
 
El contrato se concretó a través de la Licitación Pública CDS 1251/2025 del Banco Central, con fecha del 4 de julio de este año. Si bien Tech Security ya brindaba el mismo servicio desde 2018, los contratos se renovaban anualmente, mientras que esta vez, ya con Milei en el poder, se hizo por 24 meses, con opción a dos años más.
 
A diferencia de otras renovaciones, además, esta es la primera vez que la empresa gana una licitación por semejante monto con Menem ocupando un cargo relevante en la administración pública, lo que generaría, a priori, un conflicto de intereses, además de llevarse a las patadas con los postulados de la Ley de Ética Pública.
 
Por otro lado, el clan Menem ya venía ganando influencia en el Banco Nación desde hace meses, por ejemplo, en la rama de negocios de Nación Seguros, que llamativamente quedó afuera del listado de empresas públicas que Milei quería privatizar cuando impulsó la primera versión de la Ley Bases. El director de Nación Seguros es Alfonso Torres, cercano a Eduardo "Lule" Menem.
 
La Opinión Popular
 

18-07-2025 / 11:07
Una multitud se movilizó este jueves desde Congreso hasta Plaza de Mayo para defender al Hospital Garrahan y a la salud pública del brutal ajuste implementado por el gobierno de Javier "el Loco" Milei. La Marcha Federal de la Salud, que tuvo su réplica en diversas ciudades de la Argentina, fue convocada por la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) y sumó la presencia de numerosos sindicatos y organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, culturales y de derechos humanos, junto a una gran cantidad de familias y gente de a pie que participó de la manifestación para expresar su apoyo al reclamo.
 
Los trabajadores del Hospital Garrahan protagonizaron este jueves una masiva movilización al Congreso de la Nación, en defensa de la salud pública y en rechazo al ajuste impulsado por el Gobierno nacional. La marcha coronó una jornada de paro total en el hospital pediátrico, uno de los más reconocidos del país y referente en atención infantil.
 
Desde las 16:30, médicos, médicas, personal de enfermería, residentes y técnicos se congregaron en una columna que avanzó por las calles del centro porteño, respaldados por organizaciones gremiales, sociales y una amplia adhesión ciudadana. La consigna fue clara: denunciar el desfinanciamiento, exigir mejoras salariales y visibilizar la crítica situación que atraviesa el sistema sanitario público.
 
El reclamo incluye el rechazo a las reformas en el sistema de residencias, la pérdida de personal por las condiciones laborales y una caída del poder adquisitivo estimada en un 54% en términos reales, según un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria. El documento también advirtió que los insumos médicos y medicamentos sufren una inflación superior al promedio general, agravando el panorama.
 
La protesta fue una nueva expresión de una lucha que los trabajadores del Garrahan vienen sosteniendo desde hace meses, con paros, asambleas y acciones callejeras. La continuidad y la masividad del reclamo reflejan no solo el deterioro de las condiciones laborales, sino también la preocupación por el futuro de una institución que es pilar de la salud infantil en Argentina.
 
En ese marco, los gremios que nuclean a los trabajadores del hospital, entre ellos la Asociación de Profesionales y Técnicos y ATE, rechazaron el aumento salarial propuesto por el Gobierno, al considerar que no cubre las necesidades básicas del personal.
 
La Opinión Popular
 

17-07-2025 / 10:07
Mientras la canasta de crianza supera los 500 mil pesos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, lanzó un insólito nuevo plan social que busca cambiar el eje de la asistencia: en lugar de alimentos, vouchers para actividades deportivas y culturales.
 
La propuesta, dijo, está pensada para las zonas "más vulnerables del país", aunque su fundamento ideológico no deja lugar a dudas: "El Estado no tiene que cuidar a los niños, los tiene que cuidar la familia".
 
La frase, que dejó caer en una entrevista, resume el espíritu de la medida. Pettovello detalló que los vouchers se entregarán a familias que asistan a "escuelas para padres" y podrán canjearse en parroquias o clubes.
 
Según explicó, el objetivo es fortalecer los vínculos familiares sin intermediación política, como parte de los futuros "Centros de Familia" que comenzarán a funcionar en agosto con una prueba piloto en la ciudad de Concordia.
 
La visión de Pettovello sobre la infancia es coherente con el discurso del oficialismo, que busca reducir la presencia del Estado en las políticas de cuidado.
 
Pero los números no acompañan el repliegue: según el INDEC, criar a un hijo en Argentina cuesta entre $411.000 y $517.000 por mes, según la edad del menor. Se trata de una canasta de crianza que incluye tanto bienes y servicios como el costo del tiempo de cuidado. La cifra más alta corresponde a niños y niñas entre 6 y 12 años.
 
Los datos son contundentes: solo en junio, el costo de criar a un bebé menor de un año fue de $411.201, mientras que el de un niño en edad escolar trepó a $517.364. Frente a estos montos, el lanzamiento de vouchers recreativos aparece más como un gesto simbólico que como una respuesta estructural a la pobreza infantil.
 
El anuncio también llega en un contexto de fuertes cuestionamientos a la gestión de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos oficiales. Lejos de reforzar el esquema de comedores comunitarios, Pettovello insiste en una política de asistencia "directa", en línea con el ideario libertario. "La familia tiene una función que no se puede delegar en el Estado", aseguró.
 
Mientras se ajustan presupuestos en salud, educación y cultura, la ministra apuesta a que un taller de cerámica o una clase de fútbol puedan reemplazar a un plato de comida caliente. En esa lógica, el Estado deja de garantizar derechos y pasa a sugerir actividades.
 

17-07-2025 / 10:07
El gobierno de Javier "el Loco" Milei intenta resistir hasta octubre en medio de tensiones económicas y políticas crecientes. Los frentes de conflicto se multiplican: ¿se le hizo demasiado largo el calendario electoral al libertario? En el medio asoman las peleas con los gobernadores.
 
A pesar de que el receso invernal del Congreso le abrió una ventana de tiempo para negociar, el gobierno de Milei enfrenta una tormenta en Diputados que podría llevarlo a una dura derrota, como la que sufrió la semana pasada en el Senado. La oposición prepara una sesión para aprobar el financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría a raíz del conflicto del Hospital Garrahan.
 
También se sumarían los proyectos de todos los gobernadores para distribuir de forma equitativa los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y del impuesto a los combustibles, que aprobó la Cámara alta y ayer ingresaron a Diputados, donde el oficialismo buscará obstaculizar su tratamiento.
 
Más complicado aún para la Casa Rosada será si la convocatoria incluye el rechazo al veto de Milei a la emergencia en Bahía Blanca (que ya revocó el Senado), donde sus propios aliados del PRO que votaron la emergencia deberán discernir si sostienen el veto presidencial para bancar la alianza electoral bonaerense detrás de los libertarios o si ratificaran la ayuda económica para la ciudad devastada por la inundación.
 
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica vienen trabajando en la convocatoria a una sesión para la última semana de julio (podría ser el 30) o la primera de Agosto (el 6), que tienen como ejes darle media sanción a los proyectos de financiamiento para las universidades nacionales y la declaración de emergencia en el hospital pediátrico Garrahan.
 
Además, ayer ingresaron a la Cámara de Diputados los proyectos con media sanción del Senado impulsados por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para establecer por ley un esquema de coparticipación de los ATN y de una porción del impuesto a los combustibles destinados para obras viales que el Gobierno central recauda, no distribuye o lo hace a cuentagotas y de manera discrecional.
 
Ahora, el titular del cuerpo legislativo, el libertario riojano Martín Menem, deberá definir a que comisiones será girado cada uno de ellos. No se descarta que ambos vayan a la comisión de Presupuesto, donde su presidente José Luis Espert comanda la primera barricada oficialista para frenar cualquier iniciativa que incomode al Gobierno.
 
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16-07-2025 / 09:07
Javier "el Loco" Milei pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo le puso un freno al decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el prescindente Milei que pretendía recortar el derecho de huelga en Argentina.
 
Con una sentencia definitiva, el tribunal suspendió la aplicación del DNU 340/2025, una medida que ampliaba de forma arbitraria la cantidad de actividades consideradas "esenciales" y obligaba a mantener entre un 50 y un 75 por ciento de la actividad aun en situaciones de conflicto gremial.
 
El fallo fue firmado por los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado, quienes ratificaron la resolución de la jueza de primera instancia Moira Fullana, que ya había dado lugar a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El tercer integrante de la sala, Manuel Diez Selva, no participó por estar de licencia.
 
El intento del Gobierno de Milei de cercenar el derecho de huelga, un derecho constitucional y fundamental de los trabajadores, fue declarado inválido por la Justicia por no cumplir los requisitos básicos para dictar un decreto de necesidad y urgencia.
 
En su voto, Silvia Pinto Varela dejó en claro que no se dan las "circunstancias excepcionales" que exige la Constitución Nacional para utilizar esta herramienta.
 
"Es muy claro que no se dan los extremos excepcionales a los que se refiere reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para justificar el dictado de un DNU, esto es, la imposibilidad de que se reúna el Congreso de la Nación", sostuvo.
 
El DNU 340/2025 había sido firmado por Milei el 21 de mayo. En su artículo 3 ordenaba, por decreto, que en los servicios esenciales no se pudiera negociar una cobertura menor al 75 por ciento, y en las actividades de "importancia trascendental", no se pudiera bajar del 50 por ciento.
 
Es decir, el Ejecutivo pretendía imponer límites a las huelgas mediante un decreto, esquivando al Congreso e ignorando las garantías constitucionales. La maniobra no es nueva: estos mismos cambios ya estaban en el capítulo 4 del DNU 70/2023, otro megadecreto de Milei, que también fue suspendido por la Justicia y que aún espera un fallo definitivo de la Corte Suprema.
 
La CGT había solicitado la acción de amparo argumentando que el decreto viola el principio de división de poderes y ataca la libertad sindical. La Justicia le dio la razón. El fallo representa un freno a un gobierno autoritario y anti democrático que viene avanzando sin consenso ni diálogo en medidas que afectan directamente los derechos laborales y sociales de los argentinos.
 
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