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Nacionales - 04-12-2021 / 10:12
LA DEUDA BRUTAL Y EL ESPIONAJE ILEGAL

Macri procesado por espiar mientras el FMI analiza el insólito crédito que le otorgó

Macri procesado por espiar mientras el FMI analiza el insólito crédito que le otorgó
Ni los defensores más fanáticos del expresidente Macri se atreven a poner en duda las pruebas del seguimiento a las víctimas del ARA San Juan. Tampoco la excepcionalidad de crédito que le otorgó el FMI. Al tiempo que el juez Bava procesaba a Macri, el Fondo anunció que revisará los términos del préstamo que le dio. En la imagen: Mauricio Macri en reunión con los familiares de las víctimas del ARA San Juan durante su presidencia.
La decisión del juez Martín Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio la medida de su gobierno que será más recordada: el brutal endeudamiento que buscó condenar el futuro del país.
 
En la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo analice --antes de cerrar un acuerdo con su gobierno-- el enorme préstamo irregular con que el organismo pretendió respaldar la reelección de Macri. El FMI se abocará al análisis de cómo se gestó ese préstamo a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política.
 
Fue una farsa, planteada con total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle un año antes. Alberto había dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del "fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales".
 
Además, Macri acaba de ser procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no estaban en la línea del macrismo "paladar negro".
 
Las pruebas de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes, declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos. Más allá del resultado definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal responsable. El juez Bava, que dictó el procesamiento, hizo un paralelismo de esas prácticas con la dictadura.
 
El espionaje es un atropello al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo. Los tripulantes del ARA San Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y último responsable en la cadena de mandos era Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los hizo espiar. Quería saber cuál era la reacción de estas personas que atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran K y con quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el gobierno no abandone la búsqueda del submarino. En vez de contenerlos, la reacción fue espiarlos.
 
Al conocerse el procesamiento, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri, aunque varios de ellos también fueron espiados. De la misma forma reaccionó la corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son contundentes.
 
La Opinión Popular
 

 
MACRI PROCESADO MIENTRAS EL FMI ANALIZA EL INSÓLITO CRÉDITO QUE LE OTORGÓ
 
La deuda y el espionaje
 
La decisión del juez Martín Bava de impedir su salida del país y ponerle una caución millonaria enfureció a Mauricio Macri, al mismo tiempo que otro tribunal, el del Fondo Monetario Internacional, más escuchado por el poder económico, pondrá en tela de juicio la medida de su gobierno que será más recordada: el enorme endeudamiento que buscó condenar el futuro del país.
 
En su discurso en la reunión anual de la Unión Industrial Argentina, Alberto Fernández pidió que el Fondo analice --antes de cerrar un acuerdo con su gobierno-- el enorme préstamo irregular con que el organismo pretendió respaldar las aspiraciones de reelección de Macri.
 
El Fondo ya anunció que en dos semanas se abocará al análisis de la forma en que se gestó esa fabulosa entrega de dinero a un gobierno que era incapaz de devolverlo en los términos que estaban planteados. El trámite no cumplió los requisitos legales en Argentina y transgredió todos los requisitos del Fondo, ya sea por el monto o por la motivación política. 
  
Los términos constituyeron una farsa, planteada con total hipocresía, porque el gobierno de Juntos por el Cambio había estrellado la calesita y ya estaba en rojo. Los prestamistas internacionales habían dejado de prestarle en un año antes.
 
"La evaluación ex-post se concibió como un mecanismo para trazar lecciones después que se completa un acuerdo excepcional", señaló un comunicado del Fondo. Lo de "excepcional" es por los 57 mil millones de dólares que se acordaron en el préstamo a la Argentina, de los que se recibieron 44 mil millones. Según informó el organismo financiero, en la semana del 20 de diciembre, el Directorio Ejecutivo analizará el trámite antes de discutir con Argentina el nuevo programa de vencimientos.
 
Alberto Fernández había dicho el jueves en la UIA que era necesario que se haga una evaluación del "fracaso del programa por el que se desembolsaron 44 mil millones que se mal utilizaron en pagar deuda insostenible y en financiar fuga de capitales". Y agregó: "necesitamos que el FMI haga esa evaluación. Eso va a ayudar a entendernos".
 
Si el Fondo asumiera verdaderamente la responsabilidad por las transgresiones graves que realizó en ese acuerdo, no tendría legitimidad para realizar ninguna exigencia ni condicionamiento.
 
Pero además del macrismo, la responsabilidad recae también en las grandes corporaciones que respaldaron ese despropósito y que ahora plantean condiciones como bajar impuestos, critican el control de precios y cuestionan cualquier negociación con China. La UIA militó el gobierno de Macri y salió con los tapones de punta cuando asumió Alberto Fernández, pero en esta reunión anual bajó las banderas de guerra y convocó a medio gabinete a participar en las mesas.
 
A la mayoría de esas empresas, el gobierno de Juntos por el Cambio les hizo perder plata (en sus términos, porque a ese nivel, todos tienen red). En cambio y a pesar de la pandemia, con el gobierno del Frente de Todos, ahora están en un nivel de producción superior al de 2019, donde los había dejado Macri.
 
Será un misterio para sociólogos la causa del respaldo ideológico de este sector a quienes lo perjudican y su oposición militante a los gobiernos industrialistas que lo favorecen. No es un hecho menor, sino generalizado. Aunque ganan plata, a estos empresarios les molestan medidas como los impuestos distributivos, la doble indemnización o el control de precios en situaciones de crisis. Con el macrismo pierden plata, pero nunca tendrían estos planteos.
 
Juntos por el Cambio instaló una nebulosa ideológica en la que el Estado y la gestión pública debían encararse como "negocios privados" y que entonces los más adecuados para conducirlos serían los empresarios, presentados como los grandes triunfadores de la época a partir de sus capacidades y méritos. Esa turbia metáfora explica algunos de esos posicionamientos poco explicables.
 
Mauricio Macri acaba de ser procesado por el espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan. Cuando asumió la presidencia estaba procesado por el espionaje a familiares de víctimas de la AMIA. Y hay otras dos causas por espionaje durante los cuatro años de su gestión, en los que se espiaba a presos políticos, a opositores y hasta algunos de los dirigentes de Juntos por el Cambio que no estaban en la línea del macrismo puro.
 
En todos los casos, las pruebas de los espionajes son abrumadoras. Hay grabaciones, videos, informes, declaraciones de víctimas y de agentes. El espionaje ocurrió durante la gestión de Macri y en todos los casos estaba ligado a ellos.
 
Más allá del resultado definitivo en la justicia, resulta innegable el uso del espionaje desde su gobierno como una práctica sistemática y en ese sentido, Macri es el principal responsable. El juez Martín Bava, que dictó el procesamiento, hizo un paralelismo de esas prácticas con la dictadura.
 
El espionaje es un atropello al derecho, a las libertades, a la privacidad, a la idea de republicanismo. Pero además es la consecuencia de esa concepción metafórica casi infantil del Estado como empresa privada y del funcionario público como un patrón o gerente. Por eso formaron un gabinete con directivos de las corporaciones más importantes locales y transnacionales.
 
En la línea de esa metáfora, el presidente no es patrón ni gerente, sino más bien un empleado de los ciudadanos. Un empleado de lujo, pero empleado a sueldo. La idea del patrón que se promovió desde Juntos por el Cambio lleva implícita la idea del privilegio. La idea de empleado implica responsabilidad. La gestión pública es una responsabilidad y no un privilegio.
 
La idea de Estado patronal del macrismo, que fue votada por tantos empleados y trabajadores y asumida con entusiasmo por la mayoría de los empresarios, abre la puerta a los abusos. La utilización sistemática del espionaje como herramienta de control social se relaciona con esa idea descarnada de la supuesta superioridad que otorgaría el capital. La superioridad otorga privilegios y uno de ellos es la impunidad.
 
Los tripulantes del ARA San Juan murieron en el cumplimiento de una misión oficial. El comandante en jefe y último responsable en la cadena de mandos es el presidente de la Nación, que en ese momento era Mauricio Macri. En vez de preocuparse por el dolor de los familiares de sus subordinados fallecidos en acción, Macri los maltrató y los hizo espiar.
 
Quería saber cuál era la reacción de estas personas que atravesaban un trance doloroso. Quería saber si eran kirchneristas y con quiénes se relacionaban y les intervenían los teléfonos. Estos familiares estuvieron encadenados a las rejas de la Casa Rosada más de 40 días para que el gobierno no abandone la búsqueda del submarino hundido. En vez de contenerlos, la reacción fue controlarlos y espiarlos.
 
Al conocerse el procesamiento esta semana, los dirigentes de Juntos por el Cambio, del PRO, radicales y seguidores de Carrió, salieron en tropel en defensa de Macri, aunque varios de ellos también fueron espiados. De la misma forma reaccionó la corporación mediática hegemónica. Todos dicen que Macri no fue, pero ninguno dice que no hubo espionaje. No podrían decirlo porque las pruebas son contundentes. Y la responsabilidad por ese sistema de Estado patronal no democrático los involucra.
 
Si la honestidad intelectual se sobrepusiera a los intereses partidarios y corporativos tendría que haber una preocupación extendida por el riesgo antidemocrático que implicó el sistema montado por el macrismo de persecución judicial a opositores, de represión a la protesta, de fake news o campañas mediáticas con información falsa y del espionaje como práctica sistemática de control social.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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19-11-2025 / 09:11
Ornella Calvete, la hija de Miguel Calvette -uno de los principales involucrados en el escándalo de las coimas- renunció al ministerio que conduce Luis Caputo luego de que se conociera que habían encontrado 700 mil dólares en su domicilio durante un allanamiento. Ocupaba un cargo relevante dentro de la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía. Este martes su padre se negó a declarar en la causa que lo tiene como presunto nexo entre el organismo que lideraba Diego Spagnuolo y las droguerías.
 
La renuncia se conoció luego de que autoridades judiciales inspeccionaron el domicilio de la ahora ex funcionaria, y encontraron alrededor de 700.000 dólares y otras divisas. Las máximas autoridades del ministerio que encabeza Luis Caputo entendieron que la continuidad de Calvete resultaba incompatible con el hallazgo en su vivienda, en el marco del escándalo por irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
 
La causa judicial que involucra a Calvete derivó de la pesquisa sobre retornos en la Andis y como parte de las investigaciones el Ministerio Público Fiscal pidió una serie de allanamientos en inmuebles de los principales apuntados que revistaban con cargos en organismos estatales.
 
Tras los procedimientos, se conoció que en la propiedad de Calvete se secuestraron dinero en efectivo, documentos y dispositivos electrónicos, hechos que alimentaron la sospecha de maniobras de corrupción vinculadas a contratos con proveedores públicos y posibles retornos ilícitos.
 
Según reconstruyeron los investigadores, Ornella Calvete alertó a su padre, mediante un mensaje a su celular, Miguel Ángel Calvete, sobre la presencia de la policía en la planta baja de su vivienda el 12 de septiembre de 2025. En el mismo diálogo, el padre le aconsejó seguir instrucciones y abordó temas vinculados a la situación financiera de la firma Indecom y la disponibilidad de "cash blanco".
 
El dictamen fiscal demostró que, en esa conversación entre padre e hija, Miguel Ángel Calvete sugirió qué responder si le preguntaban por el dinero: "por si entran acá y me ven con mosca" o "digo que me lo prestó alguien, olvidate".
 
La investigación que lleva adelante el fiscal Franco Picardi apunta a un verdadero manual de corrupción: compras direccionadas a través de la ANDIS, con coimas millonarias pagadas por droguerías y proveedoras de insumos médicos a cambio de contratos estatales.
 
Las "Prestaciones e Insumos de Alto Costo y Baja Incidencia" (PACBI) -operaciones de altísimo valor para tratamientos y medicamentos de enfermedades "raras"- eran el terreno preferido para el saqueo. Picardi acusa a Calvete padre, Spagnuolo (amigo personal y abogado de Javier Milei) y otros 14 exfuncionarios de integrar una banda que digitaba compras, inflaba precios y lavaba dinero público.
 
Según lo que se conoce hasta ahora por los audios filtrados de Spagnuolo, el mecanismo era simple: las droguerías pagaban retornos fijos del 5 al 8% del monto de los contratos, llegando a embolsar hasta 800 mil dólares mensuales. Ese dinero, según el propio exfuncionario, terminaba en los bolsillos de Karina Milei, "Lule" Menem y otros miembros del círculo presidencial.
 
La Opinión Popular
 

18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
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