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Entre Ríos - 03-12-2021 / 18:12
DISCUSIÓN SALARIAL

El gobierno de Bordet convocó a los gremios estatales a paritarias

El gobierno de Bordet convocó a los gremios estatales a paritarias
El próximo jueves 9 de diciembre a las 10 será la audiencia entre el gobierno y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN).
 
El próximo jueves 9 de diciembre a las 10 será la audiencia entre el gobierno y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN). Mediante cédula de notificación, la Secretaría de Trabajo citó a los gremios para que asistan a la sede de la cartera laboral "a dar continuidad a las negociaciones salariales entre el Poder Ejecutivo y los sindicatos".
 
Desde ATE, luego de recibir la convocatoria, afirmaron que "esperamos que por fin se escuche a los trabajadores y que se presente una propuesta que recomponga el básico y que contemple los planteos de nuestra organización".
 
En este sentido, el sindicato aguarda que el Ejecutivo provincial "aumente los salarios de los trabajadores pertenecientes a los sectores más rezagados, en los que un trabajador con más de 20 años de antigüedad cobra 55 mil pesos por mes".
 
 
Cabe destacar que este viernes 3 de diciembre el sindicato cumple la segunda jornada del paro de 48 horas definido en octubre por el Consejo Directivo Provincial.
 
Por su parte, en la movilización que llevó adelante este jueves, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, remarcó: "Nos dieron un 35% de aumento y la inflación es del 42%: estamos siete puntos por debajo de la inflación y la proyección es que estemos seis puntos más abajo". Y en otro tramo de su discurso reclamó "estabilidad para los contratos de obra; no puede ser que sigan cobrando 35 mil pesos".
 
Fuente: El Entre Ríos  
 
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El porteño Rogelio Frigerio y buena parte de los gobernadores escucharon al presidente Javier Milei, quien celebró la supuesta mejora macroeconómica, el control político pleno que La Libertad Avanza logró en el Congreso pese a no tener mayoría, las reformas que él considera irreversibles y el avance de las ideas libertarias, que parecen irrefrenables. Frigerio y los gobernadores escucharon un relato triunfal mientras afrontan la complejidad creciente de sus administraciones provinciales, de la economía real, del derrumbe de los sectores regionales industriales y de la grave situación social.
 
Esa parte de la realidad, dolorosamente territorial y expulsiva, radica en el interior federal, aunque dependa casi exclusivamente de decisiones que toma Milei. El desfinanciamiento cada vez más pronunciado de las administraciones provinciales les resta posibilidades de acción territorial y política. No obstante, los diputados y senadores de las provincias votan a favor de las leyes de Milei. El oficialismo entrerriano, entre ellos.
 
El posicionamiento político de Frigerio es cada vez más difícil de clasificar. Intenta calmar los reproches del pueblo, pero en simultáneo avala la reforma laboral. Apoya la macroeconomía de puertas abiertas de par en par, con importaciones indiscriminadas, pero reclama igualdad de condiciones para la golpeada industria provincial. Los diagnósticos son tenebrosos en materia de empleo y de condiciones sociales del amplio sector asalariado entrerriano que desde hace décadas vive de industrias que van perdiendo competitividad, y que el proyecto libertario ha venido a liquidar. Milei lo hace sin complejos: celebra el cierre de empresas, trata de delincuentes a los principales empresarios del país y jamás habla de producción ni de empleo.
 
Cuando se observa el posicionamiento de Frigerio, su margen político se evidencia dramáticamente reducido. Y las consecuencias en la propia administración son crecientes. Frigerio sostiene el ajuste en los sueldos públicos y en las jubilaciones pese al malestar gremial en alza; intenta amortiguar la caída generalizada de recursos con mayor endeudamiento, con refinanciamiento caro y sobre costos. Mientras, subsiste gracias al intercambio de votos en el Congreso por algún ATN. Se balancea al borde del abismo y la conflictividad se incrementa en todo el territorio provincial.
 
En ese marco, Nadia Burgos, dirigente del MST en el FIT-U y delegada gremial del Ministerio de Salud se expresó: "La paritaria estatal en Entre Ríos volvió a mostrar el mismo esquema de siempre: el gobierno presenta una oferta que no recompone el salario real y pretende cerrar el conflicto con el aval de UPCN, mientras miles de trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo y en su mayoría con salario de pobreza". La miserable propuesta de Frigerio, del 15,8% sobre sueldo básico de junio 2025, no cubre la inflación acumulada ni garantiza una recuperación del salario, sumado a los 9 meses de salarios congelado junto a los recortes de ingreso de junio 2025. Las sumas fijas, tramos diferidos y promesas de revisión no resuelven el problema de fondo: los sueldos estatales están por debajo de lo necesario para vivir. Frigerio está muy alejado de lo que se vive en los lugares de trabajo: el salario no llega, las condiciones laborales se deterioran y el ajuste se descarga sobre quienes sostienen el funcionamiento del Estado y los jubilados.
 
Por su parte, para el sector pasivo se otorgará una suma fija de 75.000 pesos que reemplaza la suma fija que venían percibiendo de $40.000. Aumento real: $35.000. Una miseria. Las cifras establecidas están muy debajo de la inflación real y en la mitad de los índices truchos del gobierno de Milei. Y no recomponen el poder de compra de los trabajadores. El Consejo Provincial del Partido Justicialista expresó su "profunda preocupación y rechazo ante el reciente anuncio del gobierno provincial de otorgar incrementos salariales bajo la modalidad de sumas no remunerativas y no bonificables". Resulta contradictorio e injustificable que, en un contexto donde el propio oficialismo impulsa una reforma previsional que afectará directamente a trabajadores activos y jubilados, se dispongan mecanismos salariales que reducen aportes, debilitan el financiamiento del sistema previsional y deterioran el salario real de los empleados públicos.
 

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