10:59 | Miercoles 31 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 03-12-2021 / 09:12

LOS PASOS DE SU DEFENSA Y SU ESTRATEGIA PARA ZAFAR

Espionaje ilegal: en qué situación queda Macri tras el procesamiento y cómo sigue la causa

Mauricio Macri puede tropezar con algún juez imparcial, pero tarde o temprano, en el recorrido ascendente de las causas, van a aparecer los magistrados “amigos” como los camaristas que deberán resolver la apelación. Varios de ellos eran visitantes asiduos de la Quinta de Olivos en tiempos de Cambiemos.

El procesamiento de Mauricio Macri en la causa que investiga el espionaje ilegal contra los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan desató fuerte polémica. El embargo por 100 millones de pesos y la prohibición de salida del país que le dictó el juez Martín Bava fastidiaron al expresidente. La resolución del magistrado hizo subir la temperatura en su entorno y muchos macristas no resistieron la tentación de mencionar a Cristina para comparar las incidencias judiciales de ambos dirigentes.

Como el Poder Judicial está amplia y justificadamente desprestigiado, las intervenciones de los opinadores que transitan por los grandes medios porteños dan para todo. Pero no fueron muchos los que separaron la paja del trigo y mencionaron las enormes diferencias que separan las causas que se le siguen a Macri de las que se abrieron contra Cristina.

Todas las investigaciones contra Cristina fueron iniciadas mediante la intervención de figuras políticas o mediáticas, algo que no ocurre con las que involucran a Macri. Elisa Carrió, Margarita Stolbitzer, Graciela Ocaña, Laura Alonso, Federico Pinedo, Mario Negri, Patricia Bullrich, son algunos de los que promovieron el inicio de causas contra la ex presidenta.

En cambio este expediente judicial por el cual se acaba de procesar a Macri no tuvo a ningún dirigente del Frente de Todos como impulsor sino a las propias víctimas: los familiares de los muertos que reposan en el fondo del mar. Incluso, la mayoría de esas familias son votantes de Macri. Ellos fueron los espiados por la estructura mafiosa que se organizó en la AFI macrista y que sirvió para seguir, fotografiar e interceptar llamadas telefónicas a los familiares de los submarinistas pero también a infinidad de dirigentes políticos, gremiales y sociales, macristas incluso, y hasta a miembros de la familia del ex presidente.

La estructura de espionaje ilegal es lo que el juez Martín Bava dejó expuesta en su inobjetable investigación y lo llevó, con fuertes evidencias, al procesamiento de muchos espías, de los responsables de la AFI macrista y, ahora, de Macri que creó las condiciones objetivas para que prosperara bajo su mandato semejante degradación del sistema democrático.

Las causas contra Cristina -Dólar futuro, Plan Qunita, Memorándum con Irán, Hotesur- se cayeron por falta de pruebas, lo cual demostró la naturaleza fraudulenta de su armado. En cambio, Macri busca hacer caer este procedimiento en virtud de su gran influencia en el aparato judicial. La Cámara de Apelaciones está integrada por varios jueces que el macrismo -con los oficios de la "Mesa Judicial" bajo las órdenes del hoy prófugo "Pepín" Rodríguez Simón- puso a dedo.

Otra diferencia: Cristina tuvo ante sí, por lo general, a jueces hostiles, temerosos del aparato extorsivo macrista. En cambio Macri puede tropezar con algún juez imparcial, pero tarde o temprano, en el recorrido ascendente de las causas, van a aparecer los magistrados "amigos" como los camaristas que deberán resolver la apelación. Varios de ellos eran visitantes asiduos de la Quinta de Olivos en tiempos de Cambiemos.

La Opinión Popular

LOS PASOS QUE DARÁ SU DEFENSA Y CUÁL ES SU ESTRATEGIA

Espionaje a familiares del ARA San Juan: en qué situación queda Mauricio Macri tras el procesamiento y cómo sigue la causa

Mauricio Macri apelará en los próximos días el procesamiento que le dictó el juez Martín Bava por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió durante su gobierno. Su abogado, Pablo Lanusse, calificó el fallo del magistrado como un "disparate" mientras insiste en correr a Bava de la causa y llevar el expediente a los tribunales de Comodoro Py.

El miércoles por la tarde, Bava procesó a Macri por haber ordenado que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) --desde su delegación de Mar del Plata-- espiara a las familias de los submarinistas entre diciembre de 2017 y finales de 2018. Más allá del procesamiento, Bava tomó dos decisiones que molestaron profundamente a Macri: decretar un embargo por 100 millones de pesos y prohibirle la salida del país.

"Vamos a apelar todo", dijo Lanusse en la señal LN+. El defensor del expresidente tiene un plazo de tres días hábiles para hacer la presentación, por lo que el tenor de la apelación podría conocerse entre lunes y martes. En esa misma entrevista, Lanusse disparó contra Bava, a quien describió como un "juez carente de las condiciones mínimas de magistrado de la Nación" y, de rebote, contra el presidente Alberto Fernández, a quien se refirió como un "títere".

El procesamiento hizo subir la temperatura en el entorno de Macri, quien estaba de visita en Chile para participar supuestamente de una cumbre sobre cambio climático, aunque se lo terminó viendo con el presidente Sebastián Piñera y dando su apoyo al candidato ultraderechista José Antonio Kast.

Días atrás, la Cámara Federal de Mar del Plata había revocado la decisión de Bava de prohibirle la salida del país. Sin embargo, el juez insistió y la fundó con el procesamiento. Con esta nueva resolución, Macri --que últimamente oficia de trotamundos gracias a su cargo en la Fundación FIFA-- deberá pedir autorización cada vez que quiera dejar la Argentina. El juez, además, le prohibió ausentarse por más de diez días de su domicilio sin dar aviso al juzgado.

La versión de Macri

Lanusse acusa a Bava de tener un particular encono contra Macri y sostiene que sabían desde el mismo día que lo llamó a indagatoria que iba a procesarlo. Macri esquivó presentarse durante casi un mes y finalmente lo hizo el 3 de noviembre. Ese día optó por no dar ninguna explicación ante el juez y entregó un escrito en el que negaba haber ordenado el espionaje.

El juez Bava responsabiliza a Macri por haber dado la orden para que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) siguiera a los familiares de los tripulantes y de haber usado esa información para tomar decisiones políticas. Uno de los elementos más fuertes en ese sentido lo proporciona un parte de inteligencia que enviaron los espías desde Mar del Plata el 3 de febrero de 2018, anticipando qué plantearían algunos de los parientes en la reunión que se haría tres días después en la Casa Rosada.

Macri, por el contrario, sostiene que si la AFI hizo informes sobre los familiares fue porque colaboraba con la Casa Militar a la hora de identificar potenciales riesgos a la seguridad presidencial antes de una visita a la ciudad balnearia. Ese documento muestra, como dice Bava, que las tareas de inteligencia --que no fueron ordenadas por ningún juez-- se hicieron a lo largo del período 2017-2018 y no únicamente cuando Macri estaba en Mar del Plata.

Los parientes sentían que los seguían e incluso en 2018 manifestaron que había una actividad inusual en sus teléfonos. La sensación que los acompañaba era que siempre estaban un paso detrás de los funcionarios del gobierno de Macri, que venía con las respuestas a lo que iban a plantearles.

El otro partido que Macri tiene en mente

Más allá de la apelación, Macri tiene otro partido en mente y se juega en los tribunales de Comodoro Py. Por un lado, tiene un pedido para que la Cámara Federal de Casación Penal defina si Bava debe continuar al frente del expediente. El expresidente acusa al juez de ser parcial y de prejuzgar. Esa definición estará en manos de la Sala II del máximo tribunal penal del país, que integran Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci.

En realidad, el recurso que les llegó a los casadores corresponde a la primera recusación que Macri presentó contra Bava y que la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó el 27 de octubre pasado. Después hubo una segunda, que también fue rechaza. A priori no parece tener demasiadas chances.

La principal apuesta de Macri es que la causa se mude a los tribunales de Comodoro Py. En ese caso, si bien no logró impedir que lo procesen, se aseguraría que la revisión de la resolución de Bava quede en manos de la Cámara Federal porteña. Allí, en general, está acostumbrado a pisar fuerte.

Días atrás, el presidente de la Cámara Federal porteña, Martín Irurzun, le ordenó al juez Ariel Lijo que defina si la investigación por el espionaje a los familiares del ARA San Juan debe seguir en Dolores o pasar a Comodoro Py, como reclamó Macri el 18 de octubre pasado. El argumento del expresidente para forzar el pase es el siguiente: dice que si él hubiese ordenado el espionaje, lo habría hecho desde la Casa Rosada, que está ubicada en la Ciudad de Buenos Aires y, por ende, son competentes los tribunales federales de esa jurisdicción para juzgarlo.

Por el momento, no se esperan definiciones de Lijo. La Cámara Federal de Mar del Plata tiene para resolver un recurso sobre la competencia del juzgado de Dolores, que podría traccionar el expediente del espionaje a las familias del ARA San Juan hacia los tribunales de Comodoro Py. Ninguna definición se espera por estos días, pudo saber Página/12, aunque no descartan que el tema se trate antes de la feria de enero.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página12

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.