17:10 | Sabado 07 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 02-12-2021 / 10:12

“ESTAS PRÁCTICAS NOS REMONTAN A LAS ÉPOCAS MÁS OSCURAS DE NUESTRO PAÍS”, DICE EL FALLO

Por espionaje ilegal: Macri procesado, embargado y sin poder salir del país

Mauricio Macri fue procesado por el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan. Por primera vez un magistrado federal le asigna responsabilidad directa a Macri en las denuncias por el accionar ilegal de la AFI durante la era Cambiemos. La defensa del expresidente insistirá en su intento de que la causa vaya a Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo.

Al fin. El juez Martín Bava procesó, sin prisión preventiva, pero con un embargo de 100 millones de pesos sobre sus bienes, al voyeur Mauricio Macri por el espionaje a los familiares que buscaban respuestas acerca de lo sucedido con el submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017. Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un magistrado federal le asigna responsabilidad directa al ex presidente.

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. En esa oportunidad, Macri no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido sobre el colectivo de familiares. Únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.

El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el ex presidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado "anti-PRO". Por el contrario, Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre.

Según reconstruyó el juez, la AFI --desde su delegación Mar del Plata-- se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan entre diciembre de 2017 y finales de 2018. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba el interés nacional e internacional.

En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora general Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que estaban bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata. Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.

La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre del año pasado con una denuncia que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la justicia federal de Mar del Plata.

La defensa del expresidente insistirá en su intento de que la causa vaya a Comodoro Py, un terreno más "amigable" para el macrismo. Si pasara a los tribunales de Retiro, la revisión del procesamiento quedaría en manos de la Cámara Federal porteña, el mismo tribunal que aún dilata las definiciones sobre los 38 procesamientos por espionaje que dictó en febrero el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé, antes de que le sacaran el expediente.

La Opinión Popular

Macri fue procesado por el espionaje ilegal a las víctimas del ARA San Juan

Mauricio Macri se reunió por primera vez con los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan el 20 de noviembre de 2017. Habían pasado cinco días desde que desapareciera el submarino. Entre diciembre de ese año y fines del siguiente, las familias fueron víctimas del espionaje ilegal: seguimientos, infiltraciones, fotos. Por estos hechos, el juez federal Martín Bava procesó al expresidente.

Si bien las denuncias por el accionar ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la era Cambiemos fueron múltiples, ésta es en la que, por primera vez, un juez federal le asigna responsabilidad directa al exmandatario.

"El gobierno nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares", escribió el juez Bava en la resolución.

El magistrado, además, embargó al expresidente por 100 millones de pesos y le prohibió la salida del país. Macri recibió la noticia de su procesamiento desde Chile, donde pidió viajar para participar supuestamente de una cumbre sobre el cambio climático. En conversación con unos periodistas, acusó a Bava de encabezar una "persecución" en su contra.

"No es un día de alegría, sino de confirmación de algo que sabíamos y denunciamos en 2018", dijo la abogada Valeria Carreras, que encabeza la querella mayoritaria en la causa. "Significa probar lo que siempre las señoras presintieron: que les adivinaban lo que iban a preguntar. Este fallo es un alivio. Tenían razón", añadió.

Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de un submarinista, describió la resolución de Bava como un gran paso. "A pesar de las presiones se hizo justicia", resaltó.

Un camino de obstáculos

La decisión de Bava se conoce casi un mes después de que indagara a Macri. El líder del PRO fue inicialmente llamado a indagatoria el 1 de octubre. Sin embargo, no se presentó hasta el 28 de octubre, cuando no declaró porque su defensa advirtió que no le habían levantado el deber de guardar secreto que rige para cuestiones vinculadas a la inteligencia. Bava recién pudo indagarlo el 3 de noviembre.

En esa oportunidad, Macri no habló sobre la actividad de inteligencia ni sobre lo sucedido con el colectivo de familiares, únicamente le entregó un escrito al juez y le dedicó un par de chicanas: le dijo que no quería demorarlo así podía procesarlo antes de las elecciones del 14 de noviembre.

El procesamiento llega casi tres semanas más tarde de las elecciones y después de que Bava haya sorteado una segunda recusación que planteó el expresidente para intentar correrlo de la causa. Ninguno de los argumentos de Macri se verificó: ni que el juez lo llamó a indagatoria con el calendario electoral en la mano, ni que se trataba de un magistrado "anti-PRO". Por el contrario, Bava no dictó la resolución hasta recibirles declaración a los testigos que pidió Macri el 3 de noviembre.

El espionaje ilegal

Según reconstruyó el juez, la AFI --desde su delegación Mar del Plata-- se dedicó a seguir, fotografiar e infiltrar a los familiares. Lo hicieron en marchas, reuniones e incluso misas. El accionar de los espías estuvo guiado por un objetivo: anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos en un tema que suscitaba interés nacional e internacional.

"Estas personas no reclamaban otra cosa que justicia y no buscaban más que saber qué había ocurrido con sus seres queridos. No es posible considerar que sus reclamos representaban amenazas a la seguridad interior, a la defensa nacional o a la seguridad presidencial", escribió Bava. "La gravedad de los hechos aquí investigados constituye no solo una conculcación al sistema democrático y una violación a las garantías constitucionales, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado", añadió.

En la causa ya había once procesados por el espionaje ilegal a las familias: el exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, la exsubdirectora Silvia Majdalani, el exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes bajo sus órdenes. El martes, Bava procesó también a los dos directores operacionales de Contrainteligencia del macrismo, Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, por no haber controlado lo que pasaba en la base Mar del Plata.

Para el juez, la omisión no fue un error sino que obedeció a un plan pergeñado desde lo más alto del Poder Ejecutivo para tener en la mira a los familiares de los tripulantes.

Para Bava, lo que sucedió en Mar del Plata no pudo no haber sido ordenado por Macri y dejó en claro que excedió a la conducción de la AFI. Al expresidente le enrostró también haber modificado la doctrina de inteligencia, lo que habilitó el secretismo y las tareas ilegales.

La investigación por el espionaje sobre las familias del ARA San Juan se inició en septiembre de 2020 con una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, ante la Justicia federal de Mar del Plata. La pesquisa estuvo en manos inicialmente del fiscal general Daniel Adler, pero el juez Santiago Inchausti entendió que debía investigarse dentro de una trama más grande de espionaje como la que se investigaba en el Juzgado federal de Dolores --entonces a cargo de Alejo Ramos Padilla--. La Cámara Federal de Mar del Plata convalidó la decisión y, cuando Ramos Padilla juró al frente del Juzgado Federal 1 de La Plata, Bava se hizo cargo de este expediente y de los otros que tramitaban en Dolores.

Macri quiere que la causa vaya a Comodoro Py

Para Macri no está dicha la última palabra. En el entorno del expresidente dan por sentado que apelarán el procesamiento, el embargo y la prohibición de salida del país. El defensor del exmandatario, Pablo Lanusse, tiene tres días hábiles para hacer la presentación, que podría concretarse en los primeros días de la semana próxima.

Horas antes de que Bava dictara el procesamiento, Lanusse le había pedido a la Sala II de Casación Penal que tratara de manera inmediata su pedido para correr al juez que subroga en Dolores.

En realidad, la meta última del expresidente es que la causa pase a los tribunales de Comodoro Py, un terreno más conocido y amigable para el macrismo. Días atrás, el camarista Martín Irurzun ordenó al juez federal Ariel Lijo que diga si debe investigarse allí el caso o debe seguir en Dolores.

Por Luciana Bertoia

Fuente: Página12

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular

03-02-2026 / 11:02

Lavagna renunció porque el nuevo índice de inflación le dio 3,4 por ciento y le pidieron que no lo difunda

Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.

La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.

No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.

Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.

Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.

Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.

Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.

La Opinión Popular