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Nacionales - 29-11-2021 / 10:11
NO SE MENCIONA QUE NO EXISTE RESTRICCIÓN PARA LA COMPRA DE PASAJES Y SALIDAS AL EXTERIOR

Turismo vs industria: la disyuntiva del dólar con manta corta

Turismo vs industria: la disyuntiva del dólar con manta corta
Con la restricción externa estructural, la fuga de divisas durante el macrismo, la necesidad de industrialización, y la brutal deuda con el FMI, no hay espacio para financiar el turismo emisivo, más allá del relato opositor.
"Cepo a los viajes al exterior". "Venganza contra la clase media". "El camino a Venezuela y a la Unión Soviética". "Gobierno de inútiles". Estas definiciones, proferidas por periodistas, economistas, y políticos de la oposición, fueron utilizadas para referirse a la reciente circular A-7407 del Banco Central, que impidió el financiamiento subsidiado en cuotas en pesos de pasajes y hotelería en el exterior.
 
En ningún caso se mencionó que no existe ninguna restricción para la compra de pasajes y salidas al exterior, pero por sobre todo, que así como se apuntó a restringir la demanda de turismo emisivo, que en años normales llegó a implicar una erogación de 9.000 millones de dólares anuales para el país, se buscó ampliar la demanda de bienes de capital para fortalecer la industria y el empleo, dos elementos que inciden de forma mucho más decisiva en el bienestar de la población.
 
Sucede que paralelamente a la restricción para los viajes, el mismo Banco Central anunció mayores créditos y flexibilidades para importar bienes de capital, es decir las maquinas utilizadas para la producción industrial, por hasta un millón de dólares y con adelantos de hasta 270 días para poder abonar este tipo de maquinarias.
 
Se trató, en definitiva, de una medida que apunta a utilizar los escasos dólares con los que cuenta el país para generar más industria y trabajo en lugar de turismo al exterior, una actividad altamente positiva en lo social y cultural, pero reducida a un mínimo de la población, y que poco aporta al desarrollo del país.
 
A diferencia de la industria nacional, que posibilita la creación de empleos y de contar con más dólares, sea tanto por la exportación de los productos fabricados por esas industrias nacionales como también por la posibilidad de que esa misma producción nacional sustituya importaciones.
 
Con la restricción externa estructural, la fuga de divisas durante el macrismo, la necesidad de industrialización, y la brutal deuda con el FMI, no hay espacio para financiar el turismo emisivo, más allá del mentiroso relato opositor.
 

 
Y es que los números están a la vista. Según el último informa de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central  en el pasado octubre se fueron 265 millones de dólares en el rubro "Viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta", un 14 por ciento mayor al gasto de septiembre (228) y un 37 por ciento más que agosto (197), es decir, marcando una tendencia que amenazaba con llegar al promedio pre-pandemia de 600 millones mensuales, lo que equivale, según el Centro CEPA, al financiamiento del 75 por ciento de las maquinarias industriales que se importan en el país, y a un 25 por ciento de los insumos que se importan para la producción nacional.
 
Aún más, con cotizaciones de dólares paralelos que se encuentran entre 200 y 210  pesos, la posibilidad de acceder al dólar "turismo", actualmente en 175 pesos y con una potencial devolución del 35 por ciento para quienes abonan Impuesto a las Ganancias, es en los hechos un subsidio del Estado, es decir de toda la población, para las clases medias altas y altas que viajan al exterior, algo que en rigor continua, pero sin la opción extra de financiamiento, lo cual, como es lógico aumentaba la demanda de viajes y por ende de dólares al Banco Central, que es al que recurren las agencias de turismo
 
 
Restricción eterna
  
Resulta tan compleja la falta de divisas en la Argentina, que incluso se escucharon voces críticas de la medida de flexibilización de dólares para la importación de Bienes de Capital. Tal es el caso del ingeniero Bruno Capra, del Grupo Bolívar, quien afirmó que "es imposible ser competitivo en el plano internacional si el Bien de Capital no es fabricado localmente por el mismo sector usuario".
 
Y es que en efecto, la transferencia de tecnología del exterior implica una constante dependencia de los países proveedores, tanto para el mantenimiento como para la actualización de la tecnología importada, lo que significa también constantes egresos de dólares.
 
Con todo, resulta extremadamente complejo pensar un mejor destino para los dólares que no sea el industrial, máxime si uno de sus competidores es el turismo emisivo. Pero en rigor, el problema de la "restricción externa", esto es, la carencia de dólares u otra moneda "dura", resulta tan estructural en la Argentina que el fallecido economista Aldo Ferrer la definió como la "restricción eterna".
 
Puntualmente, el fenómenos se experimentó a partir de la década del cincuenta, y se lo denominó "ciclos cortos" o de "stop & go", un concepto que se podría traducir en la idea de una industrialización tardía y deficiente, que llevaba a que luego de un período de auge industrial (go), el nivel de demanda de productos manufacturados pasaba a ser tan alto que las divisas producidas por el campo, y en mucho menor medida por las manufacturas nacionales, eran insuficientes para seguir importando bienes de capital e insumos necesarios para continuar con el crecimiento industrial.
 
De hecho, entre sus autocríticas, CFK afirmó al diario español El País que durante sus presidencias "no pudimos resolver cuestiones estructurales en la industrialización del país. Es un dilema fuerte. No le encontramos la vuelta al estrangulamiento que se produce cuando estás industrializando el país".
 
Pero si el problema es estructural, hoy sin dudas se vive un pico, luego del desaforado endeudamiento de la alianza Cambiemos por 100.000 millones de dólares, que cerró la posibilidad al país de obtener más financiamiento en dólares para sus necesidades y obliga al mismo tiempo a afrontar una deuda en divisas imposible de saldar en el corto plazo, lo cual genera también una amplia desconfianza en el conjunto de la economía, lo que se traduce en mayor demanda de dólares, solo restringida por los diferentes "cepos".  
 
"Nuestro país tiene también el peso inédito de una deuda también inédita con el FMI. Es un momento histórico de extrema gravedad y la definición que se adopte y se apruebe, puede llegar a constituir el más auténtico y verdadero cepo del que se tenga memoria para el desarrollo y el crecimiento CON INCLUSIÓN SOCIAL de nuestro país".
 
Así se refirió, de hecho, en su última carta pública la vicepresidenta CFK, respecto a la presentación que hará el gobierno en el Congreso, en diciembre próximo, para reestructurar los cerca de 40.000 millones que se le adeudan a este organismo.
 
Restricción externa estructural, fuga de divisas, industrialización, y FMI. Parece no haber espacio para financiar el turismo emisivo, más allá del relato opositor.
 
Por Julián Blejmar
 
Fuente: El Destape
 

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23-01-2022 / 10:01
Quien lanzó la propuesta de una manifestación popular de rechazo a la actual Corte Suprema de Justicia fue un juez: Juan Ramos Padilla. Irritados, algunos de sus colegas plantearon una denuncia contra él, partiendo de la idea de que su condición de miembro del Poder Judicial lo inhabilita para denunciar al Supremo Tribunal.
 
Como siempre, el grupo Clarín se hizo rápidamente eco de la denuncia, a la que utilizó, según su conocido modus operandi para ensuciar la figura del juez sobre la base de mentiras y sumarle a ese falso legajo, nada menos que su condición de padre de otro juez, Alejo Ramos Padilla.
 
Este último, por si no le alcanzara con ser su hijo para quedar en la mira, fue, además quien tuvo a su cargo la investigación del caso D'Alessio, acaso hasta hoy la más poderosa prueba de la existencia de una coordinación delincuencial entre jueces, agentes de inteligencia y medios de comunicación.
 
Tal vez el llamado escándalo de la "gestapro" macrista pueda llegar a compartir esa condición esclarecedora. Lo acusan a Ramos Padilla (padre) de atacar a "la institución Corte Suprema": en realidad, la marcha se organiza para defender a esa institución del escarnio al que la llevaron y en el que la mantienen sus actuales miembros.
 
La marcha se prepara a defender a la Corte Suprema como máxima referencia del sistema judicial propio de la Constitución Nacional, absolutamente quebrado en términos institucionales y gravemente desvalorizado a los ojos del pueblo (el 50% de sus actuales miembros fue nombrado a dedo por el presidente Macri, quien ante el repudio generalizado a esa imposición tomó la decisión de abrir el proceso de elección en el Senado que impone la carta magna).
 
El hecho es que habrá el 1ero de febrero en los tribunales de Buenos Aires una marcha para repudiar la acción de la Corte Suprema, como punto central del grave deterioro de la prestación del servicio de justicia por el Estado argentino.
 
No se trata, hay que insistir, solamente de la utilización del poder judicial para perseguir a dirigentes y militantes políticos, sindicales y sociales, lo cual está quedando ampliamente demostrado en el caso de la reunión de los ministros de Vidal con parte de la conducción de la agencia de inteligencia nacional y con empresarios, a quienes se adiestraba en el arte de inventar denuncias judiciales contra dirigentes (sindicales en este caso).
 
La Corte -y gran parte del poder judicial tiene la mirada negativa de una amplia mayoría de nuestra población. No se trata de que los jueces que participaron en las denuncias de las que se habla  en el patético video sean el poder judicial pero sí, claramente, de que también es el poder judicial. Entre ellos está Conte Grand, procurador general en la provincia de Buenos Aires.
 
¿Qué es, entonces, lo inconstitucional? ¿Criticar sus prácticas injustas y corruptas o reclamar su juicio, castigo y desalojo de uno de los tres poderes que conforman al estado nacional? 
 

23-01-2022 / 10:01
El presidente Alberto Fernández transita la áspera segunda parte de su mandato. Para revalidarse en 2023 necesitará cambiar, romper inercias, conducir a su coalición y al país. "Momento bisagra", "relanzamiento" se exigen en su torno.
 
La pandemia cambió al mundo, acentuó desigualdades preexistentes. Las restricciones a libertades, incluso las imprescindibles, resienten la vida cotidiana de la gente común, agobian. La incertidumbre y el miedo se palpan cotidianamente.
 
El Gobierno venció en la polémica con los antivacunas a los que Juntos por el Cambio (JpC) acompañó o lideró un largo trecho. Fueron logros la distribución de las vacunas, el encastre con los sistemas provinciales de Salud. Los cambiemitas y la prensa dominante le siguen restando méritos al oficialismo nacional. Carecen de sensatez y de argumentos.
 
La temporada de vacaciones es exitosa. El revival se nota asimismo en pueblos y ciudades no turísticas de todo el país, en los centros comerciales de localidades conurbanas.
 
En simultáneo impresiona la cantidad de contagios, notables a ojo con mirada costumbrista. La gente no parece estar dispuesta a recluirse de nuevo. Sí a testearse, a aislarse por pocos días... un nuevo éxito de la concientización. Con buena labor, en la Casa Rosada y en Salud, confían en que los contagios toquen techo y bajen. Ojalá que esto pronto suceda, cantaría Litto Nebbia.
 
En La Rosada, en Olivos, en Economía proyectan-diseñan o fantasean (con el tiempo se discernirá) una agenda de gestión intensa en este trimestre, con resultados tangibles.
 
El optimismo de la voluntad espera que el acuerdo con el Fondo (alguno que contenga años sin pagos) se concrete antes de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Que cada vez son más ordinarias, en cualquier acepción de la palabra...
 

22-01-2022 / 09:01
La teoría de que la "Gestapo antisindical" y la reunión en el Banco Provincia donde se planificaba el armado de causas contra dirigentes gremiales no tuvo nada que ver con el gobierno de María Eugenia Vidal ni con el de Mauricio Macri empieza caerse a pedazos. También se desmorona la teoría de que nadie de los presentes supo jamás que allí había directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
 
Un informe que entregó la exSide al juez Ernesto Kreplak muestra que en fechas muy cercanas al encuentro o significativas para la investigación dos exfuncionarios del gabinete bonaerense que estaban en la mesa visitaron el organismo y lo hicieron más de una decena de veces. Se trata del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, y el exsubsecretario de Justicia, Adrián Grassi, pero también pasó por ahí otro de los presentes en la filmación, el intendente de La Plata, Julio Garro.
 
A ellos se suman dos nombres que hasta ahora no habían aparecido en la trama, pero que por la temática de la persecución de aquel entonces cobran relevancia: el exministro de Justicia de la provincia, Gustavo Ferrari, y el exministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca.
 
La interventora de la AFI, Cristina Caamaño, entregó los datos en respuesta a un pedido del juez Kreplak, que investiga la reunión en el Bapro y armado de causas truchas, en particular contra el dirigente de la Uocra, Juan Pablo "Pata" Medina, que es mencionado explícitamente. El encuentro fue el 15 de junio de 2017.
 
La filmación fue hallada en la central de inteligencia en diciembre último y fue lo que dio pie a la causa judicial, donde quedaron imputados todos los presentes en ese evento que revela la existencia de una Mesa Judicial Macrista. La pesquisa se extendió también a la exgobernadora Vidal.
 
Los datos, que surgen del libro de ingresos a la central de inteligencia, desmorona la defensa de la exmandataria bonaerense Vidal y la compromete en la causa junto al expresidente Macri.
 
La Opinión Popular
 

22-01-2022 / 08:01
El mismo día que el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, anunció un gabinete de centroizquierda con mayoría de mujeres, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reclamó públicamente al Fondo Monetario por las exigencias que planteó a la Argentina y se conoció una nueva encuesta en Brasil que da ganador a Lula con mucha diferencia sobre Jair Bolsonaro.
 
La crítica pública de López Obrador al FMI por su actitud cerrada con Argentina es un síntoma muy fuerte de que esta negociación se ubicó en el centro de atención latinoamericano. Los gobiernos de la región visualizan claramente --como lo puntualizó el presidente mexicano-- que el préstamo fue político, para "ayudar al presidente anterior en las elecciones" y que otorgarlo fue una gran equivocación desde el punto de vista técnico. Con ese antecedente, agregó "ahora no pueden plantear exigencias que empobrezcan más a los argentinos".
 
El panorama regional tiende a cambiar de color, desplazando a una derecha que parecía que había llegado para quedarse. A los gobiernos de Argentina, Chile, México, Perú, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, El Salvador y Honduras, se les sumaría en octubre el Brasil de Lula. Y hasta el centroizquierdista Gustavo Petro podría ganar las elecciones de este año en Colombia.
 
La negociación argentina con el Fondo llegó a un punto donde tiene que dar un salto y convertirse en una cuestión de interés internacional. El debate sobrepasa las conversaciones del ministro Martín Guzmán con los técnicos del Fondo. Está en cuestión si la función del dinero público que administran los gobiernos es atender las necesidades políticas de los gobiernos de derecha.
 
El Fondo Monetario maneja fondos públicos. Si el gobierno denunció en la negociación que el crédito transgredió las reglamentaciones argentinas y del Fondo, está obligado a hacer una presentación ante la Justicia contra el ex presidente Mauricio Macri. Y si el Fondo reconoce -como ya lo hizo-- que el crédito fue un "error" y que "no se tomaron todos los recaudos", tendrían que denunciar ante la justicia al ex presidente Donald Trump y al representante norteamericano en el FMI de ese entonces, David Lipton, por "malversación de fondos públicos".
 
El Fondo tiene que estar atento también al nuevo color político que presenta la región. El préstamo a la Argentina de Macri es un escándalo en las finanzas internacionales. Allí fueron estafados el pueblo argentino y el de los países que conforman el Fondo. No es una negociación más, como las que tiene el Fondo con otros deudores. En este caso, la cifra es escandalosa, el acuerdo de pagos es absurdo y la situación política en la que se otorgó es muy obvia.
 

21-01-2022 / 08:01
Como nunca hasta ahora, en la soledad de su aislamiento preventivo en Olivos, Alberto Fernández coquetea con la alternativa de demorar el pago del próximo vencimiento con el Fondo Monetario para intentar forzar un vuelco en el último tramo de la negociación. Es una cuota de capital que vence el viernes próximo por U$S 725 millones y una de intereses por otros U$S 141 millones que debería cubrirse el martes siguiente, primer día de febrero.
 
La discusión hierve en la mesa chica presidencial y al interior del equipo económico, donde algunos roles cambiaron con el giro del calendario. A 50 días de los vencimientos de marzo, para los cuales las reservas netas del Banco Central ya no alcanzan, en los tres campamentos del oficialismo coinciden en que las tratativas están empantanadas por el endurecimiento del Fondo.
 
Aunque la situación puede variar en cuestión de horas, las condiciones que exige Washington para refinanciar la brutal deuda que dejó como herencia Mauricio Macri son inaceptables para el Frente de Todos.
 
El sapo más difícil de tragar para el oficialismo no es el sendero de ajuste fiscal que exige el staff del FMI -una reducción del déficit del 1% del PBI anual en vez del 0,7% que propone el Ministerio de Economía- sino el mecanismo de "enforcement" (aplicación) de las condiciones que se vayan a fijar en el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años.
 
Lo que funcionarios del Tesoro estadounidense le reconfirmaron a Martín Guzmán en diciembre es que las revisiones trimestrales del eventual acuerdo serían estrictamente técnicas y vinculantes, lo cual implica que cada desembolso para cubrir cada cuota de la deuda que dejó Macri estaría condicionado al cumplimiento de las metas del trimestre anterior. La evaluación de ese cumplimiento, además, estaría 100% en manos del staff, sin salvaguarda política alguna ni intervención formal del Directorio.
 
La pregunta que se hace ahora el establishment es si, ante el endurecimiento de las contrapartes, el Gobierno está recalculando su rumbo hacia una posición más defensiva, si solo tensa la cuerda para negociar mejor o si se prepara para afrontar las consecuencias económicas de un impago al FMI, que -más allá del terrorismo mediático- no están del todo claras.
 

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