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Nacionales - 20-11-2021 / 10:11
EL PELIGRO BULLRICH: POLITIZAR EL DOLOR O LA INDIGNACIÓN POR LOS CRÍMENES

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad.
Dos muertes en situación de violencia. Son muertes que conmueven, que indignan. Para algunos medios es como si la capacidad de indignarse ante las muertes injustas del kiosquero Roberto Sabo y del pibe de 17 años Lucas González, dependiera del pensamiento político. Para los macristas valería la de Sabo y para el oficialismo, la de González. Si fuera así, la realidad sería que ninguna de las dos conmueve a los que declaman por ellas y que solamente se las usa para la política.
 
"Estuvimos dos semanas en La Matanza, hablando todos los días del crimen del kiosquero, para este resultado", expresó un gelatinoso Jonathan Viale, disgustado, en el canal de Mauricio Macri. El resultado al que aludió es el de las elecciones de medio término, donde el Frente de Todos sacó 20 puntos de ventaja al macrismo en ese distrito después de que todos los medios, opinadores y movileros del macrismo replicaran el asesinato hasta el infinito durante varios días para tratar de que perdiera votos el Frente de Todos.
 
El candidato neoliberal José Luis Espert dijo entonces: "Derechos humanos para la gente de bien, para los delincuentes, cárcel o bala". Y la polémica ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, afirmó que la política del gobierno nacional "genera miedo en las policías por lo que podría pasarles si hacen algo, los delincuentes están empoderados".
 
El cinismo que encierra la frase de Bullrich quedó demostrado con el asesinato de Lucas González por tres policías de civil. Ojalá hubieran sentido la responsabilidad que implica la portación de armas y no se hubieran dejado llevar por el sentimiento de impunidad que indujo desde su gestión la exministra.
 
Ese sentimiento de impunidad produjo la muerte oscuramente explicada y llena de interrogantes de Santiago Maldonado cuando era perseguido por un pelotón de Gendarmería y la de Rafael Nahuel también en una manifestación mapuche en un reclamo pacífico de tierra.
 
Durante la gestión de Bullrich también se produjo el crimen de tres chicos de 13 y 14 años y un adulto de 23, que fueron baleados por un móvil policial en San Miguel del Monte. En cinco años, la policía macrista de CABA ya acumuló 121 causas por gatillo fácil. Es un número que suma al índice de delincuencia en vez de bajarlo.
 
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad. 
 

 
El diseño de un plan contra la criminalidad requiere el conocimiento profesional, una mirada que pueda ser abarcadora de un fenómeno complejo que tiene origen en muchos factores y cuya modificación requiere de políticas de Estado que trasciendan los tiempos políticos.
 
La frase de José Luis Espert, es un ejemplo del peligro que implica cuando un oportunista aprovecha una desgracia. Al decir que los derechos humanos son solamente para la gente de bien, está diciendo que son solamente para las personas que a él les parezcan "de bien". Esos no son derechos humanos sino privilegios "para la gente de bien", cuya calificación asume Espert de antemano. Para este personaje, gente de bien es solamente la que piensa, actúa y vive como él.
 
El hombre es corto de pensamiento. Y más si se tiene en cuenta que según sus discursos y declaraciones a los medios, los kirchneristas y los peronistas son vagos, acarreados, o corruptos. Para don Espert, hay millones de personas que no son gente de bien y no se merecen que se les respeten sus derechos humanos.
 
La idea de derechos humanos es que cualquiera, por el hecho de pertenecer a la humanidad, tiene la atribución de esos derechos, incluso los delincuentes. En esa cuestión no hay garantistas o antigarantistas: Aunque los garantistas los acusen de ello, los antigarantistas nunca aceptarían que quieren violar los derechos humanos de nadie.
 
Los derechos humanos están en un plano diferente a esa antinomia, donde no tiene nada que ver si son delincuentes, blancos, negros, judíos o cristianos. Sin son seres humanos, tienen derechos humanos.
 
Y en ese caso, tienen derechos humanos tanto los asesinos de Sabo, como los de González, un buen hombre y un buen chico asesinados. Sus asesinos tienen derechos humanos tanto si son civiles como si son policías.
 
En todos estos casos, los derechos humanos no son para proteger a los criminales e ignorar los derechos de las víctimas, como aducen maliciosamente Espert o Bullrich, sino para que no se sumen más víctimas. La sociedad no tiene derecho a juzgar a un delincuente si se pone a su nivel y le niega esos derechos a otro, como hizo el delincuente cuando asesinó a su víctima.
 
La realización de una política que reduzca al mínimo posible estos crímenes no tiene por qué estar en oposición a esa idea de los derechos humanos. Es más, sólo es posible si es compatible con los derechos humanos, porque de lo contrario, suma crímenes en vez de disminuirlos. El ejemplo está en la gestión de Bullrich en Seguridad y en esa enorme cantidad de casos de gatillo fácil que se han producido sin que hayan bajado los índices de criminalidad, sobre todo los de homicidios.
 
Un amigo de Lucas respondió al borde del llanto a la pregunta de un movilero: "Si llevás visera o gorrita y sos un poco morocho, para ellos sos un delincuente, nos confunden con todos esos delincuentes que andan sueltos".
 
El chico temblaba por la impresión de haber perdido a su amigo a causa de un balazo en la cabeza. Y sorprende esa frase dicha de un tirón, sin tomarse el tiempo de pensar, sin tartamudear. No necesitó tiempo para pensarla porque sabía de antes de la muerte de su amigo que llevar gorrita y ser "un poco morocho" implica parecer el delincuente que se prefiguran los policías y una parte de la sociedad.
 
Sabe que no ser delincuente para esos policías es secundario si se les parecen. Para esos policías del mundo de los pibes morochos con gorrita con visera, "parecer" es lo mismo que "ser". Y como a los delincuentes "cárcel y bala", según la frase de Espert, los pibes transitan con una condena a muerte sobre sus hombros, emitida por los prejuicios de una Corte de "gente de bien".
 
¿Tendrían que haberse identificado antes de sacar las armas y tratar de interrogar a los chicos? ¿Si los chicos trataron de evadirlos, era una prueba de que eran criminales? ¿Esos interrogantes son garantistas? ¿O son elementales, básicos?
 
La problemática de la inseguridad existe. No se trata de ignorarla y mucho menos de estar más sensibilizado por la suerte de los criminales que de las víctimas. Si bien tiene consecuencias particulares, la seguridad es un problema social. O sea que la solución tampoco es individual, (justicia por mano propia, tener armas o recluirse) sino que es la sociedad la que debe resolverlo sin convertirse en lo que debe combatir.
 
Es probable que frente a la angustia y el dolor que producen estos crímenes, algunas de estas reflexiones parezcan diletantes. Pero son justamente producto del dolor y la indignación que producen estos crímenes.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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