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Nacionales - 20-11-2021 / 10:11
EL PELIGRO BULLRICH: POLITIZAR EL DOLOR O LA INDIGNACIÓN POR LOS CRÍMENES

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad.
Dos muertes en situación de violencia. Son muertes que conmueven, que indignan. Para algunos medios es como si la capacidad de indignarse ante las muertes injustas del kiosquero Roberto Sabo y del pibe de 17 años Lucas González, dependiera del pensamiento político. Para los macristas valería la de Sabo y para el oficialismo, la de González. Si fuera así, la realidad sería que ninguna de las dos conmueve a los que declaman por ellas y que solamente se las usa para la política.
 
"Estuvimos dos semanas en La Matanza, hablando todos los días del crimen del kiosquero, para este resultado", expresó un gelatinoso Jonathan Viale, disgustado, en el canal de Mauricio Macri. El resultado al que aludió es el de las elecciones de medio término, donde el Frente de Todos sacó 20 puntos de ventaja al macrismo en ese distrito después de que todos los medios, opinadores y movileros del macrismo replicaran el asesinato hasta el infinito durante varios días para tratar de que perdiera votos el Frente de Todos.
 
El candidato neoliberal José Luis Espert dijo entonces: "Derechos humanos para la gente de bien, para los delincuentes, cárcel o bala". Y la polémica ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, afirmó que la política del gobierno nacional "genera miedo en las policías por lo que podría pasarles si hacen algo, los delincuentes están empoderados".
 
El cinismo que encierra la frase de Bullrich quedó demostrado con el asesinato de Lucas González por tres policías de civil. Ojalá hubieran sentido la responsabilidad que implica la portación de armas y no se hubieran dejado llevar por el sentimiento de impunidad que indujo desde su gestión la exministra.
 
Ese sentimiento de impunidad produjo la muerte oscuramente explicada y llena de interrogantes de Santiago Maldonado cuando era perseguido por un pelotón de Gendarmería y la de Rafael Nahuel también en una manifestación mapuche en un reclamo pacífico de tierra.
 
Durante la gestión de Bullrich también se produjo el crimen de tres chicos de 13 y 14 años y un adulto de 23, que fueron baleados por un móvil policial en San Miguel del Monte. En cinco años, la policía macrista de CABA ya acumuló 121 causas por gatillo fácil. Es un número que suma al índice de delincuencia en vez de bajarlo.
 
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad. 
 

 
El diseño de un plan contra la criminalidad requiere el conocimiento profesional, una mirada que pueda ser abarcadora de un fenómeno complejo que tiene origen en muchos factores y cuya modificación requiere de políticas de Estado que trasciendan los tiempos políticos.
 
La frase de José Luis Espert, es un ejemplo del peligro que implica cuando un oportunista aprovecha una desgracia. Al decir que los derechos humanos son solamente para la gente de bien, está diciendo que son solamente para las personas que a él les parezcan "de bien". Esos no son derechos humanos sino privilegios "para la gente de bien", cuya calificación asume Espert de antemano. Para este personaje, gente de bien es solamente la que piensa, actúa y vive como él.
 
El hombre es corto de pensamiento. Y más si se tiene en cuenta que según sus discursos y declaraciones a los medios, los kirchneristas y los peronistas son vagos, acarreados, o corruptos. Para don Espert, hay millones de personas que no son gente de bien y no se merecen que se les respeten sus derechos humanos.
 
La idea de derechos humanos es que cualquiera, por el hecho de pertenecer a la humanidad, tiene la atribución de esos derechos, incluso los delincuentes. En esa cuestión no hay garantistas o antigarantistas: Aunque los garantistas los acusen de ello, los antigarantistas nunca aceptarían que quieren violar los derechos humanos de nadie.
 
Los derechos humanos están en un plano diferente a esa antinomia, donde no tiene nada que ver si son delincuentes, blancos, negros, judíos o cristianos. Sin son seres humanos, tienen derechos humanos.
 
Y en ese caso, tienen derechos humanos tanto los asesinos de Sabo, como los de González, un buen hombre y un buen chico asesinados. Sus asesinos tienen derechos humanos tanto si son civiles como si son policías.
 
En todos estos casos, los derechos humanos no son para proteger a los criminales e ignorar los derechos de las víctimas, como aducen maliciosamente Espert o Bullrich, sino para que no se sumen más víctimas. La sociedad no tiene derecho a juzgar a un delincuente si se pone a su nivel y le niega esos derechos a otro, como hizo el delincuente cuando asesinó a su víctima.
 
La realización de una política que reduzca al mínimo posible estos crímenes no tiene por qué estar en oposición a esa idea de los derechos humanos. Es más, sólo es posible si es compatible con los derechos humanos, porque de lo contrario, suma crímenes en vez de disminuirlos. El ejemplo está en la gestión de Bullrich en Seguridad y en esa enorme cantidad de casos de gatillo fácil que se han producido sin que hayan bajado los índices de criminalidad, sobre todo los de homicidios.
 
Un amigo de Lucas respondió al borde del llanto a la pregunta de un movilero: "Si llevás visera o gorrita y sos un poco morocho, para ellos sos un delincuente, nos confunden con todos esos delincuentes que andan sueltos".
 
El chico temblaba por la impresión de haber perdido a su amigo a causa de un balazo en la cabeza. Y sorprende esa frase dicha de un tirón, sin tomarse el tiempo de pensar, sin tartamudear. No necesitó tiempo para pensarla porque sabía de antes de la muerte de su amigo que llevar gorrita y ser "un poco morocho" implica parecer el delincuente que se prefiguran los policías y una parte de la sociedad.
 
Sabe que no ser delincuente para esos policías es secundario si se les parecen. Para esos policías del mundo de los pibes morochos con gorrita con visera, "parecer" es lo mismo que "ser". Y como a los delincuentes "cárcel y bala", según la frase de Espert, los pibes transitan con una condena a muerte sobre sus hombros, emitida por los prejuicios de una Corte de "gente de bien".
 
¿Tendrían que haberse identificado antes de sacar las armas y tratar de interrogar a los chicos? ¿Si los chicos trataron de evadirlos, era una prueba de que eran criminales? ¿Esos interrogantes son garantistas? ¿O son elementales, básicos?
 
La problemática de la inseguridad existe. No se trata de ignorarla y mucho menos de estar más sensibilizado por la suerte de los criminales que de las víctimas. Si bien tiene consecuencias particulares, la seguridad es un problema social. O sea que la solución tampoco es individual, (justicia por mano propia, tener armas o recluirse) sino que es la sociedad la que debe resolverlo sin convertirse en lo que debe combatir.
 
Es probable que frente a la angustia y el dolor que producen estos crímenes, algunas de estas reflexiones parezcan diletantes. Pero son justamente producto del dolor y la indignación que producen estos crímenes.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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27-03-2026 / 19:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 13:03
24-03-2026 / 12:03
Mientras la mayor parte de los argentinos dormían, en la madrugada del miércoles 24 de marzo de 1976, me desperté sobresaltado por los golpes en la puerta de mi casa. El "Chueco", un viejo compañero de militancia, me vino a comunicar que las Fuerzas Armadas habían derrocado al gobierno constitucional del peronismo.
 
Me vestí apresuradamente, me cambié el peinado, me afeite los bigotes y salí inmediatamente a alertar a otros compañeros. La primera casa a la que llegué, la de Rodolfo "Rody" Vittar, no existía más. Horas antes un comando paramilitar había llegado para detenerlo, y como no lo encontró, instaló explosivos y voló la vivienda hasta los cimientos.
 
La represión en Córdoba fue muy dura, igual que en muchos otros lugares del país. Este proceso desembocó en una sangrienta y larga noche de males, que dejó como saldo miles desaparecidos, una guerra perdida a manos de Gran Bretaña y un país económicamente quebrado, entre otras cosas.
 
Por eso, en el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, en este nuevo aniversario del golpe militar genocida, quiero recordar y rendir un recóndito homenaje a tres queridos compañeros y amigos, asesinados ese siniestro 24 de marzo.

Ellos son: Víctor Lorenzo, Concejal en Córdoba Capital por la Juventud Revolucionaria Peronista, quien fuera ejecutado, el día del golpe, de un tiro en la cabeza en la cárcel local; don Luis Carnevale, Senador Nacional por la misma provincia, secuestrado y desaparecido ese mismo día; y el mayor Bernardo Alberte, ex Delegado Personal de Juan Perón, quien fuera arrojado a través de la ventana de su departamento, en un sexto piso, por una patrulla militar, la madrugada del siniestro Golpe de Estado.

Hay muertes, que por ser las primeras, son todo un símbolo. Los militares asesinos los eligieron primero porque eran peronistas. Y no se lo perdonaron. Pero, a pesar de las cárceles y los fusilamientos, de los compañeros muertos y los desaparecidos, nunca fuimos vencidos. Continuamos invariablemente las luchas que emprendieron Eva y Juan Perón.

Compañeros Víctor Lorenzo, Luis Carnevale y Bernardo Alberte, Presentes. Hasta la victoria, siempre.

Por Blas García para La Opinión Popular 

24-03-2026 / 12:03
El 24 de marzo de 1976 una sublevación cívico-militar derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez, instalando una dictadura de tipo permanente autodenominada "Proceso de Reorganización Nacional", gobernada por una Junta Militar integrada por tres jerarcas militares, uno por cada fuerza. La junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
 
El gobierno militar suprimió los derechos civiles de los ciudadanos y las libertades públicas, anuló las garantías constitucionales, suspendió la actividad política, vedó los derechos de los trabajadores, intervino los sindicatos y la CGT, prohibió las huelgas, disolvió el Congreso y los partidos políticos, y destituyó la Corte Suprema de Justicia.

 
La dictadura impuso el terrorismo de Estado como método sistemático, un régimen de represión ilegal, violencia indiscriminada, persecuciones, tortura sistematizada y desaparición forzada de personas, en el que se violaron masivamente los derechos humanos y se produjeron, en un verdadero genocidio, decenas de miles de desaparecidos.

 
Pero la dictadura no se instaló sólo para torturar y matar gente, sino para posibilitar una transferencia masiva de riquezas hacia los núcleos más concentrados de la economía, quienes se apropiaron además de buena parte de los negocios públicos. Durante el proceso militar, por ejemplo, el grupo Macri pasó de tener 7 a 47 empresas, mostrando que el golpe no fue solo accionar de fuerzas represivas. Y los empresarios que mandaban en 1976, siguen mandando.

 
Para imponer un régimen alejado de los intereses nacionales y populares, el golpe militar fue ejecutado en contra del Pueblo y del peronismo en su conjunto, institucional, política e individualmente. Pensado en función del molde agro exportador de fines del siglo XIX que, dados los cambios internacionales, derivó en el programa pro financiero y desindustrializador, el modelo neoliberal. Hoy Javier Milei y Victoria Villaruel expresan muchos de esos ideales de Videla y Martínez de Hoz, pero también de los grandes empresarios, eternos dueños del país.

 
El Terrorismo de Estado produjo miles de desaparecidos. Hubo 30.000 luchadores sociales barridos por la represión, de todos los sectores políticos populares y revolucionarios. La inmensa mayoría de las víctimas fueron jóvenes, la inmensa mayoría fueron cuadros y militantes de la clase trabajadora, la inmensa mayoría fueron peronistas.


El Proceso puso fin al "Estado de Bienestar" fundado por Juan Perón y al Proyecto Nacional y Popular concebido por el justicialismo desde la década del 40, dejando en lamentable estado la convivencia democrática, la economía, la sociedad y las instituciones, abriendo profundas grietas que recién después de más de cuatro décadas empiezan a ser curadas.


A 50 años de aquel infausto 24 de marzo, en el contexto de un gobierno anarco capitalista que niega, justifica o exalta los crímenes cometidos por las fuerzas represivas, convocamos a mantener viva la memoria del Pueblo en apoyo a la continuidad de la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad cometidos y en defensa de los Derechos Constitucionales, los Derechos Humanos y las Libertades individuales de ayer, de hoy y de siempre.


Carlos Morales para La Opinión Popular 

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