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Nacionales - 20-11-2021 / 10:11
EL PELIGRO BULLRICH: POLITIZAR EL DOLOR O LA INDIGNACIÓN POR LOS CRÍMENES

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad.
Dos muertes en situación de violencia. Son muertes que conmueven, que indignan. Para algunos medios es como si la capacidad de indignarse ante las muertes injustas del kiosquero Roberto Sabo y del pibe de 17 años Lucas González, dependiera del pensamiento político. Para los macristas valería la de Sabo y para el oficialismo, la de González. Si fuera así, la realidad sería que ninguna de las dos conmueve a los que declaman por ellas y que solamente se las usa para la política.
 
"Estuvimos dos semanas en La Matanza, hablando todos los días del crimen del kiosquero, para este resultado", expresó un gelatinoso Jonathan Viale, disgustado, en el canal de Mauricio Macri. El resultado al que aludió es el de las elecciones de medio término, donde el Frente de Todos sacó 20 puntos de ventaja al macrismo en ese distrito después de que todos los medios, opinadores y movileros del macrismo replicaran el asesinato hasta el infinito durante varios días para tratar de que perdiera votos el Frente de Todos.
 
El candidato neoliberal José Luis Espert dijo entonces: "Derechos humanos para la gente de bien, para los delincuentes, cárcel o bala". Y la polémica ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, afirmó que la política del gobierno nacional "genera miedo en las policías por lo que podría pasarles si hacen algo, los delincuentes están empoderados".
 
El cinismo que encierra la frase de Bullrich quedó demostrado con el asesinato de Lucas González por tres policías de civil. Ojalá hubieran sentido la responsabilidad que implica la portación de armas y no se hubieran dejado llevar por el sentimiento de impunidad que indujo desde su gestión la exministra.
 
Ese sentimiento de impunidad produjo la muerte oscuramente explicada y llena de interrogantes de Santiago Maldonado cuando era perseguido por un pelotón de Gendarmería y la de Rafael Nahuel también en una manifestación mapuche en un reclamo pacífico de tierra.
 
Durante la gestión de Bullrich también se produjo el crimen de tres chicos de 13 y 14 años y un adulto de 23, que fueron baleados por un móvil policial en San Miguel del Monte. En cinco años, la policía macrista de CABA ya acumuló 121 causas por gatillo fácil. Es un número que suma al índice de delincuencia en vez de bajarlo.
 
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad. 
 

 
El diseño de un plan contra la criminalidad requiere el conocimiento profesional, una mirada que pueda ser abarcadora de un fenómeno complejo que tiene origen en muchos factores y cuya modificación requiere de políticas de Estado que trasciendan los tiempos políticos.
 
La frase de José Luis Espert, es un ejemplo del peligro que implica cuando un oportunista aprovecha una desgracia. Al decir que los derechos humanos son solamente para la gente de bien, está diciendo que son solamente para las personas que a él les parezcan "de bien". Esos no son derechos humanos sino privilegios "para la gente de bien", cuya calificación asume Espert de antemano. Para este personaje, gente de bien es solamente la que piensa, actúa y vive como él.
 
El hombre es corto de pensamiento. Y más si se tiene en cuenta que según sus discursos y declaraciones a los medios, los kirchneristas y los peronistas son vagos, acarreados, o corruptos. Para don Espert, hay millones de personas que no son gente de bien y no se merecen que se les respeten sus derechos humanos.
 
La idea de derechos humanos es que cualquiera, por el hecho de pertenecer a la humanidad, tiene la atribución de esos derechos, incluso los delincuentes. En esa cuestión no hay garantistas o antigarantistas: Aunque los garantistas los acusen de ello, los antigarantistas nunca aceptarían que quieren violar los derechos humanos de nadie.
 
Los derechos humanos están en un plano diferente a esa antinomia, donde no tiene nada que ver si son delincuentes, blancos, negros, judíos o cristianos. Sin son seres humanos, tienen derechos humanos.
 
Y en ese caso, tienen derechos humanos tanto los asesinos de Sabo, como los de González, un buen hombre y un buen chico asesinados. Sus asesinos tienen derechos humanos tanto si son civiles como si son policías.
 
En todos estos casos, los derechos humanos no son para proteger a los criminales e ignorar los derechos de las víctimas, como aducen maliciosamente Espert o Bullrich, sino para que no se sumen más víctimas. La sociedad no tiene derecho a juzgar a un delincuente si se pone a su nivel y le niega esos derechos a otro, como hizo el delincuente cuando asesinó a su víctima.
 
La realización de una política que reduzca al mínimo posible estos crímenes no tiene por qué estar en oposición a esa idea de los derechos humanos. Es más, sólo es posible si es compatible con los derechos humanos, porque de lo contrario, suma crímenes en vez de disminuirlos. El ejemplo está en la gestión de Bullrich en Seguridad y en esa enorme cantidad de casos de gatillo fácil que se han producido sin que hayan bajado los índices de criminalidad, sobre todo los de homicidios.
 
Un amigo de Lucas respondió al borde del llanto a la pregunta de un movilero: "Si llevás visera o gorrita y sos un poco morocho, para ellos sos un delincuente, nos confunden con todos esos delincuentes que andan sueltos".
 
El chico temblaba por la impresión de haber perdido a su amigo a causa de un balazo en la cabeza. Y sorprende esa frase dicha de un tirón, sin tomarse el tiempo de pensar, sin tartamudear. No necesitó tiempo para pensarla porque sabía de antes de la muerte de su amigo que llevar gorrita y ser "un poco morocho" implica parecer el delincuente que se prefiguran los policías y una parte de la sociedad.
 
Sabe que no ser delincuente para esos policías es secundario si se les parecen. Para esos policías del mundo de los pibes morochos con gorrita con visera, "parecer" es lo mismo que "ser". Y como a los delincuentes "cárcel y bala", según la frase de Espert, los pibes transitan con una condena a muerte sobre sus hombros, emitida por los prejuicios de una Corte de "gente de bien".
 
¿Tendrían que haberse identificado antes de sacar las armas y tratar de interrogar a los chicos? ¿Si los chicos trataron de evadirlos, era una prueba de que eran criminales? ¿Esos interrogantes son garantistas? ¿O son elementales, básicos?
 
La problemática de la inseguridad existe. No se trata de ignorarla y mucho menos de estar más sensibilizado por la suerte de los criminales que de las víctimas. Si bien tiene consecuencias particulares, la seguridad es un problema social. O sea que la solución tampoco es individual, (justicia por mano propia, tener armas o recluirse) sino que es la sociedad la que debe resolverlo sin convertirse en lo que debe combatir.
 
Es probable que frente a la angustia y el dolor que producen estos crímenes, algunas de estas reflexiones parezcan diletantes. Pero son justamente producto del dolor y la indignación que producen estos crímenes.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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El naufragio de la ley de propiedad privada dejó al descubierto la incompetencia política oficialista, las internas feroces en la Casa Rosada y un estruendoso choque contra el límite de sus propios aliados, en medio de una profunda crisis económica y un acelerado desencanto de la sociedad y de sus propios votantes. Un escenario agravado luego de que la cuestión Malvinas alrededor de la selección de fútbol generara un clima nacionalista que colisionó de frente contra el cipayismo libertario y expuso su escaso arraigo popular.
 
El bochornoso traspié de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado representa el síntoma terminal de un oficialismo cegado por el dogmatismo y desprovisto de oficio político. Lo que el Ejecutivo pretendía vender como un triunfo terminó convertido en un cascarón vaciado: acorralada por la falta de apoyo de los bloques dialoguistas, la Casa Rosada debió capitular y retirar apresuradamente los capítulos centrales de extranjerización de tierras y la flexibilización de la Ley de Manejo del Fuego. El dictamen final fue aprobado desflecado y reducido a menos de un tercio de sus ambiciones originales, dejando al desnudo que las mayorías parlamentarias no se edifican con bravuconadas de redes sociales ni con intervenciones torpes como las del senador Joaquín Benegas Lynch, cuyos insultos a los senadores aliados terminaron de dinamitar los puentes de negociación.
 
Fiel a su matriz refractaria a la autocrítica, la reacción de la conducción libertaria ante semejante derrumbe consistió en desatar una inmediata cacería interna de chivos expiatorios. En lugar de asumir los errores de cálculo de la gestión, la Casa Rosada liderada por Javier y Karina Milei optó por aislar y "freezar" al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, amagando con congelar el resto de sus proyectos en carpeta tras convertirlo en un yunque político. Al mismo tiempo, el enojo oficialista apuntó directamente contra Patricia Bullrich, a quien responsabilizan por fallar en la contabilidad de los votos y perder el control de la sesión. Este pase de facturas expone un gabinete frágil y fracturado, donde los propios arquitectos del programa gubernamental son arrojados a los leones ante la primera turbulencia institucional.
 
 
En última instancia, la mutilación de este proyecto emblemático expone el techo del modelo libertario: una administración que chocó de frente contra el límite de sus aliados e incapaz de sostener consensos duraderos. La incapacidad para articular mayorías y la constante tendencia a refugiarse en la intransigencia demuestran que el dogmatismo autoritario se vuelve impotente ante la dinámica republicana. Con Sturzenegger desautorizado y Bullrich golpeada políticamente, el gobierno ingresa en una peligrosa fase de insularidad y parálisis parlamentaria, donde la falta de muñeca política condena al oficialismo a multiplicar derrotas mientras la gestión cotidiana se consume entre internas feroces e improvisación.
 
De la redacción de La Opinión Popular

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