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Nacionales - 20-11-2021 / 10:11
EL PELIGRO BULLRICH: POLITIZAR EL DOLOR O LA INDIGNACIÓN POR LOS CRÍMENES

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?

Falso debate sobre seguridad: ¿Qué vida vale más: la de un kiosquero o la de un pibe?
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad.
Dos muertes en situación de violencia. Son muertes que conmueven, que indignan. Para algunos medios es como si la capacidad de indignarse ante las muertes injustas del kiosquero Roberto Sabo y del pibe de 17 años Lucas González, dependiera del pensamiento político. Para los macristas valería la de Sabo y para el oficialismo, la de González. Si fuera así, la realidad sería que ninguna de las dos conmueve a los que declaman por ellas y que solamente se las usa para la política.
 
"Estuvimos dos semanas en La Matanza, hablando todos los días del crimen del kiosquero, para este resultado", expresó un gelatinoso Jonathan Viale, disgustado, en el canal de Mauricio Macri. El resultado al que aludió es el de las elecciones de medio término, donde el Frente de Todos sacó 20 puntos de ventaja al macrismo en ese distrito después de que todos los medios, opinadores y movileros del macrismo replicaran el asesinato hasta el infinito durante varios días para tratar de que perdiera votos el Frente de Todos.
 
El candidato neoliberal José Luis Espert dijo entonces: "Derechos humanos para la gente de bien, para los delincuentes, cárcel o bala". Y la polémica ex ministra de Seguridad del macrismo, Patricia Bullrich, afirmó que la política del gobierno nacional "genera miedo en las policías por lo que podría pasarles si hacen algo, los delincuentes están empoderados".
 
El cinismo que encierra la frase de Bullrich quedó demostrado con el asesinato de Lucas González por tres policías de civil. Ojalá hubieran sentido la responsabilidad que implica la portación de armas y no se hubieran dejado llevar por el sentimiento de impunidad que indujo desde su gestión la exministra.
 
Ese sentimiento de impunidad produjo la muerte oscuramente explicada y llena de interrogantes de Santiago Maldonado cuando era perseguido por un pelotón de Gendarmería y la de Rafael Nahuel también en una manifestación mapuche en un reclamo pacífico de tierra.
 
Durante la gestión de Bullrich también se produjo el crimen de tres chicos de 13 y 14 años y un adulto de 23, que fueron baleados por un móvil policial en San Miguel del Monte. En cinco años, la policía macrista de CABA ya acumuló 121 causas por gatillo fácil. Es un número que suma al índice de delincuencia en vez de bajarlo.
 
Los dos crímenes que conmueven en estos días y que han tenido tanta repercusión en los medios, lastiman por su injusticia, por las vidas valiosas que se han perdido, producen dolor e indignación. Resulta repugnante la utilización de esas emociones para una campaña electoral o para diseñar una política de seguridad. 
 

 
El diseño de un plan contra la criminalidad requiere el conocimiento profesional, una mirada que pueda ser abarcadora de un fenómeno complejo que tiene origen en muchos factores y cuya modificación requiere de políticas de Estado que trasciendan los tiempos políticos.
 
La frase de José Luis Espert, es un ejemplo del peligro que implica cuando un oportunista aprovecha una desgracia. Al decir que los derechos humanos son solamente para la gente de bien, está diciendo que son solamente para las personas que a él les parezcan "de bien". Esos no son derechos humanos sino privilegios "para la gente de bien", cuya calificación asume Espert de antemano. Para este personaje, gente de bien es solamente la que piensa, actúa y vive como él.
 
El hombre es corto de pensamiento. Y más si se tiene en cuenta que según sus discursos y declaraciones a los medios, los kirchneristas y los peronistas son vagos, acarreados, o corruptos. Para don Espert, hay millones de personas que no son gente de bien y no se merecen que se les respeten sus derechos humanos.
 
La idea de derechos humanos es que cualquiera, por el hecho de pertenecer a la humanidad, tiene la atribución de esos derechos, incluso los delincuentes. En esa cuestión no hay garantistas o antigarantistas: Aunque los garantistas los acusen de ello, los antigarantistas nunca aceptarían que quieren violar los derechos humanos de nadie.
 
Los derechos humanos están en un plano diferente a esa antinomia, donde no tiene nada que ver si son delincuentes, blancos, negros, judíos o cristianos. Sin son seres humanos, tienen derechos humanos.
 
Y en ese caso, tienen derechos humanos tanto los asesinos de Sabo, como los de González, un buen hombre y un buen chico asesinados. Sus asesinos tienen derechos humanos tanto si son civiles como si son policías.
 
En todos estos casos, los derechos humanos no son para proteger a los criminales e ignorar los derechos de las víctimas, como aducen maliciosamente Espert o Bullrich, sino para que no se sumen más víctimas. La sociedad no tiene derecho a juzgar a un delincuente si se pone a su nivel y le niega esos derechos a otro, como hizo el delincuente cuando asesinó a su víctima.
 
La realización de una política que reduzca al mínimo posible estos crímenes no tiene por qué estar en oposición a esa idea de los derechos humanos. Es más, sólo es posible si es compatible con los derechos humanos, porque de lo contrario, suma crímenes en vez de disminuirlos. El ejemplo está en la gestión de Bullrich en Seguridad y en esa enorme cantidad de casos de gatillo fácil que se han producido sin que hayan bajado los índices de criminalidad, sobre todo los de homicidios.
 
Un amigo de Lucas respondió al borde del llanto a la pregunta de un movilero: "Si llevás visera o gorrita y sos un poco morocho, para ellos sos un delincuente, nos confunden con todos esos delincuentes que andan sueltos".
 
El chico temblaba por la impresión de haber perdido a su amigo a causa de un balazo en la cabeza. Y sorprende esa frase dicha de un tirón, sin tomarse el tiempo de pensar, sin tartamudear. No necesitó tiempo para pensarla porque sabía de antes de la muerte de su amigo que llevar gorrita y ser "un poco morocho" implica parecer el delincuente que se prefiguran los policías y una parte de la sociedad.
 
Sabe que no ser delincuente para esos policías es secundario si se les parecen. Para esos policías del mundo de los pibes morochos con gorrita con visera, "parecer" es lo mismo que "ser". Y como a los delincuentes "cárcel y bala", según la frase de Espert, los pibes transitan con una condena a muerte sobre sus hombros, emitida por los prejuicios de una Corte de "gente de bien".
 
¿Tendrían que haberse identificado antes de sacar las armas y tratar de interrogar a los chicos? ¿Si los chicos trataron de evadirlos, era una prueba de que eran criminales? ¿Esos interrogantes son garantistas? ¿O son elementales, básicos?
 
La problemática de la inseguridad existe. No se trata de ignorarla y mucho menos de estar más sensibilizado por la suerte de los criminales que de las víctimas. Si bien tiene consecuencias particulares, la seguridad es un problema social. O sea que la solución tampoco es individual, (justicia por mano propia, tener armas o recluirse) sino que es la sociedad la que debe resolverlo sin convertirse en lo que debe combatir.
 
Es probable que frente a la angustia y el dolor que producen estos crímenes, algunas de estas reflexiones parezcan diletantes. Pero son justamente producto del dolor y la indignación que producen estos crímenes.
 
Por Luis Bruschtein
 
Fuente: Página12
 

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24-12-2025 / 11:12
La guerra de las coimas. Daniel Garbellini, el hombre de los primos Menem al que Daniel Spagnuolo definía en sus audios como "un delincuente" y al que le echó toda la culpa por la corrupción con los remedios para discapacitados, declaró ante la Justicia que el verdadero culpable era el propio Spagnuolo. "El asumió la suma del poder en la Andis y era el único que tenía firma autorizada para realizar pagos", sostiene en un documento.
 
La causa sobre coimas, direccionamiento y sobreprecios en la compra de medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) dejó expuesta una batalla entre los principales imputados. Después de que el exdirector del organismo, Spagnuolo, buscara en un escrito responsabilizarlo por las irregularidades, Garbellini -su exnúmero dos, extitular de Acceso a los Servicios de Salud- le devolvió en un descargo la gentileza.
 
En el marco de la causa que investiga las irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad, Garbellini, ex número dos del organismo, presentó un escrito ante la Justicia en el que negó todas las acusaciones y trasladó la responsabilidad de las decisiones operativas y administrativas a Diego Spagnuolo, ex abogado personal de Javier "el Loco" Milei y exdirector ejecutivo de la entidad.
 
Garbellini fue removido de su cargo tras el escándalo por sobornos en la compra de medicamentos y detalló que asumió la Dirección de Acceso a los Servicios de Salud en junio de 2024. Según su descargo, sus funciones se limitaban a la gestión del programa Incluir Salud, destinado a brindar cobertura médica a personas con discapacidad sin obra social, y no incluían facultades decisorias sobre contrataciones ni sobre bajas de pensiones.
 
En su presentación, sostuvo que el control total del sistema informático, las compulsas de precios y los pagos estaban en manos exclusivas de la Dirección Ejecutiva. "Tanto el suscripto como el resto de los funcionarios éramos usuarios del sistema", afirmó, y remarcó que el acceso pleno e irrestricto a la información dependía únicamente del director ejecutivo.
 
Garbellini insistió en que no tenía atribuciones para transparentar o abrir las contrataciones, y que cualquier falta de publicidad o control público fue una decisión ajena a su responsabilidad. Incluso aseguró haber sugerido cambios estructurales que fueron rechazados con el argumento de que "todo se hacía por urgencia".
 
El caso se originó a partir de grabaciones que involucraban a Spagnuolo, aunque esas pruebas no fueron consideradas válidas por el fiscal Franco Picardi. En esos registros también se mencionaba un vínculo entre Garbellini y Karina Milei, a través de un colaborador cercano, aunque esa línea no avanzó formalmente.
 
Hasta ahora, el único testimonio oral fue el de Roger Grant, quien admitió irregularidades en las contrataciones del programa PACBI y aseguró que actuaba bajo órdenes directas de Garbellini, a quien señaló como la figura que definía la operatoria. Sin embargo, evitó referirse a presuntas coimas. El expediente también incorpora anotaciones secuestradas en un allanamiento que vuelven a comprometer al exfuncionario libertario y refuerzan la disputa de responsabilidades en la causa.
 
La Opinión Popular
 

23-12-2025 / 09:12
Un fallo de Cámara obliga al Gobierno a explicar ante la Justicia dónde está el oro que, en junio de 2024, el gobierno de Javier "el Loco" Milei sacó del Banco Central para enviar al exterior. Para los jueces, esa información constituye "un asunto de indudable interés público como es la administración de las reservas". La presentación la hizo La Asociación Bancaria, el gremio que descubrió y denunció la maniobra con los lingotes de oro. El presidente del Banco central, Santiago Bausili, ya se negó a contestar un requerimiento de la Auditoría General de La Nación. Junto a "Toto" Caputo sacaron el oro del país y nunca informaron sobre su destino.
 
En un operativo clandestino de ribetes policiales, comenzó una saga de ocultamiento de las autoridades sobre el destino de uno de los principales activos líquidos del organismo monetario. El diputado nacional y líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó varios pedidos de informes exigiendo a las autoridades que expliquen donde está el oro y que tipo de cauciones lo afectan. Caputo nunca quiso explicar su destino, se limitó a comentar muy por arriba en un programa de televisión que se giró a un banco para cobrar intereses. No explicó quien lo tiene ni qué tipo de operación se hizo con ese importante activo.
 
Ahora, la Justicia Federal ordenó este lunes al Banco Central que entregue información precisa sobre el destino del oro. En una resolución firmada por los jueces Guillermo Treacy y Pablo Gallegos Fedriani, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativa Federal, consideró que la autoridad monetaria no justificó de manera suficiente su decisión de no informar sobre el destino del activo y sostuvo que la negativa vulneró los principios de transparencia.
 
Es que Caputo y Bausili sostienen que la operación forma parte de la "administración" de las reservas y por ende es secreta. El mismo criterio opaco que Caputo utiliza para no dar precisiones sobre el swap firmado con Estados Unidos y los bonos que le entregó al Tesoro para que rentabilice la venta de dólares que hizo sobre el cierre de la campaña.
 
Los jueces fueron punzantes sobre el lamentable manejo de Caputo sobre información que debería ser pública. "La configuración de alguna de las excepciones legales a la entrega de información pública no puede depender de una apreciación unilateral del sujeto obligado", sostiene el fallo y subraya que es el Estado quien debe demostrar, de manera concreta, que la difusión de los datos solicitados causaría un daño a un interés legítimamente protegido.
 
El Banco Central respondió apenas con un comunicado formal que "había completado transferencias de parte de sus reservas en oro entre sus diferentes cuentas", sin precisar monto, destino ni motivo concreto. La respuesta evasiva del BCRA encendió alarmas. Porque ese oro no es un adorno: según informes oficiales, las reservas de oro rondan unos USD 4.900 millones, un componente significativo del total de activos extranjeros del Central.
 
Aunque la entidad insiste en que las operaciones no alteran el volumen agregado de las reservas, nadie sabe realmente dónde están físicamente esos lingotes y si siguen efectivamente en poder del Estado o se remataron en algunas de las operaciones de préstamos igualmente opacas que concretó Caputo. El balance del BCRA, en ciertos trimestres, llegó incluso a no mostrar ese componente con claridad, como si hubiera desaparecido entre páginas y cifras.
 
La Auditoría General de la Nación (AGN) reveló recientemente que el Banco Central se negó a entregar documentación sobre dónde están los lingotes, bajo qué condiciones se conservan y si parte del oro fue transformado en instrumentos financieros. El argumento oficial: la información es "confidencial" y su difusión podría poner en riesgo la seguridad de los activos. Como sea, la pregunta es: ¿dónde está el oro? Eso es lo que la Justicia ahora exige que responda Milei.
 
La Opinión Popular
 

22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

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