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Nacionales - 19-11-2021 / 09:11
LUCAS GONZÁLEZ VOLVÍA DE UNA PRÁCTICA DE FÚTBOL EN BARRACAS CENTRAL CON TRES AMIGOS

Gatillo fácil: la Policía de Rodríguez Larreta asesinó a un chico de 17 años

Gatillo fácil: la Policía de Rodríguez Larreta asesinó a un chico de 17 años
Este jueves se confirmó la muerte de Lucas González, asesinado por dos balazos en la cabeza, víctima de gatillo fácil de un efectivo de la Policía de la CABA, de Horacio Rodríguez Larreta. Tenía 17 años, era futbolista y salía de entrenar en el club Barracas Central con sus amigos.
Este jueves se confirmó la muerte de Lucas González, asesinado por dos balazos en la cabeza, víctima de gatillo fácil de un efectivo de la Policía de la CABA, de Horacio Rodríguez Larreta. Tenía 17 años, era futbolista y salía de entrenar en el club Barracas Central con sus amigos.
 
Tres policías iban de civil en un auto no identificado, persiguieron a cuatro adolescentes y los balearon. Aseguraron que estaban "en actitud sospechosa". El jueves a la noche, 34 horas después, el ministro de Seguridad porteño reconoció el episodio. El jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta prometió: "Seremos inflexibles con los policías que actúan fuera de la ley".
 
"Fue gatillo fácil", afirmó su madre frente a las versiones oficiales que trataron de instalar que había habido un tiroteo. Ante el reclamo generalizado, hasta del presidente de la Nación, la CABA reconoció el hecho y la Justicia se aprestaba a dictar las órdenes de detención de tres policías.
 
El asesinato de Lucas, a manos de policías de la CABA volvió a poner en tela de juicio el accionar de esta fuerza. Las víctimas del gatillo fácil se suman en la Capital Federal y, en la mayoría de los casos, la edad de las víctimas ronda entre los 15 y los 25 años. Desde que nació la Policía de la CABA hubo 121 casos de "gatillo fácil" en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Opinión Popular
 

 
LUCAS GONZÁLEZ VOLVÍA DE UNA PRÁCTICA DE FÚTBOL EN BARRACAS CENTRAL CON TRES AMIGOS
 
Gatillo fácil: la Policía porteña asesinó a un chico de 17 años
 
Lucas González murió este jueves a sus 17 años, asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad. Le reventaron la cabeza de dos balazos cuando volvía con tres amigos en auto del club Barracas Central, donde jugaba en las divisiones inferiores. "Fue gatillo fácil", sentenció su madre para desmentir la versión inicial de la fuerza porteña, que había instalado extraoficialmente que los cuatro chicos habían sido interceptados en "actitud sospechosa" por el oficial mayor Fabián López, el oficial José Nievas y el inspector Gabriel Isassi.
 
Los efectivos operaban de civil y en un vehículo no oficial, por lo que los chicos creyeron que les querían robar y aceleraron, según reconstruyeron sus testimonios. "Les tiraron a matar", denunció la familia de Lucas. Las evidencias dejan a la luz una pregunta clave: ¿qué hace una brigada de civil, sin identificación, disparando contra cuatro chicos que salen de jugar a la pelota?
 
 
"Le pegaron un tiro a mi amigo"
  
"Mi sobrino acaba de fallecer. Les pido ahora que respeten a la familia en este triste momento". Pasadas las 17.30 del jueves, Emanuel, tío de Lucas, comunicó la noticia a la prensa en las puertas del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Lucas había llegado a ese centro de salud en la madrugada del jueves. Desde las 9 30 del miércoles, cuando fue baleado en el cruce de Alvarado y Perdriel, Barracas, había estado internado en el Hospital Penna.  La familia denunció maltratos de los agentes de seguridad que se encontraban en el centro de salud: les decían que Lucas era un delincuente. La versión se condice con un audio policial al que accedió Página/12: "Un herido de arma de fuego de los cacos cayó al hospital", dice un agente.
 
El oficial mayor López, el oficial Nievas y el inspector Isassi , que estaba a cargo del grupo, revistaban en la Comisaría 4D de Barracas. Los tres fueron separados de la fuerza y sumariados.
 
El jueves a la noche, Alejandro Cilleruelo, a cargo del Juzgado de Menores N°4, ordenó las detenciones de López, Nievas e Isassi, los tres de la Comisaría 4D de Barracas. El mismo juez separó a la Policía de la Ciudad de la investigación y dejó los peritajes a cargo de la Policía Federal. Secuestraron las tres armas reglamentarias, vainas servidas 9 milímetros, e investigan de cuál (o cuáles) arma salieron las balas. En esas horas, también, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, presentó al juez un escrito en el que requirió "medidas urgentes" respecto de los tres policías para "evitar cualquier entorpecimiento de la investigación"
 
De los tres investigados, al menos uno tenía antecedentes curiosos: en 2016 Isassi formó parte de una comitiva de policías porteños llegada a Río Gallegos supuestamente en plan de paseo, pero armada con al menos una Glock, según denunció Cristina Fernández de Kirchner entonces, poco después de que apareciera violentada la puerta de la casa paterna de Néstor Kirchner.
 
Lucas vivía en Varela y el miércoles a la mañana salió con sus tres amigos hacia Barracas. Los iba a acompañar a una prueba que se realizaba en las divisiones inferiores de Barracas Central. Él, ya jugador del club, ilusionado por el posible ascenso del equipo (aunque era hincha de Defensa y Justicia), todos los días iba a entrenar en transporte público, pero este miércoles viajó en el auto de uno de sus amigos. Al salir del club, reconstruye la familia a partir del relato de los tres sobrevivientes, los amigos subieron al Volkswagen Suran y pararon para comprar un jugo. Unas cuadras después de reiniciar la marcha, los cruzó un Nisan Tiida, sin identificación oficial. A bordo iban los tres policías vestidos de civil, por lo que los chicos creyeron que eran ladrones y aceleraron.
 
"Cuando les cruzamos el vehículo para obligarlos a detener, el acompañante esgrime un arma de fuego, colisiona al chofer y ahí continúa el procedimiento", dice uno de los policías en otro audio, con el que inicialmente la Policía intentó instalar que los chicos estaban en "actitud sospechosa". El "procedimiento" fue balear el auto directamente a los vidrios.
 
El "arma de fuego" que refirieron los policías y los chicos negaron tener  era de mentira. "Empezaron las pericias y a las ocho horas encontraron un arma de plástico", relató Emanuel, que denunció que el objeto fue plantado por la fuerza policial. El padre del chico que manejaba, en tanto, contó que, minutos después de la balacera (el auto tenía cuatro balazos), su hijo lo llamó para contarle lo ocurrido. "Papi, me quisieron robar y le pegaron un tiro a mi amigo", dijo, aún creyendo que se trataba de un asalto.
 
Los tres amigos buscaron a otros policías para pedir ayuda: los efectivos los detuvieron. Mientras Lucas luchaba por su vida y López, Nievas e Isassi aún estaban libres, sus tres amigos estaban en el Instituto Inchausti. Recién a las 9.30 del jueves, 24 horas después de la balacera, los liberaron en el marco de una causa caratulada como "averiguación de ilícito". "Que no haya ningún Lucas más. No lo va a haber porque nosotros nos vamos a encargar de esclarecer todas las cosas. No le tenemos miedo a nadie", aseguró Mario, el padre de Lucas, ya entrada la noche del jueves.
 
 
"Fue gatillo fácil"
  
"Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia", dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'alessandro, en una conferencia de prensa a las 19.30 del jueves, 34 horas después de ocurridos los hechos. Fue la primera voz oficial que se expresó. El miércoles, ningún representante del GCBA negó la versión instalada por la fuerza policial. Mientras el ministro hablaba, en su cuenta de Twitter, una de sus últimas publicaciones celebraba el quinto aniversario de la creación de la Policía de la Ciudad, cuyo festejo -luego suspendido- iba a realizarse anoche en el Teatro Colón.
 
"Fue una mala actuación de personal policial", indicó a su turno el jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard, esgrimiendo la versión de las ovejas negras. "Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley", reafirmó en su cuenta de Twitter el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
 
"Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos", respondía al mismo tiempo uno de los carteles que se levantaban frente a la Comisaría 4D vallada. Allí, amigos, familiares, vecinos y compañeros del club pedían justicia por Lucas. La noticia del fallecimiento del chico los había encontrado en Vélez Sarsfield e Iriarte, donde inició la concentración, el lugar en que los tres policías comenzaron a perseguir a los chicos.
 
"Te miran mal cuando caminás, te quieren parar, te piden documento por la forma en que te vestís. Con uniforme o sin uniforme te miran mal por tener una visera", decía un compañero de Lucas de Barracas Central, sobre el operar cotidiano de la policía en la zona sur de la Ciudad. En la conferencia de prensa, al ser consultado por el modus operandi de los tres agentes, el propio D'alessandro confirmó que era una brigada que operaba de civil y sin identificación. "Muchas veces hacen tareas de prevención", arguyó, sin explayarse.
 
También en Varela, frente al Hospital, desde temprano en la mañana se juntaron vecinos y familiares del joven. "Queremos Justicia para Lucas, asesinado por esta maldita Policía. Basta Argentina. Démonos cuenta que esto no tiene que pasar más. Se tiene que acabar", sostuvo Emanuel al dar la noticia del fallecimiento de su sobrino. Horas antes, temprano en la mañana, cuando la versión de la Policía aún corría como cierta, la voz entrecortada de Cinthia, la madre de Lucas, había sentenciado: "Fue gatillo fácil". "La Policía sabe muy bien lo que hizo y yo no voy a parar, les juro que no voy a parar hasta que esto salga a la luz", añadió.
 
Por Santiago Brunetto
 
Fuente: Página12
 

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18-11-2025 / 10:11
De estafa virtual a estafa real. La Comisión Investigadora de $LIBRA en Diputados identificó el compromiso de Javier Milei con la monetización de su imagen y con otros negocios con criptomonedas dos meses antes del lanzamiento de la criptoestafa. En el informe que presentan hoy, también identifican transacciones que involucran a los tres hombres claves del Presidente en el área y presuntos pagos a funcionarios públicos. El informe ya está en manos del fiscal de la causa, Eduardo Taiano.
 
Se trata de contundente trabajo que aporta datos sobre la monetización y Kip Protocol, el token sin respaldo perteneciente al ciudadano de Singapur que se hacía llamar Julian Peh, que ingresó con un nombre falso a la Argentina y que se sacó una foto con Milei en el Hotel Libertador en octubre de 2024.
 
La presentación también consta de importantes avances sobre "la identificación de la operatoria en las transferencias Davis, Novelli y compañía a la cueva cripto y el aporte de un ciudadano que todavía no estaba identificado al momento en la criptoestafa", según adelantaron.
 
Además, aseguran que se trata de un informe muy completo y contundente, que contó con el trabajo activo de 15 diputados de los 28 que integran la comisión. Entre otros elementos importantes, habrían identificado transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos, tal cual surge de la línea de investigación a cargo de la fiscalía.
 
Además, identificaron las transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen de Javier Milei, además de reconocer el aval político del Presidente a otra criptomoneda, también junto a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos meses antes de lanzar $LIBRA.
 
En sobre cerrado y en un dispositivo pen drive, le remitieron la información procesada junto a especialistas que creen que puede ser trascendente para su investigación. "Llegamos a esta instancia ejerciendo nuestro rol con mucha responsabilidad y trabajando para que todo lo investigado quede claramente reflejado, de modo que la Cámara de Diputados y la sociedad cuenten con una respuesta seria, fundada y completa. El informe final incluirá las consideraciones y recomendaciones surgidas de este proceso", aseguró Ferraro días atrás.
 
La comisión asegura haber Identificado la titularidad de billeteras y trazar transacciones que involucran a los ciudadanos argentinos: Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy, Sergio Daniel Morales, y otros ciudadanos, así como también grandes transacciones que pueden ser trascendentes a la investigación que está llevando adelante la justicia federal de los Estados Unidos.
 
Fueron los diputados Maximiliano Ferraro, Juan Marino, Sabrina Selva y Mónica Frade, quienes le hicieron entrega al fiscal Taiano de toda la información reunida por la Comisión Investigadora $LIBRA que puede ser relevante para la causa judicial. La Comisión Investigadora se reunirá esta tarde a las 16, en la Sala 1 del Anexo A para presentar y aprobar el informe final.
 
En calidad de titular de la comisión, el diputado Maximiliano Ferraro trabajó en los detalles de lo recopilado hasta el momento contemplado en diez cuerpos con las pruebas recabadas durante meses de labor, que fueron enviados además al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi
 

17-11-2025 / 10:11
16-11-2025 / 09:11
El fiscal Franco Picardi estableció que buena parte de los sobreprecios y coimas con remedios para discapacitados era manejada por hombres de Mauricio Macri. En base a escritos secuestrados, se llamó a indagatoria al íntimo de Javier Milei, Diego Spagnuolo, y se ordenó la detención del principal macrista. Pablo Atchahabian, un exfuncionario de Cambiemos, ordenaba desde afuera fraccionar pagos a las droguerías y hasta los despidos en la propia agencia. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos". El rol de los Menem y la ruta del blanqueo que llega hasta José Luis Espert.
 
Cómo era el mecanismo utilizado, el lavado de dinero y los pasos que conducen a los Menem y la Casa Rosada. El fiscal Franco Picardi detalla en la acusación por las multimillonarias irregularidades en Discapacidad que buena parte de las maniobras las realizaron exfuncionarios del gobierno de Macri. Desde afuera de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) manejaban Andis.
 
Por ejemplo, se encontró un escrito en el que Pablo Atchahabian -exdirector Nacional de Acceso a la Salud durante el gobierno del PRO- ordenó fraccionar los pagos a una droguería y directamente no pagarles a otras seis "por no cumplir con lo acordado" o por ser "bocón". Es decir, no pagar las coimas, no intervenir en los sobreprecios y hablar de la trama de corrupción. La referencia seguramente es al 3 por ciento para Karina Milei y a la intervención de los primos Menem.
 
En ese terreno, el fiscal prepara otra resolución, que incluye las maniobras de la Droguería Suizo Argentina. El mismo exfuncionario macrista ordenó reducir personal (27 personas) despidiendo "rápido y sin piedad", según sus palabras. Otros exMacri accedían al sistema con usuarios y contraseñas truchas y resolvían a quién se compraba y a quién no. En los chats se habla de que "podemos sacar entre 1.600 y 1.700 palos" y de que se llevaron "90.000 dólares".
 
La plata sucia se blanqueaba por dos caminos: a través de criptomonedas mediante la aplicación Neblockshain y comprándole horas de vuelo a una empresa de aviones privados, Baires Fly, propiedad de Sergio Mastroprieto, el mismo que presentó al narco Fred Machado a José Luis Espert.
 
Como ejemplo, un medicamento para el cáncer, Keytruda, comprada a laboratorios extranjeros entre 12 y 16 millones de pesos se puede comprar a un laboratorio nacional en 4.5 millones. Bursosumab, 20 mg, se llegó a comprar a 45 millones de pesos, por lo que el fiscal calcula un sobreprecio de 115 por ciento. Debió comprarse en 21 millones.
  
A lo largo de 276 páginas, el fiscal le resume al juez Sebastián Casanello la forma en que no sólo se le robaron millones y millones de dólares al Estado sino también a las propias personas con discapacidad. La clave de la maniobra era que sólo unas pocas droguerías -cuatro o cinco- participaran de las compulsas especiales de precios (así las llamaron) en lo que se conoce como PACBI (prestaciones de alto costo y baja incidencia). Son especialmente medicamentos o elementos médicos que valen millones de pesos, principalmente oncológicos.
 
El juez Casanello, en la resolución que ordena la indagatoria de Diego Spagnuolo y otras 14 personas, transcribe que "las empresas Génesis S.A y Profarma S.A. se repartieron el 93 por ciento de los 30.000 millones de pesos en medicamentos en el marco de licitaciones reducidas. Asimismo, New Farma y Floresta se adjudicaron el 51 por ciento en el rubro implantes cocleares, audífonos e insumos vinculados". Tiembla Karina.
 

15-11-2025 / 10:11
Desde mayo la tendencia inflacionaria es al alza pero el IPC del Indec está lejos del sufrimiento de los bolsillos argentinos. Fuertes subas sub representadas que marcan un pulso en la calle muy distinto al que registra la estadística oficial. Es la mentira de las canastas de pobreza e indigencia. En ese marco, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei atraviesa un momento de creciente desgaste político y social, marcado por una serie de errores estratégicos, decisiones económicas controvertidas y promesas de campaña que se han diluido con el paso del tiempo.
 
Aunque el presidente continúa sosteniendo su discurso de reformas estructurales y combate contra la "casta", distintos sectores señalan falencias de gestión, inconsistencias doctrinarias y retrocesos que han afectado tanto su imagen como el rumbo de la administración. Uno de los principales focos de crítica apunta a la política económica. Pese a haber prometido libertad absoluta de mercados, el oficialismo implementó un esquema de devaluaciones administradas que contradice su discurso inicial.
 
Mientras se aplicó un crawling peg que deterioró salarios, jubilaciones y capacidad de consumo, también se produjo un reacomodamiento financiero que impactó sobre pymes y sectores productivos. El desarme de instrumentos financieros, como las letras estatales, generó un clima de incertidumbre que especialistas atribuyen a errores propios de gestión más que a herencias recibidas.
 
La gobernabilidad es otro frente de debilidad. Sin una base legislativa sólida y con tensiones internas, el oficialismo se apoyó recurrentemente en decretos, lo que debilitó la capacidad de negociación y profundizó la distancia con fuerzas aliadas y opositoras. A ello se sumó un episodio político costoso: la fallida estrategia de forzar un plebiscito anticipado, que derivó en una derrota y dejó al Presidente expuesto en su momento de mayor fragilidad.
 
La estructura de poder extremadamente concentrada, especialmente en el círculo íntimo más reducido, manejado autoritariamente por su hermana Karina, también es señalada como un factor que limita la capacidad de reacción ante crisis. Otro golpe duro llegó con el escándalo de la criptomoneda LIBRA, impulsada desde sectores cercanos al oficialismo y que terminó desplomándose abruptamente.
 
La polémica, bautizada como "Cryptogate", dañó la credibilidad presidencial, instaló dudas sobre el rol corrupto de funcionarios vinculados al proyecto y abrió interrogantes sobre eventuales responsabilidades políticas. A esto se suman los efectos sociales del ajuste. Los recortes profundos en salud pública redujeron programas, afectaron personal y dejaron en situación crítica a áreas sensibles, lo que despertó fuertes cuestionamientos desde organizaciones médicas y sociales. La contradicción entre el discurso de eficiencia estatal y la caída de prestaciones esenciales alimenta críticas sobre la orientación del ajuste.
 
En paralelo, varias promesas centrales de campaña quedaron inconclusas. La privatización de Vaca Muerta y de empresas estatales no avanzó; la ruptura de vínculos comerciales con países catalogados como "comunistas" quedó en declaraciones simbólicas más que en acciones concretas; y el supuesto desmantelamiento del sistema de planes sociales no llegó acompañado de mejoras sostenibles en la asistencia. Incluso afirmaciones erróneas sobre vacunas, como en el caso de la prevención del dengue, generaron malestar por la falta de precisión en cuestiones de salud pública. Con este panorama, Milei enfrenta un desgaste que combina problemas económicos, errores políticos y promesas que no lograron materializarse.
 
La Opinión Popular
 

15-11-2025 / 09:11
En una sincronía que se ha repetido en la historia, al tiempo que en Naciones Unidas el representante del gobierno argentino acusaba de corruptas a las víctimas de la dictadura y a sus familiares, en Washington se anunciaba un acuerdo con el gobierno de Javier "el Loco" Milei de subordinación y entrega. En Argentina, la violación de los derechos humanos, o su negación como en este caso, siempre tuvo su correlato con una relación de sumisión abyecta con Estados Unidos. La injerencia yanqui sobre su colonia argentina se profundiza. 

El miserable discurso pronunciado en la Comisión contra la Tortura de la ONU generó rechazo entre los demás presentes. En general, revictimizar a personas que han sufrido las peores aberraciones en torturas, violaciones, secuestros y desapariciones, genera repugnancia.

El funcionario al que le tocó jugar ese papel denigrante fue el subsecretario de Derechos Humanos, el siniestro Alberto Baños. Acusó a los organismos de derechos humanos, a las víctimas de la represión y a sus familiares de inventar la cifra de los 30 mil desaparecidos "para hacer negocio".
 
Este personaje tenía que responder preguntas sobre la represión del gobierno de Javier Milei a la protesta social y por el cercenamiento de políticas de derechos humanos. Pero eligió el papel más repulsivo para desacreditar a los organismos de derechos humanos que han sido quizás el aporte más democratizador que tuvo el proceso de transición democrática en la Argentina.
 
Baños es un exponente típico de un amplio sector del Poder Judicial. Se incorporó al fuero civil de la ciudad de Buenos Aires durante la dictadura y fue designado juez en el gobierno de Carlos Menem. Tuvo a su cargo algunos casos de resonancia, como la desaparición del policía de la Ciudad Arshak Karshanyan, en la que estaban sospechados miembros de esa institución. Baños hizo que la misma policía sospechada participara en la investigación y después de un tiempo dejó el caso sin resolver.
 
En otro caso, declaró prescripta la corrupción por el vaciamiento de Aerolíneas, lo que después tuvo que ser reconsiderado por otro tribunal. Y cuando se reabrió la investigación por la desaparición de las manos de Perón, la carpeta donde estaban los resultados de la investigación fue misteriosamente sustraída de su despacho.
 
No sería el sujeto más indicado para hablar de corrupción o para ser la cara de los derechos humanos de un gobierno que los respete. Más bien, su función ha sido hasta ahora liquidar las políticas de derechos humanos que la sociedad construyó laboriosamente desde la retirada de la dictadura.
 
Y en su presentación en Ginebra ante la Comisión contra la Tortura intentó ocultar la violencia institucional del gobierno del estafador Milei que todos los miércoles es pública y notoria cuando reprime con violencia a los jubilados.
 
La presentación tan sucia de Baños coincidió con el anuncio del gobierno de Estados Unidos del acuerdo con Milei que levanta aranceles aduaneros a los productos de ese país, elimina controles de calidad, así como controles sanitarios y se compromete a obstaculizar el ingreso de productos de otros países.
 
La contrapartida es cero. Estados Unidos no se compromete a nada que favorezca a los productos argentinos. Lo que se conoce del acuerdo afectará gravemente a la industria local como advirtió el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde se asienta gran parte de esa actividad. Hay una regla invariable en la historia moderna del país: la violación sistemática de los derechos humanos ha estado siempre relacionada con gobiernos que al mismo tiempo entregaron soberanía. 
 

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