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Nacionales - 19-11-2021 / 09:11
LUCAS GONZÁLEZ VOLVÍA DE UNA PRÁCTICA DE FÚTBOL EN BARRACAS CENTRAL CON TRES AMIGOS

Gatillo fácil: la Policía de Rodríguez Larreta asesinó a un chico de 17 años

Gatillo fácil: la Policía de Rodríguez Larreta asesinó a un chico de 17 años
Este jueves se confirmó la muerte de Lucas González, asesinado por dos balazos en la cabeza, víctima de gatillo fácil de un efectivo de la Policía de la CABA, de Horacio Rodríguez Larreta. Tenía 17 años, era futbolista y salía de entrenar en el club Barracas Central con sus amigos.
Este jueves se confirmó la muerte de Lucas González, asesinado por dos balazos en la cabeza, víctima de gatillo fácil de un efectivo de la Policía de la CABA, de Horacio Rodríguez Larreta. Tenía 17 años, era futbolista y salía de entrenar en el club Barracas Central con sus amigos.
 
Tres policías iban de civil en un auto no identificado, persiguieron a cuatro adolescentes y los balearon. Aseguraron que estaban "en actitud sospechosa". El jueves a la noche, 34 horas después, el ministro de Seguridad porteño reconoció el episodio. El jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta prometió: "Seremos inflexibles con los policías que actúan fuera de la ley".
 
"Fue gatillo fácil", afirmó su madre frente a las versiones oficiales que trataron de instalar que había habido un tiroteo. Ante el reclamo generalizado, hasta del presidente de la Nación, la CABA reconoció el hecho y la Justicia se aprestaba a dictar las órdenes de detención de tres policías.
 
El asesinato de Lucas, a manos de policías de la CABA volvió a poner en tela de juicio el accionar de esta fuerza. Las víctimas del gatillo fácil se suman en la Capital Federal y, en la mayoría de los casos, la edad de las víctimas ronda entre los 15 y los 25 años. Desde que nació la Policía de la CABA hubo 121 casos de "gatillo fácil" en la Ciudad de Buenos Aires. 
 
La Opinión Popular
 

 
LUCAS GONZÁLEZ VOLVÍA DE UNA PRÁCTICA DE FÚTBOL EN BARRACAS CENTRAL CON TRES AMIGOS
 
Gatillo fácil: la Policía porteña asesinó a un chico de 17 años
 
Lucas González murió este jueves a sus 17 años, asesinado por agentes de la Policía de la Ciudad. Le reventaron la cabeza de dos balazos cuando volvía con tres amigos en auto del club Barracas Central, donde jugaba en las divisiones inferiores. "Fue gatillo fácil", sentenció su madre para desmentir la versión inicial de la fuerza porteña, que había instalado extraoficialmente que los cuatro chicos habían sido interceptados en "actitud sospechosa" por el oficial mayor Fabián López, el oficial José Nievas y el inspector Gabriel Isassi.
 
Los efectivos operaban de civil y en un vehículo no oficial, por lo que los chicos creyeron que les querían robar y aceleraron, según reconstruyeron sus testimonios. "Les tiraron a matar", denunció la familia de Lucas. Las evidencias dejan a la luz una pregunta clave: ¿qué hace una brigada de civil, sin identificación, disparando contra cuatro chicos que salen de jugar a la pelota?
 
 
"Le pegaron un tiro a mi amigo"
  
"Mi sobrino acaba de fallecer. Les pido ahora que respeten a la familia en este triste momento". Pasadas las 17.30 del jueves, Emanuel, tío de Lucas, comunicó la noticia a la prensa en las puertas del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Lucas había llegado a ese centro de salud en la madrugada del jueves. Desde las 9 30 del miércoles, cuando fue baleado en el cruce de Alvarado y Perdriel, Barracas, había estado internado en el Hospital Penna.  La familia denunció maltratos de los agentes de seguridad que se encontraban en el centro de salud: les decían que Lucas era un delincuente. La versión se condice con un audio policial al que accedió Página/12: "Un herido de arma de fuego de los cacos cayó al hospital", dice un agente.
 
El oficial mayor López, el oficial Nievas y el inspector Isassi , que estaba a cargo del grupo, revistaban en la Comisaría 4D de Barracas. Los tres fueron separados de la fuerza y sumariados.
 
El jueves a la noche, Alejandro Cilleruelo, a cargo del Juzgado de Menores N°4, ordenó las detenciones de López, Nievas e Isassi, los tres de la Comisaría 4D de Barracas. El mismo juez separó a la Policía de la Ciudad de la investigación y dejó los peritajes a cargo de la Policía Federal. Secuestraron las tres armas reglamentarias, vainas servidas 9 milímetros, e investigan de cuál (o cuáles) arma salieron las balas. En esas horas, también, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, presentó al juez un escrito en el que requirió "medidas urgentes" respecto de los tres policías para "evitar cualquier entorpecimiento de la investigación"
 
De los tres investigados, al menos uno tenía antecedentes curiosos: en 2016 Isassi formó parte de una comitiva de policías porteños llegada a Río Gallegos supuestamente en plan de paseo, pero armada con al menos una Glock, según denunció Cristina Fernández de Kirchner entonces, poco después de que apareciera violentada la puerta de la casa paterna de Néstor Kirchner.
 
Lucas vivía en Varela y el miércoles a la mañana salió con sus tres amigos hacia Barracas. Los iba a acompañar a una prueba que se realizaba en las divisiones inferiores de Barracas Central. Él, ya jugador del club, ilusionado por el posible ascenso del equipo (aunque era hincha de Defensa y Justicia), todos los días iba a entrenar en transporte público, pero este miércoles viajó en el auto de uno de sus amigos. Al salir del club, reconstruye la familia a partir del relato de los tres sobrevivientes, los amigos subieron al Volkswagen Suran y pararon para comprar un jugo. Unas cuadras después de reiniciar la marcha, los cruzó un Nisan Tiida, sin identificación oficial. A bordo iban los tres policías vestidos de civil, por lo que los chicos creyeron que eran ladrones y aceleraron.
 
"Cuando les cruzamos el vehículo para obligarlos a detener, el acompañante esgrime un arma de fuego, colisiona al chofer y ahí continúa el procedimiento", dice uno de los policías en otro audio, con el que inicialmente la Policía intentó instalar que los chicos estaban en "actitud sospechosa". El "procedimiento" fue balear el auto directamente a los vidrios.
 
El "arma de fuego" que refirieron los policías y los chicos negaron tener  era de mentira. "Empezaron las pericias y a las ocho horas encontraron un arma de plástico", relató Emanuel, que denunció que el objeto fue plantado por la fuerza policial. El padre del chico que manejaba, en tanto, contó que, minutos después de la balacera (el auto tenía cuatro balazos), su hijo lo llamó para contarle lo ocurrido. "Papi, me quisieron robar y le pegaron un tiro a mi amigo", dijo, aún creyendo que se trataba de un asalto.
 
Los tres amigos buscaron a otros policías para pedir ayuda: los efectivos los detuvieron. Mientras Lucas luchaba por su vida y López, Nievas e Isassi aún estaban libres, sus tres amigos estaban en el Instituto Inchausti. Recién a las 9.30 del jueves, 24 horas después de la balacera, los liberaron en el marco de una causa caratulada como "averiguación de ilícito". "Que no haya ningún Lucas más. No lo va a haber porque nosotros nos vamos a encargar de esclarecer todas las cosas. No le tenemos miedo a nadie", aseguró Mario, el padre de Lucas, ya entrada la noche del jueves.
 
 
"Fue gatillo fácil"
  
"Desde el primer momento nos pusimos a disposición de la Justicia", dijo el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'alessandro, en una conferencia de prensa a las 19.30 del jueves, 34 horas después de ocurridos los hechos. Fue la primera voz oficial que se expresó. El miércoles, ningún representante del GCBA negó la versión instalada por la fuerza policial. Mientras el ministro hablaba, en su cuenta de Twitter, una de sus últimas publicaciones celebraba el quinto aniversario de la creación de la Policía de la Ciudad, cuyo festejo -luego suspendido- iba a realizarse anoche en el Teatro Colón.
 
"Fue una mala actuación de personal policial", indicó a su turno el jefe de la Policía porteña, Gabriel Berard, esgrimiendo la versión de las ovejas negras. "Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley", reafirmó en su cuenta de Twitter el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta.
 
"Basta de gatillo fácil. Ni un pibe menos", respondía al mismo tiempo uno de los carteles que se levantaban frente a la Comisaría 4D vallada. Allí, amigos, familiares, vecinos y compañeros del club pedían justicia por Lucas. La noticia del fallecimiento del chico los había encontrado en Vélez Sarsfield e Iriarte, donde inició la concentración, el lugar en que los tres policías comenzaron a perseguir a los chicos.
 
"Te miran mal cuando caminás, te quieren parar, te piden documento por la forma en que te vestís. Con uniforme o sin uniforme te miran mal por tener una visera", decía un compañero de Lucas de Barracas Central, sobre el operar cotidiano de la policía en la zona sur de la Ciudad. En la conferencia de prensa, al ser consultado por el modus operandi de los tres agentes, el propio D'alessandro confirmó que era una brigada que operaba de civil y sin identificación. "Muchas veces hacen tareas de prevención", arguyó, sin explayarse.
 
También en Varela, frente al Hospital, desde temprano en la mañana se juntaron vecinos y familiares del joven. "Queremos Justicia para Lucas, asesinado por esta maldita Policía. Basta Argentina. Démonos cuenta que esto no tiene que pasar más. Se tiene que acabar", sostuvo Emanuel al dar la noticia del fallecimiento de su sobrino. Horas antes, temprano en la mañana, cuando la versión de la Policía aún corría como cierta, la voz entrecortada de Cinthia, la madre de Lucas, había sentenciado: "Fue gatillo fácil". "La Policía sabe muy bien lo que hizo y yo no voy a parar, les juro que no voy a parar hasta que esto salga a la luz", añadió.
 
Por Santiago Brunetto
 
Fuente: Página12
 

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07-02-2026 / 11:02
El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.
 
La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.
 
Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.
 
El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.
 
En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.
 
En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.
 
El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.
 

06-02-2026 / 09:02
Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.
 
"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.
 
Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.
 
Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.
 
O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.
 
Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.
 
En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.
 
La Opinión Popular
 

05-02-2026 / 11:02
Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.
 
Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.
 
El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.
 
Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.
 
Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.
 
Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.
 
La Opinión Popular
 

04-02-2026 / 11:02
A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).
 
Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".
 
En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.
 
Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).
 
Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.
 
Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.
 
Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".
 
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03-02-2026 / 11:02
Tras la renuncia de Marco Lavagna al frente del Indec, porque Javier Milei se niega a medir bien la inflación, Luis "Toto" Caputo decidió postergar la publicación de la nueva canasta de medición de precios, que daría una inflación mucho mayor. "Con el Presidente siempre pensamos que había que cambiarlo una vez que el proceso de desinflación estuviera consolidado", afirmó. O sea, nunca. El Gobierno libertario oculta así el fracaso económico mientras los trabajadores del organismo alertan por intervención.
 
La decisión de Milei y Caputo de suspender sin límites la actualización del IPC solo una semana antes de su puesta en marcha fue demasiado hasta para Lavagna, que había aceptado retrasarla hasta ahora, además de hacer magia con los índices de la inflación y la pobreza. Presentó la renuncia al Indec y fue reemplazado por su segundo, incondicional de Caputo.
 
No hay eufemismos ni figuras simuladas que tapen lo que realmente pasó, a sólo 8 días de que se conozca un IPC que debería estar actualizado, tal como lo había prometido el Gobierno: Lavagna confió internamente que salió del ente estadístico, precisamente, porque Milei y el ministro de Economía, Caputo, se negaban a implementar la nueva medición de inflación por la que él venía peleando hacía más de dos años. Horas más tarde, Caputo se vio obligado a salir a confirmar los dichos de Lavagna.
 
Los dichos de Caputo son escandalosos y abren dudas peligrosas respecto a los números, porque los técnicos del INDEC ya tenían medidos precios con el nuevo IPC y se había anunciado la aplicación de ese índice para el próximo martes 10, cuando se sepa la inflación de enero. Esa medición daba arriba del 3 por ciento, pero a Lavagna le pedían que esté en torno al 2 por ciento. Además, es polémico porque Caputo no le pone fecha a la nueva medición. Es decir, Milei y Caputo se niegan, sin fecha cierta, a medir la inflación con la Encuesta de Hogares del 2018, para seguir haciéndolo con la del 2004.
 
Una medición que no refleja el costo de vida de las familias. Lo que el Gobierno hace evitando actualizarlos, es que no se vean reflejados en enero los aumentos de tarifas, en un escenario donde además los alimentos vienen subiendo. En pocas palabras, Milei está midiendo la inflación con los mismos parámetros de gastos familiares que había 22 años atrás.
 
Lo que eran sospechas terminaron siendo confirmadas por el propio gobierno. El viernes pasado el Banco Central difundió el Informe de Política Monetaria donde se admite abiertamente que si se hubiese utilizado el nuevo IPC la inflación hubiese sido más alta en los últimos dos años por la suba de los servicios públicos, que recién a partir de ahora tendrán más peso en la canasta del Indec. El propio Banco Central confirmó la manipulación del índice de inflación.
 
Mientras la población siente que los salarios se pulverizan y el pluriempleo crece, los datos oficiales truchos muestran un aumento inflacionario "moderado", utilizado por el Gobierno anarco capitalista también para planchar paritarias y jubilaciones. Esta brecha entre la realidad social y las estadísticas alimenta la desconfianza generalizada, incluso entre especialistas.
 
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