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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 14-11-2021 / 10:11
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El Gobierno llega a la elección con señales de unidad y ya piensa en los acuerdos del día después

El Gobierno llega a la elección con señales de unidad y ya piensa en los acuerdos del día después
Alberto Fernández llegó a la mitad de su primer mandato con algunas certezas. Cree que sin la pandemia, el país ya habría dejado atrás hace rato la crisis, el debate entre modelos económicos estaría saldado y, en las elecciones, la sociedad habría ratificado ese rumbo.
Alberto Fernández llegó a la mitad de su primer mandato con algunas certezas. Cree que sin la pandemia, el país ya habría dejado atrás hace rato la crisis, el debate entre modelos económicos estaría saldado y, en las elecciones, la sociedad habría ratificado ese rumbo. Está convencido de que el rumbo que tomó su gobierno es el correcto y cuidar la estabilidad macroeconómica es la medida distributiva más importante porque el costo de cada devaluación recae sobre los más pobres. Piensa que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cerca y que el mejor arreglo posible para el país es uno que no ahogue el crecimiento económico. Que no hay margen social ni político para seguir postergando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.
 
Está seguro de que el Frente de Todos, la unidad del peronismo y su alianza con Cristina son la única manera de hacer las cosas, aunque querría encontrar una fórmula que separe la resolución de problemas políticos de la relación personal entre ellos. Sabe que fue elegido para encabezar un gobierno de diálogo y esa será su tarea hasta el último día, aunque no ignora que hay actores políticos, mediáticos y empresariales con los que no podrá tener una relación honesta. Quiere hacer en dos años lo que planeaba hacer en cuatro. Y le gustaría tener cuatro más para demostrar, a propios y extraños, que, a pesar de todo, no está equivocado. Tiene, también, muchas dudas que lo atormentan. El resultado de la elección no es una de ellas.
 
Pase lo que pase en las urnas, el presidente ya tiene planeado sus próximos pasos. El lunes, desde la Casa Rosada, dará un discurso, que prepara desde hace varios días, para hacer un balance de los dos años que pasaron y marcar el rumbo de los dos años que vendrán. Será, también, el puntapié inicial de una nueva convocatoria a un acuerdo nacional, que se vería plasmada, esta misma semana, en una reunión encabezada por Fernández de la que participen empresarios, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, en representación de los trabajadores formales e informales, y los gobernadores. La presencia de opositores sería bienvenida pero no está en los planes: el éxito de la iniciativa no debe quedar atado a la voluntad de la conducción derechista de Juntos por el Cambio.
 

 
El contenido de ese acuerdo todavía es materia de debate pero sus ejes principales se pueden reconstruir entre las declaraciones que hizo uno de los artífices de la maniobra, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, en un video que envió a un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) la semana pasada; en los abundantes detalles que se conocieron sobre una cena que hubo el martes en la Quinta de Olivos, de la que participaron el anfitrión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y cuatro ejecutivos de empresas multinacionales con sede en el país; y en el plan de acción que aprobó el Congreso Nacional de la CGT este jueves, junto con la elección de las viejas nuevas autoridades de la central obrera.
 
El documento con el que hizo su debut el triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano propone "discutir y concertar un plan que proyecte el indispensable crecimiento real de los salarios, las jubilaciones y los beneficios sociales". El tema había estado sobre la mesa el martes al mediodía, cuando Daer y Acuña, entre otros dirigentes sindicales y sociales, fueron recibidos por Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, otro de los articuladores de este enésimo intento por convertir en una realidad el Consejo Económico y Social que el presidente viene anticipando desde la campaña de 2019 pero nunca pudo poner en marcha de forma efectiva. Habrá que ver.
 
Los seis ejes del Plan de Acción propuesto por la central tienen una notoria coincidencia con los temas que plantea el gobierno como base para un acuerdo (y algunas reminiscencias poco disimuladas a la prédica del argentino que reside en el Vaticano):
 
-Trabajo registrado como instrumento de inclusión social.
 
-Desarrollo con producción y ocupación.
 
-Promoción del hábitat para una vida digna.
 
-Diálogo social para una mayor legitimidad de las políticas públicas.
 
-El cambio tecnológico como herramienta de inclusión y progreso social.
 
-Atender el cambio climático para cuidar la Casa Común.
 
El mismo martes que almorzó en la Rosada con Daer y Acuña, Fernández y Guzmán cenaron en Olivos con ejecutivos de Toyota, Syngenta, Accenture y Unilever, cuatro de las empresas extranjeras con mayor volúmen de operaciones en la Argentina. La cena fue descripta como "secreta" por los mismos medios que describieron con lujo de detalle el contenido de lo que se habló durante las cuatro horas que duraron la cena y su sobremesa hasta la una y pico de la mañana. Los interlocutores, argentinos que trabajan para multinacionales, cumplen un doble rol porque pueden transmitir el mensaje a sus pares de empresas locales pero también a sus países de origen.
 
Los gerentes coincidieron con el gobierno y los sindicatos en la necesidad de alcanzar acuerdos entre todas las partes para hacer sostenible en el tiempo el crecimiento económico, que este año alcanzará a recuperar todo lo que se perdió en el 2020 marcado por la pandemia y la crisis final del gobierno de Mauricio Macri, según coinciden las estimaciones oficiales y privadas. Los puntos que se pusieron sobre la mesa no difieren demasiado de los que se discutieron con la CGT, aunque desde otra perspectiva: precios, empleo, impuestos, deuda, dólar. Hubo un compromiso de asistir a las instancias de diálogo que se van a abrir a partir de lunes.
 
Después de la reunión, algunos de los empresarios que asistieron dieron entrevistas a distintos medios en las que sostuvieron algunos conceptos interesantes. "Hay que arreglar con el Fondo, pero no a cualquier costo", sostuvo Sergio Kaufman, presidente de Accenture. "La situación no da para soluciones drásticas. Cualquier medida hay que tomarla con mucho cuidado", advirtió, más a tono con la prédica prudente del oficialismo que con las denuncias incendiarias de la oposición. Por su parte, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, dijo que "el ajuste tradicional no sirve" y que "una reforma laboral no va a crear el empleo necesario en los próximos dos años".
 
Hubo otra cosa que dijo Aracre y que señala el camino que intentará recorrer el gobierno después de plasmar el acuerdo con el FMI: "Se pueden subir los impuestos a los empresarios que más ganancias generan", dijo. Esa afirmación, hecha por alguien que conoce el paño, resulta chocante para el sentido común porque los medios de comunicación tienen un evidente sesgo a la hora de elegir a sus economistas invitados, con una sobrerrepresentación de la derecha dura (el caso de Milei es el más extremo, de ninguna manera el único) y una ausencia casi total de referentes heterodoxos cuyas posiciones están en sintonía con las de un tercio del electorado.
 
Según un estudio elaborado por la consultora Ejes, especializada en comunicación política y medios, y que se dio a conocer a principios de este mes, entre los diez economistas más asiduamente invitados a los programas de televisión y radio, nueve son representantes de la ortodoxia proempresarial y muchas veces militantes opositores: Juan Carlos de Pablo (91 entrevistas entre 1444 relevadas), Fauto Spotorno, Roberto Cachanosky (85 entrevistas cada uno), Carlos Melconian (58 entrevistas), Enrique Szewach (46), Daniel Artana (38), Gustavo Lazzari (37), Diana Mondino (32) y Claudio Zuchovicki (28). Sólo contrasta, en un solitario noveno lugar, el director de CEPA, Hernán Letcher, (32 notas).
 
El Congreso será la última instancia a la que lleguen los puntos que se acuerden en la mesa que tiende Fernández, para evitar que vuelva a ser el pantano donde naufrague la iniciativa oficial. Antes de discutir un sistema fiscal más progresivo, hay otros proyectos que forman parte del mismo sendero y que se buscará aprobar en las próximas semanas. Según anticipó Massa en su mensaje a la IAEF, los primeros proyectos que se llevarán al recinto después de las elecciones serán la ley de hidrocarburos, el nuevo régimen jurídico para los sectores autopartista y automotriz, la ley de promoción del turismo, la renovación del régimen para la construcción y la ley para el sector agroindustrial redactada el año pasado.
 
Resta por verse la efectividad de esta estrategia para garantizar mayorías en un Congreso áspero. Discutir un nuevo marco legal que permita sentar las bases de un crecimiento económico sostenido va a requerir algo más que el apoyo de algunos empresarios importantes y la mayoría de los gremios. Sin construir consensos amplios en la sociedad resultará imposible vencer la resistencia que va a oponer la derecha, que se imagina en un momento de fortaleza y ante un gobierno convaleciente. Además de buenas intenciones, será necesaria mucha política y una mejor estrategia de comunicación para no quedar a mitad de camino.
 
Esta semana Jorge Lanata confirmó al aire de Radio Mitre las versiones que vinculaban a Macri con La Nación y su señal televisiva, LN+, que durante la pandemia recibió una inyección de capital nunca explicada para armar una especie de "Expendables" antikirchnerista. Parece evidente que cuando el líder de la oposición literalmente compra uno de los medios más importantes del país para llevar adelante una campaña de desestabilización a base de fake news, las viejas reglas de juego ya no sirven para lidiar con la nueva situación. Como aquello de Chacho Jaroslavsky sobre Clarín, que "ataca como partido político y se defiende con la libertad de prensa", pero ahora sin metáforas.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
La Opinión Popular
 

17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

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