19:21 | Miercoles 31 de Diciembre de 2013 | Entre Ríos

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.

Nacionales - 14-11-2021 / 10:11

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

El Gobierno llega a la elección con señales de unidad y ya piensa en los acuerdos del día después

Alberto Fernández llegó a la mitad de su primer mandato con algunas certezas. Cree que sin la pandemia, el país ya habría dejado atrás hace rato la crisis, el debate entre modelos económicos estaría saldado y, en las elecciones, la sociedad habría ratificado ese rumbo.

Alberto Fernández llegó a la mitad de su primer mandato con algunas certezas. Cree que sin la pandemia, el país ya habría dejado atrás hace rato la crisis, el debate entre modelos económicos estaría saldado y, en las elecciones, la sociedad habría ratificado ese rumbo. Está convencido de que el rumbo que tomó su gobierno es el correcto y cuidar la estabilidad macroeconómica es la medida distributiva más importante porque el costo de cada devaluación recae sobre los más pobres. Piensa que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cerca y que el mejor arreglo posible para el país es uno que no ahogue el crecimiento económico. Que no hay margen social ni político para seguir postergando la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

Está seguro de que el Frente de Todos, la unidad del peronismo y su alianza con Cristina son la única manera de hacer las cosas, aunque querría encontrar una fórmula que separe la resolución de problemas políticos de la relación personal entre ellos. Sabe que fue elegido para encabezar un gobierno de diálogo y esa será su tarea hasta el último día, aunque no ignora que hay actores políticos, mediáticos y empresariales con los que no podrá tener una relación honesta. Quiere hacer en dos años lo que planeaba hacer en cuatro. Y le gustaría tener cuatro más para demostrar, a propios y extraños, que, a pesar de todo, no está equivocado. Tiene, también, muchas dudas que lo atormentan. El resultado de la elección no es una de ellas.

Pase lo que pase en las urnas, el presidente ya tiene planeado sus próximos pasos. El lunes, desde la Casa Rosada, dará un discurso, que prepara desde hace varios días, para hacer un balance de los dos años que pasaron y marcar el rumbo de los dos años que vendrán. Será, también, el puntapié inicial de una nueva convocatoria a un acuerdo nacional, que se vería plasmada, esta misma semana, en una reunión encabezada por Fernández de la que participen empresarios, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, en representación de los trabajadores formales e informales, y los gobernadores. La presencia de opositores sería bienvenida pero no está en los planes: el éxito de la iniciativa no debe quedar atado a la voluntad de la conducción derechista de Juntos por el Cambio.

El contenido de ese acuerdo todavía es materia de debate pero sus ejes principales se pueden reconstruir entre las declaraciones que hizo uno de los artífices de la maniobra, el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa, en un video que envió a un evento del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) la semana pasada; en los abundantes detalles que se conocieron sobre una cena que hubo el martes en la Quinta de Olivos, de la que participaron el anfitrión, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y cuatro ejecutivos de empresas multinacionales con sede en el país; y en el plan de acción que aprobó el Congreso Nacional de la CGT este jueves, junto con la elección de las viejas nuevas autoridades de la central obrera.

El documento con el que hizo su debut el triunvirato de Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano propone "discutir y concertar un plan que proyecte el indispensable crecimiento real de los salarios, las jubilaciones y los beneficios sociales". El tema había estado sobre la mesa el martes al mediodía, cuando Daer y Acuña, entre otros dirigentes sindicales y sociales, fueron recibidos por Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, otro de los articuladores de este enésimo intento por convertir en una realidad el Consejo Económico y Social que el presidente viene anticipando desde la campaña de 2019 pero nunca pudo poner en marcha de forma efectiva. Habrá que ver.

Los seis ejes del Plan de Acción propuesto por la central tienen una notoria coincidencia con los temas que plantea el gobierno como base para un acuerdo (y algunas reminiscencias poco disimuladas a la prédica del argentino que reside en el Vaticano):

-Trabajo registrado como instrumento de inclusión social.

-Desarrollo con producción y ocupación.

-Promoción del hábitat para una vida digna.

-Diálogo social para una mayor legitimidad de las políticas públicas.

-El cambio tecnológico como herramienta de inclusión y progreso social.

-Atender el cambio climático para cuidar la Casa Común.

El mismo martes que almorzó en la Rosada con Daer y Acuña, Fernández y Guzmán cenaron en Olivos con ejecutivos de Toyota, Syngenta, Accenture y Unilever, cuatro de las empresas extranjeras con mayor volúmen de operaciones en la Argentina. La cena fue descripta como "secreta" por los mismos medios que describieron con lujo de detalle el contenido de lo que se habló durante las cuatro horas que duraron la cena y su sobremesa hasta la una y pico de la mañana. Los interlocutores, argentinos que trabajan para multinacionales, cumplen un doble rol porque pueden transmitir el mensaje a sus pares de empresas locales pero también a sus países de origen.

Los gerentes coincidieron con el gobierno y los sindicatos en la necesidad de alcanzar acuerdos entre todas las partes para hacer sostenible en el tiempo el crecimiento económico, que este año alcanzará a recuperar todo lo que se perdió en el 2020 marcado por la pandemia y la crisis final del gobierno de Mauricio Macri, según coinciden las estimaciones oficiales y privadas. Los puntos que se pusieron sobre la mesa no difieren demasiado de los que se discutieron con la CGT, aunque desde otra perspectiva: precios, empleo, impuestos, deuda, dólar. Hubo un compromiso de asistir a las instancias de diálogo que se van a abrir a partir de lunes.

Después de la reunión, algunos de los empresarios que asistieron dieron entrevistas a distintos medios en las que sostuvieron algunos conceptos interesantes. "Hay que arreglar con el Fondo, pero no a cualquier costo", sostuvo Sergio Kaufman, presidente de Accenture. "La situación no da para soluciones drásticas. Cualquier medida hay que tomarla con mucho cuidado", advirtió, más a tono con la prédica prudente del oficialismo que con las denuncias incendiarias de la oposición. Por su parte, Antonio Aracre, CEO de Syngenta, dijo que "el ajuste tradicional no sirve" y que "una reforma laboral no va a crear el empleo necesario en los próximos dos años".

Hubo otra cosa que dijo Aracre y que señala el camino que intentará recorrer el gobierno después de plasmar el acuerdo con el FMI: "Se pueden subir los impuestos a los empresarios que más ganancias generan", dijo. Esa afirmación, hecha por alguien que conoce el paño, resulta chocante para el sentido común porque los medios de comunicación tienen un evidente sesgo a la hora de elegir a sus economistas invitados, con una sobrerrepresentación de la derecha dura (el caso de Milei es el más extremo, de ninguna manera el único) y una ausencia casi total de referentes heterodoxos cuyas posiciones están en sintonía con las de un tercio del electorado.

Según un estudio elaborado por la consultora Ejes, especializada en comunicación política y medios, y que se dio a conocer a principios de este mes, entre los diez economistas más asiduamente invitados a los programas de televisión y radio, nueve son representantes de la ortodoxia proempresarial y muchas veces militantes opositores: Juan Carlos de Pablo (91 entrevistas entre 1444 relevadas), Fauto Spotorno, Roberto Cachanosky (85 entrevistas cada uno), Carlos Melconian (58 entrevistas), Enrique Szewach (46), Daniel Artana (38), Gustavo Lazzari (37), Diana Mondino (32) y Claudio Zuchovicki (28). Sólo contrasta, en un solitario noveno lugar, el director de CEPA, Hernán Letcher, (32 notas).

El Congreso será la última instancia a la que lleguen los puntos que se acuerden en la mesa que tiende Fernández, para evitar que vuelva a ser el pantano donde naufrague la iniciativa oficial. Antes de discutir un sistema fiscal más progresivo, hay otros proyectos que forman parte del mismo sendero y que se buscará aprobar en las próximas semanas. Según anticipó Massa en su mensaje a la IAEF, los primeros proyectos que se llevarán al recinto después de las elecciones serán la ley de hidrocarburos, el nuevo régimen jurídico para los sectores autopartista y automotriz, la ley de promoción del turismo, la renovación del régimen para la construcción y la ley para el sector agroindustrial redactada el año pasado.

Resta por verse la efectividad de esta estrategia para garantizar mayorías en un Congreso áspero. Discutir un nuevo marco legal que permita sentar las bases de un crecimiento económico sostenido va a requerir algo más que el apoyo de algunos empresarios importantes y la mayoría de los gremios. Sin construir consensos amplios en la sociedad resultará imposible vencer la resistencia que va a oponer la derecha, que se imagina en un momento de fortaleza y ante un gobierno convaleciente. Además de buenas intenciones, será necesaria mucha política y una mejor estrategia de comunicación para no quedar a mitad de camino.

Esta semana Jorge Lanata confirmó al aire de Radio Mitre las versiones que vinculaban a Macri con La Nación y su señal televisiva, LN+, que durante la pandemia recibió una inyección de capital nunca explicada para armar una especie de "Expendables" antikirchnerista. Parece evidente que cuando el líder de la oposición literalmente compra uno de los medios más importantes del país para llevar adelante una campaña de desestabilización a base de fake news, las viejas reglas de juego ya no sirven para lidiar con la nueva situación. Como aquello de Chacho Jaroslavsky sobre Clarín, que "ataca como partido político y se defiende con la libertad de prensa", pero ahora sin metáforas.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

31-12-2025 / 09:12

Para disimular las coimas a Karina y los sobreprecios con los medicamentos para discapacitados, cerraron la Andis

Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.

Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.

"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.

El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.

Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.

Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.

Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".

Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.

En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.

30-12-2025 / 10:12

El fallo de la Justicia declaró al cruel protocolo antipiquetes de Bullrich nulo e ilegítimo

La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.

La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.

El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.

El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".

"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.

Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.

En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.

29-12-2025 / 09:12

Los datos oficiales, muy lejos de la realidad en inflación, pobreza y salario, entre los más deficitarios

La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.

Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.

Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.

El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".

El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".

El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.

Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.

"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.

La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.

"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".

28-12-2025 / 12:12

Al revés de lo que pretende Milei, las empresas remarcan para amortiguar caída de ventas y pérdidas millonarias

Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.

Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.

Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.

Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.

Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.

Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.

PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.

Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.

En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.

Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.

27-12-2025 / 09:12

Defendiendo lo indefendible: El apoyo a Milei fue contra los intereses de la mayoría que lo votó, aunque ellos se ilusionan con lo contrario

Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.

Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.

El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.

Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.

En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.

Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.

Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.

Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.

En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza.