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Nacionales - 10-11-2021 / 11:11
PARA SABER QUIÉNES SE LLEVARON LOS 44 MIL MILLONES DE DÓLARES DEL FMI

Tras la confesión de Macri, convocan a la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa

Tras la confesión de Macri, convocan a la Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa
Las consecuencias políticas de la confesión de Mauricio Macri sobre el destino de la deuda millonaria que tomó con el FMI llegaron al Congreso. Luego de que el ex presidente blanqueara en una entrevista que los 44 mil millones de dólares habían sido utilizados "para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país", la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa decidió que convocará una reunión tras las elecciones con el objetivo de avanzar en la investigación del proceso de endeudamiento durante el gobierno macrista y para conocer a dónde se destinó concretamente el dinero.
Mauricio Macri nunca fue un hombre apegado a la verdad. Un breve repaso por cualquier archivo alcanza para corroborarlo. Ahora acaba de admitir que mintió cuando sostuvo que la plata del Fondo Monetario Internacional había sido destinada al pago de deuda externa. Entrevistado por la CNN dijo que ese dinero fue a parar a los bancos, con lo cual confirmó que terminó financiando la fuga de capitales, algo expresamente prohibido por los estatutos del FMI. Después de las elecciones se reunirá la Bicalmeral con el objetivo de avanzar en la investigación del proceso de endeudamiento durante el gobierno macrista.
 
Durante el cuatrienio neoliberal de Cambiemos, Argentina rompió todos los récords de endeudamiento a nivel mundial. Nunca antes el FMI le había prestado tanta plata a un solo gobierno en tan poco tiempo. También fue el país que fugó más capitales en esos años, algo que los Pandora papers mostraron al dejar en descubierto que en el listado de todas las naciones involucradas, la nuestra es la tercera en cantidad de personas y firmas asociadas a cuentas en guaridas fiscales, detrás de Rusia y Reino Unido y delante de China y Brasil, países con economías mucho más grandes que la nuestra.
 
Bajo el gobierno de Macri, Argentina fue convertida en un casino. Con sus descomunales tasas de interés, su apertura irrestricta a los capitales golondrina y la eliminación de controles y regulaciones del Estado se facilitó la llegada de "inversiones" puramente especulativas que entraban y a los pocos meses salían enormemente engordadas por ese robo financiero. Los altísimos costos del festival que benefició a unos pocos pero muy ricos, los estamos pagando ahora los argentinos que mirábamos de afuera ese aquelarre que llenó los bolsillos de la elite económica local y los fondos de inversión globales.
 
Esta es la tremenda injusticia de la deuda externa que dejó de herencia la derecha neoliberal que nos gobernó entre 2015 y 2019. Sobre todo porque en el período anterior el país había logrado una notable reducción en el volumen de su endeudamiento, lo que fue expresamente reconocido por el ex ministro de Economía de Macri, Nicolás Dujovne. Pero en solo cuatro años la gestión macrista logró el "milagro" de elevar la deuda del 40 al 90 por ciento del PBI. Un caso único en el mundo. Y lo peor es que esa descomunal montaña de recursos que ingresó al país solo sirvió para engordar la fuga de capitales a través de la canaleta financiera, tal como ahora lo termina reconociendo el propio Macri.
 
Además toda la gestión del crédito estuvo plagada de violaciones a las normativas vigentes por lo cual se abrió una causa penal contra Macri y sus principales colaboradores. El FMI es cómplice de estos turbios negociados pues en sus reglamentos está expresamente vedada la asistencia crediticia para alimentar la fuga de capitales. La suma de tantas barbaridades cometidas justifica ampliamente la investigación que se abrirá en el Congreso.
 
La Opinión Popular
 

 
TRAS LA CONFESIÓN DE MAURICIO MACRI, CONVOCAN A LA COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA
 
Los legisladores quieren saber quiénes se llevaron los 44 mil millones de dólares del FMI
 
Las consecuencias políticas de la confesión de Mauricio Macri sobre el destino de la deuda millonaria que tomó con el FMI llegaron al Congreso. Luego de que el ex presidente blanqueara en una entrevista que los 44 mil millones de dólares habían sido utilizados "para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país", la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa decidió que convocará una reunión tras las elecciones con el objetivo de avanzar en la investigación del proceso de endeudamiento durante el gobierno macrista y para conocer a dónde se destinó concretamente el dinero.
 
Si bien aún no fue convocada formalmente, el oficialismo considera que las declaraciones de Macri han venido a confirmar lo que vienen denunciando hace tiempo --que el préstamo del Fondo sirvió para financiar la fuga de capitales-- y que llegó el momento de acelerar el debate sobre el destino de la deuda en el marco de la comisión.
 
"Sus declaraciones deberían tener consecuencias. Está convocada para la semana que viene, después de las elecciones, la Comisión de Seguimiento de la Deuda Externa y me parece que va a ser un tema central", anunció el diputado José Luis Gioja, quien aseguró que Macri había endeudado al país "para favorecer a un grupito de intereses de afuera para que no se vayan".
 
Hace casi dos años que la Comisión Bicameral de Deuda Externa --que integra Gioja y es presidida por el senador José Mayans-- investiga las condiciones del endeudamiento externo durante el gobierno de Cambiemos, aunque en los últimos meses no ha tenido mucha actividad, al igual que gran parte del Congreso, debido a la campaña electoral.
 
Las declaraciones de Macri en la CNN, sin embargo, reabrieron el debate y la comisión se prepara para llamar a una nueva reunión. Según pudo saber este diario, aún no se ha hecho la convocatoria formal debido a que se desconoce cómo estarán los ánimos tras las elecciones, pero la expectativa del oficialismo es hacerlo lo antes posible. 
 
Tras la confesión de Macri de que "la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos que se querían ir porque tenían miedo de que volviera el kirchnerismo", les legisladores del FdT que integran la Comisión Bicameral publicaron un comunicado que sostenía, entre otras cosas, que las declaraciones del ex presidente confirmaban dos cosas: que "la decisión de privilegiar a los acreedores privados en dólares cuando en el país ya no había ese dinero no fue un error sino una elección" y que el FMI era corresponsable junto al gobierno macrista del préstamo, ya que había ido contra el mismo estatuto de la entidad con el único objetivo de "satisfacer las necesidades electorales del gobierno de Macri, políticamente afín al expresidente Donald Trump".
 
 "Estas declaraciones resultan relevantes porque aclaran lo sucedido en años recientes con el endeudamiento externo en nuestro país, pese a los intentos de ocultarlo que hemos presenciado en esta Comisión Bicameral por parte de integrantes de Juntos por el Cambio", explicaban les legisladores del FdT.
 
El plan, ahora, es avanzar con la pesquisa desde la misma comisión. "Tenemos que activar el proceso de investigación, hay que citar a Macri y a sus funcionarios a dar explicaciones. Tenemos que poder mostrar cómo fue el proceso de endeudamiento, cuáles son los nombres de los que se fugaron la plata, y publicar toda esa información en un documento público para que todo el pueblo argentino pueda saber que pasó", explicó a este diario Itai Hagman, diputado que integra la comisión.
 
"Después vemos si se puede o no judicializar --agregó--, lo que importa es saber qué pasó y legislar para que en el futuro, si llegara a volver un gobierno como el de Macri, esto no pueda volver a pasar". La clave de la bicameral, y en esto insisten varios legisladores del oficialismo, no es tanto impulsar una investigación penal --que ya avanza por separado en el juzgado de María Eugenia Capuchetti--, sino saber a dónde fue a parar concretamente el préstamo de 44 mil millones de dólares firmado en el 2018 con el FMI
 
"¿Dónde fue a parar la deuda? ¿Dónde fueron los más de mil millones que dejó de endeudamiento a todos los argentinos? Y no hay ninguna duda de que ese endeudamiento no fue a puentes, ni rutas, ni en viviendas, ni en hospitales. Hay muchas explicaciones que Macri tiene que seguir dando", señaló, en esta línea, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Al igual que el ministro, numerosos referentes del FdT se expresaron con el misma demanda: que Macri dé explicaciones sobre a qué bancos les había enviado el dinero del FMI y cuáles habían sido las comisiones.
 
Por María Cafferata
 
Fuentes: Página12 y La Arena
 

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01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

31-12-2025 / 09:12
Para disimular el ajuste, las coimas a Karina Milei y los sobreprecios con los medicamentos para personas con discapacidad, el Gobierno directamente cerró la Andis. Pasará a ser una secretaría en el área de Salud y el cambio impactará de lleno en la vida de los afectados, ya que sus funciones serán degradadas y recortadas, contra las recomendaciones de la ONU que tienen rango constitucional desde 2008. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dijo que la medida busca transparencia, pero omitió referirse a la causa por sobreprecios que involucra a altos mandos de la Casa Rosada. El organismo, que ya había sido desguazado, volverá a regirse por el "modelo médico" descartado hace décadas.
 
Si hubo corrupción en discapacidad, que al menos no se note tanto. Mientras la causa de las coimas avanza a paso firme en Comodoro Py -la semana pasada declaró Ornella Calvete, una de las imputadas por los sobreprecios en la compra de medicamentos -el Gobierno decidió borrar del organigrama del Estado a la Agencia Nacional de Discapacidad, cuya sigla Andis se había popularizado a la par del "tres por ciento para Karina (Milei)" gracias a los audios filtrados de su extitular, Diego Spagnuolo.
 
"La Andis, como la conocemos, dejará de existir", anunció Adorni. La medida tiene su peso simbólico, pero también práctico: las funciones del organismo serán degradadas y recortadas, y pasará a ser una mera secretaría dentro del Ministerio de Salud. Perderá su autonomía y su transversalidad, contradiciendo las recomendaciones de la Convención de la ONU a la que el país adhirió con rango constitucional en 2008.
 
El anuncio llegó en el último día hábil del año, como la frutilla del postre de un 2025 marcado no sólo por las coimas y la revelación de un entramado organizado para el robo a las personas con discapacidad, sino también por el ajuste brutal a las instituciones que les brindan apoyo en salud y educación, además del recorte en las pensiones, algo que también está proyectado para el 2026.
 
Así figura en las metas del presupuesto, que prevé dar de baja a casi 200 mil beneficiarios, por más que el propio Adorni haya querido acusar a la prensa de mentir sobre el tema en su conferencia de ayer. Ese ajuste también consta en las obligaciones de recorte del gasto que el Gobierno firmó con el FMI a mediados de este año.
 
Para justificar la medida, el jefe de gabinete sostuvo que el objetivo buscado fue "eliminar toneladas de capas burocráticas, descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente", que arrastraba la Andis. De las coimas, nada.
 
Entre esos "manejos incompatibles" con la transparencia reiteró el artilugio de las pensiones mal otorgadas (omitió recordar su paso de comedia cuando divulgó la fake news de la "radiografía del perro") y al combo le agregó "médicos que avalan trámites sin respaldo clínico y organizaciones que facturaron sin prestar servicios (SIC)".
 
Nada dijo, en esa materia, sobre las coimas que empresarios farmacéuticos les pagaban a los funcionarios de su propio gobierno, como Karina, tal como consta en la causa que llevan adelante el fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello.
 
En paralelo a la causa de Comodoro Py, sobre el propio Adorni y otros funcionarios del Gobierno pesa un fallo de la justicia federal de Campana que les dio la semana pasada cinco días hábiles para aplicar a fondo la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo apercibimiento de multas económicas y la posibilidad de que se abra otra investigación penal por incumplimiento de los deberes.
 

30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

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