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Entre Ríos - 27-10-2021 / 11:10
CRONOGRAMA DE PAGOS

Desde el sábado, estatales y jubilados comienzan a cobrar sus haberes con aumento

Desde el sábado, estatales y jubilados comienzan a cobrar sus haberes con aumento
El gobierno de Entre Ríos informó que iniciará este sábado el pago de los haberes de octubre a activos y pasivos de la Administración Pública provincial con aumento. Foto: Blas García para La Opinión Popular
 
Este sábado comenzarán a abonarse los salarios de activos y pasivos de la administración pública con un aumento del 10 por ciento, informó el ministro de Economía, Hugo Ballay. Este sábado 30 de octubre ya se acreditarán los haberes de octubre correspondientes al primer tramo, que incluye sueldos de hasta 50.000 pesos. Desde el martes 2 de noviembre hasta el viernes 5 se abonarán los demás segmentos salariales del sector público entrerriano. El cronograma de pagos es el siguiente:
 
Lunes 1/11: hasta 50.000 pesos (se acredita el sábado 30/10)
Martes 2/11: de 50.001 a 70.000
Miércoles 3/11: de 70.001 a 90.000
Jueves 4/11: de 90.001 a 100.000
Viernes 5/11: más de 100.000
 
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"En esta oportunidad, además, liquidaremos el aumento del 10 por ciento para todas las categorías del escalafón. Esto es una decisión del gobernador Gustavo Bordet que estableció a través del decreto N° 3.008 con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo del salario y que es a cuenta de lo que finalmente acordemos con los gremios de los trabajadores estatales en las paritarias, que aún continúan abiertas", especificó Ballay.
 
El titular de la cartera económica subrayó que "desde el gobierno de la provincia venimos trabajando con los sindicatos estatales para llegar a un punto de acuerdo que nos permita mejorar el salario y mantener el equilibrio y la sostenibilidad de la administración pública".
 
Por otra parte, Ballay remarcó que "esta semana hicimos efectivo el pago de la garantía constitucional a los municipios de la provincia, que representó un desembolso de 844 millones de pesos que realizamos desde la provincia. Además de una manda constitucional, es un profundo compromiso de nuestro gobernador que siempre apostó por el cumplimiento en tiempo y forma de este compromiso y el fortalecimiento de los recursos y las autonomías municipales", expresó Ballay.
 
Por último, el funcionario puso de relieve que "estas erogaciones que llevamos a cabo desde el gobierno provincial son posibles gracias al pormenorizado trabajo de cuidado de las cuentas públicas y eficiencia del gasto público que impulsa el gobernador. Sabemos que una administración pública saneada desde el punto de vista fiscal y financiero es clave para el desarrollo de la provincia".
 
"Hoy nos encontramos discutiendo un proyecto de presupuesto para 2022, que por primera vez en muchos años, y gracias a una administración transparente y responsable, no incluye pedidos de autorización de deuda para financiar gastos corrientes. Este logro es doblemente más significativo si tenemos en cuenta que fue posible aun priorizando en gran medida la inversión en salud pública, en el marco de la pandemia, y previendo un incremento del 70 por ciento de obra pública para el año que viene respecto de la ejecución actual y que representa la posibilidad concreta de mejorar la calidad de vida de miles de entrerrianos y entrerrianas", sintetizó Ballay.
 
Fuente: Gobierno de Entre Ríos
 
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Una parte significativa del superávit fiscal que el gobierno centralista y porteño de Javier Milei afirma registrar desde diciembre de 2023 se basa en la retención indebida de fondos que, por ley, corresponden a las provincias y que se recaudan en ellas. Según un informe de la consultora Politikón Chaco, en los primeros once meses del año, la administración libertaria habría retenido recursos no distribuidos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) por una cifra cercana a los $ 730 mil millones. Pese a esta situación, el gobernador Rogelio Frigerio jamás ha presentado un reclamo contundente.

Estos ATN se integran con fondos recaudados a través de impuestos que componen la masa de la Coparticipación Federal. El monto total a entregar rondaba los $ 850 mil millones, pero solo una parte ínfima fue distribuida a 15 provincias, sin un criterio de distribución igualitario. Este panorama se reconfigura constantemente a favor del Gobierno nacional, que apela al "método Kueider" y en detrimento de los intereses del interior federal, alumbrando nuevos desafíos.

El Gobierno de Milei utiliza estos recursos retenidos como una herramienta extorsiva para conseguir respaldo en el Congreso Nacional para la sanción de las leyes clave de su proyecto "anarcocapitalista". La debilidad de ciertos gobernadores, que se traslada a sus representantes legislativos, obedece a la urgente necesidad de contar con fondos para programas provinciales vitales. Esta presión se impone por encima de los convencimientos personales o las ideologías de los mandatarios.

Se les fuerza, mediante intimidación o amenazas, a actuar en contra de sus propias posiciones políticas para obtener un beneficio económico con recursos que legalmente les corresponden. La demanda de estos fondos es crítica para el sostenimiento de: programas de educación, salud y transporte, conclusión de viviendas paralizadas y mantenimiento de rutas nacionales, cuya prioridad fue abandonada por el Gobierno libertario.

La convalidación del superávit en las cuentas públicas se logra, en gran parte, mediante el saqueo de recursos legítimos que pertenecen a las provincias y el abandono de obligaciones que competen al Estado nacional en la organización del país. El proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla una partida de apenas $ 122.763 millones para atender estas transferencias, una cifra que los gobernadores han calificado de insuficiente. La exigencia mínima para cubrir los déficits reales de sus jurisdicciones asciende a $ 900.000 millones.

Además, Milei ha dejado claro que no piensa restituir las transferencias a las 13 provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación, desentendiéndose por completo de sus obligaciones. La Corte Suprema de Justicia ha adoptado una postura de espera, supeditando una definición sobre las cajas provinciales a que la Nación avance en la anunciada reforma previsional. Mientras tanto, el envío de fondos jubilatorios se ha paralizado, para asegurar que seremos la nación más grande y exitosa en la historia de la humanidad y el hogar de la libertad en el mundo, según Milei.

En concreto, el Gobierno nacional no garantiza los fondos para estas 13 Cajas de Jubilaciones. Entre Ríos, por ejemplo, recibe a cuentagotas el aporte para cubrir el déficit de su Caja, a pesar de que este compromiso fue asumido por la Nación en 1994, con la puesta en marcha del anterior esquema de jubilación privada. 
Por eso, hace 8 meses que no aumenta las jubilaciones. Esta situación se agrava con el accionar de Frigerio, en  la incorporación de personal en modalidades informales con escasos o nulos aportes a la Caja, y el impacto de los bonos de aumento no bonificables que no llegan a los jubilados.


El actual esquema de reparto de recursos, con parches y distribución no automática, permite el manejo político de fondos por parte de la administración central libertaria, favorecen el clientelismo y perjudican la productividad regional. La tan anunciada reforma impositiva, que el Gobierno presentaría en febrero, debería corregir estas distorsiones. Es que ganaron 40 a 35, no 80 a 20.


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