15:50 | Domingo 08 de Febrero de 2013 | Entre Ríos

Por

“Que ningún ciudadano sea lo suficientemente opulento como para poder comprar a otro, ni ninguno lo bastante pobre como para verse obligado a venderse”. Jean-Jacques Rousseau

Nacionales - 24-10-2021 / 08:10

PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral

La batalla por los precios marcará el tono de los próximos meses, entre una oposición que apuesta por el estallido social y un peronismo que necesita fortalecerse en el conflicto para no devaluar su capital político.

La Argentina se encuentra en una disyuntiva. Los próximos meses pueden ser una bisagra. Aunque la situación económica ya es mejor que en febrero del 2020, antes de la pandemia, la puja distributiva, la falta de dólares y el peso de los años de carencias configuran un escenario de inestabilidad sobre el que opera, ya sin sutilezas, la oposición.

Si consigue superarlo sin demasiadas turbulencias, hay por delante dos años de crecimiento durante los que el gobierno puede sentar las bases para un largo camino de reconstrucción nacional. Si en cambio no puede sortear las trampas de la urgencia social, el endeudamiento excesivo y la restricción del sector externo, el país volverá a caer en el mismo ciclo de siempre de crisis recurrentes, sólo que esta vez, como nunca antes, será durante un gobierno peronista.

"Si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es sólo una cuestión de elecciones".

Para buena parte del Frente de Todos, aquella que siempre mantuvo los pies en el plato en todos los gobiernos kirchneristas, lo que está en juego es el capital político acumulado durante doce años por haber sabido evitar, justamente, esta clase de estallidos.

Por eso el gobierno ya piensa en el 15 de noviembre. No porque el resultado electoral no importe sino porque, según los cálculos que llevan en el comando de campaña, ahora conducido por Juan Manzur, ningún resultado, en el margen de lo esperable tras las PASO, modificará sustancialmente la dinámica parlamentaria.

Sí se buscará recortar distancias y ganar territorios que en septiembre se perdieron para mostrar una recuperación de la iniciativa política de cara a la verdadera batalla, que empieza un día después de la elección.

Los precios en la góndola del supermercado es el teatro de operaciones donde se desarrolla la escaramuza y la gran perdedora, si el gobierno no logra frenar la embestida, será la sociedad argentina, que seguirá cayendo en la espiral descendente que recorre desde 2015.

Con once millones de personas comiendo en comedores y veinte debajo de la línea de la pobreza, cuando el sacrificio necesario para dejar atrás una crisis recae otra vez sobre los mismos, su resultado será demasiado similar a la crisis que se buscaba dejar atrás.

La oposición iza la bandera de la lucha contra la inflación pero una nueva devaluación abrupta, como proponen de forma unánime los economistas de Juntos por el Cambio y los conservadores que se autoperciben como liberales, sólo puede traducirse en más inflación y más miseria: dos millones de nuevos pobres en seis meses si el dólar oficial se va a 120, cuatro millones y medio si vuela a 150, según la consultora Analytica. La historia reciente nos enseñó que eso ni siquiera garantiza, a cambio, una estabilización de la economía.

El acuerdo para congelar los precios de 1400 productos hasta fin de año tampoco es, desde ya, la solución a un problema crónico de este país, pero sí un freno de mano destinado a poner fin a una escalada de precios sin justificación aparente que comenzó a finales de septiembre y se agudizó en los primeros días de octubre.

La primera semana de este mes arrojó un aumento vertiginoso, con la marca de 1,6 por ciento de inflación en sólo siete días. Era necesaria una reacción enérgica para torcer el rumbo, que conducía directo al abismo.

Los economistas opositores apuntan a la emisión, el déficit y el corrimiento de la cotización de los dólares paralelos como únicas explicaciones para los aumentos. Sin embargo, la realidad tiene la pésima costumbre de no adaptarse a esos argumentos, que ya se probaron equivocados varias veces.

En el gobierno sostienen, en cambio, que esa aceleración sólo puede explicarse a partir de la recomposición de márgenes de ganancia de empresas que concentran buena parte del mercado, por descarte de todas las otras hipótesis.

Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, la cantidad de dinero circulante aumentó un 29 por ciento. La base monetaria (circulante más encajes bancarios) aumentó el 27 por ciento en el mismo período. El tipo de cambio oficial subió un 30 por ciento y el contado con liqui, que usan las empresas para acceder al mercado paralelo, un 20 por ciento. La nafta súper aumentó un 46 por ciento y la energía eléctrica para industrias un 49 por ciento. Todo por debajo del 52,5 por ciento de inflación interanual.

En tanto que las medidas anunciadas después de las PASO (expansión del REPRO, obras públicas, aumento del salario mínimo, jubilaciones anticipadas, los programas Registradas y Mi Pieza, la ayuda social extra a municipios, la suba del mínimo de Ganancias y la amnistía fiscal) significan menos de 80 mil millones de pesos, apenas un 0,2 por ciento del PBI. Algunas ya estaban contempladas en el presupuesto. En comparación, el paquete que tomó Mauricio Macri en agosto del 2019 comprometió más de 2 puntos del PBI, diez veces más.

Con esos datos en la mano, el flamante secretario de Comercio mantuvo reuniones con todos los eslabones de la cadena para avanzar con un congelamiento de precios que frenara una dinámica peligrosa para casi todos y sirva para ganar tiempo hasta articular una respuesta más duradera al desbalance de salarios, precios y tarifas que hay en el país. Sólo los grandes holdings, con capital dolarizado y espalda para resistir (y tal vez ganar) si llega otra crisis, se opusieron a la iniciativa.

Tal como reveló esta semana El Destape, las principales empresas alimenticias del país, que concentran la mayor parte del mercado y ponen objeciones a la política de congelamiento de precios, tuvieron ganancias extraordinarias este año. De acuerdo a información oficial de la Bolsa de Valores, Arcor tuvo un saldo positivo de más de 9 mil millones de pesos en el primer semestre. En 2020 había ganado menos de la mitad de esa cifra y en 2019, sin pandemia y con Macri, tuvo pérdidas por 2 mil millones.

Molinos Río de la Plata, en tanto, que también venía de un rojo financiero durante el macrismo, registró en los primeros seis meses de este año ganancias por casi mil millones, lo mismo que en todo el año pasado. Mientras que Ledesma, con una participación superior al 80 por ciento en el mercado del azúcar, declaró ganancias por más de cinco mil millones de pesos en cinco meses de 2021, quintuplicando el resultado para igual período del 2020. Está claro que tienen margen para afrontar las medidas que dispuso el gobierno.

De la misma forma, con un uso de la capacidad instalada al 62 por ciento (muy por encima, por cierto, del piso que dejó el gobierno anterior) cualquier aumento de la demanda debería poder ser cubierto con más producción, generando, en un solo movimiento virtuoso, nuevos puestos de trabajo y mayores ganancias para los empresarios.

La única explicación posible de un eventual desabastecimiento de productos de la canasta básica, como el que vaticinaron empresarios y dirigentes políticos opositores, es la especulación.

Esta semana, en plena campaña, la mayoría de los medios y toda la oposición defendieron sistemáticamente el derecho de esas empresas a aumentar sus ganancias por sobre una sociedad en la que cuatro de cada diez son pobres, como si se tratara de mero sentido común. "El control de precios ya se intentó muchas veces y siempre fracasó", repiten, antes de proponer otras recetas que se intentaron muchas veces y siempre fracasaron, como la baja de impuestos y contribuciones patronales y la flexibilización laboral.

La deshonestidad intelectual es doble, porque la historia argentina reciente muestra que el control de algunos precios, en el marco de un programa más amplio, puede servir como puntapié para desacelerar fuertemente la suba de precios.

Fue con el programa de Precios Cuidados, que implementaron Axel Kicillof y Augusto Costa y que permitió bajar la inflación de 38,5 por ciento en 2014 (la más alta de los doce años kirchneristas) a menos del 25 por ciento el año siguiente, antes de que la devaluación que dispuso Macri volviera a dispararla.

Precios Cuidados fue tan exitoso que el gobierno de Cambiemos lo mantuvo durante sus cuatro años de mandato, aunque sin conseguir aplacar la inflación. A medida que las segundas marcas reemplazaron a las primeras y se redujo la cantidad de productos incluídos en el programa, se fue transformando en un cascarón vacío. Queda claro que si no se la acompaña con un abordaje integral, la política pierde efecto rápidamente y muchas veces puede resultar contraproducente.

Haría bien el gobierno en tomar nota: no debe enamorarse de la herramienta ni del conflicto. Cometería un error si creyera que la demanda es más confrontación. No; lo que la sociedad pide, lo que necesita después de tantos años de privaciones, es que el sueldo vuelva a alcanzar. Como sea. Agotadas las instancias de diálogo se debe proceder por otras vías, más costosas, pero el titánico esfuerzo de esa batalla, cuyo resultado tendrá implicancias hondas en el futuro del país, sólo será reconocido si el peronismo emerge como ganador.

Por Nicolás Lantos

Fuente: El Destape

07-02-2026 / 19:02

Cero credibilidad por el escándalo del Indec que dejó a Javier Milei y a Toto Caputo con el culo al aire

Claudio Drescher, presidente de la Cámara Argentina de la Indumentaria, uno de los sectores que más se benefició en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, dijo que los empresarios votaron al cipayo Javier Milei porque esperaban un cambio. Bueno, el cambio llegó y ahora el ministro de Economía del gobierno que votó, promueve la ropa importada.

El problema de Drescher es que no es el único perjudicado. No lo dijo, es probable que no lo vea o no le importe, pero todos los miércoles apalean a los jubilados y el gobierno quiere imponer una nueva legislación laboral que precarizará el empleo. El trabajo está más barato que nunca porque con este gobierno el salario perdió el 35 por ciento de su valor, están más bajos que en el 2001. Zafan los que trabajan mal pagados en varios empleos.

Y el comercio debe pagar fletes, alquileres y tarifas astronómicas. Varias tiendas cerraron en la calle Avellaneda, pero una señora de condición humilde que pasaba por allí, fue entrevistada por el cronista "Sergio en la calle". La mujer dijo que le costaba llegar a fin de mes aunque tenía tres trabajos, pero que el rumbo del gobierno era correcto. "¿Qué le parecen estos comercios con las persianas bajas?" preguntó el youtuber. "No, eso no es culpa del Presidente, eso es por malas decisiones personales".

Con el kirchnerismo, pagando buenos salarios, los empresarios textiles hicieron fortunas, pero votaron el cambio, según Drescher. Como el empresario, la señora de la calle Avellaneda está peor, pero uno y otra son incapaces de asimilar que respaldan un modelo de país donde ellos no tienen ninguna importancia.

El gobierno que votaron para que las cosas cambien apareció envuelto en varios hechos de corrupción. Se destacaron dos por sus evidencias: el escándalo de las criptomonedas $Libra, que involucró de manera muy directa al presidente. El otro hecho de corrupción que destacó entre muchos, fueron las coimas del ocho por ciento a los laboratorios, por los remedios para discapacitados, una estafa denigrante, en la que se mencionó a Karina, la hermana del Presidente.

El modelo tiene banca también en el ámbito judicial. Esta semana un decreto de Milei retiró al Estado argentino como parte en la causa por el megacrédito tomado en 2018 con el FMI. La causa está caratulada como "Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública". Entre los "y otros" están Federico Sturzenegger y el ministro de Economía que no compra nunca en Argentina, Luis Caputo.

La jueza María Eugenia Capuchetti, la misma que intervino en la fallida investigación del intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, determinó que los delitos denunciados no eran tales sino "discrepancias con decisiones políticas". Por ese préstamo concedido de manera irregular, los funcionarios del Fondo que intervinieron, fueron expulsados. El fiscal Franco Picardi apeló la decisión de la jueza, porque el gobierno de Mauricio Macri tampoco siguió la normativa al tomar deuda y porque nunca se aclaró cuál sería el destino del préstamo ni en qué se usó. Esa deuda comprometió la soberanía argentina y el país quedó subordinado al control permanente de sus decisiones económicas.

Para Caputo no era una situación nueva. En 2017 apareció en los Panama Papers, en una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas, como administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en las islas Caimán, un paraíso fiscal. El periodista Marcelo Bonelli denunció en 2018 que la entonces "titular de la Oficina Anticorrupción y exlegisladora del PRO Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra Caputo, por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en dos compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami."

07-02-2026 / 11:02

Apertura comercial indiscriminada y sometimiento al imperialismo: Milei le entrega todo a Trump y no recibe nada a cambio

El vergonzoso acuerdo que Javier "el Cipayo" Milei selló recientemente con Estados Unidos constituye el Estatuto Legal de Coloniaje, al transformar la actual dependencia de la Argentina respecto de Washington en un esquema permanente de subordinación colonialista que, además de poner en riesgo la producción y el empleo nacional en numerosos sectores, restringe severamente el margen de acción del estado nacional en áreas críticas. La decisión de convertir a la Argentina en un apéndice económico y político de la potencia yanqui ya está tomada.

La lectura rigurosa del tratado permite observar con claridad el contraste entre las partes. Washington utilizó el proceso para fijar reglas, ampliar su acceso al mercado argentino y alinear el marco regulatorio local con sus propias prioridades económicas y estratégicas. Los cipayos funcionarios libertarios, por su parte, aceptaron servilmente ese esquema sin introducir compensaciones, contrapesos ni salvaguardias. La Argentina incorpora más de un centenar de obligaciones operativas, mientras que Estados Unidos asume menos de una decena de compromisos, en su mayoría condicionales o discrecionales.

Ese patrón se reproduce capítulo por capítulo. En comercio de bienes, numerosos productos industriales pasan a tener arancel cero desde la entrada en vigor del acuerdo, incluyendo dispositivos médicos, instrumental hospitalario, reactivos químicos, maquinaria eléctrica y componentes industriales. Otros productos contemplan una reducción inmediata del arancel al 2 por ciento. Entre ellos, autopartes, insumos industriales y bienes de capital. La apertura recae, asimismo, sobre múltiples sectores sensibles, sin instancias de adecuación ni salvaguardias productivas, en un contexto de desindustrialización y destrucción de empleo.

El sector automotor es ilustrativo de esa lógica. El acuerdo habilita un cupo anual de 10.000 vehículos originarios de Estados Unidos con arancel cero, desde el primer año de vigencia. El impacto se concentra en provincias con fuerte base automotriz y autopartista como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Aquí tampoco se introducen mecanismos de administración del flujo ni exigencias de inversión, trasladando el impacto de la apertura directamente sobre la producción local.

En el complejo aviar, la asimetría es todavía más directa. El tratado obliga a habilitar el ingreso de aves y productos avícolas estadounidenses en un plazo máximo de un año. El régimen sanitario queda alineado así con los criterios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la certificación del Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria, facilitando el acceso de productos provenientes de uno de los principales exportadores mundiales del sector y exponiendo al entramado avícola argentino, con impacto directo en Entre Ríos y Buenos Aires.

En salud, el acuerdo profundiza la apertura importadora de medicamentos y dispositivos médicos de uso humano. A esa liberalización comercial se suma un corrimiento del poder regulatorio del Estado argentino, al aceptar como suficientes las autorizaciones otorgadas por la autoridad sanitaria estadounidense. La combinación de apertura y subordinación normativa limita la capacidad de la ANMAT de definir estándares propios y condiciona el desarrollo del complejo médico-industrial local.

El capítulo aduanero consolida una apertura sin instrumentos de administración del comercio. Se elimina el requisito consular y se fija la eliminación de la tasa estadística en un plazo de tres años; mientras en economía digital, el tratado garantiza el libre flujo transfronterizo de datos, reconoce a Estados Unidos como jurisdicción adecuada y prohíbe requisitos de localización o transferencia tecnológica, restringiendo severamente la capacidad regulatoria del Estado sobre las grandes plataformas tecnológicas.

06-02-2026 / 09:02

Milei, copiando a Trump, lanza cuenta oficial para desmentir, perseguir y cazar periodistas

Con un comunicado insólito el gobierno autoritario de Javier "el Loco" Milei anunció la creación de una cuenta de X que será la Oficina de Respuesta Oficial que tendrá como objetivo "desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política". Asociaciones como Adepa (que agrupa a más de 180 empresas periodísticas) y Fopea (que nuclea a cientos de periodistas) expresaron su rechazo. El Gobierno anarco capitalista se autopercibe como dueño de la verdad y busca atacar la libertad de expresión con fondos públicos para imponer sus dogmas y su relato libertario.

"La Oficina de Respuesta Oficial fue creada para desmentir activamente la mentira, señalar falsedades concretas", anunció el Gobierno al crear esta página que funcionará como el oscuro "Ministerio de la Verdad" que Orwell anunció en su novela de ciencia ficción "1984". Del odio periodístico a la patrulla digital: el cipayo Milei copia a Trump y crea quilombo anti-fake news.

Este esfuerzo por esclarecer lo verdadero en la era de la posverdad que representa este gobierno, seguramente destruirá la mentira de la inflación. Milei dijo que no cambiará el método para establecer la medición de este flagelo. O sea, reconoció que es necesario cambiar el sistema que usó hasta ahora porque no arrojó resultados reales. La Oficina de Respuesta Oficial deberá aclarar porqué si reconoce que el Indec mintió cada mes, igual anunció que seguirá mintiendo hasta que desaparezca la inflación sobre la cual está mintiendo.

Hay falsedades concretas por todos lados. Que la Oficina de Respuesta Oficial desmienta entonces a su inventor. En un canal de cable, la "psiquiatra pediátrica" Lilia Lemoine diagnosticó al chico autista Ian Moche como un chico sin autismo que simulaba su condición. El pibe recorrió los medios de comunicación para defender los derechos de la discapacidad, que el Gobierno abolió. Y la "psiquiatra" Lemoine diagnosticó que eso demostraba que no era autista. Al parecer Lemoine no es pediatra ni psiquiatra y, aunque lo fuera, nunca tuvo contacto con Ian como para diagnosticarlo. Mintió la terraplanista. Pero a Ian le hizo bien defender su dignidad, porque además lo hizo de manera inteligente, a diferencia de la señora mentirosa Lemoine que cree en la Tierra plana.

O sea, la terraplanista estaba mintiendo con el único objetivo de hacerle daño al pibe con autismo que lucha por sus derechos, que es lo mismo que luchar por dignidad. La Justicia le dio la razón a Ian y a su madre porque obligó al gobierno que integra Lemoine a reponer los derechos de la discapacidad que intentó retirarle. O sea, la señora Lemoine, mintió para hacer daño desde un lugar de poder y contra personas especialmente vulnerables. Como si un médico se ensañara con su paciente atado a la camilla. O sea que, además de mentirosa, es cruel y poco inteligente si se tiene en cuenta que era una mentira repugnante y de patas cortas.

Señores de la Oficina de la Respuesta Oficial de la República Argentina, ya tienen dos grandes mentiras para desmentir: la de una inflación de mentira que le ha comido el salario y la jubilación a los argentinos y una diputada que miente para atacar a un pibe de doce años para defender las mentiras del gobierno. Pero la Oficina Tal por Cual solo desmentirá y perseguirá a la verdad. Como siempre, el ladrón se rasga las vestiduras con el discurso de la honradez y ataca con mentiras a los demás. Y el mentiroso sobreactúa el discurso de la verdad para ocultar sus mentiras.

En ese contexto, la "Oficina de Respuesta Oficial" no parece solo una herramienta comunicacional. Es la institucionalización de una lógica: responder siempre, atacar primero y convertir cada crítica en un enemigo. Una versión local de un libreto yanqui importado, aplicada con fanatismo y sin demasiados matices. La libertad de expresión y el derecho a la información están bajo ataque autoritario.

La Opinión Popular

05-02-2026 / 11:02

Milei dejó a las familias al borde del default: la morosidad se disparó a niveles históricos

Sacar un adelanto de sueldo con el banco, tarjetear, tomar un préstamo se volvieron cosas habituales bajo el desastroso gobierno de Javier Milei. No poder pagar toda la tarjeta, refinanciar con intereses elevados o no pagar la cuota del préstamo genera mora y eso está aumentando mes a mes. El endeudamiento de los hogares argentinos entró en una zona crítica. Los últimos datos del Banco Central, analizados por el Instituto Argentina Grande, muestran un salto alarmante en la morosidad: el 11 por ciento de los créditos personales y el 9,2 por ciento de las tarjetas de crédito registran irregularidades en los pagos. Hace apenas 2 años, a fines de 2023, esos números eran muy distintos: 4,2 por ciento en préstamos personales y 1,7 por ciento en tarjetas.

Se trata de los niveles más altos desde que el organismo tiene registros, es decir, desde 2010. El fenómeno refleja una realidad concreta: los ingresos ya no alcanzan para cubrir gastos cotidianos como alimentos, tarifas o medicina privada. Frente a ese escenario, el desahorro y el endeudamiento dejaron de ser excepciones y pasaron a formar parte de la rutina de millones de familias. Cada vez más hogares recurren al pago mínimo de la tarjeta de crédito como estrategia para estirar el ingreso mensual. Esa práctica, que puede dar aire en el corto plazo, termina convirtiéndose en una trampa por las altas tasas de interés, que aceleran el deterioro de la capacidad de pago.

El problema no se limita al consumo diario. También crece la morosidad en los préstamos prendarios, generalmente destinados a la compra de autos, motos o maquinaria. En noviembre de 2025 alcanzó el 5,2 por ciento, cuando 2 años antes era del 2,7. Esto evidencia que el estrés financiero ya impacta en decisiones de mayor plazo y compromete el patrimonio familiar. El deterioro de estos indicadores expone un cuadro social cada vez más frágil. El crédito dejó de ser una herramienta para mejorar la calidad de vida y pasó a convertirse en un recurso de supervivencia que oculta la pérdida del poder adquisitivo.

Para muchas familias, especialmente jóvenes sin ingresos formales, el financiamiento no proviene de los bancos sino de cadenas comerciales, prestadores directos y, cada vez más, billeteras virtuales y fintech, que ofrecen créditos rápidos y de acceso inmediato. En ese terreno, la situación también es preocupante. La morosidad en compras de electrodomésticos alcanzó el 27 por ciento en julio de 2025, el valor más alto en más de 4 años. En el caso de los préstamos otorgados por fintech, el 18 por ciento presentaba incumplimientos en julio, pero estimaciones privadas indican que esa cifra ya ronda el 21 por ciento.

Los datos de la Encuesta Permanente de Hogares confirman el deterioro de las economías domésticas. En el segundo trimestre de 2025, el 48 por ciento de los hogares no logró cubrir sus gastos y debió recurrir a ahorros, venta de bienes o endeudamiento, tanto formal como informal. La clase media aparece como uno de los sectores más afectados: el 53 por ciento de sus hogares no logra llegar a fin de mes. Según datos del Indec publicados este viernes, el 60% de los asalariados gana menos de $950.000 en el tercer trimestre del año. Es decir, que la mayoría de los trabajadores viven con ingresos por debajo de la canasta de consumos mínimos que realiza la Junta Interna de ATE Indec (el promedio del tercer trimestre del año fue $1.941.853). Esta canasta no es un ideal ni un óptimo, pero se acerca a lo que se necesita para llegar a fin de mes.

Mientras el Gobierno libertario insiste en mentir con indicadores de estabilidad y crecimiento, la realidad que se vive puertas adentro de los hogares argentinos es otra: deuda creciente, ingresos que no alcanzan y una morosidad que ya funciona como termómetro del deterioro económico y social. Los hogares están endeudados porque los ingresos no alcanzan. Es urgente un aumento de emergencia de salarios, jubilaciones y programas sociales.

La Opinión Popular

04-02-2026 / 11:02

Caputazo en el Indec: Ilegalidades que afectan a los salarios, las jubilaciones, la AUH y la pobreza

A través de la práctica de demorar la puesta en vigencia del cambio de ponderaciones que resulta de una encuesta de gastos de hogares más actualizada que la de 2004, que todavía se aplica, se verán afectados los ingresos reales de todos aquellos sectores que ajustan sus remuneraciones siguiendo el Índice de precios al consumidor (IPC), como jubilaciones, pensiones y asignaciones de la previsión social como la AUH, y se estará alterando el cálculo de variables fundamentales para la economía, como el producto bruto (que en el futuro va a ser recalculado a la baja) o la pobreza (en sentido inverso, en el futuro se demostrará que es mayor a la que actualmente se informe).

Así lo han puesto de manifiesto especialistas en el tema, entre ellos Alejandro Barrios, ex director del Indec, quien explicó que las ponderaciones resultantes de la Encuesta de Gastos de Hogares de 2017/18 "ya está disponible hace años, incluso la Ciudad de Buenos Aires ya la está aplicando; la demora en aplicarla a nivel nacional es que hay un gobierno que iba a implementar un cambio en los precios relativos, con subas importantes en los servicios regulados por el Estado (por quita de subsidios). La decisión fue parar la aplicación de los nuevos índices hasta que se completen esos cambios; y se considere que ya no van a seguir aumentando, mes a mes, el teléfono, la luz, el transporte, las prepagas, etc. Rubros que en el índice actualizado tienen un peso mucho mayor que en el de la canasta de gastos de hace 20 años".

En consecuencia, el índice que se seguirá aplicando "hasta que se complete el proceso de desinflación", en palabras de Luis Caputo, da como resultado un aumento de precios al consumidor inferior al que surge del cálculo con el nuevo índice. "Esto va a provocar en el futuro un recálculo de variables de los años anteriores, como pasó otras veces, pero esta vez con el agravante de que las autoridades actuales son conscientes de que demoran el cambio de fórmula para subestimar la inflación", agregó Barrios.

Así, por ejemplo, el cálculo del PBI tendrá probablemente una revisión, porque al desindexar los precios a una tasa más alta que la que se usa actualmente, resultará un PBI real (descontada la inflación) menor al que hoy se informa. En consecuencia, se recalculará a la baja el PBI de todos estos años (aumentos inferiores a los que ahora se informan, caídas superiores, e incluso subas leves que se transformarán en bajas).

Lo contrario sucederá con los índices de pobreza, ya que cuando en el futuro se recalculen los ingresos deflactados por un índice no subestimado como el actual, van a ser menores en términos reales, mientras que las canastas de precios al ser reajustados van a ser más altas. En consecuencia los índices de pobreza así recalculados resultarán más altos que los que ahora se informen.

Este manoseo de los índices en el corto plazo también podrá ser motivo de controversias, de parte por ejemplo de tenedores de bonos con variable CER (ajuste por inflación) o títulos con cláusula de ajuste UVA (también tiene un componente que varía según el IPC). Además, el cálculo del valor de las jubilaciones y pensiones se hace, mensualmente, de acuerdo al aumento del IPC en meses anteriores, por lo cual la sub estimación del índice va en desmedro de los perceptores de esos ingresos. Lo mismo vale para los que reciben la AUH y otras asignaciones que se ajustan periódicamente por la inflación.

Otro ingreso que se verá afectado es el salario, en la medida en que las paritarias se negocien en función de un índice de inflación que luego se demuestre que no era el real. "La decisión de que tendremos un índice de fantasía abre las puertas del infierno", advirtió el ex diputado nacional y ex dirigente de ATE Claudio Lozano. "De manera desembozada e impune decretan que ellos decidirán lo que debe dar la estadística pública sobre inflación. Lo ocurrido no hace más que explicitar lo que se venía observando en el funcionamiento del Indec, porque hace rato que debería haberse incorporado la Encuesta de Gastos de los Hogares del 2016/17 y se lo demoró sin ninguna razón estadísticamente válida".

La Opinión Popular