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                  02:55  |  Jueves 18 de Diciembre de 2013  |  Entre Ríos
El clima en Paraná

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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-10-2021 / 08:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral
La batalla por los precios marcará el tono de los próximos meses, entre una oposición que apuesta por el estallido social y un peronismo que necesita fortalecerse en el conflicto para no devaluar su capital político.
La Argentina se encuentra en una disyuntiva. Los próximos meses pueden ser una bisagra. Aunque la situación económica ya es mejor que en febrero del 2020, antes de la pandemia, la puja distributiva, la falta de dólares y el peso de los años de carencias configuran un escenario de inestabilidad sobre el que opera, ya sin sutilezas, la oposición.
 
Si consigue superarlo sin demasiadas turbulencias, hay por delante dos años de crecimiento durante los que el gobierno puede sentar las bases para un largo camino de reconstrucción nacional. Si en cambio no puede sortear las trampas de la urgencia social, el endeudamiento excesivo y la restricción del sector externo, el país volverá a caer en el mismo ciclo de siempre de crisis recurrentes, sólo que esta vez, como nunca antes, será durante un gobierno peronista. 
 

 
"Si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es sólo una cuestión de elecciones".
 
Para buena parte del Frente de Todos, aquella que siempre mantuvo los pies en el plato en todos los gobiernos kirchneristas, lo que está en juego es el capital político acumulado durante doce años por haber sabido evitar, justamente, esta clase de estallidos.
 
Por eso el gobierno ya piensa en el 15 de noviembre. No porque el resultado electoral no importe sino porque, según los cálculos que llevan en el comando de campaña, ahora conducido por Juan Manzur, ningún resultado, en el margen de lo esperable tras las PASO, modificará sustancialmente la dinámica parlamentaria.
 
Sí se buscará recortar distancias y ganar territorios que en septiembre se perdieron para mostrar una recuperación de la iniciativa política de cara a la verdadera batalla, que empieza un día después de la elección.
 
Los precios en la góndola del supermercado es el teatro de operaciones donde se desarrolla la escaramuza y la gran perdedora, si el gobierno no logra frenar la embestida, será la sociedad argentina, que seguirá cayendo en la espiral descendente que recorre desde 2015.
 
Con once millones de personas comiendo en comedores y veinte debajo de la línea de la pobreza, cuando el sacrificio necesario para dejar atrás una crisis recae otra vez sobre los mismos, su resultado será demasiado similar a la crisis que se buscaba dejar atrás.
 
La oposición iza la bandera de la lucha contra la inflación pero una nueva devaluación abrupta, como proponen de forma unánime los economistas de Juntos por el Cambio y los conservadores que se autoperciben como liberales, sólo puede traducirse en más inflación y más miseria: dos millones de nuevos pobres en seis meses si el dólar oficial se va a 120, cuatro millones y medio si vuela a 150, según la consultora Analytica. La historia reciente nos enseñó que eso ni siquiera garantiza, a cambio, una estabilización de la economía.
 
El acuerdo para congelar los precios de 1400 productos hasta fin de año tampoco es, desde ya, la solución a un problema crónico de este país, pero sí un freno de mano destinado a poner fin a una escalada de precios sin justificación aparente que comenzó a finales de septiembre y se agudizó en los primeros días de octubre.
 
La primera semana de este mes arrojó un aumento vertiginoso, con la marca de 1,6 por ciento de inflación en sólo siete días. Era necesaria una reacción enérgica para torcer el rumbo, que conducía directo al abismo.
 
Los economistas opositores apuntan a la emisión, el déficit y el corrimiento de la cotización de los dólares paralelos como únicas explicaciones para los aumentos. Sin embargo, la realidad tiene la pésima costumbre de no adaptarse a esos argumentos, que ya se probaron equivocados varias veces.
 
En el gobierno sostienen, en cambio, que esa aceleración sólo puede explicarse a partir de la recomposición de márgenes de ganancia de empresas que concentran buena parte del mercado, por descarte de todas las otras hipótesis.
 
Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, la cantidad de dinero circulante aumentó un 29 por ciento. La base monetaria (circulante más encajes bancarios) aumentó el 27 por ciento en el mismo período. El tipo de cambio oficial subió un 30 por ciento y el contado con liqui, que usan las empresas para acceder al mercado paralelo, un 20 por ciento. La nafta súper aumentó un 46 por ciento y la energía eléctrica para industrias un 49 por ciento. Todo por debajo del 52,5 por ciento de inflación interanual.
 
En tanto que las medidas anunciadas después de las PASO (expansión del REPRO, obras públicas, aumento del salario mínimo, jubilaciones anticipadas, los programas Registradas y Mi Pieza, la ayuda social extra a municipios, la suba del mínimo de Ganancias y la amnistía fiscal) significan menos de 80 mil millones de pesos, apenas un 0,2 por ciento del PBI. Algunas ya estaban contempladas en el presupuesto. En comparación, el paquete que tomó Mauricio Macri en agosto del 2019 comprometió más de 2 puntos del PBI, diez veces más.
 
Con esos datos en la mano, el flamante secretario de Comercio mantuvo reuniones con todos los eslabones de la cadena para avanzar con un congelamiento de precios que frenara una dinámica peligrosa para casi todos y sirva para ganar tiempo hasta articular una respuesta más duradera al desbalance de salarios, precios y tarifas que hay en el país. Sólo los grandes holdings, con capital dolarizado y espalda para resistir (y tal vez ganar) si llega otra crisis, se opusieron a la iniciativa.
 
Tal como reveló esta semana El Destape, las principales empresas alimenticias del país, que concentran la mayor parte del mercado y ponen objeciones a la política de congelamiento de precios, tuvieron ganancias extraordinarias este año. De acuerdo a información oficial de la Bolsa de Valores, Arcor tuvo un saldo positivo de más de 9 mil millones de pesos en el primer semestre. En 2020 había ganado menos de la mitad de esa cifra y en 2019, sin pandemia y con Macri, tuvo pérdidas por 2 mil millones.
 
Molinos Río de la Plata, en tanto, que también venía de un rojo financiero durante el macrismo, registró en los primeros seis meses de este año ganancias por casi mil millones, lo mismo que en todo el año pasado. Mientras que Ledesma, con una participación superior al 80 por ciento en el mercado del azúcar, declaró ganancias por más de cinco mil millones de pesos en cinco meses de 2021, quintuplicando el resultado para igual período del 2020. Está claro que tienen margen para afrontar las medidas que dispuso el gobierno.
 
De la misma forma, con un uso de la capacidad instalada al 62 por ciento (muy por encima, por cierto, del piso que dejó el gobierno anterior) cualquier aumento de la demanda debería poder ser cubierto con más producción, generando, en un solo movimiento virtuoso, nuevos puestos de trabajo y mayores ganancias para los empresarios.
 
La única explicación posible de un eventual desabastecimiento de productos de la canasta básica, como el que vaticinaron empresarios y dirigentes políticos opositores, es la especulación.
 
Esta semana, en plena campaña, la mayoría de los medios y toda la oposición defendieron sistemáticamente el derecho de esas empresas a aumentar sus ganancias por sobre una sociedad en la que cuatro de cada diez son pobres, como si se tratara de mero sentido común. "El control de precios ya se intentó muchas veces y siempre fracasó", repiten, antes de proponer otras recetas que se intentaron muchas veces y siempre fracasaron, como la baja de impuestos y contribuciones patronales y la flexibilización laboral.
 
La deshonestidad intelectual es doble, porque la historia argentina reciente muestra que el control de algunos precios, en el marco de un programa más amplio, puede servir como puntapié para desacelerar fuertemente la suba de precios.
 
Fue con el programa de Precios Cuidados, que implementaron Axel Kicillof y Augusto Costa y que permitió bajar la inflación de 38,5 por ciento en 2014 (la más alta de los doce años kirchneristas) a menos del 25 por ciento el año siguiente, antes de que la devaluación que dispuso Macri volviera a dispararla.
 
Precios Cuidados fue tan exitoso que el gobierno de Cambiemos lo mantuvo durante sus cuatro años de mandato, aunque sin conseguir aplacar la inflación. A medida que las segundas marcas reemplazaron a las primeras y se redujo la cantidad de productos incluídos en el programa, se fue transformando en un cascarón vacío. Queda claro que si no se la acompaña con un abordaje integral, la política pierde efecto rápidamente y muchas veces puede resultar contraproducente.
 
Haría bien el gobierno en tomar nota: no debe enamorarse de la herramienta ni del conflicto. Cometería un error si creyera que la demanda es más confrontación. No; lo que la sociedad pide, lo que necesita después de tantos años de privaciones, es que el sueldo vuelva a alcanzar. Como sea. Agotadas las instancias de diálogo se debe proceder por otras vías, más costosas, pero el titánico esfuerzo de esa batalla, cuyo resultado tendrá implicancias hondas en el futuro del país, sólo será reconocido si el peronismo emerge como ganador.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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17-12-2025 / 09:12
A días de cumplir su segundo año de gestión, el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei busca aprobar su primer presupuesto sin frenar en las curvas. Tras conseguir dictamen de mayoría con ayuda de gobernadores aliados, este miércoles se trata la "Ley de Leyes" en Diputados. Envalentonada, Patricia Bullrich buscará incluirlo también en la sesión del viernes 26, en la que se debatirá la reforma laboral en el Senado. Para sorpresa de la oposición, el dictamen deroga el Financiamiento Universitario y la Emergencia en discapacidad. Ambas iniciativas fueron sancionadas por el Congreso, vetadas por el Gobierno e insistidas en ambas cámaras. El nuevo proyecto deroga el ajuste automático de las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo y le da discrecionalidad al gobierno.
 
En un súper miércoles, la Casa Rosada intentará disciplinar al Congreso con la ley de "Disciplina Fiscal", que penaliza a quienes atenten contra el excel libertario y buscará avanzar con la aprobación de un blanqueo blue rebautizado "inocencia fiscal". La CGT llamó a movilizar contra el desfinanciamiento de la educación, la ciencia y la tecnología.
 
Al Gobierno le quedan menos de diez días hábiles para cumplir los deberes que le fijaron Donald Trump y el FMI: tener un presupuesto y sancionar una reforma laboral. Ayer, la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Bertie Benegas Lynch dejó listo el dictamen que el oficialismo buscará aprobar este miércoles. Los apoyos para reunir las 28 firmas -sobre un total de 46- llegaron de la mano de sus aliados del PRO, la UCR y el MID, y de los gobernadores de Catamarca, Tucumán, San Juan, Mendoza y Misiones.
 
De esas 28 firmas, seis fueron en disidencia, lo que obliga al Gobierno a continuar las negociaciones si no quiere correr una suerte similar a la que atravesó durante el tratamiento de la Ley Bases, que perdió buena parte de su articulado en el camino.
 
Para asegurarse los respaldos, la administración de Milei abrió la billetera. En los últimos días, los gobernadores colaboracionistas recibieron Aportes del Tesoro Nacional. El misionero Hugo Passalacqua recibió 12 mil millones de pesos; el chaqueño Leandro Zdero, 11 mil millones; y el tucumano Osvaldo Jaldo, 20 mil millones. Esta última fue la cifra más generosa que el Gobierno envió a una provincia en todo 2025.
 
Además, el lunes por la noche la Casa Rosada envió al Congreso la reforma de la Ley de Glaciares. La iniciativa habilita a las provincias a avanzar con proyectos mineros sobre reservas estratégicas de agua. De aprobarse, Catamarca, Mendoza y San Juan quedarían entre las principales beneficiadas para hacer negocios con las multinacionales yanquis que miran de reojo.
 
Si bien existe consenso entre la mayoría de los bloques en que el Gobierno no puede seguir administrando el Estado sin un presupuesto, el proyecto no contempla partidas para recomponer los ingresos de los jubilados, no prevé mecanismos para reactivar la obra pública ni incluye un solo artículo orientado a impulsar la actividad económica.
 
Todo el andamiaje se reduce a blindar el equilibrio fiscal, que Milei alcanzó a fuerza de recortar en todas las áreas sensibles del Estado, a excepción del pago de los intereses de la deuda. Además, las metas que fija parecen a simple vista difíciles de cumplir. El proyecto prevé un crecimiento de la economía del 5 por ciento del PBI, una inflación anual del 10,1 por ciento y proyecta un dólar a 1423 pesos para diciembre de 2026. Esto último está por debajo del precio actual.
 

16-12-2025 / 10:12
Las reformas que impulsa el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei, en especial la laboral, buscan sin disimulo convertir a nuestro país en una economía colonial de enclave, productor de materias primas, sin industria y en donde sobre más de la mitad de los argentinos. En el país cierra una empresa por hora y 400 trabajadores por día se quedan sin empleo. El cálculo surge de tomar en cuenta que "el Peluca" y su motosierra destruyeron 19.114 firmas dejando en la calle a algo más que 264 mil asalariados registrados en sus dos primeros años de gobierno.
 
Para Argentina es un cambio dramático, pues es uno de los países en donde la legislación laboral del siglo XX más avanzó en el sentido de proteger a los trabajadores. Por esa razón, por ese "mal ejemplo" para la región latinoamericana, el objetivo del FMI de retroceder más de un siglo en las condiciones bajo las cuales se desenvuelve el mundo laboral, haya sido tomado con tanta energía por los últimos gobiernos de derecha y mucho más ahora bajo el modelo reaccionario extremo que impulsan los desquiciados Milei, Sturzenegger, Caputo y cía.
 
Todos y cada uno de los puntos del extenso proyecto que acaba de aterrizar en el Congreso es un muestrario de la ideología conservadora y retrógrada que alienta a este gobierno como fiel representante de la elite económico-financiera también conocida como "círculo rojo". A tal extremo esto es así que el gobierno ni se molestó en desmentir lo que hace un tiempo se conoció: los autores materiales de este engendro son los estudios de abogados que prestan sus servicios a las corporaciones más poderosas, los llamados "dueños de la Argentina". Es el gobierno para los ricos.
 
El sueño húmedo de esta minoría enferma de codicia es voltear, una por una, todas las protecciones legales que tienen los trabajadores argentinos, aunque también debe decirse que buena parte de ellas ya fueron demolidas de hecho por el propio accionar de un mercado laboral que, con independencia de los gobiernos que se sucedieron desde el estallido social y la gran crisis económica de 2001, dejaron a casi la mitad de los asalariados desempeñándose "en negro", al margen de la formalidad.
 
Lo que veremos en las próximas horas en el Congreso les dejará en claro a los argentinos quiénes son los senadores y diputados dignos de ser llamados oposición y quiénes se someterán ante las ofertas de dinero que ya está circulando por oscuras vías. Gobernadores dialoguistas también estarán en el "toma y daca" que este gobierno puso en marcha sin que la gran prensa porteña, convertida en vocera oficial de la Casa Rosada, hable como lo hacía habitualmente de "látigo y billetera" con otros gobiernos que nunca llegaron a extremos de manipulación de los recursos fiscales como el actual.
 
El triunfo electoral de octubre de Milei es el combustible que aceleró la decisión de avanzar con este proyecto y con otros que también buscan reconfigurar en profundidad el diseño social, económico e institucional de la Argentina. La llamada ley de tierras, de glaciares, la reforma educativa, la tributaria, etc. conforman una ofensiva de los sectores concentrados de la economía contra el conjunto social. Convertir a este país en una economía colonial, sin industria, sin ciencia, sin educación de calidad, sin protección social ni laboral para las mayorías populares es una meta que está en las mentes de los libertarios. La política de tierra arrasada que se proponen les resulta indiferente, pues la ambición de poder -político y económico- está por encima de todo.
 
La CGT convocó a una movilización a la Plaza de Mayo para el jueves a la que adhirieron las dos CTA, ATE y otros gremios, el peronismo, organizaciones sociales y partidos políticos de izquierda.  Para aterrorizar, la especialidad del mileísmo, aplicarán el protocolo antipiquetes. Si la movilización es masiva, cuesta creer que la amenaza de represión violenta se cumpla. Crispar el clima social en vísperas de fin de año, en nuestro país, nunca tuvo buenos resultados para los gobiernos.
 
La Opinión Popular
 

14-12-2025 / 09:12
Bajo el mote de reforma laboral se esconde la decisión de Javier "el Loco" Milei que pretende consagrar institucionalmente, en 2026, los objetivos que en 1976 se planteara la dictadura militar genocida. Los cambios en el proceso de acumulación en el marco del genocidio, el endeudamiento, la valorización financiera y la fuga de capitales, la desindustrialización, el modo de incorporación del cambio tecnológico y la llegada del capitalismo de plataformas, produjo una sustancial alteración de la relación capital-trabajo, obviamente en desmedro del conjunto de los trabajadores.
 
En ese marco de brutal regresividad en las condiciones materiales de vida de quienes trabajan, se sucedieron en las distintas administraciones conservadoras cambios normativos, todos con la misma dirección. 1. Abaratar el precio del trabajo. 2. Facilitar el despido. 3. Debilitar los convenios colectivos. 4. Limitar y destruir la organización sindical.
 
Estas orientaciones fueron parte de los cambios normativos que impulsó la dictadura militar, de las leyes que llevaron adelante Cavallo, Menem y De la Rúa, del frustrado intento de Macri y también del proyecto de Milei. Proyecto este cuya profundidad en términos de alteración de la Ley de Contrato de Trabajo solo es equiparable a lo planteado hace 50 años por la dictadura militar.
 
Además, se lleva a cabo la directa eliminación de los costos del despido a partir de la creación de un Fondo de Asistencia Laboral que se financiará con tres puntos de las actuales contribuciones patronales. A la vez, se les reduce en un punto adicional los aportes a los empresarios en relación a las obras sociales que dejarían de percibir un punto de los que están recibiendo en la actualidad.
 
En síntesis, cuatro puntos de los aportes patronales dejan de financiar las jubilaciones y la salud de los trabajadores, con el objeto de eliminar los costos del despido y reducir los costos laborales. Situación ésta que implica una redistribución de ingresos desde los trabajadores al capital, cercana a los 3000 millones de dólares.
 
Las experiencias internacionales y la propia experiencia nacional indican que estas propuestas solo profundizan la desocupación, la informalidad y la pobreza. Es más, aspectos laborales de esta naturaleza son los que contenía la Ley Bases y que ya tuvieron dos años de aplicación en el curso del gobierno de Milei. Años que lejos de promover el empleo registrado, coexisten con la destrucción de 222 mil puestos de trabajo formales registrados de los cuales 139 mil son del propio sector privado, al tiempo que el monotributo y los asalariados no registrados constituyen las formas de inserción laboral de mayor importancia en los últimos dos años.
 
Por si esto fuera poco, los modelos que pregonan los funcionarios libertarios como objetivos a alcanzar por la Argentina, no hacen más que negar con la evidencia lo que el propio gobierno pregona para justificar lo que propone. Poner como ejemplo a seguir países como Paraguay o Perú, que prácticamente carecen de legislación laboral, resulta inentendible. Estos dos países exhiben, aún sin legislación laboral, niveles de informalidad superiores a los que hoy exhibe la Argentina.
 
Para frenar esta ofensiva hay que convocar a la sociedad a discutir la necesidad de relaciones laborales diferentes para un país distinto al que construye Milei. Para eso necesitamos relaciones laborales que se edifiquen en base a la redistribución del ingreso, la revalorización del trabajo y la necesidad de expandir derechos para todos aquellos que trabajan independientemente del tipo de inserción laboral que tengan.
 
La Opinión Popular
 

13-12-2025 / 09:12
El proyecto de país que perfila el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei tomó el aspecto de una sociedad sin derechos organizada por el mercado. El mercado elimina el concepto de soberanía y decidirá quién irá preso y quién se tomará vacaciones. A su vez, el mercado está organizado por una escala jerárquica según el poder económico.
 
O sea: la libertad de los libertarios es como la milanesa tucumana hecha con papel higiénico. Y de postre: inflación. Si alguno pensó que el esfuerzo valía la pena, el 2,5 de inflación -medido por un Indec que todo el mundo sabe trucho-- le dio una mala noticia: se quedó sin trabajo, se quedó sin empresa, y además tiene inflación.
 
En la misma semana asumió Joaquín Mogaburu como subsecretario de Derechos Humanos y se presentó el proyecto de reforma laboral en el Congreso. El nuevo funcionario es un personaje ligado a los represores y da cursos en los cuarteles sobre "memoria completa".
  
Mogaburu aboga por la conciliación y el perdón a los genocidas. El combo es coherente con el protocolo de seguridad que criminalizó la protesta social, el decreto que permitió a las fuerzas armadas intervenir en conflictos internos y la eliminación del derecho a huelga y otros derechos como lo estipula la reforma laboral enviada al Congreso.
 
Durante el mes hubo decenas de actos sobre derechos humanos en centros culturales, casas de la memoria y en plazas de todo el país. Y el jueves se realizó un festival en la Plaza de Mayo encabezado por Madres, Abuelas y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel. Al mismo tiempo, la CGT anunciaba un acto público para oponerse al proyecto de ley enviado al Congreso.
 
No hay derechos humanos y no hay derechos laborales. No hay derecho a la protesta y no hay derecho que proteja contra la tortura y la violación como reclaman los que piden la libertad de torturadores y violadores que actuaron tras haber usurpado el Estado durante el golpe genocida. No hay sujetos de derecho en esta sociedad que conciben los libertarios y que ha sido votada por muchos que perderán los derechos que tenían.
 
Con el mercado se come, con el mercado se educa, con el mercado se cura. Si eso era difícil con la democracia, el mercado ni se lo plantea porque el único derecho que reconoce es el del que tiene más capital. El mercado habla de méritos, pero los derechos no se ganan. Los derechos implican también responsabilidades, pero no se ganan por méritos. Al menos la democracia reconoce que todos tienen derecho a comer, a la educación y a la salud. Después dependerá de los gobiernos proveer esos derechos.
 
Los libertarios inventaron una democracia con voto, pero sin derechos. Y los derechos son para todos porque son inherentes a la condición del ser humano. Si son para pocos, no califica. La democracia se construye sobre los derechos ciudadanos. Sin esos derechos básicos no hay sistema democrático. Este gobierno habla de democracia y libertad, pero cuando hace la milanesa, le pone papel higiénico en vez de libertad y democracia.
 

12-12-2025 / 10:12
El gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei mandó al Senado un proyecto de contrarreforma para eliminar derechos laborales, sindicales y de huelga que atrasa un siglo. Contra la Constitución desconoce hasta la jornada de 8 horas y el derecho a huelga. Redactado por los abogados de las grandes empresas, de Paolo Rocca, Galperin y Eurnekian, en cada rubro empeora la posición de los trabajadores. Perjudica también a monotributistas e informales y se propone financiar los despidos con la plata de los jubilados.
 
El gobierno libertario demoró la presentación de la contrareforma laboral, que no registra precedentes desde la dictadura genocida de 1976, para estirar los tiempos de negociación y definir cuán a fondo iría en su ofensiva contra los trabajadores y el sindicalismo. El proyecto que ingresó al Senado retoma lo peor de todas las versiones anteriores y lo condensa en 71 páginas y 191 artículos.
 
Enmascarada en una supuesta "modernización", la iniciativa retrocede más de un siglo y desconoce pilares básicos del derecho laboral como la jornada de ocho horas y restringe el derecho a huelga. Lejos de mejorar la vida de los trabajadores, crear empleo o incorporar a los informales al mercado formal, la reforma sólo busca abaratar costos para que el empleador pueda despedir y amplía la desprotección sobre el sector más débil.
 
Los especialistas coinciden en que "invierte la presunción de laborabilidad" perjudicando a monotributistas y trabajadores "independientes". El texto final del proyecto confirma la transferencia regresiva de los derechos de los trabajadores en favor del gran capital, debilita su capacidad de organización y faculta al empleador para modificar condiciones laborales según sus necesidades.
 
La reforma laboral, firmada por Milei, fue elevada al Congreso de manera errónea por parte de Gobierno. Legisladores opositores y abogados laboralistas cuestionaron el ingreso por el Senado, ya que la reforma laboral contiene un capítulo tributario que modifica impuestos centrales. Al respecto, la Constitución fija que toda ley de carácter impositivo debe originarse en Diputados.
 
La reforma laboral que impulsa Milei atrasa porque reinstala un modelo previo al propio nacimiento del derecho laboral. La abogada Natalia Salvo advierte que es "una novedad de museo que nos devuelve a un tiempo sin normas". El proyecto permite jornadas de hasta 12 horas, un retroceso a antes de la Ley 11.544, conquistada después de las huelgas y masacres de la Patagonia y la Semana Trágica.

También elimina ítems remunerativos para achicar aguinaldo y vacaciones, ahora fraccionadas como en etapas de precariedad anteriores a cualquier estándar moderno. Al mismo tiempo, remarca que la iniciativa desconoce los avances globales sobre las plataformas: mientras en Europa los tribunales y países como España o Portugal ya reconocen a esos trabajadores como dependientes, aquí se los deja en un limbo jurídico. Modernizar sería ampliar la protección, no recortarla. Con un 43 por ciento de informalidad, el proyecto empuja al país hacia un pasado sin resguardo, donde la relación laboral quedaba librada a la voluntad de la patronal.

Un Gobierno que miente en todo, presenta el argumento principal en la supuesta "creación de trabajo formal". Silogismo falaz, acaba de ser refutado por un hombre del gran capital, el abogado Julián de Diego. Dijo que "sin crecimiento, no habrá generación de empleo". Ese crecimiento se presenta, como promesa lejana, relato de un provenir etéreo, medido en décadas. Equiparada a Irlanda, Alemania, y otras naciones. Por ahora, lo que hay es recesión, inflación en alza y deuda. Cada vez más deuda.

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