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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-10-2021 / 08:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral
La batalla por los precios marcará el tono de los próximos meses, entre una oposición que apuesta por el estallido social y un peronismo que necesita fortalecerse en el conflicto para no devaluar su capital político.
La Argentina se encuentra en una disyuntiva. Los próximos meses pueden ser una bisagra. Aunque la situación económica ya es mejor que en febrero del 2020, antes de la pandemia, la puja distributiva, la falta de dólares y el peso de los años de carencias configuran un escenario de inestabilidad sobre el que opera, ya sin sutilezas, la oposición.
 
Si consigue superarlo sin demasiadas turbulencias, hay por delante dos años de crecimiento durante los que el gobierno puede sentar las bases para un largo camino de reconstrucción nacional. Si en cambio no puede sortear las trampas de la urgencia social, el endeudamiento excesivo y la restricción del sector externo, el país volverá a caer en el mismo ciclo de siempre de crisis recurrentes, sólo que esta vez, como nunca antes, será durante un gobierno peronista. 
 

 
"Si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es sólo una cuestión de elecciones".
 
Para buena parte del Frente de Todos, aquella que siempre mantuvo los pies en el plato en todos los gobiernos kirchneristas, lo que está en juego es el capital político acumulado durante doce años por haber sabido evitar, justamente, esta clase de estallidos.
 
Por eso el gobierno ya piensa en el 15 de noviembre. No porque el resultado electoral no importe sino porque, según los cálculos que llevan en el comando de campaña, ahora conducido por Juan Manzur, ningún resultado, en el margen de lo esperable tras las PASO, modificará sustancialmente la dinámica parlamentaria.
 
Sí se buscará recortar distancias y ganar territorios que en septiembre se perdieron para mostrar una recuperación de la iniciativa política de cara a la verdadera batalla, que empieza un día después de la elección.
 
Los precios en la góndola del supermercado es el teatro de operaciones donde se desarrolla la escaramuza y la gran perdedora, si el gobierno no logra frenar la embestida, será la sociedad argentina, que seguirá cayendo en la espiral descendente que recorre desde 2015.
 
Con once millones de personas comiendo en comedores y veinte debajo de la línea de la pobreza, cuando el sacrificio necesario para dejar atrás una crisis recae otra vez sobre los mismos, su resultado será demasiado similar a la crisis que se buscaba dejar atrás.
 
La oposición iza la bandera de la lucha contra la inflación pero una nueva devaluación abrupta, como proponen de forma unánime los economistas de Juntos por el Cambio y los conservadores que se autoperciben como liberales, sólo puede traducirse en más inflación y más miseria: dos millones de nuevos pobres en seis meses si el dólar oficial se va a 120, cuatro millones y medio si vuela a 150, según la consultora Analytica. La historia reciente nos enseñó que eso ni siquiera garantiza, a cambio, una estabilización de la economía.
 
El acuerdo para congelar los precios de 1400 productos hasta fin de año tampoco es, desde ya, la solución a un problema crónico de este país, pero sí un freno de mano destinado a poner fin a una escalada de precios sin justificación aparente que comenzó a finales de septiembre y se agudizó en los primeros días de octubre.
 
La primera semana de este mes arrojó un aumento vertiginoso, con la marca de 1,6 por ciento de inflación en sólo siete días. Era necesaria una reacción enérgica para torcer el rumbo, que conducía directo al abismo.
 
Los economistas opositores apuntan a la emisión, el déficit y el corrimiento de la cotización de los dólares paralelos como únicas explicaciones para los aumentos. Sin embargo, la realidad tiene la pésima costumbre de no adaptarse a esos argumentos, que ya se probaron equivocados varias veces.
 
En el gobierno sostienen, en cambio, que esa aceleración sólo puede explicarse a partir de la recomposición de márgenes de ganancia de empresas que concentran buena parte del mercado, por descarte de todas las otras hipótesis.
 
Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, la cantidad de dinero circulante aumentó un 29 por ciento. La base monetaria (circulante más encajes bancarios) aumentó el 27 por ciento en el mismo período. El tipo de cambio oficial subió un 30 por ciento y el contado con liqui, que usan las empresas para acceder al mercado paralelo, un 20 por ciento. La nafta súper aumentó un 46 por ciento y la energía eléctrica para industrias un 49 por ciento. Todo por debajo del 52,5 por ciento de inflación interanual.
 
En tanto que las medidas anunciadas después de las PASO (expansión del REPRO, obras públicas, aumento del salario mínimo, jubilaciones anticipadas, los programas Registradas y Mi Pieza, la ayuda social extra a municipios, la suba del mínimo de Ganancias y la amnistía fiscal) significan menos de 80 mil millones de pesos, apenas un 0,2 por ciento del PBI. Algunas ya estaban contempladas en el presupuesto. En comparación, el paquete que tomó Mauricio Macri en agosto del 2019 comprometió más de 2 puntos del PBI, diez veces más.
 
Con esos datos en la mano, el flamante secretario de Comercio mantuvo reuniones con todos los eslabones de la cadena para avanzar con un congelamiento de precios que frenara una dinámica peligrosa para casi todos y sirva para ganar tiempo hasta articular una respuesta más duradera al desbalance de salarios, precios y tarifas que hay en el país. Sólo los grandes holdings, con capital dolarizado y espalda para resistir (y tal vez ganar) si llega otra crisis, se opusieron a la iniciativa.
 
Tal como reveló esta semana El Destape, las principales empresas alimenticias del país, que concentran la mayor parte del mercado y ponen objeciones a la política de congelamiento de precios, tuvieron ganancias extraordinarias este año. De acuerdo a información oficial de la Bolsa de Valores, Arcor tuvo un saldo positivo de más de 9 mil millones de pesos en el primer semestre. En 2020 había ganado menos de la mitad de esa cifra y en 2019, sin pandemia y con Macri, tuvo pérdidas por 2 mil millones.
 
Molinos Río de la Plata, en tanto, que también venía de un rojo financiero durante el macrismo, registró en los primeros seis meses de este año ganancias por casi mil millones, lo mismo que en todo el año pasado. Mientras que Ledesma, con una participación superior al 80 por ciento en el mercado del azúcar, declaró ganancias por más de cinco mil millones de pesos en cinco meses de 2021, quintuplicando el resultado para igual período del 2020. Está claro que tienen margen para afrontar las medidas que dispuso el gobierno.
 
De la misma forma, con un uso de la capacidad instalada al 62 por ciento (muy por encima, por cierto, del piso que dejó el gobierno anterior) cualquier aumento de la demanda debería poder ser cubierto con más producción, generando, en un solo movimiento virtuoso, nuevos puestos de trabajo y mayores ganancias para los empresarios.
 
La única explicación posible de un eventual desabastecimiento de productos de la canasta básica, como el que vaticinaron empresarios y dirigentes políticos opositores, es la especulación.
 
Esta semana, en plena campaña, la mayoría de los medios y toda la oposición defendieron sistemáticamente el derecho de esas empresas a aumentar sus ganancias por sobre una sociedad en la que cuatro de cada diez son pobres, como si se tratara de mero sentido común. "El control de precios ya se intentó muchas veces y siempre fracasó", repiten, antes de proponer otras recetas que se intentaron muchas veces y siempre fracasaron, como la baja de impuestos y contribuciones patronales y la flexibilización laboral.
 
La deshonestidad intelectual es doble, porque la historia argentina reciente muestra que el control de algunos precios, en el marco de un programa más amplio, puede servir como puntapié para desacelerar fuertemente la suba de precios.
 
Fue con el programa de Precios Cuidados, que implementaron Axel Kicillof y Augusto Costa y que permitió bajar la inflación de 38,5 por ciento en 2014 (la más alta de los doce años kirchneristas) a menos del 25 por ciento el año siguiente, antes de que la devaluación que dispuso Macri volviera a dispararla.
 
Precios Cuidados fue tan exitoso que el gobierno de Cambiemos lo mantuvo durante sus cuatro años de mandato, aunque sin conseguir aplacar la inflación. A medida que las segundas marcas reemplazaron a las primeras y se redujo la cantidad de productos incluídos en el programa, se fue transformando en un cascarón vacío. Queda claro que si no se la acompaña con un abordaje integral, la política pierde efecto rápidamente y muchas veces puede resultar contraproducente.
 
Haría bien el gobierno en tomar nota: no debe enamorarse de la herramienta ni del conflicto. Cometería un error si creyera que la demanda es más confrontación. No; lo que la sociedad pide, lo que necesita después de tantos años de privaciones, es que el sueldo vuelva a alcanzar. Como sea. Agotadas las instancias de diálogo se debe proceder por otras vías, más costosas, pero el titánico esfuerzo de esa batalla, cuyo resultado tendrá implicancias hondas en el futuro del país, sólo será reconocido si el peronismo emerge como ganador.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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22-12-2025 / 10:12
Las joyas de la abuela que remata el gobierno. A espaldas del Congreso, el Gobierno ya vendió 40 valiosos terrenos del Estado (pertenecientes a las fuerzas armadas, instituciones científicas y hasta predios de ex centros clandestinos de detención) y tiene 140 inmuebles más para subastar. Luis "Toto" Caputo sueña con conseguir unos mil millones de dólares mientras las grandes inmobiliarias amigas del gobierno, con Eduardo Costantini a la cabeza, se quedan con el botín.
 
Tierras del Plan Procrear, de las Fuerzas Armadas, ferroviarias, de instituciones científicas, predios de ex Centros Clandestinos de Detención y hasta un pedazo de montaña en Mendoza. Todo eso incluye la lista de más de 180 terrenos e inmuebles públicos que conforman el plan de ventas de bienes del Estado que ya avanza en el Gobierno de Javier "el Loco" Milei.
 
Los remates, que esta semana fueron noticia por la venta de tierras destinadas originalmente a viviendas sociales, se concentran por ahora en la Ciudad de Buenos Aires con las empresas de Eduardo Costantini como principales beneficiarias y otros grandes jugadores del sector, como el Grupo IRSA, codiciando las tierras.
 
A través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), y sin pasar por el Congreso, la fuerza libertaria ya vendió cerca de 40 bienes y tiene en lista otros 140 lotes e inmuebles publicados para subastar en lo que le queda de mandato.
 
La lista de subastas futuras cuenta con terrenos de hasta 300 hectáreas a vender en el interior del país con destino al negocio agropecuario o a grandes proyectos inmobiliarios. Especialistas y organizaciones ambientalistas advierten que se trata "de uno de los procesos de descapitalización pública más agresivos de nuestra historia reciente".
 
"Vamos a vender muchos de los activos de la AABE y eso va a generar un ingreso de miles de millones". No mentía el ministro de Economía, "Toto" Caputo, cuando a principios de junio reconocía que el gobierno remataría las tierras del Estado para intentar sostener las reservas, en conjunto con los procesos de privatizaciones y concesiones.
 
Sólo desde ese mes la Agencia abrió subastas para un total de 26 terrenos e inmuebles a los que hay que sumarle otros 17 procesos de remate que se habían abierto desde fines de 2023. En paralelo a las subastas de la AABE, el gobierno remata también las tierras que estaban destinadas al ya disuelto Plan Procrear y apunta a recaudar una suma de entre 800 y 1000 millones de dólares por todo el paquete. Aunque hubo ventas en Mendoza, La Plata, Pinamar y Córdoba, la mayor parte de los bienes vendidos hasta ahora se concentran en la Ciudad de Buenos Aires.
 
El terreno más grande de ese paquete es el predio de cuatro hectáreas que pertenecía al Ejército y que Eduardo Costantini adquirió por más de 120 millones de dólares. El mismo empresario se quedó con un lote de la Policía Federal en Bajo Belgrano a través de la firma Argencons, que controla desde mayo, en una subasta peleada en la que la empresa le ganó incluso al peso pesado de Eduardo Elsztain y su Grupo IRSA.
 
Antes, Costantini también había sumado otro terreno a pocos metros del Campo Argentino de Polo. En los tres casos se construirán desarrollos inmobiliarios.
 

21-12-2025 / 09:12
Cuando los cimientos están agrietados, todo lo que se construye es frágil e inestable. Cincuenta días tardó Javier "el Loco" Milei, tras una sorpresiva e impactante victoria en las elecciones de medio término, en fagocitarse el crédito político, de la misma forma que se fagocitó -durante los últimos dos años- una cantidad récord de divisas sin poder acumular reservas.
 
Ahora, tiene por delante dos años en los que su suerte está atada a la voluntad de aliados poco confiables. El FMI volvió a intervenir la economía, forzando un volantazo; los gobernadores pasaron por caja y después le votaron en contra. Un poco de su propia medicina. Hola incertidumbre, mi vieja amiga, podría cantar el presidente. Dos años, en Argentina, es mucho tiempo.
 
Después de la sesión del miércoles en la Cámara de Diputados, la mayoría de los medios titularon con un triunfo del oficialismo por la media sanción de diputados y apenas destinaron alguna línea en la bajada para comentar, como algo secundario, la inesperada derrota en el Capítulo 11 que se votó de madrugada. Con el correr de las horas, la realidad se encargó de corregir ese evidente error de criterio.
 
La derrota del gobierno fue completa y sus consecuencias están teniendo ramificaciones imprevistas. Milei amenazó con vetar su propio presupuesto y Patricia Bullrich tuvo que anunciar la postergación del tratamiento de la reforma laboral, justo a la hora que la CGT desconcentraba la Plaza de Mayo. Una derrota indisimulable.
 
El debate sobre la Ley de Presupuesto en la Cámara Baja era la primera y la más sencilla de todas las sesiones que tiene por delante el Gobierno para aprobar las reformas que anunció. La dificultad insalvable que encontró esta semana echa dudas sobre la viabilidad del resto de sus planes, justo cuando tiene que convencer a los acreedores que le vuelvan a prestar el dinero que no podrá devolver en 20 días.
 
La forma en la que intentó, sin éxito, salvar esa dificultad, repercutió negativamente en la relación con todos sus aliados, a los que necesita para que el Congreso le siga dando una pátina de legitimidad a sus decisiones, muchas veces ilegales e inconstitucionales.
 
La caída del artículo 75, el corazón de la derrota, está cargada de significado político porque fue una rebelión contra la cláusula de la humillación. Enceguecido por una mala lectura de las urnas, Milei no se contentó con ganar sino que quiso escenificar un triunfo absoluto y definitivo sometiendo a los legisladores que antes de la elección habían apoyado las leyes que daban presupuesto a la Universidad Pública y a las personas con discapacidad, para que votaran explícitamente en contra de esas mismas leyes. Ese era el corazón político del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo. Las partidas pueden reconducirse por decreto. Lo importante era coronar a Milei.
 
Así, el solsticio de verano no sólo marca hoy el final de la primavera, sino también, en coincidencia, el de la primaverita política que había comenzado para el gobierno con el resultado de las elecciones de medio término y que terminó sin que pudiera capitalizar de manera alguna ese éxito. La realidad muestra que, al fin y al cabo, las cosas no son tan malas como parecían en septiembre ni tan buenas como nos quisieron hacer creer después de octubre.
 
Todo sigue más o menos parecido a lo que fue el largo 2025: precario, inestable, violento, cada vez más autoritario y deteriorado. Este año Milei necesitó tres rescates del FMI, de Trump y de las urnas, para llegar hasta acá. Va a necesitar uno más, de los Senadores, antes del brindis del 31. Y con el 2026 comenzará una historia diferente.
 

20-12-2025 / 10:12
Agrandado como alpargata de pobre, en pocas semanas el gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei dilapidó el resultado favorable de las urnas, resquebrajó su alianza con el PRO al romper la promesa de un lugar en la AGN; soportó un masivo acto de protesta de la CGT; debió postergar la reforma laboral, y le rechazaron en el Congreso su intento de derogar las leyes de presupuestos universitario y para discapacidad.
 
El efecto colateral del resultado favorable pero inesperado en las urnas fue confiarse demasiado y tomar de su propia medicina para creerse el relato sobre la estupidez humana. No ganó las elecciones porque los ciudadanos piensen que están bien. Es posible que así piense una pequeña parte de sus votantes. La mayoría sabe que está mal y votó -o no fue a votar- entre el discurso gorila antiperonista y la amenaza de un apocalipsis argentino inminente revoleado por el presidente norteamericano Donald Trump.
 
Javier Milei insiste en que la gente está bien. Es una mala lectura de la realidad que dibujan el Indec, el ministro Toto Caputo y Santiago Bausili en el Banco Central. Es el peor mensaje para mentir porque cualquier hijo de vecino puede constatar su falsedad. No importa si la inflación es cero o diez, ni si los medios dicen que bajó la pobreza. El sueldo no llega a fin de mes. O para que llegue hay que hacer sacrificios en calidad de vida, en calidad de salud y alimentación, en las vacaciones y el transporte. Todos saben que el padre, el tío o los abuelos están en el horno con las jubilaciones.
 
La lista de desgracias es más larga porque hay que anotar a los que perdieron negocios o el trabajo, que son cientos de miles. El gobierno hizo una mala lectura y sobre esa base tomó decisiones equivocadas. Una de ellas fue prometerles a sus aliados del PRO un puesto en la Auditoría General de la Nación que no podría otorgarle.
 
Se habló de una negociación con Unión por la Patria, pero en realidad, el puesto que estaba en discusión fue el que asumió la salteña Pamela Calleti que responde al gobernador Gustavo Sáenz. Si hubo negociación no fue por los votos. Los diputados de Unión por la Patria rechazaron las propuestas del Gobierno en todas las votaciones siguientes. Desde el intento oficial de derogar las leyes de financiamiento universitario y para la discapacidad, hasta el presupuesto. No hubo votos de Unión por la Patria en ninguna de esas votaciones.
 
El bochorno mayor fue con la compra de voluntades con los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) previo a la votación. Las provincias más fieles a las decisiones del bloque, como Buenos Aires, La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa quedaron fuera del reparto. Milei repartió 66 mil millones de pesos de ATN para comprar esos votos. Lo hizo en forma descarada.
 
Al tucumano Osvaldo Jaldo, el más favorecido, lo hizo llegar hasta Buenos Aires para que le bese el anillo y para escracharlo con una fotografía en la Rosada. Votos en remate para el Presupuesto y la Reforma Laboral, que son parte de las políticas del Gobierno que está destruyendo la industria y expulsando inversiones.
 
Se ha naturalizado esa actitud como un acto "responsable" de los gobernadores, como si el gobierno pudiera usar con ese fin los ATN que son para problemas concretos y no para comprar votos. Usado de esa manera, ese mecanismo es directamente extorsivo.
 
Los diputados que representan a las provincias de Misiones, Salta, San Juan y Mendoza, que originalmente habían votado a favor del aumento del presupuesto a las universidades y a la discapacidad, cambiaron su voto luego de que sus gobernadores recibieran los ATN.
 

19-12-2025 / 10:12
La central obrera, acompañada de otras centrales sindicales, organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, gritaron el rechazo a la reforma laboral y avisaron que comenzó un plan de lucha. Una masiva movilización desbordó la Plaza de Mayo, y muchas otras plazas de todo el país, en el primer paso del plan de lucha de la CGT y otras centrales sindicales contra la "reforma laboral" esclavista. Desde el escenario, los dirigentes de la CGT marcaron que irán escalando hasta un paro nacional.  El Gobierno tomó nota de la creciente resistencia y, cagado en las patas, pateó su tratamiento hasta febrero.
 
"Ojo con lo que hacen, porque el pueblo y la patria se defienden", advirtió, en el acto, primero Octavio Argüello. Luego llegó el turno de Cristian Jerónimo: "El proyecto está escrito y redactado maliciosamente a favor de las grandes corporaciones y de las grandes empresas de la Argentina", afirmó. El último en hablar fue Jorge Sola: "Este es el primer paso, sigan sin escucharnos, terminaremos en un paro nacional en todo el país", aseguró.
 
Las frases retumbaban en Plaza de Mayo. Los triunviros de la CGT hablaban en el escenario -que le daba la espalda a la Casa Rosada- acompañados por todo el universo sindical y referentes del peronismo, la izquierda, organismos de derechos humanos y organizaciones sociales. No eran pocos, como especulaba y afirmaba el oficialismo, era una multitud.
 
Los bombos, platillos y bronces marcaban el ritmo de los discursos sin saber, al menos en ese instante, que el gobierno reculaba y desactivaba el tratamiento exprés de la dañina reforma laboral. Todo quedaba para febrero porque habían confirmado que el proyecto sumaba más detractores que aplaudidores. Y se asustaron con la movilización masiva.
 
Al menos por ahora, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, quedaron a salvo. No es poco para estos tiempos de crueldad que corren. Una señal clara de debilidad. La decisión es el resultado de las limitaciones de una administración acostumbrada a gobernar por DNU y que choca contra la realidad parlamentaria cuando intenta avanzar sobre derechos laborales consolidados.
 
El apuro por aprobar modificaciones estructurales sin diálogo ni consenso encontró un freno en un Congreso que todavía funciona. El mensaje de la oposición fue contundente: no habrá cheque en blanco para desmantelar conquistas sociales mientras se niegan recursos a discapacitados y universidades. La ratificación de estas leyes pese al veto presidencial marca un límite que la Casa Rosada no puede ignorar.
 
Patricia Bullrich reculó en chancletas y ya anunció que habrá nuevas extraordinarias del 2 al 27 de febrero para insistir con las reformas que exigen el FMI y los empresarios. Sin embargo, las fechas elegidas confirman lo que todos intuyen: el Gobierno deberá prometer el Presupuesto como condición para obtener votos opositores.
 
La estrategia de avanzar sin negociar nada tiene precio. Lo que pretendía ser un trámite exprés se convirtió en un recordatorio de que gobernar requiere construir mayorías, no imposiciones. Mientras Milei insiste con su agenda autoritaria de ajuste brutal, lo que ocurrió en las calles y el Congreso demuestra que aún queda capacidad de resistencia popular dispuestas a defender derechos básicos. La reforma laboral esperará, pero las dudas sobre la capacidad del Loco Mlei para aprobar sus iniciativas anarco capitalista, y gobernar a favor de los ricos, crecen. El gobierno de la oligarquía no se puede llevar todo por delante.
 
La Opinión Popular
 

18-12-2025 / 08:12
Tras conseguir la media sanción de un presupuesto 2026 que multiplica el ajuste, solo favorece a los más ricos y carga los costos sobre los desprotegidos, el Gobierno de Javier "el Loco" Milei sufrió un duro golpe con el rechazo al capítulo que derogaba el Financiamiento Universitario y la Emergencia en Discapacidad. También quedaron fuera la restricción de la ley de zona fría y la desindexación de la AUH.
 
El Gobierno consiguió la aprobación en general el Presupuesto 2026, pero sufrió una derrota clave: la oposición logró voltear completo el capítulo 11, donde se concentraba la derogación del financiamiento universitario y de la emergencia en discapacidad, dos leyes que el oficialismo insiste con incumplir. Tras una sesión que comenzó a las dos de la tarde y se extendió hasta la madrugada, Lule Menem y Diego Santilli ofrecieron concesiones de todo tipo a gobernadores y bloques aliados para blindar el capítulo entero.
 
Sin embargo, al momento de la votación sólo reunieron 117 votos afirmativos, mientras que la oposición alcanzó 123 rechazos y sumó además dos abstenciones. Es la tercera vez en un semestre que el Gobierno pierde frente al financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, si se cuentan la sanción original de las leyes, la insistencia parlamentaria tras el veto presidencial y ahora el intento de derogación vía presupuesto. También se rechazaron la eliminación de las actualizaciones automáticas de la Asignación Universal por Hijo y demás asignaciones familiares.
 
Envalentonado por el triunfo electoral de octubre, el oficialismo buscó acelerar la motosierra y eliminar dos normas que el Congreso sancionó, el Ejecutivo vetó y ambas Cámaras ratificaron con mayoría agravada, más de los dos tercios de los presentes. A pesar de las arduas negociaciones, el reparto de ATN y las promesas de la Casa Rosada a los gobernadores aliados, la catamarqueña Fernanda Avila, se les dio vuelta y voto en contra el capítulo 11, al igual que los tres tucumanos del bloque Independencia y los tres salteños de Innovación Federal.
 
Para destrabar el trámite, el oficialismo había intentado a último momento una maniobra más: incorporó la adecuación de la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires y un refuerzo de 21.000 millones de pesos para el Poder Judicial, bajo la administración del Consejo de la Magistratura. El objetivo fue evitar el naufragio del capítulo completo. "Le ponen un condicionamiento al Poder Judicial para que ni se le ocurra judicializar el capítulo XI porque se les cae el financiamiento. Son unos chantas y eso es lo que están haciendo ahora", denunció el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.
 
A la hora de votar, resultaron decisivas las abstenciones de los radicales Cipolini y Schneider. Desde sus redes, la diputada Cecilia Moreu celebró la victoria de la oposición. "Quisieron jugar sucio y les salió mal. Pese a las múltiples maniobras extorsivas con las que el oficialismo y los sectores cómplices intentaron blindar la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario, logramos sostenerlas. Basta de dilaciones, son leyes votadas y ratificadas por el Congreso Nacional. Vamos a seguir dando la pelea para que entren en vigencia y se apliquen como corresponde", escribió en X.
 
Durante el debate varios diputados habían advertido que judicializarían la norma, de aprobarse. Los diputados Maximiliano Ferraro y Eduardo Valdés, fueron los encargados de advertir que el intento del oficialismo vulneraba el artículo 20 de la Ley 24.156 de Administración Financiera que en relación al presupuesto establece que "no podrá contener disposiciones de carácter permanente, ni reformar o derogar leyes vigentes".
 
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