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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-10-2021 / 08:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral
La batalla por los precios marcará el tono de los próximos meses, entre una oposición que apuesta por el estallido social y un peronismo que necesita fortalecerse en el conflicto para no devaluar su capital político.
La Argentina se encuentra en una disyuntiva. Los próximos meses pueden ser una bisagra. Aunque la situación económica ya es mejor que en febrero del 2020, antes de la pandemia, la puja distributiva, la falta de dólares y el peso de los años de carencias configuran un escenario de inestabilidad sobre el que opera, ya sin sutilezas, la oposición.
 
Si consigue superarlo sin demasiadas turbulencias, hay por delante dos años de crecimiento durante los que el gobierno puede sentar las bases para un largo camino de reconstrucción nacional. Si en cambio no puede sortear las trampas de la urgencia social, el endeudamiento excesivo y la restricción del sector externo, el país volverá a caer en el mismo ciclo de siempre de crisis recurrentes, sólo que esta vez, como nunca antes, será durante un gobierno peronista. 
 

 
"Si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es sólo una cuestión de elecciones".
 
Para buena parte del Frente de Todos, aquella que siempre mantuvo los pies en el plato en todos los gobiernos kirchneristas, lo que está en juego es el capital político acumulado durante doce años por haber sabido evitar, justamente, esta clase de estallidos.
 
Por eso el gobierno ya piensa en el 15 de noviembre. No porque el resultado electoral no importe sino porque, según los cálculos que llevan en el comando de campaña, ahora conducido por Juan Manzur, ningún resultado, en el margen de lo esperable tras las PASO, modificará sustancialmente la dinámica parlamentaria.
 
Sí se buscará recortar distancias y ganar territorios que en septiembre se perdieron para mostrar una recuperación de la iniciativa política de cara a la verdadera batalla, que empieza un día después de la elección.
 
Los precios en la góndola del supermercado es el teatro de operaciones donde se desarrolla la escaramuza y la gran perdedora, si el gobierno no logra frenar la embestida, será la sociedad argentina, que seguirá cayendo en la espiral descendente que recorre desde 2015.
 
Con once millones de personas comiendo en comedores y veinte debajo de la línea de la pobreza, cuando el sacrificio necesario para dejar atrás una crisis recae otra vez sobre los mismos, su resultado será demasiado similar a la crisis que se buscaba dejar atrás.
 
La oposición iza la bandera de la lucha contra la inflación pero una nueva devaluación abrupta, como proponen de forma unánime los economistas de Juntos por el Cambio y los conservadores que se autoperciben como liberales, sólo puede traducirse en más inflación y más miseria: dos millones de nuevos pobres en seis meses si el dólar oficial se va a 120, cuatro millones y medio si vuela a 150, según la consultora Analytica. La historia reciente nos enseñó que eso ni siquiera garantiza, a cambio, una estabilización de la economía.
 
El acuerdo para congelar los precios de 1400 productos hasta fin de año tampoco es, desde ya, la solución a un problema crónico de este país, pero sí un freno de mano destinado a poner fin a una escalada de precios sin justificación aparente que comenzó a finales de septiembre y se agudizó en los primeros días de octubre.
 
La primera semana de este mes arrojó un aumento vertiginoso, con la marca de 1,6 por ciento de inflación en sólo siete días. Era necesaria una reacción enérgica para torcer el rumbo, que conducía directo al abismo.
 
Los economistas opositores apuntan a la emisión, el déficit y el corrimiento de la cotización de los dólares paralelos como únicas explicaciones para los aumentos. Sin embargo, la realidad tiene la pésima costumbre de no adaptarse a esos argumentos, que ya se probaron equivocados varias veces.
 
En el gobierno sostienen, en cambio, que esa aceleración sólo puede explicarse a partir de la recomposición de márgenes de ganancia de empresas que concentran buena parte del mercado, por descarte de todas las otras hipótesis.
 
Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, la cantidad de dinero circulante aumentó un 29 por ciento. La base monetaria (circulante más encajes bancarios) aumentó el 27 por ciento en el mismo período. El tipo de cambio oficial subió un 30 por ciento y el contado con liqui, que usan las empresas para acceder al mercado paralelo, un 20 por ciento. La nafta súper aumentó un 46 por ciento y la energía eléctrica para industrias un 49 por ciento. Todo por debajo del 52,5 por ciento de inflación interanual.
 
En tanto que las medidas anunciadas después de las PASO (expansión del REPRO, obras públicas, aumento del salario mínimo, jubilaciones anticipadas, los programas Registradas y Mi Pieza, la ayuda social extra a municipios, la suba del mínimo de Ganancias y la amnistía fiscal) significan menos de 80 mil millones de pesos, apenas un 0,2 por ciento del PBI. Algunas ya estaban contempladas en el presupuesto. En comparación, el paquete que tomó Mauricio Macri en agosto del 2019 comprometió más de 2 puntos del PBI, diez veces más.
 
Con esos datos en la mano, el flamante secretario de Comercio mantuvo reuniones con todos los eslabones de la cadena para avanzar con un congelamiento de precios que frenara una dinámica peligrosa para casi todos y sirva para ganar tiempo hasta articular una respuesta más duradera al desbalance de salarios, precios y tarifas que hay en el país. Sólo los grandes holdings, con capital dolarizado y espalda para resistir (y tal vez ganar) si llega otra crisis, se opusieron a la iniciativa.
 
Tal como reveló esta semana El Destape, las principales empresas alimenticias del país, que concentran la mayor parte del mercado y ponen objeciones a la política de congelamiento de precios, tuvieron ganancias extraordinarias este año. De acuerdo a información oficial de la Bolsa de Valores, Arcor tuvo un saldo positivo de más de 9 mil millones de pesos en el primer semestre. En 2020 había ganado menos de la mitad de esa cifra y en 2019, sin pandemia y con Macri, tuvo pérdidas por 2 mil millones.
 
Molinos Río de la Plata, en tanto, que también venía de un rojo financiero durante el macrismo, registró en los primeros seis meses de este año ganancias por casi mil millones, lo mismo que en todo el año pasado. Mientras que Ledesma, con una participación superior al 80 por ciento en el mercado del azúcar, declaró ganancias por más de cinco mil millones de pesos en cinco meses de 2021, quintuplicando el resultado para igual período del 2020. Está claro que tienen margen para afrontar las medidas que dispuso el gobierno.
 
De la misma forma, con un uso de la capacidad instalada al 62 por ciento (muy por encima, por cierto, del piso que dejó el gobierno anterior) cualquier aumento de la demanda debería poder ser cubierto con más producción, generando, en un solo movimiento virtuoso, nuevos puestos de trabajo y mayores ganancias para los empresarios.
 
La única explicación posible de un eventual desabastecimiento de productos de la canasta básica, como el que vaticinaron empresarios y dirigentes políticos opositores, es la especulación.
 
Esta semana, en plena campaña, la mayoría de los medios y toda la oposición defendieron sistemáticamente el derecho de esas empresas a aumentar sus ganancias por sobre una sociedad en la que cuatro de cada diez son pobres, como si se tratara de mero sentido común. "El control de precios ya se intentó muchas veces y siempre fracasó", repiten, antes de proponer otras recetas que se intentaron muchas veces y siempre fracasaron, como la baja de impuestos y contribuciones patronales y la flexibilización laboral.
 
La deshonestidad intelectual es doble, porque la historia argentina reciente muestra que el control de algunos precios, en el marco de un programa más amplio, puede servir como puntapié para desacelerar fuertemente la suba de precios.
 
Fue con el programa de Precios Cuidados, que implementaron Axel Kicillof y Augusto Costa y que permitió bajar la inflación de 38,5 por ciento en 2014 (la más alta de los doce años kirchneristas) a menos del 25 por ciento el año siguiente, antes de que la devaluación que dispuso Macri volviera a dispararla.
 
Precios Cuidados fue tan exitoso que el gobierno de Cambiemos lo mantuvo durante sus cuatro años de mandato, aunque sin conseguir aplacar la inflación. A medida que las segundas marcas reemplazaron a las primeras y se redujo la cantidad de productos incluídos en el programa, se fue transformando en un cascarón vacío. Queda claro que si no se la acompaña con un abordaje integral, la política pierde efecto rápidamente y muchas veces puede resultar contraproducente.
 
Haría bien el gobierno en tomar nota: no debe enamorarse de la herramienta ni del conflicto. Cometería un error si creyera que la demanda es más confrontación. No; lo que la sociedad pide, lo que necesita después de tantos años de privaciones, es que el sueldo vuelva a alcanzar. Como sea. Agotadas las instancias de diálogo se debe proceder por otras vías, más costosas, pero el titánico esfuerzo de esa batalla, cuyo resultado tendrá implicancias hondas en el futuro del país, sólo será reconocido si el peronismo emerge como ganador.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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30-12-2025 / 10:12
La llamada "doctrina Bullrich", con la que el Gobierno nacional se regodea y pretende exaltar la cruel política represiva instalada por la exministra de Seguridad, encontró un fuerte límite judicial. El juez en lo contencioso administrativo Martín Cormick declaró la "nulidad" e "ilegitimidad" del "protocolo antipiquetes" o "antiprotesta" que convirtió la protesta social en un delito en flagrancia y que fue utilizado durante estos dos primeros años de administración libertaria para atacar a quienes se manifiestan en defensa de derechos con la excusa de despejar la calle, para infundir temor y desmovilizar.
 
La resolución es la respuesta a un amparo colectivo promovido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al que adhirieron numerosas organizaciones, sindicatos, movimientos sociales, dirigentes e incluso personas afectadas en las movilizaciones. Rápidamente, el Gobierno respondió que apelará la declaración del juez federal.
 
El famoso "Protocolo para el mantenimiento le orden público", una creación que Bullrich anunció apenas llegó Javier "el Loco" Milei a la presidencia, se plasmó en la Resolución 943/23 que, según el juez, se "inmiscuye" en facultades que solo tiene el Congreso a punto tal que para restringir el derecho a protestar con instrucciones dirigidas a las fuerzas de seguridad, modificó leyes penales, procesales, derechos constitucionales y hasta las normas orgánicas policiales. El mecanismo de saltear al Poder Legislativo por distintas vías (como los DNU y resoluciones) es una constante del Gobierno nacional que no siempre encuentra freno.
 
El fallo de Cormick es categórico: "Bajo el ropaje de un Protocolo interno -dice-- y por medio de una Resolución Ministerial" "se regulan derechos constitucionales y convencionales" como el "derecho a peticionar a las autoridades (artículo 14 de la Constitución)", "el derecho de reunión (artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos)" y se trastocan el "Código Penal" (el artículo 194 que al entorpecimiento del transporte) y el alcance de lo que se considera "flagrancia".
 
"El Ministerio asume, solapada pero efectivamente, competencias legislativas que no le son propias", advierte el juez. La declaración de nulidad implica que la resolución en cuestión (el protocolo) no se puede aplicar. El ministerio, ahora a cargo de Alejandra Monteoliva -alguien de suma confianza de Bullrich, continuadora de sus políticas-apelará y ahí se discutirá si ese recurso suspende el efecto de la sentencia. La apelación tiene tres días hábiles. Es decir, o apelan durante el día de hoy o salvo que pidan habilitación de feria y sea otorgada, pasa a febrero. De ser así, durante este mes, si hubiera protestas, no se podría aplicar el protocolo.
 
Ambas funcionarias se despacharon en sus redes sociales. "Sin protocolo no hay orden, hay caos", recurrió al eslogan habitual Monteoliva. "Un juez dictó una medida que intenta avanzar sobre el Protocolo Antipiquetes. Este avance responde a la vieja política que no quiere paz ni orden en la Argentina", agrega. Anuncia la apelación y alega que el protocolo tiene fundamentos "técnicos jurídicos y operativos", que en rigor es de lo que el magistrado dice que carece.
 
En su cuenta de "X" Bullrich puso una foto donde se ve una columna de manifestantes con banderas del Partido Obrero y PTS, un carril liberado y una hilera de policías paraditos sin hacer nada. Ya se sabe que lo habitual es la represión, incluso contra grupos vulnerados como los adultos mayores, niños y personas con discapacidad.
 
La actual senadora dice que el protocolo "fue validado por decenas de jueces". Es una frase engañosa, porque hasta ahora no hubo pronunciamientos de fondo. Es más, ella forzó el apartamiento del primer juez -Sebastián Casanello-- que dictó una cautelar alertando sobre la violación de estándares internacionales de derechos humanos.
 

29-12-2025 / 09:12
La metodología del Indec para algunos indicadores centrales de la economía y la sociedad vienen recibiendo cuestionamientos debido a la distancia que existe entre las mediciones y lo que ocurre en la realidad.
 
Un informe de Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó en detalle las distintas controversias en torno a las estimaciones del organismo de medición oficial y encontró claras inconsistencias en las cifras sobre salarios -que impactan en el cálculo de la pobreza-, en las de pobreza e inflación -por la sub ponderación de indicadores claves- y en la estimación de la actividad económica -con la que evitaron titulares sobre el ingreso de la economía en recesión-.
 
Las modificaciones en las formas de calcular, para que los datos se adapten a la narrativa del gobierno de Javier "el Loco Milei, no solo agregan descrédito a las estadísticas oficiales e imposibilidad de realizar comparaciones certeras con años previos, sino que subestiman problemáticas graves a las que el Estado debería ubicar en el eje de sus políticas.
 
El reporte reveló que entre la asunción de Milei en el Ejecutivo y mayo de 2025, el salario del empleo no registrado publicado por Indec registra un aumento real acumulado de 27,2 por ciento, "mostrando un desacople significativo respecto del resto de los asalariados".
 
El dato tiene como base a la EPH, que por cambios metodológicos introducidos desde fines de 2023 "comenzó a captar con mayor precisión ingresos no laborales previamente subregistrados (Tarjeta Alimentar, pensiones no contributivas, Progresar y otros programas)".
 
El problema, de acuerdo con CEPA, es que el instituto no explicó el impacto de estas modificaciones sobre la comparabilidad histórica de la serie. "Esta mejora en la captación de ingresos afecta no sólo la medición del salario no registrado, sino también la estimación de la pobreza y la comparación con otros indicadores salariales, como el salario registrado del SIPA", remarcó el documento.
 
Sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), la dificultad está relacionada con el uso de una canasta de consumo y una estructura de ponderadores que no resultan representativas de los patrones de consumo actuales de los hogares. Por ejemplo, no pondera de forma adecuada los fuertes aumentos tarifarios, de alquileres y de combustibles.
 
"Así, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la inflación acumulada sería de 288,2 por ciento con ponderadores actualizados, frente al 249,5 por ciento resultante de la metodología vigente, una brecha cuya relevancia ha sido señalada incluso por el FMI", sostiene CEPA.
 
La medición de la pobreza es otro de los indicadores que quedó en el centro de las críticas. Por un lado, la Canasta Básica Total (CBT) se construye a partir de una relación gasto alimentario-no alimentario que subestima el peso actual de los servicios y el transporte, explica el reporte.
 
"En la última medición, la CBA representa el 45 por ciento de la CBT, un valor significativamente superior al observado en encuestas previas de gastos de los hogares", afirma CEPA. El impacto en el número final contiene entonces la subestimación del componente no alimentario "en un contexto de fuertes aumentos tarifarios".
 

28-12-2025 / 12:12
Las ventas en rubros estratégicos de Alimentos caen hasta 20% interanual, y aun así las fábricas avisaron aumentos mayores al 5% desde el 1 de enero. El diagnóstico de la UIA da balance en rojo de Los 4 grandes. Deberá el presidente Javier "el Loco" Milei quemar en la hoguera de los balances de fin de año una de sus teorías predilectas sobre uno de los fenómenos que creyó tener bajo control, pero que se le está desmadrando.
 
Apasionado por la idea del poco iluminado economista austríaco Carl Menger, el mandatario aplicó uno de sus principios para -a lo largo de estos dos años- afirmar que los precios se establecen en relación no a los costos de producción y otros factores, sino a la cantidad de dinero que los consumidores estén dispuestos a convalidar como precio de ese bien.
 
Pero los hechos muestran que pasó exactamente lo contrario: hace varios meses, y sobre todo con mayor intensidad desde el triunfo electoral libertario el 26 de octubre, las grandes empresas del sector alimentos decidieron subir los precios, aún en un contexto de consumo masivo desplomado.
 
Es decir, eligieron regular su pérdida aumentando el precio del producto, sin importar lo que los consumidores creen, convalidan o rechazan sobre esos precios. Y esto pegó de lleno en las mediciones de inflación del INDEC, que siguen centradas más en Bienes que en Servicios, a pesar del cambio de composición en el gasto de los hogares.
 
Así, Milei y su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, se garantizaron la permanencia en el escenario que todos los gobiernos intentan esquivar: la estanflación, es decir, estancamiento de la actividad con inflación al alza.
 
Desde octubre, de hecho, no hubo ni una sola semana con precios de alimentos estables, y las últimas cuatro semanas del mes acumulan un alza de al menos 2,5 por ciento en un rubro clave como es el consumo de bienes básicos.
 
PáginaI12 accedió en las últimas horas a listados con aumentos de precios de hasta 6 por ciento a aplicarse desde el 1° de enero en diferentes rubros. "No hay explicación alguna", admiten los comerciantes que recibieron las alzas, pero aseguran que las empresas de alimentos nucleadas en la Coordinadora de Productores de Alimentos (COPAL) precisan que no hay otra forma de amortiguar que la crisis que venden por precios lo que no sale de góndola por cantidades.
 
Hay un pelotón de firmas, entre las que están los gigantes Procter & Gamble, SC Johnson y Unilever, que ya avisaron que desde el 1° de enero aumentan un 5 por ciento toda su línea de productos. Un poco más abajo, aparecen lácteas como La Serenísima, que pasaron listas con aumentos del 2,5 para enero. Esto último es curioso, dado que la mayoría de las empresas, a diferencia de lo que ve el Gobierno, estiman que la inflación será mayor, no menor, en los meses siguientes.
 
En ese grupo de las que pasaron aumentos cercanos al 3 por ciento también aparecen Coca Cola y Pepsi, y varias de las empresas que producen cerveza, que hace al menos tres meses no suben de precio y tienen ventas derrumbadas, aún en los calores, temporada alta de su negocio.
 
Lo curioso es que, a muchas de estas firmas, hace cerca de dos semanas, los supermercados y comercios ya les rechazaron listas de aumentos por no querer aplicarlos. El Gobierno, que se jacta de ser el más liberal del mundo, les ruega a los comerciantes que no acepten aumentos, sino el desborde sería mayor.
 

27-12-2025 / 09:12
Negando lo innegable, defendiendo lo indefendible. Con iglesias evangélicas que se oponen al aborto pero apoyan a un gobierno que regala libros que elogian a proxenetas y narcos; con militares que votan en masa a un gobierno que los lleva al suicidio; con industriales que se entusiasman con el oficialismo que los lleva a la quiebra; con jóvenes que se ilusionan con un "cambio" que les roba el futuro; con un gobierno que abandona a los discapacitados, pero se queda con una coima del tres por ciento de sus medicamentos, el país parece terminar el año en un descomunal aquelarre cuya lógica la oposición no termina de aprehender.
 
Surgen gurúes de la pobreza que entienden todo y autoflagelaciones de culpa que recriminan incapacidad, pero en realidad no se trata de un fenómeno exclusivo, sino que acompaña la deriva de Occidente. Estados Unidos, que ha sido la matriz ideológica de las últimas décadas, se ha lanzado a la conquista agresiva de Latinoamérica.
 
El diseño es igual de esquizofrénico, primero establece una ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), que le permite sólo a Estados Unidos fabricar guerras para robar petróleo, como a Venezuela, confiscar recursos financieros, como a Rusia, o decretar aranceles de castigo para todo el mundo.
 
Y después la completa con lineamientos de seguridad nacional que le permiten agredir, invadir o bloquear a cualquier otro país. La esquizofrenia está en la pretensión de que el mundo acepte esos auto permisos como leyes establecidas incluso por los que son agredidos.
 
En la que fue la primera democracia del planeta cualquiera puede ser detenido sin causa sólo por el tono de su piel y tiene de presidente a Donald Trump que fue acusado de intentar un golpe de Estado. Por años, Occidente ha asimilado en forma bizarra el producto ideológico de esa matriz que en realidad ocultaba la relación entre el imperio y sus colonias dominadas.
 
Con la pérdida de poder de Estados Unidos en su puja con China, el fondo de esa lógica quedó al descubierto, pero Washington mantiene la pretensión de que su propuesta de opresión se asuma como de libertad. Parece una estupidez obvia, pero cuenta con el dispositivo de construcción simbólica más poderoso del planeta y de la historia de la humanidad para hacerlo creíble.
 
Aparecieron réplicas en América Latina y aquí en Argentina se expresó en los libertarios, donde esa palabra que identificaba a los viejos anarquistas fue apropiada por lo opuesto: el poder de las corporaciones sobre el resto de la sociedad; la palabra Libertad también significa lo opuesto a lo que ellos proponen y la idea de "cambio" en realidad significa para ellos romper los cambios verdaderos que promovieron igualdad y libertad.
 
Son sociedades donde la esperanza se reemplazó por la ansiedad y la depresión, porque la ilusión de que sólo basta el mérito personal termina en frustración. Son sociedades, como la Argentina, donde el suicidio se ha triplicado a causa de la frustración y la depresión y se ha convertido en la principal causa de muerte violenta en los jóvenes entre los 10 y 19 años. Todos los días se suicida un chico o chica en Argentina según un informe del Ministerio de Seguridad que se publicó a mediados de noviembre, en 2024 hubo 4294 suicidios.
 
En la semana previa a las navidades, -que la diputada libertaria Juliana Santillán confundió con las Pascuas (¡!)- hubo tres suicidios de soldados y otro de un gendarme. Las Fuerzas Armadas y De Seguridad votaron masivamente a este gobierno que los ha hundido en la pobreza. 
 

26-12-2025 / 07:12
Sea por la infatuación que le dio el triunfo en las elecciones de octubre, por un criterio equivocado o por simple ignorancia política, el gobierno de Javier "el Loco" Milei ha incurrido en un error que puede resultarle caro. Aunque no explícitamente, se ha indispuesto con la Iglesia Católica, porque esta defiende la Justicia Social.
 
Se sabe que esta institución, se diría que, desde siempre, ha sido el credo mayoritario en el país, con militancia de las clases altas y muchas de las jerarquías militares, y si no recordar los últimos meses del primer período de gobierno peronista, cuando hubo un abierto enfrentamiento con la Iglesia y los aviones que bombardearon a gente inocente en Plaza de Mayo lo hicieron con el claro signo de "Cristo Vence" escrito en el fuselaje de sus máquinas.
 
Aquí y ahora la situación no ha llegado a extremos semejantes, pero se manifiesta claramente en el tradicional cambio de saludos para fin de año que concretaron la Iglesia y el Gobierno. A una nota enviada por el arzobispo al Presidente en la que destaca "nuestro anhelo de una paz social sólida, fundada en el cuidado de cada persona y especialmente de quienes atraviesan mayores fragilidades: los pobres, los trabajadores que sostienen día a día la vida del país y los ancianos cuya sabiduría y experiencia necesitamos valorar y acompañar".
 
Milei respondió diciendo que aprecia y valora "el llamado a la reflexión, a la paz social y el compromiso por el bien común" planteado por la jerarquía católica" y sostiene que "seguiremos trabajando incansablemente para generar las condiciones que permitan a cada argentino desarrollarse con dignidad, libertad y oportunidades reales de progreso, especialmente a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad".
 
Es fácil advertir que ambas misivas rezuman protocolo. Es posible que en el proceder de la Presidencia se refleje la dudosa capacidad de sus colaboradores en la materia (tal como se ha hecho evidente en materia diplomática) pero en el asunto cuentan dos hechos altamente significativos.
 
El primero es la abierta confesión de Milei de su militancia en la religión judía, la que no sólo lo ha llevado a alineamientos internacionales con Israel que hicieron trizas la tradicional neutralidad argentina; y también a cometer algunas torpezas dentro del rito mismo. Imbuida de una tradición de presidentes católicos o poco menos, la Iglesia debió deglutir en silencio el sapo que representó su presencia en actos de profunda significación dentro de la fe católica.
 
El otro error fue más grosero. No solamente faltó el tradicional encuentro de Navidad y Fin de Año entre ambos sectores político-religiosos; desde el Ejecutivo ha habido una suspensión de fondos a obras sociales que eran administradas por la Iglesia Católica, con el agravante -se diría que casi ofensa-- de derivarlos hacia congregaciones protestantes y evangelistas, miembros de la llamada Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas (Aciera).
 
A primera vista parecería una áspera respuesta por elevación a las repetidas homilías que el Episcopado católico ha hecho públicas, claramente críticas de la actual política de gobierno. Tampoco hay que olvidar la presencia presidencial de hace algunos meses en la inauguración de un gran templo evangélico, que hasta contó con la concreción de pretendidos -y torpes-milagros. La falta de contactos efectivos mencionada antes tuvo un agravante: sus principales integrantes evangélicos sí fueron participantes de un encuentro con autoridades del Poder Ejecutivo.
 
"El presidente -ha dicho uno de los principales analistas en el tema- no invita a dialogar a las autoridades del Episcopado católico, mientras orienta fondos hacia los evangelistas de Aciera y celebra con ellos en Casa Rosada". Una relación que va de fría a congelada.
 
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