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“Esta gloriosa Revolución Libertadora se hizo para que, en este bendito país, el hijo del barrendero muera barrendero”. Almirante Arturo Rial.
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Nacionales - 24-10-2021 / 08:10
PANORAMA POLÍTICO NACIONAL

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral

La batalla por los precios: una bisagra que trasciende el efecto electoral
La batalla por los precios marcará el tono de los próximos meses, entre una oposición que apuesta por el estallido social y un peronismo que necesita fortalecerse en el conflicto para no devaluar su capital político.
La Argentina se encuentra en una disyuntiva. Los próximos meses pueden ser una bisagra. Aunque la situación económica ya es mejor que en febrero del 2020, antes de la pandemia, la puja distributiva, la falta de dólares y el peso de los años de carencias configuran un escenario de inestabilidad sobre el que opera, ya sin sutilezas, la oposición.
 
Si consigue superarlo sin demasiadas turbulencias, hay por delante dos años de crecimiento durante los que el gobierno puede sentar las bases para un largo camino de reconstrucción nacional. Si en cambio no puede sortear las trampas de la urgencia social, el endeudamiento excesivo y la restricción del sector externo, el país volverá a caer en el mismo ciclo de siempre de crisis recurrentes, sólo que esta vez, como nunca antes, será durante un gobierno peronista. 
 

 
"Si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso será horrible después. No es sólo una cuestión de elecciones".
 
Para buena parte del Frente de Todos, aquella que siempre mantuvo los pies en el plato en todos los gobiernos kirchneristas, lo que está en juego es el capital político acumulado durante doce años por haber sabido evitar, justamente, esta clase de estallidos.
 
Por eso el gobierno ya piensa en el 15 de noviembre. No porque el resultado electoral no importe sino porque, según los cálculos que llevan en el comando de campaña, ahora conducido por Juan Manzur, ningún resultado, en el margen de lo esperable tras las PASO, modificará sustancialmente la dinámica parlamentaria.
 
Sí se buscará recortar distancias y ganar territorios que en septiembre se perdieron para mostrar una recuperación de la iniciativa política de cara a la verdadera batalla, que empieza un día después de la elección.
 
Los precios en la góndola del supermercado es el teatro de operaciones donde se desarrolla la escaramuza y la gran perdedora, si el gobierno no logra frenar la embestida, será la sociedad argentina, que seguirá cayendo en la espiral descendente que recorre desde 2015.
 
Con once millones de personas comiendo en comedores y veinte debajo de la línea de la pobreza, cuando el sacrificio necesario para dejar atrás una crisis recae otra vez sobre los mismos, su resultado será demasiado similar a la crisis que se buscaba dejar atrás.
 
La oposición iza la bandera de la lucha contra la inflación pero una nueva devaluación abrupta, como proponen de forma unánime los economistas de Juntos por el Cambio y los conservadores que se autoperciben como liberales, sólo puede traducirse en más inflación y más miseria: dos millones de nuevos pobres en seis meses si el dólar oficial se va a 120, cuatro millones y medio si vuela a 150, según la consultora Analytica. La historia reciente nos enseñó que eso ni siquiera garantiza, a cambio, una estabilización de la economía.
 
El acuerdo para congelar los precios de 1400 productos hasta fin de año tampoco es, desde ya, la solución a un problema crónico de este país, pero sí un freno de mano destinado a poner fin a una escalada de precios sin justificación aparente que comenzó a finales de septiembre y se agudizó en los primeros días de octubre.
 
La primera semana de este mes arrojó un aumento vertiginoso, con la marca de 1,6 por ciento de inflación en sólo siete días. Era necesaria una reacción enérgica para torcer el rumbo, que conducía directo al abismo.
 
Los economistas opositores apuntan a la emisión, el déficit y el corrimiento de la cotización de los dólares paralelos como únicas explicaciones para los aumentos. Sin embargo, la realidad tiene la pésima costumbre de no adaptarse a esos argumentos, que ya se probaron equivocados varias veces.
 
En el gobierno sostienen, en cambio, que esa aceleración sólo puede explicarse a partir de la recomposición de márgenes de ganancia de empresas que concentran buena parte del mercado, por descarte de todas las otras hipótesis.
 
Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021, la cantidad de dinero circulante aumentó un 29 por ciento. La base monetaria (circulante más encajes bancarios) aumentó el 27 por ciento en el mismo período. El tipo de cambio oficial subió un 30 por ciento y el contado con liqui, que usan las empresas para acceder al mercado paralelo, un 20 por ciento. La nafta súper aumentó un 46 por ciento y la energía eléctrica para industrias un 49 por ciento. Todo por debajo del 52,5 por ciento de inflación interanual.
 
En tanto que las medidas anunciadas después de las PASO (expansión del REPRO, obras públicas, aumento del salario mínimo, jubilaciones anticipadas, los programas Registradas y Mi Pieza, la ayuda social extra a municipios, la suba del mínimo de Ganancias y la amnistía fiscal) significan menos de 80 mil millones de pesos, apenas un 0,2 por ciento del PBI. Algunas ya estaban contempladas en el presupuesto. En comparación, el paquete que tomó Mauricio Macri en agosto del 2019 comprometió más de 2 puntos del PBI, diez veces más.
 
Con esos datos en la mano, el flamante secretario de Comercio mantuvo reuniones con todos los eslabones de la cadena para avanzar con un congelamiento de precios que frenara una dinámica peligrosa para casi todos y sirva para ganar tiempo hasta articular una respuesta más duradera al desbalance de salarios, precios y tarifas que hay en el país. Sólo los grandes holdings, con capital dolarizado y espalda para resistir (y tal vez ganar) si llega otra crisis, se opusieron a la iniciativa.
 
Tal como reveló esta semana El Destape, las principales empresas alimenticias del país, que concentran la mayor parte del mercado y ponen objeciones a la política de congelamiento de precios, tuvieron ganancias extraordinarias este año. De acuerdo a información oficial de la Bolsa de Valores, Arcor tuvo un saldo positivo de más de 9 mil millones de pesos en el primer semestre. En 2020 había ganado menos de la mitad de esa cifra y en 2019, sin pandemia y con Macri, tuvo pérdidas por 2 mil millones.
 
Molinos Río de la Plata, en tanto, que también venía de un rojo financiero durante el macrismo, registró en los primeros seis meses de este año ganancias por casi mil millones, lo mismo que en todo el año pasado. Mientras que Ledesma, con una participación superior al 80 por ciento en el mercado del azúcar, declaró ganancias por más de cinco mil millones de pesos en cinco meses de 2021, quintuplicando el resultado para igual período del 2020. Está claro que tienen margen para afrontar las medidas que dispuso el gobierno.
 
De la misma forma, con un uso de la capacidad instalada al 62 por ciento (muy por encima, por cierto, del piso que dejó el gobierno anterior) cualquier aumento de la demanda debería poder ser cubierto con más producción, generando, en un solo movimiento virtuoso, nuevos puestos de trabajo y mayores ganancias para los empresarios.
 
La única explicación posible de un eventual desabastecimiento de productos de la canasta básica, como el que vaticinaron empresarios y dirigentes políticos opositores, es la especulación.
 
Esta semana, en plena campaña, la mayoría de los medios y toda la oposición defendieron sistemáticamente el derecho de esas empresas a aumentar sus ganancias por sobre una sociedad en la que cuatro de cada diez son pobres, como si se tratara de mero sentido común. "El control de precios ya se intentó muchas veces y siempre fracasó", repiten, antes de proponer otras recetas que se intentaron muchas veces y siempre fracasaron, como la baja de impuestos y contribuciones patronales y la flexibilización laboral.
 
La deshonestidad intelectual es doble, porque la historia argentina reciente muestra que el control de algunos precios, en el marco de un programa más amplio, puede servir como puntapié para desacelerar fuertemente la suba de precios.
 
Fue con el programa de Precios Cuidados, que implementaron Axel Kicillof y Augusto Costa y que permitió bajar la inflación de 38,5 por ciento en 2014 (la más alta de los doce años kirchneristas) a menos del 25 por ciento el año siguiente, antes de que la devaluación que dispuso Macri volviera a dispararla.
 
Precios Cuidados fue tan exitoso que el gobierno de Cambiemos lo mantuvo durante sus cuatro años de mandato, aunque sin conseguir aplacar la inflación. A medida que las segundas marcas reemplazaron a las primeras y se redujo la cantidad de productos incluídos en el programa, se fue transformando en un cascarón vacío. Queda claro que si no se la acompaña con un abordaje integral, la política pierde efecto rápidamente y muchas veces puede resultar contraproducente.
 
Haría bien el gobierno en tomar nota: no debe enamorarse de la herramienta ni del conflicto. Cometería un error si creyera que la demanda es más confrontación. No; lo que la sociedad pide, lo que necesita después de tantos años de privaciones, es que el sueldo vuelva a alcanzar. Como sea. Agotadas las instancias de diálogo se debe proceder por otras vías, más costosas, pero el titánico esfuerzo de esa batalla, cuyo resultado tendrá implicancias hondas en el futuro del país, sólo será reconocido si el peronismo emerge como ganador.
 
Por Nicolás Lantos
 
Fuente: El Destape
 

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06-01-2026 / 12:01
Efecto motosierra. Denuncian que el Ejecutivo despidió a los especialistas que coordinan el plan a nivel nacional. Unos 7.000 bebés nacen con malformaciones cardíacas cada año. El cruel gobierno anarco capitalista de Javier "el Loco" Milei vació el Programa de Cardiopatías Congénitas y miles de niños luchan por sus vidas. En 2023, el desquiciado Milei había votado en contra de la ley.
 
Un repentino recorte en el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC) encendió las alarmas en el sector de salud en toda la Argentina. Sin aviso previo, el Gobierno de Milei instrumentó un fuerte ajuste sobre el plan, que cada año asiste a unos 7.000 bebés que nacen con malformaciones en el corazón, y despidió al equipo de especialistas que coordina el proyecto en el país. Médicos advierten por la "situación crítica" en el área.
 
En los últimos días, el Gobierno libertario ordenó el desmantelamiento del PNCC a través de una medida imprevista como parte de los recortes en la órbita del Ministerio de Salud. El Programa fue creado en 2008 y ayudó a reducir drásticamente la mortalidad por causas de cardiopatías congénitas, según informó la Federación Argentina de Cardiología (FAC) luego de que se diera a conocer la resolución.
 
En concreto, Milei autorizó la desvinculación de los profesionales especializados que conducen el plan a nivel nacional. En un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Salud Pública, médicos y personal de salud denunciaron que "se procedió al despido de integrantes fundamentales para el sostén de las actividades" del área, lo que "desencadenó la dimisión del resto del equipo coordinador".
 
Dada esa situación, el PNCC quedó diezmado y ahora crece la preocupación por el futuro del Programa que ayuda a tratar tanto a niños como a adultos en todo el país. Cabe destacar que, en 2023, cuando todavía era diputado, Milei votó en contra de la Ley de Cardiopatías Congénitas ya que "implicaba más presencia del Estado" y "más gastos", y, principalmente, el proyecto "interfería en la vida de los individuos". Una ridiculez.
 
Organizaciones científicas, asociaciones médicas y organizaciones de familias se encuentran promoviendo acciones de divulgación y plan de lucha para revertir esta inhumana decisión del miserable Gobierno de Milei que una vez más afecta a los más débiles.
 
La Opinión Popular
 

05-01-2026 / 11:01
El Congreso de Estados Unidos planteó reparos al swap de 20 mil millones de dólares que la administración de Donald Trump le otorgó al gobierno argentino. Los congresistas estadounidenses advirtieron que la gestión de Javier Milei aún no puede garantizar la sostenibilidad de sus reformas, el pago de la deuda a tiempo ni la relevancia como socio comercial.
 
Estos planteos fueron plasmados por el Servicio de Investigación del Congreso (CRS) estadounidense en un informe. El mismo se centró en la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos a Argentina, y expone que el principal obstáculo para la política económica argentina es la limitada disponibilidad de divisas.
 
En este sentido, el documento destacó que el swap se implementó en un contexto de presión sobre el valor del peso y creciente oposición en el Congreso argentino. Además, advirtió que dicho instrumento financiero es la principal fuente de divisas de Argentina, ya que el país "no cuenta con un superávit comercial sólido".
 
Dicho esto, el análisis alertó que "con el peso cerca del techo de la banda y pagos de deuda en aumento para los próximos tres años, el Gobierno podría enfrentar nuevos obstáculos para profundizar las reformas".
 
Asimismo, proyectó que "si el Gobierno queda sin fondos suficientes para los pagos de deuda y para sostener la política cambiaria, podría enfrentar decisiones difíciles, como un décimo default o permitir una mayor flexibilidad en el valor del peso".
 
En ese escenario, señaló que "el gobierno podría buscar apoyo adicional de Estados Unidos, el FMI (Fondo Monetario Internacional) u otros organismos", al remarcar que "las perspectivas de obtener ese apoyo no son claras, dadas las dudas sobre la disposición del FMI para ampliar la asistencia, considerando su alta exposición a Argentina en comparación con otros países miembros".
 
Al mismo tiempo, el informe sostuvo que "también existen dudas sobre la importancia de Argentina como socio comercial para Estados Unidos, ya que sus crisis previas no han tenido efectos de contagio significativos para la economía estadounidense ni global".
 
El CRS repasó la "larga historia de turbulencia económica" argentina y lo calificó como un país con una alta dependencia del FMI e historial de defaults. Asimismo, si bien destacó las reformas implementadas por la gestión de Milei, señaló que se vienen dando resultados ambiguos.
 
El escrito también exhibe las críticas de algunos congresistas estadounidenses sobre el swap. Los mismos señalan que desfavorece a los exportadores estadounidenses que compiten con Argentina, que utiliza dinero de los contribuyentes para financiar a un país con un historial de incumplimiento de pagos, y que podría ejercer una influencia indebida en las elecciones democráticas extranjeras o beneficiar a inversores privados.
 
El CRS concluye que el futuro de la estabilidad económica y el pago de la deuda argentina sigue envuelto en un manto de "duda", y aún está por verse hasta qué punto el Congreso estadounidense apoyará las medidas de asistencia económica de Trump.
 
La Opinión Popular
 

04-01-2026 / 17:01
La doctrina "Donroe" (Donald + Monroe) arrasa con la prevención que tuvo hasta George W. Bush para no ser confundido con la ilegalidad de los setenta en América Latina. Al amigo narco de Honduras, todo; al dictador "comunista" de Venezuela, ni justicia. Sin épica, ni coherencia, ni discurso; prima la violencia de los hechos. Milei se recluye en el papel que se asignó: rabia y goce.
 
Aunque Trump gaste algunas palabras sin convicción, no promete la victoria de la libertad frente al totalitarismo como en la Guerra Fría, ni la primacía de la razón en el choque de civilizaciones desatado tras la caída del Muro de Berlín. Vocifera la guerra contra el comunismo, un enemigo casi inexistente. En rigor, el magnate no dedica mucha energía al engaño: quiere asegurar(se) negocios.
 
Ayer se cumplió un mes del indulto de Trump a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, condenado por narcotráfico a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Testimonios tomados en cuenta por el jurado indican que Hernández recibió al menos USD 1 millón del Chapo Guzmán y que se vanagloriaba de "meter la droga a los gringos en sus narices".
 
El fallo del jurado fue unánime, pero, como Hernández es derechista y su delegado en la elección reciente de Honduras, Nasry Asfura, promete seguir la agenda ultra, Trump lo dejó en libertad. Maduro será trasladado a Nueva York para ser juzgado por narcotráfico en los próximos días. Probablemente le tocará el mismo tribunal que juzgó a Hernández, pero éste lo mirará desde alguna finca de lujo entre Florida o Tegucigalpa.
 
Tampoco hay que prestar atención a los versículos sobre el amor por la democracia y contra los crímenes de lesa humanidad. Ello no está en la agenda real de Trump ni de Milei. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tiene pedido de captura de la Corte Penal Internacional por sus supuestos crímenes de lesa humanidad, mientras Israel como Estado es juzgado por genocidio en la Corte Internacional de Justicia.
 
Son procesos que se rigen por el derecho internacional, con acusaciones, testigos, expertos y defensas garantizados por la ley. El presidente estadounidense no sólo desconoce esos procesos, sino que activa sanciones abusivas contra investigadores, jueces y fiscales que los llevan a cabo.
 
Maduro se transformó en un dictador y está acusado de delitos contra la humanidad, pero nadie puede sospechar que un mandatario, Trump, que dispara misiles contra barcazas y coquetea con supremacistas de su país tiene alguna intención real de combatir el narcotráfico ni los abusos de los derechos humanos. Qué decir de Milei, gozador patológico con los apaleamientos a jubilados y familiares de discapacitados, y negacionista del terrorismo de Estado.
 
El Presidente y los suyos entraron en éxtasis ayer por la mañana. Agustín Romo, presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires y uno de los fieles de mayor peso de gurú Santiago Caputo, se sintió poseído por un protagonismo hollywoodense para explicar la razón real del ataque de Trump a Venezuela.
 
"Why? Because we fucking can. And if we can, we do" ("¿Por qué? Porque podemos, carajo. Y si podemos, lo hacemos"). Su segundo mensaje fue contra Axel Kicillof. "Sos un zurdo hijo de puta que defiende dictadores, asesinos y narcotraficantes. No metas a los bonaerenses en tu mierda, forro", posteó el jefe de la oposición de la principal provincia argentina ante la condena del gobernador de Buenos Aires a la intervención armada yanqui.
 
No se trató de un arrebato circunscripto a un integrista católico enardecido como Romo. Pablo Quirno, veterano del JP Morgan, ahora ocupa el cargo de canciller. También se dirigió a Kicillof a través de un reposteo. "Ya que les gusta tanto el derecho, empezá por cerrar bien el orto, enano comunista". La brutalidad de la época avergüenza, pero la historia demostró que no concluye en sus destellos más revulsivos.
 

02-01-2026 / 10:01
El 26 de abril de 1933, en Alemania, Hermann Göring establece la policía secreta nazi Gestapo. Fue la policía secreta oficial de la Alemania nazi. En los juicios de Núremberg, la Gestapo fue considerada una organización criminal. La función de la Gestapo era la de investigar y combatir todas las tendencias peligrosas para el Gobierno. Tenía autoridad para investigar los casos de traición, espionaje y sabotaje, además de los casos de ataques al Partido oficial y al Gobierno.

La norma de 1936 que regulaba su actuación le otorgó carta blanca y la situó por encima de la ley al excluirla de cualquier forma de control judicial. El poder de la Gestapo que más le permitía abusar era la Schutzhaft o custodia preventiva, un eufemismo para designar los encarcelamientos sin procedimientos legales, típicamente en campos de concentración. La persona encarcelada incluso tenía que firmar su propio Schutzhaftbefehl (documento donde declaraba su deseo de ser encarcelada). Esto se lograba sometiéndola a tortura.

El demente argentino que nos preside, copiando al demente alemán que perdió la Segunda Guerra Mundial, creó su propia Gestapo, una SIDE que puede detener, desde este viernes, a cualquier ciudadano en base a una reforma del sistema nacional de inteligencia impuesta por la vía unilateral e inconstitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU). 
Además, a la SIDE se la ha sumado un cuantioso presupuesto de gastos reservados, sin rendición de cuentas, para sobornar, legisladores, jueces y periodistas.


Tal vez por las dificultades que el Gobierno vislumbra en el futuro cercano, acaso por los efectos políticos y sociales que podría tener un brutal ajuste que no puede dejar de replicarse, posiblemente por su creciente tendencia a la política de hecho y el autoritarismo o por una combinación de todos esos factores, el Gobierno arranca el año con el DNU 941/2025, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

Es nefasto que una reforma sobre una materia tan delicada y de contenido tan controvertido haya trascendido primero, durante el feriado de Año Nuevo, en medios y círculos políticos, y su articulado circuló ampliamente en las redes sociales. ¿Pero cómo no habría de ser así cuando en la Argentina gobernada por la extrema derecha los servicios de inteligencia contarán con autoridad para arrestar gente en contextos diversos, potestad que evoca las vigentes en la última dictadura?

Milei esperó a que se terminaran las sesiones extraordinarias del Congreso para firmar un DNU que produce una reforma total del sistema de inteligencia. La recientemente resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) incrementará su poder y su opacidad. Todas las actividades de la central de espías pasarán a ser "encubiertas".
 
Los agentes podrán aprehender personas y el Señor Cinco podrá convocar a las Fuerzas Armadas para que hagan tareas de inteligencia interior. Fuerza Patria, el socialismo, la Coalición Cívica y el FIT coinciden en señalar que el espionaje político estará a la orden del día. "Es una reforma muy regresiva y peligrosa", denunció Paula Litvachky, directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
 
Hay cinco puntos especialmente graves: la posibilidad de detener sin orden judicial; que las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad van a poder hacer tareas de inteligencia interior cuando la SIDE lo requiera; que los militares van a negociar el presupuesto y los recursos con el jefe de la SIDE; la eliminación de la DNIEM, que profundiza la politización de la defensa militar; y la contrainteligencia que investigará las fugas de información, en lo que será una maniobra para perseguir al periodismo crítico.
 
La Opinión Popular
 

 

01-01-2026 / 21:01
Primero, el gobierno para los ricos de Javier Milei arremete contra el poder adquisitivo de sectores medios pisando salarios, destruyendo empleos de calidad y con políticas que alteran los precios relativos en detrimento de la demanda a través la liberalización brusca de precios en rubros de gastos insustituibles que aumentan considerablemente más que la medición oficial de inflación (como en salud, tarifas de servicios públicos, combustibles y alquileres).
 
De esa forma, consiguieron neutralizar el boom del consumo en rubros distintivos del paisaje urbano nacional, como en este caso del sector gastronómico, asimilando progresivamente el perfil local de consumo al común de las ciudades latinoamericanas que carecen de sectores de ingresos medios nutridos.
 
Sus sociedades son mucho menos integradas, es habitual la existencia de circuitos exclusivos para la clase alta y otros para la clase baja y casi no hay espacios comunes, como los que están depredándose hoy en Argentina. Liquidados estos negocios por el derrumbe de las ventas, las propiedades pueden ser compradas con menor dificultad. Es un primer obstáculo eliminado en favor del negocio inmobiliario.
 
Un segundo paso necesario para alcanzar los objetivos del gobierno de Milei es exhibir un desconocimiento absoluto del problema distributivo negando terminantemente sus efectos e inclusive, para intentar validar su relato, manipulando las estadísticas oficiales. Desde el oficialismo, repiten hasta el hartazgo que el consumo no cae y atacan a todo aquel que lo insinúe. Ricardo Darín puede dar fe.
 
Los medios de comunicación más influyentes tampoco hacen eco del drama de la gran mayoría de los comercios. No sólo de gastronomía. Es muy difícil encontrar un rubro en los dos últimos años, no vinculado al negocio financiero, de extracción de recursos naturales o de energía, que hoy se salve de la depresión.
 
Con un estilo más sofisticado que el de Guillermo Moreno, mejor tecnología y blindaje mediático operan sobre el Indec. Lo principal no radica en una medición subestimada de la inflación que, por caso, entre noviembre de 2023 y el mismo mes de 2025 arrojó 18,5 puntos porcentuales menos de aumentos de precios que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí no está el grueso del ocultamiento del deterioro de los ingresos.
 
El gobierno se concentra en aplicar cambios metodológicos en áreas de impacto en los grandes números de la economía, pero donde, al mismo tiempo, existen dificultades de medición rigurosa. De esa forma, evitan que surjan estudios frecuentes y consistentes que puedan contradecirlos de forma contundente.
 
Sin embargo, los cambios metodológicos en el cálculo de la evolución de los salarios de los trabajadores informales derivan en resultados grotescos. Esconden el drama social de disminución del consumo e inciden de forma determinante en una virtual disminución de la pobreza.
 
Según los datos oficiales, la informalidad laboral alcanzó el 43,3% en el tercer trimestre de 2025. No obstante, en base a la medición salarial del Indec, el crecimiento de la informalidad debería entenderse como algo natural y que inclusive debería haber sido considerablemente mayor (en el cuarto trimestre de 2023 era de 41,4%).
 
Esos trabajadores, según las mediciones oficiales, a lo largo de los dos últimos años consiguieron vencer por goleada a la inflación y lograron también aumentos salariales muy superiores a los obtenidos por los trabajadores registrados, tanto del sector público como del privado. Todo eso a pesar de haber tenido que soportar una crisis que incluyó en diciembre de 2023 la segunda mayor devaluación en 35 años y picos históricos de inflación.
 

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